Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)IV.- En relación con la oposición de la Procuraduría para titular zonas boscosas, debe tenerse presente que las personas gozan del derecho de inscribir terrenos con dicha cobertura, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, siempre y cuando cumplan todos los requisitos legales exigidos en los diversos cuerpos normativos aplicables (consúltese al respecto el voto 51 del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Dado lo argumentado por la parte recurrente, es importante aclarar que el Patrimonio natural del Estado esta "constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio" (artículo 13 de la Ley Forestal). [...] De esta forma, debe concluirse que el artículo 7 citado, contempla dos situaciones diferentes: a) La posibilidad de titular terrenos comprendidos dentro de áreas silvestres protegidas. En estos casos, la norma permite se titule siempre y cuando se haya consolidado el derecho de propiedad al menos diez años antes de la declaratoria de área silvestre protegida, pues tales forman parte del dominio público. b) La posibilidad de titular terrenos fuera de áreas silvestres protegidas y que tengan bosques. En este último supuesto, la norma exige únicamente que el promovente demuestre "ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios". No se especifica, como sucede con las áreas silvestres protegidas, que la posesión deba ser diez años antes de la declaratoria de patrimonio forestal del Estado, realizada por vez primera en la derogada Ley Forestal N°4465. Ello es entendible, pues si no sería un contrasentido lo permitido por el legislador al respecto.
English (translation)IV.- Regarding the opposition of the Attorney General's Office to titling forested zones, it must be kept in mind that individuals enjoy the right to register lands with such coverage, whether inside or outside protected wild areas, as long as they comply with all legal requirements demanded by the various applicable normative bodies (see vote 51 of May 26, 1995, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice on this matter). Given the arguments of the appellant, it is important to clarify that the State's Natural Heritage consists of "the forests and forest lands of national reserves, of areas declared inalienable, of properties registered in its name and those belonging to municipalities, autonomous institutions and other bodies of the Public Administration, except properties guaranteeing credit operations with the National Banking System that become part of its assets" (Article 13 of the Forestry Law). [...] Thus, it must be concluded that the cited Article 7 contemplates two different situations: a) The possibility of titling lands located within protected wild areas. In these cases, the norm allows titling only when the property right was consolidated at least ten years before the declaration of the protected wild area, since such areas form part of the public domain. b) The possibility of titling lands outside protected wild areas that contain forests. In this latter case, the norm only requires that the applicant proves "to be the holder of legal rights of ten-year possession, exercised for at least ten years, and to have protected that natural resource, with the understanding that the property must be duly demarcated and with fences or clean lanes." It does not specify, as with protected wild areas, that the possession must be ten years before the declaration of State forest heritage, first made in the repealed Forestry Law No. 4465. This is understandable, otherwise what the legislator allowed in this regard would be a contradiction.
Affirmed (majority)
Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 01003 - 2014 Fecha de la Resolución: 03 de Noviembre del 2014 a las 15:52 Expediente: 09-160185-0188-AG Redactado por: Andrea Mercedes Ruiz Ramírez Clase de asunto: Proceso de información posesoria Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Información posesoria agraria Subtemas: Posibilidad de titular terrenos no inscritos con cobertura forestal dentro o fuera de áreas silvestres protegidas. Temas (descriptores): Área silvestre protegida Subtemas: Deber de demostrar posesión decenal anterior a su declaratoria para poder titular mediante información posesoria agraria. Sentencias en igual sentido Texto de la resolución 091601850188AG* EXPEDIENTE: EXPN2 PROCESO: INFORMACIÓN POSESORIA PROMOVENTE: OLMAN GERARDO VARGAS MORA PARTES: ESTADO E INDER VOTO N° 0001003-F-2014 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las quince horas y cincuenta y dos minutos del tres de noviembre de dos mil catorce.- PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA, promovido por [Nombre1] , mayor, casado una vez, Ingeniero, cédula de identidad CED1 - - , vecino de Villa Ligia, Pérez Zeledón, San José. Intervienen en el proceso, EL ESTADO encabezado por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua , en su condición de Procuradora Adjunta, y el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (hoy INDER) , cédula jurídica CED2 - - - , representado por su apoderada general judicial, la licenciada Carmelina Vargas Hidalgo, mayor, divorciada, abogada, colegiatura cinco mil trescientos setenta y dos, cédula de identidad número CED3 - - . Actúa como apoderada especial judicial del promovente la licenciada Paola Ramírez Acosta, mayor, casada, abogada, vecina de Pérez Zeledón, San José, cédula CED4 - - .- RESULTANDO: 1. El promovente planteó este proceso a fin que en sentencia se ordene la inscripción a su nombre en el Registro Inmobiliario del Registro Nacional el inmueble que se describe así: "Terreno de montaña, corresponde al plano catastrado SJ - un millón cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos sesenta y ocho - dos mil diez (SJ-1463668-2010), a nombre del titulante, fechado veintiséis de noviembre de dos mil diez, situado en Los Ángeles, Rivas ([Dirección1] ), Pérez Zeledón ([Dirección2] ), de la provincia de San José. Mide diez mil trescientos sesenta y tres metros cuadrados (1 ha. 363 m²) y tiene los siguientes linderos: NORTE: Cloudbridge Sociedad Anónima, al SUR, OESTE Y ESTE: con calle pública con un frente a ella de doscientos ochenta y siete metros con ochenta y siete decímetros lineales" (ver folios 14 a 18, 20, 32 66, 77 a 78 y 116 vuelto) 2. Los representantes del Estado y del Instituto de Desarrollo Agrario (hoy INDER) fueron debidamente comunicadas de este proceso. La representante del INDER indicó que el terreno no corresponde a tierras en propiedad de su representada, por lo que renunció a futuras notificaciones. La representante del Estado sí se opuso a la aprobación de las presentes diligencias (ver folios 36, 46, 48, 50 y 107).- 3.- El juez Bernardo Solano Solano, del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón, mediante sentencia número 158-2014 de las dieciséis horas y cincuenta y nueve minutos del veintitrés de julio del año dos mil catorce, resolvió: "POR TANTO: SE APRUEBAN las presentes diligencias de INFORMACIÓN POSESORIA promovidas por [Nombre1] , mayor, casado una vez, Ingeniero, vecino de Villa Ligia, Pérez Zeledón, San José, de la [Dirección3] , cédula de identidad CED5 - - ; trámite que cumplió apegado a la Ley de Informaciones Posesorias número ciento treinta y nueve del catorce de julio de mil novecientos cuarenta y uno, sus reformas y adiciones.- En consecuencia: a) Libre de gravámenes y cargas reales, sin condueños y sin perjuicio de terceros con mejor derecho, proceda el Registro Inmobiliario del Registro Nacional, a inscribir a nombre del titulante el inmueble que se describe así: Terreno de montaña, corresponde al plano catastrado SJ - un millón cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos sesenta y ocho dos mil diez (CED6), a nombre del titulante, fechado veintiséis de noviembre de dos mil diez, situado en Los Ángeles, Rivas ([Dirección1] ), Pérez Zeledón ([Dirección4] noveno), de la provincia de San José. Mide diez mil trescientos sesenta y tres metros cuadrados (1 ha. 363 m²) y tiene los siguientes linderos: NORTE: Cloudbridge Sociedad Anónima, al SUR, OESTE Y ESTE: con [Dirección5] con un frente a ella de doscientos ochenta y siete metros con ochenta y siete decímetros lineales. b) El promovente adquirió el inmueble a titular el quince de octubre de dos mil siete, por compra hecha en documento privado a [Nombre2] . Dicha venta se ratificó el primero de junio de dos mil diez, en la escritura pública doscientos sesenta y ocho del tomo cinco del protocolo de la fedataria Paola Ramírez Acosta. En ese título traslativo el vendedor dijo ceder la posesión directa, pública, pacífica y en carácter de dueño que ejerció por más de veinte años y que adquirió de su padre [Nombre3] , quién poseía la finca desde el año mil novecientos cincuenta y nueve. Actualmente el titulante dedica el terreno a bosque y lo mantiene delimitado con carril y señas con cinta de color. En la finca se ha ejercido la posesión cumpliendo con el uso conforme del suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada. Debe el promovente cumplir con las recomendaciones técnicas del certificador del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria referentes a continuar con el uso actual del suelo y en general, propiciar la preservación de la biodiversidad. El bien no se encuentra inscrito en el Registro Inmobiliario, carece de título inscribible de dominio y con la Información Posesoria no se pretende evadir las consecuencias de un proceso sucesorio. El promovente estimó el inmueble a titular y las presentes diligencias en dos millones de colones (¢2.000.000,00). c) Se ordena al Registro Nacional, se consigne que el derecho de vía de la calle pública que colinda por los rumbos [Dirección6], [Dirección7] y este es de catorce metros de conformidad con los artículos 4 de la Ley General de Caminos, y artículo 19 inciso a), de la Ley de Informaciones Posesorias . Una vez firme esta resolución, a solicitud del gestionante, expídase la ejecutoria correspondiente", (ver folios 112 al 117).- 4.- La procuradora adjunta Lydiana Rodríguez Paniagua formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (folios 118 al 131).- 5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.- Redacta la jueza Ruiz Ramírez; y, CONSIDERANDO I.- Se comparte lo concluido sobre lo hechos probados por estar acordes con la información que consta en autos, salvo los numerados cuatro, cinco, siete, nueve, diez y once, al no estar relacionados con los agravios expuestos ante esta Sede por la representante legal. II.- En la sentencia impugnada 158-2014 de las dieciséis horas y cincuenta y nueve minutos del veintitrés de julio del dos mil catorce, se aprobó la información posesoria y se ordenó inscribir el inmuebles descrito, con las limitaciones que establece la Ley General de Caminos Públicos, Ley de Aguas y Ley Forestal. La Procuraduría General de la República (PGR) apela (folios 118 a 131) alegando que el terreno a titular es de naturaleza boscosa (montaña). Considera que esos terrenos, por ubicarse en reservas nacionales, forman parte del Patrimonio Natural del Estado, desde la Ley Forestal 4465 de 1969 (artículo 33), reformada por la Ley Forestal 7174 de 1990 (artículos 32 y 33) y su carácter demanial lo mantiene la Ley 7575 (artículos 13 y 14). Argumenta, la Ley permite titular inmuebles fuera de las áreas silvestres protegidas si la parte promovente demuestra sus legítimos derechos de posesión decenal, con las demás condiciones exigidas al efecto, como haber protegido el recurso y tener el inmueble debidamente deslindado. Pero para la PGR solo es posible titular si la usucapión se consolidó antes de que los terrenos formasen parte del Patrimonio Natural del Estado. Sostiene, con la declaración de los testigos, no se demostró la posesión decenal apta para usucapir en cabeza de la parte promovente. Cita en su apoyo los votos [Telf1], 15753-2005, [Telf2], 783-2003 de la Sala Constitucional, también otros precedentes jurisprudenciales y pronunciamientos emitidos por la misma PGR (dictámenes C-321-2003 y C-146-2008), que en lo medular se refieren a: i) la supervivencia del derecho derogado para regular las situaciones jurídicas que nacieron a su abrigo, en lo que respecta a la protección del derecho de dominio público forestal establecido por la legislación anterior contra aplicaciones retroactivas en su perjuicio y jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional que establece la necesidad de demostrar una posesión decenal apta para usucapir. ii) el impedimento de los particulares de ejercer la posesión con ánimo de dueños sobre los bienes de dominio público, dado que la inalienabilidad de tales imposibilita su traspaso y posesión privada. iii) la improcedencia de la usucapión y titulación contra el dominio público. iv) el principio de la inalienabilidad, por cuanto esos bienes se substraen del comercio de los hombres. v) los bienes no susceptibles de adquirirse por posesión. vi) la imprescriptibilidad de tales bienes como consecuencia directa del principio de inalienabilidad, pues al no ser objeto de posesión ni de dominio privado, existe imposibilidad jurídica para usucapirlos. Todos esos alegatos giran en torno a argumentar que al ser los bosques bienes de dominio público, no son susceptibles de ser poseídos por particulares ni adquiridos por usucapión. Al pretenderse titular bienes de dominio público, como lo es el patrimonio natural del Estado y las vías públicas, solicita la improbación de estas diligencias, conforme a los artículos 11 de la Ley de Informaciones Posesorias, 13 y 14 de la Ley Forestal. III.- Los agravios reclamados por la parte recurrente no son de recibo. Con respecto a lo objetado en cuanto a que con la declaración de los testigos no se demostró la posesión decenal de la parte promovente, debe resaltarse que [Nombre4] , [Nombre5] y [Nombre6] (respaldo en registro digital de audio y video en CD adjunto), confirmaron que la finca la poseía la parte promovente en forma onerosa a [Nombre2], el 01 de junio del 2010, quien estuvo en posesión del terreno por más de diez años . En el escrito presentado el 30 de setiembre del 2009, la parte promovente señaló adquirió el terreno de forma onerosa de la señora [Nombre2] , manifestación que tiene el valor de declaración jurada (artículo 3 de la Ley de Informaciones Posesorias) (folio 15) y además aportó copia certificada del contrato privado suscrito el 15 de octubre del 2007 (folio 10), en el cual se consignó que el señor [Nombre2] , le transmitía al promovente los derechos de posesión que había ejercido sobre el terreno a titular desde hacía más de veinte años a título de dueño, pública, pacífica e ininterrumpida, mismos que adquirió de su padre [Nombre3] , quien poseyó el inmueble desde el año mil novecientos cincuenta y nueve. Por ende, de la testimonial y documental evacuada, contrario a lo que afirma la recurrente, si se desprenden elementos para tener por debidamente demostrada la posesión decenal de la parte promovente. IV.- En relación con la oposición de la Procuraduría para titular zonas boscosas, debe tenerse presente que las personas gozan del derecho de inscribir terrenos con dicha cobertura, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, siempre y cuando cumplan todos los requisitos legales exigidos en los diversos cuerpos normativos aplicables (consúltese al respecto el voto 51 del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Dado lo argumentado por la parte recurrente, es importante aclarar que el Patrimonio natural del Estado esta "constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio" (artículo 13 de la Ley Forestal). Dichos terrenos forestales y bosques son efectivamente inembargables e inalienables (artículo 14 de dicha Ley). Su posesión por los particulares no les otorga derecho alguno y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante información posesoria (artículo 33). Por su parte, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, permite la titulación de zonas boscosas, exigiendo como requisitos específicos (adicionales a los generales de la Ley de Informaciones Posesorias) demostrar los derechos legales de posesión decenal, haber protegido el recurso natural y que el inmueble esté debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios. De esta forma, debe concluirse que el artículo 7 citado, contempla dos situaciones diferentes: a) La posibilidad de titular terrenos comprendidos dentro de áreas silvestres protegidas. En estos casos, la norma permite se titule siempre y cuando se haya consolidado el derecho de propiedad al menos diez años antes de la declaratoria de área silvestre protegida, pues tales forman parte del dominio público. b) La posibilidad de titular terrenos fuera de áreas silvestres protegidas y que tengan bosques. En este último supuesto, la norma exige únicamente que el promovente demuestre "ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios". No se especifica, como sucede con las áreas silvestres protegidas, que la posesión deba ser diez años antes de la declaratoria de patrimonio forestal del Estado, realizada por vez primera en la derogada Ley Forestal N°4465. Ello es entendible, pues si no sería un contrasentido lo permitido por el legislador al respecto. Es decir, si su intención hubiese sido no permitir la titulación de esas zonas boscosas luego de promulgarse la Ley Forestal de 1969 (que contiene la primera declaratoria de patrimonio forestal del Estado), lo correcto hubiese sido no incluir o no permitir ese segundo supuesto. Pero como se analizó, el legislador ha mantenido una posición diferente. Por consiguiente, debe concluirse, a diferencia de la posición que mantiene la PGR, que el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias (modificado al emitirse la vigente Ley Forestal 7575), autorizó en forma expresa la titulación de bienes inmuebles boscosos mediante este tipo de proceso. V.- Sobre la aplicación e interpretación del citado numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias este Tribunal ha destacado: "La constitucionalidad de dicha norma y de la interpretación dada en algún momento por este Tribunal fue cuestionada de constitucionalidad, gestión que generó la emisión del voto de la Sala Constitucional 4587-97, precisamente citado por la recurrente. En dicho voto la Sala declaró la constitucionalidad de la norma, manteniendo su vigencia. Ante tal situación, lo procedente en este caso es confirmar lo resuelto por el Juzgador, al haber acreditado el promovente el cumplimiento de los requisitos que dispone ese artículo, a saber: la posesión decenal, protección del recurso natural y delimitación del inmueble mediante cercas o carriles limpios" (Voto 573-F-09). De igual forma, la Sala Constitucional rechazó nuevamente la consulta de inconstitucionalidad contra el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias realizada por este Tribunal, en el expediente EXPN1, quedando vigente tal norma y sus efectos. VI.- De conformidad con lo expuesto, procede confirmar la sentencia recurrida en lo que fue objeto de apelación. VII.- VOTO SALVADO DE LA JUEZA [Nombre7] : No se comparte el voto de mayoría al aprobar la información posesoria sobre terrenos constituídos por bosques primarios, por cuanto los mismos son parte del patrimonio natural del Estado y no se demostró una posesión decenal ejercida con antelación a la afectación de ese bien como demanial.- El Dominio Público -para el caso que nos interesa- es el conjunto de bienes propiedad pública del Estado, lato sensu, afectados al uso público directo o indirecto, de los habitantes, y sometido a un régimen especial de derecho público y, por tanto, exorbitante del derecho privado. El dominio público se encuentra conformado por cuatro elementos: subjetivo, objetivo, normativo y teleológico. El elemento subjetivo se refiere al titular del derecho -El Estado-; el elemento objetivo se refiere o se constituye por el bien o los bienes sobre los cuales recae el dominio público -para este caso el inmueble objeto de litigio- ; el elemento normativo determina cuando un bien reúne los requisitos señalados por ley para considerarlo demanial, es el conjunto de normas que lo rigen -elenco de normas que en adelante se dirán-; y el elemento teleológico que se refiere a la finalidad que se persigue al incluir determinado bien dentro del dominio público, qué finalidad pública es asignada al bien -en este caso la protección de los recursos naturales-. Los bienes de dominio público están sometidos a un régimen jurídico especial, se encuentran sujetos a un poder de policía, y se caracterizan esencialmente por su inalienabilidad e imprescriptibilidad. Por su naturaleza están dirigidos a satisfacer necesidades públicas, este hecho impide que sobre ellos exista tenencia o posesión por parte de particulares o personas privadas, están fuera del comercio del derecho privado. Nuestra Constitución Política en su artículo 121 inciso 14) hace referencia a la Demanialidad indicando qué bienes son susceptibles de ese régimen de propiedad pública, incluso estableciéndose en ese artículo diferentes grados de afectación pública dándose un grado de publicatio intenso y absoluto hasta otros grados menos intenso y se armonizan los derechos de los administrados con las potestades de la Administración. Nuestro Código Civil vigente que data desde el mes de abril de mil ochocientos ochenta y seis, regula las bases más importantes en materia de bienes de dominio público, concretamente en sus artículos 261 al 263. El artículo 262 del citado Código Civil, hace referencia a dos características importantes de los bienes de dominio público: a- las cosas públicas están fuera del comercio, y b- se establece la desafectación al decir que esos bienes no pueden entrar en el comercio privado, mientras legalmente no se disponga así. Como puede observarse la afectación al régimen de dominio público no depende de la naturaleza del bien, sino de la voluntad del legislador. Mediante voto número 447-91 de las quince horas treinta minutos del 21 de febrero de 1991 la Sala Constitucional manifiesta que la declaración de dominio público del bien se establece por ley, esta declaración no constituye una limitación a la propiedad, de acuerdo con el artículo 45 de la Carta Magna, pues éste artículo se refiere a propiedad privada, y los bienes de dominio público no están sujetos a propiedad privada. El Patrimonio Forestal del Estado, es un bien Demanial regulado en un amplio conjunto normativo en el que históricamente hasta la actualidad se prohíbe a los particulares realizar cualquier tipo de labor dentro de los inmuebles con esa característica y como consecuencia negándoles el derecho de posesión, haciéndose una salvedad en una situación específica que más adelante se dirá. Se considera como Patrimonio Estatal, -en su condición de Demanio Público que implica los principios de imprescriptibilidad, inalienabilidad, e inembargabilidad-, los terrenos que constituyen Reservas Nacionales que tengan Bosques. Lo anterior encuentra su desarrollo normativo en las citas que a continuación se exponen: 1) El Código Fiscal de 1865 el cual contempla un capítulo referido a los bosques, el cual fue derogado por la Ley General de Terrenos Baldíos Número trece del 6 de enero de 1939 la cual incorporaba prácticamente las mismas disposiciones. Por ejemplo el artículo primero indicaba: "Que los terrenos comprendidos en los límites de la República, que no hayan sido adquiridos o inscritos en propiedad mediante título legítimo por particulares, se presumen baldíos y pertenecen al Estado."Esta ley en general regula la prohibición para poseer e inscribir mediante el trámite de informaciones posesorias las Reservas Nacionales que sean Patrimonio Forestal, en otras palabras no son susceptibles de apropiación por parte de particulares.- La Ley de Tierras y Colonización Número 2825 del 14 de octubre de 1961 mantuvo la misma orientación y se encuentra vigente en la actualidad desde aquella fecha. Así el artículo 8 de esa Ley de Tierras y Colonización establece: "Exceptuado los casos previstos en esta ley es prohibido a los particulares encerrar con cercas, carriles, o cualquier otra forma los terrenos declarados Reservas Nacionales, derribar montes, establecer construcciones y cultivos o extraer de ellos leña, madera, bejuco, palma, y otros productos con fines de explotación. Todo acto de ese genero, si de previo no se han llenado los trámites legales y obtenido la autorización correspondiente será considerado, según el caso como usurpación de dominio público o merodeo, debiendo las autoridades ordenar la destrucción y remoción de las cercas e impedir el uso de esas tierras, sin lugar a indemnización ni a reclamos por el valor de las mejoras y sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran caber a quienes incurrieren en tales faltas".- Nótese que este artículo sanciona penalmente a aquel que se introdujere a una reserva Nacional para realizar cualquier actividad en esas tierras, por lo que no se le pueda considerar a ésta acto de posesión pues su actividad sería ilegítima.- El artículo 11 de esa misma Ley, establece que pertenecen al Estado en carácter de Reservas Nacionales: "a) Todos los terrenos comprendidos entre los límites de la República que no esten inscritos como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autonómas. b-) Los que no esten amparados por la posesión decenal.- c-) Los que por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas.- d-) En general todo los que, no siendo de propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos."- Por su parte el artículo 19 de la Ley Forestal derogada número 4465 del veintitrés de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve dispuso: "Quedan afectados a los fines de la presente ley todos los bosques y terrenos forestales ubicados en: "a-) Las tierras consideradas Reservas Nacionales..." Y el artículo 25 de esta misma ley señalaba: "La posesión de los terrenos situados en las Reservas Nacionales y fincas del Estado a que se refiere el artículo 19 de esta Ley, no causará derechos de ninguna especie y la acción reinvidicatoria del Estado, por los mismos, es imprescriptible, y la Dirección General Forestal con los medios legales a su disposición, procederá a desalojar de tales terrenos a las personas que los ocupan total o parcialmente, en el caso de que se trate de zonas protectoras, Parques Nacionales, Reservas Forestales, y Reservas Biológicas".- Con estas normas se otorga a los bosques allí mencionados una doble tutela: Primero por su condición de Reserva Nacional, en las que es prohibido realizar cualquier acto posesorio y segundo por constituir Patrimonio Forestal del Estado en el que ningún acto de posesión causará derecho de ninguna especie. Este aspecto se ve confirmado con el artículo 8 del reglamento a esa ley que dice: "Los terrenos Nacionales comprendidos dentro de las áreas declaradas Reservas Forestales son inalineables, es decir no podrán salir del dominio del Estado, y su posesión no causará derecho de ninguna especie de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, 49 y 57 de la Ley Forestal".- El artículo 80 de la citada Ley Forestal derogada indicaba: "Queda prohibido la invasión y ocupación de terrenos en los Parques Nacionales, Reservas Forestales y Zonas Protectoras. Esta prohibición se extiende hasta las Reservas Nacionales, hasta tanto no se haya determinado su clasificación y transferencia..." El artículo 6 de esta misma ley disponía: " Será sancionado con prisión de seis meses a dos años o con multa de quince a cien días, la persona que: a-) Explote un bosque de patrimonio forestal sin autorización legal correspondiente... b-) Invada un Parque Nacional, Reserva Biológica, Zona Protectora o Reserva Forestal...Si la invasión es en Reservas Nacionales, estará sujeta a lo estipulado en el artículo 227 del Código Penal.-" Como puede observarse los actos posesorios realizados en un bosque patrimonio Estatal resultan ser ilegítimos por lo que no pueden conferir ningún derecho de posesión.- Con la entrada en vigencia de la Ley Forestal Número 7174 del 28 de junio de 1990, se continúa con esta misma filosofía. En el artículo 32 de la citada ley establece: "El patrimonio forestal del Estado esta constituído por todos los bosques y terrenos forestales de las Reservas Nacionales...". El artículo 33 de esa misma ley dispone: "Los terrenos forestales y bosques que constituyen el Patrimonio Forestal del Estado detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalineables, su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reinvidicatoria del Estado por esos terrenos es imprescriptible.- En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante Información Posesoria, su invasión y ocupación será sancionados conforme lo dispuesto en esta Ley".- Con la actual Ley Forestal vigente número 7575 del 5 de febrero de 1996, en su título II regula un capítulo único referido exclusivamente al Patrimonio Natural del Estado, siendo la misma filosofía que se había iniciado desde 1865 con el Código Fiscal, por lo que se reitera en esta nueva normativa que el Patrimonio Natural del Estado estará constituído por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, y las fincas inscritas a nombre de la Administración Pública. El artículo 14 de la misma ley forestal vigente es enfática en indicar que los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado son imprescriptibles, inembargables e inalienables y su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor. La Ley de Conservación de la Vida Silvestre Número 7317 del 21 de octubre de 1972, en sus artículos 3 y 4, además de la declaratoria como de dominio público e interés público, a la fauna y flora silvestre respectivamente, se indica que la flora y fauna silvestre es parte del Patrimonio Nacional. En este mismo sentido la Ley de Biodiversidad número 7788 del 30 de abril de 1998 en su artículo 6 declara los elementos de la biodiversidad como de dominio público, así como la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 46 que establece la soberanía del Estado sobre la diversidad biológica. Por lo expuesto resulta un imperativo legal negar el derecho de posesión a aquellas personas que realizaran cualquier actividad en terrenos no sometidos a propiedad privada y que estén constituídos por bosques en reservas Nacionales.- A esa prohibición imperativa mediante la Ley Forestal Número 7575 del año 1996, que reforma el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, establece una salvedad a la filosofía que hasta ahora se ha expuesto, y es que se posibilita la titulación de bosques cuando dentro de los mismos se haya desarrollado lo que se entiende como posesión ecológica. El terreno objeto de esta información posesoria, es Patrimonio Natural del Estado, pues está compuesto por cobertura boscosa, según se desprende del estudio de suelos visible a folios 21 a 23 donde se indica el inmueble contiene bosque primario,y reconocimiento judicial, donde se indica se trata de terreno boscoso de naturaleza primaria.- Es es claro dicho terreno es Patrimonio Natural del Estado, y aunque la certificación del del Ministerio del Ambiente y Energía y Tecnología indique el inmueble esta fuera de cualquier área silvestre protegida, ello no excluye la condición de bosque primario al cual le rige la demanialidad constituida desde la creación de la Ley Forestal antes citadas.- Cuando se discute la posesión sobre un bien demanial, sólo cabrá esa discusión cuando se haya adquirido el derecho antes de que se haya declarado el bien como de dominio público. Así mismo, el derecho de propiedad en tales casos sólo podrá obtenerse cuando el titular haya demostrado una posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley que declara el objeto como Patrimonio Natural del Estado. Como ya se ha expuesto la cronología legal que tutela el Patrimonio Natural del Estado, la ley que debe tomarse en consideración para realizar el cómputo de la posesión decenal de los particulares, es la Ley de Tierras y Colonización número 2825 del 14 de octubre de 1961, normativa actualmente vigente en caso de que se trate de terrenos que sean de relevancia para la recarga acuífera, o bien desde la Ley Forestal para otro tipo de suelo que no tengan esa condición y que sean boscosos, sobre todo para el caso concreto que contiene bosque primario. Para el caso concreto, de la prueba testimonial recabada no se demuestra esa posesión decenal en los términos de la normativa aquí expuesta, pues en este sentido es que se consigna este voto salvado, para indicar el promovente debió demostrar diez años de posesión antes de la Ley Forestal, por lo que debió declararse sin lugar la información posesoria revocando el fallo venido en apelación.- POR TANTO: En lo que ha sido objeto de apelación, se confirma la sentencia por de decisión de mayoría. Salva el voto la jueza Alvarado Paniagua.- L4330X8PJL2M61 [Nombre8] - JUEZ/A DECISOR/A 0YMFZY43FMV461 [Nombre9] - JUEZ/A DECISOR/A VKDDECCMXOS61 [Nombre7] - JUEZ/A DECISOR/A Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:21:50. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**FILE:** 09-160185-188-AG* **PROCESS:** POSSESSORY INFORMATION **PROMOTER:** OLMAN GERARDO VARGAS MORA **PARTIES:** STATE AND INDER **VOTE No. 0001003-F-2014** **AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.-** At fifteen hours and fifty-two minutes of the third of November of two thousand fourteen.- **POSSESSORY INFORMATION PROCEEDING**, promoted by [Name1], of age, married once, Engineer, identity card CED1 - - , resident of Villa Ligia, Pérez Zeledón, San José. Appearing in the process are THE STATE, headed by the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as Deputy Procuradora, and the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (now INDER), legal identification number CED2 - - , represented by its general judicial attorney, Licenciada Carmelina Vargas Hidalgo, of age, divorced, lawyer, bar association number five thousand three hundred seventy-two, identity card number CED3 - - . Acting as special judicial attorney for the promoter is Licenciada Paola Ramírez Acosta, of age, married, lawyer, resident of Pérez Zeledón, San José, identity card CED4 - - .- **WHEREAS:** 1. The promoter filed this process so that the judgment orders the registration in his name, in the Real Property Registry of the National Registry, of the property described as follows: "Mountain land, corresponding to the cadastral plan SJ - one million four hundred sixty-three thousand six hundred sixty-eight - two thousand ten (SJ-1463668-2010), in the name of the titleholder, dated twenty-six November two thousand ten, located in Los Ángeles, Rivas ([Address1]), Pérez Zeledón ([Address2]), of the province of San José. It measures ten thousand three hundred sixty-three square meters (1 ha. 363 m²) and has the following boundaries: NORTH: Cloudbridge Sociedad Anónima, to the SOUTH, WEST AND EAST: with a public road with a frontage on it of two hundred eighty-seven linear meters and eighty-seven decimeters" (see folios 14 to 18, 20, 32, 66, 77 to 78 and 116 verso) 2. The representatives of the State and the Instituto de Desarrollo Agrario (now INDER) were duly notified of this process. The representative of INDER indicated that the land does not correspond to lands owned by her represented party, therefore she waived future notifications. The representative of the State did oppose the approval of the present proceedings (see folios 36, 46, 48, 50 and 107).- 3.- Judge Bernardo Solano Solano, of the Juzgado Agrario of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón, by means of judgment number 158-2014 at sixteen hours and fifty-nine minutes of the twenty-third of July of the year two thousand fourteen, resolved: "THEREFORE: The present POSSESSORY INFORMATION proceedings promoted by [Name1], of age, married once, Engineer, resident of Villa Ligia, Pérez Zeledón, San José, of [Address3], identity card CED5 - - ; a procedure that was carried out in accordance with the Ley de Informaciones Posesorias number one hundred thirty-nine of the fourteenth of July of nineteen hundred forty-one, its reforms and additions.- Consequently: a) Free of encumbrances and real charges, without co-owners and without prejudice to third parties with better right, the Real Property Registry of the National Registry shall proceed to register in the name of the titleholder the property described as follows: Mountain land, corresponding to the cadastral plan SJ - one million four hundred sixty-three thousand six hundred sixty-eight two thousand ten (CED6), in the name of the titleholder, dated twenty-six November two thousand ten, located in Los Ángeles, Rivas ([Address1]), Pérez Zeledón ([Address4]), of the province of San José. It measures ten thousand three hundred sixty-three square meters (1 ha. 363 m²) and has the following boundaries: NORTH: Cloudbridge Sociedad Anónima, to the SOUTH, WEST AND EAST: with [Address5] with a frontage on it of two hundred eighty-seven linear meters and eighty-seven decimeters. b) The promoter acquired the property to be titled on the fifteenth of October of two thousand seven, by purchase made in a private document from [Name2]. Said sale was ratified on the first of June of two thousand ten, in public deed two hundred sixty-eight of volume five of the protocol of the notary Paola Ramírez Acosta. In that transfer title, the seller stated he transferred the direct, public, peaceful possession and in the capacity of owner that he exercised for more than twenty years and that he acquired from his father [Name3], who possessed the farm since the year nineteen hundred fifty-nine. Currently the titleholder dedicates the land to forest and keeps it delimited with a track and marks with colored tape. On the farm, possession has been exercised complying with the conforming use of the soil for the activity carried out according to the approved methodology. The promoter must comply with the technical recommendations of the certifier of the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria regarding continuing with the current land use and, in general, promoting the preservation of biodiversity. The property is not registered in the Real Property Registry, it lacks a registrable title of ownership (dominio), and the Possessory Information does not intend to evade the consequences of a probate proceeding. The promoter estimated the property to be titled and the present proceedings at two million colones (¢2,000,000.00). c) The National Registry is ordered to record that the right-of-way of the public road that borders on the directions [Address6], [Address7] and east is fourteen meters in accordance with articles 4 of the Ley General de Caminos, and article 19 subsection a), of the Ley de Informaciones Posesorias. Once this resolution is final, at the request of the applicant, the corresponding judgment execution certificate (ejecutoria) shall be issued," (see folios 112 to 117).- 4.- The Deputy Procuradora Lydiana Rodríguez Paniagua filed an appeal (recurso de apelación) with an express indication of the reasons for which she refutes the thesis of the Court of first instance, (folios 118 to 131).- 5.- In the substanciation of the process, the legal requirements have been observed, and the existence of errors or omissions in the judgment capable of producing its nullity is not noted.- Judge Ruiz Ramírez writes; and, **CONSIDERING** I.- What was concluded regarding the proven facts is shared, being in accordance with the information contained in the case file, except for those numbered four, five, seven, nine, ten and eleven, as they are not related to the grievances stated before this Court by the legal representative. II.- In the appealed judgment 158-2014 at sixteen hours and fifty-nine minutes of the twenty-third of July of two thousand fourteen, the possessory information was approved and the registration of the described property was ordered, with the limitations established by the Ley General de Caminos Públicos, Ley de Aguas and Ley Forestal. The Procuraduría General de la República (PGR) appeals (folios 118 to 131) alleging that the land to be titled is of a forested nature (mountain). It considers that those lands, by being located in national reserves, form part of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), since the Ley Forestal 4465 of 1969 (article 33), reformed by the Ley Forestal 7174 of 1990 (articles 32 and 33) and its demanial character is maintained by Law 7575 (articles 13 and 14). It argues, the Law allows titling properties outside of protected wild areas (áreas silvestres protegidas) if the promoting party demonstrates their legitimate decennial possession rights, with the other conditions required for that purpose, such as having protected the resource and having the property duly demarcated. But for the PGR it is only possible to title if the usucapion (usucapión) was consolidated before the lands formed part of the State's Natural Heritage. It maintains, with the declaration of the witnesses, the decennial possession suitable for usucapion on the part of the promoting party was not demonstrated. It cites in its support votes [Tel1], 15753-2005, [Tel2], 783-2003 of the Sala Constitucional, also other jurisprudential precedents and pronouncements issued by the PGR itself (opinions C-321-2003 and C-146-2008), which fundamentally refer to: i) the survival of the repealed right to regulate legal situations that arose under its shelter, with respect to the protection of the right of public forest domain established by prior legislation against retroactive applications to its detriment and binding jurisprudence of the Sala Constitucional that establishes the need to demonstrate a decennial possession suitable for usucapion. ii) the impediment of private individuals from exercising possession with the intent of owners over public domain (dominio público) assets, given that their inalienability makes their transfer and private possession impossible. iii) the inappropriateness of usucapion and titling against the public domain. iv) the principle of inalienability, inasmuch as those assets are withdrawn from the commerce of men. v) the assets not susceptible to acquisition by possession. vi) the imprescriptibility of such assets as a direct consequence of the principle of inalienability, since by not being the object of possession nor of private domain (dominio privado), there exists a legal impossibility to acquire them by usucapion. All these allegations revolve around arguing that since forests are assets of public domain, they are not susceptible to being possessed by private individuals nor acquired by usucapion. Since it is intended to title public domain assets, such as the State's natural heritage and public roads, it requests the disapproval of these proceedings, in accordance with articles 11 of the Ley de Informaciones Posesorias, 13 and 14 of the Ley Forestal. III.- The grievances claimed by the appealing party are not admissible. With respect to what was objected to regarding the fact that the decennial possession of the promoting party was not demonstrated with the declaration of the witnesses, it must be highlighted that [Name4], [Name5] and [Name6] (backup in digital audio and video record on attached CD), confirmed that the farm was possessed by the promoting party, acquired for valuable consideration from [Name2], on June 1, 2010, who was in possession of the land for more than ten years. In the brief filed on September 30, 2009, the promoting party indicated they acquired the land for valuable consideration from Mrs. [Name2], a statement that has the value of a sworn declaration (article 3 of the Ley de Informaciones Posesorias) (folio 15) and also provided a certified copy of the private contract signed on October 15, 2007 (folio 10), in which it was recorded that Mr. [Name2] transmitted to the promoter the possession rights that he had exercised over the land to be titled for more than twenty years in the capacity of owner, publicly, peacefully and uninterruptedly, the same which he acquired from his father [Name3], who possessed the property since the year nineteen hundred fifty-nine. Therefore, from the testimonial and documentary evidence produced, contrary to what the appellant affirms, elements do emerge to have the decennial possession of the promoting party duly proven. IV.- In relation to the opposition of the Procuraduría to titling forested areas, it must be kept in mind that individuals enjoy the right to register lands with said cover (cobertura), within or outside of protected wild areas, provided they meet all the legal requirements demanded in the various applicable normative bodies (consult in this regard vote 51 of May 26, 1995, of the Sala Primera of the Supreme Court of Justice). Given what was argued by the appealing party, it is important to clarify that the State's Natural Heritage is "constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions and other agencies of the Public Administration, except properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its heritage" (article 13 of the Ley Forestal). Said forest lands and forests are effectively unseizable (inembargables) and inalienable (inalienables) (article 14 of said Law). Their possession by private individuals does not grant them any right and the State's action for recovery of property (acción reivindicatoria) for these lands is imprescriptible. Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry via possessory information (article 33). For its part, article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias allows the titling of forested areas, demanding as specific requirements (additional to the general ones of the Ley de Informaciones Posesorias) to demonstrate the legal rights of decennial possession, to have protected the natural resource, and that the property is duly demarcated and with fences or clean tracks. In this way, it must be concluded that the cited article 7 contemplates two different situations: a) The possibility of titling lands comprised within protected wild areas. In these cases, the norm allows titling provided that the right of ownership was consolidated at least ten years before the declaration of the protected wild area, since such areas form part of the public domain. b) The possibility of titling lands outside of protected wild areas that have forests. In this latter case, the norm only requires that the promoter demonstrate "being the holder of the legal rights of decennial possession, exercised for at least ten years and having protected that natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated and with fences or clean tracks." It is not specified, as occurs with protected wild areas, that the possession must be ten years before the declaration of State forest heritage, carried out for the first time in the repealed Ley Forestal No. 4465. This is understandable, because otherwise it would be a contradiction of what was permitted by the legislator in this regard. That is, if its intention had been not to allow the titling of those forested areas after the enactment of the 1969 Forestry Law (which contains the first declaration of State forest heritage), the right thing to do would have been not to include or not to allow that second scenario. But as analyzed, the legislator has maintained a different position. Consequently, it must be concluded, unlike the position maintained by the PGR, that the seventh article of the Ley de Informaciones Posesorias (modified upon the issuance of the current Ley Forestal 7575), expressly authorized the titling of forested real estate through this type of process. V.- Regarding the application and interpretation of the cited numeral 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, this Court has highlighted: "The constitutionality of said norm and of the interpretation given at some time by this Court was questioned as to its constitutionality, a proceeding that generated the issuance of vote of the Sala Constitucional 4587-97, precisely cited by the appellant. In said vote, the Chamber declared the constitutionality of the norm, maintaining its validity. Given this situation, the appropriate course in this case is to confirm what was resolved by the Judge, since the promoter accredited compliance with the requirements provided in that article, namely: decennial possession, protection of the natural resource, and delimitation of the property by means of fences or clean tracks" (Vote 573-F-09). Likewise, the Sala Constitucional again rejected the consultation of unconstitutionality against the seventh article of the Ley de Informaciones Posesorias made by this Court, in file EXPN1, with said norm and its effects remaining valid. VI.- In accordance with the foregoing, it is appropriate to confirm the appealed judgment on the grounds that were the object of the appeal. VII.- **DISSENTING VOTE OF JUDGE [Name7]:** The majority vote is not shared in approving the possessory information over lands consisting of primary forests, inasmuch as the same are part of the State's natural heritage and a decennial possession exercised prior to the affectation of that asset as demanial was not demonstrated.- Public Domain -for the case that interests us- is the set of assets owned by the State, lato sensu, affected for direct or indirect public use of the inhabitants, and subjected to a special regime of public law and, therefore, outside the scope of private law. The public domain is formed by four elements: subjective, objective, normative and teleological. The subjective element refers to the owner of the right -the State-; the objective element refers to or is constituted by the asset or assets over which the public domain falls -for this case the property object of litigation-; the normative element determines when an asset meets the requirements indicated by law to be considered demanial, it is the set of norms that govern it -list of norms that will be stated hereafter-; and the teleological element which refers to the purpose pursued when including a specific asset within the public domain, what public purpose is assigned to the asset -in this case the protection of natural resources-. Public domain assets are subject to a special legal regime, they are subject to a police power, and are essentially characterized by their inalienability and imprescriptibility. By their nature they are aimed at satisfying public needs, this fact prevents tenure (tenencia) or possession over them by private individuals or private persons, they are outside the commerce of private law. Our Political Constitution in its article 121 subsection 14) refers to Demaniality indicating which assets are susceptible to that public property regime, even establishing in that article different degrees of public affectation, giving an intense and absolute degree of publicatio down to other less intense degrees and harmonizing the rights of the administered with the powers of the Administration. Our current Civil Code dating from the month of April eighteen eighty-six, regulates the most important bases in matters of public domain assets, specifically in its articles 261 to 263. Article 262 of the cited Civil Code makes reference to two important characteristics of public domain assets: a- public things are outside commerce, and b- deaffectation is established by stating that those assets cannot enter private commerce, as long as it is not legally so provided. As can be observed, affectation to the public domain regime does not depend on the nature of the asset, but on the will of the legislator. By means of vote number 447-91 at fifteen hours thirty minutes of February 21, 1991, the Sala Constitucional states that the declaration of public domain of the asset is established by law, this declaration does not constitute a limitation on property, in accordance with article 45 of the Magna Carta, because this article refers to private property, and public domain assets are not subject to private property. The State's Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado) is a Demanial asset regulated in a broad normative set in which historically up to the present, private individuals are prohibited from carrying out any type of activity within properties with that characteristic and, as a consequence, are denied the right of possession, with an exception made in a specific situation that will be stated later. It is considered as State Heritage, -in its condition of Public Demanio that implies the principles of imprescriptibility, inalienability, and unseizability-, the lands that constitute National Reserves that have Forests. The foregoing finds its normative development in the citations set forth below: 1) The Fiscal Code of 1865 which contemplates a chapter referring to forests, which was repealed by the Ley General de Terrenos Baldíos Number thirteen of January 6, 1939, which incorporated practically the same provisions. For example, the first article indicated: "That the lands comprised within the limits of the Republic, that have not been acquired or registered in ownership by means of a legitimate title by private individuals, are presumed to be unowned (baldíos) and belong to the State." This law in general regulates the prohibition against possessing and registering, through the process of possessory information, the National Reserves that are Forest Heritage, in other words, they are not susceptible to appropriation by private parties.- The Ley de Tierras y Colonización Number 2825 of October 14, 1961, maintained the same orientation and is currently in force since that date. Thus, article 8 of that Ley de Tierras y Colonización establishes: "Except for the cases provided for in this law, it is prohibited for private individuals to enclose with fences, tracks, or any other form the lands declared National Reserves, to fell woodlands, establish constructions and crops or extract from them firewood, timber, vines, palm, and other products for exploitation purposes. Any act of that kind, if the legal procedures have not been previously completed and the corresponding authorization obtained, will be considered, according to the case, as usurpation of public domain or marauding, and the authorities must order the destruction and removal of the fences and prevent the use of those lands, with no right to compensation nor to claims for the value of improvements (mejoras) and without prejudice to other liabilities that may be applicable to those who incur such infractions."- Note that this article criminally sanctions anyone who enters a National Reserve to carry out any activity on those lands, therefore this cannot be considered an act of possession because their activity would be illegitimate.- Article 11 of that same Law establishes that the following belong to the State in the character of National Reserves: "a) All the lands comprised within the limits of the Republic that are not registered as private property, of the Municipalities or of the Autonomous Institutions. b-) Those that are not protected by decennial possession.- c-) Those that by special laws have not been destined for the formation of agricultural colonies.- d-) In general, all those that, not being private property, are not occupied in public services."- For its part, article 19 of the repealed Ley Forestal number 4465 of the twenty-third of November nineteen hundred sixty-nine provided: "All forests and forest lands located in: 'a-) The lands considered National Reserves...' are affected for the purposes of this law." And article 25 of this same law stated: "The possession of lands situated in the National Reserves and State farms referred to in article 19 of this Law shall not cause rights of any kind and the State's action for recovery of property, for the same, is imprescriptible, and the Dirección General Forestal with the legal means at its disposal shall proceed to evict from such lands the persons who occupy them totally or partially, in the case of protective zones (zonas protectoras), National Parks, Forest Reserves (Reservas Forestales), and Biological Reserves (Reservas Biológicas)."- With these norms, a double protection is granted to the forests mentioned therein: First, due to their condition as National Reserve, in which it is prohibited to carry out any possessory act and second, for constituting State Forest Heritage in which no act of possession shall cause any right whatsoever. This aspect is confirmed by article 8 of the regulation to that law, which says: "The National lands comprised within the areas declared Forest Reserves are inalienable, that is, they cannot leave the domain (dominio) of the State, and their possession shall not cause any right whatsoever in accordance with the provisions of articles 25, 49 and 57 of the Ley Forestal."- Article 80 of the cited repealed Ley Forestal indicated: "The invasion and occupation of lands in National Parks, Forest Reserves and Protective Zones is prohibited. This prohibition extends to National Reserves, until their classification and transfer has been determined..." Article 6 of this same law provided: "A person who: a-) Exploits a forest belonging to the forest heritage without the corresponding legal authorization... b-) Invades a National Park, Biological Reserve, Protective Zone or Forest Reserve... shall be sanctioned with imprisonment from six months to two years or with a fine of fifteen to one hundred days. If the invasion is in National Reserves, it will be subject to the provisions of article 227 of the Penal Code.-" As can be observed, possessory acts carried out in a State Heritage forest turn out to be illegitimate and therefore cannot confer any right of possession.- With the entry into force of the Ley Forestal Number 7174 of June 28, 1990, this same philosophy is continued. Article 32 of the cited law establishes: "The State's forest heritage is constituted by all the forests and forest lands of the National Reserves..." Article 33 of that same law provides: "The forest lands and forests that constitute the State's Forest Heritage detailed in the previous article shall be unseizable and inalienable, their possession by private individuals shall not cause any right in their favor and the State's action for recovery of property for those lands is imprescriptible.- Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry via Possessory Information, their invasion and occupation will be sanctioned according to the provisions of this Law."- With the current Ley Forestal in force number 7575 of February 5, 1996, its Title II regulates a single chapter referring exclusively to the State's Natural Heritage, maintaining the same philosophy that had begun in 1865 with the Fiscal Code, so it is reiterated in this new regulation that the State's Natural Heritage will be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, and the farms registered in the name of the Public Administration. Article 14 of the same forestry law in force is emphatic in indicating that the forest lands and forests that constitute the State's natural heritage are imprescriptible, unseizable and inalienable and their possession by private individuals shall not cause any right in their favor. The Ley de Conservación de la Vida Silvestre Number 7317 of October 21, 1972, in its articles 3 and 4, in addition to the declaration as being of public domain and public interest, to the fauna and wild flora respectively, indicates that the wild flora and fauna are part of the National Heritage. In this same sense, the Ley de Biodiversidad number 7788 of April 30, 1998, in its article 6 declares the elements of biodiversity as being of public domain, as well as the Ley Orgánica del Ambiente in its article 46 which establishes the State's sovereignty over biological diversity. Therefore, it is a legal imperative to deny the right of possession to those persons who carry out any activity on lands not subject to private property and that are constituted by forests in National Reserves.- By way of exception to that imperative prohibition, through the Ley Forestal Number 7575 of the year 1996, which reforms article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, an exception is established to the philosophy that has been expounded up to now, which is that the titling of forests is made possible when what is understood as ecological possession has been developed within them. The land object of this possessory information is State Natural Heritage, as it is composed of forest cover (cobertura boscosa), as inferred from the soil study visible at folios 21 to 23 where it indicates the property contains primary forest, and the judicial inspection, where it indicates it concerns forested land of a primary nature.- It is clear said land is State Natural Heritage, and although the certification from the Ministerio del Ambiente y Energía y Tecnología indicates the property is outside any protected wild area, this does not exclude the condition of primary forest which is governed by the demaniality constituted since the creation of the Forestry Law cited above.- When possession over a demanial asset is discussed, such discussion will only be appropriate when the right was acquired before the asset was declared as being of public domain. Likewise, the right of ownership in such cases may only be obtained when the holder has demonstrated a decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law that declares the object as State Natural Heritage. As has already been set out regarding the legal chronology that protects the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), the law that must be taken into consideration for calculating the ten-year possession (posesión decenal) by private individuals is the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) number 2825 of October 14, 1961, legislation currently in force in the case of lands that are relevant for aquifer recharge, or alternatively from the Forestry Law (Ley Forestal) for other types of soil that do not have that condition and are wooded, especially for the specific case containing primary forest. For the specific case, the witness evidence gathered does not demonstrate that ten-year possession in the terms of the legislation set out here, and it is in this sense that this dissenting vote is recorded, to indicate that the petitioner should have demonstrated ten years of possession before the Forestry Law, and therefore the possessory information (información posesoria) should have been dismissed, revoking the judgment that came on appeal.- THEREFORE: In what has been the subject of appeal, the judgment is confirmed by majority decision. Judge Alvarado Paniagua dissents.- L4330X8PJL2M61 [Nombre8] - JUEZ/A DECISOR/A 0YMFZY43FMV461 [Nombre9] - JUEZ/A DECISOR/A VKDDECCMXOS61 [Nombre7] - JUEZ/A DECISOR/A Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:21:50. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República