Res. 01069-2014 Tribunal Agrario — Titling forest land outside protected areas through possessory information proceedingsTitulación de terreno boscoso fuera de áreas protegidas mediante información posesoria

Grande
Normal
Pequeña
Tribunal Agrario

Resolución Nº 01069 - 2014

Fecha de la Resolución: 25 de Noviembre del 2014 a las 10:15

Expediente: 11-000098-0930-CI

Redactado por: Andrea Mercedes Ruiz Ramírez

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Posibilidad de titular terreno con bosque demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.
Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales
Subtemas:
Derecho de inscribir terrenos dentro o fuera de áreas silvestres protegidas mediante información posesoria agraria.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

 

*110000980930CI*

EXPEDIENTE: EXPN1

PROCESO: INFORMACIÓN POSESORIA

PROMOVENTE: [Nombre1] 

PARTES: ESTADO E INDER

VOTO N°  001069-F-2014

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las diez horas y quince minutos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce.-

 INFORMACIÓN POSESORIA promovida por [Nombre1]  , de un solo apellido a razón de su nacionalidad holandesa, mayor, divorciado, ingeniero, vecino de Siquirres, pasaporte CED1     . Intervienen en el proceso la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, de calidades desconocidas en autos, en su condición de procuradora adjunta y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED2    -          - , representado por Marjorie Madrigal Muñoz, mayor, casada, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número CED3 -     -  , en calidad de apoderada generalísima sin límite de suma. Actúa como apoderada especial judicial del promovente, la licenciada Manuelita Meza Zúñiga, colegiada diez mil treinta y nueve. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial  de la Zona Atlántica,  con sede en Guápiles.-

RESULTANDO:

          1.- El promovente interpuso proceso de información posesoria con el fin que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que se  describe así: terreno de montaña, situado en: bajo San Joaquín, [Dirección1]  , [Dirección2]  Siquirres, Provincia siete Limón Mide: sesenta y cuatro hectáreas cinco mil seiscientos noventa y un metros con doce decímetros cuadrados. Linda al NORTE: [Nombre2]  , [Nombre3]   y [Nombre4]  . SUR: [Nombre1]   ESTE: [Nombre5]   y al OESTE: Río Reventazón. Graficado en el Plano Catastrado Número L - novecientos noventa y ocho mil setecientos ochenta y ocho dos mil cinco," (folios 18, 29, 36, 44, 50 y 128 vuelto).-

       2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren de folios 52 a 53; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en el folio 59, sin manifestar ambos su oposición a las presentes diligencias.-

      3.- El juez Ronald Rodríguez Cubillo, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, mediante sentencia número 146-2014 de las dieciséis horas cuatro minutos del treinta de setiembre del año dos mil catorce, resolvió: "POR TANTO: Por lo expuesto, de conformidad con la LEY DE INFORMACIONES POSESORIAS N° 139 del 14 de julio de 1941 y sus reformas, SE APRUEBAN estas diligencia de INFORMACIÓN POSESORIA promovidas por [Nombre1]  , mayor, divorciado una vez, Ingeniero Agrónomo, vecino de Santa Marta de Siquirres, pasaporte número CED4. Proceda el REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, Sección Bienes Inmuebles, a inscribir a su nombre sin perjuicio de terceros de mejor derecho y con las limitaciones de Ley que se dirá, la finca que a continuación se detalla: Terreno de montaña, situado en: bajo San Joaquín, [Dirección1]  , [Dirección2]  Siquirres, Provincia siete Limón Mide: sesenta y cuatro hectáreas cinco mil seiscientos noventa y un metros con doce decímetros cuadrados. Linda al NORTE: [Nombre2]  , [Nombre3]   y [Nombre4]  . SUR: [Nombre1]   ESTE: [Nombre5]   y al OESTE: [Dirección3] . Graficado en el Plano Catastrado Número L - novecientos noventa y ocho mil setecientos ochenta y ocho - dos mil cinco. Inmueble que fue estimado en la suma de diez millones de colones, por cuanto ha cumplido con todos los requisitos que al efecto establece la ley de Informaciones Posesorias. Sirva la certificación de esta sentencia para inscribir en el Registro de la Propiedad la finca citada. Dicha inscripción deberá hacerse advirtiendo a su titulante que el área contigua al Río Reventazón o demás corrientes de agua que existan o puedan existir en las colindancias o en la propiedad del señor [Nombre1]  y que señala el artículo 33 de la Ley Forestal Nº 7575, constituyen áreas de protección y queda prohibida la corta o eliminación de árboles. De igual forma se hace constar que el cauce y las aguas de esas corrientes son de dominio público, tal y como lo establece la Ley de Aguas, artículo 1, inciso IV, y 3, inciso III. Todo lo anterior en atención a lo prescrito en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la Ley de Informaciones Posesorias y 1, 2, 7 y 25 de la Ley de Jurisdicción Agraria así como la, Ley de Conservación de Vida Silvestre y Ley Orgánica del Ambiente. Una vez firme esta resolución, expídase la ejecutoria respectiva y archívese el presente asunto. Se les hace saber a los intervinientes que esta resolución es impugnable, por lo que si alguna de las partes va a presentar recurso de apelación contra la misma, favor remitir además, el recurso de apelación por formato electrónico a la dirección [...] Ello por motivo de la inserción de la oralidad en materia agraria. Además si es el deseo de la parte que el Tribunal de alzada les confiera una audiencia oral, deberán de hacerlo saber en el mismo escrito de apelación. En igual sentido se le recomienda a las partes señalar prioritariamente un correo electrónico donde recibir notificaciones, ello porque a través de este medio, se les puede enviar documentos grabados en audio o video (sentencia oral)," (folios 126 al 129).-

4.- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de procuradora adjunta, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (folios 130 al 138).-

5. En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.-

Redacta la jueza Ruiz Ramírez; y,

CONSIDERANDO

I.- Se comparte lo concluido sobre lo hechos probados por estar acordes con la información que consta en autos, salvo los numerados cuatro,  seis, ocho, nueve y once al no estar relacionados con los agravios expuestos ante esta Sede por la representante legal.

II.- En la sentencia impugnada 146-2014 de las dieciséis horas y cuatro minutos del treinta de setiembre del dos mil catorce, se aprobó la información posesoria y se ordenó inscribir el inmuebles descrito, con las limitaciones que establece la  Ley de Aguas y Ley Forestal. La Procuraduría General de la República (PGR) plantea recurso de apelación y nulidad concomitante (folios 130 a 138). Alega el dictado de la resolución de fondo es anticipada, por cuanto a esta etapa procesal se hallan incumplidos trámites y requisitos esenciales para la aprobación de este proceso. Señala, la información posesoria fue aprobada incorporando al inmueble una calle pública, bien demanial propiedad del Estado, y por ende de carácter inalienable e imprescriptible, la cual no puede ser objeto de apropiación particular. Arguye, que tal como lo solicitó, la persona juzgadora debió prevenirle al titulante la elaboración de dos planos por separado (del inmueble) excluyendo de los terrenos la calle pública en cuestión (artículo 3 Ley de Informaciones Posesorias).  Todo lo anterior fundamentado en los informes rendidos por la Municipalidad de Siquirres VCMS-024-2014 y VCMS-303-2014 en el sentido de que "la calle pública es a través de dicha propiedad por lo que este plano catastrado está contemplado dentro de su área la calle pública..." "Por lo tanto el ancho de la calle pública indicada en el plano L-998788-2005 se prolonga a través de la finca y no termina en el [Dirección4] ,  cerrando la calle con portón".  Indica, asimismo quedó evidenciado al indicar la Municipalidad que el terreno colindante, propiedad del mismo promovente e inscrita a través de una información posesoria también, y descrito en el plano L-463039-1998, describe esa calle como camino público. Por el principio del paralelismo de las competencias, estado las vías afectadas por ley a un fin público (artículo 43 de la Ley N° 4240, artículos 1° y 2° de la Ley General de Caminos Públicos) sólo pueden desafectarse por otro acto inverso del mismo rango.  Es del todo ilícito la venta o apropiación por los particulares de un bien de dominio público. Tampoco cabe la desafectación por desuso. En cuanto al cierre de la calle con portón, la Ley General de Caminos Públicos en los artículos 32, 33 y siguientes establece el trámite de reapertura que debe realizar la Municipalidad en este caso. Además arguye, que el terreno a titular es de naturaleza boscosa (montaña). Considera que esos terrenos, por ubicarse en reservas nacionales, forman parte del Patrimonio Natural del Estado, desde la Ley Forestal 4465 de 1969 (artículo 33), reformada por la Ley Forestal 7174 de 1990 (artículos 32 y 33) y su carácter demanial lo mantiene la Ley 7575 (artículos 13 y 14). Argumenta, la Ley permite titular inmuebles fuera de las áreas silvestres protegidas si la parte promovente demuestra sus legítimos derechos de posesión decenal, con las demás condiciones exigidas al efecto, como haber protegido el recurso  y tener el inmueble debidamente deslindado. Pero para la PGR solo es posible titular  si  la usucapión se consolidó antes de que los terrenos formasen parte del Patrimonio Natural del Estado. Sostiene, con la declaración de los testigos, no se demostró la posesión decenal apta para usucapir en cabeza de la parte promovente. Cita en su apoyo los votos [Telf1], 15753-2005, [Telf2], 783-2003 de la Sala Constitucional, también otros precedentes jurisprudenciales y pronunciamientos emitidos por la misma PGR (dictámenes C-321-2003 y C-146-2008), que en lo medular se refieren a: i) la supervivencia del derecho derogado para regular las situaciones jurídicas que nacieron a su abrigo, en lo que respecta a la protección del derecho de dominio público forestal establecido por la legislación anterior contra aplicaciones retroactivas en su perjuicio  y jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional que establece la necesidad de demostrar una posesión decenal apta para usucapir. ii) el impedimento de los particulares de ejercer la posesión con ánimo de dueños sobre los bienes de dominio público, dado que la inalienabilidad de tales imposibilita su traspaso y posesión privada. iii) la improcedencia de la usucapión y titulación contra el dominio público. iv) el principio de la inalienabilidad, por cuanto esos bienes se substraen del comercio de los hombres. v) los bienes  no susceptibles de adquirirse por posesión. vi) la imprescriptibilidad de tales bienes como consecuencia directa del principio de inalienabilidad, pues al no ser objeto de posesión ni de dominio privado, existe imposibilidad jurídica para usucapirlos. Todos esos alegatos giran en torno a argumentar que al ser los bosques bienes de dominio público, no son susceptibles de ser poseídos por particulares ni adquiridos por usucapión. Al pretenderse titular bienes de dominio público, como lo es el patrimonio natural del Estado y las vías públicas, solicita la improbación de estas diligencias, conforme a los artículos 11 de la Ley de Informaciones Posesorias, 13 y 14 de la Ley Forestal.

    III.- Los agravios reclamados por la parte recurrente no son de recibo. Es errado el criterio de la representante del Estado, de que la información  posesoria aprobada incorpora al inmueble una calle pública, según se aprecia del estudio del expediente el Ingeniero Iván Rodríguez Núñez, encargado de oficina de Valoración y Catastro de la Municipalidad de Siquirres, en el informe rendido a folio 114, en el manifestó expresamente  que su persona considera, el plano con el que se intenta titular abarca el área de calle pública, indicó existen dos razones fundamentales por las que llega a esta conclusión, la primera porque otro plano inscrito el L-463039-1998, que generó la finca matrícula CED5, lo señala como calle pública y la segunda razón, por que así lo contempla el artículo siete de la Ley de Construcciones.  Siendo a su criterio, razones suficientes por las que la calle pública después del portón se debe de considerar calle pública y no por que haya sido declarada formalmente.  Del acta de reconocimiento judicial (folio 83), se extrae los linderos del terreno a titular se encuentran debidamente definidos y delimitados con cerca de alambre de púa, y en lo concerniente al lindero norte donde se encuentra el derrotero 24, por donde considera la representante del Estado continua la calle pública, dicho lindero se describe así: "...Desde este punto nos desplazamos sobre la colindancia norte concretamente entre los derroteros veintiuno al cuarenta y cuatro, durante todo el recorrido se nos fue indicando por parte del guía donde iniciaba y donde terminaba cada una de las colindancia graficadas en el plano.  En toda la colindancia norte existe cerca de alambre de púa a tres hilos con poste vivos y muertos  e incluso en gran parte de ese trayecto existe alambre nuevo...", no se extrae de dicha descripción, la existencia de calle alguna por el lindero norte que continuara dentro del terreno, y dividiera en la materialidad en dos o más porciones el fundo a titular. Considera este Tribunal no sería procedente exigirle al titulante como requisito condicionante para la titulación, que  amplíe un camino interno, y sea este catalogado como calle pública, cuando no existe una declaratoria a nivel municipal en este sentido, y aún más que proceda a cancelar el plano base de la información posesoria y presente nuevos planos, por estar divido el terreno en dos porciones por la calle pública. Existen procedimientos claramente establecidos  para la declaratoria de calles públicas, y en el caso en estudio, el camino interno no ha sido sometido a dichos procedimientos según se aprecia de lo expuesto por el Ingeniero en su informe, el cual  resultó ser subjetivo, al no tener asidero y respaldo en un Acuerdo Municipal, según lo consignado el informe. De conformidad con lo expuesto, no existen motivos para declarar la nulidad de la resolución apelada.

     IV.-  Con respecto a lo objetado en cuanto a que con la declaración de los testigos no se demostró la posesión decenal de la parte promovente, debe resaltarse que [Nombre6]  , [Nombre7]   y [Nombre8]   (folios 80 a 82), confirmaron que la finca la adquirió la parte promovente en forma onerosa a [Nombre9]   y [Nombre4] , desde hace más de diez años. En el escrito presentado el 15 de febrero del 2011, la parte promovente señaló adquirió el terreno de forma onerosa de [Nombre9]   y [Nombre4]  , manifestación que tiene el valor de declaración jurada (artículo 3 de la Ley de Informaciones Posesorias) (folio 19) y además aportó el documento donde se suscribió el contrato de compra venta privada con el señor [Nombre4]   el 15 de abril del 2000 (folio 9), en el cual se consignó, el señor [Nombre4] , le transmitía al promovente los derechos de posesión que había ejercido sobre el terreno a titular desde hacía más de treinta años a título de dueño, pública, pacífica e ininterrumpidamente. Así mismo, a folio 11, aportó el contrato de compraventa privada suscrito con el señor [Nombre10]   conocido como [Nombre9]   el día 15 de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en el cual se consignó el señor [Nombre9] , le transmitía al promovente los derechos de posesión que había ejercido sobre el terreno a titular desde hacía más de veinte años a título de dueño, pública, pacífica e ininterrumpidamente.   Por ende, de la testimonial y documental evacuada, contrario a lo que afirma la recurrente, si se desprenden elementos para tener por debidamente demostrada la posesión decenal de la parte promovente.

      V.- En relación con la oposición de la Procuraduría para titular zonas boscosas, debe tenerse presente que las personas gozan del derecho de inscribir terrenos con dicha cobertura, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, siempre y cuando cumplan todos los requisitos legales exigidos en los diversos cuerpos normativos aplicables (consúltese al respecto el voto 51 del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Dado lo argumentado por la parte recurrente, es importante aclarar que el Patrimonio natural del Estado esta "constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio" (artículo 13 de la Ley Forestal). Dichos terrenos forestales y bosques son efectivamente inembargables e inalienables (artículo 14 de dicha Ley). Su posesión por los particulares no les otorga derecho alguno y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante información posesoria (artículo 33). Por su parte, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, permite la titulación de zonas boscosas, exigiendo como requisitos específicos (adicionales a los generales de la Ley de Informaciones Posesorias) demostrar los derechos legales de posesión decenal, haber protegido el recurso natural y que el inmueble esté debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios. De esta forma, debe concluirse que el artículo 7 citado, contempla dos situaciones diferentes: a) La posibilidad de titular terrenos comprendidos dentro de áreas silvestres protegidas. En estos casos, la norma permite se titule siempre y cuando se haya consolidado el derecho de propiedad al menos diez años antes de la declaratoria de área silvestre protegida, pues tales forman parte del dominio público. b) La posibilidad de titular terrenos fuera de áreas silvestres protegidas y que tengan bosques. En este último supuesto, la norma exige únicamente que el promovente demuestre "ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios". No se especifica, como sucede con las áreas silvestres protegidas, que la posesión deba ser diez años antes de la declaratoria de patrimonio forestal del Estado, realizada por vez primera en la derogada Ley Forestal N°4465. Ello es entendible, pues si no sería un contrasentido lo permitido por el legislador al respecto. Es decir, si su intención hubiese sido no permitir la titulación de esas zonas boscosas luego de promulgarse la Ley Forestal de 1969 (que contiene la primera declaratoria de patrimonio forestal del Estado), lo correcto hubiese sido no incluir o no permitir ese segundo supuesto. Pero como se analizó, el legislador ha mantenido una posición diferente. Por consiguiente, debe concluirse, a diferencia de la posición que mantiene la PGR, que el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias (modificado al emitirse la vigente Ley Forestal 7575), autorizó en forma expresa la titulación de bienes inmuebles boscosos mediante este tipo de proceso.

VI.- Sobre la aplicación e interpretación del citado numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias este Tribunal ha destacado: "La constitucionalidad de dicha norma y de la interpretación dada en algún momento por este Tribunal fue cuestionada de constitucionalidad, gestión que generó la emisión del voto de la Sala Constitucional 4587-97, precisamente citado por la recurrente. En dicho voto la Sala declaró la constitucionalidad de la norma, manteniendo su vigencia. Ante tal situación, lo procedente en este caso es confirmar lo resuelto por el Juzgador, al haber acreditado el promovente el cumplimiento de los requisitos que dispone ese artículo, a saber: la posesión decenal, protección del recurso natural y delimitación del inmueble mediante cercas o carriles limpios" (Voto 573-F-09). De igual forma, la Sala Constitucional rechazó nuevamente la consulta de inconstitucionalidad contra el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias realizada por este Tribunal, en el expediente EXPN2, quedando vigente tal norma y sus efectos.

VII.- De conformidad con lo expuesto, procede  confirmar la sentencia recurrida en lo que fue objeto de apelación.

VIII.-NOTA EXPUESTA POR LA JUEZA [Nombre11] .- Esta Nota se consigna para indicar los argumentos por los cuales no se comparten los agravios expuestos por la apelante, difiriendose de los motivos expuestos en el voto de mayoría: Del estudio de suelos elaborado por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA), se desprende que el inmueble descrito es  terreno con tacotalsin que que sea bosque primario, y tambien de pasto y charral.- Si bien es cierto, por mayoría de otra  integración de Tribunal se considera el conteo el plazo decenal de posesión de terrenos boscosos los es antes de la afectación de dominio público según Ley Forestal de 1969, ello no es de aplicación a este caso concreto, pues nótese se trata de un inmueble compuesto de pasto , charral  y tacotal en regeneración, lo que implica ese terreno fue regenerado por parte de su poseedor además del reconocimiento judicial se desprende se ha cuidado ese recurso. La Comisión Nacional de Certificación Forestal de Costa Rica define el bosque secundario como "... aquella tierra con vegetación leñosa de carácter sucesional secundaria que se desarrolla una vez que la vegetación original fue eliminada por actividades humanas o fenómenos naturales; con una superficie mínima de 0,5 ha y una densidad no menor a 500 árboles por ha de todas las especies, con dap no menor a 5 cm" (CNCF 1999, Comisión Nacional de Certificación Forestal. 1999. Estándares y procedimientos para el manejo sostenible y la certificación forestal en Costa Rica. San José,. Costa Rica. 54 p.) Partiendo de esta definición y prueba referida supra, el  bosque original fue convertido en potreros o su vegetación fue eliminada, para dar cabida a pastizales que  luego a bosque en regeneración, declarar ese tipo de bosque secundario como bien demanial sería no incentivar ese tipo de actividad regeneradora de bosques, pues los poseedores preferirían mantener sus terrenos de naturaleza de potreros para tenernos bajo su patrimonio y no correr el riesgo le sean declarados estatales. La actividad silvícola y la regeneradora de bosques secundarios son actividades necesarias para la captación de carbono en la atmósfera y por ende medidas ambientales contra el calentamiento global, actividades beneficiosas para el medio ambiente por lo que sería incoherente castigar  a los poseedores que tienen ese tipo de actividad regeneradora de bosques denegándoles la obtención de su título de propiedad.  Aunado el mismo no está dentro de alguna zona protectora como para declararlo bien demanial,  por el contrario está ubicado fuera de áreas silvestres protegidas.-

POR TANTO
  Se rechaza la nulidad alegada. En lo que ha sido objeto de apelación, se confirma la sentencia. Pone nota la jueza Alvarado Paniagua.-

1ZZSLA8GK5461

[Nombre12]  -

JUEZ/A DECISOR/A

 

 

BYISC13FD8I61

[Nombre13]   - JUEZ/A

DECISOR/A

	

47I47EKEI7I4061

[Nombre11]   -

JUEZ/A DECISOR/A

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:20:49.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE: EXPN1

PROCEEDING: INFORMACIÓN POSESORIA

PROMOTER: [Name1]

PARTIES: STATE AND INDER

VOTO N° 001069-F-2014

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At ten hours and fifteen minutes of the twenty-fifth of November of two thousand fourteen.-

INFORMACIÓN POSESORIA promoted by [Name1], with a single surname due to his Dutch nationality, of legal age, divorced, engineer, resident of Siquirres, passport CED1. Appearing in the proceeding are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA), represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, whose qualifications are unknown in the case file, in her capacity as assistant attorney general, and the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT (INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL), legal identification number CED2 - -, represented by Marjorie Madrigal Muñoz, of legal age, married, attorney, resident of Alajuela, identity card number CED3 - -, in her capacity as general agent without limit of amount. Acting as special judicial agent of the promoter is licensed attorney Manuelita Meza Zúñiga, bar number ten thousand thirty-nine. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, based in Guápiles.-

WHEREAS:

1.- The promoter filed a proceeding of información posesoria for the purpose of having the following property registered in his name in the Public Property Registry: mountainous land, located in: bajo San Joaquín, [Address1], [Address2] Siquirres, Province seven Limón. Measuring: sixty-four hectares, five thousand six hundred ninety-one square meters and twelve square decimeters. Bordered on the NORTH by: [Name2], [Name3], and [Name4]. SOUTH: [Name1]. EAST: [Name5], and on the WEST: Reventazón River. Plotted on Cadastral Map Number L - nine hundred ninety-eight thousand seven hundred eighty-eight two thousand five," (folios 18, 29, 36, 44, 50, and 128 verso).-

2.- The Office of the Attorney General of the Republic appeared in the proceeding in the terms appearing at folios 52 to 53; in turn, the Institute of Rural Development did so at folio 59, without either expressing opposition to these proceedings.-

3.- Judge Ronald Rodríguez Cubillo, of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Guápiles, by means of judgment number 146-2014 issued at sixteen hours and four minutes of the thirtieth of September of the year two thousand fourteen, resolved: "THEREFORE: Based on the foregoing, in accordance with the INFORMACIONES POSESORIAS LAW No. 139 of July 14, 1941, and its amendments, these proceedings of INFORMACIÓN POSESORIA promoted by [Name1], of legal age, divorced once, Agricultural Engineer, resident of Santa Marta de Siquirres, passport number CED4, ARE APPROVED. The PUBLIC PROPERTY REGISTRY, Real Estate Section, shall proceed to register in his name, without prejudice to third parties with superior rights and with the legal limitations to be stated, the property detailed below: Mountainous land, located in: bajo San Joaquín, [Address1], [Address2] Siquirres, Province seven Limón. Measuring: sixty-four hectares, five thousand six hundred ninety-one square meters and twelve square decimeters. Bordered on the NORTH by: [Name2], [Name3], and [Name4]. SOUTH: [Name1]. EAST: [Name5], and on the WEST: [Address3]. Plotted on Cadastral Map Number L - nine hundred ninety-eight thousand seven hundred eighty-eight - two thousand five. Property that was valued in the sum of ten million colones, insofar as all requirements established for this purpose by the Informaciones Posesorias Law have been met. The certification of this judgment shall serve to register the cited property in the Property Registry. Said registration shall be made by advising the titleholder that the area adjacent to the Reventazón River or other watercourses that exist or may exist on the boundaries or within the property of Mr. [Name1] and that are indicated in Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575, constitute protected areas and the cutting or elimination of trees is prohibited. Similarly, it is noted that the channel and waters of these watercourses are public domain, as established by the Water Law (Ley de Aguas), Article 1, subsection IV, and 3, subsection III. All of the foregoing in accordance with the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of the Informaciones Posesorias Law and 1, 2, 7, and 25 of the Agrarian Jurisdiction Law, as well as the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre) and the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente). Once this resolution is final, issue the respective writ of execution and archive the present case. The participants are advised that this resolution is appealable, and if any of the parties intends to file an appeal (recurso de apelación) against it, they must also submit the appeal in electronic format to the address [...] This is due to the implementation of orality in agrarian matters. Furthermore, if a party wishes for the Appellate Tribunal to grant an oral hearing, they must indicate so in the same appeal brief. Similarly, the parties are recommended to preferentially provide an email address for notifications, as through this medium, documents recorded in audio or video (oral judgment) can be sent," (folios 126 to 129).-

4.- Licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as assistant attorney general, filed an appeal (recurso de apelación) with an express indication of the reasons why she contests the lower court's thesis, (folios 130 to 138).-

5. In the substantiation of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, and no errors or omissions capable of causing its nullity are noted in the ruling.-

Drafted by Judge Ruiz Ramírez; and,

CONSIDERING

I.- The court agrees with the conclusions regarding the proven facts, as they are consistent with the information on file, except for those numbered four, six, eight, nine, and eleven, as they are not related to the grievances raised before this Court by the legal representative.

II.- In the contested judgment 146-2014 issued at sixteen hours and four minutes of the thirtieth of September of two thousand fourteen, the información posesoria was approved and the registration of the described property was ordered, with the limitations established by the Water Law (Ley de Aguas) and Forest Law (Ley Forestal). The Office of the Attorney General of the Republic (PGR) files a concomitant appeal (recurso de apelación) and motion for nullity (folios 130 to 138). It alleges that the issuance of the final judgment is premature, because at this procedural stage, essential procedures and requirements for the approval of this proceeding remain unfulfilled. It points out that the información posesoria was approved by incorporating a public road into the property, a public domain asset belonging to the State, and therefore inalienable and imprescriptible, which cannot be subject to private appropriation. It argues that, as requested, the judge should have required the titleholder to prepare two separate maps (of the property) excluding the public road in question from the land (Article 3 of the Informaciones Posesorias Law). All of the foregoing is based on reports issued by the Municipality of Siquirres VCMS-024-2014 and VCMS-303-2014, stating that "the public road traverses said property, therefore this cadastral map includes the public road within its area..." "Therefore, the width of the public road indicated on map L-998788-2005 extends through the property and does not end at [Address4], closing the road with a gate." It indicates that this was further evidenced when the Municipality stated that the adjoining land, owned by the same promoter and registered through another información posesoria, and described on map L-463039-1998, describes that road as a public road. By the principle of parallelism of competencies, since roads are legally affected for a public purpose (Article 43 of Law No. 4240, Articles 1 and 2 of the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos)), their status can only be changed by another inverse act of the same rank. The sale or appropriation by private individuals of a public domain asset is entirely unlawful. Nor can its public-purpose designation be removed by disuse. Regarding the closure of the road with a gate, the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos), in Articles 32, 33 and following, establishes the reopening procedure that the Municipality must carry out in this case. Furthermore, it argues that the land to be titled is of a forested nature (mountainous). It considers that these lands, being located in national reserves, form part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), since Forest Law 4465 of 1969 (Article 33), amended by Forest Law 7174 of 1990 (Articles 32 and 33), and their public domain character is maintained by Law 7575 (Articles 13 and 14). It argues that the Law allows titling of properties outside of protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) if the promoter demonstrates their legitimate rights of ten-year possession (posesión decenal), with the other conditions required for this purpose, such as having protected the resource and having the property duly demarcated. But for the PGR, it is only possible to title if the usucapion was consolidated before the lands formed part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado). It maintains that the testimony of the witnesses did not demonstrate the ten-year possession (posesión decenal) suitable for usucapion by the promoter. In support, it cites rulings [Tel1], 15753-2005, [Tel2], 783-2003 from the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), as well as other jurisprudential precedents and pronouncements issued by the PGR itself (opinions C-321-2003 and C-146-2008), which essentially refer to: i) the survival of repealed law to regulate legal situations that arose under its protection, regarding the protection of the right to public forest domain established by prior legislation against retroactive applications to its detriment, and binding jurisprudence from the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) establishing the need to demonstrate a ten-year possession (posesión decenal) suitable for usucapion. ii) the impediment for private individuals to exercise possession with intent to own over public domain assets, given that their inalienability makes their transfer and private possession impossible. iii) the impropriety of usucapion and titling against the public domain. iv) the principle of inalienability, since these assets are withdrawn from commerce among individuals. v) assets not susceptible to acquisition by possession. vi) the imprescriptibility of such assets as a direct consequence of the principle of inalienability, since, not being subject to possession or private domain, there is a legal impossibility to acquire them by usucapion. All these allegations revolve around arguing that being forests are public domain assets, they are not susceptible to being possessed by private individuals nor acquired by usucapion. As the intention is to title public domain assets, such as the natural heritage of the State and public roads, it requests the disapproval of these proceedings, in accordance with Articles 11 of the Informaciones Posesorias Law, and 13 and 14 of the Forest Law (Ley Forestal).

III.- The grievances claimed by the appellant are not receivable. The criterion of the State's representative that the approved información posesoria incorporates a public road into the property is erroneous. A review of the case file shows that Engineer Iván Rodríguez Núñez, head of the Valuation and Cadastre Office of the Municipality of Siquirres, in the report provided at folio 114, expressly stated that in his opinion, the map used to attempt the titling covers the area of a public road. He indicated two fundamental reasons for reaching this conclusion: first, because another registered map, L-463039-1998, which generated property registration number CED5, designates it as a public road; and second, because Article seven of the Construction Law (Ley de Construcciones) so contemplates it. In his judgment, these are sufficient reasons why the public road beyond the gate must be considered a public road, and not because it has been formally declared as such. From the judicial inspection report (folio 83), it is clear that the boundaries of the land to be titled are duly defined and delimited with barbed wire fences, and regarding the north boundary where waypoint 24 is located, where the State's representative considers the public road continues, said boundary is described as follows: "...From this point, we traveled along the north boundary, specifically between waypoints twenty-one to forty-four; throughout the entire journey, the guide indicated where each of the boundaries plotted on the map began and ended. Along the entire north boundary, there is a three-strand barbed wire fence with live and dead posts, and even for a large part of that stretch, there is new wire..." The existence of any road along the north boundary continuing within the land, dividing the fund to be titled physically into two or more portions, cannot be deduced from this description. This Tribunal considers that it would not be proper to require the titleholder, as a conditioning requirement for titling, to widen an internal path and have it classified as a public road when there is no declaration by the municipality to this effect, and even more so to proceed to cancel the base map of the información posesoria and submit new maps because the land is divided into two portions by the public road. There are clearly established procedures for the declaration of public roads, and in the case under study, the internal path has not been subjected to said procedures, as can be seen from what the Engineer stated in his report, which turned out to be subjective, lacking foundation and support in a Municipal Agreement, according to what was recorded in the report. In accordance with the foregoing, there are no grounds to declare the nullity of the appealed resolution.

IV.- Regarding the objection that the witnesses' statements did not demonstrate the promoter's ten-year possession (posesión decenal), it should be noted that [Name6], [Name7], and [Name8] (folios 80 to 82) confirmed that the property was acquired by the promoter for value from [Name9] and [Name4], more than ten years ago. In the brief filed on February 15, 2011, the promoter indicated that he acquired the land for value from [Name9] and [Name4], a statement that has the value of a sworn declaration (Article 3 of the Informaciones Posesorias Law) (folio 19), and he also provided the document where the private sale and purchase contract was signed with Mr. [Name4] on April 15, 2000 (folio 9), in which it was recorded that Mr. [Name4] transferred to the promoter the possession rights that he had exercised over the land to be titled for more than thirty years, as owner, publicly, peacefully, and uninterruptedly. Likewise, at folio 11, he provided the private sale and purchase contract signed with Mr. [Name10], known as [Name9], on December 15, nineteen ninety-nine, in which it was recorded that Mr. [Name9] transferred to the promoter the possession rights that he had exercised over the land to be titled for more than twenty years, as owner, publicly, peacefully, and uninterruptedly. Therefore, from the testimonial and documentary evidence presented, contrary to what the appellant claims, there are indeed elements to deem the promoter's ten-year possession (posesión decenal) duly demonstrated.

V.- In relation to the Attorney General's Office's opposition to titling forested areas, it must be kept in mind that individuals have the right to register lands with such forest cover (cobertura boscosa), inside or outside of protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), provided they meet all the legal requirements established in the various applicable regulatory bodies (consult on this matter, Voto 51 of May 26, 1995, from the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia)). Given what has been argued by the appellant, it is important to clarify that the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) is "constituted by forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, of properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other organisms of the Public Administration, except for properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its heritage" (Article 13 of the Forest Law (Ley Forestal)). These forest lands and forests are indeed non-attachable and inalienable (Article 14 of said Law). Their possession by private individuals grants them no right whatsoever, and the State's possessory action for these lands is imprescriptible. Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry through información posesoria (Article 33). For its part, Article 7 of the Informaciones Posesorias Law allows the titling of forested areas, requiring as specific requirements (in addition to the general ones of the Informaciones Posesorias Law) the demonstration of legal rights of ten-year possession (posesión decenal), having protected the natural resource, and that the property is duly demarcated and fenced or with clean firebreaks. Thus, it must be concluded that the cited Article 7 contemplates two different situations: a) The possibility of titling lands located within protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas). In these cases, the rule allows titling provided that the property right was consolidated at least ten years before the declaration of a protected wilderness area (área silvestre protegida), since such areas form part of the public domain. b) The possibility of titling lands outside protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) that have forests. In this latter case, the rule only requires the promoter to demonstrate "being the holder of the legal rights of ten-year possession (posesión decenal), exercised for at least ten years, and having protected that natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated and fenced or with clean firebreaks." It does not specify, as is the case with protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), that possession must have been ten years before the declaration of forest heritage of the State, first made in the repealed Forest Law (Ley Forestal) No. 4465. This is understandable, as otherwise it would contradict what the legislator has permitted in this regard. That is, if its intention had been not to allow the titling of these forested areas after the promulgation of the 1969 Forest Law (Ley Forestal) (which contains the first declaration of the State's forest heritage), the correct approach would have been not to include or not to allow this second case. But as analyzed, the legislator has maintained a different position. Consequently, it must be concluded, unlike the position held by the PGR, that Article seven of the Informaciones Posesorias Law (modified when the current Forest Law (Ley Forestal) 7575 was enacted), expressly authorized the titling of forested real estate through this type of proceeding.

VI.- Regarding the application and interpretation of the cited numeral 7 of the Informaciones Posesorias Law, this Tribunal has emphasized: "The constitutionality of said rule and of the interpretation given at some point by this Tribunal was challenged, a petition that resulted in the issuance of Voto of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) 4587-97, precisely cited by the appellant. In said ruling, the Chamber declared the constitutionality of the rule, maintaining its validity. Given this situation, the proper course in this case is to confirm the lower court judge's decision, since the promoter has accredited compliance with the requirements set forth in that article, namely: the ten-year possession (posesión decenal), protection of the natural resource, and delimitation of the property by fences or clean firebreaks" (Voto 573-F-09). Similarly, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) again rejected the constitutional consultation against Article seven of the Informaciones Posesorias Law raised by this Tribunal, in case EXPN2, leaving said rule and its effects in force.

VII.- In accordance with the foregoing, it is appropriate to confirm the appealed judgment regarding the matters that were subject to appeal.

VIII.- NOTE ISSUED BY JUDGE [Name11].- This Note is recorded to indicate the arguments for which the grievances raised by the appellant are not shared, differing from the reasons set forth in the majority vote: From the soil study prepared by the National Institute of Innovation and Transfer of Agricultural Technology (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, INTA), it is evident that the described property is land with scrubland (tacotal), without being primary forest, and also pasture and thicket (charral).- While it is true that, by majority of another composition of this Tribunal, the ten-year period for possession of forested lands is considered to be before the public domain designation according to the 1969 Forest Law (Ley Forestal), this is not applicable to this specific case, as it should be noted that the property is composed of pasture, thicket (charral), and regenerating scrubland (tacotal), which implies that this land was regenerated by its possessor; furthermore, it is evident from the judicial inspection that this resource has been cared for. The Costa Rican National Forest Certification Commission (Comisión Nacional de Certificación Forestal de Costa Rica) defines secondary forest as "... that land with woody vegetation of secondary successional character that develops once the original vegetation was eliminated by human activities or natural phenomena; with a minimum area of 0.5 ha and a density of not less than 500 trees per ha of all species, with a dbh of not less than 5 cm" (CNCF 1999, Comisión Nacional de Certificación Forestal. 1999. Standards and procedures for sustainable management and forest certification in Costa Rica. San José,. Costa Rica. 54 p.) Based on this definition and the evidence referred to above, the original forest was converted to pastureland or its vegetation was eliminated to make way for grasslands that later became regenerating forest; to declare that type of secondary forest as a public domain asset would be to not incentivize that type of forest-regenerating activity, since possessors would prefer to keep their lands as pasturelands to hold them under their patrimony and not run the risk of them being declared state-owned. Silvicultural activity and the regeneration of secondary forests are necessary activities for carbon sequestration in the atmosphere and therefore environmental measures against global warming, activities beneficial to the environment; therefore, it would be incoherent to punish possessors who engage in this type of forest-regenerating activity by denying them the granting of their title of ownership. In addition, it is not located within any protective zone that would warrant declaring it a public domain asset; quite the contrary, it is located outside protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas).-

THEREFORE

The alleged nullity is rejected. Regarding what has been the subject of appeal, the judgment is confirmed. Judge Alvarado Paniagua issues a note.-

1ZZSLA8GK5461

[Name12] -

DECIDING JUDGE

BYISC13FD8I61

[Name13] - DECIDING JUDGE

47I47EKEI7I4061

[Name11] -

DECIDING JUDGE

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 08:20:49.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República