Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Por lo expuesto, con fundamento en el criterio jurisprudencial citado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 45 de la Constitución Política, 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, 1, 2, 6, 26, 54 y 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria y 1, 2, 6, 7 y 11 de la Ley de Informaciones Posesorias, deberá confirmarse la sentencia en lo que ha sido objeto de posesión.
English (translation)Therefore, based on the cited jurisprudential criterion of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, Article 45 of the Political Constitution, Article 13 of the Constitutional Jurisdiction Law, Articles 1, 2, 6, 26, 54 and 79 of the Agrarian Jurisdiction Law and Articles 1, 2, 6, 7 and 11 of the Possessory Information Law, the judgment must be confirmed in what has been the subject of possession.
Confirmed
Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00592 - 2014 Fecha de la Resolución: 21 de Julio del 2014 a las 11:01 Expediente: 09-000187-0298-AG Redactado por: Damaris María Vargas Vásquez Clase de asunto: Proceso de información posesoria Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Información posesoria agraria Subtemas: Procedente la inscripción de terrenos con bosques ubicados fuera de zonas protegidas. Deber de acreditar la posesión decenal y el cumplimiento de las exigencias legales de carácter ambiental. Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales Subtemas: Procedente inscripción de terrenos ubicados fuera de zonas protegidas siempre que cumplan con las exigencias de carácter ambiental. Sentencias en igual sentido Texto de la resolución *090001870298AG* EXPEDIENTE: EXPN1 PROCESO: INFORMACIÓN POSESORIA PROMOVENTE: [Nombre1] Y [Nombre1] [Nombre1] PARTES: ESTADO E INDER VOTO N° 000592-F-2014 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las once horas y uno minutos del veintiuno de julio de dos mil catorce.- PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA planteado por [Nombre1] , mayor, soltero, ganadero, vecino de San Carlos, con cédula de identidad número CED1 - , y [Nombre1] , mayor, casado una vez, ganadera, vecino de Buena Vista de San Carlos, con cédula de identidad número CED2 . En el proceso se tuvo como parte al ESTADO, representado por la licenciada Lydiana [Nombre2] Paniagua, de calidades desconocidas en autos, en la condición de Procuradora Adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED3 - - - , representado por Carmelina Vargas Hidalgo, mayor, divorciada, abogada, vecina de Guachipelín, Escazú, cédula de identidad CED4 - - , en su condición de apoderada general judicial. Actúa como apoderado especial judicial de los promoventes, el letrado Carlos Manuel Arroyo Rojas, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San Carlos, con cédula de identidad número CED5 - . El proceso se tramita en el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela.- RESULTANDO: 1.- Las personas promoventes, [Nombre1] y [Nombre1], ambos de apellidos [Nombre1] , plantearon este proceso de información posesoria con el fin que se inscriba a su nombre en el Registro Nacional, la finca que describe así: "...Terreno de repastos y montaña, sito en San Bosco de Florencia, [Dirección1] , de la provincia de Alajuela, con los siguientes linderos: NORTE: Río Seco; SUR: Marcos [Nombre2] Rojas; ESTE: Río Seco y [Nombre2] , y OESTE: Río Santa Clara. MIDE: de acuerdo al plano catastral aportado número A-944792-2004 de fecha veintitrés de agosto de dos mil cuatro, una superficie de OCHO HECTAREAS (sic) TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO METROS CERO OCHO DECIMETROS (sic) CUADRADOS. Posteriormente, aportaron un nuevo plano número A-1576834-2012" y la cancelación del primero.".- 2.- Las personas representantes del Estado y del Instituto de Desarrollo Rural, se apersonaron al proceso sin mostrar oposición al mismo en los términos dispuestos por los artículos 5 y 8 de la Ley de Informaciones Posesorias (folios 32 y 46).- 3.- La licenciada Zoila Flor Ramírez Arce, jueza del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, mediante sentencia número 29-2014 de las trece horas y cincuenta y tres minutos del cinco de marzo del año dos mil catorce, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto: Se APRUEBA la información posesoria. Con las afectaciones a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Informaciones Posesorias y otras limitaciones que se dirá, y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, se ordena al Señor Registrador del Registro de la Propiedad inscribir, por primera vez, a inscribir por partes iguales y en común, libre de gravámenes y con la carga real que se dirá sin perjuicio de terceros de mejor derecho a nombre de [Nombre1] , mayor, soltero, ganadero, cédula CED6- - , y [Nombre1] , mayor casado una vez, ganadero, cédula CED7- - , ambos vecinos de Buenas (sic) Vista de San Carlos, Alajuela, [Dirección2] de la Escuela, la finca descrita que se describe así: Terreno de pasto natural y montaña, sito en San Bosco de Florencia distrito dos de San Carlos, cantón diez de la Provincia de Alajuela, con los siguientes linderos, al NORTE: Río Seco, al SUR: [Nombre2] , al ESTE: Río Seco y [Nombre2] y al OESTE: Río Santa Clara. MIDE: De acuerdo al plano catastral aportado número A-1576834-2012 de fecha veintitrés de mayo del dos mil doce, una superficie de OCHO HECTAREAS (sic) SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO METROS CUADRADOS. Los titulantes lo adquirieron por venta mediante escritura pública número ciento sesenta y uno-sesenta otorgada ante el Notario Público Carlos Manuel Arroyo Rojas, en fecha 15 de junio del 2007, de los derechos de posesión que les hiciera la sociedad Agropecuaria Buena Vista S.A. cédula Jurídica CED8, domiciliada en Grecia, Alajuela, de [Dirección3] , representada por su Apoderado Generalísimo señor [Nombre3] , cédula CED9, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Grecia, Alajuela de [Dirección3] , con quien no les une parentesco, derechos posesorios ejercidos sobre el terreno en forma quieta, pública, pacífica, e ininterrumpida, y a título de dueña por más de diez años junto con anteriores poseedores. El inmueble se estimó en la suma de UN MILLON (sic) DE COLONES. Limitación de Ley: El área contigua al Río Seco y Río Santa Clara, que se ubica por los linderos norte, este y oeste, respectivamente, del terreno a inscribir, así como de las cuatro nacientes que se ubican dentro del referido terreno, según señala el artículo 33, inciso b) de la Ley [Nombre4] Número 7575, constituyen área de protección y queda prohibida la corta o eliminación de árboles, el cauce y las aguas de esas corrientes son de dominio público (Ley de Aguas, artículos 1, inciso iV, y 3 inciso III). Así como las aguas superficiales y subterráneas son de dominio estatal y no forman parte de la finca. (Ley de Aguas, artículos 1, inciso a y b y 3 inciso 111 y Código de Minería, artículo 4). Sirva la certificación de la parte dispositiva de esta sentencia para inscribir en el Registro de la Propiedad la finca relacionada. NOTA SOLICITADA POR EL TRIBUNAL. Se hace saber a las partes que esta resolución es impugnable de conformidad con lo dispuesto en el numeral 59 de la Ley de Jurisdicción Agraria, por lo que si alguna de las partes va a presentar recurso de apelación contra la misma, favor remitir además, el recurso de apelación por formato electrónico. Por motivo de la inserción de la oralidad en materia agraria. Asimismo sí es el deseo de la parte que el Tribunal de alzada les confiera una audiencia oral, lo deberán hacer saber en el mismo escrito de apelación o en su defecto señalar un correo electrónico en donde se les pueda notificar...". (escritorio virtual: Doc. Asociados 05/03/2014 01:53:11 p.m.).- 4.- La representante del Estado solicitó aclaración de la sentencia (escritorio virtual: escritos 11/03/2014 09:01:48 a.m.). Pidió se aclare que el área contigua a las nacientes constituye área de protección según el artículo 33 incisos a) y b) de la Ley [Nombre4] N° 7575, y que está prohibida la corta o eliminación de árboles, debiéndose consignar en sentencia para efectos de inscripción en el Registro, conforme al numeral 34 de dicha normativa; y que el cause y las aguas de esa corriente son de dominio público de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1 inciso IV) y 3 inciso III de la Ley de Aguas. Dicha aclaración fue rechazada en resolución de las 15 horas 37 minutos del 19 de marzo de 2014 (escritorio virtual: Doc Asociados 19/03/2014 03:37:17 p.m.).- 5° La licenciada Lydiana [Nombre2] Paniagua, en su condición de Procuradora Adjunta, formuló gestión de aclaración y recurso de apelación contra la sentencia (escritorio virtual: escritos 11/03/2014 09:01:48 a.m.).- 6. En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, sin que se note la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad de la sentencia.- Redacta la jueza Vargas Vásquez; y, CONSIDERANDO: I. Se prohíjan los hechos tenidos por probados al ser acordes con las probanzas constantes en el expediente; salvo los hechos tercero, sexto, octavo y décimo, al no estar vinculados con los agravios expuestos en el recurso de apelación.- II. La representante del Estado interpuso recurso de apelación contra la sentencia (escritorio virtual: escritos 11/03/2014 09:01:48 a.m.). Se mostró inconforme por lo siguiente: Señala, de las pruebas aportadas al expediente se desprende, la naturaleza del inmueble a titular es boscosa, de ahí, su naturaleza es de dominio público. Aduce, esos terrenos, por ubicarse en reservas nacionales, forman parte del Patrimonio Natural del Estado, desde la Ley [Nombre4] 4465 de 1969 (artículo 33), reformada por la Ley [Nombre4] 7174 de 1990 (artículos 32 y 33) y su carácter demanial lo mantiene la Ley 7575 (artículos 13 y 14). Argumenta, la Ley permite titular inmuebles fuera de las áreas silvestres protegidas si la parte promovente demuestra sus legítimos derechos de posesión decenal, con las demás condiciones exigidas al efecto, como haber protegido el recurso y tener el inmueble debidamente deslindado. No obstante, indica, solo es posible titular si la usucapión se consolidó antes de que los terrenos formasen parte del Patrimonio Natural del Estado. Sostiene, con la declaración de los testigos, no se demostró la posesión decenal apta para usucapir. Cita en su apoyo los votos [Telf1], 15753-2005, [Telf2], 783-2003 de la Sala Constitucional, también otros precedentes jurisprudenciales y pronunciamientos emitidos por la misma PGR (dictámenes C-321-2003 y C-146-2008), que en lo medular se refieren a: i) la supervivencia del derecho derogado para regular las situaciones jurídicas que nacieron a su abrigo, en lo que respecta a la protección del derecho de dominio público [Nombre4] establecido por la legislación anterior contra aplicaciones retroactivas en su perjuicio y jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional que establece la necesidad de demostrar una posesión decenal apta para usucapir. ii) el impedimento de las personas particulares de ejercer la posesión con ánimo de dueñas sobre los bienes de dominio público, dado que la inalienabilidad de tales imposibilita su traspaso y posesión privada. iii) la improcedencia de la usucapión y titulación contra el dominio público. iv) el principio de la inalienabilidad, por cuanto esos bienes se sustraen del comercio de los hombres. v) los bienes no susceptibles de adquirirse por posesión. vi) la imprescriptibilidad de tales bienes como consecuencia directa del principio de inalienabilidad, pues al no ser objeto de posesión ni de dominio privado, existe imposibilidad jurídica para usucapirlos. Todos esos alegatos giran en torno a argumentar que al ser los bosques bienes de dominio público, no son susceptibles de ser poseídos por personas particulares, ni adquiridos por usucapión. Al pretenderse titular bienes de dominio público, como lo es el Patrimonio Natural del Estado, solicita la improbación de este proceso, conforme a los artículos 11 de la Ley de Informaciones Posesorias, 13 y 14 de la Ley Forestal, al haberse incumplido los requisitos dispuestos por los numerales 6 y 7 de la primera ley.- III. El inmueble que se pretende titular mediante este proceso se ubica fuera de cualquier área silvestre protegida, declarada y administrada por el Ministerio de Ambiente y Energía, lo cual se verifica con la certificación emitida por el Programa de Certificaciones y Visados ACA-HN del Área de Conservación Arenal Huetar Norte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (folio 11). Además, está destinado a pastos naturales y bosque primario, conforme lo certificó el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, en la que hace constar, (folio 12), se ha ejercido el uso conforme del suelo para la actividad que se realiza, de acuerdo a la metodología aprobada, recomendando cambiar los pastos naturales a pastos mejorados como brizanta y toledo, los cuales se indica, se adaptan mejor a las condiciones de clima y fertilidad de suelos de la zona, para aumentar el rendimiento de la finca, y mantener las áreas de bosque en conservación natural (folio 13). Esa misma naturaleza se cita en el acta de reconocimiento judicial de las 7 horas 20 minutos del 27 de julio de 2010, haciéndose constar además que el terreno está debidamente delimitado (folio 79). Por ende, resulta aplicable el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que al efecto dispone: "... Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios.". Dicha norma es producto de la reforma introducida en la Ley [Nombre4] 7575 de 13 de febrero de 1996; y contra ésta se planteó acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual en voto 04587-97 de las 15 horas 45 minutos del 5 de agosto de 1997, dispuso: "HISTORIAL DE LA DISPOSICIÓN OBJETO DE LA ACCIÓN: Como el promovente lo dice expresamente en el escrito de folio 27, la acción tiene como objeto el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias No.139 de 14 de julio de 1941, y se plantea tanto en contra del texto de esa disposición, aprobado por la reforma efectuada por la Ley [Nombre4] No.7174 del 28 de junio de 1990, como en contra de su interpretación y aplicación por el Tribunal Superior Agrario. El artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias ha sufrido varias reformas a lo largo del tiempo. En los primeros treinta y tres años de vigencia de la ley, el texto de la norma no guardaba relación con la materia que actualmente regula, a saber, la posesión ad usucapionem de bienes inmuebles que quedan comprendidos en áreas silvestres protegidas. Al respecto, se tiene que por Ley No.5257 de 31 de julio de 1973, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias sufrió una reforma, y su texto decía: "Artículo 7.- Cuando el inmueble a que se refiere la información contenga un área de bosque de la mitad o más de su extensión, habrá necesidad de probar la debida adquisición, con documento público con más de diez años de otorgado. A la información posesoria, de acuerdo con este artículo, deberá aportarse, en todo caso, constancia de la Dirección General Forestal, de que el terreno no forma parte de las reservas o parques nacionales.´ El texto anterior fue reformado por la Ley [Nombre4] No.7032 de 2 de mayo de 1986, y la disposición impugnada quedó de la siguiente manera: "Artículo 7.- Cuando el inmueble a que se refiere la información esté comprendido dentro de una zona declarada parque nacional, reserva biológica, reserva [Nombre4] o zona protectora, el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la respectiva ley o decreto en que se creó la respectiva área silvestre. Las fincas que estén fuera de esas áreas y que tengan bosques, solo podrán ser tituladas si el promovente demuestra haberlas poseído por diez años o más y haber protegido dicho recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado con cercas o carriles limpios. Los planos catastrados que se aporten en diligencias de información posesoria, sin excepción alguna, deberán ser certificados por la Dirección General [Nombre4] y el Servicio de Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dependencias que darán fe de si el inmueble que se pretende titular se encuentra dentro o fuera de esas áreas protegidas.´ El texto de la norma antes citado se mantuvo con la reforma que introdujo la Ley [Nombre4] No.7174 del 28 de junio de 1990, a la Ley de Informaciones Posesorias, variándose únicamente el Ministerio al que estaba adscrito el Servicio de Parques Nacionales, que pasó a pertenecer al Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. El texto de dicha norma decía: "Artículo 7.- Cuando el inmueble a que se refiere la información esté comprendido dentro de una zona declarada parque nacional, reserva biológica, reserva [Nombre4] o zona protectora, el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la respectiva ley o decreto en que se creó la respectiva área silvestre. Las fincas que estén fuera de esas áreas y que tengan bosques, solo podrán ser tituladas si el promovente demuestra haberlas poseído por diez años o más y haber protegido dicho recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado con cercas o carriles limpios. Los planos catastrados que se aporten en diligencias de información posesoria, sin excepción alguna, deberán ser certificados por la Dirección General [Nombre4] y el Servicio de Parques Nacionales del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, dependencias que darán fe de si el inmueble que se pretende titular se encuentra dentro o fuera de esas áreas protegidas.´ El anterior texto de la disposición y su interpretación y aplicación por el Tribunal Superior Agrario es el que se impugna en la presente acción de inconstitucionalidad. Actualmente, por la reforma efectuada por la Ley [Nombre4] No.7575 de 13 de febrero de 1996, el texto vigente de la disposición cuestionada dice: "Artículo 7.- Cuando el inmueble al que se refiere la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre. Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios. Sin excepción alguna, los planos catastrados que se aporten en diligencias de información posesoria, deberán ser certificados por el Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del ente encargado, el cual dará fe de si el inmueble que se pretende titular se encuentra dentro o fuera de esas áreas silvestres protegidas. ´ III.- CRITERIO REITERADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO CUESTIONADOEN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: El accionante señala como infractor de derechos fundamentales el pronunciamiento reiterado del Tribunal Superior Agrario en relación con la interpretación que da a lo dispuesto en el artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias vigente al momento de plantearse la acción de inconstitucionalidad. En dos resoluciones que se citan en el primer considerando, se expresa el criterio del Tribunal en esa materia. En ellas, en resumidas cuentas, se señala que el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias constituye un caso especial que se aparta de la regla general del artículo 1 de esa Ley; que lo anterior se desprende entre otras cosas, del texto de esa disposición antes de la reforma introducida por la Ley [Nombre4] No.7124 de 28 de junio de 1990; que la consecuencia de esto es que para titular terrenos comprendidos en parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales o zonas protectoras, se requiere la posesión personal con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que crea el área silvestre protegida; que en estos casos no favorece la posesión transmitida por anteriores poseedores para la titulación del terreno; que ha sido reiterada la jurisprudencia del Tribunal en ese sentido (resoluciones números 251 de las 14:00 horas del 17 de abril de 1991 y 843 de las 14:45 horas del 20 de noviembre de 1992). IV.- RÉGIMEN GENERAL DE LA USUCAPIÓN: En principio, debe indicarse que las diligencias de información posesoria reguladas en la Ley de Informaciones Posesorias No.139 de 14 de julio de 1941 y sus reformas, son un procedimiento judicial no contencioso por medio del cual se formaliza un título de propiedad de bienes inmuebles inscribible en el Registro Público. En general, con ese procedimiento se pretende que los poseedores que carecen de título inscribible en el Registro Público, lo obtengan. El artículo 1 de esa Ley dispone que para que el poseedor de bienes raíces solicite el otorgamiento del título con base en el procedimiento de información posesoria, deberá demostrar una posesión por más de diez años con las condiciones que señala el artículo 856 del Código Civil, a saber, en calidad de propietario, continua, pública y pacífica. Los anteriores requisitos de tiempo y condición, caracterizan la posesión necesaria para usucapir. Para obtener la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva, además de la posesión en las condiciones indicadas, el artículo 853 del Código Civil señala como requisitos: el título traslativo de dominio y la buena fe. De lo anterior y de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Informaciones Posesorias, que caracteriza el procedimiento de información posesoria como un proceso judicial no contencioso -en el que al surgir un reclamo u oposición de alguna persona o del Estado, provoca que el asunto se suspenda y se remita a la vía declarativa para su discusión y solución, o que se archive el expediente y se tenga por agotada la vía administrativa, respectivamente-, se desprende que la titulación del bien inmueble tiene como requisito la adquisición de la propiedad. O sea, que se distingue el momento de adquisición de la propiedad por usucapión del momento en que esa situación se hace valer en el procedimiento de información posesoria para obtener un título inscribible en el Registro Público. De ahí que se considere la usucapión como un modo de adquisición de la propiedad y de otros derechos reales poseíbles, y a la titulación como el procedimiento por medio del cual, comprobados los requisitos de la usucapión, se confiere el título de propiedad inscribible. La usucapión es un modo originario de adquirir un derecho real poseíble por el transcurso del tiempo con los requisitos de ley. El efecto jurídico adquisitivo de la usucapión se produce de manera automática con el transcurso del tiempo unido a una posesión hábil que reúna las condiciones fijadas para la posesión ad usucapionem, y a los demás requisitos establecidos en la ley. En términos generales, el Código Civil establece como requisitos para la prescripción positiva: el título traslativo de dominio, la buena fe, y la posesión en condiciones específicas. En cuanto al título hábil para usucapir la doctrina ha dicho que lo que se requiere es un negocio jurídico de adquisición del derecho poseído. El título es el hecho que sirve de causa a la posesión y, en consecuencia, a la adquisición de la propiedad. Es el fundamento jurídico, la razón determinante de la adquisición. La usucapión supone, en su origen, un acto o una serie de actos por los cuales una persona adquiere sobre una cosa una posesión que normalmente debería ir aparejada a un derecho sobre el bien, pero eso no sucede, por lo que el título de la usucapión coincide con el acto de adquisición posesoria. El título debe ser justo, lo que obliga a su validez y conformidad con el ordenamiento jurídico (lícito). La jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (véanse resoluciones números 92 de las 10:00 horas del 21 de junio de 1991 y 68 de las 14:55 horas del 17 de agosto de 1994) señala al respecto que para la usucapión, el artículo 853 del Código Civil exige título traslativo de dominio, posesión y buena fe, pero en el numeral 854 aclara que se requiere justo título, lo que lo caracteriza no como documento sino como causa de adquisición; que el artículo 854 excluye la prueba del justo título en tres hipótesis: bienes muebles, servidumbres y derecho de posesión; que en estos casos el hecho de la posesión hace presumir el título; que tratándose del derecho de posesión el título no es necesario porque la posesión vale por título; que no se debe pedir título a quien adquiere originalmente como producto de una toma de posesión en que no tiene ningún transmitente y en que su causa de adquisición encuentra tutela en el ordenamiento; que para el caso anterior el título se confunde con la posesión, el título es la posesión; que el carácter de justo del título radica en el hecho de que sea lícito, y para el caso ad usucapionem, significa que la posesión debe reunir los requisitos de pública, pacífica, continua, y en calidad de verdadero titular; que cuando el Código Civil exige título traslativo de dominio o la Ley de Informaciones Posesorias obliga a su presentación junto con otros documentos necesarios para la tramitación del expediente, se refieren exclusivamente al caso en que el usucapiente no ha sido el poseedor originario, sino que ha adquirido de otro poseedor; que en ese caso si se requiere demostrar documentalmente el título; que el artículo 101 de la Ley de Tierras y Colonización No.2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas señala que cuando media usucapión no es necesario el título traslativo de dominio exigido por el Código Civil. En cuanto al requisito de la buena fe, la jurisprudencia (véanse las resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia números 230 de las 16:00 horas del 20 de julio de 1990 y 68 de las 14:55 horas del 17 de agosto de 1994) ha señalado que de acuerdo con el artículo 853 del Código Civil, la buena fe es un requisito de la usucapión que debe estar presente para que ésta exista; que si los presupuestos de la buena y mala fe se encuentran en el artículo 285 del Código Civil, la regla para declarar la mala fe es su plena demostración por quien alega su existencia, pues el artículo 286 del mismo Código adquiere carácter prevalente respecto del 285, al establecer el principio de presunción de la buena fe; que la buena fe atañe a la convicción personal del sujeto sobre su legitimidad; que debe hablarse de creencia que se genera en virtud de ignorancia o error; la buena fe cumple en la posesión el objetivo de garantizar ciertos derechos al poseedor -adquisición de frutos, pago de mejoras, derecho de retención, y no responsabilidad por la pérdida o el deterioro de la cosa-; que para la buena fe general -requisito de la posesión- es necesaria la ignorancia o el error en cuanto a la existencia de un vicio que invalida el título o modo de adquirir; que en cuanto a la buena fe necesaria para la usucapión, que comprende a la general, se requiere la creencia de que el transmitente del título es propietario de la cosa transmitida o que tiene el poder de realizar esa transmisión. Ahora bien, como último requisito contemplado en el artículo 853 para la prescripción positiva se tiene la posesión. La esencia del instituto de la usucapión está ligado con la disciplina de la posesión. Al ejercicio de la posesión durante un plazo determinado y en condiciones especiales -pública, pacífica, continua y en calidad de titular del derecho ostentado-, se suman los requisitos que el ordenamiento establece para la usucapión, justo título y buena fe. La posesión como derecho real implica la relación entre una persona y la cosa. Constituye uno de los elementos separados que forman el dominio (artículo 264 Código Civil). El derecho de posesión puede ser adquirido independientemente del dominio pleno bajo ciertas circunstancias que el Código Civil regula en el artículo 279 -por consentimiento del propietario, por el hecho de conservar la posesión por más de un año y porque la ley autorice al acreedor a retener la cosa de su deudor o mande que todos o algunos de sus bienes pasen a un depositario-. El derecho de posesión en general se integra con dos elementos: el corpus y el animus. El primero, referido específicamente al hecho material de tener sometida la cosa al poder -acción- y la voluntad de una persona, y el segundo, relacionado con un aspecto interno que guía al poseedor. A esos elementos se deben sumar otras circunstancias especiales que la ley exige para que la posesión resulte útil para usucapir. En ese sentido, la posesión ad usucapionem es una forma más rigurosa o calificada de posesión que se diferencia de la genérica. Los requisitos que la ley exige para que la posesión sea apta para la prescripción positiva se regulan en el artículo 856 del Código Civil. La jurisprudencia, integrando conceptos doctrinarios, ha desarrollado el contenido de esos requisitos. En ese sentido, en relación con la posesión en calidad de propietario se ha señalado que lo que el Código Civil quiere decir es posesión en calidad de titular del derecho ostentado, toda vez que la propiedad no es el único derecho que se puede adquirir por prescripción positiva, por lo que este requisito atiende al título o causa determinante de la posesión y a su posterior modo de ejercicio; que lo que interesa es el comportamiento del poseedor como titular -la materialización de una conducta como titular-, que excluye a todo aquel poseedor con causa no usucapible como el arrendatario, administrador, depositario o servidor de la posesión; que, con base en ese requisito, también se excluyen los actos ejecutados en virtud de licencia y los meramente tolerados, porque no pueden conducir a la constitución o adquisición de la posesión, y menos de la usucapión, dado que se producen por la liberalidad del verdadero titular y no del que se muestra como tal; que la cualidad de ejercer la posesión en concepto de titular del derecho que se usucape se comprende en cuanto califica al sujeto apto y desecha al no idóneo; que esa calificación, en línea de máximas, coincide con el título, por lo que esa condición puede ser llevada a identificar la causa jurídica misma con la posesión. En cuanto al requisito de continuidad de la posesión se entiende que los actos posesorios deben ser ininterrumpidos, o sea, que no deben realizarse en forma aislada o accidental; que esa situación se debe mantener durante todo el tiempo necesario para la usucapión; que el vicio se produce cuando se da alguna de las causas de interrupción de la posesión, porque en esos supuestos todo el tiempo corrido se inutiliza; que siendo la interrupción un vicio, la continuidad se presupone -artículo 283 del Código Civil-, y el que alega la existencia del vicio debe probarla. En relación con la posesión pacífica se dice que implica el no adquirirla o mantenerla por la fuerza (medios de coerción física o moral); que la posesión obtenida con violencia se transforma en pacífica cuando cesa la causa generada de la nueva titularidad, y se convierte en útil para usucapir -artículo 857 del Código Civil-; que no se está en presencia de una posesión violenta cuando el poseedor defiende la posesión -evita que se la arrebaten-, pero eso no ampara la acción violenta del despojado de acudir a las vías de hecho para recuperar su posesión, aunque legalmente le corresponda, porque mientras otro se oponga, deberá acudir a la autoridad judicial -artículos 305 y 317 del Código Civil-. En cuanto al último requisito de la posesión ad usucapionem, sea, la publicidad, la doctrina señala que la posesión pública es el uso normal de la cosa con arreglo a su naturaleza y destino. La jurisprudencia, por su parte, ha señalado que la posesión debe ejercerse frente a todos, sin ocultar o esconder los actos realizados sobre la cosa; que además es importante no ocultar la condición de titular del derecho con la que se posee; que el vicio que se contrapone a la publicidad es la clandestinidad; que la posesión que inicialmente ha sido oculta puede llegar a ser idónea para usucapir si se convierte en pública. Ahora bien, debido al examen que se hará posteriormente en relación con los alegatos planteados por el accionante contra el texto del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias y su interpretación por parte del Tribunal Superior Agrario, resulta necesario exponer, aunque sea de forma general y atendiendo más que todo a criterios doctrinarios, lo referente a los modos de adquisición de la posesión y a su objeto. En términos generales, se ha admitido que la posesión se adquiere a título originario y a título derivativo. El primer caso se presenta cuando el título se funda únicamente en el acto de voluntad unilateral del adquirente. En el segundo caso se produce una doble intervención del adquirente y del poseedor precedente, y el origen del fenómeno adquisitivo está en la disposición de ese poseedor. El artículo 278 del Código Civil dispone que el derecho de posesión se hace efectivo por la ocupación o tradición del derecho o cosa de que se trata. Por su parte, el artículo 485 ibídem señala que por la ocupación puede adquirirse el dominio de las cosas muebles. La figura típica de la posesión a título originario es la ocupación. Por su parte, la tradición es la forma derivativa de adquisición de la posesión por excelencia, en ella interviene el anterior poseedor. Es la entrega de la cosa para trasladarla a quien recibe la posesión. Su naturaleza jurídica estriba en la transmisión de la posesión. En derecho moderno tradición es todo traspaso posesorio que se realiza con la voluntad del anterior poseedor -todo medio de adquisición derivativa de la posesión-. La tradición como traspaso posesorio ocurre cuando el adquirente obtiene la posesión y simultáneamente el poseedor precedente la pierde por la cesión hecha a título oneroso o gratuito. En este caso, la posesión se obtiene cuando el adquirente cumple la voluntad del transmitente ocupando la cosa, sujetándola a su voluntad o cumpliendo los actos y las formalidades de ley. Debe recordarse que esos son los modos de adquirir la posesión que al cumplir los requisitos de ley se convierte en posesión ad usucapionem. En cuanto al concepto del objeto de la posesión, lo importante a los efectos de resolver esta acción de inconstitucionalidad es precisar que son susceptibles de posesión -y de la especial ad usucapionem- las cosas que se encuentran dentro del comercio. Se dice que comercio equivale a lo que se conoce como tráfico jurídico, por lo que las cosas están dentro del comercio cuanto se encuentran en posibilidad legal de ser objeto de un negocio jurídico patrimonial. El artículo 262 del Código Civil establece que las cosas públicas se encuentran fuera del tráfico patrimonial. Por su parte, el artículo 261 ibídem define las cosas públicas como las que por ley están destinadas, de modo permanente, a cualquier servicio de utilidad general, y las que todos pueden aprovechar por estar entregadas al uso público. El dominio público se entiende actualmente como una intervención intensa del poder público justificada por la necesidad de asegurar el efectivo cumplimiento, por parte de las cosas, de un fin público querido por el derecho. En ese entendido, la cosa pública se concibe como una relación jurídica constituida por el ordenamiento que consiste en un deber de la Administración de establecer y mantener una función pública cuya realización requiere de una cosa (en sentido jurídico privado), que por su conexión con el fin público, se sustrae al ordenamiento privado y queda sujeta al régimen que regula la específica función pública. En ese sentido, los bienes de dominio público cuentan con un régimen especial, no por su naturaleza, sino por su afectación al estatuto público. La destinación de un bien a un uso o servicio público se produce por ley. Como la sujeción ocurre respecto de bienes que están en el tráfico jurídico privado, supone una incidencia que lesiona el dominio privado e implica -en la mayoría de los casos- la necesidad de modificar la titularidad sobre los bienes para que el particular no se vea obligado a soportar un cambio radical de estatuto. Actualmente, la doctrina señala que la servicialidad de los bienes a un fin público puede producirse sin sacrificar su situación en el tráfico jurídico privado, porque basta con una delimitación jurídico pública del contenido de los derechos reales y su limitación. Después de exponer el panorama general del régimen de la usucapión, es necesario señalar que debido a la incorporación de criterios doctrinarios a la jurisprudencia (sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia No.68 de las 14:55 horas del 17 de agosto de 1994) los requisitos que caracterizan ese instituto jurídico se han visto afectados al relacionarse con los conceptos de propiedad agraria, [Nombre4] y ecológica. En ese sentido, resulta importante sintetizar los elementos básicos que a nivel de doctrina y jurisprudencia se manejan en relación con esos temas, y que obligan al juez -en relación con la norma impugnada- a determinar en cada caso el tipo específico de acto posesorio que se ha ejercido en el fundo -que entra a formar parte del área silvestre protegida- que se pretende titular. Lo anterior con el objeto de que el juez tenga un criterio más amplio -que no se limite a la fecha de entrada en vigencia de la ley o el decreto ejecutivo que defina los límites de un área silvestre determinadapara establecer con mayor precisión el momento en que dichos bienes se convirtieron en inalienables e imprescriptibles, a los efectos de determinar si sobre ellos se ejerció la posesión ad usucapionem durante diez años anteriores a que adquirieran esa condición. Esta perspectiva de mayor amplitud que favorece la protección del patrimonio ambiental de la Nación, determina que cuando se pretenda titular -mediante el procedimiento de informaciones posesorias- un terreno ubicado dentro de un área silvestre protegida, la discusión no se reduzca al simple cálculo del tiempo que tiene una personas de haber ingresado a un inmueble en relación con la fecha en que se haya producido la declaratoria de área silvestre protegida, ya que -por un lado- deberá contemplarse a los efectos de acreditar la posesión ad usucapionem durante el plazo establecido en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, los elementos que cada tipo específico de posesión contempla, y -por otro lado- la posible existencia de normas que de antaño declaraban inalienables esos terrenos, aún antes de su afectación específica al dominio público. En ese sentido, el desarrollo que en materia de propiedad [Nombre4] ha realizado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se puede sintetizar como sigue: la propiedad [Nombre4] es un tipo diferente de propiedad con características y particularidades propias y un régimen especial; la propiedad [Nombre4] se concibe fundamentalmente para conservar, no para producir ni ser parte del comercio de los hombres; la normativa [Nombre4] presenta tres momentos, pero no es sino a partir de la promulgación de la Ley No.7032 de 7 de abril de 1986, que se contó con un instrumento mejor concebido para hacerle frente al complejo problema forestal; la Ley No.7032 de 7 de abril de 1986, fue declarada inconstitucional, y la No.7171 de 28 de junio de 1990, se promulgó nuevamente con el texto de la anterior; la tutela de los recursos naturales ha sufrido avances significativos en los últimos tiempos; los instrumentos internacionales de derechos fundamentales y el desarrollo jurisprudencial han provocado cambios en la legislación interna tendientes a proteger el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; los cambios en la legislación han alcanzado a la propia constitución y actualmente se concibe al derecho al ambiente como un verdadero derecho humano; el desarrollo en este tema ha sido tal que se ha podido formular una verdadera clasificación jurídica: el derecho ecológico; de acuerdo con la Ley [Nombre4] el patrimonio [Nombre4] del Estado incluye todo el territorio nacional y se subdivide en tres áreas: la comprendida por el régimen forestal, los aprovechamientos forestales en terrenos de propiedad privada y las reservas nacionales; el régimen [Nombre4] se define como el conjunto de disposiciones jurídicas, económicas y técnicas que dan contenido a la conservación; el régimen [Nombre4] tiene tres subáreas: a.- zonas protectoras, b.- parques nacionales, reservas forestales y biológicas, y c.- bosques y terrenos forestales; el término reservas nacionales se utiliza a partir de la Ley de Tierras y Colonización No.2825 del 14 de octubre de 1961, para identificar todas aquellas tierras denominadas por el Código Fiscal de 1865, y luego por la Ley No.13 de 19 de enero de 1939, como baldíos nacionales; se trata de los inmuebles que no están sometidos a la propiedad privada -no están inscritos en el Registro Público en los términos de los artículos 267 y 486 del Código Civil- y aquellos que tampoco están inscritos a nombre del Estado o de sus instituciones; los baldíos nacionales resultan ser el remanente de las dos formas de propiedad anteriores; siguiendo los lineamientos del Código Civil, la Ley General de Baldíos Nacionales No.13 de 10 de enero de 1939, los declaró pertenecientes al Estado, dentro de los límites de la República; La Ley de Tierras y Colonización No.2825 de 14 de octubre de 1961, mantuvo la misma orientación y amplió las zonas declaradas por la ley anterior como inalienables; en general esas reservas han tenido límites -en cuanto a la superficie-, límites para poseerlas y para inscribirlas mediante el procedimiento de informaciones posesorias; todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectadas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal; sobre ellas el Estado puede crear reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas biológicas, conformando así el patrimonio forestal; para poder colonizarlas o enajenarlas se requiere autorización legislativa, y cuando son poseídas por terceros, éstos no adquieren ningún derecho, siendo imprescriptible el derecho del Estado para reivindicar; de acuerdo con la regulación vigente el aprovechamiento en reservas nacionales solo se puede practicar mediante concesión otorgada por el Estado; el aprovechamiento del recurso [Nombre4] en terrenos de propiedad privada no excluye estas tierras del patrimonio [Nombre4] del Estado; el patrimonio [Nombre4] del Estado es aplicable a todos los bienes nacionales donde existan recursos naturales forestales; en las tierras donde existan recursos naturales, para poder explotar los recursos maderables los privados deben elaborar planes técnicos forestales y obtener concesiones a largo plazo; el Estado otorga una serie de incentivos para el manejo y reglamentación de los bosques y terrenos forestales de dominio particular; en cuanto a los parques nacionales y reservas biológicas, El Poder Ejecutivo está facultado para incluir dentro de sus límites las fincas o partes de fincas particulares necesarias para lograr sus objetivos, y esos terrenos serán adquiridos por compra o expropiación; para la creación de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre, el Estado deberá comprar o expropiar, salvo que, a requerimiento de la Dirección General Forestal, sus propietarios acepten someterse al régimen [Nombre4] respectivo; los bosques y terrenos de aptitud [Nombre4] son de utilidad pública y -en consecuencia- susceptibles de expropiación, salvo los sometidos voluntariamente al régimen forestal; los bosques y terrenos de aptitud [Nombre4] que constituyen las áreas forestales públicas y las privadas están sometidos al respectivo plan de manejo, para su conservación y fomento; la normativa [Nombre4] establece un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales; las reservas nacionales están sometidas de derecho al régimen porque pertenecen al Estado; solo procede la expropiación cuando se trata de bienes privados que se afectan para conformar parques nacionales, reservas forestales o biológicas, bosques o terrenos forestales; en las fincas de propiedad privada para poder constituir la propiedad [Nombre4] necesariamente su titular debe someterse voluntariamente al régimen jurídico establecido por la ley, específicamente a las limitaciones de interés social impuestas a la propiedad; para la creación de zonas protectoras en fincas sometidas a régimen privado, la ley somete a las mismas a un régimen [Nombre4] obligatorio, limitado a efectuar labores agrícolas o destrucción de vegetales -salvo autorización expresa- con las mismas ventajas otorgadas a los privados sometidos voluntariamente al régimen (véanse sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia número 189 de las 10:20 horas del 30 de octubre de 1991 y 51 de las 15:15 horas del 26 de mayo de 1995). En cuanto a la propiedad agraria debe indicarse que cuando se reconoce la función social de la propiedad, el derecho de propiedad se configura como un derecho-deber, en el que existe una forma específica de ejercer las facultades del dominio, y se imponen al titular obligaciones como la utilización productiva de la tierra. Dado que el supuesto de hecho de la norma impugnada -artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias- podría aplicarse en la hipótesis en que sobre el terrero que se pretende titular, antes de su afectación al dominio público, se haya ejercido posesión agraria, resulta necesario señalar los elementos que caracterizan el instituto de la usucapión agraria, como se hizo arriba con el régimen general de la usucapión civil ordinaria. De acuerdo con la jurisprudencia, el fundamento de ese instituto lo constituye un principio general de Derecho Agrario: la función económico social de la propiedad agraria. Ese principio se integra fundamentalmente con dos aspectos: uno subjetivo, de orden económico, que consiste en la obligación del propietario de producir, mejorar y respetar el ambiente, y otro objetivo o social, que entraña la obligación del Estado de dotar de propiedad a quien está en condiciones de producir pero carece de tierra. En virtud de lo anterior, el trabajo agrario constituye el fundamento de la usucapión agraria al ser el instrumento por medio del cual se adquiere la propiedad de la tierra. Para la usucapión agraria la posesión adquiere un valor central como elemento obligatorio para adquirir el derecho de propiedad. El instituto de la usucapión agraria en Costa Rica coincide con la usucapión general del Código Civil en su estructura, sin embargo, difiere de ella en su función por la introducción de los principios antes expuestos. Dentro de los elementos que caracterizan la usucapión agraria se encuentra una concepción especial del animus del poseedor que debe proyectarse por medio del ejercicio de actos posesorios agrarios. Este se refleja con mayor intensidad en la apropiación económica de las ganancias obtenidas por el trabajo sobre el fundo. Se presume que el que trabaja la tierra de esa forma lo hace a título de dueño. Por otra parte, el justo título lo constituye el trabajo agrario, y su no exigencia como documento permite que la adquisición pueda darse contra un título inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público. Asimismo, en la usucapión agraria no existe la distinción de la posesión de buena o mala fe, porque lo que interesa es fundamentalmente la actividad productiva agraria. La legislación especial agraria en Costa Rica ha ido eliminando el justo título y la buena fe en la usucapión al punto de que la no exigencia de esos requisitos se ha convertido en la regla y su excepción se encuentra en sede civil en la hipótesis de adquisición derivativa de la posesión. Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia han entendido que en los artículo 92 y 101 de la Ley de Tierras y Colonización No.2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas, se regula expresamente la usucapión agraria de tierras. En esos artículos se define la figura de la posesión precaria de tierras que constituye una modalidad de la posesión agraria. Consiste en un poder de hecho sobre un bien de naturaleza productiva, inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público, en el que se realizan actos estables y efectivos de posesión que se dirigen a poner el bien en condiciones de producción con el fin de satisfacer necesidades propias del poseedor y de su familia. Como en la posesión precaria prevalecen la necesidad alimentaria y el trabajo agrario, se debe poseer en forma directa y personal -no basta el simple ánimo de poseer-. Asimismo, se prescinde de la consideración de si existe buena o mala fe, toda vez que el poseedor en precario sabe que el bien que trabaja está inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público. También se excluye el título traslativo de dominio porque el título lo constituye el trabajo agrario. V.-EN CUANTO A QUE LA DISPOSICIÓN IMPUGNADA AMPLÍA EL PLAZO DE POSESIÓN NECESARIO PARA ADQUIRIR LA PROPIEDAD POR PRESCRIPCIÓN POSITIVA, Y QUE DICHA NORMA SE APLICA EN FORMA RETROACTIVA EN PERJUICIO DE DERECHOS ADQUIRIDOS: Señala el accionante que el texto de la norma cuestionada infringe el derecho de propiedad y el principio de no aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de derechos patrimoniales adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, porque amplía el plazo de diez años de la posesión necesario para adquirir la propiedad por prescripción positiva, y porque se aplica retroactivamente afectando derechos patrimoniales adquiridos especialmente referidos al ejercicio de la posesión. El artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias impugnado, cuyo texto es anterior a la última reforma por Ley [Nombre4] No.7575 de 13 de febrero de 1996, regula el caso de la titulación de bienes inmuebles comprendidos dentro de un área declarada parque nacional, reserva biológica, reserva [Nombre4] o zona protectora. Señala ese artículo que el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que creó el área silvestre. La disposición cuestionada regula el caso de titulación de un bien inmueble que ha sido afectado al dominio público con la declaratoria de área silvestre protegida, cualquiera que sea su especificidad. Corresponde ahora determinar si de acuerdo con la hipótesis que contempla la norma impugnada, a la luz de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que informan los institutos de la usucapión y de la posesión necesaria para usucapir, expuestos anteriormente, la norma cuestionada regula un tipo especial de posesión necesaria para adquirir la propiedad sobre los bienes inmuebles, que impone requisitos específicos que pueden infringir el derecho de propiedad o el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, regulados en la Constitución. En primer término, debe señalarse que el artículo cuestionado no modifica -aumenta o disminuye- el plazo de diez años de posesión necesario para usucapir, fijado en el artículo 860 del Código Civil para la generalidad de los casos en que se pretende adquirir la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva. La ampliación del plazo que alega el accionante como infractor del derecho a la propiedad no se produce, porque dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley. Lo anterior es únicamente el resultado natural de aplicar los conceptos sobre el objeto de la posesión y su condición de ejercicio en calidad de titular, necesarios para la posesión ad usucapionem. Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones necesarias para la adquisición del derecho. En ese sentido, la disposición cuestionada, a pesar de que en apariencia regula un caso específico de usucapión, no crea un régimen con requisitos diferentes a los establecidos en el Código Civil para la generalidad de los casos. En ese sentido, tampoco se produce el alegado efecto retroactivo de la norma, porque el plazo de diez años de posesión para usucapir se encuentra establecido en el Código Civil y la disposición cuestionada simplemente destaca ciertos elementos propios de la usucapión que también están definidos en la normativa general, como son: el objeto de la posesión y las condiciones en que ésta se debe ejercer para ser apta para la usucapión. Es decir, la norma no viene a establecer ningún principio diferente -o requisito más riguroso- en relación con la aplicación de las reglas generales de la usucapión. Simplemente especifica la forma en que deben aplicarse esas reglas, lo que coincide con un resultado lógico dada la condición de bien demanial del objeto a titular. De ahí que no se considere que la reforma al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuyo texto se impugna, haya introducido un régimen diferente en relación con los requisitos de la usucapión, que haya podido agravar la situación de personas que se encontraban ejerciendo posesión ad usucapionem en terrenos que fueron declarados de interés público. VI.- EN RELACIÓN CON LA INTRANSMISIBILIDAD DEL DERECHO DE POSESIÓN: El accionante también reclama contra la interpretación que del artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias, reformada por la Ley [Nombre4] No.7174 de 28 de junio de 1990, hace el Tribunal Superior Agrario, porque impide que se pueda transmitir la posesión y así posibilitar la unión de posesiones necesarias para cumplir el plazo de los diez años para la usucapión. Al respecto, debe indicarse que como se dijo anteriormente, la disposición cuestionada no establece un régimen jurídico especial para la posesión y la usucapión que se separe del general. De ahí que resulte atinente afirmar que la norma impugnada tampoco establece una regla especial sobre transmisibilidad del derecho de posesión. En ese sentido, se observa que la declaratoria de área silvestre protegida no modifica el régimen anterior con el que se ejerció la posesión ad usucapionem sobre el terreno (sea este el civil ordinario o el agrario), ni altera, salvo en cuanto a las limitaciones que impone en relación con la utilización del bien, los derechos adquiridos sobre los inmuebles durante el período anterior a la afectación. De ahí que si uno de los modos de adquisición derivativa por excelencia de la posesión es la tradición, esa situación debe posibilitarse en un caso en que no se justifica una regla diversa porque se aplica el régimen general antes de que el terreno haya sido afectado al dominio público. El Código Civil -en el artículo 863dispone que en el cómputo del tiempo necesario para la adquisición por prescripción, el poseedor actual puede completar el plazo uniendo al suyo el de su causante. La unión de los plazos de posesión ejercidos por diferentes personas facilita además el elemento de continuidad de la posesión. El traspaso posesorio debe tener justa causa. En ese sentido, la usucapión puede basarse en que el adquirente compró la cosa, le fue donada, entregada en dote o en pago de una obligación. Esta posibilidad de que el causahabiente aproveche las posesiones anteriores, se da en el caso del régimen agrario siempre que todos los transmitentes reúnan los requisitos de la posesión agraria apta para usucapir. De lo anterior resulta la infracción del derecho a la propiedad y del principio de igualdad por la interpretación que el Tribunal Superior Agrario ha hecho de la norma cuestionada, que niega la posibilidad de transmisión de la posesión en una hipótesis en que no existe un motivo razonable que justifique la aplicación de un régimen distinto al general. La infracción del principio de igualdad se produce porque se establece una regla diferente -intransmisibilidad de la posesión- en una situación en que el inmueble se encuentra sujeto al régimen general, ya que la posesión que cuenta para la usucapión debe ser anterior a la afectación del bien. Asimismo, el derecho de propiedad se ve lesionado puesto que sin motivo razonable se impone un requisito más grave -haber ejercido personalmente la posesión durante los diez años- al que pretende usucapir un terreno que posteriormente es declarado área silvestre protegida, lo cual limita el acceso a ese derecho fundamental. En consecuencia, resulta inconstitucional la interpretación del artículo 7 párrafo primero de la Ley de Informaciones Posesorias No.139 de 14 de julio de 1941, cuyo texto corresponde a la reforma efectuada por la Ley [Nombre4] No.7174 del 28 de junio de 1990, dada por el Tribunal Superior Agrario en punto a la intransmisibilidad de posesiones anteriores. POR TANTO Se declara parcialmente con lugar la acción y, en consecuencia, que es inconstitucional la interpretación judicial del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias No.139 de 14 de julio de 1941, cuyo texto corresponde a la reforma producida por la Ley [Nombre4] No.7174 del 28 de junio de 1990, de acuerdo con la cual para titular terrenos comprendidos en parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales o zonas protectoras, se requiere posesión personal con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o el decreto que crea el área silvestre protegida, y que no favorece en estos casos la posesión transmitida por anteriores poseedores. Esta sentencia es declarativa y sus efectos retroactivos, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. En lo demás se declara sin lugar la acción. Reséñese esta sentencia en el Diario Oficial La Gaceta; publíquese íntegramente en el Boletín Judicial; comuníquese a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia y notifíquese. En lo demás se declara sin lugar la acción." . Así mismo, una de las secciones de este Tribunal planteó consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional referida a la citada norma y su interpretación, la cual fue rechazada por dicha Sala por aspectos formales. Conforme a lo anterior, se mantiene la vigencia del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias y por ende, su aplicación como una desafectación que se dio con la reforma realizada por la Ley [Nombre4] 7575 a los inmueble con bosque ubicados fuera de áreas protegidas, para poder ser titulados por personas particulares. No se comparte el criterio externado por la representante estatal conforme al cual, el carácter demanial se mantiene pese a entrada en vigencia de la norma desde la afectación al Patrimonio Natural del Estado de esos bienes con bosque, al menos desde la Ley [Nombre4] 4465 de 1969. V. Con la vigencia del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, generada a partir de la reforma introducida en la Ley [Nombre4] 7575 de 1996, los terrenos con bosque ubicadas fuera de áreas protegidas quedaron desafectados con la posibilidad de que personas particulares pudieran plantear los procesos de Información Posesoria para obtener el título de los inmuebles sobre los cuales ya tenían el derecho de propiedad al haber cumplido los requisitos dispuestos por ley. De ahí, no lleva razón la apelante en sus agravios de la supervivencia del derecho derogado. Conforme a lo dispuesto en forma vinculante por la Sala Constitucional en el voto transcrito, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, el promovente puede aprovechar la posesión transmitida del bien, siempre que cumpla los presupuestos dispuestos por esa norma. En primer orden, para acreditar el ejercicio de la posesión decenal, el promovente aportó testimonio de escritura mediante la cual [Nombre3] en representación de Agropecuaria Buena Vista S.A. traspasó a [Nombre1] y [Nombre1] , por partes iguales, los derechos posesorios que dijo haber ejercido en forma pública, pacífica, ininterrumpida, a título de dueño, por más de diez años, en la finca sin inscribir ubicada en Florencia de San Carlos, con una medida de 8 hectáreas 3.624,08 metros cuadrados, según el plano catastrado A-944792-2004, el 15 de junio de 2007 (ver expediente digitalizado en: Doc. Asociados 15/03/2013 10:55:19 a.m., folio 3). Se recibió además la declaración de tres testigos ofrecidos por los promoventes para acreditar la posesión (ver expediente digitalizado en: Doc. Asociados 15/03/2013 10:55:19 a.m., folios 84 a 89). Concretamente, [Nombre2] (ver expediente digitalizado en: Doc. Asociados 15/03/2013 10:55:19 a.m., folios 84 y 85) dijo tener 35 años de conocer la propiedad pues es colindante. Citó como primer dueño a [Nombre5] , quien poseyó por diez años; luego lo traspasó a unos señores de apellido [Nombre6] los cuales lo trabajaron durante diez años; después lo traspasaron a [Nombre7] ; quien lo vendió a don [Nombre3] y éste a los titulantes. El deponente hizo referencia a la existencia de pastos mejorados con unos cuarenta semovientes, y de montaña virgen, así como a cercas y carriles en las colindancias; y protección del recurso natural. El testigo [Nombre8] (ver expediente digitalizado en: Doc. Asociados 15/03/2013 10:55:19 a.m., folio 86), señaló que conoce el terreno desde hace 13 o 14 años, indicando que el terreno fue de un señor conocido como "[Nombre9]" y éste luego lo traspasó a los titulantes desde hace más de dos años; agregó, el bien está destinado a pastisales con unos treinta y cinco semovientes y montaña virgen y el recurso natural se ha protegido, manteniendo los promovente cercas y carriles en las colindancias. Señaló, han ejercido la posesión junto con su transmitente en forma pública, pacífica, sin interrupción y a título de dueños por más de diez años. Finalmente, se recibió la declaración de [Nombre10] (ver expediente digitalizado en: Doc. Asociados 15/03/2013 10:55:19 a.m., folio 87), quien dijo conocer el inmueble desde hace 40 años y que el primer dueño que conoció fue a [Nombre5] , quien lo vendió a [Nombre11] y éste a [Nombre3] hace unos trece años; y éste lo traspasó a los promoventes. Describió el inmueble como un terreno de pastisales y montaña de la cual no se han talado árboles; con cercas y carriles en sus colindancias; e indicó, los titulantes y sus transmitentes han ejercido la posesión en forma pública, pacífica, ininterrumpida y a título de dueños por más de diez años. Así mismo, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria -INTA- certificó que se ha ejercido el uso conforme del suelo para la actividad que se realiza de acuerdo a la metodología aprobada (ver expediente digitalizado en: Doc. Asociados 15/03/2013 10:55:19 a.m., folios 12 y 13); y conforme al plano (ver expediente digitalizado en: Doc. Asociados 15/03/2013 10:55:19 a.m., folio 137) y las actas de reconocimiento judicial se hizo constar la naturaleza del bien, así como la protección del recurso natural existe en el bien y la delimitación de éste con cercas y carriles (ver expediente digitalizado en: Doc. Asociados 15/03/2013 10:55:19 a.m., folios 79 a 83 y 107), consignándose además en el plano A.1576834-2012, la existencia de nacientes como parte de los accidentes geográficos. Finalmente, se hizo constar que no existe en este momento ningún aprovechamiento del recurso hídrico y no forma parte de futuros planes para tal fin (ver expediente digitalizado en: Doc. Asociados 15/03/2013 10:55:19 a.m., folio 125). De la prueba aportada se desprende que los titulantes lograron acreditar el cumplimiento de los requisitos dispuestos por el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, pues se verificó que el terreno está debidamente delimitado con cercas y carriles, se ha protegido el recurso natural y tanto éstos como los anteriores dueños, ha ejercido una posesión pública, pacifica, ininterrumpida, a título de dueños y por más de diez años antes del planteamiento del proceso de Información Posesoria.- VI. Por lo expuesto, con fundamento en el criterio jurisprudencial citado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 45 de la Constitución Política, 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, 1, 2, 6, 26, 54 y 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria y 1, 2, 6, 7 y 11 de la Ley de Informaciones Posesorias, deberá confirmarse la sentencia en lo que ha sido objeto de posesión.- VII. VOTO SALVADO DE LA JUEZA ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA: No se comparte el Voto de mayoría al aprobar la información posesoria sobre terrenos constituídos por bosques primarios, por cuanto los mismos son parte del patrimonio natural del Estado y no se demostró una posesión decenal ejercida con antelación a la afectación de ese bien como demanial.- El Dominio Público -para el caso que nos interesa- es el conjunto de bienes propiedad pública del Estado, lato sensu, afectados al uso público directo o indirecto, de los habitantes, y sometido a un régimen especial de derecho público y, por tanto, exorbitante del derecho privado. El dominio público se encuentra conformado por cuatro elementos: subjetivo, objetivo, normativo y teleológico. El elemento subjetivo se refiere al titular del derecho -El Estado-; el elemento objetivo se refiere o se constituye por el bien o los bienes sobre los cuales recae el dominio público -para este caso el inmueble objeto de litigio- ; el elemento normativo determina cuando un bien reúne los requisitos señalados por ley para considerarlo demanial, es el conjunto de normas que lo rigen -elenco de normas que en adelante se dirán-; y el elemento teleológico que se refiere a la finalidad que se persigue al incluir determinado bien dentro del dominio público, qué finalidad pública es asignada al bien -en este caso la protección de los recursos naturales-. Los bienes de dominio público están sometidos a un régimen jurídico especial, se encuentran sujetos a un poder de policía, y se caracterizan esencialmente por su inalienabilidad e imprescriptibilidad. Por su naturaleza están dirigidos a satisfacer necesidades públicas, este hecho impide que sobre ellos exista tenencia o posesión por parte de particulares o personas privadas, están fuera del comercio del derecho privado. Nuestra Constitución Política en su artículo 121 inciso 14) hace referencia a la Demanialidad indicando qué bienes son susceptibles de ese régimen de propiedad pública, incluso estableciéndose en ese artículo diferentes grados de afectación pública dándose un grado de publicatio intenso y absoluto hasta otros grados menos intenso y se armonizan los derechos de los administrados con las potestades de la Administración. Nuestro Código Civil vigente que data desde el mes de abril de mil ochocientos ochenta y seis, regula las bases más importantes en materia de bienes de dominio público, concretamente en sus artículos 261 al 263. El artículo 262 del citado Código Civil, hace referencia a dos características importantes de los bienes de dominio público: a- las cosas públicas están fuera del comercio, y b- se establece la desafectación al decir que esos bienes no pueden entrar en el comercio privado, mientras legalmente no se disponga así. Como puede observarse la afectación al régimen de dominio público no depende de la naturaleza del bien, sino de la voluntad del legislador. Mediante voto número 447-91 de las quince horas treinta minutos del 21 de febrero de 1991 la Sala Constitucional manifiesta que la declaración de dominio público del bien se establece por ley, esta declaración no constituye una limitación a la propiedad, de acuerdo con el artículo 45 de la Carta Magna, pues éste artículo se refiere a propiedad privada, y los bienes de dominio público no están sujetos a propiedad privada. El Patrimonio [Nombre4] del Estado, es un bien Demanial regulado en un amplio conjunto normativo en el que históricamente hasta la actualidad se prohíbe a los particulares realizar cualquier tipo de labor dentro de los inmuebles con esa característica y como consecuencia negándoles el derecho de posesión, haciéndose una salvedad en una situación específica que más adelante se dirá. Se considera como Patrimonio Estatal, -en su condición de Demanio Público que implica los principios de imprescriptibilidad, inalienabilidad, e inembargabilidad-, los terrenos que constituyen Reservas Nacionales que tengan Bosques. Lo anterior encuentra su desarrollo normativo en las citas que a continuación se exponen: 1) El Código Fiscal de 1865 el cual contempla un capítulo referido a los bosques, el cual fue derogado por la Ley General de Terrenos Baldíos Número trece del 6 de enero de 1939 la cual incorporaba prácticamente las mismas disposiciones. Por ejemplo el artículo primero indicaba: "Que los terrenos comprendidos en los límites de la República, que no hayan sido adquiridos o inscritos en propiedad mediante título legítimo por particulares, se presumen baldíos y pertenecen al Estado."Esta ley en general regula la prohibición para poseer e inscribir mediante el trámite de informaciones posesorias las Reservas Nacionales que sean Patrimonio Forestal, en otras palabras no son susceptibles de apropiación por parte de particulares.- La Ley de Tierras y Colonización Número 2825 del 14 de octubre de 1961 mantuvo la misma orientación y se encuentra vigente en la actualidad desde aquella fecha. Así el artículo 8 de esa Ley de Tierras y Colonización establece: "Exceptuado los casos previstos en esta ley es prohibido a los particulares encerrar con cercas, carriles, o cualquier otra forma los terrenos declarados Reservas Nacionales, derribar montes, establecer construcciones y cultivos o extraer de ellos leña, madera, bejuco, palma, y otros productos con fines de explotación. Todo acto de ese genero, si de previo no se han llenado los trámites legales y obtenido la autorización correspondiente será considerado, según el caso como usurpación de dominio público o merodeo, debiendo las autoridades ordenar la destrucción y remoción de las cercas e impedir el uso de esas tierras, sin lugar a indemnización ni a reclamos por el valor de las mejoras y sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran caber a quienes incurrieren en tales faltas".- Nótese que este artículo sanciona penalmente a aquel que se introdujere a una reserva Nacional para realizar cualquier actividad en esas tierras, por lo que no se le pueda considerar a ésta acto de posesión pues su actividad sería ilegítima.- El artículo 11 de esa misma Ley, establece que pertenecen al Estado en carácter de Reservas Nacionales: "a) Todos los terrenos comprendidos entre los límites de la República que no esten inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autonómas. b-) Los que no esten amparados por la posesión decenal.- c-) Los que por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas.- d-) En general todo los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos."- Por su parte el artículo 19 de la Ley [Nombre4] derogada número 4465 del veintitrés de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve dispuso: "Quedan afectados a los fines de la presente ley todos los bosques y terrenos forestales ubicados en: "a-) Las tierras consideradas Reservas Nacionales..." Y el artículo 25 de esta misma ley señalaba: "La posesión de los terrenos situados en las Reservas Nacionales y fincas del Estado a que se refiere el artículo 19 de esta Ley, no causará derechos de ninguna especie y la acción reinvidicatoria del Estado, por los mismos, es imprescriptible, y la Dirección General [Nombre4] con los medios legales a su disposición, procederá a desalojar de tales terrenos a las personas que los ocupan total o parcialmente, en el caso de que se trate de zonas protectoras, Parques Nacionales, Reservas Forestales, y Reservas Biológicas".- Con estas normas se otorga a los bosques allí mencionados una doble tutela: Primero por su condición de Reserva Nacional, en las que es prohibido realizar cualquier acto posesorio y segundo por constituir Patrimonio [Nombre4] del Estado en el que ningún acto de posesión causará derecho de ninguna especie. Este aspecto se ve confirmado con el artículo 8 del reglamento a esa ley que dice: "Los terrenos Nacionales comprendidos dentro de las áreas declaradas Reservas Forestales son inalineables, es decir no podrán salir del dominio del Estado, y su posesión no causará derecho de ninguna especie de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, 49 y 57 de la Ley Forestal".- El artículo 80 de la citada Ley [Nombre4] derogada indicaba: "Queda prohibido la invasión y ocupación de terrenos en los Parques Nacionales, Reservas Forestales y Zonas Protectoras. Esta prohibición se extiende hasta las Reservas Nacionales, hasta tanto no se haya determinado su clasificación y transferencia..." El artículo 6 de esta misma ley disponía: " Será sancionado con prisión de seis meses a dos años o con multa de quince a cien días, la persona que: a-) Explote un bosque de patrimonio [Nombre4] sin autorización legal correspondiente... b-) Invada un Parque Nacional, Reserva Biológica, Zona Protectora o Reserva Forestal...Si la invasión es en Reservas Nacionales, estará sujeta a lo estipulado en el artículo 227 del Código Penal.-" Como puede observarse los actos posesorios realizados en un bosque patrimonio Estatal resultan ser ilegítimos por lo que no pueden conferir ningún derecho de posesión.- Con la entrada en vigencia de la Ley [Nombre4] Número 7174 del 28 de junio de 1990, se continúa con esta misma filosofía. En el artículo 32 de la citada ley establece: "El patrimonio [Nombre4] del Estado esta constituído por todos los bosques y terrenos forestales de las Reservas Nacionales...". El artículo 33 de esa misma ley dispone: "Los terrenos forestales y bosques que constituyen el Patrimonio [Nombre4] del Estado detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalineables, su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reinvidicatoria del Estado por esos terrenos es imprescriptible.- En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante Información Posesoria, su invasión y ocupación será sancionados conforme lo dispuesto en esta Ley".- Con la actual Ley [Nombre4] vigente número 7575 del 5 de febrero de 1996, en su título II regula un capítulo único referido exclusivamente al Patrimonio Natural del Estado, siendo la misma filosofía que se había iniciado desde 1865 con el Código Fiscal, por lo que se reitera en esta nueva normativa que el Patrimonio Natural del Estado estará constituído por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, y las fincas inscritas a nombre de la Administración Pública. El artículo 14 de la misma ley [Nombre4] vigente es enfática en indicar que los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado son imprescriptibles, inembargables e inalienables y su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor. La Ley de Conservación de la Vida Silvestre Número 7317 del 21 de octubre de 1972, en sus artículos 3 y 4, además de la declaratoria como de dominio público e interés público, a la fauna y flora silvestre respectivamente, se indica que la flora y fauna silvestre es parte del Patrimonio Nacional. En este mismo sentido la Ley de Biodiversidad número 7788 del 30 de abril de 1998 en su artículo 6 declara los elementos de la biodiversidad como de dominio público, así como la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 46 que establece la soberanía del Estado sobre la diversidad biológica. Por lo expuesto resulta un imperativo legal negar el derecho de posesión a aquellas personas que realizaran cualquier actividad en terrenos no sometidos a propiedad privada y que estén constituídos por bosques en reservas Nacionales.- A esa prohibición imperativa mediante la Ley [Nombre4] Número 7575 del año 1996, que reforma el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, establece una salvedad a la filosofía que hasta ahora se ha expuesto, y es que se posibilita la titulación de bosques cuando dentro de los mismos se haya desarrollado lo que se entiende como posesión ecológica. El terreno objeto de esta información posesoria, es Patrimonio Natural del Estado, pues está compuesto por cobertura boscosa, según se desprende del estudio de suelos visible a folios 14 Y 15, nota firmada por la Ing, [Nombre4] Marixenia Cruz Vargas visible a folio 57 donde indica el inmueble contiene bosque primario,y reconocimiento judicial de folio 64, donde se indica se trata de terreno boscoso.- Es es claro dicho terreno es Patrimonio Natural del Estado, y aunque la certificación del del Ministerio del Ambiente y Energía y Tecnología indique el inmueble esta fuera de cualquier área silvestre protegida, ello no excluye la condición de bosque primario al cual le rige la demanialidad constituida desde la creación de la Ley [Nombre4] antes citadas.- Cuando se discute la posesión sobre un bien demanial, sólo cabrá esa discusión cuando se haya adquirido el derecho antes de que se haya declarado el bien como de dominio público. Así mismo, el derecho de propiedad en tales casos sólo podrá obtenerse cuando el titular haya demostrado una posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley que declara el objeto como Patrimonio Natural del Estado. Como ya se ha expuesto la cronología legal que tutela el Patrimonio Natural del Estado, la ley que debe tomarse en consideración para realizar el cómputo de la posesión decenal de los particulares, es la Ley de Tierras y Colonización número 2825 del 14 de octubre de 1961, normativa actualmente vigente en caso de que se trate de terrenos que sean de relevancia para la recarga acuífera, o bien desde la Ley [Nombre4] para otro tipo de suelo que no tengan esa condición y que sean boscosos, sobre todo para el caso concreto que contiene bosque primario.- Para el caso concreto, de la prueba testimonial recabada no se demuestra esa posesión decenal en los términos de la normativa aquí expuesta, pues en este sentido es que se consigna este voto salvado, para indicar el promovente debió demostrar diez años de posesión antes de la Ley Forestal, por lo que debió declararse sin lugar la información posesoria revocando el fallo venido en apelación.- POR TANTO: En lo apelado, por mayoría del Tribunal, se confirma la sentencia. Hay voto salvado de la jueza Alexandra Alvarado Paniagua.- LQINSJ1H5XA61 [Nombre12] - JUEZ/A DECISOR/A VDWK3UO0AD861 [Nombre13] - JUEZ/A DECISOR/A NOJUYOC471VU61 [Nombre14] - JUEZ/A DECISOR/A Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:27:23. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
VOTE No. 000592-F-2014 AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At eleven hours and one minute of the twenty-first of July of two thousand fourteen.- POSSESSORY INFORMATION PROCEEDING filed by [Nombre1], of legal age, single, livestock farmer, resident of San Carlos, with identity card number CED1 - , and [Nombre1], of legal age, married once, livestock farmer, resident of Buena Vista de San Carlos, with identity card number CED2. The STATE, represented by attorney Lydiana [Nombre2] Paniagua, whose qualifications are unknown in the record, in her capacity as Deputy Procurator, was joined as a party to the proceeding; as well as the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT, legal identification number CED3 - - , represented by Carmelina Vargas Hidalgo, of legal age, divorced, attorney, resident of Guachipelín, Escazú, identity card CED4 - - , in her capacity as general judicial attorney-in-fact. The attorney Carlos Manuel Arroyo Rojas, of legal age, married once, attorney, resident of San Carlos, with identity card number CED5 - , acts as special judicial attorney-in-fact for the petitioners. The proceeding is being processed in the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela.- WHEREAS: 1.- The petitioners, [Nombre1] and [Nombre1], both with surnames [Nombre1], filed this possessory information proceeding for the purpose of having the following property registered in their name in the National Registry, described as: "...Terrain of grazing land and mountain, located in San Bosco de Florencia, [Dirección1], of the province of Alajuela, with the following boundaries: NORTH: Río Seco; SOUTH: Marcos [Nombre2] Rojas; EAST: Río Seco and [Nombre2]; and WEST: Río Santa Clara. IT MEASURES: according to the filed cadastral map number A-944792-2004 dated August twenty-third, two thousand four, an area of EIGHT HECTARES (sic) THREE THOUSAND SIX HUNDRED TWENTY-FOUR SQUARE METERS ZERO POINT ZERO EIGHT DECIMETERS (sic). Subsequently, they filed a new map number A-1576834-2012 and requested the cancellation of the first.".- 2.- The representatives of the State and the Institute of Rural Development appeared in the proceeding without opposing it, under the terms set forth in Articles 5 and 8 of the Possessory Information Law (folios 32 and 46).- 3.- Attorney Zoila Flor Ramírez Arce, judge of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, by judgment number 29-2014 at thirteen hours and fifty-three minutes of March fifth, two thousand fourteen, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing: The possessory information is APPROVED. With the encumbrances referred to in Article 17 of the Possessory Information Law and other limitations that will be stated, and without prejudice to third parties with superior rights, the Registrar of the Property Registry is ordered to register, for the first time, to be registered in equal and undivided shares, free of liens and with the real charge that will be stated, without prejudice to third parties with superior rights, in the name of [Nombre1], of legal age, single, livestock farmer, identity card CED6- - , and [Nombre1], of legal age, married once, livestock farmer, identity card CED7- - , both residents of Buenas (sic) Vista de San Carlos, Alajuela, [Dirección2] from the School, the described property which is described as follows: Terrain of natural pasture and mountain, located in San Bosco de Florencia, district two of San Carlos, canton ten of the Province of Alajuela, with the following boundaries, to the NORTH: Río Seco, to the SOUTH: [Nombre2], to the EAST: Río Seco and [Nombre2], and to the WEST: Río Santa Clara. IT MEASURES: According to the filed cadastral map number A-1576834-2012 dated May twenty-third, two thousand twelve, an area of EIGHT HECTARES (sic) SIX HUNDRED SEVENTY-EIGHT SQUARE METERS. The titleholders acquired it by sale through public deed number one hundred sixty-one-sixty executed before Notary Public Carlos Manuel Arroyo Rojas, on June 15, 2007, of the possessory rights transferred to them by the company Agropecuaria Buena Vista S.A., legal identification number CED8, domiciled in Grecia, Alajuela, at [Dirección3], represented by its Absolute General Attorney-in-Fact Mr. [Nombre3], identity card CED9, of legal age, married once, entrepreneur, resident of Grecia, Alajuela, at [Dirección3], with whom they have no kinship ties, possessory rights exercised over the land in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner, and as owners for more than ten years together with previous possessors. The property was valued at the sum of ONE MILLION (sic) COLONES. Legal Limitation: The area adjacent to the Río Seco and Río Santa Clara, which is located along the north, east, and west boundaries, respectively, of the land to be registered, as well as the four springs (nacientes) located within the said land, as indicated in Article 33, subsection b) of Law [Nombre4] Number 7575, constitute a protection area and the cutting or elimination of trees is prohibited; the bed and the waters of those streams are public domain (Water Law, Articles 1, subsection iV, and 3 subsection III). Likewise, surface and underground waters are state domain and do not form part of the property. (Water Law, Articles 1, subsections a and b, and 3 subsection 111, and Mining Code, Article 4). The certification of the operative part of this judgment shall serve to register the related property in the Property Registry. NOTE REQUESTED BY THE TRIBUNAL. The parties are informed that this resolution is appealable in accordance with the provisions of numeral 59 of the Agrarian Jurisdiction Law; therefore, if any of the parties is going to file an appeal against it, please also submit the appeal by electronic format. Due to the incorporation of orality in agrarian matters. Likewise, if it is the desire of the party that the Appellate Tribunal grant an oral hearing, they must make this known in the same appeal brief or, alternatively, indicate an email address where they can be notified...". (virtual desk: Associated Docs. 03/05/2014 01:53:11 p.m.).- 4.- The State representative requested clarification of the judgment (virtual desk: filings 03/11/2014 09:01:48 a.m.). She requested that it be clarified that the area adjacent to the springs (nacientes) constitutes a protection area according to Article 33 subsections a) and b) of Law [Nombre4] No. 7575, and that the cutting or elimination of trees is prohibited, which must be recorded in the judgment for registration purposes in the Registry, pursuant to numeral 34 of said regulation; and that the bed and waters of that stream are public domain according to the provisions of Articles 1, subsection IV), and 3, subsection III, of the Water Law. Said clarification was denied in a resolution at 15 hours 37 minutes of March 19, 2014 (virtual desk: Associated Docs. 03/19/2014 03:37:17 p.m.).- 5° Attorney Lydiana [Nombre2] Paniagua, in her capacity as Deputy Procurator, filed a request for clarification and an appeal against the judgment (virtual desk: filings 03/11/2014 09:01:48 a.m.).- 6. In the processing of the proceeding, the legal requirements have been observed, without noting the existence of errors or omissions capable of causing the nullity of the judgment.- Drafted by Judge Vargas Vásquez; and, CONSIDERING: I. The facts held as proven are adopted, as they are consistent with the evidence contained in the case file; except for the third, sixth, eighth, and tenth facts, as they are not linked to the grievances stated in the appeal.- II. The State representative filed an appeal against the judgment (virtual desk: filings 03/11/2014 09:01:48 a.m.). She expressed disagreement for the following reasons: She points out, from the evidence provided in the file, it is clear that the nature of the property to be titled is forested (boscosa); hence, its nature is of public domain. She argues, those lands, because they are located in national reserves, form part of the Natural Heritage of the State, since Law [Nombre4] 4465 of 1969 (Article 33), reformed by Law [Nombre4] 7174 of 1990 (Articles 32 and 33), and its public domain character is maintained by Law 7575 (Articles 13 and 14). She argues, the Law permits titling properties outside protected wilderness areas if the petitioner proves their legitimate decennial (decenal) possessory rights, with the other conditions required for that purpose, such as having protected the resource and having the property duly demarcated. However, she indicates, titling is only possible if the usucapion (usucapión) was consolidated before the lands became part of the Natural Heritage of the State. She maintains that, through the testimony of the witnesses, the decennial (decenal) possession suitable for usucapion (usucapión) was not proven. She cites in her support rulings [Telf1], 15753-2005, [Telf2], 783-2003 of the Constitutional Chamber, as well as other jurisprudential precedents and pronouncements issued by the PGR itself (opinions C-321-2003 and C-146-2008), which essentially refer to: i) the survival of the repealed law to regulate legal situations that arose under its protection, regarding the protection of the public domain right established by prior legislation against retroactive applications to its detriment, and binding jurisprudence of the Constitutional Chamber establishing the need to prove decennial (decenal) possession suitable for usucapion (usucapión). ii) the impediment of private individuals to exercise possession with the intention of owners over public domain assets, given that the inalienability of such assets makes their transfer and private possession impossible. iii) the impropriety of usucapion (usucapión) and titling against public domain. iv) the principle of inalienability, since those assets are removed from commerce among individuals. v) assets not susceptible to acquisition by possession. vi) the imprescriptibility of such assets as a direct consequence of the principle of inalienability, since by not being subject to possession or private ownership, there exists a legal impossibility to acquire them by usucapion (usucapión). All these allegations revolve around arguing that, since forests are public domain assets, they are not susceptible to being possessed by private individuals, nor acquired by usucapion (usucapión). As the intention is to title public domain assets, as is the Natural Heritage of the State, she requests the rejection of this proceeding, in accordance with Articles 11 of the Possessory Information Law and 13 and 14 of the Forest Law, as the requirements stipulated in numerals 6 and 7 of the first law have not been met.- III. The property intended to be titled through this proceeding is located outside any protected wilderness area, declared and administered by the Ministry of Environment and Energy, which is verified by the certification issued by the Certifications and Approvals Program ACA-HN of the Arenal Huetar Norte Conservation Area of the National System of Conservation Areas (folio 11). Furthermore, it is dedicated to natural pastures and primary forest, as certified by the National Institute of Innovation and Transfer of Agricultural Technology, in which it is stated, (folio 12), that the land has been used in conformity with the land use for the activity being carried out, according to the approved methodology, recommending changing natural pastures to improved pastures such as brizanta and toledo, which, it indicates, better adapt to the climate and soil fertility conditions of the area, in order to increase the property's yield, and to keep the forest areas in natural conservation (folio 13). That same nature is cited in the judicial inspection record of 7 hours 20 minutes of July 27, 2010, also stating that the land is properly delimited (folio 79). Therefore, Article 7 of the Possessory Information Law is applicable, which for that purpose provides: "... Properties located outside those areas that have forests may only be titled if the petitioner proves to be the holder of the legal rights of decennial (decenal) possession, exercised for at least ten years, and to have protected that natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated and with fences or clear trails.". Said norm is the product of the reform introduced in Law [Nombre4] 7575 of February 13, 1996; and an unconstitutionality action was brought against it before the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, which in ruling 04587-97 at 15 hours 45 minutes of August 5, 1997, ordered: "LEGISLATIVE HISTORY OF THE PROVISION SUBJECT TO THE ACTION: As the petitioner expressly states in the brief at folio 27, the action targets Article 7 of the Possessory Information Law No. 139 of July 14, 1941, and is brought both against the text of that provision, approved by the reform effected by Law [Nombre4] No. 7174 of June 28, 1990, and against its interpretation and application by the Superior Agrarian Tribunal. Article 7 of the Possessory Information Law has undergone several reforms over time. In the first thirty-three years of the law's effectiveness, the text of the norm was not related to the matter it currently regulates, namely, the possession ad usucapionem of real property located within protected wilderness areas. In this regard, it is noted that by Law No. 5257 of July 31, 1973, Article 7 of the Possessory Information Law was reformed, and its text read: 'Article 7.- When the property referred to in the information contains a forest area of half or more of its extension, it will be necessary to prove the due acquisition, with a public document issued more than ten years ago. In the possessory information, under this article, a certification from the General Forestry Directorate must, in all cases, be submitted, stating that the land does not form part of the national reserves or parks.' The previous text was reformed by Law [Nombre4] No. 7032 of May 2, 1986, and the challenged provision was as follows: 'Article 7.- When the property referred to in the information is included within an area declared a national park, biological reserve, reserve, or protective zone, the titleholder must prove having exercised decennial possession with at least ten years prior to the effective date of the respective law or decree creating the respective wilderness area. Properties that are outside those areas and that have forests may only be titled if the petitioner proves to have possessed them for ten years or more and to have protected said natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated with fences or clear trails. The cadastral maps submitted in possessory information proceedings, without any exception, must be certified by the General Directorate and the National Parks Service of the Ministry of Agriculture and Livestock, entities that will attest whether the property intended to be titled is located within or outside those protected areas.' The text of the norm cited above was maintained with the reform introduced by Law [Nombre4] No. 7174 of June 28, 1990, to the Possessory Information Law, varying only the Ministry to which the National Parks Service was attached, which came under the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines. The text of said norm read: 'Article 7.- When the property referred to in the information is included within an area declared a national park, biological reserve, reserve, or protective zone, the titleholder must prove having exercised decennial possession with at least ten years prior to the effective date of the respective law or decree creating the respective wilderness area. Properties that are outside those areas and that have forests may only be titled if the petitioner proves to have possessed them for ten years or more and to have protected said natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated with fences or clear trails. The cadastral maps submitted in possessory information proceedings, without any exception, must be certified by the General Directorate and the National Parks Service of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, entities that will attest whether the property intended to be titled is located within or outside those protected areas.' The previous text of the provision and its interpretation and application by the Superior Agrarian Tribunal is what is challenged in this unconstitutionality action. Currently, by the reform effected by Law [Nombre4] No. 7575 of February 13, 1996, the effective text of the questioned provision reads: 'Article 7.- When the property referred to in the information is included within a protected wilderness area, whatever its management category, the titleholder must prove to be the holder of the legal rights over the decennial possession, exercised for at least ten years prior to the effective date of the law or decree creating that wilderness area. Properties located outside those areas and that have forests may only be titled if the petitioner proves to be the holder of the legal rights of decennial possession, exercised for at least ten years, and to have protected that natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated and with fences or clear trails. Without any exception, the cadastral maps submitted in possessory information proceedings must be certified by the Ministry of Environment and Energy, through the responsible entity, which will attest whether the property intended to be titled is located within or outside those protected wilderness areas.' III.- CRITERION REITERATED BY THE SUPERIOR AGRARIAN TRIBUNAL QUESTIONED IN THE UNCONSTITUTIONALITY ACTION: The plaintiff points to the reiterated pronouncement of the Superior Agrarian Tribunal regarding the interpretation it gives to the provisions of Article 7, first paragraph, of the Possessory Information Law effective at the time the unconstitutionality action was filed, as an infringer of fundamental rights. In two resolutions cited in the first considering clause, the Tribunal's criterion on this matter is expressed. In them, in summary, it is stated that Article 7 of the Possessory Information Law constitutes a special case that deviates from the general rule of Article 1 of that Law; that this follows, among other things, from the text of that provision before the reform introduced by Law [Nombre4] No. 7124 of June 28, 1990; that the consequence of this is that to title lands included in national parks, biological reserves, forest reserves, or protective zones, personal possession is required with ten years prior to the effective date of the law or decree creating the protected wilderness area; that in these cases, the possession transmitted by previous possessors does not favor the titling of the land; that this has been the Tribunal's reiterated jurisprudence in this sense (resolutions numbers 251 at 14:00 hours of April 17, 1991, and 843 at 14:45 hours of November 20, 1992)." (Thus in the original).- IV.- GENERAL REGIME OF USUCAPION (USUCAPIÓN): In principle, it must be indicated that the possessory information proceedings regulated in the Possessory Information Law No. 139 of July 14, 1941, and its reforms, are a non-contentious judicial proceeding through which a property title for real property registrable in the Public Registry is formalized. In general, this proceeding aims for possessors who lack a registrable title in the Public Registry to obtain one. Article 1 of that Law provides that, for a possessor of real property to request the granting of title based on the possessory information proceeding, they must prove possession for more than ten years under the conditions set forth in Article 856 of the Civil Code, namely, in the capacity of owner, continuous, public, and peaceful. The foregoing requirements of time and condition characterize the possession necessary for usucapion (usucapión). To obtain ownership of real property by positive prescription, in addition to possession under the indicated conditions, Article 853 of the Civil Code sets forth as requirements: the translative title of ownership and good faith. From the foregoing and from the provisions of Article 8 of the Possessory Information Law, which characterizes the possessory information proceeding as a non-contentious judicial process -in which the emergence of a claim or opposition by any person or the State causes the matter to be suspended and referred to the declarative proceeding for discussion and resolution, or the file to be archived and the administrative venue to be deemed exhausted, respectively-, it follows that the titling of the real property has the acquisition of ownership as a requirement. That is, the moment of acquisition of ownership by usucapion (usucapión) is distinguished from the moment when that situation is asserted in the possessory information proceeding to obtain a registrable title in the Public Registry. Hence, usucapion (usucapión) is considered a mode of acquiring ownership and other possessable real rights, and titling is the proceeding through which, once the requirements of usucapion (usucapión) are verified, the registrable title of ownership is conferred. Usucapion (usucapión) is an original mode of acquiring a possessable real right by the passage of time with the legal requirements. The acquisitive legal effect of usucapion (usucapión) occurs automatically with the passage of time combined with a lawful possession that meets the conditions established for possession ad usucapionem, and the other requirements set forth in the law. In general terms, the Civil Code establishes as requirements for positive prescription: the translative title of ownership, good faith, and possession under specific conditions. Regarding the title suitable for usucapion (usucapión), the doctrine has stated that what is required is a legal transaction for the acquisition of the right possessed. The title is the fact that serves as the cause of possession and, consequently, of the acquisition of ownership. It is the legal basis, the determining reason for the acquisition. Usucapion (usucapión) presupposes, at its origin, an act or a series of acts by which a person acquires over a thing a possession that should normally be accompanied by a right to the property, but that does not happen, so the title of usucapion (usucapión) coincides with the act of possessory acquisition. The title must be just, which requires its validity and conformity with the legal system (lawful). The jurisprudence of the First Chamber of the Supreme Court of Justice (see resolutions numbers 92 at 10:00 hours of June 21, 1991, and 68 at 14:55 hours of August 17, 1994) states in this regard that for usucapion (usucapión), Article 853 of the Civil Code requires a translative title of ownership, possession, and good faith, but in numeral 854 it clarifies that a just title is required, which characterizes it not as a document but as the cause of acquisition; that Article 854 excludes proof of the just title in three hypotheses: movable property, easements (servidumbres), and the right of possession; that in these cases the fact of possession causes the title to be presumed; that regarding the right of possession, the title is not necessary because possession is itself the title; that a title should not be required from someone who acquires originally as a result of a taking of possession where there is no transferor and whose cause of acquisition finds protection in the legal system; that in the latter case, the title is confused with possession, the title is possession; that the justness of the title lies in the fact that it is lawful, and for the ad usucapionem case, it means that possession must meet the requirements of being public, peaceful, continuous, and in the capacity of the true holder; that when the Civil Code requires a translative title of ownership, or the Possessory Information Law requires its presentation together with other documents necessary for processing the file, they refer exclusively to the case where the usucaptor (usucapiente) was not the original possessor, but has acquired from another possessor; that in this case, proof of the title is indeed required by documentary evidence; that Article 101 of the Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961, and its reforms states that when there is usucapion (usucapión), the translative title of ownership required by the Civil Code is not necessary. Regarding the requirement of good faith, jurisprudence (see resolutions of the First Chamber of the Supreme Court of Justice numbers 230 at 16:00 hours of July 20, 1990, and 68 at 14:55 hours of August 17, 1994) has stated that, in accordance with Article 853 of the Civil Code, good faith is a requirement of usucapion (usucapión) that must be present for it to exist; that if the presuppositions of good and bad faith are found in Article 285 of the Civil Code, the rule for declaring bad faith is its full demonstration by whoever alleges its existence, since Article 286 of the same Code acquires a prevailing character over Article 285 by establishing the principle of the presumption of good faith; that good faith concerns the personal conviction of the subject about their legitimacy; that one must speak of a belief generated by virtue of ignorance or error; good faith in possession has the objective of guaranteeing certain rights to the possessor -acquisition of fruits, payment of improvements, right of retention, and non-liability for the loss or deterioration of the thing-; that for general good faith -a requirement of possession- ignorance or error regarding the existence of a defect that invalidates the title or mode of acquisition is necessary; that regarding the good faith necessary for usucapion (usucapión), which encompasses the general one, the belief is required that the transferor of the title is the owner of the thing transferred or has the power to effect that transfer. Now, as the last requirement contemplated in Article 853 for positive prescription, there is possession. The essence of the institute of usucapion (usucapión) is linked to the discipline of possession. The exercise of possession for a determined period and under special conditions -public, peaceful, continuous, and in the capacity of holder of the right asserted- is combined with the requirements that the legal system establishes for usucapion (usucapión): just title and good faith. Possession as a real right implies the relationship between a person and a thing. It constitutes one of the separate elements that form ownership (Article 264 Civil Code). The right of possession can be acquired independently of full ownership under certain circumstances that the Civil Code regulates in Article 279 -by consent of the owner, by the fact of retaining possession for more than one year, and because the law authorizes the creditor to retain the thing of their debtor or orders that all or some of their goods be transferred to a depositary-. The right of possession in general is made up of two elements: the corpus and the animus. The first, specifically referring to the material fact of having the thing subjected to the power -action- and will of a person, and the second, related to an internal aspect that guides the possessor. To these elements must be added other special circumstances that the law requires for possession to be useful for usucapion (usucapión). In that sense, possession ad usucapionem is a more rigorous or qualified form of possession that differs from the generic one. The requirements that the law demands for possession to be suitable for positive prescription are regulated in Article 856 of the Civil Code. The jurisprudence, integrating doctrinal concepts, has developed the content of these requirements. In that sense, regarding possession in the capacity of owner, it has been noted that what the Civil Code means is possession in the capacity of holder of the right exercised, since ownership (propiedad) is not the only right that can be acquired by positive prescription (prescripción positiva), so this requirement relates to the title or determining cause of the possession and its subsequent mode of exercise; that what matters is the conduct of the possessor as holder—the materialization of conduct as holder—which excludes any possessor with a non-usucapible cause such as a lessee, administrator, depositary, or servant of the possession; that, based on this requirement, acts carried out under license and those merely tolerated are also excluded, because they cannot lead to the constitution or acquisition of possession, much less usucapion (usucapión), since they occur through the liberality of the true holder and not of one who presents themselves as such; that the quality of exercising possession in the capacity of holder of the right to be usucaped is understood as it qualifies the suitable subject and discards the unsuitable one; that this qualification, in line with maxims, coincides with the title, so this condition can be taken to identify the legal cause itself with the possession. Regarding the requirement of continuity of possession, it is understood that the possessory acts must be uninterrupted, that is, they must not be carried out in an isolated or accidental manner; that this situation must be maintained throughout the entire time necessary for usucapion; that the defect occurs when one of the causes of interruption of possession arises, because in such cases all the elapsed time is rendered useless; that since interruption is a defect, continuity is presumed—Article 283 of the Civil Code—and whoever alleges the existence of the defect must prove it. In relation to peaceful possession (posesión pacífica), it is said that it implies not acquiring or maintaining it by force (means of physical or moral coercion); that possession obtained with violence becomes peaceful when the cause generating the new ownership ceases, and it becomes useful for usucapion—Article 857 of the Civil Code; that one is not in the presence of violent possession when the possessor defends the possession—prevents it from being taken away—but that does not protect the violent action of the dispossessed person resorting to self-help to recover their possession, even if legally entitled to it, because as long as another opposes, they must resort to the judicial authority—Articles 305 and 317 of the Civil Code. As for the final requirement of possession ad usucapionem, that is, publicity (publicidad), the doctrine states that public possession (posesión pública) is the normal use of the thing in accordance with its nature and purpose. Case law, for its part, has stated that possession must be exercised in the open, without hiding or concealing the acts carried out on the thing; that it is also important not to hide the condition of holder of the right with which one possesses; that the defect that counterposes publicity is clandestinity (clandestinidad); that possession that was initially hidden may become suitable for usucapion if it becomes public. Now, due to the examination that will later be made regarding the allegations raised by the petitioner against the text of Article 7 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias) and its interpretation by the Superior Agrarian Tribunal (Tribunal Superior Agrario), it is necessary to set forth, albeit in general terms and relying primarily on doctrinal criteria, matters concerning the modes of acquisition of possession and its object. In general terms, it has been accepted that possession is acquired by original title (título originario) and by derivative title (título derivativo). The first case occurs when the title is based solely on the unilateral act of will of the acquirer. In the second case, there is a dual intervention of the acquirer and the previous possessor, and the origin of the acquisition phenomenon lies in the disposition of that possessor. Article 278 of the Civil Code provides that the right of possession is effectuated by occupation (ocupación) or tradition (tradición) of the right or thing in question. For its part, Article 485 ibidem states that by occupation one can acquire ownership (dominio) of movable things. The typical form of possession by original title is occupation. For its part, tradition is the quintessential derivative form of acquiring possession; the previous possessor intervenes in it. It is the delivery of the thing to transfer it to the one who receives possession. Its legal nature lies in the transmission of possession. In modern law, tradition is any possessory transfer carried out with the will of the previous possessor—any means of derivative acquisition of possession. Tradition as a possessory transfer occurs when the acquirer obtains possession and simultaneously the previous possessor loses it through the transfer made for valuable consideration or gratuitously. In this case, possession is obtained when the acquirer fulfills the will of the transferor by occupying the thing, subjecting it to their will, or fulfilling the acts and formalities of law. It should be remembered that these are the modes of acquiring possession which, upon meeting the legal requirements, becomes possession ad usucapionem. Regarding the concept of the object of possession, what is important for purposes of resolving this unconstitutionality action (acción de inconstitucionalidad) is to specify that things that are within commerce (comercio) are susceptible to possession—and to the special possession ad usucapionem. It is said that commerce is equivalent to what is known as legal traffic (tráfico jurídico), so things are within commerce when they are legally capable of being the object of a patrimonial legal transaction (negocio jurídico patrimonial). Article 262 of the Civil Code establishes that public things (cosas públicas) are outside patrimonial traffic. For its part, Article 261 ibidem defines public things as those that by law are permanently destined for any service of general utility, and those that everyone can use because they are open to public use. Public domain (dominio público) is currently understood as an intense intervention of public authority justified by the need to ensure the effective fulfillment, on the part of things, of a public purpose desired by law. In that understanding, a public thing is conceived as a legal relationship constituted by the legal system consisting of a duty of the Administration to establish and maintain a public function whose realization requires a thing (in the private legal sense), which, due to its connection with the public purpose, is removed from private law and becomes subject to the regime that regulates the specific public function. In that sense, public domain assets have a special regime, not because of their nature, but because of their dedication (afectación) to the public statute. The designation of an asset to a public use or service occurs by law. Since subjection occurs with respect to assets that are in private legal traffic, it implies an incursion that injures private ownership (dominio privado) and entails—in most cases—the need to modify the ownership of the assets so that the private individual is not compelled to bear a radical change of statute. Currently, the doctrine states that the serviciality of assets to a public purpose can occur without sacrificing their situation in private legal traffic, because a public-law delimitation of the content of real rights (derechos reales) and their limitation suffices. After setting forth the general panorama of the usucapion regime, it is necessary to note that, due to the incorporation of doctrinal criteria into case law (judgment of the First Chamber of the Supreme Court of Justice No. 68 at 14:55 hours on August 17, 1994), the requirements characterizing that legal institution have been affected when related to the concepts of agrarian property (propiedad agraria), [Name4] and ecological property. In that sense, it is important to synthesize the basic elements that, at the doctrinal and case law level, are handled in relation to those topics, and that oblige the judge—in relation to the challenged norm—to determine in each case the specific type of possessory act that has been exercised on the tract of land (fundo)—which becomes part of the protected wild area (área silvestre protegida)—that one seeks to title. The purpose of the foregoing is for the judge to have a broader criterion—not limited to the effective date of the law or executive decree (decreto ejecutivo) defining the boundaries of a given wild area—to establish with greater precision the moment at which said assets became inalienable (inalienables) and imprescriptible (imprescriptibles), for purposes of determining whether possession ad usucapionem was exercised over them for ten years prior to their acquiring that condition. This broader perspective that favors the protection of the Nation's environmental patrimony (patrimonio ambiental) determines that when one seeks to title—through the possessory information procedure (procedimiento de informaciones posesorias)—a parcel of land located within a protected wild area, the discussion is not reduced to a simple calculation of the time a person has been on a property in relation to the date the protected wild area declaration was made, since—on the one hand—to accredit possession ad usucapionem during the period established in Article 7 of the Possessory Information Law, the elements that each specific type of possession contemplates must be considered, and—on the other hand—the possible existence of norms that long ago declared those lands inalienable, even before their specific dedication to the public domain, must be taken into account. In that sense, the development that the First Chamber of the Supreme Court of Justice has made regarding [Name4] property can be synthesized as follows: [Name4] property is a different type of property with its own characteristics and particularities and a special regime; [Name4] property is conceived fundamentally to conserve, not to produce or be part of the commerce of men; the [Name4] regulation presents three moments, but it was not until the enactment of Law No. 7032 of April 7, 1986, that a better-conceived instrument was available to face the complex forest problem; Law No. 7032 of April 7, 1986, was declared unconstitutional, and Law No. 7171 of June 28, 1990, was reenacted with the text of the former; the protection of natural resources has undergone significant advances in recent times; international instruments on fundamental rights and case law development have caused changes in domestic legislation aimed at protecting the right to a healthy and ecologically balanced environment; the changes in legislation have reached the Constitution itself, and the right to the environment is currently conceived as a true human right; the development in this area has been such that it has been possible to formulate a true legal classification: ecological law (derecho ecológico); according to the [Name4] Law, the [Name4] patrimony of the State includes the entire national territory and is subdivided into three areas: that comprised by the forest regime (régimen forestal), forest uses (aprovechamientos forestales) on private lands, and national reserves (reservas nacionales); the [Name4] regime is defined as the set of legal, economic, and technical provisions that give content to conservation; the [Name4] regime has three sub-areas: a.- protective zones (zonas protectoras), b.- national parks, forest and biological reserves, and c.- forests and forest lands (terrenos forestales); the term national reserves has been used since the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) No. 2825 of October 14, 1961, to identify all those lands denominated by the Fiscal Code of 1865, and later by Law No. 13 of January 19, 1939, as national vacant lands (baldíos nacionales); these are the properties not subject to private property—not registered in the Public Registry (Registro Público) under the terms of Articles 267 and 486 of the Civil Code—and those that are also not registered in the name of the State or its institutions; the national vacant lands turn out to be the remainder of the two prior forms of property; following the guidelines of the Civil Code, the General Law of National Vacant Lands (Ley General de Baldíos Nacionales) No. 13 of January 10, 1939, declared them to belong to the State, within the limits of the Republic; The Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961, maintained the same orientation and expanded the zones declared inalienable by the previous law; in general, those reserves have had limits—regarding surface area—limits for possessing them and for registering them through the possessory information procedure; all lands considered national reserves are immediately dedicated to the purposes of forest regulations; on them, the State may create forest reserves, protective zones, national parks, wildlife refuges (refugios de vida silvestre), and biological reserves, thus forming the forest patrimony; to colonize or alienate them, legislative authorization is required, and when they are possessed by third parties, they acquire no right, the State's right to replevy being imprescriptible; according to the current regulation, use in national reserves may only be practiced through a concession granted by the State; the use of forest resources on private lands does not exclude these lands from the [Name4] patrimony of the State; the [Name4] patrimony of the State is applicable to all national assets where forest natural resources exist; on lands where natural resources exist, in order to exploit timber resources, private parties must prepare forest technical plans and obtain long-term concessions; the State grants a series of incentives for the management and regulation of forests and forest lands under private ownership; regarding national parks and biological reserves, the Executive Branch (Poder Ejecutivo) is empowered to include within their boundaries the private farms or parts of farms necessary to achieve their objectives, and those lands will be acquired by purchase or expropriation (expropiación); for the creation of forest reserves, protective zones, and wildlife refuges, the State must purchase or expropriate, unless, at the request of the General Forestry Directorate (Dirección General Forestal), their owners agree to submit to the respective [Name4] regime; forests and lands of [Name4] suitability are of public utility and, consequently, susceptible to expropriation, except those voluntarily submitted to the forest regime; forests and lands of [Name4] suitability that constitute public and private forest areas are subject to the respective management plan for their conservation and promotion; the [Name4] regulation establishes a special regime applicable to all forest resources; national reserves are subject by right to the regime because they belong to the State; expropriation only proceeds when it concerns private assets that are dedicated to form national parks, forest or biological reserves, forests, or forest lands; on privately owned farms, in order to constitute [Name4] property, their owner must necessarily voluntarily submit to the legal regime established by law, specifically to the limitations of social interest imposed on property; for the creation of protective zones on farms subject to private regime, the law subjects them to a mandatory [Name4] regime, limited to carrying out agricultural work or destroying vegetation—except with express authorization—with the same advantages granted to private parties voluntarily submitted to the regime (see judgments of the First Chamber of the Supreme Court of Justice number 189 at 10:20 hours on October 30, 1991, and 51 at 15:15 hours on May 26, 1995). Regarding agrarian property, it must be stated that when the social function of property is recognized, the right of property is configured as a right-duty, in which there is a specific way to exercise the powers of ownership, and obligations such as the productive use of the land are imposed on the holder. Given that the factual premise of the challenged norm—Article 7, first paragraph of the Possessory Information Law—could apply in the hypothesis that on the land one seeks to title, before its dedication to the public domain, agrarian possession (posesión agraria) had been exercised, it is necessary to indicate the elements that characterize the institution of agrarian usucapion (usucapión agraria), as was done above with the general regime of ordinary civil usucapion. According to case law, the foundation of that institution is constituted by a general principle of Agrarian Law: the economic-social function of agrarian property. That principle is fundamentally integrated by two aspects: one subjective, of an economic nature, consisting of the owner's obligation to produce, improve and respect the environment, and another objective or social, entailing the State's obligation to provide property to those who are able to produce but lack land. By virtue of the foregoing, agrarian labor (trabajo agrario) constitutes the foundation of agrarian usucapion, being the instrument through which ownership of land is acquired. For agrarian usucapion, possession acquires a central value as a mandatory element to acquire the right of property. The institution of agrarian usucapion in Costa Rica coincides with the general usucapion of the Civil Code in its structure, but differs from it in its function due to the introduction of the principles set forth above. Among the elements that characterize agrarian usucapion is a special conception of the possessor's animus, which must be projected through the exercise of agrarian possessory acts. This is reflected with greater intensity in the economic appropriation of the profits obtained through labor on the land. It is presumed that one who works the land in that manner does so as owner. On the other hand, the just title (justo título) is constituted by agrarian labor, and its non-requirement as a document allows acquisition to occur against a title registered in the name of a third party in the Public Registry. Likewise, in agrarian usucapion there is no distinction between possession in good or bad faith, because what fundamentally matters is the agrarian productive activity. Special agrarian legislation in Costa Rica has been eliminating just title and good faith in usucapion to the point that the non-requirement of those requirements has become the rule, and their exception is found in the civil sphere in the hypothesis of derivative acquisition of possession. Now, the doctrine and case law have understood that Articles 92 and 101 of the Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961, and its amendments, expressly regulate the agrarian usucapion of lands. In those articles, the figure of precarious possession of lands (posesión precaria de tierras) is defined, which constitutes a modality of agrarian possession. It consists of a factual power over an asset of productive nature, registered in the name of a third party in the Public Registry, in which stable and effective acts of possession are carried out aimed at putting the asset in conditions of production in order to satisfy the personal needs of the possessor and their family. Since food needs and agrarian labor prevail in precarious possession, it must be possessed directly and personally—the mere intent to possess is not enough. Likewise, the consideration of whether there is good or bad faith is dispensed with, since the precarious possessor knows that the asset they work is registered in the name of a third party in the Public Registry. Also excluded is the title of transfer of ownership because the title is constituted by agrarian labor. V.—REGARDING WHETHER THE CHALLENGED PROVISION EXTENDS THE PERIOD OF POSSESSION NECESSARY TO ACQUIRE PROPERTY BY POSITIVE PRESCRIPTION, AND WHETHER SAID NORM IS APPLIED RETROACTIVELY TO THE DETRIMENT OF ACQUIRED RIGHTS: The petitioner argues that the text of the challenged norm infringes the right of property and the principle of non-retroactive application of the law to the detriment of acquired patrimonial rights or consolidated legal situations, because it extends the ten-year period of possession necessary to acquire property by positive prescription, and because it is applied retroactively affecting acquired patrimonial rights especially related to the exercise of possession. Article 7, first paragraph, of the Possessory Information Law challenged, the text of which predates the last amendment by [Name4] Law No. 7575 of February 13, 1996, regulates the case of titling real estate (bienes inmuebles) comprised within an area declared a national park, biological reserve, [Name4] reserve, or protective zone. That article states that the person seeking title must demonstrate having exercised decennial possession at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created the wild area. The challenged provision regulates the case of titling a real property that has been dedicated to the public domain through the declaration of a protected wild area, whatever its specificity. It is now appropriate to determine whether, according to the hypothesis contemplated by the challenged norm, in light of the doctrinal and jurisprudential criteria informing the institutions of usucapion and the possession necessary to usucape, set forth above, the challenged norm regulates a special type of possession necessary to acquire ownership of real estate, which imposes specific requirements that may infringe the right of property or the principle of non-retroactivity of the law to the detriment of acquired rights or consolidated legal situations, regulated in the Constitution. In the first place, it must be noted that the challenged article does not modify—increase or decrease—the ten-year period of possession necessary to usucape, set forth in Article 860 of the Civil Code for the generality of cases in which one seeks to acquire ownership of real estate by positive prescription. The extension of the period that the petitioner alleges as an infringement of the right to property does not occur, because given the nature of the asset one seeks to title (public thing), the period of possession suitable for usucapion must elapse before the dedication of the asset to the public domain occurs. That is, the declaration of a protected wild area prevents possession after the dedication from counting, and prevents the requirements for usucapion from being completed if, at that moment, the right has not been acquired, that is, ten years of possession suitable for usucapion have not elapsed under the conditions established by law. The foregoing is merely the natural result of applying the concepts regarding the object of possession and its condition of exercise in the capacity of holder, necessary for possession ad usucapionem. It must be remembered that assets dedicated to the public domain, whatever their specifications, are not susceptible to acquisition by usucapion if, before the dedication occurred, the necessary conditions for the acquisition of the right were not present. In that sense, the challenged provision, although it apparently regulates a specific case of usucapion, does not create a regime with requirements different from those established in the Civil Code for the generality of cases. In that sense, the alleged retroactive effect of the norm also does not occur, because the ten-year period of possession for usucapion is established in the Civil Code, and the challenged provision simply highlights certain elements inherent to usucapion that are also defined in the general regulations, such as: the object of possession and the conditions under which it must be exercised to be suitable for usucapion. That is, the norm does not come to establish any different principle—or more rigorous requirement—in relation to the application of the general rules of usucapion. It simply specifies the manner in which those rules must be applied, which coincides with a logical result given the status as a public domain asset (bien demanial) of the object to be titled. Hence, it is not considered that the amendment to Article 7 of the Possessory Information Law, the text of which is challenged, introduced a different regime regarding the requirements for usucapion that could have aggravated the situation of persons who were exercising possession ad usucapionem on lands that were declared of public interest. VI.—REGARDING THE NON-TRANSMISSIBILITY OF THE RIGHT OF POSSESSION: The petitioner also objects to the interpretation made by the Superior Agrarian Tribunal of Article 7, first paragraph, of the Possessory Information Law, amended by [Name4] Law No. 7174 of June 28, 1990, because it prevents possession from being transmitted and thus makes it impossible to combine the periods of possession necessary to fulfill the ten-year period for usucapion. In that regard, it must be stated that, as mentioned previously, the challenged provision does not establish a special legal regime for possession and usucapion that departs from the general regime. Hence, it is pertinent to affirm that the challenged norm also does not establish a special rule on the transmissibility of the right of possession. In that sense, it is observed that the declaration of a protected wild area does not modify the prior regime under which possession ad usucapionem was exercised over the land (be it ordinary civil or agrarian), nor does it alter, except regarding the limitations it imposes concerning the use of the asset, the rights acquired over the property during the period prior to dedication. Hence, if one of the quintessential modes of derivative acquisition of possession is tradition, that situation must be possible in a case where a different rule is not justified because the general regime applies before the land has been dedicated to the public domain. The Civil Code—in Article 863—provides that in computing the time necessary for acquisition by prescription, the current possessor may complete the period by adding that of their predecessor (causante) to their own. The combination of the periods of possession exercised by different persons also facilitates the element of continuity of possession. The possessory transfer must have a just cause (justa causa). In that sense, usucapion may be based on the fact that the acquirer bought the thing, it was donated to them, given as dowry, or in payment of an obligation. This possibility for the successor (causahabiente) to benefit from prior periods of possession applies in the case of the agrarian regime provided that all transferors meet the requirements of agrarian possession suitable for usucapion. From the foregoing arises an infringement of the right to property and the principle of equality by the interpretation that the Superior Agrarian Tribunal has made of the challenged norm, which denies the possibility of transmission of possession in a hypothesis where no reasonable ground exists justifying the application of a regime distinct from the general one. The infringement of the principle of equality occurs because a different rule—non-transmissibility of possession—is established in a situation where the property is subject to the general regime, since the possession that counts for usucapion must be prior to the dedication of the asset. Likewise, the right to property is injured since, without reasonable cause, a more severe requirement is imposed—having personally exercised possession for ten years—on one who seeks to usucape a land that is later declared a protected wild area, which limits access to that fundamental right. Consequently, the interpretation of Article 7, first paragraph, of the Possessory Information Law No. 139 of July 14, 1941, the text of which corresponds to the amendment made by [Name4] Law No. 7174 of June 28, 1990, rendered by the Superior Agrarian Tribunal regarding the non-transmissibility of prior periods of possession, is unconstitutional. THEREFORE: The action is partially granted, and consequently, it is declared that the judicial interpretation of Article 7 of the Possessory Information Law No. 139 of July 14, 1941, the text of which corresponds to the amendment produced by [Name4] Law No. 7174 of June 28, 1990, according to which, in order to title lands comprised within national parks, biological reserves, forest reserves, or protective zones, personal possession is required with ten years prior to the effective date of the law or decree creating the protected wild area, and which does not favor, in these cases, possession transmitted by prior possessors, is unconstitutional. This judgment is declaratory and its effects retroactive, without prejudice to rights acquired in good faith. In all other respects, the action is denied. Let this judgment be summarized in the Official Gazette La Gaceta; let it be published in full in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial); let it be communicated to the General Secretariat of the Supreme Court of Justice and served. In all other respects, the action is denied." Likewise, one of the sections of this Tribunal raised a constitutional question before the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) regarding the cited norm and its interpretation, which was rejected by said Chamber on formal grounds. In accordance with the foregoing, the validity of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias is maintained, and therefore, its application as a removal of public domain status (desafectación) that occurred with the reform introduced by Law 7575 to properties with forest located outside protected areas, so that they could be titled by private individuals. The criterion expressed by the state representative, according to which the public domain character is maintained despite the entry into force of the norm since the allocation of those forested properties to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), at least since Law 4465 of 1969, is not shared. V. With the validity of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, generated from the reform introduced in Law 7575 of 1996, lands with forest located outside protected areas were removed from public domain status (desafectados) with the possibility that private individuals could file Información Posesoria proceedings to obtain title to the properties over which they already held the right of ownership, having fulfilled the requirements set forth by law. Hence, the appellant is not correct in her grievances regarding the survival of the repealed right. In accordance with what was bindingly established by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in the transcribed vote, pursuant to Article 13 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, the petitioner may avail himself of the transmitted possession of the property, provided he meets the requirements set forth by that norm. In the first place, to prove the exercise of ten-year possession (posesión decenal), the petitioner provided a deed of testimony through which [Nombre3] on behalf of Agropecuaria Buena Vista S.A. transferred to [Nombre1] and [Nombre1], in equal parts, the possessory rights that he said he had exercised publicly, peacefully, uninterruptedly, as owner, for more than ten years, on the unregistered property located in Florencia de San Carlos, with an area of 8 hectares 3,624.08 square meters, according to cadastral plan A-944792-2004, on June 15, 2007 (see digitized file in: Doc. Asociados 15/03/2013 10:55:19 a.m., folio 3). The testimony of three witnesses offered by the petitioners to prove possession was also received (see digitized file in: Doc. Asociados 15/03/2013 10:55:19 a.m., folios 84 to 89). Specifically, [Nombre2] (see digitized file in: Doc. Asociados 15/03/2013 10:55:19 a.m., folios 84 and 85) said he had known the property for 35 years since he is an adjoining landowner. He cited as the first owner [Nombre5], who possessed it for ten years; then he transferred it to some gentlemen with the surname [Nombre6] who worked it for ten years; afterward they transferred it to [Nombre7]; who sold it to Mr. [Nombre3] and he to the title applicants. The deponent referred to the existence of improved pastures with about forty head of cattle, and of virgin forest, as well as fences and farm tracks (carriles) along the boundaries; and protection of the natural resource. Witness [Nombre8] (see digitized file in: Doc. Asociados 15/03/2013 10:55:19 a.m., folio 86), stated that he has known the land for 13 or 14 years, indicating that the land belonged to a man known as "[Nombre9]" and that he later transferred it to the title applicants more than two years ago; he added, the property is used for pastures with some thirty-five head of cattle and virgin forest and the natural resource has been protected, with the petitioners maintaining fences and farm tracks (carriles) on the boundaries. He stated that they have exercised possession together with their transferor publicly, peacefully, without interruption, and as owners for more than ten years. Finally, the testimony of [Nombre10] was received (see digitized file in: Doc. Asociados 15/03/2013 10:55:19 a.m., folio 87), who said he had known the property for 40 years and that the first owner he knew was [Nombre5], who sold it to [Nombre11] and he to [Nombre3] about thirteen years ago; and he transferred it to the petitioners. He described the property as a terrain of pastures and forest from which no trees have been felled; with fences and farm tracks (carriles) on its boundaries; and he indicated that the title applicants and their transferors have exercised possession publicly, peacefully, uninterruptedly, and as owners for more than ten years. Likewise, the National Institute of Innovation and Transfer in Agricultural Technology -INTA- certified that the appropriate land use has been exercised for the activity carried out according to the approved methodology (see digitized file in: Doc. Asociados 15/03/2013 10:55:19 a.m., folios 12 and 13); and according to the plan (see digitized file in: Doc. Asociados 15/03/2013 10:55:19 a.m., folio 137) and the judicial inspection records, the nature of the property was attested, as well as the protection of the natural resource existing on the property and its delimitation with fences and farm tracks (carriles) (see digitized file in: Doc. Asociados 15/03/2013 10:55:19 a.m., folios 79 to 83 and 107), also recording in plan A.1576834-2012 the existence of springs (nacientes) as part of the geographical features. Finally, it was attested that there is currently no use of the water resource and it is not part of future plans for that purpose (see digitized file in: Doc. Asociados 15/03/2013 10:55:19 a.m., folio 125). From the evidence provided, it follows that the title applicants were able to prove compliance with the requirements set forth by Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, since it was verified that the land is duly delimited with fences and farm tracks (carriles), the natural resource has been protected, and both they and the previous owners have exercised public, peaceful, uninterrupted possession, as owners, for more than ten years prior to the filing of the Información Posesoria proceeding. VI. By virtue of the foregoing, based on the cited jurisprudential criterion of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, Article 45 of the Political Constitution, Article 13 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, Articles 1, 2, 6, 26, 54, and 79 of the Ley de Jurisdicción Agraria, and Articles 1, 2, 6, 7, and 11 of the Ley de Informaciones Posesorias, the judgment must be confirmed regarding that which has been the object of possession. VII. DISSENTING VOTE OF JUDGE ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA: The majority vote is not shared in approving the possessory information (información posesoria) over lands consisting of primary forests, since they are part of the natural heritage of the State and a ten-year possession (posesión decenal) exercised prior to the allocation of that property as public domain was not demonstrated. Public Domain - for the case of interest to us - is the set of public property assets of the State, lato sensu, allocated to direct or indirect public use by the inhabitants, and subject to a special regime of public law and, therefore, exorbitant from private law. Public domain is composed of four elements: subjective, objective, normative, and teleological. The subjective element refers to the holder of the right - the State -; the objective element refers to or is constituted by the asset or assets over which the public domain falls - in this case, the property under litigation -; the normative element determines when an asset meets the requirements set by law to be considered public domain, it is the set of norms that govern it - a list of norms that will be stated below -; and the teleological element, which refers to the purpose pursued by including a certain asset within the public domain, what public purpose is assigned to the asset - in this case, the protection of natural resources. Public domain assets are subject to a special legal regime, they are subject to police power, and are essentially characterized by their inalienability and imprescriptibility. By their nature they are intended to satisfy public needs, this fact prevents private individuals or persons from having tenure or possession over them, they are outside private law commerce. Our Political Constitution, in its Article 121, section 14), refers to Public Domain status (Demanialidad), indicating which assets are susceptible to that regime of public property, even establishing in that article different degrees of public allocation, from an intense and absolute degree of publicatio to other less intense degrees, harmonizing the rights of the administered with the powers of the Administration. Our current Civil Code, dating from the month of April eighteen eighty-six, regulates the most important bases in matters of public domain assets, specifically in its Articles 261 to 263. Article 262 of the cited Civil Code refers to two important characteristics of public domain assets: a- public things are outside commerce, and b- the removal of public domain status (desafectación) is established by stating that those assets cannot enter private commerce, as long as it is not legally provided otherwise. As can be observed, the allocation to the public domain regime does not depend on the nature of the asset, but on the will of the legislator. By vote number 447-91 at fifteen hours thirty minutes on February 21, 1991, the Constitutional Chamber stated that the declaration of public domain of an asset is established by law, this declaration does not constitute a limitation on property, according to Article 45 of the Magna Carta, since this article refers to private property, and public domain assets are not subject to private property. The Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) is a public domain asset (bien Demanial) regulated in a broad set of norms in which historically up to the present, private individuals are prohibited from carrying out any type of work within properties with that characteristic and, as a consequence, denying them the right of possession, with an exception made in a specific situation that will be stated below. Considered as State Heritage (Patrimonio Estatal), - in its condition as Public Domain (Demanio Público) which implies the principles of imprescriptibility, inalienability, and non-seizability -, are the lands that constitute National Reserves that have Forests. The foregoing finds its normative development in the citations set forth below: 1) The Fiscal Code of 1865 which includes a chapter referring to forests, which was repealed by the General Law on Vacant Lands (Ley General de Terrenos Baldíos) Number thirteen of January 6, 1939, which incorporated practically the same provisions. For example, the first article indicated: "That the lands within the limits of the Republic, which have not been acquired or registered in property through a legitimate title by private individuals, are presumed vacant (baldíos) and belong to the State." This law generally regulates the prohibition against possessing and registering, through the procedure of possessory informations (informaciones posesorias), the National Reserves that are Forest Heritage (Patrimonio Forestal), in other words, they are not susceptible to appropriation by private individuals. Law on Lands and Colonization (Ley de Tierras y Colonización) Number 2825 of October 14, 1961, maintained the same orientation and is currently in force since that date. Thus, Article 8 of that Law of Lands and Colonization establishes: "Except for the cases provided for in this law, private individuals are prohibited from enclosing with fences, farm tracks (carriles), or any other means, the lands declared National Reserves, from clearing forests, establishing constructions and crops, or extracting from them firewood, timber, vines, palms, and other products for exploitation purposes. Any act of this kind, if the legal procedures have not been previously completed and the corresponding authorization obtained, will be considered, depending on the case, as usurpation of public domain or poaching (merodeo), and the authorities must order the destruction and removal of the fences and prevent the use of those lands, without entitlement to compensation or claims for the value of the improvements and without prejudice to other responsibilities that may befall those who incur such offenses." Note that this article criminally sanctions anyone who enters a National Reserve to carry out any activity on those lands, so this act cannot be considered an act of possession since their activity would be illegitimate. Article 11 of that same Law establishes that belong to the State as National Reserves: "a) All lands within the limits of the Republic that are not registered as private property, or as property of the Municipalities or Autonomous Institutions. b-) Those not covered by ten-year possession (posesión decenal). c-) Those that, by special laws, have not been designated for the formation of agricultural colonies. d-) In general, all those that, not being private property, are not occupied in public services." For its part, Article 19 of the repealed Law 4465 of November twenty-third, nineteen sixty-nine, provided: "All forests and forest lands located in: 'a-) Lands considered National Reserves...' are allocated for the purposes of this law." And Article 25 of this same law stated: "The possession of lands located in National Reserves and State farms referred to in Article 19 of this Law shall not give rise to rights of any kind, and the State's action for recovery (acción reinvidicatoria) of the same is imprescriptible, and the General Forestry Directorate (Dirección General Forestal), with the legal means at its disposal, shall proceed to evict from such lands the persons who occupy them totally or partially, in the case of protective zones (zonas protectoras), National Parks, Forest Reserves, and Biological Reserves." With these norms, the forests mentioned therein are granted double protection: First, due to their condition as a National Reserve, in which it is prohibited to carry out any possessory act, and second, because they constitute Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) over which no act of possession shall give rise to any right whatsoever. This aspect is confirmed by Article 8 of the regulation to that law, which states: "The National lands included within the areas declared Forest Reserves are inalienable, that is, they may not leave the domain of the State, and their possession shall not give rise to rights of any kind in accordance with the provisions of Articles 25, 49, and 57 of the Ley Forestal." Article 80 of the cited repealed Forestry Law stated: "The invasion and occupation of lands in National Parks, Forest Reserves, and Protective Zones (Zonas Protectoras) is prohibited. This prohibition extends to National Reserves, as long as their classification and transfer have not been determined..." Article 6 of this same law provided: "Shall be punished with imprisonment from six months to two years or with a fine from fifteen to one hundred days, the person who: a-) Exploits a forest of natural heritage (patrimonio natural) without the corresponding legal authorization... b-) Invades a National Park, Biological Reserve, Protective Zone (Zona Protectora), or Forest Reserve... If the invasion is in National Reserves, it will be subject to the provisions of Article 227 of the Penal Code." As can be observed, possessory acts carried out in a forest that is State heritage (patrimonio Estatal) turn out to be illegitimate, and therefore cannot confer any right of possession. With the entry into force of Forestry Law Number 7174 of June 28, 1990, this same philosophy continues. Article 32 of the cited law establishes: "The natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado) is constituted by all the forests and forest lands of the National Reserves..." Article 33 of that same law provides: "The forest lands and forests that constitute the Natural Heritage of the State detailed in the preceding article shall be non-seizable and inalienable, their possession by private individuals shall not give rise to any right in their favor, and the State's action for recovery (acción reinvidicatoria) of those lands is imprescriptible. Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry through Información Posesoria, their invasion and occupation shall be sanctioned as provided in this Law." With the current Forestry Law in force, number 7575 of February 5, 1996, in its Title II it regulates a single chapter referring exclusively to the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), maintaining the same philosophy that had been initiated since 1865 with the Fiscal Code, so it is reiterated in this new regulation that the Natural Heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, and the farms registered in the name of the Public Administration. Article 14 of the same Forestry Law in force is emphatic in indicating that the forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State are imprescriptible, non-seizable, and inalienable, and their possession by private individuals shall not give rise to any right in their favor. The Wildlife Conservation Law Number 7317 of October 21, 1972, in its Articles 3 and 4, in addition to the declaration of wildlife fauna and flora, respectively, as being of public domain and public interest, indicates that flora and wildlife fauna are part of the National Heritage (Patrimonio Nacional). In this same sense, the Biodiversity Law number 7788 of April 30, 1998, in its Article 6 declares the elements of biodiversity as public domain, as well as the Organic Law of the Environment in its Article 46, which establishes the sovereignty of the State over biological diversity. By virtue of the foregoing, it is a legal imperative to deny the right of possession to those persons who carry out any activity on lands not subject to private property and that consist of forests in National Reserves. To that imperative prohibition, through Forestry Law Number 7575 of 1996, which reforms Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, an exception is established to the philosophy that has been expounded up to now, and that is that the titling of forests is made possible when what is understood as ecological possession (posesión ecológica) has been developed within them. The land object of this possessory information (información posesoria) is Natural Heritage of the State, since it is composed of forest cover (cobertura boscosa), as is evident from the soil study visible at folios 14 and 15, a note signed by Eng. Marixenia Cruz Vargas visible at folio 57 where she indicates the property contains primary forest, and judicial inspection at folio 64, where it is indicated it is forested land. It is clear that said land is Natural Heritage of the State, and although the certification from the Ministry of Environment and Energy and Technology indicates the property is outside any protected wilderness area, this does not exclude the condition of primary forest, which is governed by the public domain status (demanialidad) constituted since the creation of the Forestry Law cited above. When possession over a public domain asset (bien demanial) is disputed, such discussion will only be admissible when the right was acquired before the asset was declared as public domain. Likewise, the right of ownership in such cases may only be obtained when the holder has demonstrated ten-year possession (posesión decenal), exercised at least ten years prior to the effective date of the law that declares the object as Natural Heritage of the State. As the legal chronology that protects the Natural Heritage of the State has already been set forth, the law that must be taken into consideration to calculate the ten-year possession (posesión decenal) of private individuals is the Law on Lands and Colonization number 2825 of October 14, 1961, a regulation currently in force in the case of lands that are of relevance for aquifer recharge, or from the Forestry Law for another type of soil that does not have that condition and that is forested, especially for the specific case that contains primary forest. For the specific case, from the testimonial evidence gathered, that ten-year possession is not demonstrated under the terms of the regulations set forth herein, therefore this dissenting vote is recorded to indicate the petitioner should have demonstrated ten years of possession before the Forestry Law, so the possessory information should have been declared without merit, revoking the judgment under appeal. POR TANTO: Regarding the appealed matters, by majority of the Tribunal, the judgment is confirmed. There is a dissenting vote by Judge Alexandra Alvarado Paniagua. LQINSJ1H5XA61 [Nombre12] - JUEZ/A DECISOR/A VDWK3UO0AD861 [Nombre13] - JUEZ/A DECISOR/A NOJUYOC471VU61 [Nombre14] - JUEZ/A DECISOR/A It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 08:27:23. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República