Res. 00636-2018 Tribunal Agrario — Ecological possession allows adverse possession on forest landPosesión ecológica permite usucapión en terrenos con bosque

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00636 - 2018

Fecha de la Resolución: 10 de Julio del 2018 a las 15:05

Expediente: 07-000197-0419-AG

Redactado por: Carlos Adolfo Picado Vargas

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias en igual sentido


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario

Tema: Información posesoria agraria

Subtemas:

Posibilidad de titular terreno con bosque demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.

Tema: Bosques y terrenos forestales

Subtemas:

Posibilidad de titular mediante información posesoria demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.

Tema: Posesión ecológica

Subtemas:

Requisito para declarar información posesoria agraria sobre terreno con bosque.

Tema: Conservación de los recursos naturales

Subtemas:

Requisito para declarar información posesoria agraria sobre terreno con bosque.

"IV.- No lleva razón la recurrente en su agravio de fondo. Este Tribunal ha venido a reforzar el criterio mantenido en los últimos años con reciente jurisprudencia en materia constitucional sobre la titulación de los terrenos con cobertura boscosa, como lo es en el reciente Voto No. 44-F-15 dictado a las 14:20 horas del 14 de enero del 2015, a saber: "III.- Si bien es cierto, la Ley de Tierras y Colonización de 1961 y la Ley Forestal de 1969, establecían que los terrenos cubiertos de bosque, sin ocupación privada eran parte de las reservas nacionales, dicha afectación al dominio público ha venido cambiando conforme la evolución de los Derechos Humanos, y específicamente con la incorporación de los de tercera generación, en los cuales se incluye el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Ley Forestal de 1996 reformó, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para permitir la usucapión, en terrenos cubiertos de bosque, pero demostrando una posesión ecológica, a través de la conservación del recurso forestal, durante más de diez años, pudiéndose aprovechar la posesión trasmitida (ver sentencia de la Sala Constitucional No. 4587-97). El Tribunal Agrario sostuvo el criterio de que dicha posesión debía ser de carácter personal, pero la Sala declaró que el mismo era inconstitucional. Por eso el Tribunal, ha rectificado el criterio en resoluciones posteriores indicando: "V.- En cuanto a lo alegado por el recurrente respecto a que el juzgador de instancia comete un error al aplicar el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el cual considera fue declarado inconstitucional por lo que debe analizarse las diligencias a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 de dicha Ley, considera este Tribunal no lleva razón pues el artículo 7 citado no fue declarado inconstitucional, sino lo fue la interpretación que venía haciendo el Tribunal en cuanto no se contabilizaba la posesión ejercida por los anteriores transmitentes. De ahí, al estar vigente el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe el promovente demostrar una posesión decenal antes de la declaratoria del área silvestre protegida según lo indicó la Sala Constitucional en el voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997). Es importante mencionar que tampoco se estaría aplicando retroactivamente la ley como lo indica el recurrente, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. En ese sentido es importante señalar lo dicho por la Sala Constitucional al respecto en el voto citado “…El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone requisitos específicos que pueden infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público. (Tribunal Agrario, No. 173 de las 16:29 horas del 31 de marzo del 2003). IV.- De manera que el poseedor que pretenda adquirir por usucapión un terreno cubierto de bosque, que formaba parte de las reservas nacionales, deberá demostrar la posesión decenal (originaria o trasmitida), y haber conservado el recurso forestal. Dicho criterio, fue ratificado, recientemente por la Sala Constitucional, en el Voto No. [Telf1], de las 9 horas del 7 de enero del 2015, al responder una consulta judicial de constitucionalidad, relacionada con la titulación en las reservas nacionales: "VI.- LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN LAS RESERVAS NACIONALES, EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, LOS TERCEROS CON MEJOR DERECHO Y LA PROPIEDAD PRIVADA. Este Tribunal Constitucional, a propósito de la consulta sometida a conocimiento, considera necesario hacer la distinción clara entre el concepto de Reservas Nacionales, y aquél de Patrimonio Natural del Estado, antes denominado Patrimonio Agrícola del Estado. La Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 del 14 de octubre de 1961, en su artículo 7, estableció el llamado Patrimonio Agrícola del Estado, partiendo de una concepción de la propiedad agraria como originaria de la Nación. El Patrimonio agrícola del Estado comprendía todas las tierras inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, entre otras, la zona marítimo terrestre, las Islas, la franja fronteriza, las franjas de los ríos navegables, los [Dirección1]        Nacionales (artículos 7 al 10). Es decir, el Patrimonio comprende aquellos terrenos con características de inalienabilidad, sometidos al dominio público, y contenidos en alguna categoría de manejo, como los Parques Nacionales. Posteriormente la Ley introduce un concepto amplio de Reservas Nacionales, en el artículo 11, al indicar que “Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos.” De lo anterior se desprende que los terrenos que forman parte de las reservas nacionales, como terrenos de vocación agrícola, ganadera o forestal, poseídos por los particulares durante más de diez años y que no formen parte del Patrimonio agrícola del Estado, eran susceptibles de reconocimiento jurídico. Tal reconocimiento lo alcanzan los particulares, a través de los procesos de Información Posesoria, o bien, mediante el instrumento que se creó a través de la Titulación Múltiple de Tierras, posteriormente denominada “Titulación de Tierras Ubicadas en las Reservas Nacionales”. Luego, la Ley Forestal No. 4465 de 1969, introduce el concepto de Patrimonio Forestal del Estado, confiriéndole la administración forestal, de las reservas forestales, los parques nacionales, los viveros forestales del Estado, las zonas protectoras y las reservas biológicas, a la Dirección General Forestal. En ese momento, la Administración Pública se percata de que dentro de las llamadas “reservas nacionales”, conviven los dos regímenes, por los que en 1972, suscriben un convenio representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (de quien dependía la Dirección General Forestal), el Instituto de Tierras y Colonización y el Instituto Costarricense de Turismo, que definió con precisión las facultades de los tres organismos sobre las reservas nacionales (Convenio MAG-ITCO-ICT), 7 marzo 1972, La Gaceta No. 89 del 10 de mayo de 1972). Lo anterior ocurre, porque la Ley de Tierras y Colonización, aún vigente, le confía la administración de las reservas nacionales, con vocación agropecuaria, al Instituto de Tierras y Colonización, órgano encargado de la parcelación y colonización. Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 1995, incorpora el concepto de áreas silvestre protegidas, indicando que forma parte del patrimonio natural del Estado y estableciendo su carácter irreductible (artículos 32 al 38). Posteriormente, la Ley Forestal vigente No. 7575 de 1996 incorpora, en el Titulo segundo, capítulo único el concepto de Patrimonio Natural del Estado, aclarando incluso, qué es lo que comprende de las reservas nacionales: “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio.” Lo anterior excluye como parte del patrimonio natural del Estado, por no ser forestal, los terrenos de aptitud agropecuaria, que siguen siendo parte de la reservas nacionales, y susceptibles de usucapión por parte de particulares. Finalmente, la misma Ley Forestal de 1996, modificó el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para autorizar la usucapión, y por ende la inscripción mediante información posesoria (y el procedimiento derogado de la titulación en reservas nacionales), terrenos que pertenecen a las reservas nacionales, con vocación forestal e, incluso, terrenos en posesión privada, que quedaron comprendidos dentro de alguna categoría de área silvestre protegida (Patrimonio Natural del Estado), siempre y cuando se demostrara una posesión decenal anterior a la fecha de creación de la respectiva área, y los actos posesorios agrarios consistieran en actividades tendientes a la protección forestal o ecológica. Con todo lo antes expuesto, resulta claro, entonces, que el procedimiento administrativo creado en la Ley de Titulación Múltiple de tierras (posteriormente, la Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), vino a permitir agilizar los trámites de titulación de los poseedores agrarios, que habían cumplido una usucapión corta (primero de tres y luego de cinco años), para que pudieran obtener un título de propiedad, y tener posibilidades de acceso a la tierra, al crédito agrario y a la vivienda digna. Lo anterior, sin perjuicio de terceros de mejor derecho, entendiendo como tales, aquéllos particulares que pudieron haber ejercido una acción de mejor derecho de posesión, dentro de las zonas consideradas como reservas nacionales, para lo cual tenían solo tres años para reclamarlo, de lo contrario el título quedaría totalmente consolidado, pues el plazo de la prescripción negativa, fue reducido por el legislador. Sin embargo, situación distinta ocurre con la propiedad privada afecta en esos procesos de titulación múltiple de tierras. Era lógico que al crear un Programa de Titulación Múltiple, la propiedad constituida e inscrita a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, luego Instituto de Desarrollo Agrario, se sobreponía con propiedades inscritas a nombre de particulares (pues el requisito era que en la zona geográfica delimitada hubiera, al menos un 20% de terrenos sin título inscrito en el registro público). Ello suponía, en consecuencia, que el título que otorgaba el ITCO, lo era sobre terrenos de las reservas nacionales, no sobre terrenos inscritos anteriormente en propiedad privada de particulares. Lo anterior permite aclarar que si se autorizaba una titulación, y ese título recaía, total o parcialmente, sobre un inmueble particular anteriormente inscrito, el propietario registral tendría derecho a reivindicar, tal y como lo establece la misma norma, pero no dentro del plazo de tres años, aplicable a los terceros con mejor derecho, sino dentro del plazo de los diez años." (HASTA AQUÍ LA CITA). IV.- En este caso particular, se tiene por demostrado el requisito exigido por la Ley de Informaciones Posesorias, en sus artículos 1, 6 y 7. En efecto, el titulante, aportó el plano catastrado definitivo No. P-1627960-2012 que describe un terreno de montaña, lo que significa que han sido dedicados a actividades sostenibles (folio 373). No se encuentra dentro de ninguna área protegida (ver imagen 421) y del reconocimiento judicial se determina que se dedica a bosque primario bien cuidado y protegido y sin nacientes ni construcciones (folio 124), por lo que se determina que la promovente y su transmitente han dedicado el inmueble a la conservación y protección del bosque y determinación de linderos, lo cual concuerda con el estudio de suelos que indica que la finca se dedica a bosque primario (certificación del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria visible a imagen 144), lo que significa que, lejos de afectar el recurso, se ha dado una actividad agroforestal sostenible, por lo cual se concluye que se ha ejercido la posesión sostenible, lo cual también se puede verificar en el acta de reconocimiento judicial citado, donde se indica que hay bosque debidamente cuidado. En cuanto al tema de la posesión, en este caso se recibió el testimonio de [Nombre1]  , [Nombre2]   y [Nombre3]   (folios 122 a 123), de cuyas declaraciones se desprende que la promovente demostró, sumada la posesión de sus anteriores transmitentes, haber poseído dicho inmueble, por más de diez años, con todos los atributos del dominio y además claramente protegió el recurso forestal existente en el inmueble. De ahí que no lleve razón la recurrente en sus agravios, debiendo confirmarse la sentencia apelada."

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Texto de la resolución

Firmar Documento

    

EXPEDIENTE:

	

EXPN1 - 8




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




PROMUEVE:

	

YEISON MARTIN BALTODANO BEITA

 

   

VOTO N° 636-F-18

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las quince horas y cinco minutos del diez de julio de dos mil dieciocho.-

            INFORMACIÓN POSESORIA promovida por [Nombre1]  , mayor, soltero, administrador, vecino de Ciudad Neily de Corredores, cédula de identidad número CED1 -     -  . Intervienen en el proceso la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, mayor, soltera, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número CED2 -     -    , en su condición de procuradora adjunta y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED3 -    -          - , representado por Carmelina Vargas Hidalgo, mayor, divorciada, abogada, vecina de Escazú, cédula de identidad número CED4 -     -    , en calidad de apoderada generalísima sin límite de suma. Actúa como apoderado especial judicial del promovente el licenciado Freddy Montes Pérez, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número CED5 -     -    . Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial  de la Zona Sur,  con sede en Corredores.-

 

RESULTANDO:

          1.- El promovente interpuso proceso de información posesoria con el fin que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que se  describe así: " Terreno de charral y bosque secundario, sito en el [Dirección1]  ,     de la Provincia de Puntarenas, mide sesenta y dos hectáreas nueve mil noventa y tres metros cuadrados según el plano número 6-1627960-2012 y linda al norte con [Nombre2]  , al sur con Quebrada sin nombre, este INDER, [Nombre3]  , [Nombre1]   y [Nombre4]   y al oeste con [Nombre5]  ," (folios 5, 71, 112, 113, 119, 373 y 499).-

            2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren de folios 95 a 100; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en el folio 101.-

            3.- El juez Juan Gutiérrez Villalobos, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, mediante sentencia número 81-2017 de las catorce horas quince minutos del siete de abril del año dos mil diecisiete, resolvió: “POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, normas legales citadas; SE APRUEBAN las presentes diligencias de Información Posesoria establecidas por [Nombre1]  . En consecuencia, proceda el Registro Público de la Propiedad a inscribir a nombre de [Nombre1]   mayor de edad, soltero, administrador, vecino de Ciudad Neily de Corredores, portadora de la cédula de identidad número CED6 -     -  , el terreno que se describe así: Terreno de charral y bosque secundario, sito en el [Dirección1]  ,     de la Provincia de Puntarenas, mide sesenta y dos hectáreas nueve mil noventa y tres metros cuadrados según el plano número 6-1627960-2012 y linda al norte con [Nombre6]   (sic), al sur con Quebrada sin nombre, este INDER, [Nombre3]  , [Nombre1]   y [Nombre4]   y al oeste con [Nombre5]  . Que dicho inmueble lo adquirió el promovente del señor [Nombre7]    de quien no le liga parentezco alguno y quien le trasmitiera el día tres de agosto del año dos mil diez los derechos posesorios por un tiempo superior a los veinte años. Que la finca descrita no ha sido inscrita en el Registro Público de la Propiedad. Que no existen condueños ni cargas reales y no se pretende evadir las consecuencias de un juicio sucesorio. Que su posesión sobre el terreno lo ha sido en forma quieta, pública, pacífica y sin interrupción, consistiendo esa en reforestación en parte con maderas comerciales como Gallinazo, laurel, cedro, mantenimiento, cuido y conservación de la montaña y mantener el terreno deslindado de los demás terrenos colindantes. El bien fue estimado en la suma de cinco millones de colones. Que el edicto citando a colindantes y terceros interesados se publicó en el Boletín Judicial número 39 del veinticinco de febrero del año dos mil diez. De conformidad con el artículo 19 de la Ley de Informaciones Posesorias, queda la propiedad afecta sin perjuicio de terceros de mejor derecho y con las reservas que señalan la Ley de Aguas en sus artículos 72 y 73 y, de conformidad con el artículo 16 de la referida Ley, esta propiedad queda definitivamente convalidada para terceros a los tres años, los cuales comenzarán a contar a partir del día inmediato a la inscripción del título correspondiente en el Registro Público. El área contigua a la quebrada constituye área de protección y queda prohibida la corta o eliminación de árboles de conformidad con la ley Forestal número 7575 artículo 33 incisos a) y b) y además el cauce de dichas aguas es de dominio público de acuerdo a los artículos 1 y 3 incisos IV y III de la Ley de Aguas. Las aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble son de dominio estatal y no forman parte de la finca. (Artículos 1 inciso a) y b) y 3 inciso III) de la Ley de Aguas y Código de Minería artículo 4). Firme la presente resolución extiéndase la certificación correspondiente para la inscripción respectiva. Se hace saber a las partes que esta sentencia tiene recurso de apelación ante el Tribunal Agrario del II Circuito Judicial de San José.  En caso de presentar recurso de apelación cualquiera de las partes, favor remitir además de la parte escrita, el recurso de apelación por formato electrónico. Por motivo de la inserción de la oralidad en materia agraria, si es el deseo de la parte que el Tribunal de alzada les  confiera una audiencia oral, lo hagan saber en el mismo escrito de apelación, o en su defecto señalar un correo electrónico en donde se les pueda notificar," (folios 493 al 500).-

            4.- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de procuradora adjunta, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (folios 504 al 512).-

5. En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se nota la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.-

Redacta el juez Picado Vargas, y;

CONSIDERANDO

I.-  Se prohíja el elenco de hechos tenidos por demostrados por ser acordes al acervo probatorio.-

            II.-  La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de procuradora adjunta, formuló recurso de apelación con nulidad concomitante contra la citada resolución, manifestando lo siguiente: MOTIVO DE NULIDAD:  Señala que el dictado de la resolución es prematuro ya que costa en la hoja cartográfica GOLFITO que el inmueble a inscribir colinda con camino público poor los rumbos norte y este ([Dirección2]  ). Por tal motivo, el ente estatal en escrito del 12 de enero del 2011 le solicitó al Juzgado aclarar el informe emitido por la Municipalidad de Golfito MGPS-2522-2010 ya que el mismo afirma la presencia de la calle en cuestión. No obstante, el mismo no define la naturaleza del camino, ya que la Municipalidad en ningún momento la especificó, por lo que hasta podría tratarse de un camino en desuso. La nulidad radica en que el Juzgador injustificadamente rechazó lo solicitado indicando que "acceso" y "camino" es lo mismo y no se encuentra dentro del  inventario vial  de la Municipalidad. Señala que todos los planos sin excepción deben tener graficado una vía de acceso (llámese como sea). Explica que de acuerdo a la Ley de Caminos Públicos y artículos 4 y 7 de la Ley de Construcciones los accesos son calles, carreteras y caminos y deben estar reflejados gráficamente según el artículo 34 inciso f del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional. El juzgador se basó en la hoja cartográfica Venado cuando la PGR pidió la aclaración con base en la Hoja Golfito. Por ello, la sentencia es nula porque no puede el Juzgador en forma injustificada aprobar las diligencias y denegar la aclaración de clasificación legal del acceso por parte de la Municipalidad, pues al omitir hacerlo, equivale permitirle al promovente incorporar al inmueble las calles descritas en la hoja cartográfica Golfito, la cual es de dominio público, según la cartografía nacional. AGRAVIOS DE FONDO:  Que el terreno a titular tiene naturaleza boscosa, cita la ley 4465 de 25 de noviembre de 1969 en la cual se establecía el patrimonio forestal del estado incluyendo las áreas de las reservas nacionales que tuvieran bosques, por lo que se trata de un bien de carácter demanial al amparo de los dispuestos por los ordinales 13 , 14 y 15 de la Ley Forestal 7575. Cita una serie de votos entre los que destaca el 4587-97. Indica, los bosques son parte del dominio público al formar parte del Patrimonio Natural del Estado, por lo que no podría titularse. Agravia, la declaración de los testigos no demuestra la posesión decenal apta para usucapir en cabeza de su dueño y solicita la revocatoria para decretar la improbación de estas diligencias (ver Bandeja de escritos  03/10/2017 08:03:30 am).-

            III.-  Sobre su motivo de nulidad, el mismo no es de recibo. Llama la atención a este Tribunal que el punto ni siquiera fue mencionado por la señora Procuradora en su audiencia final visible a folio 492. El reproche de forma en realidad es un aspecto de fondo, propio de valoración de la prueba documental, como lo son el plano, las hojas cartográficas y los informes emitidos por la Municipalidad de Golfito. El hecho que el ente estatal no comparta la apreciación de los medios de prueba hecha por el Juzgador de instancia no implica ni un estado de indefensión ni la nulidad del fallo. El aspecto fue analizado en la sentencia impugnada, a todo lo largo y ancho del Considerando IV y el a quo indica respetar pero no compartir el criterio del ente estatal, el cual, cabe aclarar, no es vinculante para ningún tribunal de justicia. Además, lo expuesto en el agravio por parte del recurrente no concuerda con lo actuado y resuelto sobre ese punto en las presentes diligencias. Ello por cuanto la solicitud de la PGR sobre la aclaración de la naturaleza del camino (visible a folio 92) nunca fue desatendida por el Juzgado ni por la municipalidad en cuestión; por lo que lo externado en el recurso no es cierto si se analiza con lo sucedido en los procedimientos y no existe ninguna indefensión como lo plantea la recurrente.  La sentencia dedica la totalidad del Considerando IV al respecto y las solicitudes de la PGR fueron atendidas en su totalidad al punto. Conviene hacer un recuento de lo actuado:  Inicialmente, se presentaron estas diligencias con el plano catastrado P-1230706-2007, el cual describía un terreno de montaña, con una medida de 63 hectáreas 3.438,18 metros cuadrados y colindaba con servidumbre agrícola al [Dirección3]   y tomaba como base la Hoja Cartográfica Golfito (folios 1 a 6).  La recurrente se apersona al proceso el 14 de setiembre del 2009 y pide requerir a la Municipalidad de Golfito un informe para que indique, previa inspección de campo, si el camino colindante en el rumbo norte descrito en dicho plano efectivamente llega hasta el vértice 12 de dicho terreno (folio 90). El Juzgado atendió la solicitud  y emitió oficio a la Municipalidad en ese mismo y estricto sentido (folios 104 y 105). La Municipalidad emite el oficio No. MGPS-0166-2010 en el cual informa que realizó inspección de campo e indica que lo que se describe como servidumbre en realidad es una calle pública en los rumbos oeste y norte y que según la Hoja Cartográfica se prolonga hasta el Río Sorpresa (folio 120). Dos meses después, el Juzgado realiza un reconocimiento judicial y determina que el lindero oeste es un carril de dos a tres metros de ancho y al norte es un carril de un metro de ancho (folio 124). Del informe y del reconocimiento se le puso en conocimiento al ente estatal (folio 125) y éste, mediante escrito del 16 de marzo del 2010, solicita se ordene presentar nuevo plano catastrado en el cual se consigne el camino público en los rumbos oeste y norte, excluyendo el derecho de vía respectivo (folio 132). El Juzgado solicita una aclaración a la Municipalidad del informe No. MGPS-0166-2010 en el sentido de que indiquen qué presupuestos se utilizaron por parte de los inspectores para indicar que lo existente es una calle pública ya que lo que se nota es solo la existencia de un carril (folio 139). Ante ello, la Municipalidad emite otro informe (más elaborado) No. MGPS-2522-2010, en el cual afirman haber realizado otra inspección ocular (del cual esta vez sí se tomaron incluso hasta fotografías) del cual se notó que el acceso está en la hoja cartográfica Golfito (y no Venado como erróneamente insiste la recurrente) y que no se encuentra dentro del inventario de la Municipalidad de Golfito (folios 154 a 156).  El Juzgado le da audiencia de tres días a la recurrente sobre dicho informe (folio 159) y el ente estatal no se pronunció al respecto sino hasta que se le dio por primera vez audiencia final (folios 160 a 190), ocasión en la cual le solicitó al JUzgao requerir otro informe a la Municipalidad para que aclare la naturaleza de dicha calle pues sigue siendo, en su opinión, demanial por estar descrita en la hoja cartográfica Golfito (folio 195). El a quo rechazó tal solicitud en resolución dictada a las 15:11 horas del 26 de enero del 2011 en el sentido de que no es camino público ya que no está dentro del inventario vial de la la Municipalidad (folio 203). La PGR no recurrió tal resolución sino que solo mostró su inconformidad "con miras al eventual  recurso de apelación que pueda interponerse contra la resolución de fondo" (folio 208); reserva que es absolutamente improcedente en este tipo de procesos y no puede venir a estas alturas a pedir nulidad del procedimiento si dejó para el final sus reproches, por lo que el agravio de nulidad no es de recibo conforme al artículo 196 del Código Procesal Civil pues nunca alegó la nulidad  y siguió gestionando. Es contrario a la buena fe procesal "guardarse" los recursos de forma hasta el final del proceso y tratar de traer abajo todo  lo actuado con este tipo de actuar recursivo. Se rechaza el agravio de nulidad. Aunado a ello, debe indicársele a la recurrente que es lógico que si la Municipalidad no tiene inventariado como camino público dicho carril y éste no tiene ninguna característica es porque no hay declaratoria de camino público que le otorgue el carácter de demanial; la hoja cartográfica correcta es la Golfito y la de Venado no contempla el área de la finca, por lo que su agravio es improcedente también por el fondo.-

            IV.- No lleva razón la recurrente en su agravio de fondo. Este Tribunal ha venido a reforzar el criterio mantenido en los últimos años con reciente jurisprudencia en materia constitucional sobre la titulación de los terrenos con cobertura boscosa, como lo es en el reciente Voto No. 44-F-15 dictado a las 14:20 horas del 14 de enero del 2015, a saber:  "III.- Si bien es cierto, la Ley de Tierras y Colonización de 1961 y la Ley Forestal de 1969, establecían que los terrenos cubiertos de bosque, sin ocupación privada eran parte de las reservas nacionales, dicha afectación al dominio público ha venido cambiando conforme la evolución de los Derechos Humanos, y específicamente con la incorporación de los de tercera generación, en los cuales se incluye el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Ley Forestal de 1996 reformó, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para permitir la usucapión, en terrenos cubiertos de bosque, pero demostrando una posesión ecológica, a través de la conservación del recurso forestal, durante más de diez años, pudiéndose aprovechar la posesión trasmitida (ver sentencia de la Sala Constitucional No. 4587-97). El Tribunal Agrario sostuvo el criterio de que dicha posesión debía ser de carácter personal, pero la Sala declaró que el mismo era inconstitucional. Por eso el Tribunal, ha rectificado el criterio en resoluciones posteriores indicando: "V.- En cuanto a lo alegado por el recurrente respecto a que el juzgador de instancia comete un error al aplicar el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el cual considera fue declarado inconstitucional por lo que debe analizarse las diligencias a la luz de lo dispuesto por el artículo 1 de dicha Ley, considera este Tribunal no lleva razón pues el artículo 7 citado no fue declarado inconstitucional, sino lo fue la interpretación que venía haciendo el Tribunal en cuanto no se contabilizaba la posesión ejercida por los anteriores transmitentes. De ahí, al estar vigente el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe el promovente demostrar una posesión decenal antes de la declaratoria del área silvestre protegida según lo indicó la Sala Constitucional en el voto No. 4587-97 (publicado en el Boletín Judicial No. 188 de fecha 1 de octubre de 1997). Es importante mencionar que tampoco se estaría aplicando retroactivamente la ley como lo indica el recurrente, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. En ese sentido es importante señalar lo dicho por la Sala Constitucional al respecto en el voto citado “…El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley Forestal No.7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva forestal o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone requisitos específicos que pueden infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público. (Tribunal Agrario, No. 173 de las 16:29 horas del 31 de marzo del 2003). IV.- De manera que el poseedor que pretenda adquirir por usucapión un terreno cubierto de bosque, que formaba parte de las reservas nacionales, deberá demostrar la posesión decenal (originaria o trasmitida), y haber conservado el recurso forestal. Dicho criterio, fue ratificado, recientemente por la Sala Constitucional, en el Voto No. [Telf1], de las 9 horas del 7 de enero del 2015, al responder una consulta judicial de constitucionalidad, relacionada con la titulación en las reservas nacionales: "VI.- LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN LAS RESERVAS NACIONALES, EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, LOS TERCEROS CON MEJOR DERECHO Y LA PROPIEDAD PRIVADA. Este Tribunal Constitucional, a propósito de la consulta sometida a conocimiento, considera necesario hacer la distinción clara entre el concepto de Reservas Nacionales, y aquél de Patrimonio Natural del Estado, antes denominado Patrimonio Agrícola del Estado. La Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 del 14 de octubre de 1961, en su artículo 7, estableció el llamado Patrimonio Agrícola del Estado, partiendo de una concepción de la propiedad agraria como originaria de la Nación. El Patrimonio agrícola del Estado comprendía todas las tierras inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, entre otras, la zona marítimo terrestre, las Islas, la franja fronteriza, las franjas de los ríos navegables, los [Dirección4]        Nacionales (artículos 7 al 10). Es decir, el Patrimonio comprende aquellos terrenos con características de inalienabilidad, sometidos al dominio público, y contenidos en alguna categoría de manejo, como los Parques Nacionales. Posteriormente la Ley introduce un concepto amplio de Reservas Nacionales, en el artículo 11, al indicar que “Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión decenal; c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas; y d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos.” De lo anterior se desprende que los terrenos que forman parte de las reservas nacionales, como terrenos de vocación agrícola, ganadera o forestal, poseídos por los particulares durante más de diez años y que no formen parte del Patrimonio agrícola del Estado, eran susceptibles de reconocimiento jurídico. Tal reconocimiento lo alcanzan los particulares, a través de los procesos de Información Posesoria, o bien, mediante el instrumento que se creó a través de la Titulación Múltiple de Tierras, posteriormente denominada “Titulación de Tierras Ubicadas en las Reservas Nacionales”. Luego, la Ley Forestal No. 4465 de 1969, introduce el concepto de Patrimonio Forestal del Estado, confiriéndole la administración forestal, de las reservas forestales, los parques nacionales, los viveros forestales del Estado, las zonas protectoras y las reservas biológicas, a la Dirección General Forestal. En ese momento, la Administración Pública se percata de que dentro de las llamadas “reservas nacionales”, conviven los dos regímenes, por los que en 1972, suscriben un convenio representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (de quien dependía la Dirección General Forestal), el Instituto de Tierras y Colonización y el Instituto Costarricense de Turismo, que definió con precisión las facultades de los tres organismos sobre las reservas nacionales (Convenio MAG-ITCO-ICT), 7 marzo 1972, La Gaceta No. 89 del 10 de mayo de 1972). Lo anterior ocurre, porque la Ley de Tierras y Colonización, aún vigente, le confía la administración de las reservas nacionales, con vocación agropecuaria, al Instituto de Tierras y Colonización, órgano encargado de la parcelación y colonización. Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de 1995, incorpora el concepto de áreas silvestre protegidas, indicando que forma parte del patrimonio natural del Estado y estableciendo su carácter irreductible (artículos 32 al 38). Posteriormente, la Ley Forestal vigente No. 7575 de 1996 incorpora, en el Titulo segundo, capítulo único el concepto de Patrimonio Natural del Estado, aclarando incluso, qué es lo que comprende de las reservas nacionales: “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio.” Lo anterior excluye como parte del patrimonio natural del Estado, por no ser forestal, los terrenos de aptitud agropecuaria, que siguen siendo parte de la reservas nacionales, y susceptibles de usucapión por parte de particulares. Finalmente, la misma Ley Forestal de 1996, modificó el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, y el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, para autorizar la usucapión, y por ende la inscripción mediante información posesoria (y el procedimiento derogado de la titulación en reservas nacionales), terrenos que pertenecen a las reservas nacionales, con vocación forestal e, incluso, terrenos en posesión privada, que quedaron comprendidos dentro de alguna categoría de área silvestre protegida (Patrimonio Natural del Estado), siempre y cuando se demostrara una posesión decenal anterior a la fecha de creación de la respectiva área, y los actos posesorios agrarios consistieran en actividades tendientes a la protección forestal o ecológica. Con todo lo antes expuesto, resulta claro, entonces, que el procedimiento administrativo creado en la Ley de Titulación Múltiple de tierras (posteriormente, la Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), vino a permitir agilizar los trámites de titulación de los poseedores agrarios, que habían cumplido una usucapión corta (primero de tres y luego de cinco años), para que pudieran obtener un título de propiedad, y tener posibilidades de acceso a la tierra, al crédito agrario y a la vivienda digna. Lo anterior, sin perjuicio de terceros de mejor derecho, entendiendo como tales, aquéllos particulares que pudieron haber ejercido una acción de mejor derecho de posesión, dentro de las zonas consideradas como reservas nacionales, para lo cual tenían solo tres años para reclamarlo, de lo contrario el título quedaría totalmente consolidado, pues el plazo de la prescripción negativa, fue reducido por el legislador. Sin embargo, situación distinta ocurre con la propiedad privada afecta en esos procesos de titulación múltiple de tierras. Era lógico que al crear un Programa de Titulación Múltiple, la propiedad constituida e inscrita a nombre del Instituto de Tierras y Colonización, luego Instituto de Desarrollo Agrario, se sobreponía con propiedades inscritas a nombre de particulares (pues el requisito era que en la zona geográfica delimitada hubiera, al menos un 20% de terrenos sin título inscrito en el registro público). Ello suponía, en consecuencia, que el título que otorgaba el ITCO, lo era sobre terrenos de las reservas nacionales, no sobre terrenos inscritos anteriormente en propiedad privada de particulares. Lo anterior permite aclarar que si se autorizaba una titulación, y ese título recaía, total o parcialmente, sobre un inmueble particular anteriormente inscrito, el propietario registral tendría derecho a reivindicar, tal y como lo establece la misma norma, pero no dentro del plazo de tres años, aplicable a los terceros con mejor derecho, sino dentro del plazo de los diez años." (HASTA AQUÍ LA CITA).

            IV.- En este caso particular, se tiene por demostrado el requisito exigido por la Ley de Informaciones Posesorias, en sus artículos 1, 6 y 7. En efecto, el titulante, aportó el plano catastrado definitivo No. P-1627960-2012 que describe un terreno de montaña, lo que significa que han sido dedicados a actividades sostenibles (folio 373). No se encuentra dentro de ninguna área protegida (ver imagen 421) y del reconocimiento judicial se determina que se dedica a bosque primario bien cuidado y protegido y sin nacientes ni construcciones (folio 124), por lo que se determina que la promovente y su transmitente han dedicado el inmueble a la conservación y protección del bosque y determinación de linderos, lo cual concuerda con el estudio de suelos que indica que la finca se dedica a bosque primario (certificación del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria visible a imagen 144), lo que significa que, lejos de afectar el recurso, se ha dado una actividad agroforestal sostenible, por lo cual se concluye que se ha ejercido la posesión sostenible, lo cual también se puede verificar en el acta de reconocimiento judicial citado, donde se indica que hay bosque debidamente cuidado. En cuanto al tema de la posesión, en este caso se recibió el testimonio de [Nombre5]  , [Nombre3]   y [Nombre8]   (folios 122 a 123), de cuyas declaraciones se desprende que la promovente demostró, sumada la posesión de sus anteriores transmitentes, haber poseído dicho inmueble, por más de diez años, con todos los atributos del dominio y además claramente protegió el recurso forestal existente en el inmueble. De ahí que no lleve razón la recurrente en sus agravios, debiendo confirmarse la sentencia apelada.

POR TANTO:

            Se rechaza la nulidad concomitante. Se confirma la sentencia apelada, en lo que fue objeto de apelación.

 

 

 

             

 

	

	

 




	

*RPM47NQDXQUC61*

RPM47NQDXQUC61

[Nombre9]    - JUEZ/A DECISOR/A

	




*E86NNCFF1JS61*

E86NNCFF1JS61

[Nombre10]   - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

*SESN4TWVT6S61*

SESN4TWVT6S61

[Nombre11]   - JUEZ/A DECISOR/A




 

	

 

	

 

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:07:23.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Resolución Nº 00636 - 2018

Date of Resolution: July 10, 2018 at 3:05 PM

Case File: 07-000197-0419-AG

Drafted by: Carlos Adolfo Picado Vargas

Type of Matter: Possessory information proceeding

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Rulings in the same sense

Content of Interest:
Type of content: Majority vote
Branch of Law: Agrarian Procedural Law
Topic: Agrarian possessory information
Subtopics:
Possibility of titling land with forest by demonstrating ten-year possession and the protection of natural resources.
Topic: Forests and forest lands
Subtopics:
Possibility of titling through possessory information by demonstrating ten-year possession and the protection of natural resources.
Topic: Ecological possession
Subtopics:
Requirement to declare agrarian possessory information on land with forest.
Topic: Conservation of natural resources
Subtopics:
Requirement to declare agrarian possessory information on land with forest.

"IV.- The appellant is not correct in her substantive grievance. This Tribunal has come to reinforce the criterion maintained in recent years with recent jurisprudence in constitutional matters regarding the titling of lands with forest cover (cobertura boscosa), as in the recent Voto No. 44-F-15 issued at 2:20 p.m. on January 14, 2015, namely: "III.- Although it is true that the Ley de Tierras y Colonización of 1961 and the Ley Forestal of 1969 established that lands covered with forest, without private occupation, were part of the national reserves, such encumbrance to the public domain has been changing in accordance with the evolution of Human Rights, and specifically with the incorporation of third-generation rights, which include the human right to a healthy and ecologically balanced environment. The Ley Forestal of 1996 reformed Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, to permit adverse possession (usucapión), on lands covered with forest, but demonstrating ecological possession (posesión ecológica), through the conservation of the forest resource, for more than ten years, and transmitted possession may be utilized (see judgment of the Constitutional Chamber No. 4587-97). The Agrarian Tribunal upheld the criterion that such possession had to be of a personal nature, but the Chamber declared that it was unconstitutional. Therefore, the Tribunal has rectified the criterion in subsequent resolutions indicating: "V.- Regarding the appellant's claim that the trial court judge makes an error by applying Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which he considers was declared unconstitutional and therefore the proceedings should be analyzed in light of Article 1 of said Law, this Tribunal considers he is not correct because the cited Article 7 was not declared unconstitutional, rather it was the interpretation that the Tribunal had been making regarding the non-accounting of possession exercised by previous transferors that was declared unconstitutional. Hence, since Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias is in force, the petitioner must demonstrate ten-year possession prior to the declaration of the protected wilderness area (área silvestre protegida) as indicated by the Constitutional Chamber in vote No. 4587-97 (published in the Boletín Judicial No. 188 dated October 1, 1997). It is important to mention that the law is not being applied retroactively as the appellant indicates either, because the ten-year possession period for adverse possession is established in the Civil Code and the disputed provision simply highlights certain elements inherent to adverse possession that are also defined in the general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for adverse possession. In this sense, it is important to point out what was said by the Constitutional Chamber in this regard in the cited vote: '...The challenged first paragraph of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, the text of which predates the last reform by Ley Forestal No. 7575 of February 13, 1996, regulates the case of titling real property comprised within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protected zone. That article states that the title applicant will have to demonstrate having exercised ten-year possession for at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created the wilderness area. The disputed provision regulates the case of titling a real property that has been encumbered to the public domain by the declaration of a protected wilderness area, whatever its specificity. It is now appropriate to determine if, according to the hypothesis contemplated by the challenged rule, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria that inform the institutes of adverse possession and the possession necessary for adverse possession, set forth above, the challenged rule regulates a special type of possession necessary to acquire ownership of real property, which imposes specific requirements that may infringe the right of property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations, regulated in the Constitution. Firstly, it should be noted that the challenged article does not modify—increase or decrease—the ten-year possession period necessary for adverse possession, established in Article 860 of the Civil Code for the generality of cases in which one seeks to acquire ownership of real property by positive prescription. The extension of the period that the petitioner alleges infringes the right to property does not occur, because given the nature of the asset sought to be titled (public thing), the period of possession suitable for adverse possession must elapse before the encumbrance of the asset to the public domain occurs. That is, the declaration of a protected wilderness area prevents possession subsequent to the encumbrance from counting, and prevents the requirements for adverse possession from materializing if at that moment the right has not been acquired, i.e., the ten years of possession suitable for adverse possession under the conditions established by law have not elapsed. The foregoing is merely the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and its condition of exercise as titleholder, necessary for possession ad usucapionem. It should be remembered that assets encumbered to the public domain, whatever their specifications, are not susceptible to acquisition by adverse possession, if before the encumbrance occurred the necessary conditions for the acquisition of the right were not met. In this sense, the disputed provision, although apparently regulating a specific case of adverse possession, does not create a regime with different requirements from those established in the Civil Code for the generality of cases. In this sense, the alleged retroactive effect of the rule does not occur either, because the ten-year possession period for adverse possession is established in the Civil Code and the disputed provision simply highlights certain elements inherent to adverse possession that are also defined in the general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for adverse possession. That is, the rule does not come to establish any different principle—or more rigorous requirement—in relation to the application of the general rules of adverse possession. It simply specifies the manner in which those rules must be applied, which coincides with a logical result given the status of the object to be titled as a public domain asset. Hence, it is not considered that the reform to Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, the text of which is challenged, has introduced a different regime in relation to the requirements of adverse possession, which could have aggravated the situation of persons who were exercising possession ad usucapionem on lands that were declared of public interest.' (Agrarian Tribunal, No. 173 at 4:29 p.m. on March 31, 2003). IV.- Thus, the possessor who intends to acquire by adverse possession a land covered with forest, which formed part of the national reserves, must demonstrate ten-year possession (original or transmitted), and having conserved the forest resource. This criterion was recently ratified by the Constitutional Chamber, in Voto No. [Telf1], at 9:00 a.m. on January 7, 2015, in response to a judicial consultation of constitutionality, related to titling in the national reserves: 'VI.- TITLING OF LANDS IN THE NATIONAL RESERVES, THE NATURAL HERITAGE OF THE STATE, THIRD PARTIES WITH BETTER RIGHT, AND PRIVATE PROPERTY. This Constitutional Tribunal, regarding the consultation submitted for its knowledge, considers it necessary to make a clear distinction between the concept of National Reserves and that of Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), formerly called Agricultural Heritage of the State. The Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 of October 14, 1961, in its Article 7, established the so-called Agricultural Heritage of the State, based on a concept of agrarian property as originating from the Nation. The Agricultural Heritage of the State comprised all inalienable lands not susceptible to acquisition by claim or possession, among others, the maritime-terrestrial zone, the Islands, the border strip, the strips of navigable rivers, the [Dirección1] Nacionales (Articles 7 to 10). That is, the Heritage comprises those lands with characteristics of inalienability, subject to the public domain, and contained in some management category, such as National Parks. Subsequently, the Law introduces a broad concept of National Reserves, in Article 11, by indicating that "Unless proven otherwise, the following belong to the State as national reserves: a) All lands comprised within the limits of the Republic that are not registered as private property, property of the Municipalities, or of the Autonomous Institutions; b) Those not protected by ten-year possession; c) Those that, by special laws, have not been destined for the formation of agricultural colonies; and d) In general, all those that, not being private property, are not occupied for public services." From the foregoing, it follows that lands forming part of the national reserves, as lands of agricultural, livestock, or forestry vocation, possessed by private individuals for more than ten years and that do not form part of the Agricultural Heritage of the State, were susceptible to legal recognition. Such recognition is achieved by private individuals through possessory information (Información Posesoria) proceedings, or, through the instrument created through the Multiple Land Titling program, subsequently called "Titling of Lands Located in the National Reserves." Then, the Ley Forestal No. 4465 of 1969 introduces the concept of Forest Heritage of the State, conferring the forestry administration of forest reserves, national parks, State forest nurseries, protected zones, and biological reserves to the Dirección General Forestal. At that moment, the Public Administration realizes that within the so-called "national reserves," the two regimes coexist, and therefore in 1972, representatives of the Ministry of Agriculture and Livestock (on which the Dirección General Forestal depended), the Instituto de Tierras y Colonización, and the Instituto Costarricense de Turismo signed an agreement that precisely defined the powers of the three organisms over the national reserves (Convenio MAG-ITCO-ICT), March 7, 1972, La Gaceta No. 89 of May 10, 1972). The foregoing occurs because the Ley de Tierras y Colonización, still in force, entrusts the administration of national reserves with agricultural and livestock vocation to the Instituto de Tierras y Colonización, the body in charge of parceling and colonization. For its part, the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 of 1995 incorporates the concept of protected wilderness areas, indicating that they form part of the natural heritage of the state and establishing their lifetime tenure (irreductibilidad) (Articles 32 to 38). Subsequently, the current Ley Forestal No. 7575 of 1996 incorporates, in its Second Title, single chapter, the concept of Natural Heritage of the State, even clarifying what it comprises from the national reserves: "The natural heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, the areas declared inalienable, the farms registered in its name, and those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies, except real property that guarantees credit operations with the National Banking System and becomes part of its heritage. The Ministry of Environment and Energy shall administer the heritage." The foregoing excludes as part of the natural heritage of the State, because they are not forestal, lands of agricultural and livestock aptitude, which continue to be part of the national reserves, and susceptible to adverse possession by private individuals. Finally, the same Ley Forestal of 1996 modified Article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente, and Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, to authorize adverse possession, and therefore registration through possessory information (and the repealed procedure of titling in national reserves), of lands belonging to the national reserves, with forestry vocation, and even lands in private possession that were comprised within some category of protected wilderness area (Natural Heritage of the State), as long as ten-year possession prior to the date of creation of the respective area could be demonstrated, and the agrarian possessory acts consisted of activities aimed at forest or ecological protection. With all the foregoing, it is clear, then, that the administrative procedure created in the Ley de Titulación Múltiple de tierras (later, the Ley de Titulación en las Reservas Nacionales), came to expedite the titling procedures for agrarian possessors who had completed a short adverse possession (first three and then five years), so that they could obtain a title of ownership, and have possibilities of access to land, agrarian credit, and decent housing. The foregoing, without prejudice to third parties with better right, meaning those private individuals who could have brought an action for better right of possession, within the zones considered as national reserves, for which they had only three years to claim it; otherwise, the title would be completely consolidated, since the period for negative prescription was reduced by the legislator. However, a different situation occurs with private property affected in those multiple land titling processes. It was logical that by creating a Multiple Titling Program, the property constituted and registered in the name of the Instituto de Tierras y Colonización, later Instituto de Desarrollo Agrario, overlapped with properties registered in the name of private individuals (since the requirement was that in the delimited geographic zone, there be at least 20% of land without a title registered in the public registry). This implied, consequently, that the title granted by the ITCO was over lands of the national reserves, not over lands previously registered as private property of individuals. The foregoing clarifies that if a titling was authorized, and that title fell, totally or partially, on a previously registered private property, the registral owner would have the right to replevy, just as the same regulation establishes, but not within the three-year period applicable to third parties with better right, but within the ten-year period.'" (END OF CITATION). IV.- In this particular case, the requirement demanded by the Ley de Informaciones Posesorias, in its Articles 1, 6, and 7, is considered proven. Indeed, the title applicant provided the definitive cadastral map No. P-1627960-2012, which describes a mountain land, meaning they have been dedicated to sustainable activities (folio 373). It is not located within any protected area (see image 421), and from the judicial inspection (reconocimiento judicial) it is determined that it is dedicated to well-cared for and protected primary forest, with no springs (nacientes) or constructions (folio 124), therefore it is determined that the petitioner and her transferor have dedicated the property to the conservation and protection of the forest and boundary determination, which is consistent with the soil study indicating the farm is dedicated to primary forest (certification from the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria visible in image 144), which means that, far from affecting the resource, there has been a sustainable agroforestry activity, so it is concluded that sustainable possession has been exercised, which can also be verified in the cited judicial inspection record, where it is indicated that the forest is well cared for. Regarding the issue of possession, in this case the testimony of [Name1], [Name2], and [Name3] (folios 122 to 123) was received, from whose statements it is concluded that the petitioner demonstrated, adding the possession of her previous transferors, having possessed said property for more than ten years, with all the attributes of ownership and also clearly protected the existing forest resource on the property. Hence, the appellant is not correct in her grievances, and the appealed judgment must be affirmed."

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EXPEDIENTE:

EXPN1 - 8

PROCEEDING:

INFORMACIÓN POSESORIA

PROMOTED BY:

YEISON MARTIN BALTODANO BEITA

VOTO N° 636-F-18

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- At fifteen hours and five minutes of July tenth, two thousand eighteen.-

INFORMACIÓN POSESORIA promoted by [Name1] , of legal age, single, administrator, resident of Ciudad Neily de Corredores, identity card number CED1 - - . Appearing in the proceeding are the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, of legal age, single, attorney, resident of Alajuela, identity card number CED2 - - , in her capacity as deputy procuradora, and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal ID number CED3 - - , represented by Carmelina Vargas Hidalgo, of legal age, divorced, attorney, resident of Escazú, identity card number CED4 - - , as general attorney-in-fact without limit of sum. Acting as special judicial attorney for the petitioner is licensed attorney Freddy Montes Pérez, of legal age, married, attorney, identity card number CED5 - - . Processed before the Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, based in Corredores.-

RESULTANDO:

1.- The petitioner filed a possessory information proceeding with the aim of having the following described farm registered in his name in the Public Property Registry: " Land of scrubland (charral) and secondary forest, located in [Dirección1], of the Province of Puntarenas, measuring sixty-two hectares, nine thousand ninety-three square meters according to map number 6-1627960-2012, and bordering on the north with [Name2], on the south with Quebrada sin nombre, on the east with INDER, [Name3], [Name1], and [Name4], and on the west with [Name5]," (folios 5, 71, 112, 113, 119, 373, and 499).-

2.- The Procuraduría General de la República appeared in the proceeding in the terms found at folios 95 to 100; in turn, the Instituto de Desarrollo Rural did so at folio 101.-

3.- Judge Juan Gutiérrez Villalobos, of the Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, through judgment number 81-2017 at fourteen hours fifteen minutes of April seventh, two thousand seventeen, resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing, and cited legal norms; THE APPROVAL is granted for the present possessory information proceedings initiated by [Name1]. Consequently, the Public Property Registry shall proceed to register in the name of [Name1], of legal age, single, administrator, resident of Ciudad Neily de Corredores, holder of identity card number CED6 - - , the land described as follows: Land of scrubland and secondary forest, located in [Dirección1], of the Province of Puntarenas, measuring sixty-two hectares, nine thousand ninety-three square meters according to map number 6-1627960-2012, and bordering on the north with [Name6] (sic), on the south with Quebrada sin nombre, on the east with INDER, [Name3], [Name1], and [Name4], and on the west with [Name5]. That said property was acquired by the petitioner from Mr. [Name7] to whom no kinship ties bind him and who transferred to him on August third, two thousand ten the possessory rights for a period exceeding twenty years. That the described farm has not been registered in the Public Property Registry. That there are no co-owners or liens, and it is not intended to evade the consequences of a probate proceeding. That his possession of the land has been quiet, public, peaceful, and uninterrupted, consisting of reforestation in part with commercial woods such as Gallinazo, laurel, cedar, maintenance, care, and conservation of the forest, and keeping the land bounded from the other adjoining lands. The property was valued at five million colones. That the edict summoning adjoining landowners and interested third parties was published in Boletín Judicial number 39 of February twenty-fifth, two thousand ten. Pursuant to Article 19 of the Ley de Informaciones Posesorias, the property remains affected without prejudice to third parties with better right and with the reservations indicated by the Ley de Aguas in its Articles 72 and 73, and pursuant to Article 16 of the referred Law, this property shall be definitively validated with respect to third parties after three years, which shall begin to run from the day immediately following the registration of the corresponding title in the Public Registry. The area adjacent to the stream constitutes a protection area and the cutting or elimination of trees is prohibited in accordance with Ley Forestal number 7575, Article 33 subsections a) and b), and furthermore, the course of said waters is of public domain according to Articles 1 and 3 subsections IV and III of the Ley de Aguas. The surface and underground waters existing on the property are of state domain and do not form part of the farm. (Articles 1 subsections a) and b) and 3 subsection III) of the Ley de Aguas and Article 4 of the Código de Minería). Once this resolution becomes final, the corresponding certification shall be issued for the respective registration. The parties are advised that this judgment is subject to appeal before the Tribunal Agrario del II Circuito Judicial de San José. In the event that any party files an appeal, please send, in addition to the written part, the appeal in electronic format. Due to the incorporation of orality in agrarian matters, if it is the wish of the party that the appellate court grants them an oral hearing, they shall indicate so in the same appeal brief, or otherwise provide an email address where they can be notified," (folios 493 to 500).-

4.- Licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her condition as deputy procuradora, filed an appeal with express indication of the reasons for which she refutes the thesis of the trial court, (folios 504 to 512).-

5. In the substantiation of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, and the existence of errors or omissions in the judgment capable of producing its nullity is not noted.-

Drafted by Judge Picado Vargas, and;

CONSIDERANDO

I.- The list of facts held to be proven is adopted as it is consistent with the body of evidence.-

II.- Licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her condition as deputy procuradora, filed an appeal with concomitant nullity against the cited resolution, stating the following: GROUNDS FOR NULLITY: She indicates that the issuance of the resolution is premature since it is recorded on the GOLFITO cartographic sheet that the property to be registered borders a public road on the north and east boundaries ([Dirección2]). For this reason, the state entity in a brief dated January 12, 2011 requested the Court to clarify the report issued by the Municipalidad de Golfito MGPS-2522-2010 because it affirms the presence of the street in question. However, it does not define the nature of the road, since the Municipality never specified it, so it could even be a disused road. The nullity lies in the fact that the Judge unjustifiably rejected what was requested, indicating that "access" and "road" are the same and that it is not within the road inventory of the Municipality. She points out that all maps, without exception, must have an access way depicted (whatever it is called). She explains that according to the Ley de Caminos Públicos and Articles 4 and 7 of the Ley de Construcciones, accesses are streets, highways, and roads, and they must be reflected graphically according to Article 34 subsection f of the Reglamento a la Ley de Catastro Nacional. The judge based his decision on the Venado cartographic sheet when the PGR requested clarification based on the Golfito Sheet. Therefore, the judgment is null because the Judge cannot, in an unjustified manner, approve the proceedings and deny the clarification of the legal classification of the access by the Municipality, since failing to do so is equivalent to allowing the petitioner to incorporate into the property the streets described on the Golfito cartographic sheet, which are of public domain, according to the national cartography. SUBSTANTIVE GRIEVANCES: That the land to be titled has a forested nature, cites Law 4465 of November 25, 1969 in which the forest heritage of the state was established including the areas of national reserves that had forests, and therefore it is an asset of a public domain nature under the provisions of Articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal 7575. She cites a series of votes, among which 4587-97 stands out. She indicates that forests are part of the public domain as they form part of the Natural Heritage of the State, and therefore cannot be titled. She grieves that the declaration of the witnesses does not demonstrate ten-year possession suitable for adverse possession in the person of its owner, and requests revocation to decree the rejection of these proceedings (see Document Tray 03/10/2017 08:03:30 am).-

III.- Regarding her ground for nullity, it is not admissible. This Tribunal notes that the point was not even mentioned by the Procuradora in her final hearing visible at folio 492. The procedural reproach is actually a substantive aspect, pertaining to the valuation of documentary evidence, such as the map, the cartographic sheets, and the reports issued by the Municipalidad de Golfito. The fact that the state entity does not share the assessment of the means of evidence made by the trial court judge does not imply either a state of defenselessness or the nullity of the judgment. The aspect was analyzed in the appealed judgment, throughout the entirety of Considerando IV, and the lower court indicates respecting but not sharing the criterion of the state entity, which, it should be clarified, is not binding on any court of justice. Furthermore, what is stated in the grievance by the appellant does not agree with what was acted upon and resolved on that point in the present proceedings. This is because the PGR's request for clarification of the nature of the road (visible at folio 92) was never unattended by the Court or by the municipality in question; therefore, what is expressed in the appeal is not true if analyzed with what occurred in the proceedings, and no defenselessness exists as claimed by the appellant. The judgment devotes the entirety of Considerando IV to this matter, and the PGR's requests were fully addressed on the point. It is appropriate to recount what has been acted: Initially, these proceedings were filed with cadastral map P-1230706-2007, which described a mountain land, measuring 63 hectares, 3,438.18 square meters, bordering an agricultural easement (servidumbre agrícola) to the [Dirección3], and was based on the Golfito Cartographic Sheet (folios 1 to 6). The appellant appears in the proceeding on September 14, 2009 and requests that the Municipalidad de Golfito be required to provide a report indicating, after a field inspection, whether the bordering road on the north boundary described in said map actually reaches vertex 12 of said land (folio 90). The Court complied with the request and issued an official communication to the Municipality in that same and strict sense (folios 104 and 105). The Municipality issues official communication No. MGPS-0166-2010 in which it reports that it carried out a field inspection and indicates that what is described as an easement is actually a public street on the west and north boundaries, and that according to the Cartographic Sheet it extends to the Río Sorpresa (folio 120).

Two months later, the Court conducts a judicial inspection and determines that the western boundary is a lane two to three meters wide and to the north is a lane one meter wide (folio 124). The state entity was informed of the report and the inspection (folio 125) and it, by brief dated March 16, 2010, requests that the filing of a new cadastral map be ordered, in which the public road is recorded along the western and northern boundaries, excluding the respective right-of-way (folio 132). The Court requests a clarification from the Municipality regarding Report No. MGPS-0166-2010, asking them to indicate what assumptions were used by the inspectors to state that what exists is a public street, since only the existence of a lane is noted (folio 139). In response, the Municipality issues another (more detailed) Report No. MGPS-2522-2010, in which they affirm having conducted another ocular inspection (from which this time photographs were even taken), from which it was noted that the access is on the Golfito cartographic sheet (and not Venado as the appellant erroneously insists) and that it is not within the inventory of the Municipality of Golfito (folios 154 to 156). The Court grants a three-day hearing to the appellant regarding said report (folio 159), and the state entity did not pronounce itself on the matter until it was given a final hearing for the first time (folios 160 to 190), at which time it requested that the Court require another report from the Municipality to clarify the nature of said street, since it remains, in its opinion, public domain property (demanial) because it is described on the Golfito cartographic sheet (folio 195). The lower court rejected such request in a ruling issued at 3:11 p.m. on January 26, 2011, on the grounds that it is not a public road since it is not within the road inventory of the Municipality (folio 203). The PGR did not appeal that ruling but merely expressed its disagreement "with a view to the eventual appeal that may be filed against the final decision" (folio 208); a reservation that is absolutely improper in this type of proceeding and cannot come at this stage to request nullity of the procedure if it left its objections until the end, so the grievance of nullity is not admissible pursuant to Article 196 of the Code of Civil Procedure since it never alleged nullity and continued litigating. It is contrary to procedural good faith to "save" procedural remedies until the end of the process and attempt to bring down everything that has been done with this type of appellate conduct. The grievance of nullity is rejected. In addition, the appellant must be advised that it is logical that if the Municipality does not have said lane inventoried as a public road and it has no characteristic features, it is because there is no declaration of public road granting it public domain character; the correct cartographic sheet is Golfito, and the Venado sheet does not cover the area of the property, so its grievance is also unfounded on the merits.-

            IV.- The appellant is incorrect in its grievance on the merits. This Tribunal has come to reinforce the criterion maintained in recent years with recent constitutional case law on the titling of lands with forest cover (cobertura boscosa), as in the recent Voto No. 44-F-15 issued at 2:20 p.m. on January 14, 2015, namely: "III.- Although it is true that the Ley de Tierras y Colonización of 1961 and the Ley Forestal of 1969 established that forest-covered lands without private occupation were part of the national reserves, such dedication to public domain has been changing with the evolution of Human Rights, and specifically with the incorporation of third-generation rights, which include the human right to a healthy and ecologically balanced environment. The Ley Forestal of 1996 reformed Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias to permit adverse possession (usucapión) on forest-covered lands, but only upon demonstrating ecological possession, through the conservation of the forest resource for more than ten years, with the ability to benefit from transmitted possession (see judgment of the Sala Constitucional No. 4587-97). The Tribunal Agrario maintained the criterion that said possession had to be of a personal nature, but the Sala declared that interpretation unconstitutional. For this reason, the Tribunal has rectified the criterion in subsequent rulings, stating: 'V.- Regarding what the appellant alleges, that the trial judge commits an error in applying Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which it considers was declared unconstitutional, and therefore the proceedings should be analyzed in light of the provisions of Article 1 of said Law, this Tribunal finds it is incorrect because the cited Article 7 was not declared unconstitutional; rather, what was unconstitutional was the interpretation the Tribunal had been making regarding not counting the possession exercised by prior transferors. Hence, since Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias is in force, the petitioner must demonstrate decennial possession prior to the declaration of the protected wild area, as indicated by the Sala Constitucional in Voto No. 4587-97 (published in the Boletín Judicial No. 188 dated October 1, 1997). It is important to mention that the law is not being applied retroactively, as the appellant claims, because the ten-year period of possession for adverse possession is established in the Civil Code, and the challenged provision simply highlights certain elements inherent to adverse possession that are also defined in the general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for adverse possession. In this sense, it is important to note what the Sala Constitucional stated in the cited vote: "...The challenged first paragraph of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, whose text predates the latest reform by Ley Forestal No. 7575 of February 13, 1996, regulates the case of titling of real property located within an area declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone. That article states that the title applicant must demonstrate having exercised decennial possession at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created the wild area. The challenged provision regulates the case of titling of real property that has been dedicated to public domain by the declaration of a protected wild area, whatever its specific nature. It is now necessary to determine whether, according to the hypothesis contemplated by the challenged rule, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria that inform the institutes of adverse possession and the possession necessary for adverse possession set forth above, the questioned rule regulates a special type of possession necessary to acquire ownership of real property, imposing specific requirements that may infringe the right of property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations regulated in the Constitution. First, it must be noted that the challenged article does not modify—increase or decrease—the ten-year period of possession necessary for adverse possession, set forth in Article 860 of the Civil Code for the generality of cases in which one seeks to acquire ownership of real property by positive prescription. The extension of the term alleged by the petitioner as infringing the right to property does not occur because, given the nature of the property to be titled (public thing), the period of possession suitable for adverse possession must elapse before the dedication of the property to public domain occurs. That is, the declaration of a protected wild area prevents possession subsequent to the dedication from counting and prevents the requirements of adverse possession from being met if, by that time, the right has not been acquired, i.e., the ten years of possession suitable for adverse possession have not elapsed under the conditions established by law. This is simply the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and its condition of exercise as titleholder, necessary for possession ad usucapionem. It should be remembered that property dedicated to public domain, whatever its specifications, is not susceptible to acquisition by adverse possession if, before the dedication occurred, the necessary conditions for the acquisition of the right did not exist. In this sense, the challenged provision, despite apparently regulating a specific case of adverse possession, does not create a regime with requirements different from those established in the Civil Code for the generality of cases. Similarly, the alleged retroactive effect of the rule does not occur because the ten-year period of possession for adverse possession is established in the Civil Code, and the challenged provision simply highlights certain elements inherent to adverse possession that are also defined in the general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for adverse possession. That is, the rule does not establish any different principle—or more rigorous requirement—in relation to the application of the general rules of adverse possession. It simply specifies how those rules must be applied, which coincides with a logical result given the condition of public domain property (demanial) of the object to be titled. Hence, it is not considered that the reform to Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, whose text is being challenged, introduced a different regime regarding the requirements of adverse possession that could have aggravated the situation of persons who were exercising possession ad usucapionem on lands declared of public interest. (Tribunal Agrario, No. 173 at 4:29 p.m. on March 31, 2003). IV.- Therefore, the possessor who seeks to acquire by adverse possession a forest-covered land that formed part of the national reserves must demonstrate decennial possession (original or transmitted) and having conserved the forest resource. This criterion was recently ratified by the Sala Constitucional in Voto No. [Telf1] at 9:00 a.m. on January 7, 2015, in response to a judicial consultation on constitutionality related to titling in national reserves: "VI.- TITLING OF LANDS IN THE NATIONAL RESERVAS, THE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, THIRD PARTIES WITH BETTER RIGHT, AND PRIVATE PROPERTY. This Constitutional Tribunal, regarding the consultation submitted for its consideration, deems it necessary to make a clear distinction between the concept of Reservas Nacionales and that of Patrimonio Natural del Estado, formerly called Patrimonio Agrícola del Estado. The Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 of October 14, 1961, in its Article 7, established the so-called State Agricultural Patrimony, starting from a conception of agrarian property as originally belonging to the Nation. The State Agricultural Patrimony comprised all inalienable lands not susceptible to acquisition by claim or possession, including, among others, the maritime-terrestrial zone, islands, the border strip, the strips of navigable rivers, and the National [Dirección4] (Articles 7 to 10). That is, the Patrimony includes those lands with characteristics of inalienability, subject to public domain, and falling within a management category, such as National Parks. Subsequently, the Law introduces a broad concept of Reservas Nacionales in Article 11, stating that 'Until proven otherwise, they belong to the State as national reserves: a) All lands within the limits of the Republic that are not registered as private property, property of the Municipalities, or property of Autonomous Institutions; b) Those not protected by decennial possession; c) Those that, by special laws, have not been designated for the formation of agricultural colonies; and d) In general, all those that, not being private property, are not occupied for public services.' From the foregoing, it follows that lands forming part of the national reserves, as lands for agricultural, livestock, or forestry use, possessed by private individuals for more than ten years and not forming part of the State Agricultural Patrimony, were susceptible to legal recognition. Private individuals achieve such recognition through Información Posesoria proceedings, or through the instrument created via the Titulación Múltiple de Tierras, later called 'Titulación de Tierras Ubicadas en las Reservas Nacionales'. Then, the Ley Forestal No. 4465 of 1969 introduces the concept of State Forest Patrimony, entrusting the forest administration of forest reserves, national parks, state forest nurseries, protective zones, and biological reserves to the Dirección General Forestal. At that point, the Public Administration realized that within the so-called 'reservas nacionales', both regimes coexisted, so in 1972, representatives of the Ministerio de Agricultura y Ganadería (on which the Dirección General Forestal depended), the Instituto de Tierras y Colonización, and the Instituto Costarricense de Turismo signed an agreement that precisely defined the powers of the three bodies over the national reserves (Convenio MAG-ITCO-ICT, March 7, 1972, La Gaceta No. 89 of May 10, 1972). This occurred because the Ley de Tierras y Colonización, still in force, entrusts the administration of the national reserves for agricultural and livestock use to the Instituto de Tierras y Colonización, the body responsible for land division and colonization. In turn, the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 of 1995 incorporates the concept of protected wild areas, stating that they form part of the natural patrimony of the State and establishing their irreducibility (lifetime tenure, irreductibilidad) (Articles 32 to 38). Subsequently, the current Ley Forestal No. 7575 of 1996 incorporates, in its Second Title, single chapter, the concept of Patrimonio Natural del Estado, even clarifying what it comprises from the national reserves: 'The patrimony natural of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, areas declared inalienable, properties registered in its name, and those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except real properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its patrimony. The Ministerio del Ambiente y Energía shall administer the patrimony.' The foregoing excludes from the patrimony natural of the State, for not being forest land, lands of agricultural and livestock suitability, which continue to be part of the national reserves and susceptible to adverse possession by private individuals. Finally, the same Ley Forestal of 1996 modified Article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias to authorize adverse possession, and thus registration via Información Posesoria (and the repealed procedure for titling in national reserves), of lands belonging to national reserves with forestry potential and, even, lands in private possession that fell within a category of protected wild area (Patrimonio Natural del Estado), provided that decennial possession prior to the creation date of the respective area is demonstrated, and the agrarian possessory acts consisted of activities aimed at forest or ecological protection. With all the foregoing, it is clear, therefore, that the administrative procedure created in the Ley de Titulación Múltiple de Tierras (subsequently, the Ley de Titulación en las Reservas Nacionales) came to facilitate the titling procedures for agrarian possessors who had completed a short adverse possession period (first three and then five years), so they could obtain a title of ownership and have possibilities of access to land, agricultural credit, and decent housing. The foregoing is without prejudice to third parties with better right, understood as those private individuals who could have filed a better possessory right action within the areas considered as reservas nacionales, for which they had only three years to claim it; otherwise, the title would become fully consolidated, since the negative prescriptive period was reduced by the legislator. However, a different situation occurs with private property affected by those multiple land titling processes. It was logical that, when creating a Program of Titulación Múltiple, the property constituted and registered in the name of the Instituto de Tierras y Colonización, later the Instituto de Desarrollo Agrario, overlapped with properties registered in the name of private individuals (since the requirement was that in the delimited geographical zone, at least 20% of the lands were without a registered title in the public registry). This consequently meant that the title granted by ITCO was over lands of the national reserves, not over lands previously registered as private property of individuals. This makes it clear that if a titling was authorized and that title fell, totally or partially, on a previously registered private property, the registered owner would have the right to reivindicate, as established by the same rule, but not within the three-year period applicable to third parties with better right, but within the ten-year period." (END OF QUOTATION).

            IV.- In this particular case, the requirement demanded by the Ley de Informaciones Posesorias, in its Articles 1, 6, and 7, has been proven. Indeed, the title applicant provided final cadastral map No. P-1627960-2012, which describes mountainous land, meaning it has been dedicated to sustainable activities (folio 373). It is not within any protected area (see image 421), and from the judicial inspection, it is determined that it is dedicated to well-cared-for and protected primary forest, with no springs (nacientes) or constructions (folio 124). Thus, it is determined that the petitioner and her transferor have dedicated the property to conservation and protection of the forest and determination of boundaries, which aligns with the soil study indicating the property is dedicated to primary forest (certification of the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria visible at image 144). This means that, far from affecting the resource, a sustainable agroforestry activity has taken place, leading to the conclusion that sustainable possession has been exercised, which can also be verified in the cited judicial inspection record, where it indicates there is properly cared-for forest. Regarding the issue of possession, in this case the testimony of [Nombre5], [Nombre3], and [Nombre8] was received (folios 122 to 123), from whose statements it is clear that the petitioner demonstrated, adding the possession of her prior transferors, having possessed said property for more than ten years, with all the attributes of ownership and also clearly protected the existing forest resource on the property. Therefore, the appellant is incorrect in her grievances, and the appealed judgment must be upheld.

POR TANTO:

            The concomitant nullity is rejected. The appealed judgment is upheld as to that which was the object of appeal.