Res. 01646-2018 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José — Statute of limitations for land-use change offense under Forestry LawPrescripción en delito de cambio de uso del suelo según Ley Forestal

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José

Resolución Nº 01646 - 2018

Fecha de la Resolución: 20 de Noviembre del 2018 a las 08:35

Expediente: 07-201594-0485-PE

Redactado por: Laura Gabriela Murillo Mora

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL





Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Penal

Tema: Prescripción de la acción penal

Subtemas:

Análisis sobre los delitos permanentes, continuos, instantáneos y de estado.

Tema: Delito instantáneo

Subtemas:

Análisis con relación a la prescripción y los delitos permanentes, continuos y de estado.

Tema: Delito permanente

Subtemas:

Análisis con relación a la prescripción y los delitos instantáneos, continuos y de estado.

Tema: Delito de estado

Subtemas:

Análisis con relación a la prescripción y los delitos instantáneos, continuos y permanentes.

Tema: Tala ilegal de árboles

Subtemas:

Análisis con relación a la prescripción y los delitos permanentes, continuos y de estado.

Tema: Cambio no autorizado del uso de la tierra

Subtemas:

Análisis sobre la prescripción y los delitos permanentes, continuos, instantáneos y de estado.

"III.- El recurso de apelación debe ser declarado sin lugar. La sentencia contiene una correcta valoración de prueba y fundamentación. Las razones que da el a quo para el dictado de la sentencia absolutoria son las siguientes: (i) que las acusaciones (tanto la del Ministerio Público como la de la Procuraduría General de la República) presentan dos diferentes lugares donde ocurren los hechos: la fiscalía indicó que ocurrieron en el sector denominado El Aguacate, [Dirección1]  Bosque, cantón de Guácimo y la Procuraduría indicó que se dieron en el [Dirección2]  Rita, cantón de Pococí, a muchos kilómetros de distancia uno del otro. (ii) que el informe que rola a folio 1 no es claro al establecer el nombre de la persona (física o jurídica) que fuera el propietario del inmueble en esos momentos; (iii) que [Nombre1]   y [Nombre2]   manifestaron haber sido testigos de una tala rasa en el sitio del suceso, propia de un proceso de cambio de suelo, sin embargo nunca se tuvo certeza sobre quiénes eran o son actualmente los dueños de la propiedad donde se dio el hecho. (iv) Que en el informe registral de la propiedad inscrita en la provincia de Limón, al sistema de folio real matrícula [Placa1] se dice que la finca estaba en el cantón de Pococí, [Dirección2]  Rita, es decir, se trata de una propiedad diferente a aquella que fue visitada el 28 de junio por parte de los funcionarios de S.I.N.A.C. Agrega que "[...] lo relevante de esta confusión de propiedades estriba en que la Querella y la Acción Civil, se dirigen al hecho acaecido en la finca de la Rita y no a los acontecimientos que se dan en el Bosque de Guácimo y; que según la Querella y la Acción Civil Resarcitoria, es en el lugar, en La Rita, donde se dan las acciones delincuenciales que se achacan a los tres imputados de esta causa" (cfr. folio 439). Así, reitera que todo el contradictorio giró en torno a la finca ubicada en Guácimo y no en la de La Rita de Pococí y la circunscripción territorial de los eventos es totalmente distinta a la que queda por acreditada para el tribunal. (v) Que existe una duda razonable sobre la participación de los imputados en los delitos de cambio de uso de suelo e invasión de una zona de protección de una quebrada que se acusó, e incluso fueron encontrados en el sitio en flagrante delito de aprovechamiento ilegal de la madera (delito que se encuentra prescrito), pero no puede asegurarse que ellos realizaran de forma reiterada y constante el cambio de uso del suelo, pues no se puede comprobar que los tres hombres detenidos el 28 de junio de 2007 fueron los mismos que por semanas antes cortaron los árboles del bosque secundario e intervinieron el sotobosque e invadieron la zona protegida de la quebrada de nombre "Caño Manuel [Nombre3]". Hasta aquí las razones del tribunal. Los reclamos del impugnante se circunscriben a dos puntos principales: (a) la errónea valoración de la prueba testimonial, específicamente el del testigo [Nombre1]  , y (b) la conclusión del tribunal de que no se podía afirmar que la acción de los imputados haya sido por varios días no elimina la responsabilidad en el delito acusado. Sin embargo, al margen de los reclamos que integran la impugnación, es de especial relevancia anotar que, aunque no sea un tema que el recurrente mencione, la prescripción es un aspecto que el a quo analizó y que esta cámara de apelación, como parte de un examen integral de la sentencia, no puede soslayar. En cuanto a este punto, el a quo se refirió a que el delito de aprovechamiento ilegal de recursos forestales se encontraba prescrito: "[...] Claro está que hay un delito de aprovechamiento ilegal de recursos forestales que los mismos imputados reconocieron haber cometido, sin embargo, desde el punto de vista penal, ese delito está prescrito. Dicha delincuencia se sanciona con una pena máxima de tres años según el artículo 61 de la Ley Forestal. Estos tres años deben considerarse como tiempo de prescripción de la acción penal según el artículo 31 del Código Procesal Penal. Sin embargo, las indagatorias de los encartados [Nombre4]   (22 de febrero de 2008, de folio 30 a folio 32), [Nombre5]   (22 de febrero de 2008, de folio 33 a folio 35) y; [Nombre6]   (4 de marzo de 2008, de folio 37 a folio 39), provocaron que el plazo de tres años para que se diera la prescripción de la acción penal, se redujera a dieciocho meses, al tenor del artículo 33 del Código de rito, por lo que la causa prescribiría para cada imputado en fechas 22 de Agosto del año 2009, encartados [Nombre7]  y [Nombre8]  y, 4 de setiembre para [Nombre9] . Por lo anterior y siendo que el siguiente acto procesal que interrumpió el cómputo de la prescripción fue el 22 de febrero del año 2013 con el auto que señaló la convocatoria a la audiencia preliminar, es claro que ya para ese momento la acción penal se encontraba prescrita y por ello al tenor del artículo 30 del Código Procesal Penal, se extinguió la acción penal. Ello implica la necesaria absolutoria para los imputados por el delito de aprovechamiento de recursos forestales en terrenos privados, además del delito de Tala de árboles que sufría la misma consideración y; atendiendo a la violación del principio de congruencia, según se argumentó líneas antes, igualmente se debe declarar sin lugar la acción civil resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República en contra de [Nombre4]  , [Nombre5]   y [Nombre6]  " (cfr. folio 443 vuelto y 444). Ahora bien, la razón por la que la Fiscalía intenta hacer valer su tesis de que se está en la presencia de un delito de cambio de uso de suelo, previsto y sancionado por el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal, es porque erradamente considera que a este delito no lo habría alcanzado la prescripción, tesis que no es correcta por lo que a continuación se expondrá. El artículo referido, dispone: "Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: a) Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el permiso de la Administración Forestal del Estado, o a quien, aunque cuente con el permiso, no se ajuste a lo autorizado. b) Adquiera o procese productos forestales sin cumplir con los requisitos establecidos en esta ley. c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 19 de esta ley. En los casos anteriores, los productos serán decomisados y puestos a la orden de la autoridad judicial competente. d) Sustraiga productos forestales de una propiedad privada o del Estado o transporte productos forestales obtenidos en la misma forma". En otras palabras: el delito de cambio de uso de suelo tiene una pena igual a la del delito de aprovechamiento de productos forestales. Posiblemente el error en el que incurre la fiscalía se presentó desde hace mucho tiempo y se ha venido arrastrando a lo largo de los años durante los que esta causa se ha venido tramitando, o sea, desde el año 2007. Ya para el año 2010 el Ministerio Público había solicitado el sobreseimiento por prescripción (ver folio 160) pero tal solicitud fue rechazada por el juez penal con el siguiente argumento: "[...] se está ante un delito de efectos permanentes en los términos del Código Procesal Penal, donde no corre plazo prescriptivo, hasta que cesen los efectos del delito, aspecto que no ha sido aclarado o establecido por el Ministerio Público para conocer si tales efectos cesaron o no; así lo ha reconocido abundante jurisprudencia de nuestros Tribunales Penales, en especial el Tribunal de Casación Penal de San José, así en la sentencia N°549-2007 de las 8:55 horas del 25/05/2007 [...]" (cfr. folio 161). No obstante, el Fiscal [Nombre10]    mantuvo el criterio en escrito de fecha 24 de enero de 2011, indicando que el "[...] estado consumativo no se extiende en el tiempo, pues con solo la acción de ejecución se consumo (sic), sin embargo si fuese la tesitura de que el cambio de uso de suelo es un delito de efectos permanentes, lo cual no es correcto, pero sin embargo calificar con este tipo penal la conducta descrita en el expediente de marras, seria (sic) actuar o resolver sobre presunciones y no hechos [...]" (cfr. folio 170). Posteriormente, el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Agrario Ambiental recomienda que los autos regresen al Ministerio Público a fin de que se incorpore a la investigación una inspección ocular y advierte que, si con posterioridad a dicha inspección "[...] no se logra encontrar una plantación, una obra civil o cualquier desarrollo que impida la regeneración natural del ecosistema bosque, el Fiscal podría solicitar el sobreseimiento por el delito de Cambio de Uso de Suelo, tipo penal que tal y como lo manifiesta el señor Juez Penal, es de efectos permanentes, pues la eventual colocación de tales obras afectan el bien jurídico tutelado día con día y será hasta el momento en que éstas se retiren y se libere el sitio que la prescripción de la acción penal comience a correr" (cfr. folio 177). Nótese que la acusación del Ministerio Público no se refiere a ninguna colocación de obras o una nueva plantación o desarrollo que imposibilite la regeneración del ecosistema, únicamente refiere que entre los meses de enero a junio de 2007, "[...] para realizar el cambio de uso de suelo indicado, los encartado procedieron a talar varios árboles de diversas especies comerciales [...] asimismo, se eliminó el bosque secundario y se afectó una naciente que existe en el lugar, causando un daño ambiental [...]" (cfr. folio 192). La confusión que existe entonces, es considerar que este delito necesariamente es permanente, comparándolo incluso con el delito de usurpación (nótese que incluso el juez penal al rechazar la solicitud de prescripción citó una sentencia del entonces Tribunal de Casación de San José que se refería al delito de usurpación, específicamente la 549-2007). El tema relacionado con delitos instantáneos o permanentes, ha sido analizado desde vieja data, criticando incluso la referencia que hace el Código Procesal Penal en su artículo 33 a "delitos de efectos permanentes". En este sentido, este tribunal de apelación, con diferente integración, ha avalado la tesis del antiguo Tribunal de Casación en cuanto a este tema, advirtió: "En el voto del antiguo Tribunal de Casación Penal de San José, número 436-2000 emitido por los jueces [Nombre11] ,  y [Nombre12] y que aquí se comparte (con voto salvado del último, aunque en otros aspectos), se indicó en torno a los delitos de efectos permanentes (que, inclusive, anteriormente se equiparaban, erróneamente, en la citada norma, con los continuados, lo que recientemente ha sido modificado): " El Tribunal de Casación en el voto 327-2000 se pronunció con respecto al delito de lesiones y a la norma que indica que en los delitos de efectos permanentes la prescripción empieza a correr a partir del momento en que cesa la permanencia (Art. 32 del Código Procesal Penal). En dicho voto se negó, en forma acertada, que los delitos de lesiones pudieran estimarse como delitos de efectos permanentes para los efectos de la prescripción (...) La regulación que se hizo de la prescripción en el Código Procesal Penal es deficiente, lo que ha llevado a graves problemas interpretativos. En doctrina se habla de delitos continuos o permanentes, mientras que el Código utilizó el concepto de delitos continuados o de efectos permanentes, usando ambos conceptos de manera contraria a la técnica jurídica. Nótese que el Código Penal en su Art. 77 previó los delitos continuados, siguiendo al respecto no un criterio de una “unidad de delito”, sino de un “concurso de delitos”, siendo en realidad una clase particular de concurso material con una penalidad más beneficiosa. El Código Procesal Penal al hacer referencia al delito continuado en la regulación de la prescripción pareciera seguir un concepto de “unidad de delito”, lo que es incorrecto. Más bien en apariencia se quiso hacer referencia a los delitos continuos o permanentes. En este sentido indicaba el Código Penal de 1970 que “La prescripción de la acción penal comienza a correr (...) para los delitos permanentes, desde el día en que cesó su continuación o permanencia (...)”. La regulación en el proyecto de Código Procesal Penal, publicado por la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 1995, coincidía con la del Código Penal (Art. 38 párrafo 1), resultando que inexplicablemente luego se le cambió de redacción al artículo, haciéndose referencia de una manera poco técnica a los delitos “continuados o de efectos permanentes” y manteniéndose la mención a que la prescripción empieza a correr a partir del momento en que cesa la continuación o permanencia. La doctrina hace referencia por un lado a los delitos continuos o permanentes o por otro lado a los delitos instantáneos y como una categoría de éstos menciona los delitos instantáneos de efectos permanentes. El proyecto de Código Procesal Penal en su versión publicada en diciembre de 1995 hacía mención, al igual que el Código Penal de 1970, a los delitos permanentes, mientras que sin ninguna razón en el texto aprobado del Código se hizo referencia a los delitos de efectos permanentes, aparentemente con la intención de comprender los delitos de usurpación, los que habían suscitado discusión en cuanto a la prescripción en la jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal. La interpretación del concepto de delitos de efectos permanentes, utilizada en el Código Procesal Penal, debe tener relación con el instituto mismo de la prescripción. Por ello mismo no podría estimarse que delitos como el homicidio, las lesiones, el hurto y robo no iniciarán el conteo de la prescripción sino hasta que cese la permanencia, ya que ello implicaría que dicha prescripción nunca empezaría a correr en el homicidio consumado, ni en las lesiones gravísimas (“incapacidad permanente”, “ pérdida”) y en principio tampoco en las lesiones graves consumadas (“debilitación persistente”). Lo mismo cabría afirmar con respecto a los delitos de hurto o robo en que no se haya recuperado el objeto sustraído. En ese sentido cabría decir en relación con las lesiones culposas vinculadas con las lesiones gravísimas o graves en cuanto a la magnitud de la lesión, tal y como ocurre en el presente asunto en que se produjo una pérdida de la capacidad general orgánica del 2%. Es claro que ese no es el sentido del Código, ya que con ello se convertiría en imprescriptibles dichos delitos, en contra de los plazos de prescripción que se contemplan. A ello se agrega que la doctrina ha negado que pueda catalogarse a los delitos de lesiones (y a los de homicidio) en la equívoca categoría de los delitos de efectos permanentes, puesto que la característica de éstos es la subsistencia del daño como un efecto injusto, lo que no se presenta en las lesiones (Cf. [Nombre13] . Iver. Derecho Penal Chileno. Tomo I. Santiago de Chile, 1975, pp. 318-319)." Lo mismo cabe decir respecto al delito de receptación de cosas de procedencia sospechosa, el cual se consuma con la recepción del bien, siendo el resto una mera consecuencia de dicho acto y no, como sucede en los delitos continuos (que no es lo mismo que continuados, que tampoco se da en la especie), en donde el sujeto activo sigue desplegando los actos ejecutivos cada día (como en el secuestro). La pretensión fiscal de que se considere este como un delito de efectos permanentes solo revela un afán persecutorio desmedido porque, inclusive, la posesión actual de la cosa puede ser ilícita y sancionada y ello dio pie a que se aceptara efectuar el proceso por el hecho segundo de la acusación. Por ello, dado que de aplicar el criterio fiscal todos los delitos tendrían "efectos permanentes" y serían imprescriptibles, en detrimento de las más elementales normas de interpretación penal (artículo 1 del Código penal), procede rechazar el recurso fiscal" (Sentencia número [Telf1] de las 15:42 horas del 26 de junio de 2013). En este caso, nótese que el mismo Fiscal Adjunto, licenciado [Nombre14] hace la salvedad y condiciona la naturaleza del delito, a que si no se "logra encontrar una plantación, una obra civil o cualquier desarrollo que impida la regeneración natural del ecosistema bosque, el Fiscal podría solicitar el sobreseimiento por el delito de Cambio de Uso de Suelo", pues ese delito (afirma) es de "efectos permanentes", únicamente si "la eventual colocación de tales obras afectan el bien jurídico tutelado día con día y será hasta el momento en que éstas se retiren y se libere el sitio que la prescripción de la acción penal comience a correr". En este caso, toda la acusación giró en torno a la tala de árboles demostrada un día en particular, lo que revela que no se mantuvo una situación antijurídica por voluntad de los agentes, o sea, el delito se consumó al momento de la tala de árboles, de allí que, para los efectos de aplicación de las normas que rigen la prescripción, este delito también se encontraba prescrito. Siguiendo la misma línea argumentativa, en un caso similar al actual, cuya cita -aunque extensa- conviene transcribir, se analizó el tipo penal en cuestión, llegándose a la misma conclusión: "[...] conforme lo dispone claramente la doctrina, los delitos instantáneos de efectos permanentes, se consuman en el momento del agotamiento de la acción típica, con independencia de que los efectos de ese delito se extendieran en el tiempo. Al interpretar como se ha expuesto el numeral 32 del Código Procesal Penal se le brinda coherencia, salvando las imprecisiones cometidas por el legislador en una interpretación armónica y sistemática del ordenamiento jurídico procesal, además de que se pone en concordancia el objeto de regulación con la posición doctrinal dominante en este aspecto. En orden a lo dicho es necesario tener en consideración el tipo penal que aquí nos ocupa, concretamente en lo que se refiere al cambio de uso de suelo, con el objetivo de establecer la naturaleza del verbo típico y discriminar la clasificación del mismo dentro de esas categorías conceptuales. Es así como nuestra atención debe fijarse en los numerales 19 y 61 inciso c) de la Ley Forestal, el primero de dichos artículos dispone: "En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales" (la negrita es suplida). Por su parte el tipo penal en específico dispone: "Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: ... c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 19 de esta ley" (la negrita no pertenece al original). Como puede verse la actividad de cambiar el uso del suelo es una actividad puntual y circunscrita a un momento determinado, fácilmente puede entenderse que una vez que cambia la naturaleza de un área que era bosque y el mismo se convierte en repasto, cultivo o cualquier otra actividad similar, la acción típica de cambiar la naturaleza del uso del terreno no se reitera con el hecho de que se prolongue la actividad para la que se efectuó o fue necesario el cambio del uso del suelo. Gramaticalmente la diferenciación que debe hacerse es entre el verbo "cambiar" y el verbo, "usar" en tanto el primero se ejecuta una sola vez y ya la naturaleza de la cosa se transmutó (el suelo deja de ser bosque), el segundo verbo implica una actividad que efectivamente puede prolongarse en el tiempo (la nueva naturaleza del suelo puede ser usada en forma indefinida), por ello, esta diferencia conceptual permite ubicar al delito que aquí nos ocupa como un delito de estado o instantáneo de efectos permanentes, es decir, un delito que aunque produce una situación antijurídica se consuma en un solo momento, cuando se produce el cambio de la naturaleza del suelo. En vista de lo dicho consideramos correcta la argumentación ofrecida por el Tribunal de Juicio al sustentar la prescripción diciendo: "En el presente caso, se le ha acusado al aquí endilgado [Nombre15]., por el Ministerio Público como por medio de querella presentada por la Procuraduría General de la República, la infracción a la Ley forestal con base en el artículo 58 y 61, cuyas penas se encuentran de los tres meses a tres años el primero y de un mes a tres años el segundo. Con base en lo anterior y si tomamos en cuenta el artículo 31 del Código Procesal Penal que indica los plazos de prescripción de la acción penal y la penalidad establecida para los ilícitos investigados prescriben después de transcurrido tres años, y en concordancia con el numeral 33 del mismo cuerpo legal, donde se dispone las causas de interrupción de los plazos de la prescripción de la Acción Penal, dicho plazo, de tres años, se reduce a la mitad, sea en año y medio o dieciocho meses. Ahora bien, tenemos que la primera imputación formal de los hechos al acusado [Nombre15]. se da con la indagatoria, la cual consta a folios 62 y 63 y fue recibida el día veinte de octubre del dos mil ocho, si tomamos en cuenta el inciso 1) del artículo 33, la primera imputación formal de los hechos acusados, es la primera causa de interrupción de la prescripción de la acción Penal, por lo que, se debe tomar año y medio o dieciocho meses a partir de la fecha de la indagatoria, hasta la segunda causa de interrupción, que sería la resolución cuando se convoca por primera vez a la audiencia preliminar, que en caso concreto lo fue el día diecinueve de julio de dos mil diez, según consta a folio 195. De la fecha de la indagatoria veinte de octubre de dos mil ocho le sumamos los dieciocho meses para que prescriba la causa, ese evento se suscita el veinte de abril de dos mil diez y si el señalamiento de la audiencia preliminar lo fue el diecinueve de julio de dos mil diez, ya para esa fecha el plazo fatídico de la prescripción sobradamente ha trascurrido. Aunado a lo anterior, debemos de citar que la acusación del Ministerio Público es de fecha veintiséis de agosto de dos mil nueve (folios 143 a 182) y la sumaria fue pasada hasta el siete de mayo de dos mil nueve, (ver folio 194 vuelto) de lo que se colige que ya cuando la sumaria es recibida por el Juzgado Penal la causa estaba prescrita. Se alegó que existe una ampliación de la declaración indagatoria del imputado en fecha siete de setiembre de dos mil nueve a folio 104 y es a partir de esa fecha que se interrumpe nuevamente la prescripción de la acción penal, pero ello no es así, primero porque la ley no indica que cada vez que se indague al imputado es una causa de interrupción de la prescripción y por otro lado, si vemos dicho folio lo titulan como ampliación de la indagatoria, pero en realidad no es una ampliación toda vez que no se le están imputando al señor [Nombre15]. hechos diferentes a los que ya se le habían atribuido e investigado, más bien el encartado [Nombre15]. se presenta voluntariamente a la Fiscalía a realizar una manifestación o declaración que no había realizado, por lo que no se puede tener como una ampliación de la indagatoria ni mucho menos como causa de interrupción de la acción penal. Argumentó el representante del Estado que la causa no estaba prescrita por encontrarnos ante un delito permanente, argumento que esta Cámara no comparte toda vez que para poder determinar si nos encontramos ante un delito instantáneo o permanente, hay que analizar no solo la acción realizado (sic) por el infractor sino que también el momento de consumación del ilícito. En cuanto al delito instantáneo, éste se consuma en el instante en que se produce el resultado, sin que crea una situación antijurídica a través del tiempo. Con relación se consuma (sic) en el instante en que se produce el resultado, sin que éste determine la creación de una situación antijurídica duradera. El delito permanente supone el mantenimiento de una situación antijurídica de cierta duración por la voluntad del autor y dicho mantenimiento sigue realizando el tipo, por lo que el delito se sigue consumando hasta que se abandona la situación antijurídica, lo que significa que mientras se esté realizando la acción ilícita del encartado se está infringiendo la norma. En el caso que nos ocupa, al encartado [Nombre15]. se le atribuyó que realizó una tala raza en un área de bosque causando un daño patrimonial y social, además que en dicha área que ordeno deforestar posteriormente quemó el suelo y realizó una siembra de tiquizque, consumando así un cambio ilegal de uso de suelo. Esas acciones atribuidas al encartado se consumaron en el momento en que realizó la supuesta acción. Véase que el delito de deforestación o tala ilegal se consume en el momento en que el agente activo corta u ordena cortar los árboles sin el permiso respectivo o en zona de protección, la cual se realiza en una sola acción, por lo que dicha acción no la realiza o se mantiene realizando por un lapso de tiempo, sino que la tala de árboles se ejecuta en un solo momento, por lo el delito de tala ilegal, y en zona de protección es un delito instantáneo que se consuma en el instante en que se produce el resultado, lo mismo sucede con el cambio de uso de suelo, que se consuma en el momento en que el agente activo realiza la acción que produce ese cambio en el suelo, que en caso concreto se consume en el momento en que se modifica un estado de bosque del suelo y lo utilizan para la agricultura. Tampoco el hecho que el perjuicio a la naturaleza lo sea en forma prolongada hace que estemos ante un delito permanente, para ello podemos indicar la jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal cuando resolvió: “La naturaleza de permanente de un delito no se la da la prolongación del perjuicio (…) pues todo delito puede afectar bienes jurídicos, y por ende, producir un perjuicio que se puede prolongar en el tiempo, como el homicidio donde el perjuicio ocasionado con la muerte será prolongado, así mismo las lesiones, que hasta pueden dejar incapacidades permanentes, y sin embargo ambos son delitos de acción instantánea. Por lo que si el criterio distintivo de los delitos permanentes fuera (…) el perjuicio prolongado, tendríamos que los típicos delitos instantáneos serían permanentes”. Tribunal de Casación Penal, voto Nº 812-2002. Con base a ello, las infracciones a la ley forestal atribuidas al endilgado [Nombre15]. no sería un delito permanente, puesto que si bien el perjuicio a los recursos naturales se prolongan a través del tiempo, no es un elemento o característica fundamental para determinar si el delito es permanente o instantáneo, sino que como se indicó es la acción del autor, la permanencia de él y el momento de consumación. Por todo lo expuesto, al haber transcurrido el plazo fatídico de la prescripción, declarándose extinguida la acción penal y en consecuencia, al haberse dejado la excepción de prescripción para el análisis de fondo de la sentencia, para la íntima relación en que se encontraban los hechos atribuidos a don [Nombre15]. con los endilgados al encartado [Nombre16]., en este momento procesal lo que corresponde es ABSOLVER de toda pena y responsabilidad al imputado [Nombre15]. por TRES DELITOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES, al haber prescrito la acción penal". (Confrontar sentencia de folio 259 vuelto a 260 vuelto). Tal y como puede verse, la línea argumentativa del tribunal de juicio discurre por criterios similares a los expuesto anteriormente y conllevan a concluir que, sin lugar a ninguna duda, el delito de cambio de uso del suelo se encontraba prescrito, por lo que en efecto es correcta la decisión tomada en este caso. Ante dicha situación lo procedente es declarar sin lugar el motivo de casación interpuesto por la representación del Ministerio Público. Independientemente de la clasificación que se otorga por la doctrina, lo cierto es que la acusación describió hechos en un ámbito temporal muy bien definido, sin que se pueda extraer de ellos una acción continúo del orden delictivo por parte del imputado.” (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del III Circuito Judicial de Alajuela, sentencia número 00438-2012 de las 11:30 horas del 1 de junio de 2012). Es claro entonces, que no resulta necesario referirse a los reclamos que, por el fondo, realiza el recurrente, cuando es evidente que, en todo caso, la acción penal se encontraba prescrita desde el año 2009 para todos los encartados: el 22 de agosto para [Nombre7]  y [Nombre8] , y el 4 de setiembre para [Nombre9] . Así las cosas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso."

... Ver más
Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Texto de la resolución

Resolución: [Telf1]

Expediente: 07-201594-0485-PE(15)

 

 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las ocho horas treinta y cinco minutos, del veinte de noviembre de dos mil dieciocho.-

 RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1]  , , costarricense, CED1    , nacido en Limón, el 21 de abril de 1981, hijo de [Nombre2]   y [Nombre3]  , soltero, de oficio peón agrícola, vecino de Limón, Guácimo, Guayacán; [Nombre4]  , mayor, costarricense, CED2    , nacido en San José, el 12 de diciembre de 1954, hijo de [Nombre5]   y [Nombre6]  , casado, de oficio agricultor, vecino de Limón, Guácimo, [Dirección1]   y [Nombre7]   , mayor, costarricense, cédula de identidad número CED3, nacido en Limón, el 20 de agosto de 1971, hijo de [Nombre8]   y [Nombre9]  , soltero, de oficio peón de construcción, vecino de Limón, Guácimo, Guayacán; por el delito de TALA ILEGAL DE ÁRBOLES y OTROS, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso las juezas Laura Gabriela Murillo Mora, Ana Isabel Solís Zamora y el juez Alfredo Araya Vega. Se apersonaron en esta sede el licenciado [Nombre10]  , en representación del Ministerio Público, Fiscalía de Pococí y el licenciado [Nombre11]  , en calidad de defensor público del co-imputado [Nombre12] .

RESULTANDO:

 I.- Que mediante sentencia número 31-2018, de las siete horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de enero de dos mil dieciocho, el Tribunal Penal del Segundo Circuito de la Zona Atlántica, Guápiles, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 9, 30 a 33, 265, 267, 360, 361, 363, 364, 365 y 366 del Código Procesal Penal, artículos 58 y 61 de la Ley Forestal, se ABSUELVE de toda pena y responsabilidad a [Nombre13]  ,    y [Nombre14]   por los delitos de Tala ilegal de árboles, Aprovechamiento de recursos forestales, Cambio de uso de Suelo e Invasión de una zona protegida que en daño de LOS RECURSOS NATURALES , le venía atribuyendo el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Se ordena el levantamiento de cualquier medida cautelar que pese sobre los imputados en virtud de esta causa. Se declara sin lugar la Acción Civil Resarcitoria incoadas por La Procuraduría General de la República en contra de [Nombre15]  , [Nombre4]   y [Nombre14]   Se falla sin especial condenatoria en costas tanto en lo penal como en lo civil. Se ordena el comiso a favor del Estado de las motosierras secuestradas.Notifíquese mediante lectura." (sic).

 II.- Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado [Nombre10]  , en representación del Ministerio Público, Fiscalía de Pococí, interpuso recurso de apelación.

 III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

 IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

 Redacta la jueza de Apelación de Sentencia Penal [Nombre16] ; y,

CONSIDERANDO:

 I.- Se procede a resolver el presente asunto, por las personas juzgadoras que firman al pie de esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior en la sesión 89-18 del 11 de octubre de 2018, artículo XLVII, que aprobó la conformación de secciones emergentes en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, conforme a las atribuciones que el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) le da ese Consejo para remediar la situación de los despachos que no se encuentren al día; y mediante el "Plan de descongestionamiento del Tribunal de Apelación Penal Segundo Circuito Judicial de San José", que se circunscribe dentro de un proyecto de interés institucional, que dirige la Presidencia de la Corte, con el patrocinio del Consejo Superior, para dar atención a los asuntos de más antigüedad de este despacho (lo que se determina objetivamente conforme a la fecha en que ingresaron al mismo), mediante la aplicación de los artículos 44 y 81 de la LOPJ, la Circular de Corte Plena 16-2015 y el inciso 10.1 del Plan de Vacaciones del Período [Telf2]. Se dispuso que este plan remedial se ha de desarrollar entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre de 2018, para procurar que se resuelvan los asuntos de más antigüedad –se reitera–, lo que se conforma al principio de justicia pronta y cumplida (artículos 41 de la Constitución Política y 4 del Código Procesal Penal). Es importante subrayar que este plan no afecta el principio de juez natural, porque: i) la ley dispone expresamente que "En razón del volumen de trabajo y la obligada eficiencia del servicio público de la justicia, la Corte podrá nombrar más integrantes de los tribunales, en forma temporal o definitiva" (articulo 46 de la LOPJ); ii) porque el mismo texto legal dispone además que en los tribunales colegiados, los integrantes de sus diferentes secciones pueden sustituirse recíprocamente por motivo justificado (como lo es, en este caso, brindar el servicio con mayor eficiencia y reducir la mora conforme a los lineamientos de un plan institucional, cfr. artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial); iii) porque no se trata de un tribunal o de jueces designados especialmente para un caso concreto, ad-hoc o ex post facto, sino del tribunal establecido con anterioridad, de acuerdo a la Constitución Política y leyes preexistentes, para conocer de estos asuntos, conforme a criterios objetivos, como lo son la antigüedad y la prioridad que corresponde dar a los asuntos en que hay personas detenidas o adultos mayores (cfr. artículos 35 de la Constitución Política; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 26 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 del Código Penal, 33, 46 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial); y iv) porque, en todo caso, las apelaciones en cuyo trámite se evacuó prueba oralmente o medió una audiencia oral (vista) en la que se hayan ampliado fundamentos, serán resueltas por los mismos jueces que la hayan recibido o celebrado la audiencia oral, conforme a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 464 del Código Procesal Penal.-

 II.- Como único motivo del recurso de apelación de sentencia, la fiscalía alega inconformidad con la valoración de la prueba por violación a las reglas de la sana crítica e incorrecta fundamentación. Básicamente, los reclamos tienen que ver con varios puntos que pueden dividirse así: (i) que no se valoró de manera correcta el testimonio de [Nombre17]   , pues se le restó credibilidad cuando quedó claro que se estaba en proceso de eliminación de la vegetación del área de bosque, tal y como se indicó en el informe, después del cuadro número 2, aunado al decomiso de motosierras, pero se concluyó que todo era una deducción de don [Nombre18]. (ii) Que para restarle credibilidad a don [Nombre18], se dijo que el señor [Nombre19]  nunca refirió haber visto árboles caer, pero lo que los llevó hasta los imputados fue el sonido de las motosierras, pero en el informe nunca se mencionó tal circunstancia, sin embargo se le dio credibilidad a don [Nombre20] aunque esa información no constara en el informe y, siguiendo la argumentación del tribunal, también se le debió dar credibilidad a don [Nombre18], pues cada testigo es verosímil y dijo lo que recordó. (iii)  El tribunal dijo que debía absolver por la pobre e incompleta investigación que se llevó en la causa, al no haber realizado un análisis sobre el período de contratación de los operarios, sin embargo tal afirmación no la fundamenta al atribuirle fuerza probatoria que no menciona a diligencias de investigación que no realizó la fiscalía, pero que en nada vendrían a eliminar la participación de los infractores, hayan sido contratados o trabajaren por cuenta propia. (iv) El artículo 19 de la Ley Forestal prohíbe el cambio de uso del suelo en áreas boscosas, delito que es permanente y no se agota en un solo momento, de manera que el juez comete un error "[...] al indicar que no se puede probar la participación de los imputados, por varios días en el cambio de suelo, pero no se requiere, que hayan participado dos días o más, sino que resultó evidente que su actuar como co autores, independientemente de si talaron todos los árboles que estaban caídos, no es relevante para achacarles la responsabilidad en ese momento de estar cometiendo el delito, y la acusación incluye, en período de tiempo el momento del hecho" (cfr. folio 447).

 III.- El recurso de apelación debe ser declarado sin lugar. La sentencia contiene una correcta valoración de prueba y fundamentación. Las razones que da el a quo para el dictado de la sentencia absolutoria son las siguientes: (i) que las acusaciones (tanto la del Ministerio Público como la de la Procuraduría General de la República) presentan dos diferentes lugares donde ocurren los hechos: la fiscalía indicó que ocurrieron en el sector denominado El Aguacate, [Dirección2]  Bosque, cantón de Guácimo y la Procuraduría indicó que se dieron en el [Dirección3]  , cantón de Pococí, a muchos kilómetros de distancia uno del otro. (ii) que el informe que rola a folio 1 no es claro al establecer el nombre de la persona (física o jurídica) que fuera el propietario del inmueble en esos momentos; (iii) que [Nombre21]   y [Nombre22]   manifestaron haber sido testigos de una tala rasa en el sitio del suceso, propia de un proceso de cambio de suelo, sin embargo nunca se tuvo certeza sobre quiénes eran o son actualmente los dueños de la propiedad donde se dio el hecho. (iv) Que en el informe registral de la propiedad inscrita en la provincia de Limón, al sistema de folio real matrícula [Placa1] se dice que la finca estaba en el cantón de Pococí, Distrito La Rita, es decir, se trata de una propiedad diferente a aquella que fue visitada el 28 de junio por parte de los funcionarios de S.I.N.A.C. Agrega que "[...] lo relevante de esta confusión de propiedades estriba en que la Querella y la Acción Civil, se dirigen al hecho acaecido en la finca de la Rita y no a los acontecimientos que se dan en el Bosque de Guácimo y; que según la Querella y la Acción Civil Resarcitoria, es en el lugar, en La Rita, donde se dan las acciones delincuenciales que se achacan a los tres imputados de esta causa" (cfr. folio 439). Así, reitera que todo el contradictorio giró en torno a la finca ubicada en Guácimo y no en la de La Rita de Pococí y la circunscripción territorial de los eventos es totalmente distinta a la que queda por acreditada para el tribunal. (v) Que existe una duda razonable sobre la participación de los imputados en los delitos de cambio de uso de suelo e invasión de una zona de protección de una quebrada que se acusó, e incluso fueron encontrados en el sitio en flagrante delito de aprovechamiento ilegal de la madera (delito que se encuentra prescrito), pero no puede asegurarse que ellos realizaran de forma reiterada y constante el cambio de uso del suelo, pues no se puede comprobar que los tres hombres detenidos el 28 de junio de 2007 fueron los mismos que por semanas antes cortaron los árboles del bosque secundario e intervinieron el sotobosque e invadieron la zona protegida de la quebrada de nombre "Caño Manuel [Dirección4]".  Hasta aquí las razones del tribunal.  Los reclamos del impugnante se circunscriben a dos puntos principales: (a) la errónea valoración de la prueba testimonial, específicamente el del testigo [Nombre21]  , y (b) la conclusión del tribunal de que no se podía afirmar que la acción de los imputados haya sido por varios días no elimina la responsabilidad en el delito acusado.   Sin embargo, al margen de los reclamos que integran la impugnación, es de especial relevancia anotar que, aunque no sea un tema que el recurrente mencione, la prescripción es un aspecto que el a quo analizó y que esta cámara de apelación, como parte de un examen integral de la sentencia, no puede soslayar. En cuanto a este punto, el a quo se refirió a que el delito de aprovechamiento ilegal de recursos forestales se encontraba prescrito: "[...] Claro está que hay un delito de aprovechamiento ilegal de recursos forestales que los mismos imputados reconocieron haber cometido, sin embargo, desde el punto de vista penal, ese delito está prescrito. Dicha delincuencia se sanciona con una pena máxima de tres años según el artículo 61 de la Ley Forestal. Estos tres años deben considerarse como tiempo de prescripción de la acción penal según el artículo 31 del Código Procesal Penal. Sin embargo, las indagatorias de los encartados [Nombre15]   (22 de febrero de 2008, de folio 30 a folio 32), [Nombre4]   (22 de febrero de 2008, de folio 33 a folio 35) y; [Nombre14]   (4 de marzo de 2008, de folio 37 a folio 39), provocaron que el plazo de tres años para que se diera la prescripción de la acción penal, se redujera a dieciocho meses, al tenor del artículo 33 del Código de rito, por lo que la causa prescribiría para cada imputado en fechas 22 de Agosto del año 2009, encartados [Nombre23]  y [Nombre24]  y, 4 de setiembre para [Nombre12] . Por lo anterior y siendo que el siguiente acto procesal que interrumpió el cómputo de la prescripción fue el 22 de febrero del año 2013 con el auto que señaló la convocatoria a la audiencia preliminar, es claro que ya para ese momento la acción penal se encontraba prescrita y por ello al tenor del artículo 30 del Código Procesal Penal, se extinguió la acción penal. Ello implica la necesaria absolutoria para los imputados por el delito de aprovechamiento de recursos forestales en terrenos privados, además del delito de Tala de árboles que sufría la misma consideración y; atendiendo a la violación del principio de congruencia, según se argumentó líneas antes, igualmente se debe declarar sin lugar la acción civil resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República en contra de [Nombre15]  , [Nombre4]   y [Nombre14]  " (cfr. folio 443 vuelto y 444).  Ahora bien, la razón por la que la Fiscalía intenta hacer valer su tesis de que se está en la presencia de un delito de cambio de uso de suelo, previsto y sancionado por el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal, es porque erradamente considera que a este delito no lo habría alcanzado la prescripción, tesis que no es correcta por lo que a continuación se expondrá.   El artículo referido, dispone:  "Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: a) Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el permiso de la Administración Forestal del Estado, o a quien, aunque cuente con el permiso, no se ajuste a lo autorizado. b) Adquiera o procese productos forestales sin cumplir con los requisitos establecidos en esta ley. c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 19 de esta ley. En los casos anteriores, los productos serán decomisados y puestos a la orden de la autoridad judicial competente. d) Sustraiga productos forestales de una propiedad privada o del Estado o transporte productos forestales obtenidos en la misma forma".  En otras palabras: el delito de cambio de uso de suelo tiene una pena igual a la del delito de aprovechamiento de productos forestales.  Posiblemente el error en el que incurre la fiscalía se presentó desde hace mucho tiempo y se ha venido arrastrando a lo largo de los años durante los que esta causa se ha venido tramitando, o sea, desde el año 2007. Ya para el año 2010 el Ministerio Público había solicitado el sobreseimiento por prescripción (ver folio 160) pero tal solicitud fue rechazada por el juez penal con el siguiente argumento:  "[...] se está ante un delito de efectos permanentes en los términos del Código Procesal Penal, donde no corre plazo prescriptivo, hasta que cesen los efectos del delito, aspecto que no ha sido aclarado o establecido por el Ministerio Público para conocer si tales efectos cesaron o no; así lo ha reconocido abundante jurisprudencia de nuestros Tribunales Penales, en especial el Tribunal de Casación Penal de San José, así en la sentencia N°549-2007 de las 8:55 horas del 25/05/2007 [...]" (cfr. folio 161). No obstante, el Fiscal [Nombre25]    mantuvo el criterio en escrito de fecha 24 de enero de 2011, indicando que el "[...] estado consumativo no se extiende en el tiempo, pues con solo la acción de ejecución se consumo (sic), sin embargo si fuese la tesitura de que el cambio de uso de suelo es un delito de efectos permanentes, lo cual no es correcto, pero sin embargo calificar con este tipo penal la conducta descrita en el expediente de marras, seria (sic) actuar o resolver sobre presunciones y no hechos [...]" (cfr. folio 170).  Posteriormente, el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Agrario Ambiental recomienda que los autos regresen al Ministerio Público a fin de que se incorpore a la investigación una inspección ocular y advierte que, si con posterioridad a dicha inspección "[...] no se logra encontrar una plantación, una obra civil o cualquier desarrollo que impida la regeneración natural del ecosistema bosque, el Fiscal podría solicitar el sobreseimiento por el delito de Cambio de Uso de Suelo, tipo penal que tal y como lo manifiesta el señor Juez Penal, es de efectos permanentes, pues la eventual colocación de tales obras afectan el bien jurídico tutelado día con día y será hasta el momento en que éstas se retiren y se libere el sitio que la prescripción de la acción penal comience a correr" (cfr. folio 177).  Nótese que la acusación del Ministerio Público no se refiere a ninguna colocación de obras o una nueva plantación o desarrollo que imposibilite la regeneración del ecosistema, únicamente refiere que entre los meses de enero a junio de 2007, "[...] para realizar el cambio de uso de suelo indicado, los encartado procedieron a talar varios árboles de diversas especies comerciales [...] asimismo, se eliminó el bosque secundario y se afectó una naciente que existe en el lugar, causando un daño ambiental [...]" (cfr. folio 192).  La confusión que existe entonces, es considerar que este delito necesariamente es permanente, comparándolo incluso con el delito de usurpación (nótese que incluso el juez penal al rechazar la solicitud de prescripción citó una sentencia del entonces Tribunal de Casación de San José que se refería al delito de usurpación, específicamente la 549-2007).  El tema relacionado con delitos instantáneos o permanentes, ha sido analizado desde vieja data, criticando incluso la referencia que hace el Código Procesal Penal en su artículo 33 a "delitos de efectos permanentes". En este sentido, este tribunal de apelación, con diferente integración, ha avalado la tesis del antiguo Tribunal de Casación en cuanto a este tema, advirtió:  "En el voto del antiguo Tribunal de Casación Penal de San José, número 436-2000 emitido por los jueces [Nombre26], [Nombre27] y [Nombre28] y que aquí se comparte (con voto salvado del último, aunque en otros aspectos), se indicó en torno a los delitos de efectos permanentes (que, inclusive, anteriormente se equiparaban, erróneamente, en la citada norma, con los continuados, lo que recientemente ha sido modificado): " El Tribunal de Casación en el voto 327-2000 se pronunció con respecto al delito de lesiones y a la norma que indica que en los delitos de efectos permanentes la prescripción empieza a correr a partir del momento en que cesa la permanencia (Art. 32 del Código Procesal Penal). En dicho voto se negó, en forma acertada, que los delitos de lesiones pudieran estimarse como delitos de efectos permanentes para los efectos de la prescripción  (...) La regulación que se hizo de la prescripción en el Código Procesal Penal es deficiente, lo que ha llevado a graves problemas interpretativos. En doctrina se habla de delitos continuos o permanentes, mientras que el Código utilizó el concepto de delitos continuados o de efectos permanentes, usando ambos conceptos de manera contraria a la técnica jurídica. Nótese que el Código Penal en su Art. 77 previó los delitos continuados, siguiendo al respecto no un criterio de una “unidad de delito”, sino de un “concurso de delitos”, siendo en realidad una clase particular de concurso material con una penalidad más beneficiosa. El Código Procesal Penal al hacer referencia al delito continuado en la regulación de la prescripción pareciera seguir un concepto de “unidad de delito”, lo que es incorrecto. Más bien en apariencia se quiso hacer referencia a los delitos continuos o permanentes. En este sentido indicaba el Código Penal de 1970 que “La prescripción de la acción penal comienza a correr (...) para los delitos permanentes, desde el día en que cesó su continuación o permanencia (...)”. La regulación en el proyecto de Código Procesal Penal, publicado por la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 1995, coincidía con la del Código Penal (Art. 38 párrafo 1), resultando que inexplicablemente luego se le cambió de redacción al artículo, haciéndose referencia de una manera poco técnica a los delitos “continuados o de efectos permanentes” y manteniéndose la mención a que la prescripción empieza a correr a partir del momento en que cesa la continuación o permanencia. La doctrina hace referencia por un lado a los delitos continuos o permanentes o por otro lado a los delitos instantáneos y como una categoría de éstos menciona los delitos instantáneos de efectos permanentes. El proyecto de Código Procesal Penal en su versión publicada en diciembre de 1995 hacía mención, al igual que el Código Penal de 1970, a los delitos permanentes, mientras que sin ninguna razón en el texto aprobado del Código se hizo referencia a los delitos de efectos permanentes, aparentemente con la intención de comprender los delitos de usurpación, los que habían suscitado discusión en cuanto a la prescripción en la jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal. La interpretación del concepto de delitos de efectos permanentes, utilizada en el Código Procesal Penal, debe tener relación con el instituto mismo de la prescripción. Por ello mismo no podría estimarse que delitos como el homicidio, las lesiones, el hurto y robo no iniciarán el conteo de la prescripción sino hasta que cese la permanencia, ya que ello implicaría que dicha prescripción nunca empezaría a correr en el homicidio consumado, ni en las lesiones gravísimas (“incapacidad permanente”, “ pérdida”) y en principio tampoco en las lesiones graves consumadas (“debilitación persistente”). Lo mismo cabría afirmar con respecto a los delitos de hurto o robo en que no se haya recuperado el objeto sustraído. En ese sentido cabría decir en relación con las lesiones culposas vinculadas con las lesiones gravísimas o graves en cuanto a la magnitud de la lesión, tal y como ocurre en el presente asunto en que se produjo una pérdida de la capacidad general orgánica del 2%. Es claro que ese no es el sentido del Código, ya que con ello se convertiría en imprescriptibles dichos delitos, en contra de los plazos de prescripción que se contemplan. A ello se agrega que la doctrina ha negado que pueda catalogarse a los delitos de lesiones (y a los de homicidio) en la equívoca categoría de los delitos de efectos permanentes, puesto que la característica de éstos es la subsistencia del daño como un efecto injusto, lo que no se presenta en las lesiones (Cf. [Nombre29] . Iver. Derecho Penal Chileno. Tomo I. Santiago de Chile, 1975, pp. 318-319)." Lo mismo cabe decir respecto al delito de receptación de cosas de procedencia sospechosa, el cual se consuma con la recepción del bien, siendo el resto una mera consecuencia de dicho acto y no, como sucede en los delitos continuos (que no es lo mismo que continuados, que tampoco se da en la especie), en donde el sujeto activo sigue desplegando los actos ejecutivos cada día (como en el secuestro). La pretensión fiscal de que se considere este como un delito de efectos permanentes solo revela un afán persecutorio desmedido porque, inclusive, la posesión actual de la cosa puede ser ilícita y sancionada y ello dio pie a que se aceptara efectuar el proceso por el hecho segundo de la acusación. Por ello, dado que de aplicar el criterio fiscal todos los delitos tendrían "efectos permanentes" y serían imprescriptibles, en detrimento de las más elementales normas de interpretación penal (artículo 1 del Código penal), procede rechazar el recurso fiscal" (Sentencia número [Telf3] de las 15:42 horas del 26 de junio de 2013).  En este caso, nótese que el mismo Fiscal Adjunto, licenciado [Nombre30] hace la salvedad y condiciona la naturaleza del delito, a que si no se "logra encontrar una plantación, una obra civil o cualquier desarrollo que impida la regeneración natural del ecosistema bosque, el Fiscal podría solicitar el sobreseimiento por el delito de Cambio de Uso de Suelo", pues ese delito (afirma) es de "efectos permanentes", únicamente si "la eventual colocación de tales obras afectan el bien jurídico tutelado día con día y será hasta el momento en que éstas se retiren y se libere el sitio que la prescripción de la acción penal comience a correr". En este caso, toda la acusación giró en torno a la tala de árboles demostrada un día en particular,  lo que revela que no se mantuvo una situación antijurídica por voluntad de los agentes, o sea, el delito se consumó al momento de la tala de árboles, de allí que, para los efectos de aplicación de las normas que rigen la prescripción, este delito también se encontraba prescrito.  Siguiendo la misma línea argumentativa, en un caso similar al actual, cuya cita -aunque extensa- conviene transcribir, se analizó el tipo penal en cuestión, llegándose a la misma conclusión: "[...] conforme lo dispone claramente la doctrina, los delitos instantáneos de efectos permanentes, se consuman en el momento del agotamiento de la acción típica, con independencia de que los efectos de ese delito se extendieran en el tiempo. Al interpretar como se ha expuesto el numeral 32 del Código Procesal Penal se le brinda coherencia, salvando las imprecisiones cometidas por el legislador en una interpretación armónica y sistemática del ordenamiento jurídico procesal, además de que se pone en concordancia el objeto de regulación con la posición doctrinal dominante en este aspecto. En orden a lo dicho es necesario tener en consideración el tipo penal que aquí nos ocupa, concretamente en lo que se refiere al cambio de uso de suelo, con el objetivo de establecer la naturaleza del verbo típico y discriminar la clasificación del mismo dentro de esas categorías conceptuales. Es así como nuestra atención debe fijarse en los numerales 19 y 61 inciso c) de la Ley Forestal, el primero de dichos artículos dispone: "En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales" (la negrita es suplida). Por su parte el tipo penal en específico dispone: "Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: ... c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 19 de esta ley" (la negrita no pertenece al original). Como puede verse la actividad de cambiar el uso del suelo es una actividad puntual y circunscrita a un momento determinado, fácilmente puede entenderse que una vez que cambia la naturaleza de un área que era bosque y el mismo se convierte en repasto, cultivo o cualquier otra actividad similar, la acción típica de cambiar la naturaleza del uso del terreno no se reitera con el hecho de que se prolongue la actividad para la que se efectuó o fue necesario el cambio del uso del suelo. Gramaticalmente la diferenciación que debe hacerse es entre el verbo "cambiar" y el verbo, "usar" en tanto el primero se ejecuta una sola vez y ya la naturaleza de la cosa se transmutó (el suelo deja de ser bosque), el segundo verbo implica una actividad que efectivamente puede prolongarse en el tiempo (la nueva naturaleza del suelo puede ser usada en forma indefinida), por ello, esta diferencia conceptual permite ubicar al delito que aquí nos ocupa como un delito de estado o instantáneo de efectos permanentes, es decir, un delito que aunque produce una situación antijurídica se consuma en un solo momento, cuando se produce el cambio de la naturaleza del suelo. En vista de lo dicho consideramos correcta la argumentación ofrecida por el Tribunal de Juicio al sustentar la prescripción diciendo: "En el presente caso, se le ha acusado al aquí endilgado [Nombre31]., por el Ministerio Público como por medio de querella presentada por la Procuraduría General de la República, la infracción a la Ley forestal con base en el artículo 58 y 61, cuyas penas se encuentran de los tres meses a tres años el primero y de un mes a tres años el segundo. Con base en lo anterior y si tomamos en cuenta el artículo 31 del Código Procesal Penal que indica los plazos de prescripción de la acción penal y la penalidad establecida para los ilícitos investigados prescriben después de transcurrido tres años, y en concordancia con el numeral 33 del mismo cuerpo legal, donde se dispone las causas de interrupción de los plazos de la prescripción de la Acción Penal, dicho plazo, de tres años, se reduce a la mitad, sea en año y medio o dieciocho meses. Ahora bien, tenemos que la primera imputación formal de los hechos al acusado [Nombre31]. se da con la indagatoria, la cual consta a folios 62 y 63 y fue recibida el día veinte de octubre del dos mil ocho, si tomamos en cuenta el inciso 1) del artículo 33, la primera imputación formal de los hechos acusados, es la primera causa de interrupción de la prescripción de la acción Penal, por lo que, se debe tomar año y medio o dieciocho meses a partir de la fecha de la indagatoria, hasta la segunda causa de interrupción, que sería la resolución cuando se convoca por primera vez a la audiencia preliminar, que en caso concreto lo fue el día diecinueve de julio de dos mil diez, según consta a folio 195. De la fecha de la indagatoria veinte de octubre de dos mil ocho le sumamos los dieciocho meses para que prescriba la causa, ese evento se suscita el veinte de abril de dos mil diez y si el señalamiento de la audiencia preliminar lo fue el diecinueve de julio de dos mil diez, ya para esa fecha el plazo fatídico de la prescripción sobradamente ha trascurrido. Aunado a lo anterior, debemos de citar que la acusación del Ministerio Público es de fecha veintiséis de agosto de dos mil nueve (folios 143 a 182) y la sumaria fue pasada hasta el siete de mayo de dos mil nueve, (ver folio 194 vuelto) de lo que se colige que ya cuando la sumaria es recibida por el Juzgado Penal la causa estaba prescrita. Se alegó que existe una ampliación de la declaración indagatoria del imputado en fecha siete de setiembre de dos mil nueve a folio 104 y es a partir de esa fecha que se interrumpe nuevamente la prescripción de la acción penal, pero ello no es así, primero porque la ley no indica que cada vez que se indague al imputado es una causa de interrupción de la prescripción y por otro lado, si vemos dicho folio lo titulan como ampliación de la indagatoria, pero en realidad no es una ampliación toda vez que no se le están imputando al señor [Nombre31]. hechos diferentes a los que ya se le habían atribuido e investigado, más bien el encartado [Nombre31]. se presenta voluntariamente a la Fiscalía a realizar una manifestación o declaración que no había realizado, por lo que no se puede tener como una ampliación de la indagatoria ni mucho menos como causa de interrupción de la acción penal. Argumentó el representante del Estado que la causa no estaba prescrita por encontrarnos ante un delito permanente, argumento que esta Cámara no comparte toda vez que para poder determinar si nos encontramos ante un delito instantáneo o permanente, hay que analizar no solo la acción realizado (sic) por el infractor sino que también el momento de consumación del ilícito. En cuanto al delito instantáneo, éste se consuma en el instante en que se produce el resultado, sin que crea una situación antijurídica a través del tiempo. Con relación se consuma (sic) en el instante en que se produce el resultado, sin que éste determine la creación de una situación antijurídica duradera. El delito permanente supone el mantenimiento de una situación antijurídica de cierta duración por la voluntad del autor y dicho mantenimiento sigue realizando el tipo, por lo que el delito se sigue consumando hasta que se abandona la situación antijurídica, lo que significa que mientras se esté realizando la acción ilícita del encartado se está infringiendo la norma. En el caso que nos ocupa, al encartado [Nombre31]. se le atribuyó que realizó una tala raza en un área de bosque causando un daño patrimonial y social, además que en dicha área que ordeno deforestar posteriormente quemó el suelo y realizó una siembra de tiquizque, consumando así un cambio ilegal de uso de suelo. Esas acciones atribuidas al encartado se consumaron en el momento en que realizó la supuesta acción. Véase que el delito de deforestación o tala ilegal se consume en el momento en que el agente activo corta u ordena cortar los árboles sin el permiso respectivo o en zona de protección, la cual se realiza en una sola acción, por lo que dicha acción no la realiza o se mantiene realizando por un lapso de tiempo, sino que la tala de árboles se ejecuta en un solo momento, por lo el delito de tala ilegal, y en zona de protección es un delito instantáneo que se consuma en el instante en que se produce el resultado, lo mismo sucede con el cambio de uso de suelo, que se consuma en el momento en que el agente activo realiza la acción que produce ese cambio en el suelo, que en caso concreto se consume en el momento en que se modifica un estado de bosque del suelo y lo utilizan para la agricultura. Tampoco el hecho que el perjuicio a la naturaleza lo sea en forma prolongada hace que estemos ante un delito permanente, para ello podemos indicar la jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal cuando resolvió: “La naturaleza de permanente de un delito no se la da la prolongación del perjuicio (…) pues todo delito puede afectar bienes jurídicos, y por ende, producir un perjuicio que se puede prolongar en el tiempo, como el homicidio donde el perjuicio ocasionado con la muerte será prolongado, así mismo las lesiones, que hasta pueden dejar incapacidades permanentes, y sin embargo ambos son delitos de acción instantánea. Por lo que si el criterio distintivo de los delitos permanentes fuera (…) el perjuicio prolongado, tendríamos que los típicos delitos instantáneos serían permanentes”. Tribunal de Casación Penal, voto Nº 812-2002. Con base a ello, las infracciones a la ley forestal atribuidas al endilgado [Nombre31]. no sería un delito permanente, puesto que si bien el perjuicio a los recursos naturales se prolongan a través del tiempo, no es un elemento o característica fundamental para determinar si el delito es permanente o instantáneo, sino que como se indicó es la acción del autor, la permanencia de él y el momento de consumación. Por todo lo expuesto, al haber transcurrido el plazo fatídico de la prescripción,  declarándose extinguida la acción penal y en consecuencia, al haberse dejado la excepción de prescripción para el análisis de fondo de la sentencia, para la íntima relación en que se encontraban los hechos atribuidos a don [Nombre31]. con los endilgados al encartado [Nombre32]., en este momento procesal lo que corresponde es ABSOLVER de toda pena y responsabilidad al imputado [Nombre31]. por TRES DELITOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES, al haber prescrito la acción penal".  (Confrontar sentencia de folio 259 vuelto a 260 vuelto). Tal y como puede verse, la línea argumentativa del tribunal de juicio discurre por criterios similares a los expuesto anteriormente y conllevan a concluir que, sin lugar a ninguna duda, el delito de cambio de uso del suelo se encontraba prescrito, por lo que en efecto es correcta la decisión tomada en este caso. Ante dicha situación lo procedente es declarar sin lugar el motivo de casación interpuesto por la representación del Ministerio Público. Independientemente de la clasificación que se otorga por la doctrina, lo cierto es que la acusación describió hechos en un ámbito temporal muy bien definido, sin que se pueda extraer de ellos una acción continúo del orden delictivo por parte del imputado.” (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del III Circuito Judicial de Alajuela, sentencia número 00438-2012 de las 11:30 horas del 1 de junio de 2012).    Es claro entonces, que no resulta necesario referirse a los reclamos que, por el fondo, realiza el recurrente, cuando es evidente que, en todo caso, la acción penal se encontraba prescrita desde el año 2009 para todos los encartados: el 22 de agosto para [Nombre23]  y [Nombre24] , y el 4 de setiembre para [Nombre12] . Así las cosas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.

POR TANTO:

 Se declara sin lugar el recurso planteado por el representante del Ministerio Público. NOTIFÍQUESE.-

 

 

 

Laura Gabriela Murillo Mora

 

Ana Isabel Solís Zamora                                                                 Alfredo Araya Vega

Juezas y juez de Apelación de Sentencia Penal

 

Expediente: 07-201594-0485-PE(15)

Imputado: [Nombre15]   y otros

Ofendido: Los recursos naturales

Delito: Tala ilegal de árboles y otros

 

KJIMENEZO

Exp.: 07-201594-0485-PE(15) - VOTO [Telf1] - pág.: 1

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 06:40:07.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Large
Normal
Small
Second Circuit Court of Criminal Sentence Appeals of San José

Resolution No. 01646 - 2018

Date of Resolution: November 20, 2018 at 08:35

Case File: 07-201594-0485-PE

Drafted by: Laura Gabriela Murillo Mora

Type of matter: Criminal appeal

Analyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER

Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: Criminal Procedural Law

Topic: Statute of limitations for criminal prosecution

Subtopics:

Analysis of permanent, continuing, instantaneous, and status offenses.

Topic: Instantaneous offense

Subtopics:

Analysis in relation to the statute of limitations and permanent, continuing, and status offenses.

Topic: Permanent offense

Subtopics:

Analysis in relation to the statute of limitations and instantaneous, continuing, and status offenses.

Topic: Status offense

Subtopics:

Analysis in relation to the statute of limitations and instantaneous, continuing, and permanent offenses.

Topic: Illegal tree felling

Subtopics:

Analysis in relation to the statute of limitations and permanent, continuing, and status offenses.

Topic: Unauthorized land-use change

Subtopics:

Analysis of the statute of limitations and permanent, continuing, instantaneous, and status offenses.

"III.- The appeal must be dismissed. The judgment contains a correct assessment of evidence and reasoning. The reasons given by the trial court (a quo) for issuing the acquittal are the following: (i) that the accusations (both that of the Public Prosecutor's Office and that of the Attorney General's Office) present two different locations where the events occurred: the prosecutor's office indicated that they occurred in the sector called El Aguacate, [Address1] Bosque, canton of Guácimo, and the Attorney General's Office indicated that they occurred in [Address2] Rita, canton of Pococí, many kilometers distant from one another. (ii) that the report on file at folio 1 is not clear in establishing the name of the person (natural or legal) who was the owner of the property at those times; (iii) that [Name1] and [Name2] stated that they had witnessed clear-cutting at the site of the event, typical of a land-use change process, however, there was never certainty about who were or currently are the owners of the property where the event occurred. (iv) That in the registry report of the property registered in the province of Limón, under the real folio system, registration number [Placa1], it states that the farm was in the canton of Pococí, [Address2] Rita, that is, it is a different property from the one visited on June 28 by officials of SINAC. It adds that "[...] the relevance of this confusion of properties lies in the fact that the Criminal Complaint and the Civil Action are directed at the event that occurred on the farm in La Rita and not at the events that occurred in Bosque de Guácimo; and that according to the Criminal Complaint and the Civil Action for Damages, it is in that place, in La Rita, where the criminal actions attributed to the three defendants in this case took place" (cf. folio 439). Thus, it reiterates that the entire adversarial process revolved around the farm located in Guácimo and not the one in La Rita de Pococí, and the territorial jurisdiction of the events is entirely different from that which was proven to the court. (v) That there is reasonable doubt about the participation of the defendants in the crimes of land-use change and invasion of a protection zone of a stream that were charged, and even though they were found at the site in flagrante delicto for illegal timber harvesting (a crime that is time-barred), it cannot be assured that they repeatedly and constantly carried out the land-use change, since it cannot be proven that the three men detained on June 28, 2007, were the same ones who, for weeks prior, cut down the trees of the secondary forest, intervened in the understory, and invaded the protected zone of the stream named "Caño Manuel [Name3]". So far the reasons of the court. The appellant's claims are limited to two main points: (a) the erroneous assessment of the testimonial evidence, specifically that of the witness [Name1], and (b) the court's conclusion that it could not be affirmed that the defendants' action lasted several days does not eliminate responsibility for the charged crime. However, apart from the claims that make up the appeal, it is of special relevance to note that, although it is not an issue the appellant mentions, the statute of limitations is an aspect that the trial court analyzed and that this appeals chamber, as part of a comprehensive review of the judgment, cannot ignore. Regarding this point, the trial court referred to the fact that the crime of illegal harvesting of forest resources was time-barred: "[...] It is clear that there is a crime of illegal harvesting of forest resources that the defendants themselves admitted to having committed, however, from a criminal standpoint, that crime is time-barred. Said criminality is punishable by a maximum penalty of three years according to Article 61 of the Forestry Law (Ley Forestal). These three years must be considered as the statute of limitations period for prosecution under Article 31 of the Criminal Procedure Code. However, the formal statements of the defendants (indagatorias de los encartados) [Name4] (February 22, 2008, from folio 30 to folio 32), [Name5] (February 22, 2008, from folio 33 to folio 35), and [Name6] (March 4, 2008, from folio 37 to folio 39), caused the three-year period for the statute of limitations to run to be reduced to eighteen months, per Article 33 of the procedural code (Código de rito), so the case would become time-barred for each defendant on August 22, 2009, for defendants [Name7] and [Name8], and September 4 for [Name9]. Therefore, and given that the next procedural act that interrupted the statute of limitations calculation was on February 22, 2013, with the order scheduling the preliminary hearing, it is clear that by that time the prosecution was already time-barred, and thus, under Article 30 of the Criminal Procedure Code, the right to prosecute was extinguished. This necessarily implies the acquittal of the defendants for the crime of harvesting forest resources on private lands, in addition to the crime of tree felling, which received the same consideration; and in view of the violation of the principle of congruence (principio de congruencia), as argued above, the civil action for damages brought by the Attorney General's Office against [Name4], [Name5], and [Name6] must likewise be dismissed" (cf. folio 443 verso and 444). Now, the reason why the Prosecutor's Office attempts to advance its thesis that this is a crime of land-use change, as provided for and penalized by Article 61(c) of the Forestry Law, is that it erroneously considers that this crime would not have been reached by the statute of limitations, a thesis that is incorrect as will be explained below. The referenced article provides: "Imprisonment of one month to three years shall be imposed on anyone who: a) Harvests one or several forest products on private property, without the permit from the State Forestry Administration, or who, even with a permit, does not comply with what is authorized. b) Acquires or processes forest products without complying with the requirements established in this law. c) Carries out activities that imply a change in land use (cambio en el uso de la tierra), contrary to what is stipulated in Article 19 of this law. In the above cases, the products shall be confiscated and placed at the disposal of the competent judicial authority. d) Removes forest products from private or State property or transports forest products obtained in the same manner." In other words: the crime of land-use change carries the same penalty as the crime of harvesting forest products. Possibly the error incurred by the Prosecutor's Office arose long ago and has been carried forward over the years during which this case has been processed, that is, since 2007. By 2010, the Public Prosecutor's Office had already requested dismissal (sobreseimiento) due to the statute of limitations (see folio 160), but such request was rejected by the criminal judge with the following argument: "[...] this involves a crime with permanent effects (delito de efectos permanentes) under the terms of the Criminal Procedure Code, where the prescriptive period does not run until the effects of the crime cease, an aspect that has not been clarified or established by the Public Prosecutor's Office to know whether such effects ceased or not; this has been recognized by abundant jurisprudence of our Criminal Courts, especially the Criminal Court of Cassation of San José (Tribunal de Casación Penal de San José), as in judgment No. 549-2007 of 8:55 a.m. on 05/25/2007 [...]" (cf. folio 161). However, Prosecutor [Name10] maintained the criterion in a brief dated January 24, 2011, indicating that the "[...] consummated state does not extend over time, since the act of execution alone consummates it (sic), however, if the position were that land-use change is a crime of permanent effects, which is not correct, but nevertheless to classify the conduct described in the case file under this criminal category would be (sic) to act or rule on presumptions and not facts [...]" (cf. folio 170). Subsequently, the Deputy Prosecutor of the Agrarian Environmental Prosecutor's Office recommends that the case file be returned to the Public Prosecutor's Office in order to incorporate an ocular inspection (inspección ocular) into the investigation and warns that if, subsequent to said inspection "[...] a plantation, a civil work, or any development that prevents the natural regeneration of the forest ecosystem is not found, the Prosecutor could request dismissal for the crime of Land-Use Change, a criminal category that, as the Criminal Judge states, is one of permanent effects, since the eventual placement of such works affects the protected legal interest day by day and it will be until the moment they are removed and the site is freed that the statute of limitations for prosecution will begin to run" (cf. folio 177). It should be noted that the accusation of the Public Prosecutor's Office does not refer to any placement of works or a new plantation or development that makes regeneration of the ecosystem impossible; it only states that between the months of January and June 2007, "[...] to carry out the indicated land-use change, the defendants proceeded to fell several trees of various commercial species [...] likewise, the secondary forest was eliminated and a spring (naciente) existing in the place was affected, causing environmental damage [...]" (cf. folio 192). The confusion that exists then is considering that this crime is necessarily permanent, comparing it even to the crime of usurpation (note that even the criminal judge, when rejecting the statute of limitations request, cited a judgment from the then Court of Cassation of San José that referred to the crime of usurpation, specifically 549-2007). The issue related to instantaneous or permanent crimes has been analyzed since long ago, even criticizing the reference made by the Criminal Procedure Code in its Article 33 to "crimes with permanent effects". In this regard, this appeals court, with a different composition, has endorsed the thesis of the former Court of Cassation on this topic, noting: "In the vote of the former Criminal Court of Cassation of San José, number 436-2000, issued by judges [Name11] and [Name12] and which is shared here (with a dissenting vote from the latter, although on other aspects), it was stated regarding crimes of permanent effects (which were even previously equated, erroneously, in the cited norm, with continuing crimes, which has recently been modified): 'The Court of Cassation in vote 327-2000 ruled regarding the crime of injuries and the rule indicating that for crimes with permanent effects, the statute of limitations begins to run from the moment the permanence ceases (Art. 32 of the Criminal Procedure Code). In that vote, it was correctly denied that the crime of injuries could be considered a crime of permanent effects for the purposes of the statute of limitations (...) The regulation of the statute of limitations in the Criminal Procedure Code is deficient, leading to serious interpretation problems. Doctrine speaks of continuing or permanent crimes, while the Code used the concept of continuing crimes or crimes of permanent effects, using both concepts contrary to legal technique. Note that the Criminal Code, in its Art. 77, provided for continuing crimes, following in this regard not a criterion of a 'unity of crime', but of a 'concurrence of crimes', being in reality a particular type of material concurrence with a more beneficial penalty. The Criminal Procedure Code, when referring to continuing crime in the regulation of the statute of limitations, seems to follow a concept of 'unity of crime', which is incorrect. Rather, it apparently intended to refer to continuing or permanent crimes. In this sense, the Criminal Code of 1970 stated that 'The statute of limitations for prosecution begins to run (...) for permanent crimes, from the day on which their continuation or permanence ceased (...)'. The regulation in the draft Criminal Procedure Code, published by the Supreme Court of Justice in December 1995, coincided with that of the Criminal Code (Art. 38 paragraph 1), resulting in the inexplicable change of wording of the article, making reference in a non-technical manner to crimes 'continuing or of permanent effects' and maintaining the mention that the statute of limitations begins to run from the moment the continuation or permanence ceases. Doctrine refers on one hand to continuing or permanent crimes and on the other hand to instantaneous crimes, and as a category of these, mentions instantaneous crimes of permanent effects. The draft Criminal Procedure Code in its version published in December 1995 mentioned, like the Criminal Code of 1970, permanent crimes, whereas without any reason, the approved text of the Code referred to crimes of permanent effects, apparently with the intention of encompassing the crimes of usurpation, which had sparked discussion regarding the statute of limitations in the jurisprudence of the Criminal Court of Cassation. The interpretation of the concept of crimes of permanent effects, used in the Criminal Procedure Code, must relate to the very institution of the statute of limitations. For this very reason, it could not be considered that crimes such as homicide, injuries, theft, and robbery would not start the running of the statute of limitations until the permanence ceases, since that would imply that such prescription would never start to run in consummated homicide, nor in very serious injuries ("permanent incapacity", "loss"), and in principle, neither in consummated serious injuries ("persistent weakening"). The same could be said regarding crimes of theft or robbery where the stolen object has not been recovered. In that sense, it would be necessary to say in relation to negligent injuries linked to very serious or serious injuries in terms of the magnitude of the injury, as occurs in the present case where a loss of general organic capacity of 2% was produced. It is clear that this is not the sense of the Code, since this would render said crimes imprescriptible, against the statute of limitations periods that are contemplated. To this it is added that doctrine has denied that the crimes of injuries (and those of homicide) can be classified in the erroneous category of crimes of permanent effects, since the characteristic of these is the subsistence of the damage as an unjust effect, which does not occur in injuries (Cf. [Name13], Iver. Chilean Criminal Law. Volume I. Santiago de Chile, 1975, pp. 318-319).' The same must be said regarding the crime of receiving goods of suspicious origin, which is consummated upon receipt of the good, the rest being a mere consequence of that act and not, as happens in continuing crimes (which is not the same as continued crimes, which also does not occur in the species), where the active subject continues to perform the executive acts each day (as in kidnapping). The prosecutorial claim that this should be considered a crime of permanent effects only reveals an excessive zeal for prosecution because, even so, current possession of the thing can be illicit and sanctioned, and this gave rise to accepting that the process be conducted for the second fact in the accusation. Therefore, given that applying the prosecutorial criterion would mean all crimes have 'permanent effects' and would be imprescriptible, to the detriment of the most basic rules of criminal interpretation (Article 1 of the Criminal Code), it is appropriate to dismiss the prosecutorial appeal" (Judgment number [Telf1] of 3:42 p.m. on June 26, 2013). In this case, note that the same Deputy Prosecutor, Licentiate [Name14], makes the clarification and conditions the nature of the crime on whether "a plantation, a civil work, or any development that prevents the natural regeneration of the forest ecosystem is not found, the Prosecutor could request dismissal for the crime of Land-Use Change," since that crime (he affirms) is of "permanent effects" only if "the eventual placement of such works affects the protected legal interest day by day and it will be until the moment they are removed and the site is freed that the statute of limitations for prosecution will begin to run." In this case, the entire accusation revolved around the tree felling demonstrated on a particular day, which reveals that an unlawful situation was not maintained by the will of the agents, that is, the crime was consummated at the time of the tree felling, and therefore, for purposes of applying the rules governing the statute of limitations, this crime was also time-barred. Following the same line of reasoning, in a case similar to the present one, whose citation - although lengthy - it is appropriate to transcribe, the criminal category in question was analyzed, reaching the same conclusion: "[...] as doctrine clearly provides, instantaneous crimes with permanent effects are consummated at the moment the typical action is exhausted, regardless of whether the effects of that crime extend over time. Interpreting Article 32 of the Criminal Procedure Code as set forth provides coherence, salvaging the inaccuracies committed by the legislator in a harmonious and systematic interpretation of the procedural legal order, in addition to aligning the object of regulation with the dominant doctrinal position on this aspect. In line with what has been said, it is necessary to consider the criminal category before us, specifically regarding land-use change, with the aim of establishing the nature of the typical verb and discerning its classification within these conceptual categories. Thus, our attention must focus on Articles 19 and 61(c) of the Forestry Law. The first of said articles provides: 'On lands covered with forest, it shall not be permitted to change the use of the soil, nor to establish forest plantations' (emphasis added). In turn, the specific criminal category provides: 'Imprisonment of one month to three years shall be imposed on anyone who: ... c) Carries out activities that imply a change in the use of the land, contrary to what is stipulated in Article 19 of this law' (emphasis does not belong to the original). As can be seen, the activity of changing the use of the soil is a specific, time-limited activity; it is easily understood that once the nature of an area that was forest changes and it is converted into pasture, cultivation, or any other similar activity, the typical action of changing the nature of the land use is not reiterated by the fact that the activity for which the land-use change was carried out or was necessary is prolonged. Grammatically, the distinction that must be made is between the verb 'to change' and the verb 'to use', insofar as the former is executed only once and the nature of the thing has already transmuted (the soil ceases to be forest), while the second verb implies an activity that can indeed be prolonged over time (the new nature of the soil can be used indefinitely). Therefore, this conceptual distinction allows us to place the crime before us as a status offense or instantaneous crime with permanent effects, that is, a crime that although it produces an unlawful situation, is consummated in a single moment, when the change in the nature of the soil occurs. In view of the above, we consider the argumentation offered by the Trial Court correct in upholding the statute of limitations, stating: 'In the present case, the defendant [Name15] has been accused by the Public Prosecutor's Office, as well as through the criminal complaint filed by the Attorney General's Office, of violating the Forestry Law based on Articles 58 and 61, the penalties of which range from three months to three years for the former and from one month to three years for the latter. Based on the foregoing, and if we consider Article 31 of the Criminal Procedure Code, which indicates the prescriptive periods for prosecution, and the penalty established for the investigated offenses are barred after three years have elapsed, and in accordance with Article 33 of the same legal body, which provides the causes for interrupting the prescriptive periods for prosecution, said three-year period is reduced by half, that is, to a year and a half or eighteen months. Now then, the first formal imputation (imputación formal) of the facts to the accused [Name15] occurs with the formal statement (indagatoria), which appears at folios 62 and 63 and was received on October 20, 2008. If we consider subsection 1) of Article 33, the first formal imputation of the accused acts is the first cause for interrupting the statute of limitations for prosecution; therefore, we must count a year and a half or eighteen months from the date of the formal statement until the second cause of interruption, which would be the resolution scheduling the preliminary hearing for the first time, which in the specific case was on July 19, 2010, as shown at folio 195. From the date of the formal statement, October 20, 2008, if we add the eighteen months for the case to become prescribed, that event occurs on April 20, 2010, and if the scheduling of the preliminary hearing was on July 19, 2010, by that date the fatal prescriptive period has amply elapsed. Added to the above, we must cite that the accusation of the Public Prosecutor's Office is dated August 26, 2009 (folios 143 to 182) and the investigative file was transferred on May 7, 2009 (see folio 194 verso), from which it follows that when the investigative file was received by the Criminal Court, the case was already time-barred. It was argued that there is an expansion of the defendant's formal statement (ampliación de la declaración indagatoria) on September 7, 2009, at folio 104, and that it is from that date that the statute of limitations for prosecution is interrupted again, but this is not so, first because the law does not indicate that each time the defendant is formally questioned is a cause for interrupting the statute of limitations, and on the other hand, if we look at said folio, they title it an expansion of the formal statement, but in reality, it is not an expansion, given that Mr. [Name15] is not being charged with facts different from those already attributed to and investigated, rather the defendant [Name15] voluntarily appeared before the Prosecutor's Office to make a manifestation or statement he had not made, so it cannot be considered an expansion of the formal statement, much less a cause for interrupting the prosecution. The representative of the State argued that the case was not time-barred because we are facing a permanent crime, an argument this Chamber does not share, since in order to determine whether we are facing an instantaneous or permanent crime, it is necessary to analyze not only the action carried out (sic) by the offender but also the moment of consummation of the offense. Regarding the instantaneous crime, it is consummated at the instant the result is produced, without creating a lasting unlawful situation over time. In relation to it, it is consummated (sic) at the instant the result is produced, without this determining the creation of a lasting unlawful situation. The permanent crime presupposes the maintenance of an unlawful situation of a certain duration by the will of the perpetrator, and said maintenance continues to fulfill the criminal type, so the crime continues to be consummated until the unlawful situation is abandoned, which means that while the defendant's illicit action is being carried out, the norm is being infringed. In the case before us, the defendant [Name15] was charged with carrying out clear-cutting in a forest area causing patrimonial and social damage, and in addition, that in said area he ordered deforestation and subsequently burned the soil and planted tiquizque, thus consummating an illegal land-use change. Those actions attributed to the defendant were consummated at the moment he carried out the alleged action. Note that the crime of deforestation or illegal felling is consummated at the moment the active agent cuts or orders the cutting of trees without the respective permit or in a protection zone, which is carried out in a single action; therefore, said action is not carried out or maintained for a period of time; rather, tree felling is executed in a single moment, so the crime of illegal felling, and in a protection zone, is an instantaneous crime consummated at the instant the result is produced; the same happens with the land-use change, which is consummated at the moment the active agent carries out the action that produces that change in the soil, which in the specific case is consummated at the moment a forest state of the soil is modified, and they use it for agriculture. Nor does the fact that the harm to nature is prolonged make this a permanent crime; for this we can cite the jurisprudence of the Criminal Court of Cassation when it ruled: 'The permanent nature of a crime is not given by the prolongation of the harm (...) since every crime can affect legal interests, and therefore, produce a harm that can be prolonged over time, such as homicide where the harm caused by death will be prolonged, likewise injuries, which can even leave permanent incapacities, and yet both are crimes of instantaneous action. Therefore, if the distinguishing criterion of permanent crimes were (...) the prolonged harm, we would have that typical instantaneous crimes would be permanent.' Criminal Court of Cassation, vote No. 812-2002. Based on this, the violations of forestry law attributed to the defendant [Name15] would not be a permanent crime, since although the harm to natural resources prolongs over time, it is not a fundamental element or characteristic to determine whether the crime is permanent or instantaneous, but rather, as indicated, it is the action of the perpetrator, his permanence, and the moment of consummation. For all the foregoing, given that the fatal prescriptive period has elapsed, the prosecution is declared extinguished, and consequently, having left the defense of statute of limitations for analysis on the merits of the judgment, due to the intimate relationship in which the facts attributed to Mr. [Name15] were with those charged to the defendant [Name16], at this procedural moment, the corresponding action is to ACQUIT the defendant [Name15] of all penalty and responsibility for THREE CRIMES OF VIOLATION OF THE FORESTRY LAW to the detriment of NATURAL RESOURCES, the prosecution having become time-barred." (Compare judgment from folio 259 verso to 260 verso). As can be seen, the line of reasoning of the trial court runs through criteria similar to those expressed above and leads to the conclusion that, without any doubt, the crime of land-use change was time-barred, so the decision taken in this case is indeed correct. Faced with this situation, the proper action is to dismiss the cassation ground filed by the representation of the Public Prosecutor's Office. Regardless of the classification granted by doctrine, the truth is that the accusation described facts within a very well-defined temporal scope, without being able to extract from them a continuous criminal action on the part of the defendant." (Court of Criminal Sentence Appeals of the III Judicial Circuit of Alajuela (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del III Circuito Judicial de Alajuela), judgment number 00438-2012 of 11:30 a.m. on June 1, 2012).

It is clear, then, that it is not necessary to address the claims that the appellant makes on the merits, when it is evident that, in any event, the criminal action had been time-barred since 2009 for all the defendants: on August 22 for [Nombre7] and [Nombre8], and on September 4 for [Nombre9]. This being the case, the appropriate course is to dismiss the appeal."

... See more
Legislation and Doctrine Citations Related Judgments
Text of the resolution

Resolution: [Telf1]

Case File: 07-201594-0485-PE(15)

 

 CRIMINAL SENTENCE APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at eight thirty-five in the morning, on the twentieth of November two thousand eighteen.-

 APPEAL filed in this case brought against [Nombre1], , Costa Rican, CED1, born in Limón, on April 21, 1981, son of [Nombre2] and [Nombre3], single, occupation agricultural laborer, resident of Limón, Guácimo, Guayacán; [Nombre4], of legal age, Costa Rican, CED2, born in San José, on December 12, 1954, son of [Nombre5] and [Nombre6], married, occupation farmer, resident of Limón, Guácimo, [Dirección1] and [Nombre7], of legal age, Costa Rican, identity card number CED3, born in Limón, on August 20, 1971, son of [Nombre8] and [Nombre9], single, occupation construction laborer, resident of Limón, Guácimo, Guayacán; for the crime of ILLEGAL TREE FELLING and OTHERS, to the detriment of NATURAL RESOURCES. The judges Laura Gabriela Murillo Mora, Ana Isabel Solís Zamora and judge Alfredo Araya Vega participate in the decision of the appeal. Appearing at this venue were attorney [Nombre10], representing the Public Prosecutor's Office, Pococí Prosecutor's Office, and attorney [Nombre11], in his capacity as public defender of co-defendant [Nombre12].

WHEREAS:

 I.- That by judgment number 31-2018, at seven forty-five in the morning on the twenty-fifth of January two thousand eighteen, the Criminal Trial Court of the Second Circuit of the Atlantic Zone, Guápiles, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, articles 39 and 41 of the Political Constitution, 1, 9, 30 to 33, 265, 267, 360, 361, 363, 364, 365 and 366 of the Criminal Procedure Code, articles 58 and 61 of the Ley Forestal, [Nombre13], and [Nombre14] are ACQUITTED of all penalty and responsibility for the crimes of Illegal Tree Felling, Exploitation of Forest Resources, Land-Use Change and Invasion of a Protected Zone, which, to the detriment of NATURAL RESOURCES, the Public Prosecutor's Office and the Office of the Attorney General of the Republic had been attributing to them. The lifting of any precautionary measure weighing on the defendants by virtue of this case is ordered. The Civil Action for Damages brought by the Office of the Attorney General of the Republic against [Nombre15], [Nombre4] and [Nombre14] is dismissed. Judgment is entered without special order as to costs both in criminal and civil matters. The confiscation in favor of the State of the seized chainsaws is ordered. Notify by reading." (sic).

 II.- That against the above pronouncement, attorney [Nombre10], representing the Public Prosecutor's Office, Pococí Prosecutor's Office, filed an appeal.

 III.- That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 465 of the Criminal Procedure Code, the Court considered the issues raised in the appeal.

 IV.- That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.

 Authored by Criminal Sentence Appeals Judge [Nombre16]; and,

WHEREAS:

 I.- We proceed to resolve this matter, by the judges signing at the foot of this judgment, in accordance with the provisions of the Superior Council in session 89-18 of October 11, 2018, article XLVII, which approved the formation of emergent sections in the Criminal Sentence Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José, pursuant to the powers that article 81 of the Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) grants to that Council to remedy the situation of offices that are not up to date; and by means of the "Decongestion Plan of the Criminal Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José," which is limited to an institutional-interest project, directed by the Presidency of the Court, with the sponsorship of the Superior Council, to attend to the oldest matters of this office (which is determined objectively according to the date they entered it), through the application of articles 44 and 81 of the LOPJ, the Full Court Circular 16-2015 and subsection 10.1 of the Vacation Plan for the Period [Telf2]. It was ordered that this remedial plan be carried out between November 1 and December 15, 2018, to seek to resolve the oldest matters – it is reiterated – which conforms to the principle of prompt and complete justice (articles 41 of the Political Constitution and 4 of the Criminal Procedure Code). It is important to emphasize that this plan does not affect the principle of the natural judge, because: i) the law expressly provides that "Due to the volume of work and the required efficiency of the public service of justice, the Court may appoint more members of the courts, temporarily or permanently" (article 46 of the LOPJ); ii) because the same legal text also provides that in collegiate courts, the members of its different sections may substitute for each other for justified reason (as is, in this case, providing the service with greater efficiency and reducing the backlog pursuant to the guidelines of an institutional plan, cf. article 33 of the Ley Orgánica del Poder Judicial); iii) because it is not a court or judges specially designated for a specific case, ad-hoc or ex post facto, but rather the court established previously, according to the Political Constitution and pre-existing laws, to hear these matters, according to objective criteria, such as age and the priority that must be given to matters in which there are detained persons or older adults (cf. articles 35 of the Political Constitution; 10 of the Universal Declaration of Human Rights; 26 of the American Declaration of the Rights of Man; 14.1 of the International Covenant on Civil and Political Rights; 8.1 of the American Convention on Human Rights; 3 of the Penal Code, 33, 46 and 93 of the Ley Orgánica del Poder Judicial); and iv) because, in any event, appeals in the processing of which evidence was orally produced or an oral hearing (vista) was held in which arguments were expanded, shall be resolved by the same judges who received it or held the oral hearing, in accordance with the provisions of the final paragraph of article 464 of the Criminal Procedure Code.-

 II.- As the sole ground of the appeal against the judgment, the prosecution alleges disagreement with the assessment of the evidence due to violation of the rules of sound criticism and incorrect reasoning. Basically, the claims have to do with several points which may be divided as follows: (i) that the testimony of [Nombre17] was not correctly assessed, since it was afforded less credibility when it was clear that the process of eliminating vegetation from the forest area was underway, as indicated in the report, after table number 2, coupled with the seizure of chainsaws, but it was concluded that it was all a deduction of Mr. [Nombre18]. (ii) That to afford less credibility to Mr. [Nombre18], it was said that Mr. [Nombre19] never mentioned seeing trees fall, but what led them to the defendants was the sound of the chainsaws, yet the report never mentioned such a circumstance; however, credibility was given to Mr. [Nombre20] even though that information was not in the report, and following the court's reasoning, credibility should also have been given to Mr. [Nombre18], as each witness is plausible and said what they remembered. (iii) The court said it had to acquit due to the poor and incomplete investigation conducted in the case, by failing to carry out an analysis of the workers' hiring period; however, it does not base that statement by attributing probative force without mentioning investigative steps that the prosecution did not carry out, but which in no way would eliminate the participation of the offenders, whether they were hired or worked on their own account. (iv) Article 19 of the Ley Forestal prohibits land-use change (cambio de uso del suelo) in forested areas, a crime that is permanent and not exhausted in a single moment, so the judge makes an error "[...] in stating that the participation of the defendants cannot be proven, for several days in the land-use change, but it is not required that they participated two days or more, rather it was evident that their conduct as co-perpetrators, regardless of whether they felled all the trees that were down, is not relevant to attribute responsibility to them at that moment of committing the crime, and the accusation includes, in a time period, the moment of the act" (cf. folio 447).

 III.- The appeal must be dismissed. The judgment contains a correct assessment of evidence and reasoning. The reasons given by the trial court for issuing the acquittal are as follows: (i) that the accusations (both that of the Public Prosecutor's Office and that of the Office of the Attorney General of the Republic) present two different places where the events occurred: the prosecution indicated that they occurred in the sector called El Aguacate, [Dirección2] Bosque, canton of Guácimo and the Attorney General's Office indicated that they took place in [Dirección3], canton of Pococí, many kilometers distant from each other. (ii) that the report appearing on folio 1 is not clear in establishing the name of the person (natural or legal) who was the owner of the property at those times; (iii) that [Nombre21] and [Nombre22] stated they had witnessed a clear-cutting (tala rasa) at the site of the event, characteristic of a land-use change process; however, there was never certainty as to who were or are currently the owners of the property where the event occurred. (iv) That the registry report of the property registered in the province of Limón, under the folio real system registration number [Placa1], states that the farm was in the canton of Pococí, District of La Rita, that is, it is a different property from the one visited on June 28 by officials of SINAC. It adds that "[...] the relevance of this confusion of properties lies in the fact that the Complaint and the Civil Action are directed at the event that occurred on the farm in La Rita and not at the events that take place in the Bosque de Guácimo; and that, according to the Complaint and the Civil Action for Damages, it is at the place, in La Rita, where the criminal actions attributed to the three defendants in this case occur" (cf. folio 439). Thus, it reiterates that the entire contradictory proceedings revolved around the farm located in Guácimo and not that in La Rita de Pococí, and the territorial jurisdiction of the events is totally different from the one that is deemed proven by the court. (v) That there exists a reasonable doubt about the participation of the defendants in the crimes of land-use change and invasion of a protection zone of a ravine that were charged, and although they were found at the site in flagrante delicto of illegal exploitation of wood (a crime that is time-barred), it cannot be assured that they repeatedly and constantly carried out the land-use change, because it cannot be proven that the three men detained on June 28, 2007 were the same ones who for weeks beforehand cut the trees of the secondary forest, intervened in the understory, and invaded the protected zone of the ravine named "Caño Manuel [Dirección4]." These are the court's reasons. The appellant's claims are limited to two main points: (a) the erroneous assessment of the testimonial evidence, specifically that of witness [Nombre21], and (b) the court's conclusion that it could not be asserted that the action of the defendants lasted several days does not eliminate the responsibility in the crime charged. However, aside from the claims that make up the appeal, it is of special relevance to note that, even though it is not an issue the appellant mentions, the statute of limitations (prescripción) is an aspect that the trial court analyzed and that this appellate chamber, as part of a comprehensive review of the judgment, cannot overlook. Regarding this point, the trial court referred to the fact that the crime of illegal exploitation of forest resources was time-barred: "[...] It is clear that there is a crime of illegal exploitation of forest resources that the defendants themselves admitted to having committed; however, from the criminal point of view, that crime is time-barred. Said crime is punishable with a maximum penalty of three years according to article 61 of the Ley Forestal. These three years must be considered as the statute of limitations period for the criminal action according to article 31 of the Criminal Procedure Code. However, the investigative statements of the defendants [Nombre15] (February 22, 2008, from folio 30 to folio 32), [Nombre4] (February 22, 2008, from folio 33 to folio 35), and [Nombre14] (March 4, 2008, from folio 37 to folio 39), caused the three-year period for the statute of limitations of the criminal action to occur, to be reduced to eighteen months, under the terms of article 33 of the Procedural Code, so the case would be time-barred for each defendant on August 22, 2009, defendants [Nombre23] and [Nombre24], and September 4 for [Nombre12]. Due to the foregoing and given that the next procedural act that interrupted the statute of limitations calculation was on February 22, 2013 with the order that scheduled the preliminary hearing, it is clear that by that time the criminal action was already time-barred and, therefore, under the terms of article 30 of the Criminal Procedure Code, the criminal action was extinguished. This entails the necessary acquittal for the defendants for the crime of exploitation of forest resources on private lands, in addition to the crime of tree felling which suffered the same consideration; and, addressing the violation of the principle of consistency, as argued above, the civil action for damages brought by the Office of the Attorney General of the Republic against [Nombre15], [Nombre4] and [Nombre14] must likewise be dismissed" (cf. folio 443 verso and 444). Now then, the reason for which the Prosecution attempts to assert its thesis that we are in the presence of a crime of land-use change, provided for and sanctioned by article 61 subsection c) of the Ley Forestal, is because it erroneously considers that this crime would not have been reached by the statute of limitations, a thesis that is not correct, as will be explained below. The referenced article provides: "Imprisonment of one month to three years shall be imposed upon anyone who: a) Exploits one or several forest products on private property, without the permission of the State Forestry Administration, or anyone who, even with the permit, does not conform to what was authorized. b) Acquires or processes forest products without fulfilling the requirements established in this law. c) Carries out activities that imply a change in land use, contrary to that stipulated in article 19 of this law. In the foregoing cases, the products shall be confiscated and placed at the disposal of the competent judicial authority. d) Removes forest products from private property or State property or transports forest products obtained in the same manner." In other words: the crime of land-use change has the same penalty as the crime of exploiting forest products. Possibly the error incurred by the prosecution has existed for a long time and has been perpetuated throughout the years during which this case has been processed, that is, since 2007. By 2010, the Public Prosecutor's Office had requested dismissal due to the statute of limitations (prescripción) (see folio 160) but this request was denied by the criminal judge with the following argument: "[...] we are faced with a crime of permanent effects under the terms of the Criminal Procedure Code, where the statute of limitations period does not run until the effects of the crime cease, an aspect that has not been clarified or established by the Public Prosecutor's Office to determine whether such effects ceased or not; this has been recognized by abundant jurisprudence of our Criminal Courts, especially the Criminal Cassation Court of San José, specifically in judgment No. 549-2007 of 8:55 a.m. on 05/25/2007 [...]" (cf. folio 161). Nonetheless, Prosecutor [Nombre25] maintained the criterion in a brief dated January 24, 2011, indicating that the "[...] consummative state does not extend in time, since with the mere execution action it is consumed (sic), however if the position were that the land-use change is a crime of permanent effects, which is not correct, but however, classifying the conduct described in the case file at issue under this criminal type would be (sic) to act or resolve based on presumptions and not facts [...]" (cf. folio 170). Subsequently, the Deputy Prosecutor of the Agrarian Environmental Prosecutor's Office recommends that the case file return to the Public Prosecutor's Office so that an ocular inspection may be incorporated into the investigation and warns that if, subsequent to said inspection "[...] it is not possible to find a plantation, civil works, or any development that impedes the natural regeneration of the forest ecosystem, the Prosecutor could request dismissal for the crime of Land-Use Change, a criminal type which, as Mr. Criminal Judge states, is of permanent effects, since the eventual placement of such works affects the protected legal interest day by day and it will be only at the moment when these are removed and the site is freed that the statute of limitations of the criminal action will begin to run" (cf. folio 177). Note that the accusation of the Public Prosecutor's Office does not refer to any placement of works or a new plantation or development that makes the regeneration of the ecosystem impossible; it only refers that between the months of January to June 2007, "[...] to carry out the indicated land-use change, the defendants proceeded to fell several trees of various commercial species [...] likewise, the secondary forest was eliminated and a spring (naciente) that exists at the site was affected, causing environmental damage [...]" (cf. folio 192). The confusion that exists then, is to consider that this crime is necessarily permanent, comparing it even with the crime of usurpation (note that even the criminal judge upon denying the request for statute of limitations cited a judgment of the then Criminal Cassation Court of San José that referred to the crime of usurpation, specifically 549-2007). The issue related to instantaneous or permanent crimes has been analyzed since old data, even criticizing the reference made by the Criminal Procedure Code in its article 33 to "crimes of permanent effects." In this regard, this appellate court, with a different composition, has endorsed the thesis of the former Cassation Court regarding this issue, warning: "In the vote of the former Criminal Cassation Court of San José, number 436-2000 issued by judges [Nombre26], [Nombre27] and [Nombre28] and which is shared here (with the dissenting vote of the latter, although in other aspects), it was indicated regarding crimes of permanent effects (which, even, were previously equated, erroneously, in the cited norm, with continued crimes, which has recently been modified): "The Cassation Court in vote 327-2000 ruled regarding the crime of injuries and the rule that states that for crimes of permanent effects, the statute of limitations begins to run from the moment when the permanence ceases (Art. 32 of the Criminal Procedure Code). In said vote, it was correctly denied that injury crimes could be considered crimes of permanent effects for the purposes of the statute of limitations (...) The regulation of the statute of limitations in the Criminal Procedure Code is deficient, which has led to serious interpretive problems. In doctrine, continuous or permanent crimes are spoken of, whereas the Code used the concept of continued crimes or crimes of permanent effects, using both concepts in a manner contrary to legal technique. Note that the Penal Code in its Art. 77 provided for continued crimes, following in that regard not a criterion of 'unity of crime', but rather of a 'concurrence of crimes,' being in reality a particular class of material concurrence with a more beneficial penalty. The Criminal Procedure Code, when referring to the continued crime in the regulation of the statute of limitations, seems to follow a concept of 'unity of crime,' which is incorrect. Rather, it apparently intended to refer to continuous or permanent crimes. In this sense, the Penal Code of 1970 indicated that 'The statute of limitations of the criminal action begins to run (...) for permanent crimes, from the day on which its continuation or permanence ceased (...)'. The regulation in the draft Criminal Procedure Code, published by the Supreme Court of Justice in December 1995, coincided with that of the Penal Code (Art. 38 paragraph 1), but inexplicably later the wording of the article was changed, referring in an untechnical manner to 'continued crimes or crimes of permanent effects' and maintaining the mention that the statute of limitations begins to run from the moment when the continuation or permanence ceases. Doctrine refers on one hand to continuous or permanent crimes and on the other hand to instantaneous crimes and, as a category of these, mentions instantaneous crimes of permanent effects. The draft Criminal Procedure Code in its version published in December 1995 mentioned, as did the 1970 Penal Code, permanent crimes, while without any reason the approved text of the Code referred to crimes of permanent effects, apparently with the intention of encompassing the crimes of usurpation, which had stirred discussion regarding the statute of limitations in the jurisprudence of the Criminal Cassation Court. The interpretation of the concept of crimes of permanent effects, used in the Criminal Procedure Code, must relate to the institution of the statute of limitations itself. For this very reason, it could not be deemed that crimes such as homicide, injuries, larceny and robbery would not begin the statute of limitations count until the permanence ceases, since that would imply that said statute of limitations would never begin to run for consummated homicide, nor for very serious injuries ('permanent incapacity', 'loss') and in principle neither for consummated serious injuries ('persistent weakening'). The same could be affirmed regarding crimes of larceny or robbery in which the stolen object has not been recovered. In that sense, it could be said in relation to culpable injuries linked to very serious or serious injuries regarding the magnitude of the injury, as occurs in this case where a 2% loss of general organic capacity occurred. It is clear that this is not the sense of the Code, as that would make these crimes effectively without statute of limitations, contrary to the statute of limitations periods that are contemplated. Moreover, doctrine has denied that injury crimes (and homicide crimes) can be cataloged in the equivocal category of crimes of permanent effects, since their characteristic is the subsistence of the harm as an unjust effect, which is not present in injuries (Cf. [Nombre29]. Iver. Derecho Penal Chileno. Tomo I. Santiago de Chile, 1975, pp. 318-319.)" The same can be said regarding the crime of receiving goods of suspicious provenance, which is consummated upon receipt of the good, the rest being a mere consequence of that act and not, as occurs in continuous crimes (which is not the same as continued, which also does not occur in the case), where the active subject continues to carry out the executive acts each day (as in kidnapping). The prosecutorial claim that this be considered a crime of permanent effects only reveals an excessive prosecutorial zeal because, even, the current possession of the thing may be illicit and sanctioned, and that gave rise to the acceptance of prosecuting for the second fact of the accusation. Therefore, since applying the prosecutors criterion would mean all crimes would have 'permanent effects' and be without statute of limitations, to the detriment of the most elementary rules of criminal interpretation (article 1 of the Penal Code), it is appropriate to reject the prosecutorial appeal" (Judgment number [Telf3] at 3:42 p.m. on June 26, 2013). In this case, note that the same Deputy Prosecutor, attorney [Nombre30], makes the caveat and conditions the nature of the crime, stating that if one "does not manage to find a plantation, civil works, or any development that impedes the natural regeneration of the forest ecosystem, the Prosecutor could request dismissal for the crime of Land-Use Change," because that crime (he affirms) is of "permanent effects" only if "the eventual placement of such works affects the protected legal interest day by day and it will be only at the moment when these are removed and the site is freed that the statute of limitations of the criminal action begins to run." In this case, the entire accusation revolved around the felling of trees demonstrated on a particular day, which reveals that an unlawful situation was not maintained by the will of the agents, that is, the crime was consummated at the moment of the tree felling, hence, for the purposes of applying the rules governing the statute of limitations, this crime was also time-barred. Following the same argumentative line, in a case similar to the present one, the citation of which—although extensive—it is appropriate to transcribe, the criminal type in question was analyzed, reaching the same conclusion: "[...] as doctrine clearly provides, instantaneous crimes of permanent effects are consummated at the moment of the exhaustion of the typical action, regardless of whether the effects of that crime extend over time. By interpreting section 32 of the Criminal Procedure Code as has been set forth, it is given coherence, saving the imprecisions made by the legislator in a harmonious and systematic interpretation of the procedural legal order, and additionally bringing the object of regulation into agreement with the dominant doctrinal position in this aspect. In keeping with what has been said, it is necessary to consider the criminal type that concerns us here, specifically regarding the land-use change, with the objective of establishing the nature of the typical verb and discriminating the classification of it within those conceptual categories. Thus, our attention must be fixed on sections 19 and 61 subsection c) of the Ley Forestal, the first of said articles provides: 'On lands covered by forest, land-use change shall not be permitted, nor shall forest plantations be established' (emphasis supplied). For its part, the specific criminal type provides: 'Imprisonment of one month to three years shall be imposed upon anyone who: ... c) Carries out activities that imply a change in land use, contrary to that stipulated in article 19 of this law' (emphasis not in original). As can be seen, the activity of changing land use is a punctual activity circumscribed to a determined moment; it can easily be understood that once the nature of an area that was forest changes and it is converted into pasture, cultivation or any other similar activity, the typical action of changing the nature of the land use is not reiterated by the fact that the activity for which the land-use change was carried out or was necessary is prolonged. Grammatically, the differentiation that must be made is between the verb 'to change' and the verb 'to use,' insofar as the former is executed only once and the nature of the thing is already transmuted (the soil ceases to be forest), while the second verb implies an activity that can indeed be prolonged over time (the new nature of the soil can be used indefinitely); therefore, this conceptual difference allows the crime that concerns us here to be placed as a status crime or instantaneous crime of permanent effects, that is, a crime that although it produces an unlawful situation is consummated in a single moment, when the change in the nature of the soil occurs. In view of the foregoing, we consider the argumentation offered by the Trial Court in sustaining the statute of limitations (prescripción) to be correct, stating: 'In the present case, the accused [Nombre31], has been charged by the Public Prosecutor's Office and by way of complaint filed by the Office of the Attorney General of the Republic, with the infraction of the Ley Forestal based on articles 58 and 61, the penalties for which range from three months to three years for the former and from one month to three years for the latter. Based on the foregoing and if we take into account article 31 of the Criminal Procedure Code which indicates the statute of limitations periods for the criminal action and the penalty established for the investigated offenses, they prescribe after the lapse of three years, and in accordance with section 33 of the same legal body, where the causes of interruption of the statute of limitations periods of the Criminal Action are provided, said period of three years is reduced by half, that is, to one and a half years or eighteen months.

Now, we have that the first formal imputation of the facts to the accused [Nombre31] occurs with the preliminary statement (indagatoria), which is recorded at folios 62 and 63 and was received on the twentieth of October of two thousand eight. If we take into account subsection 1) of article 33, the first formal imputation of the accused facts is the first cause of interruption of the statute of limitations (prescripción) of the criminal action (acción penal); therefore, one year and a half or eighteen months must be counted from the date of the preliminary statement (indagatoria) until the second cause of interruption, which would be the resolution when the preliminary hearing (audiencia preliminar) is convened for the first time, which in this specific case was on the nineteenth of July of two thousand ten, as recorded at folio 195. From the date of the preliminary statement (indagatoria), the twentieth of October of two thousand eight, we add the eighteen months for the cause to be time-barred (prescriba), that event occurs on the twentieth of April of two thousand ten, and if the scheduling of the preliminary hearing (audiencia preliminar) was on the nineteenth of July of two thousand ten, by that date the fatal term of the statute of limitations (prescripción) had abundantly elapsed. In addition to the foregoing, we must cite that the accusation by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) is dated the twenty-sixth of August of two thousand nine (folios 143 to 182) and the summary proceedings (sumaria) were not submitted until the seventh of May of two thousand nine (see folio 194 verso), from which it is deduced that already when the summary proceedings (sumaria) were received by the Criminal Court (Juzgado Penal), the cause was time-barred (prescrita). It was alleged that there exists an extension (ampliación) of the preliminary statement (declaración indagatoria) of the accused on the date of the seventh of September of two thousand nine at folio 104, and it is from that date that the statute of limitations (prescripción) of the criminal action (acción penal) is interrupted again, but that is not so, first because the law does not indicate that every time the accused is questioned is a cause of interruption of the statute of limitations (prescripción), and on the other hand, if we see said folio, they title it as an extension of the preliminary statement (ampliación de la indagatoria), but in reality it is not an extension given that Mr. [Nombre31] is not being imputed facts different from those already attributed to him and investigated; rather, the defendant (encartado) [Nombre31] appears voluntarily before the Prosecutor's Office (Fiscalía) to make a statement or declaration that he had not made, so it cannot be considered as an extension of the preliminary statement (ampliación de la indagatoria), much less as a cause of interruption of the criminal action (acción penal). The representative of the State argued that the cause was not time-barred (prescrita) because we are facing a permanent offense (delito permanente), an argument that this Chamber (Cámara) does not share, given that to determine whether we are facing an instantaneous or a permanent offense (delito instantáneo o permanente), it is necessary to analyze not only the action carried out (sic) by the offender but also the moment of consummation of the illicit act. Regarding the instantaneous offense (delito instantáneo), it is consummated at the instant in which the result is produced, without creating an unlawful situation through time. Regarding the permanent offense (delito permanente), it is consummated (sic) at the instant in which the result is produced, without this determining the creation of a lasting unlawful situation. The permanent offense (delito permanente) entails the maintenance of an unlawful situation of some duration by the will of the perpetrator, and said maintenance continues to fulfill the statutory elements of the offense, so the offense continues to be consummated until the unlawful situation is abandoned, which means that as long as the illicit action of the defendant (encartado) is being carried out, the norm is being violated. In the case before us, the defendant (encartado) [Nombre31] was attributed with carrying out a clearcutting (tala raza) in a forest area (área de bosque), causing patrimonial and social damage, and furthermore, that in said area that he ordered deforested, he subsequently burned the soil and carried out a planting of tiquizque, thus consummating an illegal land-use change (cambio ilegal de uso de suelo). Those actions attributed to the defendant (encartado) were consummated at the moment he carried out the alleged action. Note that the offense of deforestation or illegal logging (tala ilegal) is consummated at the moment the active agent cuts or orders the cutting of trees without the respective permit or in a protection zone, which is carried out in a single action, so said action is not carried out or maintained over a period of time; rather, the felling of trees is executed in a single moment, and therefore the offense of illegal logging (tala ilegal), and in a protection zone, is an instantaneous offense (delito instantáneo) that is consummated at the instant the result is produced. The same happens with the land-use change (cambio de uso del suelo), which is consummated at the moment the active agent carries out the action that produces that change in the soil, which in the specific case is consummated at the moment a forested state (estado de bosque) of the soil is modified and it is used for agriculture. Neither does the fact that the harm to nature is prolonged make it so that we are facing a permanent offense (delito permanente); for this we can cite the jurisprudence of the Criminal Cassation Court (Tribunal de Casación Penal) when it resolved: “The permanent nature of an offense is not given by the prolongation of the harm (…) since every offense can affect legal rights (bienes jurídicos), and therefore, produce a harm that can be prolonged in time, like homicide, where the harm caused by the death will be prolonged, likewise injuries, which can even leave permanent disabilities, and nevertheless both are offenses of instantaneous action. Therefore, if the distinguishing criterion of permanent offenses (delitos permanentes) were (…) the prolonged harm, we would have that the typical instantaneous offenses would be permanent.” Criminal Cassation Court (Tribunal de Casación Penal), Voto Nº 812-2002. On this basis, the infractions of the Forestry Law (Ley Forestal) attributed to the accused (endilgado) [Nombre31] would not be a permanent offense (delito permanente), since although the harm to natural resources is prolonged through time, it is not a fundamental element or characteristic to determine if the offense is permanent or instantaneous, but rather, as indicated, it is the action of the perpetrator, his permanence, and the moment of consummation. For all of the foregoing, as the fatal term of the statute of limitations (prescripción) had elapsed, the criminal action (acción penal) being declared extinguished, and consequently, the exception of statute of limitations (excepción de prescripción) having been left for the analysis of the merits of the sentence, due to the intimate relationship in which the facts attributed to Mr. [Nombre31] were found with those alleged against the defendant (encartado) [Nombre32], at this procedural moment what is appropriate is to ABSOLVE the accused (imputado) [Nombre31] of all penalty and responsibility for THREE OFFENSES OF INFRACTION TO THE FORESTRY LAW (LEY FORESTAL) to the detriment of NATURAL RESOURCES, the criminal action (acción penal) having prescribed." (Compare sentence at folio 259 verso to 260 verso). As can be seen, the trial court's line of argument follows criteria similar to those set forth above and leads to the conclusion that, without any doubt, the offense of land-use change (cambio de uso del suelo) was time-barred (prescrito), so the decision taken in this case is indeed correct. Given this situation, the appropriate course is to declare without merit the cassation ground (motivo de casación) filed by the representation of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público). Irrespective of the classification granted by doctrine, the truth is that the accusation described facts within a very well-defined temporal scope, without it being possible to extract from them a continuous action of a criminal nature on the part of the accused (imputado).” (Court of Appeal of Criminal Sentence of the Third Judicial Circuit of Alajuela (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del III Circuito Judicial de Alajuela), sentence number 00438-2012 of 11:30 hours on June 1, 2012). It is clear, then, that it is not necessary to address the claims that, on the merits, the appellant makes, when it is evident that, in any event, the criminal action (acción penal) had been time-barred (prescrita) since the year 2009 for all the defendants (encartados): on August 22 for [Nombre23] and [Nombre24], and on September 4 for [Nombre12]. This being the case, the appropriate course is to declare the appeal without merit.

POR TANTO:

It is declared without merit the appeal filed by the representative of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público). NOTIFÍQUESE.-

Laura Gabriela Murillo Mora

Ana Isabel Solís Zamora                                                    Alfredo Araya Vega

Judge and Judges of Appeal of Criminal Sentence (Juezas y juez de Apelación de Sentencia Penal)

Expediente: 07-201594-0485-PE(15)

Accused (Imputado): [Nombre15] and others

Victim: Natural resources

Offense: Illegal logging (Tala ilegal de árboles) and others

KJIMENEZO

Exp.: 07-201594-0485-PE(15) - VOTO [Telf1] - pág.: 1

Classification prepared by the JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER (CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL) of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for profit prohibited.

Faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 29-03-2026 06:40:07.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República