Res. 00907-2014 Tribunal Agrario — Titling of Forested Lands Outside Protected Areas Without Pre-Forestry-Law PossessionTitulación de terrenos boscosos fuera de ASP sin posesión decenal previa a Ley Forestal

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00907 - 2014

Fecha de la Resolución: 10 de Octubre del 2014 a las 09:27

Expediente: 03-160030-0188-AG

Redactado por: Vannessa Fisher González

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Posibilidad de titular terrenos boscosos fuera de áreas silvestres protegidas sin necesidad de probar la posesión decenal anterior a la declaratoria de patrimonio forestal del Estado.
Temas (descriptores): Bosques y terrenos forestales
Subtemas:
Posibilidad de titularlos fuera de áreas silvestres protegidas sin necesidad de probar la posesión decenal anterior a la declaratoria de patrimonio forestal del Estado.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

 

*031600300188AG*

EXPEDIENTE:

	

EXPN1




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




PROMOVENTE:

	

[Nombre1]  




PARTE:

	

ESTADO E INDER

 

VOTO N°  000907-F-2014

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las nueve horas y veintisiete minutos del diez de octubre de dos mil catorce.-

PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA, promovida por [Nombre1]    , mayor, casada una vez, ama de casa, vecina de Puntarenas, cédula de identidad CED1 -   -    . Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por [Nombre2]  , de calidades desconocidas en autos, en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica número CED2 -    -          - , representado por [Nombre3]  , mayor, casado una vez, perito agrónomo, vecino de San Francisco de Dos Ríos,  cédula de identidad CED3 -     -  , en su condición de presidente ejecutivo, con facultades de apoderado generalísimo sin limite de suma. Actúa como abogado director del  promovente, el licenciado Kenneth Muñoz Linkimer, cédula de identidad CED4 -     -  , colegiado trece mil cuatrocientos cuarenta y seis. Tramitado ante el  Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón.-

RESULTANDO:

          1.- La promovente interpuso proceso de información posesoria con el fin que se inscriban a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que se  describe así:"... Finca cuya naturaleza es de Montaña y Potrero. Situada en Santa Rosa del DISTRITO DOS Volcán, CANTÓN TRES Buenos Aires, de la PROVINCIA de Puntarenas. COLINDA: NORTE [Nombre4]  ; [Dirección1]         ; ESTE  [Nombre4]  , [Nombre5]   y [Nombre6]   y [Dirección2]  ,           y [Nombre7]  . MIDE: SETENTA Y CINCO HECTÁREAS TRES MIL SEISCIENTOS ONCE METROS CUADRADOS (753611 m2), tal como lo indica el plano catastrado número P-1636241-2013, inscrito en fecha 13 de febrero de 2013...".( folio 11, 347 y 348 ).

2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren a folio  29 a 32; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural se apersono al proceso  a folio 40,57 y 80.-

3.- El juez William Arburola Castillo, del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón, mediante sentencia número 209-2013, de las once horas siete minutos del veintiuno de noviembre del año dos mil trece, resolvió: “POR TANTO: De conformidad con los artículos 1,4,6,15,16, y 19 de la Ley de Informaciones Posesorias y 853, 856,y 860 del Código Civil SE APRUEBAN las presentes diligencias de Información Posesoria, sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Se ordena al Registro Público de la propiedad inscribir a nombre de  [Nombre1]   , mayor, casada una vez, ama de casa, vecina de Santa Rosa de Brunca de Volcán de Buenos Aires de Puntarenas, cédula CED5, la finca que se describe así: Finca cuya naturaleza es de Montaña y Potrero. Situada en Santa Rosa del DISTRITO DOS Volcán, CANTÓN TRES Buenos Aires, de la PROVINCIA de Puntarenas. COLINDA: NORTE Alderico Valverde Rodríguez; [Dirección1]         ; ESTE  Alderico Valverde Rodríguez, [Nombre5]   y [Nombre6]   y [Dirección2]  ,           y [Nombre7]  . MIDE: SETENTA Y CINCO HECTÁREAS TRES MIL SEISCIENTOS ONCE METROS CUADRADOS (753611 m2), tal como lo indica el plano catastrado número P-1636241-2013, inscrito en fecha 13 de febrero de 2013. Se estimó las presentes diligencias en la suma de dos millones de colones y el inmueble en la suma de dos millones de colones. La causa adquisitiva fue por compra. Los colindantes no se opusieron y el edicto fue publicado en el Boletín Judicial respectivo, el derecho de vía con respecto a la calle pública que colinda por el [Dirección3]    es de 14 metros. Debe la persona titulante evitar la corta o eliminación de árboles en el área de protección de las quebradas con la cual colinda la finca, así como las que hay en su interior, siendo su cauce y las corrientes de agua superficiales o temporales de dominio público. También las aguas superficiales y subterráneas existentes en el inmueble  son de dominio público y no forman parte de la finca. Queda afecto el inmueble a las reservas en cuanto a derechos de vía que disponen los artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19 inciso a) de la Ley de Informaciones Posesorias así como a lo que dispone los artículos 19, 33 y 34 de la Ley Forestal, también queda afectado a la Ley de Aguas artículos 1, 19,20,33 y 34. Firme esta resolución, expídase la certificación correspondiente.." (  folio 347 frente y vuelto a 348).-

4.- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de procuradora adjunta, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (350 a 357).

5. En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se nota la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.

Redacta la Jueza FISHER GONZÁLEZ y;

CONSIDERANDO

I. El Tribunal prohíja la relación de hechos probados contenida en el fallo recurrido por ser fiel reflejo del mérito de los autos.

II. La  Procuradora Adjunta expuso los siguientes agravios: 1) Consta que las presentes diligencias fueron aprobadas con base en el plano catastrado P-1636241-2013, el cual nunca fue puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la República. Lo remitido fue la copia de un croquis, sin número de plano en resolución de las 13:29 hrs del 25 de junio del 2012. Dicha omisión atenta contra el artículo  24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que dispone el deber de los Tribunales de suministrar copias a la representación del Estado. 2) Alega que la naturaleza del inmueble es boscosa o de montaña, y que los terrenos forestales y de bosque están afectos al dominio público, que es patrimonio natural del Estado.  Al menos desde la Ley Forestal 4465 de 1969, artículo33, reformada por Ley Forestal 7174 de 1990 (artículos 32 y 33) y carácter demanial que mantiene la Ley 7575, artículo 13 y 14. Aún cuando la legislación forestal permite titular inmuebles fueras de las áreas silvestres protegidas si se demuestra posesión decenal, haber protegido el recurso y tenerlo deslindado, ha de tenerse en cuenta esa declaratoria de dominio público. La aplicación armónica de dichas disposiciones lleva a concluir que los terrenos de bosque se pueden adquirir por usucapión si la misma se produjo antes de la afectación al dominio público. Cita sentencia de la Sala Constitucional 2008-016975. 3) Las declaraciones de los testigos no demostraron esa posesión decenal previa apta para usucapir. 4) Según jurisprudencia constitucional, voto 4587-97, la adquisición por usucapión debe de ser anterior a la afectación del bien al dominio público.  De igual forma el voto 15753 -2005 señala  que el derecho abolido sigue protegiendo los derechos adquiridos durante la vigencia de la ley (artículos 34 y 129 de la Constitución Política). La sentencia [Telf1] establece la irretroactividad de la ley para derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. En el mismo sentido el voto 738-2003, recoge el principio de supervivencia del derecho abolido, es decir, que la derogación de las normas  no produce efecto de derogar los derechos desarrollados al momento de ser vigentes. La sentencia 1119-90 de las 14:00 hrs del 18 de setiembre de 1990 resolvió en la misma línea, en el tanto las leyes y reglamentos continúan produciendo efectos jurídicos aún después de modificados o derogados, para regular aquellas situaciones nacidas bajo su vigencia. 5) En dictamen de la Procuraduría No. C-321-2003, se establece la imposibilidad jurídica de titular bienes de dominio público, lo que hace inaceptable las titulaciones posesorias o discusiones judiciales relativas a la tenencia  o "posesión" de espacios de dominio público en detrimento de la titularidad y posesión que de pleno derecho tiene el Estado. Estarían en franca contradicción con las reglas de la inalienabilidad e imprescriptibilidad  que gobiernan esos bienes. En varias sentencias de Casación, NO. 122 del 16 de noviembre de 1965, de 1958 (I Semestre de la Colección de Sentencias, p 376 y sig.) se repite ese principio que los bienes del Estado no prescriben negativamente. Asimismo en la sentencia de la Sala Primera No. 007-93 se señala que los bienes de dominio público no pueden ser enajenados, siendo consustancial a su naturaleza jurídica su no reducción al dominio privado bajo ninguna forma. De ahí que sean imprescriptibles. En el mismo sentido, en el voto  733-2000 del Tribunal Superior Contencioso Administrativo y 523-1994 y 665-2002 del Tribunal Agrario, se indica que los bienes sujetos a información posesoria son los que sean incuestionablemente de dominio privado. 6) En dictamen de la Procuraduría C-146-2008, se cita sentencia de la Sala Constitucional No. 2007-02063 en donde se quebranta el artículo 262 del Código Civil, lo cual hace que esos bienes no sean poseíbles, objeto de venta o gravables. Se reitera la inalienabilidad de los bienes demaniales, y su carácter extracomercial. Son insusceptibles de adquirirse por posesión. Se añade sentencia de la Sala Constitucional No. 012129-2005 y 10097-2006. La imprescriptibilidad es consecuencia directa de la inalienabilidad y va implícita la incomercialidad del demanio. Se cita como fuente doctrinaria a [Nombre8]  y [Nombre9]   y sentencia en ese sentido de la Sala Primera No. 7 de 1993.  La Sala Constitucional, en sentencias No. 6758-93 y 6192-95, ha señalado que la detentación abusiva y prolongada de esos bienes por los particulares no produce efectos adquisitivos, ni la tolerancia o tardanza de la Administración para repeler las acciones ilícitas otorgan ningún derecho a los ocupantes.   7) Así las cosas, por pretenderse titular un bien perteneciente al dominio público como lo es el Patrimonio Natural del Estado y por no haberse cumplido con los artículos 6 y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias debió de improbarse esta información posesoria.

III. No lleva razón la apelante en su primer agravio. En resolución de las diezhoras  y once minutos del once de junio del dos mil trece, se dispuso remitir por vía fax a la Procuraduría General de la República las manifestaciones hechas por la promovente a folios 333 a 336 y los documentos que se habían reservado  a folio 331 (ver resolución a folio 337). A su vez en ese folio 331 consta la resolución de las catorce horas y treinta y nueve minutos del diez de abril del dos mil trece, en la que se reservó el envío del nuevo plano P-1636241-2013 hasta que el promovente cumpliera con la cancelación del plano anterior. Así las cosas, cuando se dicta la resolución de las diez horas  y once minutos del once de junio del dos mil trece, se dispone precisamente el envío del plano. En virtud de lo anterior, se observa la constancia de notificación por fax a la Procuraduría, practicada el 18 de julio del 2013, visible a folio 334, de esa  resolución de las diez horas  y once minutos del once de junio del dos mil trece, al medio señalado [Telf2], para un total de 6 páginas transmitidas, lo que implica el envío de documentos. Por otro lado, en su escrito en el que se apersona la representación del Estado en la audiencia final no alega que le faltara el envío del plano, sino que acusa otro tipo de alegatos en virtud de los cuales debía de rechazarse por el fondo las diligencias. Así las cosas, al constar el envío del fax, debía la apelante demostrar que no recibió la copia del plano, pues conforme a los autos se deriva más bien lo contrario, lo que se refuerza con su conformidad en aspectos de forma o procedimiento esbozados en la audiencia final. Ciertamente con anterioridad se le había enviado un simple croquis (folio 309 a 320), pero ello posteriormente fue debidamente subsanado por la promovente, y enviado el nuevo plano, tal y como se expusiera. Por otro lado, en cuanto a los agravios enumerados 2),4), 5) 6) y 7) tampoco lleva razón la apelante.  De los autos se colige, propiamente del estudio de suelos  a folio 251, y reconocimiento judicial a folio 88 y 89, que parte del inmueble es de naturaleza de bosque, pero ello no implica que sea de dominio público. Ciertamente, tal y como lo indica la Procuraduría General de la República, y conforme se cita en la jurisprudencia constitucional que se le relaciona, los bienes demaniales no son susceptibles de ser adquiridos por usucapión, y por ende resultan imprescriptibles, inalienables, con una imposibilidad jurídica para titular, sin embargo, éste no es el supuesto que nos ocupa. Al no ostentar esa naturaleza, no le es aplicable esa jurisprudencia constitucional, de casación y de tribunales comunes, que se estableció para supuestos diversos.Tampoco es de recibo lo agraviado en cuanto a la titulación de zonas boscosas. Debe tenerse presente que las personas gozan del derecho de inscribir terrenos con cobertura boscosa, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, siempre y cuando cumplan todos los requisitos legales exigidos en los diversos cuerpos normativos aplicables (consúltese al respecto el voto 51 del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Dado lo argumentado por la parte recurrente, es importante aclarar que el Patrimonio natural del Estado esta "constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio " (artículo 13 de la Ley Forestal). Dichos terrenos forestales y bosques son efectivamente inembargables e inalienables (artículo 14 de dicha Ley). Su posesión por los particulares no les otorga derecho alguno y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante información posesoria (artículo 33). Sin embargo, el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, permite la titulación de zonas boscosas, exigiendo como requisitos específicos (adicionales a los generales de la Ley de Informaciones Posesorias) demostrar los derechos legales de posesión decenal, haber protegido el recurso natural y que el inmueble esté debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios. De esta forma, debe concluirse que el artículo  citado, contempla dos situaciones diferentes: a) La posibilidad de titular terrenos comprendidos dentro de áreas silvestres protegidas. En estos casos, la norma permite se titule siempre y cuando se haya consolidado el derecho de propiedad al menos diez años antes de la declaratoria de área silvestre protegida, pues tales forman parte del dominio público. b) La posibilidad de titular terrenos fuera de áreas silvestres protegidas y que tengan bosques. En este supuesto, la norma exige únicamente que el promovente demuestre "ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios ". No se especifica, como sucede con las áreas silvestres protegidas, que la posesión deba ser anterior a diez años antes de la declaratoria de patrimonio forestal del Estado, realizada por vez primera en la derogada Ley Forestal N°4465. Ello es entendible, pues si no sería un contrasentido lo permitido por el legislador al respecto. Es decir, si su intención hubiese sido no permitir la titulación de esas zonas boscosas luego de promulgarse la Ley Forestal de 1969 (que contiene la primera declaratoria de patrimonio forestal del Estado), lo correcto hubiese sido no permitir ese segundo supuesto. Pero como se analizó, el legislador ha mantenido una posición diferente. Por consiguiente, debe concluirse, a diferencia de la posición que mantiene la Procuraduría, que el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias (modificado al emitirse la vigente Ley Forestal 7575), autorizó en forma expresa la titulación de bienes inmuebles boscosos mediante este tipo de proceso.

IV. Bajo esta tesitura, y contrario a lo que sostiene la apelante en su tercer agravio, sí se demostró la posesión decenal en el inmueble, conforme a la naturaleza del bien. Todos los testigos declararon en el año  dos mil cuatro, de ahí que la posesión que refieren es anterior a esa fecha.  Así, el testigo [Nombre10]   expuso que conocía la finca desde hacía más de treinta años, que perteneció primero a [Nombre11]  y luego a la promovente, señala que ella la posee desde hace más diez años, la cual ha dedicado a agricultura, y que le consta se le da mantenimiento a los carriles, y que se le ha conocido públicamente como la dueña. Agrega,  ha protegido la montaña, las aguas, riveras de las quebradas, y que no permite que la gente entre a cazar (folio 89). En el mismo sentido, [Nombre12]  , manifestó conocer desde hace treinta años, coincidió en cuanto al primer dueño que tuvo el inmueble, y el tiempo de posesión de la promovente, que detalló ha tenido ganado, siembras de maíz, banano y plátano, y que a su vez cuida la montaña y las aguas (folio 90). De igual modo, [Nombre13]   declaró conocer  el inmueble desde hace veinte años, la cual se ha dedicado a ganado y pasto, y que la promovente protege los bosques y las aguas y no da permiso para montear (folio 91).  Por otro lado, en el reconocimiento judicial practicado se constató la posesión en las zonas de repastos y potrero, con una apariencia de finca ganadera, con un trapiche, casa de habitación un chiquero, un corral, ganado pastando y frutales. De igual modo,  la montaña se encontraba bien protegida, ubicada en la parte superior de la finca, y la existencia de las áreas de protección en las quebradas. Se evidenció la existencia de carriles que delimitan la montaña, como parte de la finca, al [Dirección4], [Dirección5] y [Dirección6] (folio 88 y 89). De acuerdo a lo expuesto, se ha cumplido con los presupuestos de fondo que exige el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, pues el área de bosque se encuentra delimitada con carriles y se ha protegido el recurso y ejercido la posesión por un espacio que supera los diez años. Además, se apreció que se trata de una unidad agroambiental, que en parte se destina a conservación y en parte a ganadería, actividad que se desarrolla en forma sostenible conforme al estudio de suelos aportado, supra citado, y se identifica  públicamente como una materialidad que está bajo la esfera posesoria de la promovente [Nombre1]   . De acuerdo a lo expuesto, se evidencia que el fundo acusa larga posesión en los términos de los artículos 7 y 9 de la Ley de Informaciones Posesorias, y que se ha conservado el sector de bosque y las franjas boscosas en las márgenes de los recursos hídricos existentes.  Lo anterior sin dejar de lado, se ha certificado el uso conforme del suelo, lo que evidencia el desarrollo de una actividad agraria sostenible y conforme a la naturaleza del bien.  Así las cosas procede confirmar el fallo.

POR TANTO

Se confirma la sentencia.-

 

 

AGPCVR6W1PW61

[Nombre14]   - JUEZ/A

DECISOR/A

 

 

G20OHZN9J1O61

[Nombre15]    -

JUEZ/A DECISOR/A

	

43ZVV53G8ECY61

[Nombre16]   - JUEZ/A

DECISOR/A

 

 

 

 

 

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:21:03.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

EXPEDIENTE:


EXPN1


PROCESO:


INFORMACIÓN POSESORIA


PROMOVENTE:


[Nombre1]


PARTE:


ESTADO E INDER


VOTO N° 000907-F-2014

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- At nine hours and twenty-seven minutes of the tenth of October of two thousand fourteen.-

PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA, initiated by [Nombre1], of legal age, married once, homemaker, resident of Puntarenas, identity card CED1 - - . Appearing in the proceeding are the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by [Nombre2], whose qualifications are unknown in the case file, in her capacity as deputy procurator; and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, legal identity number CED2 - -, represented by [Nombre3], of legal age, married once, agronomist, resident of San Francisco de Dos Ríos, identity card CED3 - , in his capacity as executive president, with powers as general attorney-in-fact without limit of sum. Acting as attorney for the petitioner is attorney Kenneth Muñoz Linkimer, identity card CED4 - , bar number thirteen thousand four hundred forty-six. Processed before the Juzgado Agrario of the Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón.-

RESULTANDO:

1.- The petitioner filed a possessory information proceeding (proceso de información posesoria) for the purpose of registering in her name in the Public Property Registry (Registro Público de la Propiedad) the farm (finca) described as follows: "... Farm (Finca) whose nature is Mountain (Montaña) and Pasture (Potrero). Located in Santa Rosa of DISTRITO DOS Volcán, CANTÓN TRES Buenos Aires, of the PROVINCIA of Puntarenas. BOUNDARIES: NORTH [Nombre4]; [Dirección1]; EAST [Nombre4], [Nombre5] and [Nombre6] and [Dirección2], and [Nombre7]. MEASURES: SEVENTY-FIVE HECTARES THREE THOUSAND SIX HUNDRED ELEVEN SQUARE METERS (753611 m2), as indicated in cadastral plan (plano catastrado) number P-1636241-2013, registered on February 13, 2013...". (folio 11, 347 and 348).

2.- The Procuraduría General de la República appeared in the proceeding on the terms set forth at folios 29 to 32; in turn, the Instituto de Desarrollo Rural appeared in the proceeding at folios 40, 57 and 80.-

3.- Judge William Arburola Castillo, of the Juzgado Agrario of the Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón, by judgment number 209-2013, of eleven hours seven minutes of the twenty-first of November of the year two thousand thirteen, ordered: “POR TANTO: In accordance with Articles 1, 4, 6, 15, 16, and 19 of the Ley de Informaciones Posesorias and 853, 856, and 860 of the Civil Code (Código Civil), the present possessory information (Información Posesoria) proceedings ARE APPROVED, without prejudice to any third party with a better right. The Public Property Registry (Registro Público de la propiedad) is ordered to register in the name of [Nombre1], of legal age, married once, homemaker, resident of Santa Rosa de Brunca de Volcán de Buenos Aires de Puntarenas, identity card CED5, the farm (finca) described as follows: Farm (Finca) whose nature is Mountain (Montaña) and Pasture (Potrero). Located in Santa Rosa of DISTRITO DOS Volcán, CANTÓN TRES Buenos Aires, of the PROVINCIA of Puntarenas. BOUNDARIES: NORTH Alderico Valverde Rodríguez; [Dirección1]; EAST Alderico Valverde Rodríguez, [Nombre5] and [Nombre6] and [Dirección2], and [Nombre7]. MEASURES: SEVENTY-FIVE HECTARES THREE THOUSAND SIX HUNDRED ELEVEN SQUARE METERS (753611 m2), as indicated in cadastral plan (plano catastrado) number P-1636241-2013, registered on February 13, 2013. The present proceedings were appraised at the sum of two million colones and the property at the sum of two million colones. The acquisitive cause was by purchase. The adjoining landowners did not object and the edict (edicto) was published in the respective Judicial Bulletin (Boletín Judicial), the right-of-way with respect to the public road that bounds on the [Dirección3] is 14 meters. The titleholder must avoid the cutting or elimination of trees in the protection area of the streams (quebradas) with which the farm adjoins, as well as those within it, its watercourse and surface or temporary water flows being of public domain. Also the surface and underground waters existing on the property are of public domain and do not form part of the farm. The property remains subject to the reservations regarding rights-of-way set forth in Articles 4 of the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos) and 19 subsection a) of the Ley de Informaciones Posesorias, as well as to the provisions of Articles 19, 33 and 34 of the Ley Forestal, and it is also subject to the Water Law (Ley de Aguas) Articles 1, 19, 20, 33 and 34. Once this decision is final, issue the corresponding certification..." (folio 347 front and back to 348).-

4.- Licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as deputy procurator, filed an appeal (recurso de apelación) with express indication of the reasons for which she refutes the thesis of the lower court (Juzgado de instancia), (350 to 357).

5. In the processing of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, and the existence of errors or omissions in the judgment capable of producing its nullity is not noted.

Drafted by Judge FISHER GONZÁLEZ and;

CONSIDERANDO

I. The Tribunal endorses the statement of proven facts contained in the appealed judgment as it is a faithful reflection of the merit of the case file.

II. The Deputy Procurator raised the following grievances: 1) It is recorded that the present proceedings were approved based on cadastral plan (plano catastrado) P-1636241-2013, which was never made known to the Procuraduría General de la República. What was sent was the copy of a sketch (croquis), without a plan number, in the decision of 13:29 hrs on June 25, 2012. This omission violates Article 24 of the Organic Law of the Procuraduría General de la República (Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República), which sets forth the duty of the Courts to provide copies to the State’s representation. 2) She alleges that the nature of the property is forested (boscosa) or mountain (montaña), and that forest (terrenos forestales) and wooded lands (terrenos de bosque) are subject to public domain, which is the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado). At least since Ley Forestal 4465 of 1969, Article 33, amended by Ley Forestal 7174 of 1990 (Articles 32 and 33) and public domain character maintained by Ley 7575, Articles 13 and 14. Even though forestry legislation allows titling of properties outside protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) if decennial possession (posesión decenal) is demonstrated, the resource has been protected and it is properly demarcated, that declaration of public domain must be taken into account. The harmonious application of those provisions leads to the conclusion that wooded lands can be acquired by usucapion (usucapión) if it occurred before the land was affected to public domain. She cites judgment of the Sala Constitucional 2008-016975. 3) The witness statements did not demonstrate that prior decennial possession (posesión decenal) suitable for usucapion (usucapión). 4) According to constitutional jurisprudence, voto 4587-97, acquisition by usucapion (usucapión) must be prior to the property’s being affected to public domain. Similarly, voto 15753-2005 indicates that the abolished law continues protecting rights acquired during the law’s validity (Articles 34 and 129 of the Political Constitution (Constitución Política)). The judgment [Telf1] establishes the non-retroactivity of the law for acquired rights and consolidated legal situations. In the same sense, voto 738-2003 incorporates the principle of survival of the abolished law, that is, that the repeal of norms does not produce the effect of repealing the rights developed at the time they were in force. Judgment 1119-90 of 14:00 hrs on September 18, 1990 held in the same line, insofar as laws and regulations continue to produce legal effects even after being amended or repealed, to regulate those situations born under their validity. 5) In Procuraduría Opinion No. C-321-2003, the legal impossibility of titling public domain property is established, which makes unacceptable possessory titling (titulaciones posesorias) or judicial discussions relative to the holding or "possession" of public domain spaces to the detriment of the ownership (titularidad) and possession that the State has by operation of law. They would be in direct contradiction with the rules of inalienability (inalienabilidad) and imprescriptibility (imprescriptibilidad) that govern those property. In several Cassation judgments, No. 122 of November 16, 1965, of 1958 (I Semester of the Colección de Sentencias, p 376 et seq.), that principle that State property is not subject to negative prescription is repeated. Likewise, in Sala Primera judgment No. 007-93 it is indicated that public domain property cannot be alienated, it being consubstantial to their legal nature that they not be reduced to private domain under any form. Hence, they are imprescriptible. In the same sense, in voto 733-2000 of the Tribunal Superior Contencioso Administrativo and 523-1994 and 665-2002 of the Tribunal Agrario, it is indicated that property subject to possessory information (información posesoria) are those that are unquestionably of private domain. 6) In Procuraduría Opinion C-146-2008, judgment of the Sala Constitucional No. 2007-02063 is cited, where Article 262 of the Civil Code (Código Civil) is breached, which makes those property not possessable, subject to sale, or lienable. The inalienability (inalienabilidad) of public domain property, and their extracommercial character, are reiterated. They are not susceptible to being acquired by possession. Judgment of the Sala Constitucional No. 012129-2005 and 10097-2006 is added. Imprescriptibility (Imprescriptibilidad) is a direct consequence of inalienability (inalienabilidad) and the non-transferability (incomercialidad) of public domain is implicit. [Nombre8] and [Nombre9] are cited as doctrinal sources, and judgment in that sense of the Sala Primera No. 7 of 1993. The Sala Constitucional, in judgments No. 6758-93 and 6192-95, has indicated that the abusive and prolonged occupation (detentación) of those property by individuals does not produce acquisitive effects, nor does the tolerance or delay of the Administration in repelling the illicit actions grant any right to the occupants. 7) Thus, because the petition seeks to title property belonging to the public domain, such as the Patrimonio Natural del Estado, and because Articles 6 and 7 of the Ley de Informaciones Posesorias were not complied with, this possessory information (información posesoria) should have been rejected.

III. The appellant is not correct in her first grievance. In the decision of ten hours and eleven minutes of the eleventh of June of two thousand thirteen, it was ordered to send by fax to the Procuraduría General de la República the statements made by the petitioner at folios 333 to 336 and the documents that had been reserved at folio 331 (see decision at folio 337). In turn, at that folio 331 is the decision of fourteen hours and thirty-nine minutes of the tenth of April of two thousand thirteen, in which the sending of the new plan P-1636241-2013 was reserved until the petitioner complied with the cancellation of the previous plan. Thus, when the decision of ten hours and eleven minutes of the eleventh of June of two thousand thirteen is rendered, it orders precisely the sending of the plan. By virtue of the foregoing, the record of notification by fax to the Procuraduría appears, carried out on July 18, 2013, visible at folio 334, of that decision of ten hours and eleven minutes of the eleventh of June of two thousand thirteen, to the address indicated [Telf2], for a total of 6 pages transmitted, which implies the sending of documents. Moreover, in its brief in which the State’s representation appears at the final hearing, it does not allege that it lacked the sending of the plan, but rather it raises other types of arguments by virtue of which the proceedings should be rejected on the merits. Thus, since the sending of the fax is recorded, the appellant had to demonstrate that she did not receive the copy of the plan, because according to the case file the contrary is rather inferred, which is reinforced by her conformity regarding aspects of form or procedure outlined in the final hearing. Certainly, previously a simple sketch (croquis) had been sent to her (folio 309 to 320), but that was subsequently duly corrected by the petitioner, and the new plan sent, as stated. Moreover, with respect to grievances numbered 2), 4), 5), 6) and 7) the appellant is also not correct. From the case file it is deduced, properly from the soil study (estudio de suelos) at folio 251, and judicial inspection (reconocimiento judicial) at folios 88 and 89, that part of the property is of forest (bosque) nature, but that does not imply that it is of public domain. Certainly, as the Procuraduría General de la República indicates, and as cited in the constitutional jurisprudence related to it, public domain property are not susceptible to being acquired by usucapion (usucapión), and therefore are imprescriptible, inalienable, with a legal impossibility to title; however, this is not the case before us. Since it does not have that nature, that constitutional, cassation, and ordinary court jurisprudence, which was established for different cases, is not applicable. Nor is the claim regarding the titling of forested (zonas boscosas) areas receivable. It must be borne in mind that individuals enjoy the right to register lands with forest cover (cobertura boscosa), within or outside protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), provided they meet all the legal requirements demanded in the various applicable normative bodies (consult in this regard voto 51 of May 26, 1995, of the Sala Primera of the Corte Suprema de Justicia). Given what the appellant argued, it is important to clarify that the Patrimonio Natural del Estado is "constituted by the forests (bosques) and forest lands (terrenos forestales) of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms (fincas) registered in its name and of those belonging to municipalities, autonomous institutions and other bodies of the Public Administration, except property that guarantee credit operations with the National Banking System (Sistema Bancario Nacional) and become part of its heritage" (Article 13 of the Ley Forestal). Said forest lands (terrenos forestales) and forests (bosques) are effectively unseizable and inalienable (Article 14 of said Law). Their possession by individuals grants them no right whatsoever and the State’s action for recovery (acción reivindicatoria) for these lands is imprescriptible. Consequently, they are not susceptible to registration in the Public Registry (Registro Público) by means of possessory information (información posesoria) (Article 33). However, Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias permits the titling of forested zones (zonas boscosas), requiring as specific requirements (additional to the general ones of the Ley de Informaciones Posesorias) the demonstration of the legal rights of decennial possession (posesión decenal), having protected the natural resource, and that the property be duly demarcated and with fences or clean lanes (carriles). In this way, it must be concluded that the cited article contemplates two different situations: a) The possibility of titling lands comprised within protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas). In these cases, the norm allows titling provided the right of ownership was consolidated at least ten years before the declaration of the protected wilderness area (área silvestre protegida), since such areas form part of the public domain. b) The possibility of titling lands outside protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) that have forests (bosques). In this case, the norm only requires that the petitioner demonstrate "being the holder of the legal rights of decennial possession (posesión decenal), exercised for at least ten years and having protected that natural resource, on the understanding that the property must be duly demarcated and with fences or clean lanes (carriles)." It is not specified, as is the case with protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), that the possession (posesión) must be prior to ten years before the declaration of the State’s forest heritage (patrimonio forestal del Estado), made for the first time in the repealed Ley Forestal No. 4465. This is understandable, because otherwise what is permitted by the legislator in this regard would be a contradiction. That is, if the intention had been not to permit the titling of those forested zones (zonas boscosas) after the enactment of the Ley Forestal of 1969 (which contains the first declaration of the State’s forest heritage (patrimonio forestal del Estado)), the correct approach would have been not to permit that second scenario. But as analyzed, the legislator has maintained a different position. Consequently, it must be concluded, contrary to the position maintained by the Procuraduría, that Article seventh of the Ley de Informaciones Posesorias (amended upon the issuance of the current Ley Forestal 7575) expressly authorized the titling of forested real property (bienes inmuebles boscosos) through this type of proceeding.

IV. Under this approach, and contrary to what the appellant maintains in her third grievance, decennial possession (posesión decenal) of the property was indeed demonstrated, in accordance with the nature of the property. All the witnesses testified in the year two thousand four, hence the possession (posesión) they refer to is prior to that date. Thus, the witness [Nombre10] testified that he had known the farm (finca) for more than thirty years, that it first belonged to [Nombre11] and then to the petitioner, he states that she has possessed it for more than ten years, that she has dedicated it to agriculture, and that he knows that the lanes (carriles) are maintained, and that she has been publicly known as the owner. He adds, she has protected the mountain (montaña), the waters, the banks of the streams (quebradas), and that she does not allow people to enter to hunt (folio 89). In the same sense, [Nombre12] stated that he had known it for thirty years, he agreed as to the first owner the property had, and the time of possession (posesión) of the petitioner, which he detailed has had cattle, corn, banana and plantain plantings, and that in turn she takes care of the mountain (montaña) and the waters (folio 90). Similarly, [Nombre13] testified that he had known the property for twenty years, that it has been dedicated to cattle and pasture, and that the petitioner protects the forests (bosques) and the waters and does not grant permission to hunt (folio 91). On the other hand, in the judicial inspection (reconocimiento judicial) conducted, possession (posesión) in the grazing areas and pasture (potrero) was verified, with the appearance of a livestock farm (finca ganadera), with a sugar mill (trapiche), a dwelling house, a pigsty, a corral, grazing cattle and fruit trees. Likewise, the mountain (montaña) was well protected, located on the upper part of the farm (finca), and the existence of the protection areas on the streams (quebradas) was noted. The existence of lanes (carriles) that delimit the mountain (montaña), as part of the farm (finca), on the [Dirección4], [Dirección5] and [Dirección6] was evident (folio 88 and 89). According to the foregoing, the substantive requirements that Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias demands have been met, because the forest (bosque) area is delimited with lanes (carriles) and the resource has been protected and possession (posesión) exercised for a period exceeding ten years. Furthermore, it was observed that it is an agro-environmental unit (unidad agroambiental), which is partly destined for conservation and partly for livestock, an activity that is developed in a sustainable manner according to the soil study (estudio de suelos) provided, supra cited, and is publicly identified as a materiality that is under the possessory sphere of the petitioner [Nombre1]. According to the foregoing, it is evident that the property (fundo) demonstrates long possession (posesión) in the terms of Articles 7 and 9 of the Ley de Informaciones Posesorias, and that the forest (bosque) sector and the wooded strips (franjas boscosas) on the margins of the existing water resources have been conserved. The foregoing, without leaving aside that the compliant use of the soil has been certified, which evidences the development of a sustainable agricultural activity in accordance with the nature of the property. Thus, it is appropriate to confirm the judgment.

POR TANTO

The judgment is confirmed.-





AGPCVR6W1PW61

[Nombre14] - JUEZ/A

DECISOR/A



G20OHZN9J1O61

[Nombre15] -

JUEZ/A DECISOR/A


43ZVV53G8ECY61

[Nombre16] - JUEZ/A

DECISOR/A









It is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 22-03-2026 08:21:03.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República