Res. 00689-2014 Tribunal Agrario — Titling of forested land through possessory information proceedingsTitulación de terreno con cobertura boscosa mediante información posesoria

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00689 - 2014

Fecha de la Resolución: 19 de Agosto del 2014 a las 08:18

Expediente: 07-160075-0642-AG

Redactado por: Andrea Mercedes Ruiz Ramírez

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Posibilidad de titular terreno con bosque demostrando la posesión decenal y la protección de los recursos naturales.
Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales
Subtemas:
Derecho de inscribir terrenos dentro o fuera de áreas silvestres protegidas mediante información posesoria agraria.

Sentencia con nota separada

Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

 

*071600750642AG*

EXPEDIENTE: EXPN1

PROCESO: INFORMACIÓN POSESORIA

PROMOVENTES:  [Nombre1] , [Nombre2], [Nombre1], [Nombre3] 

PARTES: ESTADO E INDER

VOTO N°  000689-F-2014

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las ocho horas y dieciocho minutos del diecinueve de agosto de dos mil catorce.-

INFORMACIÓN POSESORIA, promovida por [Nombre1] , mayor, separado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número CED1-    -    ; [Nombre2], mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Montes de Oro de Puntarenas, con cédula de identidad número CED2-  -    ; [Nombre1], mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Montes de Oro de Puntarenas, con cédula de identidad número  CED3-    -  ; [Nombre3], mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Montes de Oro de Puntarenas, con cédula de identidad número CED4-  -    , todos [Nombre1] . Intervienen el licenciado José Gonzalo Saavedra Brenes como abogado director de los promoventes, la licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua en su condición de Procuradora del Estado.-

RESULTANDO:

1.- La parte promovente solicita que se ordene inscribir ante el Registro de la Propiedad la siguiente finca que se describe así:  sin inscribir, situada en el [Dirección1] ,  , Cantón cuarto Montes de Oro de la Provincia sexta Puntarenas en San Buenaventura terreno de pastos y montañas con un área de 545,524 metros 59 decímetros cuadrados, linda al NORTE: [Nombre4]  , [Nombre5]   y con un frente de 06 metros lineales a servidumbre de paso, SUR: Compañía Inversiones Grupo Minero Oro S.A. ESTE:  [Nombre5]   y OESTE: Río Aranjuez, plano catastrado número P-1032012-2005.

  2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren de folio 32, a su vez el Instituto de Desarrollo Agrario se le notificó para que se apersonará pero no lo hizo folio 38, la Procuraduría se opuso a las presentes diligencias ver escrito en bandeja de fecha 25/04/2014.-

3.- La licenciada Sandra Trejos Jiménez, jueza del Juzgado Agrario de Puntarenas mediante sentencia número 56-2014 de las trece horas trece minutos del cinco de mayo del dos mil catorce: ³POR TANTO:  Con base en lo que ha sido expuesto y artículos de ley citados, estando cumplidos los requisitos legales señalados en la Ley de Informaciones Posesorias No. 139 de 14 de julio de 1941, sus reformas y adiciones, acojo la pretensión que se formula en las presentes diligencias de información posesoria, en consecuencia se ordena al Registro Público de la Propiedad Inmobiliario proceder a la inscripción por partes iguales de la finca motivo de éste trámite, libre de gravámenes, cargas reales y condueños y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, a nombre de4  [Nombre1]   , mayor, casado una vez y separado de hecho, abogado, con cédula CED5, vecino de Pavas, San José, en Urbanización Bri-Bri, [Dirección2] , [Nombre2]  , mayor, casado una vez, agricultor, con cédula CED6, vecino de San Buenaventura de la Unión de Montes de Oro de Puntarenas, [Nombre1]  , mayor, casado una vez, agricultor, con cédula de identidad número CED7   -  ; [Nombre6]  . [Nombre3]  , mayor, casado una vez, agricultor, con cédula CED4-  -    , vecino de San Buenaventura de la Unión de Montes de Oro de Puntarenas, la finca sin inscribir, de la cual la titulante afirma carece de título inscribible en el Registro Público, y que se ubica en Buenaventura, en el [Dirección3]  ,      , de la Provincia de Puntarenas, se trata de un terreno de montaña y potrero demarcado, tiene una medida de CINCUENTA Y CUATRO HECTÁREAS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO METROS CON CINCUENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS; lindante al Norte: [Nombre4]   y [Nombre5]  , en medio  de quebrada Cayucos; Sur: Inversiones Grupo Minero Oro S.A., Este: [Nombre5]  ; y al Oeste: Río Aranjuez, y se describe en el plano catastrado inscrito bajo el N° P-1032012-2005 de fecha 03-11-2005.  Los promoventes poseen el inmueble desde hace mas de diez años, en forma quieta, pública, pacífica y a título de dueño, quien  adquirió por compra que le hiciera a la señora [Nombre7]  .  El edicto relativo a la publicidad de éstas diligencias fue publicado en el boletín judicial N° 27 de fecha 07 de febrero del año 2008, no hubo objeción de terceros.  En el trámite se recibieron las declaraciones de [Nombre8]  , [Nombre9]       y [Nombre10]   , vecinos todos de San Buenaventura de la Unión de Montes de Oro de Puntarenas, rindieron  declaración sobre el ejercicio de la posesión decenal del promovente sobre la finca objeto de inscripción, en forma quieta, pública, pacífica por más de diez años. Sobre éste inmueble el promovente ha ejercido  posesión cumpliendo con el uso conforme del suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada.  El terreno objeto de inscripción se ubica fuera de cualquier área silvestre protegida, no comprende terrenos propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario o bajo su administración. Los colindantes del inmueble fueron notificados de la existencia de la diligencia, ninguno de ellos formuló objeción u oposición. El inmueble objeto de inscripción fue estimado en la suma de un millón de colones, e igual suma las presentes diligencias, el terreno no se encuentra inscrito, carece de título inscribible ante el Registro Público de la Propiedad, no soporta gravámenes, cargas reales, no tiene  condueños, y las diligencias no han tenido por fin evadir las consecuencias de un proceso sucesorio. De conformidad con lo que dispone el artículo 19 de la Ley de Informaciones Posesorias, se declara  que este inmueble queda afectado a las siguientes reservas: Primero.- Si los fundos son enclavados o tienen frentes a caminos públicos con ancho inferior a 20 metros, estarán afectos a las reservas que indica la Ley General de Caminos Públicos. Segundo.- A las reservas que indica la Ley de Aguas en sus artículos 72 y 73, cuando existan aguas de dominio público o privado en su caso. Tercero.- A las prohibición de destruir bosques o arboledas que contengan especímenes vegetales o animales, que estén en proceso de extinción en el país a juicio del  Ministerio de Agricultura y Ganadería; y Cuarto: Si las fincas fueren declaradas de aptitud forestal por la Dirección General Forestal, dentro  del mes que señala el artículo 5 de la Ley de Informaciones Posesorias, queda prohibido cortar árboles en un 25% de la cabida de este terreno, salvo, los que esa Dirección autoriza para renovar bosque y previo  cultivo de 5 o más árboles de la misma especie por cada árbol que se autorice cortar. Se ordena al Registro Público, se consigne que el inmueble se encuentra afecto a las reservas de los artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos. Además que el área contigua a las corrientes es área de protección según el artículo 33 inciso a) y b) de la Ley Forestal N| 7575 y queda prohibida la corta o eliminación de árboles , y el cauce y las aguas de esa corriente son de dominio público  (Ley de Agua, artículos 1 inciso IV y 3 inciso III). Las aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble son de dominio público estatal y no forman parte de la finca. Dada la naturaleza de este tipo de proceso, se resuelve sin especial condenatoria en costas. Una vez firme la presente expídase la ejecutoria correspondiente..." Lo resaltado con mayúsculas y negrita corresponde al original(ver folios   182 a 187 vuelto).-

4.- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de Procuradora Adjunta, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (ver escrito de folio 192).

5. En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.Redacta la jueza Ruiz Ramírez; y,

CONSIDERANDO:

I.- Se comparte el elenco de hechos tenidos por probados en la sentencia, al ser acordes con las probanzas que constan en el expediente; salvo los numerados tercero, octavo, décimo y décimo primero al no estar relacionados con los agravios expuestos ante esta Sede por la representante estatal.-

II.- Se comparte el único evento indemostrado por cuanto no se aportaron elementos de prueba.

III.- En la sentencia impugnada 56-14 del 05 de mayo del 2014 (folios 182 a 187 vuelto), se aprobó la información posesoria y se ordenó inscribir el inmuebles descrito, con las limitaciones que establece la Ley de Caminos Públicos, Ley de Aguas y Ley Forestal. La Procuraduría General de la República (PGR) apela (folio 345 a 358) alegando que el terreno a titular es de naturaleza boscosa (montaña). Considera que esos terrenos, por ubicarse en reservas nacionales, forman parte del Patrimonio Natural del Estado, desde la Ley Forestal 4465 de 1969 (artículo 33), reformada por la Ley Forestal 7174 de 1990 (artículos 32 y 33) y su carácter demanial lo mantiene la Ley 7575 (artículos 13 y 14). Argumenta, la Ley permite titular inmuebles fuera de las áreas silvestres protegidas si la parte promovente demuestra sus legítimos derechos de posesión decenal, con las demás condiciones exigidas al efecto, como haber protegido el recurso y tener el inmueble debidamente deslindado. Pero para la PGR solo es posible titular  si la usucapión se consolidó antes de que los terrenos formasen parte del Patrimonio Natural del Estado. Sostiene, con la declaración de los testigos, no se demostró la posesión decenal apta para usucapir en cabeza de la parte promovente. Cita en su apoyo los votos [Telf1], 15753-2005, [Telf2], 783-2003 de la Sala Constitucional, también otros precedentes jurisprudenciales y pronunciamientos emitidos por la misma PGR (dictámenes C-321-2003 y C-146-2008), que en lo medular se refieren a: i) la supervivencia del derecho derogado para regular las situaciones jurídicas que nacieron a su abrigo, en lo que respecta a la protección del derecho de dominio público forestal establecido por la legislación anterior contra aplicaciones retroactivas en su perjuicio  y jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional que establece la necesidad de demostrar una posesión decenal apta para usucapir. ii) el impedimento de los particulares de ejercer la posesión con ánimo de dueños sobre los bienes de dominio público, dado que la inalienabilidad de tales imposibilita su traspaso y posesión privada. iii) la improcedencia de la usucapión y titulación contra el dominio público. iv) el principio de la inalienabilidad, por cuanto esos bienes se substraen del comercio de los hombres. v) los bienes  no susceptibles de adquirirse por posesión. vi) la imprescriptibilidad de tales bienes como consecuencia directa del principio de inalienabilidad, pues al no ser objeto de posesión ni de dominio privado, existe imposibilidad jurídica para usucapirlos. Todos esos alegatos giran en torno a argumentar que al ser los bosques bienes de dominio público, no son susceptibles de ser poseídos por particulares ni adquiridos por usucapión. Al pretenderse titular bienes de dominio público, como lo es el patrimonio natural del Estado y las vías públicas, solicita la improbación de estas diligencias, conforme a los artículos 11 de la Ley de Informaciones Posesorias, 13 y 14 de la Ley Forestal.

IV.- Los agravios reclamados por la parte recurrente no son de recibo. Con respecto a lo objetado en cuanto a que con la declaración de los testigos no se demostró la posesión decenal de la parte promovente, debe resaltarse que [Nombre8]  , [Nombre9]      y [Nombre10]    (folios 67 a 70), confirmaron que la finca la poseía la parte promovente en forma onerosa a la señora [Nombre7]    desde hace más de diez años. En el escritos presentados el 19 de setiembre del 2007, la parte promovente señaló adquirió el terreno de forma onerosa del señora [Nombre11] conocida como [Nombre7]  , manifestación que tiene el valor de declaración jurada (artículo 3 de la Ley de Informaciones Posesorias) (ver escrito inicial: folio 9). Por ende, de la testimonial y documental evacuada, contrario a lo que afirma la recurrente, si se desprenden elementos para tener por debidamente demostrada la posesión decenal de la parte promovente.

V.- En relación con la oposición de la Procuraduría para titular zonas boscosas, debe tenerse presente que las personas gozan del derecho de inscribir terrenos con dicha cobertura, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, siempre y cuando cumplan todos los requisitos legales exigidos en los diversos cuerpos normativos aplicables (consúltese al respecto el voto 51 del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Dado lo argumentado por la parte recurrente, es importante aclarar que el Patrimonio natural del Estado esta "constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio" (artículo 13 de la Ley Forestal). Dichos terrenos forestales y bosques son efectivamente inembargables e inalienables (artículo 14 de dicha Ley). Su posesión por las personas particulares no les otorga derecho alguno y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante información posesoria (artículo 33). Por su parte, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, permite la titulación de zonas boscosas, exigiendo como requisitos específicos (adicionales a los generales de la Ley de Informaciones Posesorias) demostrar los derechos legales de posesión decenal, haber protegido el recurso natural y que el inmueble esté debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios. De esta forma, debe concluirse que el artículo 7 citado, contempla dos situaciones diferentes: a) La posibilidad de titular terrenos comprendidos dentro de áreas silvestres protegidas. En estos casos, la norma permite se titule siempre y cuando se haya consolidado el derecho de propiedad al menos diez años antes de la declaratoria de área silvestre protegida, pues tales forman parte del dominio público. b) La posibilidad de titular terrenos fuera de áreas silvestres protegidas y que tengan bosques. En este supuesto, la norma exige únicamente que el promovente demuestre "ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios". No se especifica, como sucede con las áreas silvestres protegidas, que la posesión deba ser anterior a diez años antes de la declaratoria de patrimonio forestal del Estado, realizada por vez primera en la derogada Ley Forestal N°4465. Ello es entendible, pues si no sería un contrasentido lo permitido por el legislador al respecto. Es decir, si su intención hubiese sido no permitir la titulación de esas zonas boscosas luego de promulgarse la Ley Forestal de 1969 (que contiene la primera declaratoria de patrimonio forestal del Estado), lo correcto hubiese sido no incluir o no permitir ese segundo supuesto. Pero como se analizó, el legislador ha mantenido una posición diferente. Por consiguiente, debe concluirse, a diferencia de la posición que mantiene la PGR, que el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias (modificado al emitirse la vigente Ley Forestal 7575), autorizó en forma expresa la titulación de bienes inmuebles boscosos mediante este tipo de proceso.

VI.- Sobre la aplicación e interpretación del citado numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias este Tribunal ha destacado: "La constitucionalidad de dicha norma y de la interpretación dada en algún momento por este Tribunal fue cuestionada de constitucionalidad, gestión que generó la emisión del voto de la Sala Constitucional 4587-97, precisamente citado por la recurrente. En dicho voto la Sala declaró la constitucionalidad de la norma, manteniendo su vigencia. Ante tal situación, lo procedente en este caso es confirmar lo resuelto por el Juzgador, al haber acreditado el promovente el cumplimiento de los requisitos que dispone ese artículo, a saber: la posesión decenal, protección del recurso natural y delimitación del inmueble mediante cercas o carriles limpios" (Voto 573-F-09). De igual forma, la Sala Constitucional rechazó nuevamente la consulta de inconstitucionalidad contra el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias realizada por este Tribunal, en el expediente EXPN2, quedando vigente tal norma y sus efectos.

VII.- De conformidad con lo expuesto, normativa y jurisprudencia citada, procede confirmar la sentencia recurrida en lo que fue objeto de apelación.-

VIII.- NOTA DE LA JUEZA [Nombre12] : Esta Nota se consigna para indicar los argumentos por los cuales no se comparten los agravios expuestos por la apelante, difiriendose de los motivos expuestos en el voto de mayoría:  Del estudio de suelos elaborado por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA), se desprende que el inmueble descritos es  terreno con cobertura boscosa secundario.- Si bien es cierto, por mayoría de otra  integración de Tribunal se considera el conteo el plazo decenal de posesión de terrenos boscosos los es antes de la afectación de dominio público según Ley Forestal de 1969, ello no es de aplicación a este caso concreto, pues nótese se trata de un inmueble compuesto de pasto (según plano) y cobertura boscosa en regeneración, lo que implica  ese terreno fue regenerado por parte de su poseedor además del reconocimiento judicial se desprende se ha cuidado ese recurso. La Comisión Nacional de Certificación Forestal de Costa Rica define el bosque secundario como ³... aquella tierra con vegetación leñosa de carácter sucesional secundaria que se desarrolla una vez que la vegetación original fue eliminada por actividades humanas o fenómenos naturales; con una superficie mínima de 0,5 ha y una densidad no menor a 500 árboles por ha de todas las especies, con dap no menor a 5 cm´ (CNCF 1999, Comisión Nacional de Certificación Forestal. 1999. Estándares y procedimientos para el manejo sostenible y la certificación forestal en Costa Rica. San José,. Costa Rica. 54 p.) Partiendo de esta definición y prueba referida supra, el  bosque original fue convertido en potreros o su vegetación fue eliminada, para dar cabida a pastizales que  luego a bosque en regeneración, declarar ese tipo de bosque secundario como bien demanial sería no incentivar ese tipo de actividad regeneradora de bosques, pues los poseedores preferirían mantener sus terrenos de naturaleza de potreros para tenernos bajo su patrimonio y no correr el riesgo le sean declarados estatales. La actividad silvícola y la regeneradora de bosques secundarios son actividades necesarias para la captación de carbono en la atmósfera y por ende medidas ambientales contra el calentamiento global, actividades beneficiosas para el medio ambiente por lo que sería incoherente castigar  a los poseedores que tienen ese tipo de actividad regeneradora de bosques denegándoles la obtención de su título de propiedad.  Aunado a lo anterior, el terreno a titular no se demostró fuera de recarga acuífera que sea de utilidad para abastecer de agua a alguna población  y tampoco el mismo está dentro de alguna zona protectora como para declararlo bien demanial,  por el contrario está ubicado fuera de áreas silvestres protegidas según documento de folio 1.-

POR TANTO

En lo que ha sido objeto de apelación, se confirma la sentencia. Nota de la jueza Alvarado Paniagua.-

 

CAUARGXG47VW61

[Nombre13]    -

JUEZ/A DECISOR/A

 

 

L143O0FVZLWS61

[Nombre14]   - JUEZ/A

DECISOR/A

	

Z692NXS5BGW61

[Nombre12]   -

JUEZ/A DECISOR/A

 

 

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:26:33.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE: EXPN1

PROCEEDING: INFORMACIÓN POSESORIA

PROMOVENTS: [Nombre1], [Nombre2], [Nombre1], [Nombre3]

PARTIES: ESTADO AND INDER

VOTE No. 000689-F-2014

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At eight hours and eighteen minutes on the nineteenth of August of two thousand fourteen.-

INFORMACIÓN POSESORIA, brought by [Nombre1], of legal age, separated, attorney, resident of San José, identity card number CED1- - ; [Nombre2], of legal age, married once, farmer, resident of Montes de Oro de Puntarenas, identity card number CED2- - ; [Nombre1], of legal age, married once, farmer, resident of Montes de Oro de Puntarenas, identity card number CED3- - ; [Nombre3], of legal age, married once, farmer, resident of Montes de Oro de Puntarenas, identity card number CED4- - , all [Nombre1]. Appearing are attorney José Gonzalo Saavedra Brenes as counsel for the promovents, and attorney Lydiana Rodríguez Paniagua in her capacity as State Procuradora.-

RESULTANDO:

1.- The promovent party requests that the following property be ordered inscribed in the Property Registry, described as follows: uninscribed, located in [Dirección1], , Fourth Canton Montes de Oro of the Sixth Province Puntarenas in San Buenaventura, land of pasture and mountains with an area of 545,524 square meters 59 square decimeters, borders to the NORTH: [Nombre4], [Nombre5] and with a frontage of 06 linear meters to an easement (servidumbre) of passage, SOUTH: Compañía Inversiones Grupo Minero Oro S.A., EAST: [Nombre5] and WEST: Río Aranjuez, cadastral plan number P-1032012-2005.

2.- The Procuraduría General de la República appeared in the proceeding under the terms at folio 32; the Instituto de Desarrollo Agrario was notified to appear but did not do so, folio 38; the Procuraduría opposed these proceedings, see filing in tray dated 04/25/2014.-

3.- Attorney Sandra Trejos Jiménez, judge of the Juzgado Agrario de Puntarenas, through judgment number 56-2014 at thirteen hours thirteen minutes on the fifth of May of two thousand fourteen: "POR TANTO: Based on what has been set forth and cited articles of law, the legal requirements set out in the Ley de Informaciones Posesorias No. 139 of July 14, 1941, its reforms and additions being fulfilled, I grant the claim brought in these informaciones posesorias proceedings, consequently the Registro Público de la Propiedad Inmobiliario is ordered to proceed with the inscription, in equal shares, of the property subject of this proceeding, free of encumbrances (gravámenes), real charges (cargas reales), and co-owners (condueños), and without prejudice to third parties with better right, in the name of [Nombre1], of legal age, married once and separated in fact, attorney, identity card CED5, resident of Pavas, San José, in Urbanización Bri-Bri, [Dirección2], [Nombre2], of legal age, married once, farmer, identity card CED6, resident of San Buenaventura de la Unión de Montes de Oro de Puntarenas, [Nombre1], of legal age, married once, farmer, identity card number CED7 - ; [Nombre6]. [Nombre3], of legal age, married once, farmer, identity card CED4- - , resident of San Buenaventura de la Unión de Montes de Oro de Puntarenas, the uninscribed property, for which the title holder affirms lacks an inscribable title in the Public Registry, and which is located in Buenaventura, in [Dirección3], , of the Province of Puntarenas, it is a demarcated land of mountain and pasture, measuring FIFTY-FOUR HECTARES, FIVE THOUSAND FIVE HUNDRED TWENTY-FOUR METERS WITH FIFTY-NINE SQUARE DECIMETERS; bordering to the North: [Nombre4] and [Nombre5], in the middle of Quebrada Cayucos; South: Inversiones Grupo Minero Oro S.A., East: [Nombre5]; and to the West: Río Aranjuez, and it is described in the cadastral plan registered under No. P-1032012-2005 dated 11-03-2005. The promovents have possessed the real property for more than ten years, in a quiet, public, peaceful manner and as owners, who acquired by purchase from Mrs. [Nombre7]. The edict regarding the publicity of these proceedings was published in the Boletín Judicial No. 27 dated February 7, 2008, there was no objection from third parties. In the proceedings, the statements of [Nombre8], [Nombre9], and [Nombre10] were received, all residents of San Buenaventura de la Unión de Montes de Oro de Puntarenas; they gave testimony regarding the exercise of the promovents' ten-year possession of the property subject to inscription, in a quiet, public, peaceful manner for more than ten years. Over this real property, the promovents have exercised possession in compliance with the proper use of the soil for the activity carried out according to the approved methodology. The land subject to inscription is located outside any protected wilderness area (área silvestre protegida), and does not include lands owned by the Instituto de Desarrollo Agrario or under its administration. The adjacent landowners to the real property were notified of the existence of the proceeding; none of them made any objection or opposition. The real property subject to inscription was valued at the sum of one million colones, and the same sum for these proceedings; the land is not inscribed, it lacks an inscribable title before the Registro Público de la Propiedad, it does not bear encumbrances, real charges, does not have co-owners, and the proceedings were not intended to evade the consequences of a succession proceeding. In accordance with the provisions of Article 19 of the Ley de Informaciones Posesorias, it is declared that this real property is subject to the following restrictions: First.- If the properties are enclaved or have frontages to public roads less than 20 meters wide, they shall be subject to the restrictions indicated in the Ley General de Caminos Públicos. Second.- To the restrictions indicated in the Ley de Aguas in its articles 72 and 73, where there exist public or private domain waters as applicable. Third.- To the prohibition against destroying forests or woodlands containing plant or animal specimens that are in the process of extinction in the country at the discretion of the Ministerio de Agricultura y Ganadería; and Fourth: If the properties are declared of forest aptitude by the Dirección General Forestal, within the month indicated in Article 5 of the Ley de Informaciones Posesorias, the cutting of trees in 25% of the area of this land is prohibited, except those that said Directorate authorizes to renew forest and upon prior cultivation of 5 or more trees of the same species for each tree authorized to be cut. The Registro Público is ordered to record that the real property is subject to the restrictions of Article 4 of the Ley General de Caminos Públicos. Additionally, that the area adjacent to the watercourses is a protection area under Article 33, subsections a) and b) of the Ley Forestal No. 7575, and the cutting or elimination of trees is prohibited, and the channel and waters of that watercourse are of public domain (Ley de Agua, articles 1 subsection IV and 3 subsection III). The surface and underground waters existing on the real property are of state public domain and do not form part of the property. Given the nature of this type of proceeding, it is resolved without special award of costs. Once final, issue the corresponding executory decree..." The text capitalized and in bold corresponds to the original (see folios 182 to 187 verso).-

4.- Attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as Deputy Procuradora, filed an appeal expressly indicating the reasons for challenging the thesis of the lower court (see filing at folio 192).

5. In the substantiation of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, and no errors or omissions capable of rendering the judgment null are noted. Authored by Judge Ruiz Ramírez; and,

CONSIDERANDO:

I.- The list of facts held as proven in the judgment is shared, being consistent with the evidence contained in the case file; except for those numbered third, eighth, tenth, and eleventh as they are not related to the grievances raised before this Court by the State representative.-

II.- The sole unproven event is shared insofar as no elements of proof were provided.

III.- In the contested judgment 56-14 of May 05, 2014 (folios 182 to 187 verso), the información posesoria was approved and the described real property was ordered inscribed, with the limitations established by the Ley de Caminos Públicos, Ley de Aguas, and Ley Forestal. The Procuraduría General de la República (PGR) appeals (folio 345 to 358) alleging that the land to be titled is of a wooded nature (montaña). It considers that these lands, because they are located in national reserves, form part of the Patrimonio Natural del Estado, since the Ley Forestal 4465 of 1969 (Article 33), reformed by the Ley Forestal 7174 of 1990 (Articles 32 and 33), and its public domain character is maintained by the Ley 7575 (Articles 13 and 14). It argues that the law permits titling of real property outside of protected wilderness areas if the promovent party demonstrates their legitimate rights of ten-year possession, with the other conditions required for that purpose, such as having protected the resource and having the real property duly demarcated. But for the PGR, titling is only possible if the usucapion (usucapión) was consolidated before the lands became part of the Patrimonio Natural del Estado. It maintains that with the testimony of the witnesses, the ten-year possession suitable for usucapion (usucapir) was not demonstrated on the part of the promovent party. It cites in support votes [Telf1], 15753-2005, [Telf2], 783-2003 of the Sala Constitucional, also other jurisprudential precedents and pronouncements issued by the same PGR (opinions C-321-2003 and C-146-2008), which essentially refer to: i) the survival of the repealed right to regulate legal situations that arose under its protection, regarding the protection of the public forest domain right established by prior legislation against retroactive applications to its detriment, and binding jurisprudence of the Sala Constitucional establishing the need to demonstrate ten-year possession suitable for usucapion. ii) the impediment of individuals to exercise possession as owners over public domain property, given that the inalienability of such property makes its transfer and private possession impossible. iii) the inadmissibility of usucapion and titling against the public domain. iv) the principle of inalienability, since such property is removed from commerce among men. v) property not susceptible to acquisition by possession. vi) the imprescriptibility of such property as a direct consequence of the principle of inalienability, since not being subject to possession or private domain, there is a legal impossibility to usucapt them. All of these arguments revolve around arguing that since forests are public domain property, they are not susceptible to being possessed by individuals nor acquired by usucapion. Since the attempt is to title public domain property, such as the patrimonio natural del Estado and public roads, it requests the rejection of these proceedings in accordance with Articles 11 of the Ley de Informaciones Posesorias, 13 and 14 of the Ley Forestal.

IV.- The grievances claimed by the appellant are not accepted. Regarding the objection that the ten-year possession of the promovent party was not demonstrated by the testimony of the witnesses, it must be highlighted that [Nombre8], [Nombre9], and [Nombre10] (folios 67 to 70), confirmed that the property was possessed by the promovent party through an onerous transfer from Mrs. [Nombre7] for more than ten years. In the filings presented on September 19, 2007, the promovent party indicated that they acquired the land through an onerous transfer from Mrs. [Nombre11], known as [Nombre7], a statement that has the value of a sworn declaration (Article 3 of the Ley de Informaciones Posesorias) (see initial filing: folio 9). Therefore, from the testimonial and documentary evidence evaluated, contrary to what the appellant asserts, elements do emerge to consider the ten-year possession of the promovent party duly demonstrated.

V.- Regarding the Procuraduría's opposition to titling wooded areas (zonas boscosas), it must be borne in mind that individuals enjoy the right to inscribe land with such cover (cobertura), within or outside protected wilderness areas, provided they meet all the legal requirements set out in the various applicable normative bodies (consult in this regard vote 51 of May 26, 1995, of the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Given what was argued by the appellant, it is important to clarify that the Patrimonio Natural del Estado is "constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties inscribed in its name, and those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other agencies of the Public Administration, except real property that guarantees credit operations with the Sistema Bancario Nacional and becomes part of its patrimony" (Article 13 of the Ley Forestal). Said forest lands and forests are indeed unseizable and inalienable (Article 14 of said Law). Their possession by private individuals does not grant them any right, and the State's replevin action for these lands is imprescriptible. Consequently, they are not susceptible to inscription in the Registro Público through información posesoria (Article 33). For its part, Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, permits the titling of wooded areas, requiring as specific requirements (additional to the general ones of the Ley de Informaciones Posesorias) to demonstrate the legal rights of ten-year possession, to have protected the natural resource, and that the real property is duly demarcated and with fences or clean firebreaks (carriles limpios). Thus, it must be concluded that said Article 7 contemplates two different situations: a) The possibility of titling lands within protected wilderness areas. In these cases, the rule permits titling provided that the property right was consolidated at least ten years before the declaration of the protected wilderness area, since such lands form part of the public domain. b) The possibility of titling lands outside of protected wilderness areas that have forests. In this scenario, the rule only requires that the promovent demonstrate "being the holder of the legal rights of ten-year possession, exercised for at least ten years, and having protected that natural resource, with the understanding that the real property must be duly demarcated and with fences or clean firebreaks." It does not specify, as with protected wilderness areas, that the possession must be a ten-year period prior to the declaration as forest patrimony of the State, carried out for the first time in the repealed Ley Forestal No. 4465. This is understandable, as otherwise it would be a contradiction of what the legislator permitted in this regard. That is, if its intention had been not to permit the titling of those wooded areas after the enactment of the Ley Forestal of 1969 (which contains the first declaration of forest patrimony of the State), the correct thing would have been not to include or not to permit that second scenario. But as analyzed, the legislator has maintained a different position. Consequently, it must be concluded, unlike the position maintained by the PGR, that Article seventh of the Ley de Informaciones Posesorias (amended upon the issuance of the current Ley Forestal 7575), expressly authorized the titling of forested real property through this type of proceeding.

VI.- On the application and interpretation of the aforementioned Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, this Tribunal has highlighted: "The constitutionality of said rule and the interpretation given at some point by this Tribunal was challenged on constitutional grounds, a motion that generated the issuance of vote 4587-97 of the Sala Constitucional, precisely cited by the appellant. In said vote, the Sala declared the constitutionality of the rule, maintaining its validity. Faced with such a situation, the appropriate course in this case is to confirm what was resolved by the Judge, given that the promovent demonstrated compliance with the requirements set forth in that article, namely: ten-year possession, protection of the natural resource, and delimitation of the real property by fences or clean firebreaks" (Vote 573-F-09). Similarly, the Sala Constitucional again rejected the constitutional challenge consultation against Article seventh of the Ley de Informaciones Posesorias brought by this Tribunal, in case file EXPN2, such rule and its effects remaining in force.

VII.- In accordance with the foregoing, cited regulations and jurisprudence, it is appropriate to confirm the appealed judgment on the matters subject to appeal.-

VIII.- NOTE BY JUDGE [Nombre12]: This Note is set down to indicate the reasons why the grievances raised by the appellant are not shared, differing from the reasons set forth in the majority vote: From the soil study prepared by the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA), it emerges that the described real property is land with secondary forest cover (cobertura boscosa secundario).- Although it is true that, by a majority of another panel of the Tribunal, the counting of the ten-year period of possession of forested lands is considered to be before the public domain designation according to the Ley Forestal of 1969, this does not apply to this specific case, because it should be noted that it concerns a real property composed of pasture (according to the plan) and regenerating forest cover, which implies that said land was regenerated by its possessor; in addition, from the judicial inspection it emerges that the resource has been cared for. The Comisión Nacional de Certificación Forestal de Costa Rica defines secondary forest as "... that land with woody secondary successional vegetation that develops once the original vegetation was eliminated by human activities or natural phenomena; with a minimum area of 0.5 ha and a density of no less than 500 trees per ha of all species, with dbh no less than 5 cm" (CNCF 1999, Comisión Nacional de Certificación Forestal. 1999. Standards and procedures for sustainable management and forest certification in Costa Rica. San José, Costa Rica. 54 p.) Starting from this definition and the evidence referred to above, the original forest was converted to pastureland (potreros) or its vegetation was eliminated, to give way to pastures that then regenerated into forest. Declaring that type of secondary forest as public domain property (bien demanial) would be to not incentivize that type of forest regenerating activity, because possessors would prefer to keep their lands as pastureland to have them under their patrimony and not run the risk of them being declared state property. Silvicultural activity and the regeneration of secondary forests are necessary activities for carbon sequestration in the atmosphere and therefore environmental measures against global warming, activities beneficial to the environment, so it would be inconsistent to punish possessors who undertake this type of forest regenerating activity by denying them the possibility of obtaining their property title. In addition to the above, it was not demonstrated that the land to be titled is within an aquifer recharge area that is useful for supplying water to any population, nor is it within any protective zone that would make it public domain property; on the contrary, it is located outside protected wilderness areas according to the document at folio 1.-

POR TANTO

On the matters subject to appeal, the judgment is confirmed. Note by Judge Alvarado Paniagua.-