Res. 01106-2012 Tribunal Agrario — Titling of forested property through possessory information proceedingsTitulación de inmueble con cobertura boscosa mediante información posesoria

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 01106 - 2012

Fecha de la Resolución: 31 de Agosto del 2012 a las 13:43

Expediente: 07-160013-0188-AG

Redactado por: María Carolina Hurtado García

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Consideraciones sobre la titulación de inmuebles ubicados en terrenos boscosos.
Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales
Subtemas:
Procedente inscripción de inmueble ubicado fuera de zona protegida mediante información posesoria agraria.
Sentencias en igual sentido Sentencias del mismo expediente


Texto de la resolución

 

EXPEDIENTE: EXPN1

PROCESO: INFORMACIÓN POSESORIA

ACTOR/A: [Nombre1] 

VOTO N°   1106-F-12

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las trece horas y cuarenta y tres minutos del treinta y uno de agosto de dos mil doce.-

  DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN POSESORIA, promovidas por [Nombre1]   , casado, agricultor, vecino de Puntarenas, cédula de identidad número CED1 -     -    . Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, de calidades desconocidas en autos, en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, cédula jurídica CED2 -   -          - , representado por Carmelina [Nombre2] Hidalgo, mayor, divorciada, abogada, vecina de Guachipelín, Escazú, cédula de identidad CED3 -     -    , en su condición de apoderada general judicial. Actúa como apoderado especial judicial del promovente, el letrado Alexis Monge Agüero, cédula de identidad número CED4 -     -    , colegiado número seis mil novecientos noventa y nueve. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón.

RESULTANDO:

1.- El promovente  interpuso diligencias de información posesoria con el fin que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que describe así: "Finca del Partido de Puntarenas, sita en Santa María, [Dirección1]  ,     . Que es terreno de montaña, charral y una casa. [Nombre3] al norte Quebrada, [Nombre4]  , [Nombre5]  , [Nombre6]  , sur:

[Nombre1]  , [Dirección2],     de [Nombre7]  , [Nombre8]  , oeste quebrada en medio de [Nombre9]  , [Nombre10]  . Mide ciento treinta y ocho mil seiscientos sesenta y dos metros con dos decímetros cuadrados, plano catastrado número P-quinientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta - mil novecientos noventa y ocho." (folio 9).

2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren de folio 77 a 81; a su vez el Instituto de Desarrollo Agrario lo hizo en el folio 101.

3.- La jueza Ana Milena Castro Elizondo, del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón, mediante sentencia número 120-S-2012 de las once horas dos minutos del cinco de julio de dos mil doce, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con la LEY DE INFORMACIONES POSESORIAS número ciento treinta y nueve del catorce de julio de mil novecientos cuarenta y uno y sus reformas, se aprueban estas diligencias de INFORMACIÓN POSESORIA, en la cual han intervenido como partes la Procuraduría General de la República y el Instituto de Desarrollo Agrario. El terreno a titular quedará afectado por las reservas que indica la Ley General de Caminos Públicos, en cuanto a que el ancho mínimo de las carreteras es de veinte metros y de los caminos vecinales de catorce metros por el lindero sur (Artículos diecinueve de la Ley de Informaciones Posesorias y cuatro de la Ley General de Caminos Públicos). Al tenor de lo dispuesto en el artículo treinta y tres inciso b) de la Ley Forestal vigente, un área de quince metros contiguo a las corrientes constituye área de protección y queda prohibida la corta o eliminación de árboles, si el terreno fuera plano y de cincuenta metros horizontales si el terreno fuera quebrado, y por lo tanto, queda sujeta a las restricciones legales que señala el artículo treinta y cuatro de la Ley supracitada. El cauce y las aguas de esas corrientes son de dominio público (Ley de  Aguas, artículos uno, inciso IV, y tres, inciso III). También las aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble (pozos, nacientes, lagunas, etc.) son de dominio público y no forman parte de la finca.  Proceda el REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD a inscribir libre de gravámenes, condueños, con las cargas reales ya señaladas, y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, a nombre de [Nombre1]  , cédula de identidad número CED5     -    , casado una vez, agricultor, vecino de Santa Rosa de Brunca, Buenos Aires.; terreno de montaña y charral con una casa de habitación, sito en Santa María de Volcán, [Dirección3]    ,   de la Provincia de Puntarenas; [Nombre3] al norte quebrada, [Nombre4]  , [Nombre5]  , [Nombre6]  , al sur [Nombre1]  , [Dirección4]  con un frente lineal de catorce metros de ancho, al este quebrada en medio con [Nombre7]   y [Nombre8]   y al oeste quebrada en medio con [Nombre9]   y [Nombre10]  . Mide de acuerdo al plano catastrado aportado P- QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SESENTA NOVENTA Y OCHO de fecha diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, una superficie de  ciento treinta y cuatro hectáreas cuatro mil seiscientos sesenta y dos metros dos decímetros cuadrados.  El inmueble fue estimado en la suma de tres millones de colones. Debe el promovente cumplir con las recomendaciones técnicas del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, a saber, "... En los sectores de clase siete y seis se recomienda conservar el estado actual del bosque como reserva de material genético, ecológico, protección hídrica y protección del suelo.  En los sectores de clase seis correspondientes a tacotal se le recomienda, en caso de que se desarrollen actividades de producción (reforestación, sistemas agroforestales, cultivos intercalados), éstas deben tener ciclos bianuales, perennes o semiperenne; considerando el uso obras de conservación del suelo que pueden ser las barreras y coberturas tanto vivas como muertas, el uso de enmiendas orgánicas, abonos verdes, fertilización, entre otras.  Las actividades se deben desarrollar mediante la labranza mínima para evitar el deterioro del suelo.  En los sectores de clase cinco se le permite el uso de ganado bovino, siempre y cuando se realice mediante el sistema de apartos para pastoreo en rotación, o sistemas silvopastoriles trabajados con labranza mínima, aplicando enmiendas orgánicas como compost, abonos verdes y otros que ayuden a mejorar la calidad del suelo".  Por último, acorde a las políticas de Moderna Gestión Judicial, se insta a las partes para que en caso de que interpongan recurso de apelación contra la presente, envíen una copia de éste en formato electrónico a la cuenta oficial del Tribunal Agrario del II Circuito Judicial de San José: [...] De esta forma, las juezas y los jueces superiores darán un trámite más expedito a la alzada.   Si es el deseo de la parte que se les confiera una audiencia oral, debe hacerlo saber en el mismo escrito o en su defecto señalar un correo electrónico en donde se les pueda notificar." (lo destacado es del texto original a folios 204 vuelto y 205).

4.- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de Procuradora Adjunta, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia. (folio 206 a 225).

5. En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se nota la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.

   Redacta la jueza Hurtado García;

CONSIDERANDO:

I.-    Se prohíja el elenco de hechos probados,   por ser reflejo de los autos.     En el hecho probado  número uno se agrega en la descripción de la naturaleza del inmueble que es potrero,  tacotal,  cultivos,  montaña (cerficación estudio de suelos a folio 11, reconocimiento judicial y declaraciones testimoniales de [Nombre11]  , [Nombre12]  , [Nombre13]   71 a 74).-

II.-  La señora Procuradora interpone recurso de apelación contra la sentencia,  y aduce los siguientes agravios:   1)  Consta en el certificado de uso de suelo, prueba testimonial,  reconocimiento judicial,  escrito inicial, testimonio de escritura,  que la naturaleza del bien es boscosa (montaña).   Los terrenos forestales y bosques de las reservas nacionales están afectos a dominio público, patrimonio natural del Estado, al menos desde la Ley Forestal 4465 reformada por la ley 7174,  y carácter demanial que mantiene la ley 7575.-    2) Que las declaraciones de los testigos no demuestran la posesión decenal para usucapir en cabeza del promovente.

III.-    Respecto al primer motivo de apelación,   considera este Tribunal no es atendible.   La representación  del Estado sostiene no es procedente aprobar este trámite,  en virtud que el terreno comprende área boscosa, la cual está comprendida dentro del patrimonio natural del estado.   Revisados los autos, así como la normativa aplicable,  este Tribunal no comparte los argumentos esbozados por la señora Procuradora.     Efectivamente,  en la derogada Ley forestal No. 4465,  artículo 32 se estableció que "El patrimonio forestal del Estado está constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre..."    Así, el artículo 33 de ese cuerpo legal  indicaba que los bienes comprendidos en el patrimonio forestal del Estado no eran susceptibles de inscripción en Registro mediante información posesoria.    Sin embargo, con posterioridad la ley forestal No. 4465 fue reformada por la Ley No. 7174 y en lo que interesa reguló en el artículo 2 la modificación al numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias No. 139.   Es así como la modificación al artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias operó en el sentido que las áreas que estén fuera de zonas declaradas parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales o zonas protectoras, pero que contengan bosques, "...sólo podrán ser tituladas si el promovente demuestra haberlas poseído por diez años o más y haber protegido dicho recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado con cercas o carriles limpios..."  De dicho artículo 7 de la Ley de Informaciones posesorias, se deriva con claridad la voluntad del legislador, en el sentido que es procedente la inscripción de terrenos con cobertura boscosa, en el tanto se acrediten los presupuestos de cerramientos y protección del recurso natural.      Analizada la actual ley forestal No. 7575, en su artículo 13,  no se deduce que haya operado derogatoria expresa, ni tácita del numeral 7 de la Ley de Informaciones posesorias.     En el artículo 13 de la Ley forestal No. 7575, se  define el concepto de patrimonio natural del Estado, entendido como: "constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio..."   Nótese que el patrimonio natural del Estado refiere a terrenos forestales de reservas nacionales; de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Tierras y Colonización,  tratándose de terrenos sin inscribir es dable el amparo de la posesión decenal de particulares,  siendo pertinente la prueba en contrario en cuanto a la naturaleza de reserva nacional.      En bienes como el que nos ocupa, en el cual existen áreas boscosas,   y el inmueble no se ubica en las zonas indicadas en el párrafo primero del artículo 7 de la Ley de informaciones posesorias,   sí es procedente la inscripción de terrenos con bosques mediante el trámite de información posesoria.    Lo anterior,   en el entendido que deben acreditarse todos los requisitos de forma y de fondo en cuanto a la posesión exigida. Es menester destacar que en materia de recursos forestales,  este Tribunal ha resuelto: "V.-En relación al tema de la interpretación del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el Tribunal en reiteradas resoluciones ha expresado: "La Ley de Informaciones Posesorias, en su artículo 7, así como las Leyes Forestales han procurado proteger los recursos forestales de la acción humana, sometiéndolos a diversas formas de manejo forestal. Aunque se ha permitido la titulación de dichas áreas, que ya declaradas como áreas de conservación pasan a formar parte del Patrimonio Forestal del Estado, se exige el cumplimiento de otros requisitos más calificados. Eso nos conduce, directamente al concepto de posesión ecológica, y al criterio de la función ecológica de la propiedad forestal. En reiteradas sentencias, tanto de la Sala Primera de Casación, como del mismo Tribunal Superior Agrario, se han establecido los principios que deben regir para resolver éste tipo de situaciones agro-ambientales. Nuestro país ha sido pionero en la construcción de los institutos de la posesión agraria y la posesión ecológica. La misma jurisprudencia ha reconocido y desarrollado estos institutos, así como el ciclo de vida de la posesión agraria y, recientemente de la posesión ecológica (dentro del más amplio criterio de la función ecológica de la propiedad forestal). La misma Jurisprudencia ha querido distinguir la propiedad y posesión empresarial donde se ejercita una actividad dirigida al cultivo del bosque, de aquella donde simplemente se realiza una actividad extractiva o bien, meramente conservativa. En estos últimos casos se estaría en presencia de una propiedad o posesión forestal (sin empresa). Precisamente es en estos casos donde la Ley Forestal viene a establecer todo un régimen jurídico para la protección de los recursos forestales, sometiendo algunas veces al propietario en forma obligatoria al régimen forestal y en otros casos en forma voluntaria. De esa forma, en la posesión forestal el poder de hecho se ejerce sobre un bien de vocación forestal o en su mayor parte destinado a proteger los recursos forestales, sin miras a su explotación o bien, dedicándolo a la simple extracción de especies maderables, a través de planes de manejo para lograr la regeneración natural del bosque. En uno y otro caso no existiría el desarrollo de un ciclo biológico vegetal o animal, ni asumiría el hombre ningún riesgo. Es por eso que la ley no tutela, al contrario reprime, la posesión a través de la cual se destruyan los recursos forestales de áreas protegidas. Además niega la posibilidad de adquirir derechos de posesión sobre tierras de las reservas nacionales cuando se ha ejercido una acción dañina en contra de los recursos forestales. Hoy, parte de la doctrina agrarista afirma la existencia de un Derecho forestal, con particularidades de sistema orgánico y completo, donde ocupan un lugar importante los institutos de la propiedad y posesión forestal. En Costa Rica la propiedad forestal, y también la posesión forestal como derecho real derivado de aquella, o bien concebido en forma independiente, se comienza a perfilar desde el Código Fiscal de 1885, que establece todo un capítulo en cuanto a bosques cuyas regulaciones tienden a su conservación. Posteriormente la Ley de Terrenos Baldíos No. 13 del 6 de enero de 1939 incorpora dichos principios. Luego la Ley de Tierras y Colonización en su artículo 7 amplía las reservas nacionales para la protección de tales recursos.- VII. La legislación especial en cuanto a la tutela de la propiedad y posesión forestales tiene tres etapas en nuestro país. La primera etapa de la propiedad forestal se enmarca con la Ley No. 4465 del 35 de noviembre de 1969. La segunda se abre a través de una normativa mejor concebida a través de la Ley No. 7032 del 7 de abril de 1986, la cual fue posteriormente declarada inconstitucional. La última opera con la promulgación de la Ley Forestal No. 7174 del 28 de junio de 1990, reformada recientemente, por Ley No. 7575 del 13 de febrero de 1996 (publicada en el alcance 21 de La Gaceta No. 72 del martes 16 de abril de 1996). En ellas, se contienen diversos regímenes de propiedad forestal, y limita el uso y aprovechamiento de los recursos por los particulares. No es posible adquirir la titularidad sobre terrenos con cobertura boscosa si no se demuestra haber protegido el recurso forestal. Su fundamento constitucional se encuentra en el párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución. A través de limitaciones de interés social se protege el instituto de la propiedad y la posesión forestal. Esta no es igual a la civil, ni a la agraria, se trata de una propiedad para conservar, y por tanto los actos posesorios que en ella se realicen deben tener esa finalidad.- VIII. La posesión forestal ha tenido su régimen jurídico en las Leyes Forestales mencionadas. Recae sobre un bien específico: los terrenos cubiertos de bosques o de aptitud forestal. El propietario o poseedor de tales bienes tiene la obligación de conservar los recursos forestales y no los puede aprovechar económicamente sino bajo las restricciones o limitaciones impuestas por la ley. Para la solución jurídica de conflictos que nazcan del ejercicio de la posesión forestal, se debe aplicar ese régimen jurídico especial y los principios del Derecho forestal. La Ley Forestal establece como función esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, la conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la administración y el fomento de los recursos forestales del país, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales renovables.(Artículo 1). Todos los terrenos de aptitud forestal y los bosques del país, ya sea estatales o que estén reducidos a dominio particular, quedan sometidos a los fines de la ley. El régimen forestal es el conjunto de disposiciones, entre otras, de carácter jurídico, económico y técnico, establecidas por la ley, su reglamento y demás normas, que regulen la conservación, la renovación, el aprovechamiento y el desarrollo de los bosques y terrenos de aptitud forestal del país. Por ello, para adquirir la propiedad forestal por usucapión, se requiere el ejercicio de la posesión forestal. El artículo 7 de la Ley de Informaciones posesorias, reformado por la Ley Forestal, establecía, antes de su reforma: "Artículo 7.- Cuando el inmueble a que se refiere la información esté comprendido dentro de una zona declarada parque nacional, reserva biológico, reserva forestal o zona protectora, el titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la respectiva ley o decreto en que se creó la respectiva área silvestre. Las fincas que estén fuera de esas áreas y que tengan bosques, solo podrán ser tituladas si el promovente demuestra haberlas poseído por diez años o más y haber protegido dicho recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado con cercas o carriles." En otros términos, el poder de hecho en la posesión forestal recae sobre el recurso natural "bosques" o "terrenos de aptitud forestal", y los actos posesorios deben ir encaminados a su protección y conservación. Sólo si se demuestra eso podría adquirirse o inscribirse terrenos a favor de dichos poseedores. De lo contrario, quedarían formando parte del patrimonio natural del estado (artículo 13 de la nueva Ley Forestal), con carácter inembargable e inalienable, y su posesión no causará ningún derecho a favor de los particulares (artículo 14 de la nueva Ley Forestal).- "  (Tribunal Agrario, voto No. 199 del 24 de marzo de 2009).    En el presente asunto, se infiere del  acta de reconocimiento judicial visible a folio 54 que el inmueble objeto de titulación está deslindado por carriles limpios, cercas,  existe una parte en potrero, también bosque,  charral,   sotobosque,  en las áreas aledañas a las quebradas con cobertura boscosa;  el juez consignó que el bosque está bien protegido al igual que las márgenes de las quebradas que atraviesan y circundan el fundo.          Por otro lado, de acuerdo a la certificación de estudios de suelos, a folio 29,  se constata que se ha ejercido el uso conforme del suelo, y según certificación a folio 6 esta finca no está situada en áreas silvestres protegidas.     Asimismo,  los testigos [Nombre14]  , [Nombre15]   y [Nombre2]  ,  a folios    57, 59 y 65, dan fe de los actos posesorios del propietario tendientes a regenerar el recurso forestal del inmueble,  lo mantiene delimitado, y lo protege contra quemas.      De ese modo,  se colige en el inmueble se ha protegido el recurso forestal e hídrico,  según exigencias del numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, por lo cual procede el rechazo de este embate.

IV.-  Concerniente al segundo agravio,  tampoco le asiste razón a la señora Procuradora.    Este Tribunal estima que las probanzas permiten acreditar el requisito de posesión decenal exigido por la Ley de Informaciones Posesorias.  El testigo [Nombre14]   a folio 57 declaró conoce la finca desde hace unos 25 años, y que el promovente la ha poseído por más de 10 años, le consta la adquirió de su padre, y no ha tenido problemas por la posesión.     El deponente [Nombre15]  , a folio 59 señaló que conoce el terreno hace 35 años,   y que la posee el promovente hace como 30 años,  la mantiene delimitada y sin conflictos con terceros.    En igual orden, el declarante [Nombre2]  , a folio 65 afirmó que conoce la finca desde toda su vida, y al momento de su declaración indicó contaba con treinta y ocho años de edad, por lo cual también acredita que conoce la finca hace más de diez años y que el promovente posee hace 10 años.     Las declaraciones testimoniales permiten deducir que la posesión ejercida por el promovente ha sido en calidad de dueño, en forma pacífica, pública, ininterrumpida, por más de diez años.    En consecuencia,  se rechaza este agravio, y deberá confirmarse la sentencia en lo que fue objeto de apelación.

POR TANTO:

En lo apelado se confirma la sentencia.

 

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[Nombre16]   -

JUEZ/A DECISOR/A

 

 

2WQHGDBAFEQ61

[Nombre17] 

[Nombre18] - JUEZ/A DECISOR/A

	

YBPUEYOZPXG61

[Nombre19] 

[Nombre2] - JUEZ/A DECISOR/A

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:32:37.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE: EXPN1

PROCEEDING: POSSESSORY INFORMATION

PETITIONER: [Nombre1]

VOTE No. 1106-F-12

AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At thirteen hours and forty-three minutes on the thirty-first of August of two thousand twelve.-

POSSESSORY INFORMATION PROCEEDINGS, brought by [Nombre1], married, farmer, resident of Puntarenas, identity card number CED1 - - . Appearing in the proceeding are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL, represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, whose qualifications are unknown in the record, in her capacity as assistant attorney general; and the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, legal identification number CED2 - - , represented by Carmelina [Nombre2] Hidalgo, of legal age, divorced, attorney, resident of Guachipelín, Escazú, identity card number CED3 - - , in her capacity as general judicial attorney-in-fact. Acting as special judicial attorney-in-fact for the petitioner is attorney Alexis Monge Agüero, identity card number CED4 - - , bar association number six thousand nine hundred ninety-nine. Processed before the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón.

WHEREAS:

1.- The petitioner filed possessory information proceedings in order to have the following farm registered in his name in the Public Property Registry, described as follows: "Farm of the Partido of Puntarenas, located in Santa María, [Dirección1], . That it is mountain, scrubland (charral), and a house. [Nombre3] to the north creek (Quebrada), [Nombre4], [Nombre5], [Nombre6], south:

[Nombre1], [Dirección2], of [Nombre7], [Nombre8], west creek in between with [Nombre9], [Nombre10]. It measures one hundred thirty-eight thousand six hundred sixty-two meters and two square decimeters, cadastral map number P-five hundred twenty-three thousand four hundred sixty - one thousand nine hundred ninety-eight." (folio 9).

2.- The Office of the Attorney General appeared in the proceeding under the terms found at folios 77 to 81; in turn, the Instituto de Desarrollo Agrario did so at folio 101.

3.- Judge Ana Milena Castro Elizondo, of the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón, by judgment number 120-S-2012 at eleven hours and two minutes on the fifth of July of two thousand twelve, resolved: "THEREFORE: In accordance with the POSSESSORY INFORMATION LAW number one hundred thirty-nine of the fourteenth of July of one thousand nine hundred forty-one and its amendments, these POSSESSORY INFORMATION proceedings are approved, in which the Office of the Attorney General and the Instituto de Desarrollo Agrario have intervened as parties. The land to be titled shall be affected by the reservations indicated in the General Public Roads Law, in that the minimum width of highways is twenty meters and of local roads is fourteen meters along the southern boundary (Articles nineteen of the Possessory Information Law and four of the General Public Roads Law). Pursuant to the provisions of article thirty-three, subsection b) of the current Forestry Law (Ley Forestal), an area of fifteen meters contiguous to watercourses constitutes a protection area and the cutting or removal of trees is prohibited, if the land is flat, and fifty horizontal meters if the land is steep, and therefore, it is subject to the legal restrictions set forth in article thirty-four of the aforementioned Law. The channel and the waters of these watercourses are of public domain (Water Law (Ley de Aguas), articles one, subsection IV, and three, subsection III). Also, the existing surface and subterranean waters on the property (wells, springs (nacientes), lagoons, etc.) are of public domain and do not form part of the farm. Let the PUBLIC PROPERTY REGISTRY proceed to register free of encumbrances, co-owners, with the real charges already indicated, and without prejudice to third parties with better rights, in the name of [Nombre1], identity card number CED5 - , married once, farmer, resident of Santa Rosa de Brunca, Buenos Aires.; mountain and scrubland (charral) land with a dwelling house, located in Santa María de Volcán, [Dirección3], of the Province of Puntarenas; [Nombre3] to the north creek, [Nombre4], [Nombre5], [Nombre6], to the south [Nombre1], [Dirección4] with a linear front of fourteen meters wide, to the east creek in between with [Nombre7] and [Nombre8] and to the west creek in between with [Nombre9] and [Nombre10]. It measures, according to the submitted cadastral map P- FIVE HUNDRED TWENTY-THREE THOUSAND FOUR HUNDRED SIXTY NINETY-EIGHT dated the nineteenth of October of one thousand nine hundred ninety-eight, an area of one hundred thirty-four hectares four thousand six hundred sixty-two meters and two square decimeters. The property was valued at the sum of three million colones. The petitioner must comply with the technical recommendations of the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, namely, \"... In class seven and six sectors, it is recommended to conserve the current state of the forest as a reserve of genetic and ecological material, for water protection (protección hídrica) and soil protection. In class six sectors corresponding to thicket (tacotal), it is recommended that, if production activities are developed (reforestation, agroforestry systems, intercropped crops), these must have biennial, perennial, or semi-perennial cycles; considering the use of soil conservation works, which may be barriers and coverings both living and dead, the use of organic amendments, green manures, fertilization, among others. Activities must be developed using minimum tillage to avoid soil deterioration. In class five sectors, the use of cattle is permitted, provided it is carried out through a paddock system for rotational grazing, or silvopastoral systems worked with minimum tillage, applying organic amendments such as compost, green manures, and others that help improve soil quality\". Finally, in accordance with the policies of Modern Judicial Management, the parties are urged, should they file an appeal against this judgment, to send an electronic copy thereof to the official account of the Agrarian Tribunal of the II Judicial Circuit of San José: [...] In this way, the superior judges will give a more expeditious processing to the appeal. If it is the desire of the party to be granted an oral hearing, they must make it known in the same document or, failing that, indicate an electronic mail address where they can be notified.\" (the highlighting is from the original text at folios 204 verso and 205).

4.- Attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as Assistant Attorney General, filed an appeal with an express indication of the reasons for which she refutes the thesis of the trial court. (folios 206 to 225).

5. In the substantiation of the proceeding, the legal requirements have been observed, and the existence of errors or omissions in the ruling capable of causing its nullity is not noted.

Judge Hurtado García writes;

WHEREAS:

I.- The set of proven facts is adopted, as it is a reflection of the record. In proven fact number one, it is added in the description of the nature of the property that it is pastureland (potrero), thicket (tacotal), crops, mountain (soil study certification at folio 11, judicial inspection (reconocimiento judicial) and testimonial statements of [Nombre11], [Nombre12], [Nombre13] 71 to 74).-

II.- The Attorney General files an appeal against the judgment, and alleges the following grievances: 1) It is recorded in the land-use certificate (certificado de uso de suelo), testimonial evidence, judicial inspection, initial pleading, deed testimony, that the nature of the property is forested (mountain). Forest lands and forests of the national reserves are subject to public domain, the natural patrimony of the State, at least since the Forestry Law 4465 amended by law 7174, and a public domain character maintained by law 7575.- 2) That the witnesses' statements do not demonstrate the ten-year possession required for usucaption on the part of the petitioner.

III.- Regarding the first ground of appeal, this Tribunal considers it is not admissible. The representation of the State maintains that it is not appropriate to approve this proceeding, by virtue of the fact that the land comprises a forested area, which is included within the natural patrimony of the State. Having reviewed the record, as well as the applicable regulations, this Tribunal does not share the arguments outlined by the Attorney General. Indeed, in the repealed Forestry Law No. 4465, article 32 established that "The forest patrimony of the State is constituted by all forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name..." Thus, article 33 of that same legal body indicated that the assets included in the forest patrimony of the State were not susceptible to registration in the Registry through possessory information. However, subsequently Forestry Law No. 4465 was amended by Law No. 7174 and, in what is of interest, regulated in article 2 the modification to numeral 7 of the Possessory Information Law No. 139. It is thus that the modification to article 7 of the Possessory Information Law operated in the sense that areas that are outside zones declared national parks, biological reserves, forest reserves, or protective zones, but which contain forests, "...may only be titled if the petitioner demonstrates having possessed them for ten or more years and having protected said natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated with fences or clean lanes..." From said article 7 of the Possessory Information Law, the legislator's will is clearly derived, in the sense that the registration of lands with forest cover (cobertura boscosa) is permissible, provided the requirements of enclosures and protection of the natural resource are proven. Analyzed the current Forestry Law No. 7575, in its article 13, it cannot be deduced that an express or tacit repeal of numeral 7 of the Possessory Information Law has operated. In article 13 of Forestry Law No. 7575, the concept of natural patrimony of the State is defined, understood as: "constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except properties that guarantee credit operations with the National Banking System and become part of its patrimony..." Note that the natural patrimony of the State refers to forest lands of national reserves; in accordance with article 11 of the Land and Colonization Law, in the case of unregistered lands, the protection of ten-year possession by private individuals is possible, with contrary proof being pertinent as to the nature of a national reserve. In assets such as the one at hand, in which there are forested areas, and the property is not located in the zones indicated in the first paragraph of article 7 of the Possessory Information Law, the registration of lands with forests through possessory information proceedings is indeed permissible. The foregoing, on the understanding that all substantive and procedural requirements regarding the required possession must be proven. It is necessary to highlight that in matters of forest resources, this Tribunal has resolved: "V.- In relation to the topic of the interpretation of article 7 of the Possessory Information Law, the Tribunal in repeated resolutions has expressed: \"The Possessory Information Law, in its article 7, as well as the Forestry Laws, have sought to protect forest resources from human action, subjecting them to various forms of forest management. Although the titling of such areas has been permitted, which once declared as conservation areas become part of the Forest Patrimony of the State, compliance with other, more qualified requirements is demanded. This leads us directly to the concept of ecological possession, and to the criterion of the ecological function of forest property. In repeated judgments, both from the First Chamber of Cassation and from this same Superior Agrarian Tribunal, the principles that must govern to resolve this type of agro-environmental situation have been established. Our country has been a pioneer in the construction of the institutes of agrarian possession and ecological possession. The case law itself has recognized and developed these institutes, as well as the life cycle of agrarian possession and, recently, of ecological possession (within the broader criterion of the ecological function of forest property). The case law itself has sought to distinguish entrepreneurial property and possession, where an activity directed at the cultivation of the forest is carried out, from that where an extractive or merely conservative activity is simply carried out. In these latter cases, we would be in the presence of forest property or possession (without enterprise). It is precisely in these cases where the Forestry Law establishes an entire legal regime for the protection of forest resources, sometimes subjecting the owner obligatorily to the forest regime and in other cases voluntarily. In this way, in forest possession, the de facto power is exercised over an asset of forest vocation or mostly destined to protect forest resources, without an eye to its exploitation or, dedicating it to the simple extraction of timber species, through management plans to achieve the natural regeneration of the forest. In either case, there would be no development of a vegetal or animal biological cycle, nor would man assume any risk. That is why the law does not protect, but on the contrary represses, possession through which the forest resources of protected areas are destroyed. Furthermore, it denies the possibility of acquiring possessory rights over lands of the national reserves when a harmful action against forest resources has been exercised. Today, part of the agrarian doctrine affirms the existence of a Forest Law, with the particularities of an organic and complete system, where the institutes of forest property and possession occupy an important place. In Costa Rica, forest property, and also forest possession as a real right derived from that, or conceived independently, began to be profiled since the Fiscal Code of 1885, which establishes an entire chapter regarding forests whose regulations tend toward their conservation. Subsequently, the Vacant Lands Law No. 13 of January 6, 1939 incorporated said principles. Later, the Land and Colonization Law in its article 7 expanded the national reserves for the protection of such resources.- VII. The special legislation regarding the tutelage of forest property and possession has three stages in our country. The first stage of forest property is framed by Law No. 4465 of November 35, 1969. The second opened through better-conceived regulations through Law No. 7032 of April 7, 1986, which was subsequently declared unconstitutional. The last operates with the promulgation of Forestry Law No. 7174 of June 28, 1990, recently amended by Law No. 7575 of February 13, 1996 (published in Alcance 21 of La Gaceta No. 72 of Tuesday, April 16, 1996). In them, various regimes of forest property are contained, and the use and exploitation of resources by private individuals is limited. It is not possible to acquire title over lands with forest cover if protection of the forest resource is not demonstrated. Its constitutional basis is found in the second paragraph of article 45 of the Constitution. Through limitations of social interest, the institute of forest property and possession is protected. This is not the same as civil or agrarian property; it is a property for conservation, and therefore the possessory acts carried out on it must have that purpose.- VIII. Forest possession has had its legal regime in the aforementioned Forestry Laws. It falls upon a specific asset: lands covered by forests or of forest aptitude. The owner or possessor of such assets has the obligation to conserve the forest resources and may not exploit them economically except under the restrictions or limitations imposed by law. For the legal solution of conflicts arising from the exercise of forest possession, that special legal regime and the principles of Forest Law must be applied. The Forestry Law establishes as an essential function and priority of the State to ensure the protection, conservation, exploitation, industrialization, administration, and promotion of the country's forest resources, in accordance with the principle of rational use of renewable natural resources (Article 1). All lands of forest aptitude and the country's forests, whether state-owned or reduced to private domain, are subject to the purposes of the law. The forest regime is the set of provisions, among others, of a legal, economic, and technical nature, established by the law, its regulations, and other norms, that regulate the conservation, renewal, exploitation, and development of the country's forests and lands of forest aptitude. Therefore, to acquire forest property by usucaption, the exercise of forest possession is required. Article 7 of the Possessory Information Law, amended by the Forestry Law, established, before its amendment: \"Article 7.- When the property referred to in the information is comprised within a zone declared a national park, biological reserve, forest reserve, or protective zone, the titleholder must demonstrate having exercised ten-year possession at least ten years prior to the effective date of the respective law or decree that created the respective wilderness area. Farms that are outside those areas and that have forests may only be titled if the petitioner demonstrates having possessed them for ten or more years and having protected said natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated with fences or lanes.\" In other terms, the de facto power in forest possession falls upon the natural resource \"forests\" or \"lands of forest aptitude\", and the possessory acts must be directed toward its protection and conservation. Only if that is demonstrated could lands be acquired or registered in favor of said possessors. Otherwise, they would become part of the natural patrimony of the State (article 13 of the new Forestry Law), with an unseizable and inalienable character, and their possession will not give rise to any right in favor of private individuals (article 14 of the new Forestry Law).- \" (Agrarian Tribunal, vote No. 199 of March 24, 2009). In the present matter, it is inferred from the judicial inspection record visible at folio 54 that the property subject to titling is demarcated by clean lanes, fences, there is a part in pastureland, also forest, scrubland (charral), undergrowth (sotobosque), in the areas adjacent to the creeks with forest cover; the judge recorded that the forest is well protected, as are the margins of the creeks that cross and surround the property. On the other hand, according to the soil study certification, at folio 29, it is verified that the proper use of the soil has been exercised, and according to the certification at folio 6, this farm is not located in protected wilderness areas. Likewise, the witnesses [Nombre14], [Nombre15], and [Nombre2], at folios 57, 59, and 65, attest to the owner's possessory acts aimed at regenerating the forest resource of the property, he keeps it delimited, and protects it against burns. In this way, it is inferred that the forest and water resources have been protected on the property, according to the requirements of numeral 7 of the Possessory Information Law, for which reason the rejection of this challenge is appropriate.

IV.- Concerning the second grievance, the Attorney General is also not correct. This Tribunal considers that the evidence allows for proving the requirement of ten-year possession required by the Possessory Information Law. Witness [Nombre14] at folio 57 stated he has known the farm for about 25 years, and that the petitioner has possessed it for more than 10 years, he knows he acquired it from his father, and has not had problems with the possession. Deponent [Nombre15], at folio 59 indicated he has known the land for 35 years, and that the petitioner has possessed it for about 30 years, he keeps it delimited and without conflicts with third parties. In the same vein, the declarant [Nombre2], at folio 65 affirmed he has known the farm his entire life, and at the time of his statement indicated he was thirty-eight years old, thereby also proving he has known the farm for more than ten years and that the petitioner has possessed it for 10 years. The testimonial statements allow for deducing that the possession exercised by the petitioner has been in the capacity of owner, in a peaceful, public, uninterrupted manner, for more than ten years. Consequently, this grievance is rejected, and the judgment must be affirmed regarding what was the subject of the appeal.

THEREFORE:

In the appealed part, the judgment is affirmed.

ZYDIOESICPA61

[Nombre16] -

DECIDING JUDGE

2WQHGDBAFEQ61

[Nombre17]

[Nombre18] - DECIDING JUDGE

YBPUEYOZPXG61

[Nombre19]

[Nombre2] - DECIDING JUDGE

This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 08:32:37.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República