Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)VI.- SOBRE EL FONDO: El punto a dilucidar es pues, si efectivamente las entidades accionadas incurrieron en una omisión, al no cumplir con una obligación impuesta por el legislador en el artículo 5 de la Ley Indígena. Ha quedado acreditado que ni el Decreto Ejecutivo No. 6036-G, publicado en la Gaceta del 12 de Junio de 1976, ni la Ley Indígena afectó a la finca del Partido de San José No. 36084-000, y esta estuvo siempre fuera de la Reserva y se encontraba para todos los efectos dentro del comercio de los hombres. También quedó acreditado que conforme al historial registral de la finca; esta fue inscrita desde el año de 1903 y adquirida por el señor Pedro Jiménez Mora, cédula 1-172-487 el día 20 de noviembre de 1973, y el día 04 de marzo de 2003, la adquirió la sociedad actora de la señora Gladys Guevara Vega, Margarita Jiménez Guevara, Beatriz Jiménez Guevara y Sergio Jiménez Guevara. Nótese que la titularidad de la sociedad actora es como propietaria registral del inmueble y no como poseedora de buena fe. Luego, se tiene que el Poder Ejecutivo por Decreto No. 29452-G del 16 de abril de 2001, amplió los límites de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí de Mora y conforme al peritaje realizado por el Ingeniero Topógrafo Mauricio Mora Porras, la propiedad No. 36084-000 quedó absorbida dentro de los nuevos límites de la Reserva, sin que a la fecha se hayan realizado las diligencias de reubicación o expropiación que le impuso el artículo 5) de la Ley Indígena al INDER y a la CONAI.
Corolario de lo anterior, es que la Cámara considera que efectivamente las accionadas han incurrido en una conducta omisiva y por ende se debe acoger la demanda parcialmente, ordenándoseles al INDER y a la CONAI para que en el plazo máximo de 1 un mes a partir de la firmeza del presente fallo, procedan a realizar las diligencias expropiatorias del inmueble del partido de San José No. 36084-000 con una cabida de 68,066.24 metros cuadrados con Plano Catastrado No. SJ-1-894058-2003, conforme a lo que les obliga el artículo 5) de la Ley Indígena. En todo lo demás se rechaza la demanda.
English (translation)VI.- ON THE MERITS: The point to be resolved is whether the defendant entities indeed incurred in an omission by failing to comply with an obligation imposed by the legislator in Article 5 of the Indigenous Law. It has been proven that neither Executive Decree No. 6036‑G, published in La Gaceta of June 12, 1976, nor the Indigenous Law affected farm No. 36084‑000 of the San José Party, and it was always outside the Reserve and was for all purposes within commerce. It has also been proven according to the property's registry history that it was registered since 1903 and acquired by Mr. Pedro Jiménez Mora, ID 1‑172‑487, on November 20, 1973, and on March 4, 2003, it was acquired by the plaintiff company from Mrs. Gladys Guevara Vega, Margarita Jiménez Guevara, Beatriz Jiménez Guevara, and Sergio Jiménez Guevara. Note that the plaintiff company holds registered ownership of the property, not possession in good faith. Subsequently, it is established that the Executive Branch, through Decree No. 29452‑G of April 16, 2001, expanded the boundaries of the Huetar de Quitirrisí de Mora Indigenous Reserve, and according to the expert report by licensed surveyor Mauricio Mora Porras, property No. 36084‑000 was absorbed within the new boundaries of the Reserve, yet to date the relocation or expropriation proceedings required by Article 5 of the Indigenous Law have not been carried out by INDER and CONAI.
As a corollary of the above, the Chamber finds that the defendants have indeed incurred in an omission and therefore the claim must be partially granted, ordering INDER and CONAI to, within a maximum period of one month from the finality of this judgment, carry out the expropriation proceedings for the property of the San José Party, No. 36084‑000, with an area of 68,066.24 square meters, with Cadastral Plan No. SJ‑1‑894058‑2003, in accordance with their obligation under Article 5 of the Indigenous Law. The claim is otherwise dismissed.
Partially granted
Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Resolución Nº 00023 - 2019 Fecha de la Resolución: 29 de Marzo del 2019 a las 11:18 Expediente: 14-005427-1027-CA Redactado por: José Iván del Socorro Salas Leitón Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con Voto Salvado Normativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José, Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, Convenio OIT N° 169, Declaración universal de derechos humanos Normativa internacional Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Indemnización por expropiación Subtemas: Omisión de la administración de realizar las diligencias de reubicación o expropiación en caso de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí de Mora cuyos límites territoriales fueron ampliados. Consideraciones acerca de la tutela de la propiedad privada y regulación sobre la propiedad indígena. Tema: Propiedad indígena Subtemas: Omisión de la administración de realizar las diligencias de reubicación o expropiación en caso de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí de Mora cuyos límites territoriales fueron ampliados. Consideraciones acerca de la tutela de la propiedad privada y regulación sobre la propiedad indígena. Tema: Conducta Administrativa Subtemas: Omisión de la administración de realizar las diligencias de reubicación o expropiación en caso de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí de Mora cuyos límites territoriales fueron ampliados. Tipos de inactividad de la administración y presupuestos para determinar la conducta omisiva. "V.- DE LA TUTELA DE PROPIEDAD PRIVADA Y LA REGULACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD INDÍGENA: Conforme a lo expuesto, la actora planteó proceso impugnando la conducta omisiva, del INDER y de la CONAI con su obligación de cumplir con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley No. 6172 "Ley Indígena" lo cual consiste en realizar las expropiaciones y pagar los fundos afectados, ya que su inmueble No. 36084-000 con plano catastrado No SJ-1008095-2005, fue absorbida por el Decreto Ejecutivo No. 29452-G del 16 de abril 2001, que amplió los límites de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí de Mora, por lo que solicita se condene a las accionadas a realizar junto al Ministerio de Hacienda, en un plazo razonable, el avalúo que indica la Ley de Expropiaciones y una vez que se cuente con el valor real, se condene a las demandadas a abonarle la respectiva indemnización, mas sus intereses hasta su efectivo pago e indexación, que por derecho le corresponde, producto de la declaratoria de reserva indígena, que afectó su propiedad. Tal y como se referenció supra, la representación de la CONAI alega que a la sociedad actora no le corresponde la indemnización que reclama en razón que las tierras que registralmente se encuentran a su nombre, han pertenecido desde tiempos inmemoriables a la Comunidad Indígena, las cuales ya se encontraban afectas a ese fin con la emisión de la Ley de Terrenos Baldíos, Ley No. 13 del 10 de enero de 1939. Que en 1959 se ratificó el Convenio 107 de la OIT, en el que el Estado se comprometió a reconocer las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas y la Ley Indígena de 1977, por lo que cualquier negocio entre particulares con dichas tierras es absolutamente nulo, por tratarse de bienes ajenos a sus poseedores y que están fuera del comercio de los hombres. Aunado a ello, indicó que la actora actuó de mala fe, pues adquirió el inmueble el día 12 de mayo de 2003 y que la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí, fue ampliada por Decreto No. 29452-G del 16 de abril de 2001, de forma que lo hizo a sabiendas que adquiría un bien dentro de una reserva indígena, circunstancia que lo torno en un poseedor de mala fe, por lo que no se le está violentando su derecho de propiedad. Y que en todo caso son las Asociaciones de Desarrollo Indígenas las que deben determinar cuáles personas tienen derecho a la reclamación sobre tierras obtenidas de buena fe y antes de la declaratoria de Reserva Indígena, ya que la CONAI sólo se encarga de realizar el procedimiento de expropiación. Por su parte la representación del INDER, cuestionó la validez de la certificación emitida por el Departamento de Estudios Territoriales de la CONAI No. CDET-068-14 de fecha 10 de junio de 2014, bajo el alegato de que tal Departamento carece de competencia para esos efectos, ya que a la CONAI lo que le compete es la coordinación y asesoría de la comunidades indígenas, y no indicar si un inmueble fue adquirido por un no indígena de buena fe o que el inmueble se encuentra dentro de una reserva. Que la actora al haber obtenido el inmueble posterior a la vigencia del Decreto No. 29452-2001 lo hizo de mala fe, y al estar afecto dicho inmueble a las limitaciones de la Ley Indígena, dicho negocio jurídico se tornó nulo de manera absoluta y por lo tanto incumplen con el requisito que exige el artículo 5 de la Ley Indígena (buena fe) para ser indemnizados. También alegó que los recursos para indemnizar las expropiaciones deben provenir del Gobierno Central y no del presupuesto del INDER, y que de utilizar recursos del INDER para indemnizar expropiaciones de inmuebles ubicados en reservas indígenas sería contrario a lo dispuesto en su Ley de creación No. Placa4583 y a lo indicado en el artículo 110.e de la Ley de la Administración Financiera de la Repúblicas y Presupuestos Públicos No. 8131 y que al INDER conforme a la Ley Indígena le corresponde únicamente delimitar los terrenos que conforman las reservas indígenas, y realizar los estudios y trámites de expropiación junto a la CONAI y proveer de terrenos necesarios para reubicar a los propietarios no indígenas cuando ello proceda. Trabada así la litis, corresponde estos analizar por parte de la Cámara si efectivamente las instituciones accionadas incurrieron en una omisión al no haber realizado las diligencias útiles y necesarias a efectos de que procedieran a la expropiación de la finca del Partido de San José No. 36084-000, con plano catastrado del Partido de San José asociado No. SJ-1008095-2005. Para el voto de mayoría, en primer lugar se debe partir de la protección que la Constitución Política brinda a la propiedad privada como derecho fundamental reconocido expresamente en su artículo 45). Dicho artículo señala: "La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social." Si bien el artículo consagra la inviolabilidad de la propiedad privada, si dejó la posibilidad de que por razones de interés público, dicho derecho ceda, claro está, previa indemnización del valor del bien expropiado. Así, el derecho de propiedad no es absoluto y en determinadas circunstancias dicho derecho puede ser afectado en razón de un interés publico, a condición de que el titular del derecho sea compensado económicamente en razón de su sacrificio. Se trata de un daño ocasionado por la Administración en aplicación de una ley, es decir, se trata de un daño por funcionamiento legítimo y conducta normal. Es por ello que la Ley General de la Administración Pública a partir de su artículo 190) desarrolla la garantía en cuanto al deber de indemnizar por ese tipo de daño con las limitaciones que el artículo 194) establece. Este artículo señala: "1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del administrado en forma especial, por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la lesión. 2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al momento de su pago, pero no el lucro cesante. 3. El Estado será responsable por los daños causados directamente por una ley, que sean especiales de conformidad con el presente artículo." De esta forma tenemos que existe un deber de indemnizar cuando la propiedad privada es expropiada por parte del Estado o sus instituciones, por razones de interés público, sin que pueda obviar dicha obligación de manera válida. Y paralelamente a la expropiación debe establecerse las diligencias tendientes a fijar la indemnización patrimonial respectiva. En el caso de la propiedad indígena tenemos que el Estado costarricense en el ejercicio de sus competencias ratificó en el año de 1959 el Convenio 107 de la OIT, en el que se dispuso en sus artículos 12, 13 y 14 la obligación de los Estados partes del Convenio en reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor de los miembros de las poblaciones indígenas sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas y la asignación de tierras adicionales a dichas poblaciones cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico. Luego, Costa Rica mediante algunos decreto ejecutivos fue creando reservas indígenas bajo lo establecido en el Convenio, dotando de tierras a las poblaciones indígenas de las zonas así declaradas. En el caso de la Reserva Indígena de Quitirrisí de Mora, esta fue establecida por Decreto Ejecutivo N° 6036-G "La Gaceta" N° 113 del 12 de Junio de 1976. Luego la Asamblea Legislativa emitió la Ley Indígena No. 6172 del 29 de noviembre de 1979, en la que reiteró la condición de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí creada por Decreto Ejecutivo N° 6036-G. Posteriormente por Decreto Ejecutivo N° 10707- G " La Gaceta" N 210 del 8 de Noviembre de 1979, dicha reserva fue delimitada como "Caserío Indígena". Finalmente, por Decreto No. 29452-G del 16 de abril de 2001, el Poder Ejecutivo con fundamento en lo que disponen los incisos 3) y 18 del artículo 140 de la Constitución Política, la Ley Indígena N° 6172 del 20 de Noviembre de 1977 y la Ley 7316 del Convenio Internacional N° 169 de la O.I.T. y considerando que para para delimitar la Reserva Indígena de Quitirrisí, no se realizaron los estudios científicos o al menos técnicos, que con objetividad establecieran un área prudencial para esa Reserva, por lo que el área no guardaba de manera alguna el reflejo de la realidad de la Comunidad Indígena de Quitirrisí, por lo que se debía otorgar a esa Comunidad una Reserva con una delimitación acorde a su vida cultural y socio-económica, en función de su desarrollo y por lo tanto dispuso modificar sus límites de la siguiente manera: "...La Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí se localiza por las siguientes coordenadas: Partiendo del punto de coordenadas N 207 600 E 511 950 punto de intersección entre la Quebrada Honda y la Dirección3796 - . Se sigue aguas arriba por la Quebrada Honda, hasta la unión con uno de sus afluentes en coordenadas N 207 610 E 512 090. Continúa por el afluente aguas arriba, hasta el punto de coordenadas N 208 450 E 513 650. El lindero de la Reserva Indígena sigue por los puntos de coordenadas: N 208 500 E 514 575 N 207 975 E 515 100 ( HITO 1813) N 207 650 E 5l5 675 N 207 350 E 5l5 300 naciente en el mapa de la Quebrada Barro. Se sigue aguas abajo por esta quebrada hasta el punto de coordenadas N 205 000 E 513 400. De ahí un Oeste franco al punto de coordenadas N 205 000 E 511 825, punto que interseca la quebrada Mina. Se continúa al punto de coordenadas N 205 050 E 511 725 donde se interseca la Quebrada Mónica. El límite de la Reserva continúa aguas abajo por la Quebrada Mónica, hasta el punto de coordenadas N 204 550 E 510 950. Se sigue al punto de coordenadas N 204 600 E 510 l00 donde se interseca la Quebrada Mata, continuando aguas arriba por esta Quebrada hasta el punto de coordenadas N 205 100 E 509 250. Se continúa al punto de coordenadas N 205 000 E 509 350; carretera entre Morado y Guayabo. Se sigue por la carretera de Guayabo hasta el punto de coordenadas N 205 550 E 508 675, punto de intersección entre la carretera a Guayabo y la carretera Ciudad Colón. De este punto se sigue por una recta, al punto de coordenadas N 205 650 E 508 550. De ahí se sigue por una Quebrada (representada en el Mapa por curvas de nivel) aguas abajo, hasta su confluencia con el Río Jaris en coordenadas N 206 600 E 508 050. Sigue el lindero aguas abajo por el Río Jaris hasta el punto de coordenadas N 208 750 E 504 900. Punto donde confluye la Quebrada Pita sobre el Río Jaris. Se sigue aguas arriba por esta Quebrada Pita, hasta su naciente en el mapa en coordenadas N 209 660 E 506 215. De ahí una recta a punto de coordenadas N 209 900 E 506 500, punto que interseca el camino Guaco. Se sigue por este camino con rumbo sureste, hasta el punto de coordenadas N 208 575 E 508 205. De ahí se continúa por una trocha rumbo noroeste, hasta la intersección de esta trocha con la Quebrada Chavarría en coordenadas N 209 275 E 509 650. Se continúa aguas abajo por la quebrada Chavarría, hasta su confluencia con la quebrada Honda en coordenadas N 209 445 E 509 775; para continuar aguas arriba por la Quebrada Honda hasta el punto coordenadas N 207 600 E 5ll 950. Punto inicial de la presente descripción..." Así pues el Poder Ejecutivo, en tutela de los derechos de las comunidades indígenas conforme a lo que se dispuso en los Convenios suscritos por el país y a la legislación nacional, acordó ampliar los límites territoriales de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí, con lo que necesariamente abarcó propiedades que al momento en que se creó la reserva, no fueron afectadas y por ende carecían de todo tipo de limitación, y se encontraban dentro del comercio de los hombres, pero que al momento en que fueron absorbida, por la reserva quedaron afectas a lo que al respecto dispone la Ley Indígena y por ende surge sin duda, el deber del Estado de indemnizar la propiedad conforme a lo que señala el artículo 45 de la carta magna. Y es que en cuanto a la potestad de expropiar para la creación o ampliación de las reservas indígenas, la Ley Indígena señala en lo que interesa en su artículo 5): "...En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. (Así reformado por el artículo 65, inc. d) de la Ley Nº 7495 de 3 de mayo de 1995). Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI...". Conforme a la literalidad del citado artículo, le corresponde al ITCO hoy INDER, reubicar a los no indígenas que posean propiedades o fuesen poseedores de buen fe en tierras declaradas como reserva indígena y en caso de que no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. Se trata entonces de una potestad-deber del INDER en coordinación con la CONAI de expropiar e indemnizar a los propietarios o poseedores de buena fe de los terrenos afectos a una Reserva Indígenas cuando los titulares del derecho no quisieren o no fuese posible reubicarlos en otros terrenos. Nótese que el legislador utilizó el verbo "deberá", lo que constituye un termino ordenatorio y no potestativo, como por ejemplo "podrá". De esta forma el INDER según la Ley Indígena, tiene el deber legal junto a la CONAI, de realizar los estudios y trámites de expropiación e indemnización conforme a lo establecido en la Ley de Expropiaciones, y de esta forma lograr un equilibrio entre los derechos de los pueblos indígenas a ocupar tierras conforme a la Ley Indígena y Convenios suscritos; pero paralelamente se le respete el derecho a la indemnización de los no indígenas, que en su momento inscribieron fincas en el marco de la publicidad registra, por no existir limitación al respecto, y que posteriormente fueron abarcadas en zonas declaradas reservas indígenas. En cuanto a la preocupación de la representación del INDER en torno a la finalidad de los fondos destinados a esa institución, resulta oportuno traer a colación lo indicado por la Sala Primera, al respecto: "...Luego, su preocupación en torno a que de cumplirse con el fallo, la Institución, o su Junta Directiva, contravengan las normas que definen sus finalidades, resultan infundadas, toda vez el pronunciamiento jurisdiccional presupone la omisión del cumplimiento de una función que le fue asignada por una ley especial, de modo que el análisis sobre su marco competencial no puede entenderse constreñido a su ley de creación, si otras reglas de igual rango le confieren tareas adicionales, lo que en todo caso no resulta irrazonable o improbable, tomando en cuenta la antigüedad de creación de la Institución, y la comprensión y atención de nuevas necesidades sociales que deben ser solventadas por el Estado, a través de su complejo entramado...". (RES: 001604-F-S1-2012. SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.San José, a las nueve horas del seis de diciembre de dos mil doce.) Por último; si bien el artículo 3 de la Ley Indígena saca del comercio de los hombres la tierras dentro de las reservas indígenas al declararlas inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan, como garantía para las poblaciones indígenas a gozar de dichas tierras; lo cierto es que dicha garantía se debe entender en armonía con la garantía constitucional a la inviolabilidad de la propiedad privada, y que en caso de interés público se debe indemnizar al expropiado por la pérdida del bien. De esta forma, si el Estado o sus instituciones no expropian e indemnizan como es su deber, no puede obviar válidamente tal obligación, pues la norma legal (Ley Indígena) choca de frente con la norma constitucional que es de mayor rango (artículo 45 constitucional). Y de no proceder el Estado y sus instituciones con la expropiación a que lo obliga el artículo 5) de la Ley Indígena, lo que está propiciando son problemas de carácter social al enfrentarse propietarios registrales no indemnizados, con indígenas ocupantes de las reservas, situación que a todas luces debe prevenir el Estado y sus instituciones procediendo en los términos a que la ley los obliga, sea, procediendo con los trámites expropiatorios correspondientes. VI.- SOBRE EL FONDO: El punto a dilucidar es pues, si efectivamente las entidades accionadas incurrieron en una omisión, al no cumplir con una obligación impuesta por el legislador en el artículo 5 de la Ley Indígena. Ha quedado acreditado que ni el Decreto Ejecutivo No. 6036-G, publicado en la Gaceta del 12 de Junio de 1976, ni la Ley Indígena afectó a la finca del Partido de San José No. 36084-000, y esta estuvo siempre fuera de la Reserva y se encontraba para todos los efectos dentro del comercio de los hombres. También quedó acreditado que conforme al historial registral de la finca; esta fue inscrita desde el año de 1903 y adquirida por el señor Nombre32571 , cédula CED26660 el día 20 de noviembre de 1973, y el día 04 de marzo de 2003, la adquirió la sociedad actora de la señora Nombre32572 , Nombre32573 , Beatriz Jiménez Guevara y Nombre32573 . Nótese que la titularidad de la sociedad actora es como propietaria registral del inmueble y no como poseedora de buena fe. Luego, se tiene que el Poder Ejecutivo por Decreto No. 29452-G del 16 de abril de 2001, amplió los límites de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí de Mora y conforme al peritaje realizado por el Ingeniero Topógrafo Mauricio Mora Porras, la propiedad No. Placa5668 quedó absorbida dentro de los nuevos límites de la Reserva, sin que a la fecha se hayan realizado las diligencias de reubicación o expropiación que le impuso el artículo 5) de la Ley Indígena al INDER y a la CONAI. Es por ello que la actual propietaria del inmueble sostiene que las accionadas incurrieron en una conducta omisiva y accionan para que se les obligue a realizar los respectivos avalúos en conjunto con el Ministerio de Hacienda, y procedan según lo establecido en la Ley de Expropiaciones. En cuanto a las conductas omisivas, el artículo 36.e) del CPCA señala que será objeto del proceso contencioso, la conducta omisiva del Estado y sus instituciones. Y es que con el CPCA se pasó de un contencioso administrativo al acto, a un contencioso administrativo a la conducta, tanto activa como omisiva, lo cual constituye un avance extraordinario en tutela de los derechos de los administrativos, ante omisiones atribuibles a la Administración, que bajo el anterior esquema procesal no podían ser impugnadas. Ahora bien, las omisiones administrativas pueden ser conceptualizadas como "(...) el incumplimiento por la administración pública de una obligación administrativa preexistente -impuesta por el ordenamiento jurídico- que le produce una lesión antijurídica al administrado o al interés público, por lo que representa una disfunción administrativa que debe ser objeto de control y fiscalización jurisdiccional para superar sus efectos antijurídicos" (Jinesta Lobo, Nombre43; Conducta administrativa objeto del proceso, en libro colectivo "El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo", San José, Poder Judicial, 2006, pp. 215-216), siendo que la conducta reclamada puede ser clasificada como una forma de inactividad formal entendida aquella como "(...) la falta de emisión por la administración pública de una declaración de efectos jurídicos que resulta legalmente debida" (véase el mismo texto antes mencionado, en que se cita la tipología de inactividad administrativa realizada por Nombre32574 ). A ese respecto, la Sección VI de este Tribunal indicó en la sentencia No. 302-2012 de las 15:30 horas del 21 de diciembre de 2012, indicó lo siguiente: "...La inactividad jurídica es consecuentemente, una disfunción administrativa, en tanto que implica la omisión de actuación formal o material del Estado o un ente público, y por ello, doctrinariamente se habla de diferentes tipos de inactividad de la Administración. Así, tenemos la inactividad en la emisión de un determinado acto administrativo (formal), la inactividad producida por la omisión de una actuación material (emisión de un acto jurídico), fáctica (prestación de un servicio público) o técnica. En todos estos supuestos, se parte de un deber de hacer o dejar de hacer de la Administración respectiva, que es incumplido por ella y que tiene efectos jurídicos hacia un particular concreto y/o terceros. Frente a este no actuar, surge la posibilidad de que el Administrado haga uso del ordenamiento jurídico que obliga a la Administración Pública a actuar dentro de niveles adecuados de funcionamiento para el cumplimiento de los fines públicos. Es así como nuestro Derecho de la Constitución prevé la existencia de principios rectores que deben regir la función administrativa, tales como la eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad en su actuación formal y material. En este sentido, se advierte en la Constitución Política, el deber de vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas (art.140.8), la "buena marcha del Gobierno" (art. 139.4) y el principio de “eficiencia de la administración” (art. 191). Por su parte, nuestra Sala Constitucional ha hecho referencia al denominado derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos, como una obligación ineludible de la Administración de frente a los administrados (ver, entre otros el voto No. 2003-11222 de las 17:48 hrs. del 30 de septiembre de 2003). Por su parte, a nivel legislativo, no puede obviarse lo dispuesto por la Ley General de la Administración Pública, en cuanto a los principios fundamentales del servicio público (art. 4), en lo que interesa, la continuidad y eficiencia) y el deber de aplicar las normas de la economía, simplicidad, celeridad y eficiencia (art. 269.1). Es evidente para la mayoría de este Tribunal que la omisión de funcionamiento de la Administración, significa apartarse de las anteriores disposiciones, en tanto que la debida actuación formal o material de ésta, es incumplida en perjuicio del usuario del servicio y de sus derechos, tutelados, inclusive constitucionalmente, tal y como hemos determinado. Ante esta situación, de previo al año 2008, el administrado contaba con escasos medios jurídicos para hacer valer sus derechos en la vía legal. La antigua Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, contaba con la limitación de que se encontraba orientada a brindar la posibilidad, básicamente de que el administrado objetara la conducta formal y/o pedir responsabilidad o el restablecimiento de la situación jurídica, (proceso contencioso administrativo objetivo) mas sin que algunas de las más comunes formas de funcionamiento o disfuncionamiento administrativo pudieran ser objetables, si no existía un acto administrativo previo. Con la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, este panorama sufre un cambio fundamental, en tanto que se opta por un proceso contencioso subjetivo, en el que se hace referencia a un concepto mucho más amplio de situaciones jurídicas protegidas frente a conductas de la Administración, concepto este último, que como hemos dicho, engloba, actos, actuaciones materiales y omisiones de aquella. Es así como el artículo 36.e) del indicado Código establece que la pretensión administrativa será admisible respecto de las conductas omisivas, el artículo 42.g) posibilita a establecer pretensiones para que se condene a realizar una conducta específica y el artículo 122.g) correlativamente establece la procedencia de que mediante sentencia se condene en tal sentido (...)". Ahora bien, para determinar si estamos frente a una conducta omisiva de la Administración, es necesario determinar: 1) Que se demuestre cuál es la conducta administrativa debida conforme con el ordenamiento aplicable; 2) Que la Administración no ha emitido los actos administrativos singulares necesarios para cumplir o hacer cumplir la conducta debida; y, 3) Que ese incumplimiento afecta de forma efectiva alguna situación jurídica relevante (ya sea este un derecho subjetivo, un interés legítimo, un interés difuso, entre otros). Tomando en consideración estos tres supuestos a continuación procederemos con el análisis del presente caso a efectos de determinar si se cumplen con los anteriores requisitos para que se configure la inactividad administrativa alegada: a) Sobre la conducta debida conforme con el ordenamiento jurídico: El artículo 5 de la Ley Indígena señala: "...En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. ( Así reformado por el artículo 65, inc. d) de la Ley Nº 7495 de 3 de mayo de 1995). Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI...". (los subrayados no corresponden al original). b) Sobre la omisión de la Administración de emitir los actos singulares necesarios para cumplir o hacer cumplir la conducta debida: Fue sobradamente acreditado que la finca del Partido de San José No. 36084-000 cuenta con un historial registral que se remonta al año de 1903. Luego también quedó demostrado, que dicho finca fue afectada por las condiciones que señala la Ley Indígena hasta con al emisión del Decreto Ejecutivo No. 29452-G del 16 de abril de 2001, y que a la fecha ni el INDER, ni la CONAI procedieron en los términos a que las obliga el artículo 5 de la Ley Indígena, ya que ni reubicaron ni expropiaron el bien, no obstante que desde la emisión del Decreto 29452-G al inmueble se le aplicó todo el régimen de la Ley Indígena, con los que sus titulares vieron vaciado su derecho de propiedad afectando el nucleo duro o mínimo de tal derecho al punto de que no pueden explotarlos, pues se tornaron afectos a la Ley Indígena y a todas las limitaciones que dicha ley previó en su artículo 3, el cual señala: "...Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros...". c) Sobre la afectación a un derecho subjetivo ante la omisión acusada: Tal y como se indicó líneas atrás, el sistema jurídico costarricense, protege el derecho de propiedad, consagrando su inviolabilidad y consagra la responsabilidad del Estado y sus instituciones por todo daño que cause con su actividad normal, anormal, lícita e ilícita. En el presente caso, la sociedad actora adquirió un derecho subjetivo sobre la propiedad No. Placa5669 a partir del negocio jurídico que realizó con las señoras Nombre32573, Beatriz y Nombre32573 todos mayores y de apellidos Nombre32573 y la señora Nombre32572 . Propiedad cuyo traspaso se hizo el 12 de mayo de 2003. De esta forma, la actora posee un derecho subjetivo a la propiedad sobre el citado inmueble, no un derecho de posesión, como lo considera la representación de la CONAI, por lo que no podría calificarse ese derecho de si lo es de buena o mala fe. Inscripción que se hizo en el marco de la seguridad y publicidad registral y nunca ha sido impugnado. Derecho que conforme a la normativa merece tutela jurídica por afectaciones provocadas por el Estado y sus instituciones, aún cuando se haga por funcionamiento normal y lícito, en los términos que lo indican los artículo 9 y 45 de la Constitución Política; 190 y 194 de la Ley General de la Administración Pública. Corolario de lo anterior, es que la Cámara considera que efectivamente las accionadas han incurrido en una conducta omisiva y por ende se debe acoger la demanda parcialmente, ordenándoseles al INDER y a la CONAI para que en el plazo máximo de 1 un mes a partir de la firmeza del presente fallo, procedan a realizar las diligencias expropiatorias del inmueble del partido de San José No. Placa5668 con una cabida de 68,066.24 metros cuadrados con Plano Catastrado No. SJ-1-894058-2003, conforme a lo que les obliga el artículo 5) de la Ley Indígena. En todo lo demás se rechaza la demanda." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Civil Tema: Excepción de falta de derecho Subtemas: Consideraciones acerca de los presupuestos para su configuración. "VII. [...] Establece la legislación vigente que una de las excepciones oponibles en los procesos judiciales es la Falta de Derecho (artículo 298 del Código Procesal Civil) y sobre esa excepción la doctrina nos indica: "...Hablar de falta de derecho es como hablar de falta de norma jurídica, por lo que lo correcto sería hablar entonces de falta de presupuestos materiales o falta de elementos en la pretensión material -no procesal pues ésta todos la poseemos, a pesar de la imprecisión terminológica falta de derecho parece entonces referirse a las denominadas por la doctrina italiana como condiciones de la "acción" o requisitos de la pretensión y que se sabe comprende los requisitos constitutivos, para hacer comprender que sin ellos el derecho de acción no se ejerce adecuadamente y que los mismos debe, por consiguiente, ser considerados como los extremos necesarios y suficientes para determinar en concreto, el nacimiento del derecho a la pretensión. Tales requisitos de la pretensión, que deben concurrir, para que pueda considerarse estimatoria la misma, la cual busca la resolución favorable, son, según la doctrina, tres: (a) un cierto hecho específico jurídico, o sea, una cierta relación entre un hecho y una norma; (b) la legitimación, (c) el interés procesal. Entonces la falta de derecho estaría representada por la inexistencia de los presupuestos materiales para cada caso concreto...". " ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Indemnización por expropiación Subtemas: Análisis sobre el régimen jurídico de protección a reservas indígenas en relación con casos de expropiación a propietarios no indígenas. Tema: Propiedad indígena Subtemas: Análisis sobre el régimen jurídico de protección en casos de expropiación con respecto a propietarios no indígenas. "Voto salvado del Juez Felipe Córdoba Ramírez. Con profundo respeto de la posición adoptada por mis compañeros, estimo que la demanda debe ser declarada sin lugar en todos sus extremos. A estos efectos, habré de indicar que con ocasión de haber integrado la Sección VII de este Tribunal, tuve la oportunidad de redactar la sentencia dictada con el N° 74-2013-VII de las 10:30 hrs. del veintinueve de octubre del dos mil trece, en la que sobre el régimen jurídico de protección a las reservas indígenas, particularmente en lo que toca a los artículos 5 y 3 de la Ley Indígena. En dicha oportunidad se apunto como sigue: "1.- Sobre la evolución normativa en la materia de territorios indígenas. El primer antecedente legislativo en la materia -ya entrada la Nación en su época Republicana- se ubica en la otrora vigente Ley Sobre Terrenos Baldíos número 13 del 20 de enero de 1939, publicada en la Colección de Leyes y Decretos de ese año, en su primer semestre, tomo segundo, página 10, que en su artículo 8 rezaba como sigue y en lo conducente: "... se declara inalienable y de propiedad exclusiva de los indígenas, una zona prudencial a juicio del Poder Ejecutivo en los lugares en donde existan tribus de éstos, a fin de conservar nuestra raza autóctona y de librarlos de futuras injusticias". (El resaltado no es del original). Este primer antecedente normativo como se puede observar, de entrada reconoció desde esa data el derecho de propiedad exclusiva del que son titulares las comunidades indígenas, pero para entonces, en un tanto de áreas territoriales a ser definidas “a juicio del Poder Ejecutivo”, en la medida de que se trataría de los sitios en que estos grupos se encontrasen emplazados, esto es, que a partir del sitio en que se encontrasen ubicadas esas comunidades, se declararían esas tierras propiedad de una determinada comunidad indígena, pero en un área definida en criterio del Poder Central, lo que admitiría que podrían serlo inferior a las efectivamente ocupadas por estas poblaciones. Desde entonces, se observa al menos como una ventaja para las comunidades indígenas, el carácter inalienable que le fue dado a este tipo de propiedad residenciada en un grupo minoritario, pero determinado de personas, unidas por lazos culturales particulares, lo que no fue otra cosa que un blindaje con el que se pretendió proteger su derecho de propiedad comunitaria -aunque lo fuese hasta una vez materializado por un acto el Poder Ejecutivo-, y esto, frente a posibles intentos ya de terceros, como de los propios grupos indígenas, de trasladar el dominio de esos bienes en favor de terceros y por supuesto, disponiendo la imposibilidad de que personas ajenas a estos grupos de la población nacional, pudiesen alegar derechos o titularidad sobre los mismos. Singular nota entonces, lo es que se trató desde sus inicios de bienes que se encontraron "fuera del comercio de los hombres". La norma sin embargo nada expresó sobre la posibilidad de que previo a la entrada en vigencia de la misma y que luego de adoptados en aplicación de ésta, los relacionados actos posteriores que definiesen la identidad de esas áreas de territorio por parte del Poder Ejecutivo, existiesen terceros poseedores o titulares de buena fe sobre esas mismas áreas de superficie, por lo que habría de suponerse, que el Poder Ejecutivo no habría de constituir reservas en terrenos, que no fuesen los materialmente poseídos exclusivamente por indígenas al primer tercio del siglo pasado. Pues bien, en ejercicio de la competencia referida, dada por el legislador al Poder Ejecutivo como se ha informado, no fue sino hasta algunos años después de entrada en vigencia la Ley Sobre Terrenos Baldíos, que se emitió el primer Decreto Ejecutivo en la materia, a saber, el número 45 del 03 de diciembre de 1945. En este decreto, no obstante no se definió ningún área específica como territorio indígena a los propósitos definidos por la ley y pese al texto del artículo 8 de la Ley Sobre Terrenos Baldíos, en su artículo primero consignó lo siguiente: “Declárense inalienables y de propiedad exclusiva de las tribus indígenas autóctonas, los terrenos baldíos por ellas ocupados; con excepción de las fajas destinadas a Carretera Interamericana ". (El resaltado no es del original). De esta forma, aunque el Poder Ejecutivo replicó lo que ya disponía la ley, fue más allá de ésta al establecer que las zonas en cuestión, no habrían de corresponder ya, con aquellas que a juicio del Poder Ejecutivo fuesen designadas para estos fines, “según su criterio”, sino que en su lugar, se estableció que el Poder Ejecutivo habría de reconocer como tales, todas esas áreas del territorio de la nación en tanto se encontrasen siendo ocupadas por las comunidades indígenas. Sea en otros términos dicho lo anterior, que era la posesión efectiva ejercida sobre esos terrenos por las comunidades indígenas para el año de 1945, el criterio a partir del cual como variable, habría de haberse definido la protección legal que por parte del poder central, debía de darse a estas comunidades en garantía de su derecho de propiedad. Con todo y ello, la definición de qué áreas de la superficie de la Nación pertenecerían a estos grupos de personas, contó con una fórmula genérica e indeterminada a esa fecha, pues se trataría de los terrenos que ocupen estos grupos, “en tanto terrenos baldíos”, lo que comprendió un contrasentido, si se trataba de terrenos previamente ocupados por estas comunidades y sobre las que mediaba una propiedad preexistente, reconocible en tanto actos posesorios se ejerciesen en virtud de la misma. El mismo Decreto conformó también según su artículo primero, lo que sería la primera organización dirigida a realizar esfuerzos para materializar el mandato de ley anteriormente citado y puesto en vigencia años atrás, en lo que se denominó como la "Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación", asignándole a ésta la tarea de delimitar aquellas áreas de terreno que por primera vez se denominaron “reservas indígenas”. Por su parte, el primer acto del Poder Ejecutivo efectivamente dirigido a la localización (delimitación) de un territorio indígena, se produjo en términos jurídicos hasta algunos años después, con ocasión de la promulgación del Decreto Ejecutivo número 34 del 15 de noviembre de 1956, que identificó tres reservas distintas que no incluyeron a la de la aquí actora, a saber, la “Boruca-Térraba”, “Ujarrás-Salitre-Cabagra” y “China Kichá”. Por tratarse de un derecho de propiedad en el caso concreto el que se reconoció de esta manera, nos debe remitir ello a la disposición constitucional que lo relaciona como un derecho fundamental, según se extrae del artículo 45 de la Carta Magna. En esta línea de ideas es dable decir, que el acto por medio del cual se estableciese qué área debe considerarse una reserva, no comprende un acto constitutivo, como sí declarativo de una situación jurídica como ya se indicó supra, preexistente en términos de la propiedad de la que son titulares las comunidades indígenas. La posterior consolidación de este derecho de propiedad, privativa en la medida que es exclusiva y excluyente, además de comunitaria o colectiva, “reconocida” jurídicamente -pues no podría afirmarse que se trató de un derecho “constituido” o creado a partir de la vigencia de la Ley de Terrenos Baldíos- se produjo frente a la comunidad internacional al adoptarse como regulación interna el contenido del Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo, en los términos de la Ley de la República número 2330 de nueve de abril de mil novecientos cincuenta y nueve (1959), identificado como el "Convenio Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones Tribales y Semitribales en los Países Independientes". En su artículo 2.1 el convenio de interés dispuso: “Incumbirá principalmente a los gobiernos desarrollar programas coordinados y sistemáticos con miras a la protección de las poblaciones en cuestión y a su integración progresiva en la vida de sus respectivos países”. (El resaltado no es del original). De esta forma, adherido que lo fue por su voluntad el Estado costarricense al instrumento de cita y frente a la comunidad internacional así como frente a estos grupos indígenas, se comprometió como tal a ejecutar esas acciones coordinadas y sistemáticas, dirigidas en lo que nos interesa a este punto, a proteger en los términos más generales a estas poblaciones de la Nación, minoritarias y vulnerables en aquel momento también, conforme lo que ya su ordenamiento jurídico legal le imponía verbigracia de la Ley de Terrenos Baldíos y Decretos Ejecutivos antes citados. Debe relacionarse esta obligación con lo comprendido en el artículo 5 del mismo cuerpo normativo de corte supra legal, que reza: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a la protección e integración de las poblaciones en cuestión, los gobiernos deberán: a) Buscar la colaboración de dichas poblaciones y de sus representantes; (…)”. (El resaltado no es del original). En lo que corresponde con las que para ese momento a nivel del ordenamiento jurídico nacional fueron identificadas como reservas indígenas, el artículo 11 del convenio de cita indicó que en los Estados vinculados: “Se deberá reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas”. (El resaltado no es del original). Así quedó planteado a nivel normativo positivo, que los gobiernos -el Estado como un todo en nuestro caso-, se habrían comprometido desde el año de mil novecientos cincuenta y nueve a desplegar a lo interno de la Nación, procesos coordinados y sistemáticos, entre otras cosas, para responder ante la comunidad internacional y las propias comunidades indígenas en garantía de su preexistente derecho a la propiedad, que debía de ser reconocido y no constituido, incluso, debiendo a esos propósitos de ser el propio Estado, quien debía de “buscar”, y no esperar que suceda lo contrario, la colaboración de las poblaciones indígenas de interés y sus representantes. Por lo demás debe advertirse, que se trata de normas supra legales en los términos del artículo 7 de nuestra Constitución Política, por lo que conforme al principio de jerarquía de las normas, así como el principio de control de la convencionalidad (artículos 1, 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ley de la República número 1615 del veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis y el 6.1.b) de la Ley General de la Administración Pública), habrían éstas de informar de forma sistemática el resto de la normativa de potencia y resistencia inferior, así como servir de parámetro para el operador jurídico a la hora de aplicar el ordenamiento al caso concreto, (artículos 10, tanto de la Ley General de la Administración Pública como del Código Civil). Por lo demás, conforme abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional, como a título de ejemplo, su sentencia número 1995-02313, de las 16:18 hrs. del 09 de mayo de 1995, se ha dicho como derivación del artículo 48 de la Constitución Política, que en tanto los instrumentos de derecho internacional proporcionen mayor protección a los derechos fundamentales, habrán de considerarse éstos de igual rango que la Constitución, de manera que lo relacionado en el convenio de cita, bien puede afirmarse, informa además los adecuados alcances que para estos casos particulares debe de entenderse tiene el artículo 45 de nuestra Constitución Política y el ordenamiento jurídico infra constitucional. Por su relevancia estimamos pertinente la cita en lo conducente, del artículo 13 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo en estudio, en lo que indica en su inciso 2 que: “...Se deberán adoptar medidas para impedir que personas extrañas a dichas poblaciones puedan aprovecharse de esas costumbres o de la ignorancia de las leyes por parte de sus miembros para obtener la propiedad o el uso de las tierras que les pertenezcan”. (El resaltado no es del original). Desde ese momento, rasgos importantes de este tipo de propiedad comunitaria lo son que su régimen jurídico se acerca al del dominio público, aunque no lo es, porque se trata de una propiedad si bien comunitaria y en ese tanto colectiva, exclusiva y excluyente, al tiempo lo es residenciada en un grupo de la población vulnerable, que por esa razón amerita la protección especial del Estado. Pues bien, muy a pesar de lo que en esos momentos el ordenamiento jurídico con claridad reglaba en torno al derecho de propiedad de estas comunidades en los términos dichos, con la adopción y entrada en vigencia de la Ley de Tierras y Colonización número 2825 del 14 de mayo de 1961, publicada en la Colección de Leyes y Decretos de ese año en su segundo semestre, tomo primero, página 394, que derogó la Ley de Terrenos Baldíos, se dispuso conforme su artículo 75, en grosera contravención con el Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo como sigue, en relación con la entidad que identificó ese cuerpo normativo como el Instituto de Tierras y Colonización: “El Instituto, de acuerdo con los organismos pertinentes, velará por el acondicionamiento de las comunidades o familias indígenas, de conformidad con el espíritu de esta ley. No se declarará que las extensas zonas donde estas comunidades viven aisladamente, pertenecen exclusivamente a ellas, pero sí se tratará de reunir a todas estas comunidades, formando un solo centro agrario, en la zona que el Instituto considere adecuada y para lo cual se hará uso del área de terreno que sea necesaria”. Refiere la norma al otrora conocido como ITCO (1961) luego IDA, Instituto de Desarrollo Agrario (1982) actualmente INDER Instituto de Desarrollo Rural (2012). La norma de cita simplemente desconoció de tajo el derecho de propiedad de las comunidades indígenas consagrado en norma de rango, potencia y resistencia superior a la ley. Posteriormente y a más de una década después, encontrándose vigente esta asistemática regulación, se promulgó la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas número 5251, del 11 de julio de 1973, publicada en la Colección de Leyes y Decretos del mismo año en su segundo semestre, tomo primero, página 65. Visto este cuerpo normativo, si se tiene presente el compromiso que se encontraba residenciado en el Estado a partir de la vigencia del Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo en sus artículos 2.1, 5, 11 y 13.2, a esta nueva organización pública interna vinculada con las comunidades indígenas conforme el artículo 4 de la ley mencionada, se le designó por el legislador, con propósitos generales y en lo que interesa para: “…b) Servir de instrumento de coordinación entre las distintas instituciones públicas obligadas a la ejecución de obras y a la prestación de servicios en beneficio de las comunidades indígenas; (…) e) Velar por el respeto a los derechos de las minorías indígenas, estimulando la acción del Estado a fin de garantizar al indio la propiedad individual y colectiva de la tierra; el uso oportuno de crédito; mercadeo adecuado de la producción y asistencia técnica eficiente; (…)”. (El resaltado y subrayado no es del original). Con todo y ello como se verá adelante, estas tareas de coordinación no fueron designadas con exclusividad en la CONAI, pues ya se encontraba vinculado a esta función aunque de diversa forma, el ITCO. Por otra parte, se reiteró la obligación del Estado de garantizar el derecho de propiedad de estas comunidades sobre la tierra. En torno a estas labores de coordinación asignadas, no puede pasarse por alto el artículo 9 del mismo cuerpo legal, que dice así: “Para los efectos del inciso b) del artículo 8, se faculta al Estado, a las instituciones autónomas o semiautónomas del país para prestar ayuda de cualquier índole a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas”. (El resaltado no es del original). Punto aparte lo es que esta ley contempló –nuevamente de forma asistemática- un único transitorio, al parecer inspirado en la Ley de Tierras y Colonización, que rezaba: “A más tardar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vigencia de esta ley, el Instituto de Tierras y Colonización procederá a levantar informaciones posesorias de todas las parcelas ocupadas por los indígenas en las diferentes zonas, a fin de inscribirlas en el Registro de la Propiedad en forma inmediata a nombre de los ocupantes de dichas parcelas. Los indios que no estuvieren ocupando parcelas, deberán ser censados para resolverles el problema de la carencia de tierras a la mayor brevedad posible. El Instituto de Tierras y Colonización deberá mantener una reserva considerable de tierras aptas para el cultivo, en las cuales dará arrendamiento; y que serán destinadas exclusivamente para futuras expansiones de las comunidades indígenas”, (el resaltado no es del original) lo que habla -se insiste- de un despojo de la titularidad de esas tierras contra lo establecido por el derecho internacional. De otra parte, en lo que podría estimarse que constituye algún aspecto favorable a los intereses de las comunidades indígenas, se indicó que a partir de la promulgación de esa ley, era ese Instituto el que habría de haberse provisto al menos de los terrenos suficientes para destinarlos exclusivamente a estas comunidades, así como que, como consecuencia lógica y necesaria de esa atribución-deber, de haber emprendido las tareas pertinentes a fin de determinar y definir con claridad la limitación o deslinde de los terrenos que comprenderían esos territorios. Al año de su entrada en vigencia, fue reformado este transitorio conforme el artículo 1 de la Ley número 5651 de 13 de diciembre de 1974, en los siguientes términos y con desconocimiento absoluto de la propiedad indígena garantizada por el Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo: “Transitorio.- Se declaran inalienables las reservas indígenas inscritas a nombre del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), las cuales se destinarán exclusivamente al asentamiento de las comunidades indígenas, servicios públicos indispensables, y al uso, habitación y usufructo de los aborígenes que carezcan de tierras de su propiedad, inscritas o no inscritas fuera de esas reservas. En éstas el ITCO podrá otorgar arrendamientos a dichos aborígenes, por tiempo limitado e intransferible, salvo a otros aborígenes que se encuentren en las mismas condiciones. El Sistema Bancario Nacional y las demás instituciones del Estado, conjuntamente con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), reglamentarán sistemas especiales para que los miembros de las comunidades aborígenes puedan obtener créditos para la adecuada explotación de las tierras, a que se refiere este transitorio”. Se insiste en que el ITCO debía entonces de delimitar y registrar, aunque lo fuese a su nombre, las áreas de terreno correspondientes. Lo anterior importó el desconocimiento pleno de la propiedad indígena que el Estado se habría comprometido a garantizar ante la comunidad internacional y esos pueblos. Tornando otra vez al texto original de la Ley número 5251 que crea la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, dicha organización según su artículo primero, fue dotada de personería jurídica y patrimonio propios. Se destaca que la Comisión desde su creación -y en ese tanto su asamblea general- se encontraba conformada de manera más que alambicada, entre otros según su artículo 2, inciso a) por: "… los representantes de las dependencias e instituciones siguientes: Presidencia de la República; Universidad de Costa Rica; Universidad Nacional; Ministerio de Educación Pública; Ministerio de Gobernación y Policía; Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes; Ministerio de Salud; Ministerio de Agricultura y Ganadería; Ministerio de Seguridad Pública; Instituto Mixto de Ayuda Social; Instituto de Tierras y Colonización; Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado; Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; Instituto Nacional de Aprendizaje; y Servicio Nacional de Electricidad; (…)”. (El resaltado no es del original). Lo anterior da cuenta del vínculo necesario que debía de existir entre el Poder Central, ministerios incluidos y entre otros entes, el mismo ITCO, esto, hasta el dictado de la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 3485-2003, de las 14:17 hrs. del 02 de mayo del 2003, fallo cuyo contenido no entramos a analizar, bastando con indicar que se estimó inconstitucional a partir del mismo, que la Comisión estuviese integrada con dichas autoridades públicas. Debe tomarse nota de que las instituciones y Ministerios referidos conformaban parte de la asamblea general de la CONAI, con facultades para fijar su política general actuando como componentes de dicho órgano colegiado, así como para aprobar o improbar su presupuesto, tanto ordinario como extraordinario. La finalidad de esta organización se reitera por su relevancia, lo fue entre otras cosas y como se advirtió, la de servir de instrumento de coordinación interinstitucional, así como la de velar por el respeto a los derechos de las minorías indígenas estimulando la acción del Estado a fin de garantizar al indígena la propiedad individual y a su comunidad, la propiedad de sus territorios según reza el artículo 4 inciso e) de dicho cuerpo legal, lo que explica de algún modo, la intención originaria del legislador. En lo que toca al patrimonio de la CONAI, se habría de encontrar constituido a la fecha de su entrada en operación, por la subvención anual que se venía dando en la Ley de Presupuesto General Ordinario de la República a la anterior Junta de Protección a las Razas Aborígenes; las contribuciones extraordinarias acordadas por el Estado e instituciones autónomas y semiautónomas de la República; los bienes pertenecientes a la anterior Junta; las donaciones de particulares, de Estados extranjeros, agencias y fundaciones internacionales o cualquiera otra entidad; “paradójicamente”, el uso de nombres, símbolos y figuras indígenas; y el importe de los derechos otorgados para el uso comercial de esos nombres, símbolos y figuras indígenas, (artículo 8, inciso a) de la Ley de Creación de la CONAI). Siempre en lo que corresponde con temas presupuestarios, el artículo 9 de esta ley dispuso que el Estado e instituciones autónomas y semiautónomas de la República, se encontrarían autorizados para prestar ayuda de cualquier índole a la CONAI, claro está, para la consecución de sus fines. De otra parte y siempre en esta misma línea de ideas, en su artículo 28, la ley que nos ocupa indicó que: “A fin de que el Poder Ejecutivo pueda estar en condiciones de fijar en el proyecto de ley de Presupuesto General de la República, la subvención que a bien tuviere, a más tardar el 31 de julio de cada año, la Junta Directiva remitirá a la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República, una estimación razonada de sus necesidades para el próximo período fiscal. Es entendido que para el período fiscal de 1973 no rige esta disposición. Asimismo los presupuestos de la Institución serán sometidos a la Contraloría General de la República para su aprobación y liquidación conforme a la ley”. (El resaltado no es del original). Luego y por diversos Decretos Ejecutivos, el poder central hizo enunciación algunos postulados que resultan aplicables a toda las comunidades indígenas, pese a que lo haya sido con ocasión del reconocimiento sólo de algunas de ellas, y que resultan de interés. A saber, en el Decreto Ejecutivo número 5904 del 11 de marzo de 1976, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 70, del 10 de abril de 1976. En este instrumento normativo, se declaró entre otras cosas lo que sigue: “Considerando: (…)5°- Que aún existen territorios poblados exclusivamente por indígenas haciendo posible la delimitación de dichas Reservas; (…) 10.- Que es deber del Estado vigilar la seguridad de sus ciudadanos, e impedir las injusticias y malos tratos, especialmente en el caso de minorías indígenas actualmente marginadas”. (El resaltado y subrayado no es del original). Además, en su artículo primero se ordenó que: “Su delimitación exacta será efectuada por el ITCO, en coordinación con la CONAI”. Así, al para entonces el denominado Instituto de Tierras y Colonización (hoy INDER) se le reiteró su designación como el organismo que tendría bajo su cargo la demarcación territorial de la reserva así creada, tarea que habría de iniciar dos meses luego de puesto en vigencia el Decreto. Además, conforme los artículos 14 y 15 del Decreto en análisis, se expresó por parte del Poder Ejecutivo que lo que se encontraba normado por esa vía lo es de interés público, así como que la CONAI tendría el deber de elaborar un censo de la población indígena de Costa Rica a la brevedad posible, que debería además de encontrarse permanentemente actualizado. Pues bien, encontrándose reconocido el terreno propiedad de estas comunidades de la forma que se indicó, apenas algo más de un año después, se promulgó la Ley Indígena, número 6172 del 29 de noviembre de 1977, que conforme su artículo 11 derogó toda otra anterior en lo que se le oponga. En esta oportunidad y sin perjuicio de lo que el legislador promulgó con ocasión de la puesta en vigencia de la Ley de Tierras y Colonización que habría en lo asistemática que resultó de tenerse por derogada, se dispuso conforme el artículo primero en relación con el 2 de este cuerpo legal sobreviniente -ahora sí, acorde con lo dispuesto en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 107 sobre Protección de Pueblos Indígenas y Tribuales- que las reservas indígenas son propiedad de esas comunidades y que se habrían de encontrar todas inscritas en el Registro Nacional a su nombre, ya no del ITCO. Así mismo, se estableció que los límites de esos territorios una vez “reconocidos” por el Estado, no podrán ser variados en disminución en su cabida si no lo es mediante ley de la República. Esto último permite afirmar sobre la potencia y resistencia jurídica de los Decretos Indígenas que fuesen reconocidos como tales, que dichos instrumentos constituirían fuente del ordenamiento jurídico con rango de ley material. Además, se advirtió que estas comunidades tendrían plena capacidad jurídica para actuar y que no se considerarían estatales (el artículo 4 de la ley habla de los Consejos Directivos, administradores y representantes de estas comunidades). Además, se reitera que se trata de territorios inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos de las comunidades indígenas que los habitan, no encontrándose permitido a los no indígenas, alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas, siendo todo traspaso o negociación de tierras o las mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, absolutamente nulo con las consecuencias legales del caso. El artículo 3 de dicha ley establece lo que sigue: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros”. Nota aparte, conforme el Reglamento a la Ley Indígena, Decreto Ejecutivo número 8487, del 23 de abril de 1978, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 89, del 10 de mayo de 1978, en su artículo 3, se indicó que: “Para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 2° de la Ley Indígena, las Comunidades Indígenas adoptarán la organización prevista en la Ley No 3859 de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad y su Reglamento”. En tanto, el artículo 10 del mismo reglamento indicó que: “Para garantizar los derechos regulados en los artículos 3° y 5° de la Ley, el Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral comparecerá, por sí o a través de su apoderado o Delegado, a la mayor brevedad posible, después de producida la infracción, acompañando la certificación donde aparezca la inscripción de la Reserva, para incoar, ante el funcionario competente, la acción legal correspondiente”. Posteriormente, conforme el Decreto Ejecutivo número 13568 del 30 de abril de 1982, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 94 del 17 de mayo del 1982, se dispuso en su artículo primero que las Asociaciones de Desarrollo Integral tienen la representación legal de las Comunidades Indígenas y actúan como gobierno local de éstas. En refuerzo de todo lo anterior, el día 03 de noviembre de 1992 fue promulgada la Ley número 7316 publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” número 234, del 04 de diciembre de 1992, “Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, de la Organización Internacional del Trabajo, conforme el cual se regula puntualmente el tema de la propiedad indígena. En su artículo 2.1, reza este instrumento como sigue: “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”. Por su parte, el inciso 2) del mismo numeral indica: “2. Esta acción deberá incluir medidas: a) Que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida”. Otros numerales del convenio que resultan de interés, los pasamos a citar, su artículo 3 dice así: “Artículo 3.- 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos; 2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio”. Su numeral 4, que por parte del Estado: “1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales”. El artículo 5, indica que los gobiernos: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo”. La temática de la propiedad de estos grupos sobre las áreas que comprenden sus territorios, fue específicamente contemplada en este convenio y en esta línea, su artículo 13, indica así: “1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. (El resaltado no es del original). El artículo 14, inciso 2), reza: “2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”. La normativa en esta materia resulta abundante y ha evidentemente evolucionado a la fecha, pese a que para efectos prácticos y conforme los alegatos formulados por las propias partes demandadas en lo principal, no ha llevado el efecto que se esperaba. Por otro lado debe decirse, que en lo que regulación internacional regula la materia, existen competencias asignadas al Poder Central y resulta en ese tanto de aplicación directa al Estado entendido como un todo, sin que su organización interna resulte circunstancia que importe flanquear el principio de control de convencionalidad, como veremos.- / 2.- Sobre el principio de control de la convencionalidad. Conforme la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptado internacionalmente el 30 de abril de 1982, hoy ley de la República número 7615 del 24 de julio de 1996, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 164 del 29 de agosto de 1996, se dispuso en lo que nos interesa: “Articulo 26.- "Pacta Sunt Servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Lo anterior importa la obligación de los estados de ser consecuentes con las obligaciones que asumen frente a la comunidad internacional y claro está, en casos como los comprendidos en el Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con el Convenio número 169, “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, con las comunidades indígenas, particularmente en materia de garantías respecto del ejercicio, que debe ser garantizado como pleno, de derechos fundamentales. Por supuesto que son observables en esta materia tanto el artículo 7, como la doctrina que ha forjado la Sala Constitucional a partir de los alcances que ha dado al numeral 48, ambos de la Constitución Política. En otro nivel, a efecto de los aspectos operativos o de aplicación de estas reglas, el artículo 27 de este cuerpo normativo de derecho internacional dispone en relación con el derecho interno y la observancia de los tratados, refiriéndose a los Estado suscribientes, que: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”. Es por ello que por disposición expresa, la organización interna del Estado dispuesta por ley, o incluso por la Constitución, no permitirían su imposición frente a esta norma de derecho internacional. Este artículo 46, refería a la eficacia del tratado una vez consentido (firmado) por la delegación respectiva, lo que tiene relación con el artículo 11, sobre las formas de manifestación del consentimiento para obligarse por un tratado, en lo que dispone que basta con la firma del mismo. Ante ello, la delegación de Costa Rica interpretó y expresó que la disposición aplicaría para el caso del Estado Costarricense en lo que se refiere al derecho secundario, no así a las disposiciones de la Constitución Política. Todo lo anterior es relevante con ocasión del desarrollo del principio de control de la convencionalidad y de lo que se podría denominar además, el principio de intangibilidad de los tratados frente a la ley. De lo anterior se desprende además, bajo la cobertura de la aspiración de todo ordenamiento jurídico de proveer certeza y seguridad, la obligación de hacer aplicación directa de las normas contenidas en tratados internacionales ya ratificados y vigentes en el orden interno, pudiendo claro está, ser normativa invocada por su beneficiario, independientemente de que se trate de otro Estado y en exigencia de lealtad a los compromisos asumidos en el marco de las relaciones entre las naciones vinculadas, sin perjuicio de la cobertura que también se ha solido invocar al principio en materia de instrumentos de este tipo cuando regulan materia de derechos humanos. La Sala Constitucional al respecto ha indicado como sigue: “II.- Es obvio que el gestionante parte de lo que dispone el artículo siete de la Constitución Política en el sentido de que los tratados y convenios internacionales "estén con autoridad superior a las leyes" (…). Mas debe decirse que los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en la República, conforme a la reforma del artículo 48 Constitucional (Ley No.7128, de 18 de agosto de 1989), al integrarse al ordenamiento jurídico al más alto nivel, valga decir, al nivel constitucional, lo complementan en lo que favorezcan a la persona”. (El resaltado no es del original). Así, se impone en síntesis el reconocimiento de la validez de las normas internacionales como fuente directa del derecho interno y en reconocimiento de su ubicación en materia de la jerarquía de las fuentes. El principio de control de la convencionalidad se encuentra residenciado en el ya mencionado artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en relación con el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin perjuicio del contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos, esta última que al igual que múltiples otras declaraciones surgidas en el seno de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, no son objeto de ratificación por los Estados miembros o signatarios por innecesario. No podría decirse otra cosa entonces, que el contenido de estos cuerpos en materia de derechos humanos tiene un enorme valor interpretativo para todas las instancias encargadas de aplicar las normas que componen el bloque de legalidad, y en ese sentido también el derecho interno. No está demás indicar en lo relevante para el caso que nos ocupa, que como se desprende del artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que refiere al derecho de propiedad, como lo es para todo otro derecho reconocido en ese instrumento, los Estado encuentran comprometidos a asegurar el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre, lo que significa que el Estado tiene la obligación no sólo de respetar esos derechos y libertades, sino y además, la obligación de asegurarlos. Esto lo que implica que es al Estado en su conjunto sin que su organización interna permita afirmar que se ha desprendido de sus deberes, a quien se le demanda la adopción de actuaciones que tiendan a la realización efectiva de los cometidos que persiguen los convenios de este tipo en materia de derechos humanos, sin que el derecho interno sirva de excusa para incumplir lo convenido. Sobre la importancia de tener presente lo dicho a este punto en lo que se vincula con la defensa de los derechos de un grupo de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad como lo son las comunidades indígenas desde tiempos inmemoriales, la Sala Constitucional en su sentencia N° 2253-96 de las 15:39 horas de 14 de mayo de 1996, indicó: “... Existen diversos instrumentos jurídicos tendientes a fomentar esa igualdad real entre los sujetos; entre ellos puede ubicarse la situación particular de los aborígenes, quienes tradicionalmente han sido marginados, por razones históricas, sociales, económicas y culturales. Ellos sufren las consecuencias de una sociedad que no comprende ni respeta sus diferencias; y que en ocasiones, tiende a verlos como seres incapaces de dirigir sus propias vidas y destinos. Ante esa situación, la comunidad internacional sintió la necesidad de adoptar medidas a favor de los indígenas. Así, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, denominado “Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante Ley Nº 7316 de 3 de noviembre de 1992, estableció la especial protección de los indígenas y de su cultura". El control de convencionalidad importa que el Poder Judicial de cada Estado y los órganos que componen su estructura (y toda autoridad que ejerza funciones materialmente jurisdiccionales, en particular la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en función de lo dispuesto en el artículo 49 constitucional) deban aplicar, interpretar y/o resolver los asuntos propios de sus competencias como operadores jurídicos, haciendo prevalecer el parámetro convencional de control, constituyéndose así el derecho internacional en lo que regule derechos humanos, en lo que realmente es, sea, garantía del respeto a los derechos humanos en lo que corresponde. Por lo demás, baste con indicar que según nuestro Código Civil en su artículo 5, estos cuerpos normativos de corte internacional son de aplicación directa por el operador jurídico al formar parte del derecho positivo interno de la nación, desde el momento en que su incorporación al bloque de legalidad se produce por virtud de la aprobación de la Asamblea Legislativa y su publicación integral en el Diario Oficial “La Gaceta”, por lo que formando parte del bloque de legalidad, esto es parámetro de control de esta jurisdicción. (Artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública). Insistimos entonces, en que la organización interna y designación de competencias específicas por parte del legislador, en órganos y/o entes diversos al Estado entendido como poder central, no permitirá como condición ensalvable, argüir dicha circunstancia para inhibir o exonerar al Estado del cumplimiento de las obligaciones impuestas por el bloque de legalidad, incluidos claro está, pero con fuerza, potencia y resistencia del más alto nivel, los convenios número 107 de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con el Convenio número 169, “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”. / 3- Sobre los alcances el artículo 5 y 3 de la Ley indígena. En lo que mayor relevancia tiene a los efectos de este fallo, el artículo 5 de la Ley indígena dispuso: “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. / Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI. / Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. / Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colones en efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982. El fondo será administrado por la CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República”. Se estima necesario hacer las siguientes consideraciones. La ley en lo que toca a este artículo, parece haber reconocido o al menos se encuentra expresada de tal forma, que supone un hecho tenido como cierto por el Legislador, a saber, que a su entrada en vigencia efectivamente habría de esperarse la existencia de personas no indígenas poseedoras o titulares de buena o mala fe, sobre áreas de los territorios de las reservas indígenas, en relación con las cuales para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado, particularmente con lo estipulado en el artículo 11 del Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo, sin perjuicio del 169, debía de procederse a su desalojo. Así, debiéndose suponer que la reserva se encontrase debidamente delimitada, se definió conforme el artículo en estudio y por lógica deducción, que en torno estas personas poseedoras no indígenas, primero, debían ser estas identificadas como poseedoras de terrenos dentro de la reserva. A estos propósitos, con claridad plena entiende esta autoridad judicial que se impone que la Administración tenga clara la delimitación de las áreas de terreno que conforman la reserva indígena, exclusivamente conforme el respectivo Decreto Ejecutivo que dictado al efecto así lo haya reconocido y esto, con absoluta independencia de la información registral derivada del Registro Nacional, aunque claro está, el levantamiento de los planos correspondientes y la inscripción registral de las fincas a nombre de las asociaciones respectivas, es presupuesto para la determinación posterior, de qué persona no indígena se encuentra dentro de la reserva, o de situaciones jurídicas eventuales derivadas de la situación registral del inmueble en caso de que no lo sea así. La delimitación de esos terrenos ha correspondido en todo momento al Estado, y correspondía a los efectos del derecho interno antes de entrada en vigencia la Ley Indígena al INDER, en coordinación con la CONAI, como lo es ahora conforme la normativa vigente y claro está, en coordinación con las comunidades indígenas mismas y toda otra autoridad pública vinculada, incluyendo al propio Estado -insistimos- conforme un adecuado ejercicio de control de convencionalidad en materia de derechos humanos. Segundo, partiendo de las áreas que comprenden la reserva, una vez debidamente delimitadas, habría entonces de procederse a efectuar los censos poblacionales que permitan identificar la existencia de no indígenas en ella, (tarea que corresponde a la CONAI, en concurso con las comunidades indígenas, ya sea que esos terceros ejerzan actos de posesión o resulten titulares a nivel registral de algún derecho sobre los territorios (posibles traslapes registrales incluidos), por lo que la situación registral y/o catastral del inmueble resulta mandatoria según el caso, cuando proceda. Tercero, a los efectos de resultar procedente la expulsión material del no indígena por medio de una actuación de policía, al desalojo administrativo, o en su caso, previo al desalojo o puesta en posesión, la indemnización, si es del caso por la vía del proceso expropiatorio, habría de procederse con la determinación previa de las variables que conforme el artículo 5 de la Ley Indígena, hacen depender, el obrar de una u otra forma, sea, según se trate del ejercicio de actos o derechos de terceros desplegados de buena o mala fe. Parámetro para ello sin duda lo son las reglas y doctrina que se encuentran comprendidas en el Código Civil, artículos del 17 al 22, sin perjuicio de la normativa que de forma sistemática ha sido analizada a este punto del presente instrumento, al tenor de la cual, todo acto realizado posterior a la vigencia de la Ley Indígena y por virtud de lo dispuesto en ésta al menos, deviene, en tesis de principio y por disposición de ley, en nulo, tratándose de inmuebles fuera del comercio de los hombres, sin perjuicio como se verá, del momento a partir del cual impone el ordenamiento jurídico que no se pueda alegar desconocimiento del mismo, a partir de la promulgación y puesta en vigencia a partir de lo que dicta la normativa especial aplicable en la materia, a partir de los Decretos Ejecutivos que definen las áreas que comprenden reservas indígenas. Por supuesto que la data de creación misma de cada reserva es parámetro que debe ponderarse también, e incluso ante la ausencia de demarcación, si podía conocer la persona no indígena que el inmueble que ocupa, en propiedad o no, o en su caso que que pretende adquirir en propiedad, se encuentra siendo parte de un determinado territorio indígena. Cuarto, para el caso de poseedores de mala fe, se debe proceder con su expulsión (acto de policía) o desalojo inmediato por las vías legales previstas al efecto (desahucio administrativo), esto a efecto de lo cual, no habría de proceder indemnización alguna. En el caso de las personas que se encuentren siendo titulares registrales del dominio o de algún derecho real, que cuenten con título y que lo sea de mala fe, debería procederse con la acción prevista por el ordenamiento jurídico para la remoción de mundo jurídico del título correspondiente, para posteriormente lograr el desalojo respectivo. En el caso de que el título haya sido otorgado en el ejercicio de alguna potestad administrativa (titulación por parte de una autoridad pública entre otros), habría ello de importar la acción por la vía de la lesividad si es del caso, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública o la acción directa ejercida por parte del titular del derecho afectado. Para el supuesto de los no indígenas, ya sean simples poseedores, ya sean titulares registrales del dominio y/o algún derecho real sobre el inmueble, en tanto se encuentren actuando de buena fe, debe procederse por el INDER a proponerles una alternativa para su reubicación en terrenos que habrían de resultar equivalentes en lo posible, con los así afectados por estos terceros en las reservas indígenas. Los terrenos para reubicar, deberán de serlo sin duda de entre los que se encuentren en disposición del Instituto de Desarrollo Rural, tanto para sus fines ordinarios de ley, como para estos particulares propósitos, al amparo de la Ley Indígena, dado que la disposición de terrenos a ser destinados a los propósitos de la protección de las comunidades indígenas es de vieja data residenciado en el entonces ITCO, previo incluso a la entrada en vigencia de la Ley Indígena como fue advertido supra. Ahora bien, la reubicación sólo procede de resultar voluntaria por el particular y de ser posible, de lo contrario, debe procederse con el trámite de expropiación, cuyo procedimiento, luego y eventual proceso judicial, habría de encontrarse a cargo del Instituto de Desarrollo Rural, haciendo para ello mano de su propio presupuesto, salvo en lo que corresponde exclusivamente con el pago de las indemnizaciones cuando procedan, lo que de debe hacer con cargo en los fondos que habría de administrar la CONAI. El INDER a esos efectos deberá efectuar los trámites necesarios a fin de dar cumplimiento con los actos preparatorios del procedimiento administrativo respectivo y de expropiación en sede judicial, incluyendo la identificación plena del inmueble de que se trate, su valoración y la declaratoria de interés público en su caso, sin perjuicio de la coadyuvancia que puedan suministrar otras entidades públicas y claro está, el propio Poder Ejecutivo, que en criterio de los integrantes de este Tribunal, nunca se ha entendido por el orden jurídico, desvinculado de estas tareas en aplicación directa del derecho internacional. Así, será exclusivamente para el pago de las indemnizaciones entonces que deberán destinarse los fondos direccionados a la CONAI por parte del Poder Ejecutivo conforme el párrafo final de dicho numeral, de forma que encontrándose ellos en buena administración de la Comisión, deberá esta mantenerlos disponibles para cuando resulte oportuno proceder a la indemnización a favor de quien corresponda, de conformidad a requerimiento del INDER y cuando jurídicamente así proceda, todo, en un marco de coordinación adecuado y eficiente. De la forma dicha, es dable decir que el legislador instrumentalizó al denominado en aquel momento Instituto de Tierras y Colonización –podría suponerse que dada la plataforma con que contaba su organización- luego Instituto de Desarrollo Agrario, hoy, Instituto de Desarrollo Rural, en relación con el cual existen aún vigentes sus deberes legales de delimitar los terrenos que conforman las reservas indígenas conforme el Decreto Ejecutivo número 5904 del 11 de marzo de 1976, y de proveer de los terrenos que resulten necesarios para reubicar a los no indígenas cuando ello proceda -a lo que deberá proceder echando mano de aquellos terrenos que tenga en disposición-. En el supuesto de la expropiación, debe tenerse en cuenta el particular interés que ha de perseguir la declaratoria de interés público que corresponde a una actuación previa indispensable. El interés público en estos casos, ciertamente conforme el artículo 45 constitucional responde al despliegue de obligaciones estatales impuestas por el bloque de legalidad y en esa medida, en protección del interés público relacionado con la protección de la cultura indígena asociada al derecho de propiedad, pero también atiende y al tiempo, a un interés comunitario o colectivo de corte privativo, en tanto perseguirá la integridad del derecho de propiedad, exclusivo y excluyente, residenciado en las comunidades indígenas a través de sus organizaciones representativas, por lo que no se trata de un interés institucional, como sí medio para la preservación del derecho de propiedad de grupos particulares y vulnerables de la población que se han tradicionalmente encontrado en riesgo y constantes violaciones a su derecho de propiedad, tal y como el mismo legislador y el Poder Ejecutivo lo han reconocido expresamente. En cuanto a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, corresponde a esta organización pública como se dijo, la realización de los censos poblacionales dentro de las reservas indígenas, claro está, una vez que se encuentren claramente delimitadas por el INDER, -no podría entenderse esto de otra forma- sin perjuicio de la forma en que haya de proceder cuando no quepa duda de las áreas de la reserva de que se trate. En este sentido, para este Tribunal la administración de los fondos con que debió de ser dotada la CONAI por parte del Poder Ejecutivo en ajuste con el artículo 5 de la Ley Indígena y la puesta a disposición de éstos, exclusivamente para los efectos de pagar las indemnizaciones cuyo trámite se encuentran a cargo del INDER, habría de servir como presupuesto para financiar las mismas. Lo anterior hace suponer que habrá de privar formal requerimiento por parte del INDER a la CONAI a esos propósitos cuando proceda, y hasta que el dinero designado a ese efecto por el legislador con cargo en el Poder Ejecutivo subsista. De no resultar suficiente, el faltante debería de ser provisto por el Poder Ejecutivo -no por el INDER la CONAI y/o cualquier otro órgano o entidad jurídica pública- siguiendo la misma fórmula legislativa dispuesta y en la medida necesaria. La posibilidad de que no resulte suficiente el presupuesto previsto originariamente, no impone otra cosa que decir, que no enerva esa circunstancia la obligación originaria únicamente endosable al poder central, de dotar de los recursos que resulten necesarios para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Indígena y el derecho internacional. En el momento en que no existan no indígenas que indemnizar en las reservas, queda claro para este Tribunal que la norma comprendida en el numeral -norma de corte programático- de cita habrá de perder vigencia en función de haberse ya cumplido el fin que persigue la misma en ese tanto. En ese estado de las cosas eventual, debería de poderse afirmar que se habría de haber materializado de forma efectiva el ejercicio del derecho exclusivo y excluyente de propiedad del que son sus titulares las comunidades indígenas, sin perjuicio de la vigilancia futura en torno a su integridad. De esta manera, se hace suponer que para el cumplimiento de estos específicos fines, que tanto el Estado como la CONAI y el INDER deben de ejercer tareas intensas y sistemáticas de coordinación, en el ejercicio de obligaciones y competencias que no son ni exclusivas ni excluyentes, antes bien, conjuntas y coordinadas e interdependientes, no pudiéndose desatender por ninguna de estas autoridades, el rol activo e impuesto por el ordenamiento jurídico que deben desempeñar, desde la delimitación, legal, registral y material de las reservas, la realización de censos poblacionales y ubicación de no indígenas poseedores o titulares de algún derecho sobre los inmuebles de interés, debiendo en cada caso concreto determinar si ese derecho o posesión lo es de buena fe, para proceder cuando corresponda a la mera indemnización y/o en su caso a la indemnización previo trámite de la expropiación correspondiente y su posterior expulsión o desalojo del inmueble, así como la puesta en posesión efectiva del terreno en su titular. Se hace notar que cualquiera de las administraciones involucradas, de no cumplir con su rol o deber legal, impide o al menos afectaría sustancialmente al resto. Finalmente, otro supuesto se encuentra comprendido en el artículo 3 de la Ley Indígena, en lo que refiere a aquellos traspasos del dominio sobre terrenos indígenas, una vez que su delimitación se encuentra debidamente establecida, sino con ocasión de la puesta en vigencia de la Ley Indígena a partir del año de 1973, al menos sí y con mucho mayor razón, a partir del Decreto Ejecutivo que así lo indique. El artículo mencionado indica, según lo pasamos a trascribir de nuevo, como sigue: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los no indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros”. (El resaltado no es del original). La norma resulta clara en su texto y considera este Tribunal que no admite más interpretación que el sentido unívoco de las palabras usadas por el legislador. Así, siendo el régimen jurídico de las tierras que comprenden reservas indígenas, legítimamente establecidas por decreto ejecutivo como tales, cualquier traspaso del dominio sobre estas, ya sea efectuado por indígenas o por no indígenas en favor de terceros (en la medida que no sean indígenas, con la salvedad de que lo que permite el ordenamiento jurídico lo es los negocios entre indígenas que, en modo alguno tendrán algún efecto registral) es nulo de pleno derecho.- / VI.) Sobre la improcedencia de la demanda en todos sus extremos. Estima esta Cámara de juzgadores que en el caso concreto se impone declarar la demanda sin lugar en todos sus extremos por las siguientes razones, (...): 1.- Sobre la aplicación al caso concreto de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Indígena N° 6172. De un ejercicio de valoración de la prueba en su conjunto u holística de aquella que ha sido admitida dentro de la presente causa, en concurso con las propias manifestaciones de la parte actora, se tiene que la Reserva Indígena de Quitirrisí, fue reconocida por el Estado de la República de Costa Rica como tal a partir del año de 1976 en los términos del Decreto Ejecutivo N° 6036-G publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 113 del 12 de junio de ese año, y se encuentra delimitada conforme su situación y cabida actual desde el año 2001, a partir de la publicación y puesta en vigencia del Decreto Ejecutivo N° 29452-G de fecha 21 de marzo del 2001, vigente a partir del 16 de mayo del 2001, según publicación hecha en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 93 del esa misma fecha. Siendo el acto administrativo mencionado -no impugnado por la parte actora, como sí y en su lugar, instrumentalizado según el escrito de demanda en favor de sus intereses- publicado y puesto en vigencia se insiste, a partir de mediados del año 2001, según se puede consultar en el Sistema Costarricense de Información Jurídica SCIJ (Sinalevi), página "web" del Poder Judicial www.poder-judicial.go.cr, constituye una circunstancia sobre la que no media controversia entre las partes. Siendo ello así, no fue sino hasta el 27 de junio del 2012, que la empresa actora adquirió registralmente el dominio sobre los inmuebles respecto de los que afirmando, se encontraron a partir del Decreto mencionado dentro del área de superficie de la reserva indígena de interés y en consecuencia, reclama que sobre éstos, que se debe condenar a las partes demandadas en lo principal, a desplegar los procedimientos dirigidos al pago del justiprecio en su favor sobre esos terrenos y/o en su caso, a expropiarlos, todos inscritos en el Registro Nacional, Sección de Bienes Inmuebles, del Partido de San José, (...). Todo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 la Ley Indígena. La circunstancia fáctica constituida por el hecho de que las propiedades mencionadas se encuentren dentro de la reserva indígena de Quitirrisí, -salvo en lo que toca a la representación del Estado- es un hecho no controvertido, pero que además se encuentra soportado en la prueba documental que obra a los folios que van del 02 al 10 en relación con el resto de la prueba documental que rola en el expediente judicial, conforme los que efectivamente que esos terrenos propiedad registral de la sociedad actora, se encuentran en la totalidad de su área de superficie dentro de la que comprende la Reserva Indígena de Quitirrisí desde mediados del año 2001. (...). Lo anterior torna en estéril el alegato formulado por la representación de Estado en la medida que cuestionó que la propiedad registral de la actora se encuentre dentro de la reserva indígena de interés, en un primer nivel porque se fundó en un aspecto formal relacionado con la potestad o competencia para certificar la circunstancia fáctica indicada, toda vez que la CONAI ostenta potestades de ley justamente para amparar al derecho de las comunidades indígenas sobre las tierras que conforme el bloque de legalidad les pertenecen, sino y además, porque en lo que cuestionó dicha potestad, la hizo residenciar justo en la entidad pública que en el oficio N° AT-064-2015 de fecha 26 de enero del 2015, dictado por los funcionarios del INDER profesionales en topografía de esa entidad, dieron cuenta técnicamente -salvo prueba de la misma naturaleza que la representación del Estado no aporta- de que los inmuebles respecto de los que la actora pretende ser indemnizada en su valor forman en su totalidad parte del área de superficie de la reserva indígena que nos ocupa a partir del 2001. Así las cosas, no solamente la información certificada por la CONAI y el INDER es conteste con la teoría de defensa esbozada por el resto de las partes demandadas, como con la esgrimida por la sociedad anónima actora, sino que en su contra, no ofrece la representación del Estado prueba de ninguna naturaleza que permita tener por desvirtuado lo que se indica en esas probanzas y las manifestaciones del resto de las partes codemandadas. Ahora bien, siendo lo anterior así, no queda más que afirmar, que quien demanda alega que se debe imponer al Estado, INDER y la CONAI, dar inicio a los procedimientos administrativos y/o en su caso judiciales, todos ellos dirigidos a indemnizarle a través del pago en su favor del justiprecio para que se fueron reconocidos como integrantes de la reserva indígena de Quitirrisí, no obstante lo cual, lo hace probando la misma sociedad actora que adquirió por acto de traspaso del dominio sobre esos bienes inmuebles, en el año 2012, cuando la reserva indígena que nos interesa, fue debidamente delimitada a partir del año 2001. En consecuencia con lo anterior, baste con indicar que la sociedad actora se encuentra dentro del supuesto establecido en el artículo 3 de la Ley indígena, siendo que el acto de traspaso del dominio sobre esos inmuebles, le fue dado en su favor años después de que la reserva indígena de Quitirrisí fue delimitada por Decreto Ejecutivo dictado y puesto en vigencia desde al año 2001. Esto es y dicho en otros términos, que el título de propiedad que dice ostentar la actora por virtud de ser propietaria registral de esos terrenos no es oponible frente a las Administraciones demandadas, menos frente a la comunidad indígena de Quitirrisí, protegida en ese tanto incluso, por el derecho internacional conforme así lo hemos informado a partir de la adopción por el Estado, tanto del Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con el Convenio número 169, “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, a lo que se deben sumar las disposiciones comprendidas propia Ley Indígena N° 6172 puesta en vigencia desde los años setenta". En mi criterio, este habría de constituir el modo de resolver en casos como el que nos ocupa, en la que misma empresa accionante afirma haber adquirido en el año 2003 a nivel formal el dominio sobre un inmueble de importantes dimensiones al amparo de la publicidad registral, que luego dice, se entera que se encuentra desde el año 2001 fue ubicada con causa en los alcances de un Decreto Ejecutivo emitido por una administración Pública diversa a las aquí demandadas, dentro del área de una reserva indígena reconocida como terreno tradicionalmente ocupado por comunidades indígenas que existían en el sitio. Comunidades que a nivel legislativo se ha intentado proteger -sin mucho éxito- desde el año de 1939 con el dictado de la Ley de Terrenos Badíos que declaró esas tierras como bienes fuera del comercio de los hombres, y en ese tanto, inalienables. Esa preexistente imposibilidad jurídica de trasladar el dominio de la tierra se vino a reforzar con la puesta en vigencia de la Ley Indígena. En su artículo 5 ciertamente se establece el procedimiento a seguir para determinar los casos en que resulta posible reubicar o en su caso o expropiar a quien ha sido censado como no indígena, claro está. Punto aparte la naturaleza de una entidad de corte asociativa como la actora, en ningún nivel el ordenamiento jurídico exime de la acreditación de que quien es propietario u ocupante, es un no indígena, lo cual al menos debería de haberse probado en juicio, al menos en lo que a los titulares de la propiedad accionaria se refiere, para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Indígena artículo 5, y evitar así una eventual fraude a la Ley. Ese numeral, relacionado con el 3 del mismo cuerpo normativo, con claridad establecen la posibilidad de obrar de tal manera en relación con quien a la entrada en vigencia de la Ley Indígena y no en un momento posterior es propietario y/o poseedor de terrenos de este tipo, de buena fe. En mi criterio, el hecho de que estando debidamente reconocida un área específica de terreno como reserva indígena por acto de alcances normativos -ley en sentido material- cualquier acto de traspaso del dominio de un bien inalienable como lo es el adquirido por la empresa actora resulta nulo de pleno derecho, quebrándose el principio de presunción de buena fe si de los alcances del artículo 286 del Código Civil se trata. La interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico por el operador en casos como el que nos ocupan, asociados a la protección de derechos humanos residenciados el grupos tan vulnerables de la sociedad como los constituidos por las comunidades indígenas al abrigo del derecho internacional en esta materia incluso, superpone estos derechos por sobre los de corte patrimonial privado. Una lectura integral del orden jurídico en observancia de lo dispuesto en el artículo 10 tanto del del Código Civil como de la Ley General de la Administración Pública así lo demanda en mi opinión. De este modo, superada la verificación de que el eventual sujeto a indemnizar es no indígena y como en este caso, es propietario registral de parte de una reserva, por imperativo legal deberían mediar un análisis meticuloso y pesado sobre su situación jurídica. Véase que incluso sobre la potestad de expropiar la ley de expropiaciones en su artículo 1, establece que: "La presente ley regula la expropiación forzosa por causa de interés público legalmente comprobado. La expropiación se acuerda en ejercicio del poder de imperio de la Administración Pública y comprende cualquier forma de privación de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera sean sus titulares, mediante el pago previo de una indemnización que represente el precio justo de lo expropiado". (El resaltado no es del original). El análisis sobre la legitimación ha de ser exhaustivo no sólo sobre el perfil subjetivo del demandante o demandantes, sino y además sobre su título -de haberlo-. Sobre el elemento de temporalidad dentro del que es factible reconocer o no la oponibilidad del título pueden consultarse entre otras, la sentencia de la Sección Primera de este Tribunal N° 106-2013-I, así como la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia N° 920-F-S1-2015, según el cual: “(...) Aquel elemento temporal (cual es: anterioridad al establecimiento de la reserva por la Ley Indígena o bien, de previo a la incorporación del terreno mediante los decretos ejecutivos que le desarrollan) es consustancial a la posesión o titularidad que da lugar al derecho a la reubicación o indemnización. Es decir, integra su presupuesto, ya que es un factor determinante de la buena fe. Si bien no se halla contenido de forma expresa en la norma 5, se desprende con claridad de la relación con el artículo 3. Nótese en primer término que en ese mandado 5, el legislador tomó como presupuesto fáctico el que para ese momento (emisión de la Ley) personas no indígenas se encontraban ejerciendo de buena fe actos posesorios o como propietarios (al margen de su inscripción registral), y a ellos reconoció derecho a la reubicación o a la indemnización en el párrafo primero. (...). En esa línea, ha de comprenderse que en el artículo 3, luego de establecer que las reservas indígenas son inalienables e intransferibles, se impide a los sujetos no indígenas, todos (tanto a aquellos propietarios o poseedores que reconoció en el primer acápite del mandato 5, como aquellos que no lo fueren, pues no hace distinción), concurrir o ser beneficiarios en cualquier acto o negocio traslativo de dominio (...). A partir de ese momento, además se produce -como manifestó la Sala Constitucional en la sentencia 2097-2011 del 23 de febrero de 2011- el congelamiento del inmueble; y a raíz de ello el individuo que hasta entonces ejercía posesión o propiedad con todos los atributos, tiene restringida absolutamente la facultad de disponer de su derecho sobre ese terreno, así se contempló en ese numeral tercero de la normativa legal.” (El resaltado es propio y el subrayado corresponde al original. Ver el Voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia identificado con el N° 920-F-S1-2015 de las 14:30 hrs. del 06 de agosto de 2015). Pueden consultarse en la misma dirección, las sentencias de la Sección Séptima de este Tribunal N° 17-2016-VII de las 09:00 hrs. del 11 de febrero del 2016 y de la sección Sexta N° 66-2016-VI de las 15:00 hrs. del 21 de abril del 2016.- Felipe Córdoba Ramírez." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Texto de la resolución Firmar Documento TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Correo Electrónico [email protected] Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A EXPEDIENTE: 14-005427-1027-CA PROCESO: Conocimiento ACTORA: Cincuenta y tres punto cinco S.A. DEMANDADOS: El Instituto de Desarrollo Rural y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas No. 023-2019-IV. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN CUARTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Calle Blancos, Edificio Anexo A, a las once horas con dieciocho minutos del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Proceso de conocimiento promovido por la sociedad CINCUENTA Y TRES PUNTO CINCO S.A. cédula jurídica No. 3-101-259773, representada por su apoderada generalísima sin límite de suma señora Gabriela Fernández Tinoco, quien es mayor, divorciada, Psicóloga, cédula número 1-334-445, vecina de Curridabat contra el Instituto de Desarrollo Rural en adelante INDER representado por el Licenciado Rodrigo Villegas Ramírez, carné 8129 y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas en adelante la CONAI, representada por el Licenciado Mauricio Masis Murillo carné 7574. Interviene como apoderado especial judicial de la sociedad actora, el Licenciado Rodrigo Arauz Figueroa, carné 3201. Comparece como tercera interesada la Asociación de Desarrollo Indígena de Quitirrisí de Mora. RESULTANDO: I.- Por escrito recibido en estrados el día 07 de julio de 2014, la representación de la sociedad actora planteó proceso de conocimiento, cuyas pretensiones fueron fijadas en la audiencia preliminar realizada el día 21 de abril de 2016, para que en sentencia: 1- Se les ordene a las accionadas, realizar los respectivos avalúos en conjunto con el Ministerio de Hacienda, según lo establecido en la Ley de expropiaciones. Para ello, dará este Tribunal, a los accionados plazo razonable para que proceda a realizar las respectivas valoraciones, en el entendido que de no realizarla dentro del plazo que se dé al efecto, se autorizara a mi representada a presentar el respectivo avaluó en ejecución de sentencia para hacer dineraria la condena impuesta. Todas estas erogaciones, estarán a cargo de las demandas. 2- Una vez establecido esos avalúos y estando la finca con su valor real, se condene a las accionadas al pago de la indemnización por derecho le corresponde a mi representada producto de la declaratoria de reserva indígena, que se dio sobre el fondo de su propiedad antes descrita, conforme a ese avalúo. 3- Una vez establecido el justiprecio se condene a los demandados al pago de los intereses legales sobre el monto de la indemnización que se establezca en el avaluó hasta el efectivo pago lo cual se determinara en la ejecución de la sentencia. 4- Sobre las sumas indicadas se concede a mi representa indexación sobre los montos establecidos en ejecución de sentencia de conformidad con el índice de precio del consumidor, a efectos de no ser perjudicada por la devaluación monetaria semestral que sufre el país. 5- Que se condene a los demandados al pago de ambas costas procesales y personales. (Ver minuta de audiencia preliminar y audio en custodia de este Tribunal y expediente judicial digital). II.- Por auto de las 10:54 horas del 16 de julio de 2014, se dio traslado de la demanda a las entidades accionadas. (Ver expediente judicial digital). III.- Por escrito recibido el día 17 de setiembre de 2014, la representación de la CONAI contestó negativamente la demanda y en su defensa opuso las excepciones de fondo, falta de legitimación activa y pasiva y falta de derecho. (Ver expediente judicial digital). IV.- Por escrito recibido el día 01 de octubre de 2014, la representación del INDER contestó negativamente la demanda y en su defensa opuso las excepciones de fondo, falta de legitimación activa y pasiva y falta de derecho. (Ver expediente judicial digital). V.- A pesar que a la Asociación de Desarrollo Indígena de Quitirrisí de Mora se le dio audiencia como tercera interesa; esta no se manifestó al respecto. VI.- Por escrito presentado el día 16 de febrero de 2016, con base en lo que dispone el artículo 68.2 del CPCA la representación de la actora amplió los hechos de la demanda, alegando que el inmueble inscrito bajo sistema de folio real matrícula No. 36084-000, se inscribió registralmente desde el 24 de junio de 1903, antes de la entrada en vigencia de la Ley Indígena. Por auto de las 15:12 horas del 16 de marzo de 2016 se dio audiencia a las partes. (Ver expediente judicial digital). VII.- La audiencia preliminar prevista en el artículo 90 del Código Procesal Contencioso Administrativa se llevó a cabo el día 21 de abril del 2016, contando con la presencia de las partes y en la que se analizaron las pretensiones, se determinaron los hechos controvertidos y se admitió la prueba documental y pericial. (Ver acta de audiencia preliminar y respaldo en formato digital). VIII.- El día 13 de marzo de 2018, se realizó la audiencia complementaria de juicio oral y público, en la que se hizo por parte de los abogados litigantes los alegatos de apertura, se recibió la declaración del perito Ing. Top. Mauricio Mora Porras y se rindieron las conclusiones correspondientes. IX.- En el procedimiento se han seguido las prescripciones de ley y no se observan vicios capaces de invalidar lo actuado. Se dicta esta sentencia por mayoría, dentro del plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo para los asuntos complejos, previa deliberación de rigor. Redacta el Juez Salas Leitón. CONSIDERANDO: I.- DE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: La representación del INDER ofreció como prueba para mejor resolver copia del oficio AT-448-2014 del 22 de setiembre de 2014, suscrito por el Jefe del Área de Topografía del INDER, en el que da respuesta al oficio DAJ-675-14-2014, en el que se le solicitó determinar si el inmueble representado en el plano catastrado SJ-1008095-2005 estaba afecto a la Reserva de Quitirrisí indicando en lo que interesa que el plano aportado se relaciona con la finca No.1-36084-000, la cual fue absorbida cuando se dio la ampliación del Territorio Indígena por Decreto 29452-G del 2001. Que del estudio se determinó que el plano en cuestión se encuentra afectado parcialmente por el Área Silvestre Protegida Zona Protectora Cerros de Escazú, creada en julio de 1975, por Decreto No. 6112-A y que se tomara en consideración que según el plano No. SJ-402190-80 al que hace referencia la finca 36084, de acuerdo a su ubicación cartográfica no afectaba el territorio indígena. Además aportó una certificación del Catastro Nacional del Plano No. 1-894058-2003, el cual modifica el plano No. SJ-402190-1980, en la que se advierte por parte del Catastro Nacional que el documento se ubica dentro de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí, por lo que debía contar con el visado de la CONAI visado del Ministerio de Ambiente y Energía en el que se dice que de acuerdo a la ubicación que aparece en el plano, el inmueble que se describe se ubica dentro de la zona protectora Cerros de Escazú. En cuanto a la admisión de la prueba para mejor resolver, se debe indicar que tal situación se contempla en el artículo 331 del Código Procesal Civil, el cual resulta de aplicación supletoria en esta Jurisdicción, de acuerdo a lo que dispone el artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ahora, respecto a la admisión facultativa de la prueba para mejor resolver, es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que su rechazo no produce la indefensión de las partes. Entre otras sentencias, se transcribe en lo que interesa el Voto N° 547-F-2002 de las 16 horas del 12 de julio de 2002, en el cual esa Sala indicó: “(…) IV.- Múltiples precedentes de esta Sala, refiriéndose a la prueba para mejor resolver, han señalado que esta es prueba del juez, y no de las partes. En consecuencia, la decisión de recabarla es facultativa del órgano jurisdiccional, y puede prescindirse de ella sin necesidad de resolución alguna. Ergo, la omisión de pronunciamiento a su respecto, precisamente porque ha sido rebasada la etapa probatoria, en la cual deben las partes demostrar los hechos constitutivos de su derecho, según lo imponen las normas sobre la carga de la prueba y precluida aquella etapa, será facultad exclusiva del juzgador, determinar si deben allegarse a los autos nuevas probanzas necesarias para la correcta decisión del litigio. Pueden consultarse, entre muchas otras las siguientes resoluciones; 59 de las 15:20 horas del 31 de mayo de 1996, 23 de las 14:20 horas del 4 de marzo de 1992, 34 de las 10:45 horas del 28 de mayo de 1993 y 83 de las 14:40 horas del 22 de diciembre de 1993. (…)”. En el caso concreto, el Tribunal por mayoría estima que la prueba ofrecida se debe admitir, ya que posee pertinencia. II.- HECHOS PROBADOS: De importancia para el dictado de esta sentencia, se tienen como tales los siguientes: 1) Que conforme a la certificación del Registro Público de fecha 15 de enero de 2016, la finca 36084 fue inscrita desde el 24 de junio de 1903, según tomo 638, folio 81, asientos del 1 al 11 y tomo 2159 folio 56, asiento 11, ambos de la Provincia de san José y que el 20 de noviembre de 1973, la citada finca fue adquirida por el señor Pedro Jiménez Mora, cédula 1-172-487. (Ver imágenes 40, 224 y 228 del expediente judicial digital). 2) Que la Reserva Indígena de Quitirrisí de Mora fue creada por el Decreto Ejecutivo No. 6036-G del 12 de junio de 1976 y declarada así por el artículo 1 de la Ley Indígena No. 6172 y su extensión fue ampliada por Decreto Ejecutivo No. 29452-G del 2001, disponiendo en lo que interesa: "...Artículo 1º-Modifíquese el artículo N° *2 del Decreto Ejecutivo N° 10707- G del 24 de Octubre de 1979, para que de ahora en adelante se lea así. a Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí, está localizada en las hojas cartográficas del Instituto Geográfico Nacional, escala 1:50,000 Abra 3345 I y Río Grande 3325 IV. La Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí se localiza por las siguientes coordenadas: Partiendo del punto de coordenadas N 207 600 E 511 950 punto de intersección entre la Quebrada Honda y la carretera Nacional Ciudad Colón- Puriscal. Se sigue aguas arriba por la Quebrada Honda, hasta la unión con uno de sus afluentes en coordenadas N 207 610 E 512 090. Continúa por el afluente aguas arriba, hasta el punto de coordenadas N 208 450 E 513 650. El lindero de la Reserva Indígena sigue por los puntos de coordenadas: N 208 500 E 514 575 N 207 975 E 515 100 ( HITO 1813) N 207 650 E 5l5 675 N 207 350 E 5l5 300 naciente en el mapa de la Quebrada Barro. Se sigue aguas abajo por esta quebrada hasta el punto de coordenadas N 205 000 E 513 400. De ahí un Oeste franco al punto de coordenadas N 205 000 E 511 825, punto que interseca la quebrada Mina. Se continúa al punto de coordenadas N 205 050 E 511 725 donde se interseca la Quebrada Mónica. El límite de la Reserva continúa aguas abajo por la Quebrada Mónica, hasta el punto de coordenadas N 204 550 E 510 950. Se sigue al punto de coordenadas N 204 600 E 510 l00 donde se interseca la Quebrada Mata, continuando aguas arriba por esta Quebrada hasta el punto de coordenadas N 205 100 E 509 250. Se continúa al punto de coordenadas N 205 000 E 509 350; carretera entre Morado y Guayabo. Se sigue por la carretera de Guayabo hasta el punto de coordenadas N 205 550 E 508 675, punto de intersección entre la carretera a Guayabo y la carretera Ciudad Colón. De este punto se sigue por una recta, al punto de coordenadas N 205 650 E 508 550. De ahí se sigue por una Quebrada (representada en el Mapa por curvas de nivel) aguas abajo, hasta su confluencia con el Río Jaris en coordenadas N 206 600 E 508 050. Sigue el lindero aguas abajo por el Río Jaris hasta el punto de coordenadas N 208 750 E 504 900. Punto donde confluye la Quebrada Pita sobre el Río Jaris. Se sigue aguas arriba por esta Quebrada Pita, hasta su naciente en el mapa en coordenadas N 209 660 E 506 215. De ahí una recta a punto de coordenadas N 209 900 E 506 500, punto que interseca el camino Guaco. Se sigue por este camino con rumbo sureste, hasta el punto de coordenadas N 208 575 E 508 205. De ahí se continúa por una trocha rumbo noroeste, hasta la intersección de esta trocha con la Quebrada Chavarría en coordenadas N 209 275 E 509 650. Se continúa aguas abajo por la quebrada Chavarría, hasta su confluencia con la quebrada Honda en coordenadas N 209 445 E 509 775; para continuar aguas arriba por la Quebrada Honda hasta el punto coordenadas N 207 600 E 5ll 950. Punto inicial de la presente descripción. *(NOTA DE SINALEVI: Mediante el presente artículo, se modifica el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 10707 del 24 de octubre de 1979, no obstante en razón de la materia reformada y la información suministrada por el Ministerio de Gobernación y Policía, la reforma corresponde al artículo 3°)". (Hecho no controvertido). 3) Que el día 04 de marzo de 2003, comparecieron ante el Notario Público Isaac Montero Solera las señoras Margarita, Beatriz y Sergio todos mayores y de apellidos Jiménez Guevara como propietarios de la nuda propiedad de la finca No. 36084 y la señora Gladys Guevara Vega como titular del usufructo y por la suma de 2 millones de colones vendieron a la sociedad actora dicha finca cuya naturaleza indicaron era de montes, con una cabida de 68,066.24 metros cuadrados, sita en el Distrito Primero Colón del Cantón Sétimo Mora, linda al norte con Quebrada Honda y otros, al sur con Leopoldo Barboza Estrada, al este con Manual Vásquez y otros y al oeste con Leopoldo Barboza y y acceso a servidumbre, con plano catastrado No. SJ-1-402190-1980. (Ver imágenes del expediente judicial digital). 4) Que el 26 de enero de 2004 la apoderada general de la sociedad actora compareció ante el Notario Guillermo Montero Solera a efectos de rectificar la naturaleza del inmueble No. 36084-000 con una cabida de 68,066.24 metros cuadrados, indicado que se trata de un terreno de potrero, con los siguientes linderos: Norte: Río Quebrada Honda en medio de Leopoldo Barboza Estrada, Marco Tulio Alpizar Rivera y Misael Fuente Hernández, al Este con Cincuenta y Tres Punto Cinco S.A., al oeste con servidumbre agrícola y al sur con Condor Anónimo Sociedad Anónima y Roque Quirós Porras y que el plano correcto lo era el Plano Catastrado No. SJ-1-894058-2003. (Ver imágenes del expediente judicial digital). 5) La Dirección Ejecutiva de la CONAI, emitió el día 11 de mayo de 2005 el visado del plano bajo el señalamiento que en el tanto la propiedad esté localizada donde el dibujante la situó en la cuadrícula, se encuentra ubicada en su totalidad dentro de la reserva indígena de Quitirrisí y que el visado se otorgaba por ser una propiedad inscrita en el Registró Público antes de la promulgación de la reserva. (Ver imágenes del expediente judicial digital). 6) Que conforme a la certificación registral aportada, la sociedad actora es propietaria de la finca inscrita bajo sistema de folio real del Partido de San José, No. 36084-000, con una cabida de sesenta y ocho mil sesenta y seis metros con veinticuatro decímetros cuadrados, cuya naturaleza fue descrita con terreno, situada situada en el distrito 1 Ciudad Colón, Cantón 7 Mora de la Provincia de San José, cuyos linderos son: Al norte Río Quebrada Honda, al sur Leopoldo Barboza y otro, al este Manuel Vásquez y otros, al oeste Leopoldo Barboza, con Plano: S.J.-1-008095-2005 es propiedad de la sociedad Cincuenta y Tres Punto Cinco S.A. cédula jurídica No. 3-101-259773, inscrita el 12 de mayo de 2003. (Ver imagen 412 del expediente judicial digital). 7) La Jefatura del Departamento de Estudios Territoriales de la CONAI emitió la certificación No. CDET-068-14 de las 10 horas del 10 de junio del 2014, en la que indicó que el plano catastrado No. SJ-1008095, propiedad de la actora sita en Quebrada Honda, Distrito 01, Colón, Cantón 07 Mora Provincia 1 de San José, con una área de 68066.24 metros cuadrados se encuentra ubicado dentro de la Reserva Indígena de Quitirrisí y afectada por la ampliación del 201 (Sic). (Ver imagen 421 del expediente judicial digital). 8) En la audiencia preliminar realizada el día 21 de abril de 2016, se aceptó como prueba pericial la realización de un peritaje por parte de un Topógrafo que determinara la exactitud cartográfica del inmueble, tomando en cuenta los planos que se aportaron al expediente judicial. Peritaje que recayó en el Topógrafo Mauricio Mora Porras, quien rindió su pericia mediantes informes del mes de marzo y ampliaciones del mes de julio y diciembre del año 2017; concluyendo que la finca No. 1-36084-000 propiedad de la actora, se encuentra asociada al plano SJ-1008095-2005, se encuentra dentro de la reserva Indígena Huetar de Quitirrisí. Lo anterior utilizando como insumo la georreferenciación de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí, según Decreto No. 29452-G. Situación que reiteró ante esta Cámara en la audiencia de juicio. (Ver imágenes de la 100 a la 112 del expediente judicial digital y respaldo digital de la audiencia de juicio). III.- HECHOS NO PROBADOS: 1) Que la finca inscrita bajo sistema de folio real del Partido de San José, No. 36084-000, con una cabida de sesenta y ocho mil sesenta y seis metros con veinticuatro decímetros cuadrados, cuya naturaleza fue descrita con terreno, sita en el distrito 1 Ciudad Colón, Cantón 7 Mora de la Provincia de San José, cuyos linderos son: Al norte Río Quebrada Honda, al sur Leopoldo Barboza y otro, al este Manuel Vásquez y otros, al oeste Leopoldo Barboza, con Plano: S.J.-1-008095-2005, propiedad de la sociedad Cincuenta y Tres Punto Cinco S.A. cédula jurídica No. 3-101-259773, inscrita el 12 de mayo de 2003; se encuentre localizada fuera de la Reserva Indígena de Quitirrisí. (No hay prueba en tal sentido). 2) Que la sociedad actora utilizara el plano catastrado No. SJ-402190-1980, el cual ubicaba la propiedad SJ-1036084 fuera de la reserva indígena con el fin de inscribir la finca en el Registro Público y una vez registrada la finca, se cambiara el plano SJ-402190-1980 por el plano SJ-1-894058-2003, el cual ubica la propiedad dentro de la reserva indígena. (No se ubica prueba en tal sentido). 3) Que la sociedad actora haya adquirido el inmueble No. 36084-000 de mala fe. (No se ubica prueba en tal sentido). 4) Que a la fecha el INDER y la CONAI hubiesen realizado las diligencias expropiatorias sobre la finca No. 36084-000 afecta a la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí por Decreto No. 29452-G del 2001, en los términos en que se los impone el artículo 5 de la Ley Indígena. (No se ubica prueba en tal sentido). IV.- OBJETO DEL PROCESO Y ALEGATO DE LAS PARTES: De acuerdo a lo indicado por la representación de la sociedad actora; el presente proceso tiene como objeto impugnar la conducta omisiva, del INDER y de la CONAI en su obligación de cumplir con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley No. 6172 "Ley Indígena" lo cual consiste en realizar las expropiaciones y pagar los fundos afectados, esto desde el año 1977, en virtud de que la finca de su propiedad inscrita en el Registro Público, Sección propiedad del partido de San José, sistema de folio real matrícula número: tres seis cero ocho cuatro-cero cero cero, la cual es terreno de potrero, mide: sesenta y ocho mil sesenta y seis metros cuadrados con veinticuatro decímetros. Linda al norte: Río Quedada Honda y otros, sur Leopoldo Barboza y otro, este: Manuel Vásquez y otros, y oeste: Leopoldo Barboza. Situada en el distrito primero, Colón, Cantón siete, Mora de la Provincia de San José. Inscrita bajo el Plano número: SJ-1008095-2005; fue abarcada por la Reserva Indígena de Quitirrisí de Mora sin que a la fecha se le haya indemnizado como en derecho corresponde. Lo anterior de conformidad con el artículo 35 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Con base en lo alegado, la sociedad actora solicitó que en sentencia se ordene a las demandadas a realizar dentro de un plazo razonable en conjunto con el Ministerio de Hacienda, el avalúo correspondiente según la Ley de Expropiaciones y una vez establecido su valor real, se condene a las accionadas al pago de la indemnización mas sus intereses, montos que deberán ser indexados con el índice de precio del consumidor. En cuanto a los hechos señaló: 1) Que ostenta la titularidad trasmitida por los legítimos propietarios del inmueble del partido de San José, inscrita bajo sistema de folio real matrícula No. 36084-000, creada registralmente desde el 24 de junio de 1903, sea antes de la emisión de la Ley Indígena y de la imposición de sus limitaciones. Titularidad que fue adquirida de buena fe y al amparo registral, de acuerdo con lo establecido en los artículos 268 y 291 de nuestro código Civil, sin que en el Registro advirtiera limitación registral o que el inmueble se encontraba dentro de una reserva indígena. Aunado a que no hay una prohibición expresa en la Ley Indígena, ni en otra ley para que el propietario de un derecho de posesión o de propiedad ---a quien no se le ha indemnizado---; traspase sus derechos y este traspaso no va contra la moral, el orden público o las buenas costumbres. 2) Que el Poder Ejecutivo, afectó la indicada finca por Decreto No. 29452-G, del 16 de Abril del 2001. Que el señalado decretó limitó su libertad de disposición o de usufructuar ese inmueble; como el poder de disposición sobre ellos en los términos del artículo 292 del Código Civil, ya que no puede utilizar los recursos naturales de su finca, talar, sembrar, ni edificar, ni hacer potreros para el ganado, esto porque estas comunidades indígenas se amparan en el artículo 3 y 6 de la Ley Indígena que así lo establece. Que el Departamento de Estudios Territoriales de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, por certificación No. CDET-068-14, indicó que su inmueble se encuentra dentro del territorio Indígena Huetar de Quitirrisí de Mora; pero que el INDER y la CONAI han mantenido una conducta omisiva desde 1977 hasta la fecha, a pesar de que el artículo 5 de la citada ley dispone que las limitaciones sobre propiedades de los poseedores de buena fe y propietarios de fincas incluidas dentro de la Reservas Indígenas deben ser indemnizadas a sus propietarios por una expropiación de hecho, sea propietario originario o no; lo cual a la fecha no han hecho en su caso, lo que constituye un enriquecimiento ilícito. Que en su caso de dio una expropiación de su inmueble sobre la que no se le ha pagado la indemnización correspondiente, con lo cual se le violenta gravemente su derecho fundamental a la propiedad consagrado en el artículo 45 constitucional. 3) Que la Procuraduría General de la República ante consulta realizada del INDER indicó en su Dictamen No. C-395-2003 del 16 de diciembre del 2003, que si el IDA formaliza el traspaso sin reubicar los propietarios o poseedores de buena fe a que se refiere el párrafo primero de artículo 5 de la ley Indígena, o sin haber iniciado los trámites expropiatorios, el traspaso no afectaría los derechos de propiedad y posesión de quienes no hayan sido reubicados o expropiados con la respectiva indemnización, lo cual podría generar responsabilidad civil por parte del Instituto en razón de daños y perjuicios que tal situación podría causar a las comunidades indígenas, así como a los propietarios y afectados. Por su parte la Sala Primera en su voto No. 001604-F-S1-2012, de las 09:00 horas del 06 de diciembre del 2012, indicó: "...Así las cosas, para la Sala es diáfano que corresponden al INDER, en lo que resulta de interés para este caso, las siguientes funciones: 1) reubicar a propietarios o poseedores de buena fe fuera de las reservas indígenas y; 2) expropiarlas e indemnizarlas si la reubicación no fuera posible. La particular forma que se ideó para la dotación financiera del fondo y su administración, no demerita que a la luz de la norma es claro que corresponde al Instituto demandado, en coordinación con el CONAI, realizar los trámites expropiatorios. Luego, su preocupación en torno a que de cumplirse con el fallo, la Institución, o su Junta Directiva, contravengan las normas que definen sus finalidades, resultan infundadas, toda vez el pronunciamiento jurisdiccional presupone la omisión del cumplimiento de una función que le fue asignada por una ley especial, de modo que el análisis sobre su marco competencial no puede entenderse constreñido a su ley de creación, si otras reglas de igual rango le confieren tareas adicionales, lo que en todo caso no resulta irrazonable o improbable, tomando en cuenta la antigüedad de creación de la Institución, y la comprensión y atención de nuevas necesidades sociales que deben ser solventadas por el Estado, a través de su complejo entramado. Así, no se observa el quebranto referido en la sentencia atacada, de modo que su disconformidad por razones de fondo, también debe ser denegada...". De forma que la particular forma que se ideó para la dotación financiera del fondo y su administración, no demerita que a la luz de las normas, le corresponde al Instituto demandado, en coordinación con el CONAI, realizar los trámites expropiatorios. 4) Que los propietarios no originarios, tienen derecho a la indemnización respectiva; pues de lo contrario, se violentara lo dispuesto en los artículos 3 y 5, de la Ley Indígena y favorece una expropiación de hecho, lo cual no es el espíritu, ni la letra de esa ley. Además se contravendría el artículo 45 de la Constitución Política en su resguardo de la propiedad privada, en forma doble, primero con la declaratoria de la reserva sin indemnizar previamente y la segunda vez, por el hecho de que no puedan ser indemnizados los que posean en forma indirecta al adquirir por medio de ventas legítimas, donaciones, informaciones posesorias y derechos reconocidos mediante procesos sucesorios ante nuestros Tribunales de Justicia, limitando el cobro solo a los poseedores originales, violentando además no sólo el derecho de propiedad del artículo 45, sino también la libertad de contratación, la cual tiene rango constitucional. La representación de la CONAI señaló en cuanto a los hechos que si bien la actora es titular registral de la finca sobre la que reclama una indemnización, porque se ubica dentro de la reserva indígena de Quitirrisi; es manifiesto que su adquisición la hizo el 12 de mayo del 2003, luego de haber entrado en vigencia el decreto del año 2001 y bajo el principio de que nadie puede alegar ignorancia de la Ley, a pesar de que exista una inscripción registral a su nombre, no le asiste derecho alguno debido a que el inmueble ha pertenecido al Estado y a las comunidades indígenas desde el año de 1939 según Ley No. 13 del 10 de enero de 1939 "Ley de terrenos baldíos", que en su artículo 8 estableció: "Se declara inalienable y de propiedad exclusiva de las indígenas, una zona prudencial a juicio del poder ejecutivo en los lugares donde exista tribus de estos, a fin de que se conserven nuestra raza autóctona y de librarlos de futuras injusticias". Por su parte el artículo 11 indicó: "Pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales...a) todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de las república que no estén inscritos como propiedad particular", además en carácter de reserva Nacional desde 1961 con la emisión y entrada en vigencia de la Ley de Tierras y Colonización (Ley 28259) "Articulo 7, i) Todos aquellos terrenos que hubieren sido declarados denunciables o inalienables por disposiciones legales anteriores" y que por el objeto de la sociedad actora, (Comercio, industria, turismo, agricultura, ganadería, etc., es contrario a lo establecido en la Ley indígena y a lo establecido en el convenio 169 de la OIT, siendo un delito disponer esas propiedades para esos fines; por lo que dicha compra fue absolutamente nula, por lo que en este tipo de casos no aplica lo que establece el 292 del código civil. Que no es cierto que la CONAI tenga que realizar estudios a no indígenas que no tengan derecho a ser indemnizados como lo quiere hacer ver el actor. Que la ley especial prevalece sobre la general, y en este caso la Ley fue creada en 1977, no pudiéndose a partir de esa fecha transmitir la propiedad, sin que pueda alegar desconocimiento de la ley y el Código Civil artículo 1061 establece claramente que toda venta de cosa ajena es absolutamente nula. Que de esa forma a la sociedad actora no se le conculcó derecho alguno ya que se trata de un poseedor de mala fe al haber adquirido después de entrada en vigencia el decreto, y nunca ha existido conducta omisiva o ha sido expropiado por parte de la administración, razón por la cual no le alcanza la protección del artículo 45 constitucional. Que en los casos de traspasos de inmuebles afectos por la Ley Indígena no aplica el principio de la autonomía de la voluntad y la Sala Primera en sentencia 000403-F-2006 indicó: "El derecho de posesión puede adquirirse y ejercerse en nombre propio o ajeno, así, el primero ocurre cuando su dueño entra en posesión material del bien. Se ejerce en nombre de otro, cuando el propietario lo autoriza, por ejemplo para su administración, en condición de encargado", en este caso las personas indígenas han sido propietarias de dichas fincas desde tiempos inmemoriales y legalmente establecido desde 1939 con la Ley de Terrenos baldíos, y desde el año 1977 mediante la ley indígena se ratifica y se le da mayor protección por el hecho que ellos también son propietarios de dichos terrenos a los cuales nunca asintieron dichas compra-ventas viciadas de nulidad y que el enriquecimiento ilícito, sería pagar propiedades que no deben de ser pagas ya que es poseedora de mala fe. Sobre los fundamentos de derecho acotó que la ley de terrenos baldíos de 1939, reconoció por primera vez el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras. Luego, en 1959 se ratificó el Convenio 107 de la OIT en la que el Estado costarricense se obligó a reconocer las tierras ocupadas por los pueblos indígenas, de forma que el derecho de los pueblos indígenas a los territorios tradicionalmente ocupados por ellos, ha sido reconocido antes de la ley indígena y los decretos; sin embargo la Ley Indígena 6172 del 29 de noviembre de 1979, su reglamento, y demás decretos ejecutivos, vinieron a especificar la creación de las reservas Indígenas, específicamente el artículo 1 de la Ley Indígena creó de forma concreta algunas reservas que ya eran territorios Indígenas antes de la creación de la Ley. Que esta fuente normativa ha venido a establecer que los territorios indígenas le pertenecen a los pueblos indígenas quienes han sido sus ocupantes tradicionales, y esto produce que esos inmuebles sean inalienables, imprescriptibles no transferibles y son exclusivos de las comunidades indígenas. Que el artículo 5 de la Ley Indígena señala: "En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley No. 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas. Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI. Si posteriormente hubiera invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colones en efectivo, que se consignaran mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la primera en el año 1979: dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982. El fondo será administrado por la CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República". Que conforme a dicho artículo existen 3 supuestos para que proceda la indemnización: Primer presupuesto: Que el artículo 3 de la Ley Indígena vino a declarar las reservas indígenas como territorios inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan, estableciendo que los no indígenas no podrían alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de las reservas y que todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de estas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo. Que si bien el artículo 5 de la referida Ley, estableció la obligación de indemnizar a los no indígenas con terrenos dentro de una reserva, tal indemnización solo procede en los casos en que los no indígenas propietarios o poseedores, hubiesen ocupado dichas tierras antes de la declaratoria de reserva, de buena fe según las reglas del código civil. De manera que no procede pagar indemnización alguna en aquellos casos en que las propiedades ya se encontraban afectadas. Segundo presupuesto: Que los trámites y estudios de expropiación tenía que realizarlos el ITCO en coordinación con la CONAI y en conjunto con las propietarias de las reservas que según los artículos 2 y 4 de la Ley y artículos 3,4 y 5 de su Reglamento (Decreto No. 13568-C-G de 30 de abril de 1982); lo son las ADI de la respectiva reserva. Que el artículo 10 del reglamento claramente indica: "Para garantizar los derechos regulados en los artículos 3 y 5 de la Ley, el Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral comparecerá, por sí o a través de su apoderado o Delegado, a la mayor brevedad posible, después de producida la infracción, acompañando la certificación donde aparezca la inscripción de la Reserva, para incoar, ante el funcionario competente, la acción legal correspondiente". De forma que son las ADI las que determinan cuales personas no indígenas tienen derecho a la reclamación y la CONAI solo se encarga de ejecutar el procedimiento de expropiación, pero no tiene la competencia para declarar derechos indemnizatorios a estos propietarios o poseedores de buena fe. Tercer presupuesto: Que de esta forma, son las Asociaciones de Desarrollo Indígena las que tienen que participar en el análisis y determinar quiénes son los que cumplen con los presupuestos del Código Civil y la Ley Indígena para darles a las personas no indígenas el derecho de ser poseedores de buena fe, bajo los siguiente presupuestos: 1) Personas no indígenas o que no pertenezcan a la comunidad indígena. 2) Que hayan adquirido de buena fe un derecho de posesión de un inmueble antes de la declaratoria de la reserva y que al crearse la misma se le vació el contenido esencial de la misma. 3) La buena fe significa que los propietarios o poseedores adquirieron sus derechos sobre los inmuebles según las reglas del código civil. 4) Deben de probar administrativamente y judicialmente, que ejercían actos posesorios sobre los inmuebles antes de entrar en vigencia el decreto. Que para que un no indígena pueda ser indemnizado tiene que cumplir con todos los presupuestos anteriormente analizados y que se encuentre en los supuestos establecidos en la Ley Indígena. La representación del INDER manifestó sobre el fondo: 1) Que el INDER rechaza la validez de la certificación número CDET-068-14, emitida por el Departamento de Estudios Territoriales de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, el día 10 de junio de 2014, firmada por el señor José Manuel Paniagua Vargas y de la certificación para el visado de plano, emitida por la Dirección Ejecutiva de la CONAI, el día 11 de mayo de 2005 a las 11:00 horas; por cuanto no son documentos válido e idóneos para probar que el inmueble sobre el que reclama la indemnización se encuentra dentro de la Reserva Indígena de Quitirrisí. Lo anterior por cuanto las personas y dependencias que los emitieron, carecen de competencia y prueba técnica para los efectos, con lo que se violenta lo dispuesto en los artículos 129 y 136 de la Ley General de la Administración Pública. Que la competencia de la CONAI está regulada en el artículo 4 de la Ley Indígena, el cual señala: “Las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la república que los rijan, bajo la coordinación y asesoría de CONAI". Que no es competencia de la CONAI, hacer declaratoria de poseedores de buena fe o indicar sí un inmueble está o no dentro de una reserva. Además, al analizar el artículo 5 de la misma ley, nos damos cuenta que tampoco es posible encontrar legitimación para que un Departamento de la CONAI, pueda emitir certificaciones, como la de marras. Incluso, el señor Paniagua Vargas, es hasta donde conocemos, Geógrafo y no Topógrafo, como para eventualmente darle algún crédito a la certificación emitida. 2) Que dentro de los supuestos para que una persona sea indemnizada comforme a la Ley Indígena, su artículo 5 exige: 1) Deben ser personas no indígenas. 2) Deben ser propietarios o poseedores de buena fe, de inmuebles ubicados dentro de la Reserva indígena. Los propietarios o poseedores, deben serlo, desde antes de la declaratoria de Reserva Indígena o desde antes de que se hayan modificado los límites de la Reserva ya existente. Que en el presente caso, la ampliación de tal reserva se hizo a través del decreto número 29452-G del 16 de abril de 2001, y en el informe registral se muestra que la finca fue inscrita a nombre de la Sociedad, el día 12 de mayo de 2003 por lo que queda totalmente claro que la actora adquirió la finca en fecha posterior a la creación de la Reserva Indígena y su posterior ampliación, por lo que su derecho no es de buena fe, incluso es ilegal y por ende inexistente. Es ilícito indemnizar a personas que ocupen un inmueble que ya estaba previamente afectado o expropiado, ya que no se pueden hacer actos de disposición sobre propiedades que ya se encuentran afectadas a un fin público o fuera del comercio de los hombres. Por tal motivo el artículo 3 de la Ley, sanciona con nulidad absoluta, cualquier acto de disposición de inmuebles ubicados dentro de las reservas indígenas, debido a que después de la declaratoria de afectación no se pueden realizar actos traslativos de dominio sobre la misma. Respecto a la buena fe, debemos señalar que ello tiene que ver con la forma y el momento en que los actores ingresaron al inmueble. Si lo hicieron en fecha posterior a la declaratoria de reserva indígena o posterior a la fecha de la ampliación de la misma, tanto, la forma, como su permanencia en el inmueble para el cual reclaman la indemnización, deben ser considerados como de mala fe, incumpliendo con el requisito de buena fe exigido en el artículo 5 de la Ley Indígena. También los actores deben probar administrativa y judicialmente que ejercían actos posesorios sobre el inmueble, desde antes de entrar en vigencia la Ley 6172, sea la Ley Indígena o desde antes de que fueron modificados los límites de la Reserva. En resumen, que la actora no cumple con los requisitos exigidos explícitamente por la Ley para hacerse acreedores del derecho de indemnización pretendido. 3) Respecto al análisis correcto que debe hacerse del artículo 5 de la Ley Indígena: Que con el paso del tiempo, los órganos jurisdiccionales han ido precisando el verdadero alcance del referido artículo, tomando en consideración las discusiones que se realizaron en la Asamblea Legislativa cuando se discutía el Proyecto de Ley que concluyó con la promulgación de la Ley Indígena, lo señalado por el Reglamento a la Ley; por la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda y también por la Presidencia de la República, quedando evidenciado, sin duda alguna, que los recursos financieros para las indemnizaciones, deben provenir del Gobierno Central y no del presupuesto del INDER. La representación del INDER cita lo dispuesto en sentencias precedentes de manera resumida: A) Con respecto a los recursos para cancelar las indemnizaciones: Que con ocasión del proceso tramitado bajo expediente 10-000274-CA (al que se acumuló el proceso número 10-0002957-1027-CA), y al proceso tramitado bajo expediente No. 10-00275-1028-CA la entonces Presidente de la República, Laura Chinchilla Miranda señaló textualmente: “AI respecto me permito manifestar que al Poder Ejecutivo no puede reprochársele la inactividad acusada respecto a la obligación de tramitar ante el Poder Legislativo, un presupuesto extraordinario. Lo anterior, por cuanto es competencia de otros órganos, realizar los estudios técnicos y avalúos que permitan determinar el monto total a presupuestar, como aspecto previo para atender la presunta inactividad reprochada. Así mismo, el Decreto es claro en señalar que le compete a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), por medio del Departamento de Estudios Territoriales, realizar dichos avalúos y presentarlos ante el Poder Ejecutivo; situación que al día de hoy no se ha hecho efectiva. Queda claro que la intervención del Poder Ejecutivo en este proceso, depende de la solicitud que le presente CONAI, por lo que no existe responsabilidad por omisión atribuible al Poder Ejecutivo, puesto que como se ha indicado en el presente proceso, previo a la intervención de éste, deberán las instituciones realizar las gestiones administrativas que corresponden, luego de las cuales, la CONAI deberá ponerlo en conocimiento del Poder Ejecutivo, a fin de proceder con la previsión presupuestaria, que eventualmente tendría como finalidad, la indemnización de los terrenos". Además que, en el proceso tramitado bajo expediente Judicial No. 10-00274-1028-CA, La Directora General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda (entiéndase Poder Ejecutivo), señaló entre otras cosas lo siguiente: "Como se puede apreciar, la Ley no crea la fuente de financiamiento para ese fondo, sino que simplemente crea la obligación y se lo destina a la CONAI, sin indicar los nuevos ingresos con que contaría el Poder Ejecutivo para financiar los gastos que quedarían descubiertos por la disposición de ley supracitada". Continúa señalando: "En virtud de lo anterior, una vez liquidado el presupuesto de los años 1979, 1980, 1981 y 1982, no es posible para la Administración, desde un punto de vista jurídico presupuestario, modificarlo, ni darle efecto retroactivo, pues se ha constituido en un acto consumado. Consecuentemente, al día de hoy no se ha efectuado materialmente el aporte de cien millones de colones en efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones de cada una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982, por lo que no podríamos indicar la entidad a la que se le giró el citado aporte". "Así las cosas, por las razones expuestas, resulta evidente que la obligación dispuesta para ser atendida en los presupuestos expresamente consignados en el artículo 5 de la Ley Indígena número 6172 no se ha incluido en ningún momento histórico en el proyecto de Presupuesto Nacional de la República y para el 2014, se podrían presupuestar los ¢100.000.000.00 necesarios para pagar las expropiaciones de personas no indígenas de las reservas indígenas que como reiteradamente se ha señalado, debieron incluirse en los presupuestos generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982, por cuanto los mismos ya fueron liquidados", con lo que se reconoce que corresponde al Poder Ejecutivo, aportar los recursos para las indemnizaciones que correspondan y no al INDER. Además esa representación indicó que el artículo 35 de la Ley 9036 del 29 de mayo de 2012 “Ley de creación del Instituto de Desarrollo Rural” y el artículo 110.e de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No. 8131 establecen una limitación en cuanto al uso de los recursos asignados y una prohibición para destinarlos a fines distintos a los establecidos por ley al señalar: "Previsiones de Ley. Los bienes y los recursos que constituyen el patrimonio del INDER, solo podrán ser aplicados para los fines previstos en esta ley", y el inciso e) del artículo 110. "Hechos generadores de responsabilidad administrativa: El empleo de fondos públicos sobre los cuales tenga facultades de uso, administración, custodia o disposición, con finalidades diferentes de aquellas a las que están destinados por ley, reglamento o acto administrativo singular, aun cuando estas finalidades sean igualmente de interés público o compatibles con los fines de la entidad o el órgano de que se trate"; por lo que no podría el INDER destinar fondos a fines distintos que los señalados en su ley constitutiva, como lo sería el pago de una indemnización como la que se pretende. B) Con respecto a las funciones de las instituciones indicadas en el artículo 5 de la Ley Indígena: Que en la sentencia No. 74-2013-VII del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sétima, Segundo Circuito Judicial, San José, de las 10:30 horas del 29 de octubre de 2013, se establecieron las competencias de las instituciones mencionadas en el artículo 5 de la Ley indígena de la siguiente manera: 1) Al INDER: El legislador instrumentalizó al denominado en aquel momento Instituto de Tierras y Colonización, luego Instituto de Desarrollo Agrario, hoy Instituto de Desarrollo Rural, en relación con el cual existen aún vigentes, sus deberes legales de delimitar los terrenos que conforman las reservas indígenas, conforme al Decreto Ejecutivo número 5904 del 11 de marzo de 1976 y de proveer de los terrenos que resulten necesarios para reubicar a los no indígenas cuando ello proceda. 2) A la CONAI: La realización de los censos poblacionales dentro de las reservas indígenas, claro está, una vez que se encuentren claramente delimitadas por el INDER. 3) Los estudios y trámites de expropiación: Deben ser realizados por el ITCO (IDA hoy INDER), en coordinación con la CONAI. 4) A las Asociaciones de Desarrollo Indígenas: Como propietarias de las reservas, determinar qué personas no indígenas eran las propietarias o poseedoras de buena fe de inmuebles ubicados dentro de las reservas indígenas declaradas en el artículo 1 de la Ley Indígena No. 6172. Finalmente señaló que para el órgano jurisdiccional, los propietarios o poseedores de buena fe, de fincas ubicadas dentro de las reservas indígenas, serían las siguientes: -Personas no indígenas o que no pertenecen a la comunidad indígena. -Que hayan adquirido de buena fe, un derecho de propiedad o posesión de un inmueble, antes de la declaración de reserva indígena --La buena fe significa que los propietarios o poseedores adquirieron sus derechos sobre los inmuebles, según las reglas del Código Civil. --Deben probar administrativa y judicialmente que ejercían actos posesorios sobre el inmueble antes de entrar en vigencia la ley 6172. V.- DE LA TUTELA DE PROPIEDAD PRIVADA Y LA REGULACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD INDÍGENA: Conforme a lo expuesto, la actora planteó proceso impugnando la conducta omisiva, del INDER y de la CONAI con su obligación de cumplir con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley No. 6172 "Ley Indígena" lo cual consiste en realizar las expropiaciones y pagar los fundos afectados, ya que su inmueble No. 36084-000 con plano catastrado No SJ-1008095-2005, fue absorbida por el Decreto Ejecutivo No. 29452-G del 16 de abril 2001, que amplió los límites de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí de Mora, por lo que solicita se condene a las accionadas a realizar junto al Ministerio de Hacienda, en un plazo razonable, el avalúo que indica la Ley de Expropiaciones y una vez que se cuente con el valor real, se condene a las demandadas a abonarle la respectiva indemnización, mas sus intereses hasta su efectivo pago e indexación, que por derecho le corresponde, producto de la declaratoria de reserva indígena, que afectó su propiedad. Tal y como se referenció supra, la representación de la CONAI alega que a la sociedad actora no le corresponde la indemnización que reclama en razón que las tierras que registralmente se encuentran a su nombre, han pertenecido desde tiempos inmemoriables a la Comunidad Indígena, las cuales ya se encontraban afectas a ese fin con la emisión de la Ley de Terrenos Baldíos, Ley No. 13 del 10 de enero de 1939. Que en 1959 se ratificó el Convenio 107 de la OIT, en el que el Estado se comprometió a reconocer las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas y la Ley Indígena de 1977, por lo que cualquier negocio entre particulares con dichas tierras es absolutamente nulo, por tratarse de bienes ajenos a sus poseedores y que están fuera del comercio de los hombres. Aunado a ello, indicó que la actora actuó de mala fe, pues adquirió el inmueble el día 12 de mayo de 2003 y que la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí, fue ampliada por Decreto No. 29452-G del 16 de abril de 2001, de forma que lo hizo a sabiendas que adquiría un bien dentro de una reserva indígena, circunstancia que lo torno en un poseedor de mala fe, por lo que no se le está violentando su derecho de propiedad. Y que en todo caso son las Asociaciones de Desarrollo Indígenas las que deben determinar cuáles personas tienen derecho a la reclamación sobre tierras obtenidas de buena fe y antes de la declaratoria de Reserva Indígena, ya que la CONAI sólo se encarga de realizar el procedimiento de expropiación. Por su parte la representación del INDER, cuestionó la validez de la certificación emitida por el Departamento de Estudios Territoriales de la CONAI No. CDET-068-14 de fecha 10 de junio de 2014, bajo el alegato de que tal Departamento carece de competencia para esos efectos, ya que a la CONAI lo que le compete es la coordinación y asesoría de la comunidades indígenas, y no indicar si un inmueble fue adquirido por un no indígena de buena fe o que el inmueble se encuentra dentro de una reserva. Que la actora al haber obtenido el inmueble posterior a la vigencia del Decreto No. 29452-2001 lo hizo de mala fe, y al estar afecto dicho inmueble a las limitaciones de la Ley Indígena, dicho negocio jurídico se tornó nulo de manera absoluta y por lo tanto incumplen con el requisito que exige el artículo 5 de la Ley Indígena (buena fe) para ser indemnizados. También alegó que los recursos para indemnizar las expropiaciones deben provenir del Gobierno Central y no del presupuesto del INDER, y que de utilizar recursos del INDER para indemnizar expropiaciones de inmuebles ubicados en reservas indígenas sería contrario a lo dispuesto en su Ley de creación No. 9036 y a lo indicado en el artículo 110.e de la Ley de la Administración Financiera de la Repúblicas y Presupuestos Públicos No. 8131 y que al INDER conforme a la Ley Indígena le corresponde únicamente delimitar los terrenos que conforman las reservas indígenas, y realizar los estudios y trámites de expropiación junto a la CONAI y proveer de terrenos necesarios para reubicar a los propietarios no indígenas cuando ello proceda. Trabada así la litis, corresponde estos analizar por parte de la Cámara si efectivamente las instituciones accionadas incurrieron en una omisión al no haber realizado las diligencias útiles y necesarias a efectos de que procedieran a la expropiación de la finca del Partido de San José No. 36084-000, con plano catastrado del Partido de San José asociado No. SJ-1008095-2005. Para el voto de mayoría, en primer lugar se debe partir de la protección que la Constitución Política brinda a la propiedad privada como derecho fundamental reconocido expresamente en su artículo 45). Dicho artículo señala: "La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social." Si bien el artículo consagra la inviolabilidad de la propiedad privada, si dejó la posibilidad de que por razones de interés público, dicho derecho ceda, claro está, previa indemnización del valor del bien expropiado. Así, el derecho de propiedad no es absoluto y en determinadas circunstancias dicho derecho puede ser afectado en razón de un interés publico, a condición de que el titular del derecho sea compensado económicamente en razón de su sacrificio. Se trata de un daño ocasionado por la Administración en aplicación de una ley, es decir, se trata de un daño por funcionamiento legítimo y conducta normal. Es por ello que la Ley General de la Administración Pública a partir de su artículo 190) desarrolla la garantía en cuanto al deber de indemnizar por ese tipo de daño con las limitaciones que el artículo 194) establece. Este artículo señala: "1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del administrado en forma especial, por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la lesión. 2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al momento de su pago, pero no el lucro cesante. 3. El Estado será responsable por los daños causados directamente por una ley, que sean especiales de conformidad con el presente artículo." De esta forma tenemos que existe un deber de indemnizar cuando la propiedad privada es expropiada por parte del Estado o sus instituciones, por razones de interés público, sin que pueda obviar dicha obligación de manera válida. Y paralelamente a la expropiación debe establecerse las diligencias tendientes a fijar la indemnización patrimonial respectiva. En el caso de la propiedad indígena tenemos que el Estado costarricense en el ejercicio de sus competencias ratificó en el año de 1959 el Convenio 107 de la OIT, en el que se dispuso en sus artículos 12, 13 y 14 la obligación de los Estados partes del Convenio en reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor de los miembros de las poblaciones indígenas sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas y la asignación de tierras adicionales a dichas poblaciones cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico. Luego, Costa Rica mediante algunos decreto ejecutivos fue creando reservas indígenas bajo lo establecido en el Convenio, dotando de tierras a las poblaciones indígenas de las zonas así declaradas. En el caso de la Reserva Indígena de Quitirrisí de Mora, esta fue establecida por Decreto Ejecutivo N° 6036-G "La Gaceta" N° 113 del 12 de Junio de 1976. Luego la Asamblea Legislativa emitió la Ley Indígena No. 6172 del 29 de noviembre de 1979, en la que reiteró la condición de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí creada por Decreto Ejecutivo N° 6036-G. Posteriormente por Decreto Ejecutivo N° 10707- G " La Gaceta" N 210 del 8 de Noviembre de 1979, dicha reserva fue delimitada como "Caserío Indígena". Finalmente, por Decreto No. 29452-G del 16 de abril de 2001, el Poder Ejecutivo con fundamento en lo que disponen los incisos 3) y 18 del artículo 140 de la Constitución Política, la Ley Indígena N° 6172 del 20 de Noviembre de 1977 y la Ley 7316 del Convenio Internacional N° 169 de la O.I.T. y considerando que para para delimitar la Reserva Indígena de Quitirrisí, no se realizaron los estudios científicos o al menos técnicos, que con objetividad establecieran un área prudencial para esa Reserva, por lo que el área no guardaba de manera alguna el reflejo de la realidad de la Comunidad Indígena de Quitirrisí, por lo que se debía otorgar a esa Comunidad una Reserva con una delimitación acorde a su vida cultural y socio-económica, en función de su desarrollo y por lo tanto dispuso modificar sus límites de la siguiente manera: "...La Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí se localiza por las siguientes coordenadas: Partiendo del punto de coordenadas N 207 600 E 511 950 punto de intersección entre la Quebrada Honda y la carretera Nacional Ciudad Colón- Puriscal. Se sigue aguas arriba por la Quebrada Honda, hasta la unión con uno de sus afluentes en coordenadas N 207 610 E 512 090. Continúa por el afluente aguas arriba, hasta el punto de coordenadas N 208 450 E 513 650. El lindero de la Reserva Indígena sigue por los puntos de coordenadas: N 208 500 E 514 575 N 207 975 E 515 100 ( HITO 1813) N 207 650 E 5l5 675 N 207 350 E 5l5 300 naciente en el mapa de la Quebrada Barro. Se sigue aguas abajo por esta quebrada hasta el punto de coordenadas N 205 000 E 513 400. De ahí un Oeste franco al punto de coordenadas N 205 000 E 511 825, punto que interseca la quebrada Mina. Se continúa al punto de coordenadas N 205 050 E 511 725 donde se interseca la Quebrada Mónica. El límite de la Reserva continúa aguas abajo por la Quebrada Mónica, hasta el punto de coordenadas N 204 550 E 510 950. Se sigue al punto de coordenadas N 204 600 E 510 l00 donde se interseca la Quebrada Mata, continuando aguas arriba por esta Quebrada hasta el punto de coordenadas N 205 100 E 509 250. Se continúa al punto de coordenadas N 205 000 E 509 350; carretera entre Morado y Guayabo. Se sigue por la carretera de Guayabo hasta el punto de coordenadas N 205 550 E 508 675, punto de intersección entre la carretera a Guayabo y la carretera Ciudad Colón. De este punto se sigue por una recta, al punto de coordenadas N 205 650 E 508 550. De ahí se sigue por una Quebrada (representada en el Mapa por curvas de nivel) aguas abajo, hasta su confluencia con el Río Jaris en coordenadas N 206 600 E 508 050. Sigue el lindero aguas abajo por el Río Jaris hasta el punto de coordenadas N 208 750 E 504 900. Punto donde confluye la Quebrada Pita sobre el Río Jaris. Se sigue aguas arriba por esta Quebrada Pita, hasta su naciente en el mapa en coordenadas N 209 660 E 506 215. De ahí una recta a punto de coordenadas N 209 900 E 506 500, punto que interseca el camino Guaco. Se sigue por este camino con rumbo sureste, hasta el punto de coordenadas N 208 575 E 508 205. De ahí se continúa por una trocha rumbo noroeste, hasta la intersección de esta trocha con la Quebrada Chavarría en coordenadas N 209 275 E 509 650. Se continúa aguas abajo por la quebrada Chavarría, hasta su confluencia con la quebrada Honda en coordenadas N 209 445 E 509 775; para continuar aguas arriba por la Quebrada Honda hasta el punto coordenadas N 207 600 E 5ll 950. Punto inicial de la presente descripción..." Así pues el Poder Ejecutivo, en tutela de los derechos de las comunidades indígenas conforme a lo que se dispuso en los Convenios suscritos por el país y a la legislación nacional, acordó ampliar los límites territoriales de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí, con lo que necesariamente abarcó propiedades que al momento en que se creó la reserva, no fueron afectadas y por ende carecían de todo tipo de limitación, y se encontraban dentro del comercio de los hombres, pero que al momento en que fueron absorbida, por la reserva quedaron afectas a lo que al respecto dispone la Ley Indígena y por ende surge sin duda, el deber del Estado de indemnizar la propiedad conforme a lo que señala el artículo 45 de la carta magna. Y es que en cuanto a la potestad de expropiar para la creación o ampliación de las reservas indígenas, la Ley Indígena señala en lo que interesa en su artículo 5): "...En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. (Así reformado por el artículo 65, inc. d) de la Ley Nº 7495 de 3 de mayo de 1995). Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI...". Conforme a la literalidad del citado artículo, le corresponde al ITCO hoy INDER, reubicar a los no indígenas que posean propiedades o fuesen poseedores de buen fe en tierras declaradas como reserva indígena y en caso de que no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. Se trata entonces de una potestad-deber del INDER en coordinación con la CONAI de expropiar e indemnizar a los propietarios o poseedores de buena fe de los terrenos afectos a una Reserva Indígenas cuando los titulares del derecho no quisieren o no fuese posible reubicarlos en otros terrenos. Nótese que el legislador utilizó el verbo "deberá", lo que constituye un termino ordenatorio y no potestativo, como por ejemplo "podrá". De esta forma el INDER según la Ley Indígena, tiene el deber legal junto a la CONAI, de realizar los estudios y trámites de expropiación e indemnización conforme a lo establecido en la Ley de Expropiaciones, y de esta forma lograr un equilibrio entre los derechos de los pueblos indígenas a ocupar tierras conforme a la Ley Indígena y Convenios suscritos; pero paralelamente se le respete el derecho a la indemnización de los no indígenas, que en su momento inscribieron fincas en el marco de la publicidad registra, por no existir limitación al respecto, y que posteriormente fueron abarcadas en zonas declaradas reservas indígenas. En cuanto a la preocupación de la representación del INDER en torno a la finalidad de los fondos destinados a esa institución, resulta oportuno traer a colación lo indicado por la Sala Primera, al respecto: "...Luego, su preocupación en torno a que de cumplirse con el fallo, la Institución, o su Junta Directiva, contravengan las normas que definen sus finalidades, resultan infundadas, toda vez el pronunciamiento jurisdiccional presupone la omisión del cumplimiento de una función que le fue asignada por una ley especial, de modo que el análisis sobre su marco competencial no puede entenderse constreñido a su ley de creación, si otras reglas de igual rango le confieren tareas adicionales, lo que en todo caso no resulta irrazonable o improbable, tomando en cuenta la antigüedad de creación de la Institución, y la comprensión y atención de nuevas necesidades sociales que deben ser solventadas por el Estado, a través de su complejo entramado...". (RES: 001604-F-S1-2012. SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.San José, a las nueve horas del seis de diciembre de dos mil doce.) Por último; si bien el artículo 3 de la Ley Indígena saca del comercio de los hombres la tierras dentro de las reservas indígenas al declararlas inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan, como garantía para las poblaciones indígenas a gozar de dichas tierras; lo cierto es que dicha garantía se debe entender en armonía con la garantía constitucional a la inviolabilidad de la propiedad privada, y que en caso de interés público se debe indemnizar al expropiado por la pérdida del bien. De esta forma, si el Estado o sus instituciones no expropian e indemnizan como es su deber, no puede obviar válidamente tal obligación, pues la norma legal (Ley Indígena) choca de frente con la norma constitucional que es de mayor rango (artículo 45 constitucional). Y de no proceder el Estado y sus instituciones con la expropiación a que lo obliga el artículo 5) de la Ley Indígena, lo que está propiciando son problemas de carácter social al enfrentarse propietarios registrales no indemnizados, con indígenas ocupantes de las reservas, situación que a todas luces debe prevenir el Estado y sus instituciones procediendo en los términos a que la ley los obliga, sea, procediendo con los trámites expropiatorios correspondientes. VI.- SOBRE EL FONDO: El punto a dilucidar es pues, si efectivamente las entidades accionadas incurrieron en una omisión, al no cumplir con una obligación impuesta por el legislador en el artículo 5 de la Ley Indígena. Ha quedado acreditado que ni el Decreto Ejecutivo No. 6036-G, publicado en la Gaceta del 12 de Junio de 1976, ni la Ley Indígena afectó a la finca del Partido de San José No. 36084-000, y esta estuvo siempre fuera de la Reserva y se encontraba para todos los efectos dentro del comercio de los hombres. También quedó acreditado que conforme al historial registral de la finca; esta fue inscrita desde el año de 1903 y adquirida por el señor Pedro Jiménez Mora, cédula 1-172-487 el día 20 de noviembre de 1973, y el día 04 de marzo de 2003, la adquirió la sociedad actora de la señora Gladys Guevara Vega, Margarita Jiménez Guevara, Beatriz Jiménez Guevara y Sergio Jiménez Guevara. Nótese que la titularidad de la sociedad actora es como propietaria registral del inmueble y no como poseedora de buena fe. Luego, se tiene que el Poder Ejecutivo por Decreto No. 29452-G del 16 de abril de 2001, amplió los límites de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí de Mora y conforme al peritaje realizado por el Ingeniero Topógrafo Mauricio Mora Porras, la propiedad No. 36084-000 quedó absorbida dentro de los nuevos límites de la Reserva, sin que a la fecha se hayan realizado las diligencias de reubicación o expropiación que le impuso el artículo 5) de la Ley Indígena al INDER y a la CONAI. Es por ello que la actual propietaria del inmueble sostiene que las accionadas incurrieron en una conducta omisiva y accionan para que se les obligue a realizar los respectivos avalúos en conjunto con el Ministerio de Hacienda, y procedan según lo establecido en la Ley de Expropiaciones. En cuanto a las conductas omisivas, el artículo 36.e) del CPCA señala que será objeto del proceso contencioso, la conducta omisiva del Estado y sus instituciones. Y es que con el CPCA se pasó de un contencioso administrativo al acto, a un contencioso administrativo a la conducta, tanto activa como omisiva, lo cual constituye un avance extraordinario en tutela de los derechos de los administrativos, ante omisiones atribuibles a la Administración, que bajo el anterior esquema procesal no podían ser impugnadas. Ahora bien, las omisiones administrativas pueden ser conceptualizadas como "(...) el incumplimiento por la administración pública de una obligación administrativa preexistente -impuesta por el ordenamiento jurídico- que le produce una lesión antijurídica al administrado o al interés público, por lo que representa una disfunción administrativa que debe ser objeto de control y fiscalización jurisdiccional para superar sus efectos antijurídicos" (Jinesta Lobo, Ernesto; Conducta administrativa objeto del proceso, en libro colectivo "El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo", San José, Poder Judicial, 2006, pp. 215-216), siendo que la conducta reclamada puede ser clasificada como una forma de inactividad formal entendida aquella como "(...) la falta de emisión por la administración pública de una declaración de efectos jurídicos que resulta legalmente debida" (véase el mismo texto antes mencionado, en que se cita la tipología de inactividad administrativa realizada por Marcos Gómez Puente). A ese respecto, la Sección VI de este Tribunal indicó en la sentencia No. 302-2012 de las 15:30 horas del 21 de diciembre de 2012, indicó lo siguiente: "...La inactividad jurídica es consecuentemente, una disfunción administrativa, en tanto que implica la omisión de actuación formal o material del Estado o un ente público, y por ello, doctrinariamente se habla de diferentes tipos de inactividad de la Administración. Así, tenemos la inactividad en la emisión de un determinado acto administrativo (formal), la inactividad producida por la omisión de una actuación material (emisión de un acto jurídico), fáctica (prestación de un servicio público) o técnica. En todos estos supuestos, se parte de un deber de hacer o dejar de hacer de la Administración respectiva, que es incumplido por ella y que tiene efectos jurídicos hacia un particular concreto y/o terceros. Frente a este no actuar, surge la posibilidad de que el Administrado haga uso del ordenamiento jurídico que obliga a la Administración Pública a actuar dentro de niveles adecuados de funcionamiento para el cumplimiento de los fines públicos. Es así como nuestro Derecho de la Constitución prevé la existencia de principios rectores que deben regir la función administrativa, tales como la eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad en su actuación formal y material. En este sentido, se advierte en la Constitución Política, el deber de vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas (art.140.8), la "buena marcha del Gobierno" (art. 139.4) y el principio de “eficiencia de la administración” (art. 191). Por su parte, nuestra Sala Constitucional ha hecho referencia al denominado derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos, como una obligación ineludible de la Administración de frente a los administrados (ver, entre otros el voto No. 2003-11222 de las 17:48 hrs. del 30 de septiembre de 2003). Por su parte, a nivel legislativo, no puede obviarse lo dispuesto por la Ley General de la Administración Pública, en cuanto a los principios fundamentales del servicio público (art. 4), en lo que interesa, la continuidad y eficiencia) y el deber de aplicar las normas de la economía, simplicidad, celeridad y eficiencia (art. 269.1). Es evidente para la mayoría de este Tribunal que la omisión de funcionamiento de la Administración, significa apartarse de las anteriores disposiciones, en tanto que la debida actuación formal o material de ésta, es incumplida en perjuicio del usuario del servicio y de sus derechos, tutelados, inclusive constitucionalmente, tal y como hemos determinado. Ante esta situación, de previo al año 2008, el administrado contaba con escasos medios jurídicos para hacer valer sus derechos en la vía legal. La antigua Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, contaba con la limitación de que se encontraba orientada a brindar la posibilidad, básicamente de que el administrado objetara la conducta formal y/o pedir responsabilidad o el restablecimiento de la situación jurídica, (proceso contencioso administrativo objetivo) mas sin que algunas de las más comunes formas de funcionamiento o disfuncionamiento administrativo pudieran ser objetables, si no existía un acto administrativo previo. Con la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, este panorama sufre un cambio fundamental, en tanto que se opta por un proceso contencioso subjetivo, en el que se hace referencia a un concepto mucho más amplio de situaciones jurídicas protegidas frente a conductas de la Administración, concepto este último, que como hemos dicho, engloba, actos, actuaciones materiales y omisiones de aquella. Es así como el artículo 36.e) del indicado Código establece que la pretensión administrativa será admisible respecto de las conductas omisivas, el artículo 42.g) posibilita a establecer pretensiones para que se condene a realizar una conducta específica y el artículo 122.g) correlativamente establece la procedencia de que mediante sentencia se condene en tal sentido (...)". Ahora bien, para determinar si estamos frente a una conducta omisiva de la Administración, es necesario determinar: 1) Que se demuestre cuál es la conducta administrativa debida conforme con el ordenamiento aplicable; 2) Que la Administración no ha emitido los actos administrativos singulares necesarios para cumplir o hacer cumplir la conducta debida; y, 3) Que ese incumplimiento afecta de forma efectiva alguna situación jurídica relevante (ya sea este un derecho subjetivo, un interés legítimo, un interés difuso, entre otros). Tomando en consideración estos tres supuestos a continuación procederemos con el análisis del presente caso a efectos de determinar si se cumplen con los anteriores requisitos para que se configure la inactividad administrativa alegada: a) Sobre la conducta debida conforme con el ordenamiento jurídico: El artículo 5 de la Ley Indígena señala: "...En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. ( Así reformado por el artículo 65, inc. d) de la Ley Nº 7495 de 3 de mayo de 1995). Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI...". (los subrayados no corresponden al original). b) Sobre la omisión de la Administración de emitir los actos singulares necesarios para cumplir o hacer cumplir la conducta debida: Fue sobradamente acreditado que la finca del Partido de San José No. 36084-000 cuenta con un historial registral que se remonta al año de 1903. Luego también quedó demostrado, que dicho finca fue afectada por las condiciones que señala la Ley Indígena hasta con al emisión del Decreto Ejecutivo No. 29452-G del 16 de abril de 2001, y que a la fecha ni el INDER, ni la CONAI procedieron en los términos a que las obliga el artículo 5 de la Ley Indígena, ya que ni reubicaron ni expropiaron el bien, no obstante que desde la emisión del Decreto 29452-G al inmueble se le aplicó todo el régimen de la Ley Indígena, con los que sus titulares vieron vaciado su derecho de propiedad afectando el nucleo duro o mínimo de tal derecho al punto de que no pueden explotarlos, pues se tornaron afectos a la Ley Indígena y a todas las limitaciones que dicha ley previó en su artículo 3, el cual señala: "...Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros...". c) Sobre la afectación a un derecho subjetivo ante la omisión acusada: Tal y como se indicó líneas atrás, el sistema jurídico costarricense, protege el derecho de propiedad, consagrando su inviolabilidad y consagra la responsabilidad del Estado y sus instituciones por todo daño que cause con su actividad normal, anormal, lícita e ilícita. En el presente caso, la sociedad actora adquirió un derecho subjetivo sobre la propiedad No. 36084 a partir del negocio jurídico que realizó con las señoras Margarita, Beatriz y Sergio todos mayores y de apellidos Jiménez Guevara y la señora Gladys Guevara Vega. Propiedad cuyo traspaso se hizo el 12 de mayo de 2003. De esta forma, la actora posee un derecho subjetivo a la propiedad sobre el citado inmueble, no un derecho de posesión, como lo considera la representación de la CONAI, por lo que no podría calificarse ese derecho de si lo es de buena o mala fe. Inscripción que se hizo en el marco de la seguridad y publicidad registral y nunca ha sido impugnado. Derecho que conforme a la normativa merece tutela jurídica por afectaciones provocadas por el Estado y sus instituciones, aún cuando se haga por funcionamiento normal y lícito, en los términos que lo indican los artículo 9 y 45 de la Constitución Política; 190 y 194 de la Ley General de la Administración Pública. Corolario de lo anterior, es que la Cámara considera que efectivamente las accionadas han incurrido en una conducta omisiva y por ende se debe acoger la demanda parcialmente, ordenándoseles al INDER y a la CONAI para que en el plazo máximo de 1 un mes a partir de la firmeza del presente fallo, procedan a realizar las diligencias expropiatorias del inmueble del partido de San José No. 36084-000 con una cabida de 68,066.24 metros cuadrados con Plano Catastrado No. SJ-1-894058-2003, conforme a lo que les obliga el artículo 5) de la Ley Indígena. En todo lo demás se rechaza la demanda. VII.- EXCEPCIONES: La representación de la CONAI y del INDER opusieron en su defensa las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva y falta de derecho. Sobre la excepción de falta de legitimación en su doble vertiente (activa y pasiva), debe advertirse que la legitimación constituye la capacidad, la aptitud para ser parte de un proceso concreto, como parte pasiva, dependiendo de las condiciones que para tal efecto, la ley procesal preceptúa con relación a la pretensión que se plantea. Ahora, la legitimación deviene ya sea de la relación jurídico-administrativa establecida entre el actor y la Administración, o bien de la ley, de acuerdo a la que ella haya establecido al respecto. En el presente caso la legitmación activa de la sociedad actora proviene de su titularidad con respecto al inmueble No. 36084-000, la cual se indicó, se encuentra ubicada en una área que fue declarada por el Poder Ejecutivo como parte de la ampliación a la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí, realizada por Decreto No. 29452-G del 2001, situación que legitima a la actora a plantear el reclamo y la legitimación pasiva de las actora deviene de lo dispuesto en la Ley Indígena No. 6172, razón por la cual se debe rechazar dicha excepción. En cuanto a la excepción de falta de derecho, retomando lo dicho por nuestra Sala Primera, es menester remitirse a la demostración de los hechos, como parte fundamental de ello, porque de lo que en ese acápite se determina, se podrá desprender si existen o no las bases legales para lo pretendido. Establece la legislación vigente que una de las excepciones oponibles en los procesos judiciales es la Falta de Derecho (artículo 298 del Código Procesal Civil) y sobre esa excepción la doctrina nos indica: "...Hablar de falta de derecho es como hablar de falta de norma jurídica, por lo que lo correcto sería hablar entonces de falta de presupuestos materiales o falta de elementos en la pretensión material -no procesal pues ésta todos la poseemos, a pesar de la imprecisión terminológica falta de derecho parece entonces referirse a las denominadas por la doctrina italiana como condiciones de la "acción" o requisitos de la pretensión y que se sabe comprende los requisitos constitutivos, para hacer comprender que sin ellos el derecho de acción no se ejerce adecuadamente y que los mismos debe, por consiguiente, ser considerados como los extremos necesarios y suficientes para determinar en concreto, el nacimiento del derecho a la pretensión. Tales requisitos de la pretensión, que deben concurrir, para que pueda considerarse estimatoria la misma, la cual busca la resolución favorable, son, según la doctrina, tres: (a) un cierto hecho específico jurídico, o sea, una cierta relación entre un hecho y una norma; (b) la legitimación, (c) el interés procesal. Entonces la falta de derecho estaría representada por la inexistencia de los presupuestos materiales para cada caso concreto...". Habiéndose acreditado parcialmente derecho amparable a favor de la sociedad actora, se debe acoger parcialmente la excepción y por ende se acoge parcialmente la demanda. VIII.- COSTAS. En cuanto a este rubro, al amparo del numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, no existe en criterio de la mayoría de este Tribunal motivo alguno para proceder a la exoneración en costas, por lo que debe imponerse el importe de las mismas a cargo de las accionadas. POR TANTO: Por mayoría se admite la prueba para mejor resolver ofrecida. Se acoge parcialmente la falta de derecho. Por mayoría se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta y por ende se ordena el Instituto de Desarrollo Rural y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas para que en el plazo máximo de 1 un mes, a partir de la firmeza del presente fallo, procedan a realizar las diligencias expropiatorias del inmueble del partido de San José No. 36084-000 con una cabida de 68,066.24 metros cuadrados con Plano Catastrado No. SJ-1-894058-2003, conforme a lo que les obliga el artículo 5) de la Ley Indígena. En todo lo demás se rechaza la demanda. Son ambas costas a cargo de las accionadas, las cuales se liquidarán en fase de ejecución de sentencia a petición de la sociedad actora. NOTIFÍQUESE. José Iván Salas Leitón, Felipe Córdoba Ramírez, Elías Baltodano Gómez. Jueces. Voto salvado del Juez Felipe Córdoba Ramírez. Con profundo respeto de la posición adoptada por mis compañeros, estimo que la demanda debe ser declarada sin lugar en todos sus extremos. A estos efectos, habré de indicar que con ocasión de haber integrado la Sección VII de este Tribunal, tuve la oportunidad de redactar la sentencia dictada con el N° 74-2013-VII de las 10:30 hrs. del veintinueve de octubre del dos mil trece, en la que sobre el régimen jurídico de protección a las reservas indígenas, particularmente en lo que toca a los artículos 5 y 3 de la Ley Indígena. En dicha oportunidad se apunto como sigue: "1.- Sobre la evolución normativa en la materia de territorios indígenas. El primer antecedente legislativo en la materia -ya entrada la Nación en su época Republicana- se ubica en la otrora vigente Ley Sobre Terrenos Baldíos número 13 del 20 de enero de 1939, publicada en la Colección de Leyes y Decretos de ese año, en su primer semestre, tomo segundo, página 10, que en su artículo 8 rezaba como sigue y en lo conducente: "... se declara inalienable y de propiedad exclusiva de los indígenas, una zona prudencial a juicio del Poder Ejecutivo en los lugares en donde existan tribus de éstos, a fin de conservar nuestra raza autóctona y de librarlos de futuras injusticias". (El resaltado no es del original). Este primer antecedente normativo como se puede observar, de entrada reconoció desde esa data el derecho de propiedad exclusiva del que son titulares las comunidades indígenas, pero para entonces, en un tanto de áreas territoriales a ser definidas “a juicio del Poder Ejecutivo”, en la medida de que se trataría de los sitios en que estos grupos se encontrasen emplazados, esto es, que a partir del sitio en que se encontrasen ubicadas esas comunidades, se declararían esas tierras propiedad de una determinada comunidad indígena, pero en un área definida en criterio del Poder Central, lo que admitiría que podrían serlo inferior a las efectivamente ocupadas por estas poblaciones. Desde entonces, se observa al menos como una ventaja para las comunidades indígenas, el carácter inalienable que le fue dado a este tipo de propiedad residenciada en un grupo minoritario, pero determinado de personas, unidas por lazos culturales particulares, lo que no fue otra cosa que un blindaje con el que se pretendió proteger su derecho de propiedad comunitaria -aunque lo fuese hasta una vez materializado por un acto el Poder Ejecutivo-, y esto, frente a posibles intentos ya de terceros, como de los propios grupos indígenas, de trasladar el dominio de esos bienes en favor de terceros y por supuesto, disponiendo la imposibilidad de que personas ajenas a estos grupos de la población nacional, pudiesen alegar derechos o titularidad sobre los mismos. Singular nota entonces, lo es que se trató desde sus inicios de bienes que se encontraron "fuera del comercio de los hombres". La norma sin embargo nada expresó sobre la posibilidad de que previo a la entrada en vigencia de la misma y que luego de adoptados en aplicación de ésta, los relacionados actos posteriores que definiesen la identidad de esas áreas de territorio por parte del Poder Ejecutivo, existiesen terceros poseedores o titulares de buena fe sobre esas mismas áreas de superficie, por lo que habría de suponerse, que el Poder Ejecutivo no habría de constituir reservas en terrenos, que no fuesen los materialmente poseídos exclusivamente por indígenas al primer tercio del siglo pasado. Pues bien, en ejercicio de la competencia referida, dada por el legislador al Poder Ejecutivo como se ha informado, no fue sino hasta algunos años después de entrada en vigencia la Ley Sobre Terrenos Baldíos, que se emitió el primer Decreto Ejecutivo en la materia, a saber, el número 45 del 03 de diciembre de 1945. En este decreto, no obstante no se definió ningún área específica como territorio indígena a los propósitos definidos por la ley y pese al texto del artículo 8 de la Ley Sobre Terrenos Baldíos, en su artículo primero consignó lo siguiente: “Declárense inalienables y de propiedad exclusiva de las tribus indígenas autóctonas, los terrenos baldíos por ellas ocupados; con excepción de las fajas destinadas a Carretera Interamericana ". (El resaltado no es del original). De esta forma, aunque el Poder Ejecutivo replicó lo que ya disponía la ley, fue más allá de ésta al establecer que las zonas en cuestión, no habrían de corresponder ya, con aquellas que a juicio del Poder Ejecutivo fuesen designadas para estos fines, “según su criterio”, sino que en su lugar, se estableció que el Poder Ejecutivo habría de reconocer como tales, todas esas áreas del territorio de la nación en tanto se encontrasen siendo ocupadas por las comunidades indígenas. Sea en otros términos dicho lo anterior, que era la posesión efectiva ejercida sobre esos terrenos por las comunidades indígenas para el año de 1945, el criterio a partir del cual como variable, habría de haberse definido la protección legal que por parte del poder central, debía de darse a estas comunidades en garantía de su derecho de propiedad. Con todo y ello, la definición de qué áreas de la superficie de la Nación pertenecerían a estos grupos de personas, contó con una fórmula genérica e indeterminada a esa fecha, pues se trataría de los terrenos que ocupen estos grupos, “en tanto terrenos baldíos”, lo que comprendió un contrasentido, si se trataba de terrenos previamente ocupados por estas comunidades y sobre las que mediaba una propiedad preexistente, reconocible en tanto actos posesorios se ejerciesen en virtud de la misma. El mismo Decreto conformó también según su artículo primero, lo que sería la primera organización dirigida a realizar esfuerzos para materializar el mandato de ley anteriormente citado y puesto en vigencia años atrás, en lo que se denominó como la "Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación", asignándole a ésta la tarea de delimitar aquellas áreas de terreno que por primera vez se denominaron “reservas indígenas”. Por su parte, el primer acto del Poder Ejecutivo efectivamente dirigido a la localización (delimitación) de un territorio indígena, se produjo en términos jurídicos hasta algunos años después, con ocasión de la promulgación del Decreto Ejecutivo número 34 del 15 de noviembre de 1956, que identificó tres reservas distintas que no incluyeron a la de la aquí actora, a saber, la “Boruca-Térraba”, “Ujarrás-Salitre-Cabagra” y “China Kichá”. Por tratarse de un derecho de propiedad en el caso concreto el que se reconoció de esta manera, nos debe remitir ello a la disposición constitucional que lo relaciona como un derecho fundamental, según se extrae del artículo 45 de la Carta Magna. En esta línea de ideas es dable decir, que el acto por medio del cual se estableciese qué área debe considerarse una reserva, no comprende un acto constitutivo, como sí declarativo de una situación jurídica como ya se indicó supra, preexistente en términos de la propiedad de la que son titulares las comunidades indígenas. La posterior consolidación de este derecho de propiedad, privativa en la medida que es exclusiva y excluyente, además de comunitaria o colectiva, “reconocida” jurídicamente -pues no podría afirmarse que se trató de un derecho “constituido” o creado a partir de la vigencia de la Ley de Terrenos Baldíos- se produjo frente a la comunidad internacional al adoptarse como regulación interna el contenido del Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo, en los términos de la Ley de la República número 2330 de nueve de abril de mil novecientos cincuenta y nueve (1959), identificado como el "Convenio Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones Tribales y Semitribales en los Países Independientes". En su artículo 2.1 el convenio de interés dispuso: “Incumbirá principalmente a los gobiernos desarrollar programas coordinados y sistemáticos con miras a la protección de las poblaciones en cuestión y a su integración progresiva en la vida de sus respectivos países”. (El resaltado no es del original). De esta forma, adherido que lo fue por su voluntad el Estado costarricense al instrumento de cita y frente a la comunidad internacional así como frente a estos grupos indígenas, se comprometió como tal a ejecutar esas acciones coordinadas y sistemáticas, dirigidas en lo que nos interesa a este punto, a proteger en los términos más generales a estas poblaciones de la Nación, minoritarias y vulnerables en aquel momento también, conforme lo que ya su ordenamiento jurídico legal le imponía verbigracia de la Ley de Terrenos Baldíos y Decretos Ejecutivos antes citados. Debe relacionarse esta obligación con lo comprendido en el artículo 5 del mismo cuerpo normativo de corte supra legal, que reza: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a la protección e integración de las poblaciones en cuestión, los gobiernos deberán: a) Buscar la colaboración de dichas poblaciones y de sus representantes; (…)”. (El resaltado no es del original). En lo que corresponde con las que para ese momento a nivel del ordenamiento jurídico nacional fueron identificadas como reservas indígenas, el artículo 11 del convenio de cita indicó que en los Estados vinculados: “Se deberá reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas”. (El resaltado no es del original). Así quedó planteado a nivel normativo positivo, que los gobiernos -el Estado como un todo en nuestro caso-, se habrían comprometido desde el año de mil novecientos cincuenta y nueve a desplegar a lo interno de la Nación, procesos coordinados y sistemáticos, entre otras cosas, para responder ante la comunidad internacional y las propias comunidades indígenas en garantía de su preexistente derecho a la propiedad, que debía de ser reconocido y no constituido, incluso, debiendo a esos propósitos de ser el propio Estado, quien debía de “buscar”, y no esperar que suceda lo contrario, la colaboración de las poblaciones indígenas de interés y sus representantes. Por lo demás debe advertirse, que se trata de normas supra legales en los términos del artículo 7 de nuestra Constitución Política, por lo que conforme al principio de jerarquía de las normas, así como el principio de control de la convencionalidad (artículos 1, 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ley de la República número 1615 del veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis y el 6.1.b) de la Ley General de la Administración Pública), habrían éstas de informar de forma sistemática el resto de la normativa de potencia y resistencia inferior, así como servir de parámetro para el operador jurídico a la hora de aplicar el ordenamiento al caso concreto, (artículos 10, tanto de la Ley General de la Administración Pública como del Código Civil). Por lo demás, conforme abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional, como a título de ejemplo, su sentencia número 1995-02313, de las 16:18 hrs. del 09 de mayo de 1995, se ha dicho como derivación del artículo 48 de la Constitución Política, que en tanto los instrumentos de derecho internacional proporcionen mayor protección a los derechos fundamentales, habrán de considerarse éstos de igual rango que la Constitución, de manera que lo relacionado en el convenio de cita, bien puede afirmarse, informa además los adecuados alcances que para estos casos particulares debe de entenderse tiene el artículo 45 de nuestra Constitución Política y el ordenamiento jurídico infra constitucional. Por su relevancia estimamos pertinente la cita en lo conducente, del artículo 13 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo en estudio, en lo que indica en su inciso 2 que: “...Se deberán adoptar medidas para impedir que personas extrañas a dichas poblaciones puedan aprovecharse de esas costumbres o de la ignorancia de las leyes por parte de sus miembros para obtener la propiedad o el uso de las tierras que les pertenezcan”. (El resaltado no es del original). Desde ese momento, rasgos importantes de este tipo de propiedad comunitaria lo son que su régimen jurídico se acerca al del dominio público, aunque no lo es, porque se trata de una propiedad si bien comunitaria y en ese tanto colectiva, exclusiva y excluyente, al tiempo lo es residenciada en un grupo de la población vulnerable, que por esa razón amerita la protección especial del Estado. Pues bien, muy a pesar de lo que en esos momentos el ordenamiento jurídico con claridad reglaba en torno al derecho de propiedad de estas comunidades en los términos dichos, con la adopción y entrada en vigencia de la Ley de Tierras y Colonización número 2825 del 14 de mayo de 1961, publicada en la Colección de Leyes y Decretos de ese año en su segundo semestre, tomo primero, página 394, que derogó la Ley de Terrenos Baldíos, se dispuso conforme su artículo 75, en grosera contravención con el Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo como sigue, en relación con la entidad que identificó ese cuerpo normativo como el Instituto de Tierras y Colonización: “El Instituto, de acuerdo con los organismos pertinentes, velará por el acondicionamiento de las comunidades o familias indígenas, de conformidad con el espíritu de esta ley. No se declarará que las extensas zonas donde estas comunidades viven aisladamente, pertenecen exclusivamente a ellas, pero sí se tratará de reunir a todas estas comunidades, formando un solo centro agrario, en la zona que el Instituto considere adecuada y para lo cual se hará uso del área de terreno que sea necesaria”. Refiere la norma al otrora conocido como ITCO (1961) luego IDA, Instituto de Desarrollo Agrario (1982) actualmente INDER Instituto de Desarrollo Rural (2012). La norma de cita simplemente desconoció de tajo el derecho de propiedad de las comunidades indígenas consagrado en norma de rango, potencia y resistencia superior a la ley. Posteriormente y a más de una década después, encontrándose vigente esta asistemática regulación, se promulgó la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas número 5251, del 11 de julio de 1973, publicada en la Colección de Leyes y Decretos del mismo año en su segundo semestre, tomo primero, página 65. Visto este cuerpo normativo, si se tiene presente el compromiso que se encontraba residenciado en el Estado a partir de la vigencia del Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo en sus artículos 2.1, 5, 11 y 13.2, a esta nueva organización pública interna vinculada con las comunidades indígenas conforme el artículo 4 de la ley mencionada, se le designó por el legislador, con propósitos generales y en lo que interesa para: “…b) Servir de instrumento de coordinación entre las distintas instituciones públicas obligadas a la ejecución de obras y a la prestación de servicios en beneficio de las comunidades indígenas; (…) e) Velar por el respeto a los derechos de las minorías indígenas, estimulando la acción del Estado a fin de garantizar al indio la propiedad individual y colectiva de la tierra; el uso oportuno de crédito; mercadeo adecuado de la producción y asistencia técnica eficiente; (…)”. (El resaltado y subrayado no es del original). Con todo y ello como se verá adelante, estas tareas de coordinación no fueron designadas con exclusividad en la CONAI, pues ya se encontraba vinculado a esta función aunque de diversa forma, el ITCO. Por otra parte, se reiteró la obligación del Estado de garantizar el derecho de propiedad de estas comunidades sobre la tierra. En torno a estas labores de coordinación asignadas, no puede pasarse por alto el artículo 9 del mismo cuerpo legal, que dice así: “Para los efectos del inciso b) del artículo 8, se faculta al Estado, a las instituciones autónomas o semiautónomas del país para prestar ayuda de cualquier índole a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas”. (El resaltado no es del original). Punto aparte lo es que esta ley contempló –nuevamente de forma asistemática- un único transitorio, al parecer inspirado en la Ley de Tierras y Colonización, que rezaba: “A más tardar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vigencia de esta ley, el Instituto de Tierras y Colonización procederá a levantar informaciones posesorias de todas las parcelas ocupadas por los indígenas en las diferentes zonas, a fin de inscribirlas en el Registro de la Propiedad en forma inmediata a nombre de los ocupantes de dichas parcelas. Los indios que no estuvieren ocupando parcelas, deberán ser censados para resolverles el problema de la carencia de tierras a la mayor brevedad posible. El Instituto de Tierras y Colonización deberá mantener una reserva considerable de tierras aptas para el cultivo, en las cuales dará arrendamiento; y que serán destinadas exclusivamente para futuras expansiones de las comunidades indígenas”, (el resaltado no es del original) lo que habla -se insiste- de un despojo de la titularidad de esas tierras contra lo establecido por el derecho internacional. De otra parte, en lo que podría estimarse que constituye algún aspecto favorable a los intereses de las comunidades indígenas, se indicó que a partir de la promulgación de esa ley, era ese Instituto el que habría de haberse provisto al menos de los terrenos suficientes para destinarlos exclusivamente a estas comunidades, así como que, como consecuencia lógica y necesaria de esa atribución-deber, de haber emprendido las tareas pertinentes a fin de determinar y definir con claridad la limitación o deslinde de los terrenos que comprenderían esos territorios. Al año de su entrada en vigencia, fue reformado este transitorio conforme el artículo 1 de la Ley número 5651 de 13 de diciembre de 1974, en los siguientes términos y con desconocimiento absoluto de la propiedad indígena garantizada por el Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo: “Transitorio.- Se declaran inalienables las reservas indígenas inscritas a nombre del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), las cuales se destinarán exclusivamente al asentamiento de las comunidades indígenas, servicios públicos indispensables, y al uso, habitación y usufructo de los aborígenes que carezcan de tierras de su propiedad, inscritas o no inscritas fuera de esas reservas. En éstas el ITCO podrá otorgar arrendamientos a dichos aborígenes, por tiempo limitado e intransferible, salvo a otros aborígenes que se encuentren en las mismas condiciones. El Sistema Bancario Nacional y las demás instituciones del Estado, conjuntamente con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), reglamentarán sistemas especiales para que los miembros de las comunidades aborígenes puedan obtener créditos para la adecuada explotación de las tierras, a que se refiere este transitorio”. Se insiste en que el ITCO debía entonces de delimitar y registrar, aunque lo fuese a su nombre, las áreas de terreno correspondientes. Lo anterior importó el desconocimiento pleno de la propiedad indígena que el Estado se habría comprometido a garantizar ante la comunidad internacional y esos pueblos. Tornando otra vez al texto original de la Ley número 5251 que crea la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, dicha organización según su artículo primero, fue dotada de personería jurídica y patrimonio propios. Se destaca que la Comisión desde su creación -y en ese tanto su asamblea general- se encontraba conformada de manera más que alambicada, entre otros según su artículo 2, inciso a) por: "… los representantes de las dependencias e instituciones siguientes: Presidencia de la República; Universidad de Costa Rica; Universidad Nacional; Ministerio de Educación Pública; Ministerio de Gobernación y Policía; Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes; Ministerio de Salud; Ministerio de Agricultura y Ganadería; Ministerio de Seguridad Pública; Instituto Mixto de Ayuda Social; Instituto de Tierras y Colonización; Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado; Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; Instituto Nacional de Aprendizaje; y Servicio Nacional de Electricidad; (…)”. (El resaltado no es del original). Lo anterior da cuenta del vínculo necesario que debía de existir entre el Poder Central, ministerios incluidos y entre otros entes, el mismo ITCO, esto, hasta el dictado de la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 3485-2003, de las 14:17 hrs. del 02 de mayo del 2003, fallo cuyo contenido no entramos a analizar, bastando con indicar que se estimó inconstitucional a partir del mismo, que la Comisión estuviese integrada con dichas autoridades públicas. Debe tomarse nota de que las instituciones y Ministerios referidos conformaban parte de la asamblea general de la CONAI, con facultades para fijar su política general actuando como componentes de dicho órgano colegiado, así como para aprobar o improbar su presupuesto, tanto ordinario como extraordinario. La finalidad de esta organización se reitera por su relevancia, lo fue entre otras cosas y como se advirtió, la de servir de instrumento de coordinación interinstitucional, así como la de velar por el respeto a los derechos de las minorías indígenas estimulando la acción del Estado a fin de garantizar al indígena la propiedad individual y a su comunidad, la propiedad de sus territorios según reza el artículo 4 inciso e) de dicho cuerpo legal, lo que explica de algún modo, la intención originaria del legislador. En lo que toca al patrimonio de la CONAI, se habría de encontrar constituido a la fecha de su entrada en operación, por la subvención anual que se venía dando en la Ley de Presupuesto General Ordinario de la República a la anterior Junta de Protección a las Razas Aborígenes; las contribuciones extraordinarias acordadas por el Estado e instituciones autónomas y semiautónomas de la República; los bienes pertenecientes a la anterior Junta; las donaciones de particulares, de Estados extranjeros, agencias y fundaciones internacionales o cualquiera otra entidad; “paradójicamente”, el uso de nombres, símbolos y figuras indígenas; y el importe de los derechos otorgados para el uso comercial de esos nombres, símbolos y figuras indígenas, (artículo 8, inciso a) de la Ley de Creación de la CONAI). Siempre en lo que corresponde con temas presupuestarios, el artículo 9 de esta ley dispuso que el Estado e instituciones autónomas y semiautónomas de la República, se encontrarían autorizados para prestar ayuda de cualquier índole a la CONAI, claro está, para la consecución de sus fines. De otra parte y siempre en esta misma línea de ideas, en su artículo 28, la ley que nos ocupa indicó que: “A fin de que el Poder Ejecutivo pueda estar en condiciones de fijar en el proyecto de ley de Presupuesto General de la República, la subvención que a bien tuviere, a más tardar el 31 de julio de cada año, la Junta Directiva remitirá a la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República, una estimación razonada de sus necesidades para el próximo período fiscal. Es entendido que para el período fiscal de 1973 no rige esta disposición. Asimismo los presupuestos de la Institución serán sometidos a la Contraloría General de la República para su aprobación y liquidación conforme a la ley”. (El resaltado no es del original). Luego y por diversos Decretos Ejecutivos, el poder central hizo enunciación algunos postulados que resultan aplicables a toda las comunidades indígenas, pese a que lo haya sido con ocasión del reconocimiento sólo de algunas de ellas, y que resultan de interés. A saber, en el Decreto Ejecutivo número 5904 del 11 de marzo de 1976, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 70, del 10 de abril de 1976. En este instrumento normativo, se declaró entre otras cosas lo que sigue: “Considerando: (…)5°- Que aún existen territorios poblados exclusivamente por indígenas haciendo posible la delimitación de dichas Reservas; (…) 10.- Que es deber del Estado vigilar la seguridad de sus ciudadanos, e impedir las injusticias y malos tratos, especialmente en el caso de minorías indígenas actualmente marginadas”. (El resaltado y subrayado no es del original). Además, en su artículo primero se ordenó que: “Su delimitación exacta será efectuada por el ITCO, en coordinación con la CONAI”. Así, al para entonces el denominado Instituto de Tierras y Colonización (hoy INDER) se le reiteró su designación como el organismo que tendría bajo su cargo la demarcación territorial de la reserva así creada, tarea que habría de iniciar dos meses luego de puesto en vigencia el Decreto. Además, conforme los artículos 14 y 15 del Decreto en análisis, se expresó por parte del Poder Ejecutivo que lo que se encontraba normado por esa vía lo es de interés público, así como que la CONAI tendría el deber de elaborar un censo de la población indígena de Costa Rica a la brevedad posible, que debería además de encontrarse permanentemente actualizado. Pues bien, encontrándose reconocido el terreno propiedad de estas comunidades de la forma que se indicó, apenas algo más de un año después, se promulgó la Ley Indígena, número 6172 del 29 de noviembre de 1977, que conforme su artículo 11 derogó toda otra anterior en lo que se le oponga. En esta oportunidad y sin perjuicio de lo que el legislador promulgó con ocasión de la puesta en vigencia de la Ley de Tierras y Colonización que habría en lo asistemática que resultó de tenerse por derogada, se dispuso conforme el artículo primero en relación con el 2 de este cuerpo legal sobreviniente -ahora sí, acorde con lo dispuesto en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 107 sobre Protección de Pueblos Indígenas y Tribuales- que las reservas indígenas son propiedad de esas comunidades y que se habrían de encontrar todas inscritas en el Registro Nacional a su nombre, ya no del ITCO. Así mismo, se estableció que los límites de esos territorios una vez “reconocidos” por el Estado, no podrán ser variados en disminución en su cabida si no lo es mediante ley de la República. Esto último permite afirmar sobre la potencia y resistencia jurídica de los Decretos Indígenas que fuesen reconocidos como tales, que dichos instrumentos constituirían fuente del ordenamiento jurídico con rango de ley material. Además, se advirtió que estas comunidades tendrían plena capacidad jurídica para actuar y que no se considerarían estatales (el artículo 4 de la ley habla de los Consejos Directivos, administradores y representantes de estas comunidades). Además, se reitera que se trata de territorios inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos de las comunidades indígenas que los habitan, no encontrándose permitido a los no indígenas, alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas, siendo todo traspaso o negociación de tierras o las mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, absolutamente nulo con las consecuencias legales del caso. El artículo 3 de dicha ley establece lo que sigue: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros”. Nota aparte, conforme el Reglamento a la Ley Indígena, Decreto Ejecutivo número 8487, del 23 de abril de 1978, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 89, del 10 de mayo de 1978, en su artículo 3, se indicó que: “Para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 2° de la Ley Indígena, las Comunidades Indígenas adoptarán la organización prevista en la Ley No 3859 de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad y su Reglamento”. En tanto, el artículo 10 del mismo reglamento indicó que: “Para garantizar los derechos regulados en los artículos 3° y 5° de la Ley, el Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral comparecerá, por sí o a través de su apoderado o Delegado, a la mayor brevedad posible, después de producida la infracción, acompañando la certificación donde aparezca la inscripción de la Reserva, para incoar, ante el funcionario competente, la acción legal correspondiente”. Posteriormente, conforme el Decreto Ejecutivo número 13568 del 30 de abril de 1982, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 94 del 17 de mayo del 1982, se dispuso en su artículo primero que las Asociaciones de Desarrollo Integral tienen la representación legal de las Comunidades Indígenas y actúan como gobierno local de éstas. En refuerzo de todo lo anterior, el día 03 de noviembre de 1992 fue promulgada la Ley número 7316 publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” número 234, del 04 de diciembre de 1992, “Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, de la Organización Internacional del Trabajo, conforme el cual se regula puntualmente el tema de la propiedad indígena. En su artículo 2.1, reza este instrumento como sigue: “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”. Por su parte, el inciso 2) del mismo numeral indica: “2. Esta acción deberá incluir medidas: a) Que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida”. Otros numerales del convenio que resultan de interés, los pasamos a citar, su artículo 3 dice así: “Artículo 3.- 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos; 2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio”. Su numeral 4, que por parte del Estado: “1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales”. El artículo 5, indica que los gobiernos: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente; b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos; c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo”. La temática de la propiedad de estos grupos sobre las áreas que comprenden sus territorios, fue específicamente contemplada en este convenio y en esta línea, su artículo 13, indica así: “1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. (El resaltado no es del original). El artículo 14, inciso 2), reza: “2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”. La normativa en esta materia resulta abundante y ha evidentemente evolucionado a la fecha, pese a que para efectos prácticos y conforme los alegatos formulados por las propias partes demandadas en lo principal, no ha llevado el efecto que se esperaba. Por otro lado debe decirse, que en lo que regulación internacional regula la materia, existen competencias asignadas al Poder Central y resulta en ese tanto de aplicación directa al Estado entendido como un todo, sin que su organización interna resulte circunstancia que importe flanquear el principio de control de convencionalidad, como veremos.- / 2.- Sobre el principio de control de la convencionalidad. Conforme la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptado internacionalmente el 30 de abril de 1982, hoy ley de la República número 7615 del 24 de julio de 1996, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 164 del 29 de agosto de 1996, se dispuso en lo que nos interesa: “Articulo 26.- "Pacta Sunt Servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Lo anterior importa la obligación de los estados de ser consecuentes con las obligaciones que asumen frente a la comunidad internacional y claro está, en casos como los comprendidos en el Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con el Convenio número 169, “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, con las comunidades indígenas, particularmente en materia de garantías respecto del ejercicio, que debe ser garantizado como pleno, de derechos fundamentales. Por supuesto que son observables en esta materia tanto el artículo 7, como la doctrina que ha forjado la Sala Constitucional a partir de los alcances que ha dado al numeral 48, ambos de la Constitución Política. En otro nivel, a efecto de los aspectos operativos o de aplicación de estas reglas, el artículo 27 de este cuerpo normativo de derecho internacional dispone en relación con el derecho interno y la observancia de los tratados, refiriéndose a los Estado suscribientes, que: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”. Es por ello que por disposición expresa, la organización interna del Estado dispuesta por ley, o incluso por la Constitución, no permitirían su imposición frente a esta norma de derecho internacional. Este artículo 46, refería a la eficacia del tratado una vez consentido (firmado) por la delegación respectiva, lo que tiene relación con el artículo 11, sobre las formas de manifestación del consentimiento para obligarse por un tratado, en lo que dispone que basta con la firma del mismo. Ante ello, la delegación de Costa Rica interpretó y expresó que la disposición aplicaría para el caso del Estado Costarricense en lo que se refiere al derecho secundario, no así a las disposiciones de la Constitución Política. Todo lo anterior es relevante con ocasión del desarrollo del principio de control de la convencionalidad y de lo que se podría denominar además, el principio de intangibilidad de los tratados frente a la ley. De lo anterior se desprende además, bajo la cobertura de la aspiración de todo ordenamiento jurídico de proveer certeza y seguridad, la obligación de hacer aplicación directa de las normas contenidas en tratados internacionales ya ratificados y vigentes en el orden interno, pudiendo claro está, ser normativa invocada por su beneficiario, independientemente de que se trate de otro Estado y en exigencia de lealtad a los compromisos asumidos en el marco de las relaciones entre las naciones vinculadas, sin perjuicio de la cobertura que también se ha solido invocar al principio en materia de instrumentos de este tipo cuando regulan materia de derechos humanos. La Sala Constitucional al respecto ha indicado como sigue: “II.- Es obvio que el gestionante parte de lo que dispone el artículo siete de la Constitución Política en el sentido de que los tratados y convenios internacionales "estén con autoridad superior a las leyes" (…). Mas debe decirse que los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en la República, conforme a la reforma del artículo 48 Constitucional (Ley No.7128, de 18 de agosto de 1989), al integrarse al ordenamiento jurídico al más alto nivel, valga decir, al nivel constitucional, lo complementan en lo que favorezcan a la persona”. (El resaltado no es del original). Así, se impone en síntesis el reconocimiento de la validez de las normas internacionales como fuente directa del derecho interno y en reconocimiento de su ubicación en materia de la jerarquía de las fuentes. El principio de control de la convencionalidad se encuentra residenciado en el ya mencionado artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en relación con el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin perjuicio del contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos, esta última que al igual que múltiples otras declaraciones surgidas en el seno de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, no son objeto de ratificación por los Estados miembros o signatarios por innecesario. No podría decirse otra cosa entonces, que el contenido de estos cuerpos en materia de derechos humanos tiene un enorme valor interpretativo para todas las instancias encargadas de aplicar las normas que componen el bloque de legalidad, y en ese sentido también el derecho interno. No está demás indicar en lo relevante para el caso que nos ocupa, que como se desprende del artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que refiere al derecho de propiedad, como lo es para todo otro derecho reconocido en ese instrumento, los Estado encuentran comprometidos a asegurar el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre, lo que significa que el Estado tiene la obligación no sólo de respetar esos derechos y libertades, sino y además, la obligación de asegurarlos. Esto lo que implica que es al Estado en su conjunto sin que su organización interna permita afirmar que se ha desprendido de sus deberes, a quien se le demanda la adopción de actuaciones que tiendan a la realización efectiva de los cometidos que persiguen los convenios de este tipo en materia de derechos humanos, sin que el derecho interno sirva de excusa para incumplir lo convenido. Sobre la importancia de tener presente lo dicho a este punto en lo que se vincula con la defensa de los derechos de un grupo de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad como lo son las comunidades indígenas desde tiempos inmemoriales, la Sala Constitucional en su sentencia N° 2253-96 de las 15:39 horas de 14 de mayo de 1996, indicó: “... Existen diversos instrumentos jurídicos tendientes a fomentar esa igualdad real entre los sujetos; entre ellos puede ubicarse la situación particular de los aborígenes, quienes tradicionalmente han sido marginados, por razones históricas, sociales, económicas y culturales. Ellos sufren las consecuencias de una sociedad que no comprende ni respeta sus diferencias; y que en ocasiones, tiende a verlos como seres incapaces de dirigir sus propias vidas y destinos. Ante esa situación, la comunidad internacional sintió la necesidad de adoptar medidas a favor de los indígenas. Así, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, denominado “Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante Ley Nº 7316 de 3 de noviembre de 1992, estableció la especial protección de los indígenas y de su cultura". El control de convencionalidad importa que el Poder Judicial de cada Estado y los órganos que componen su estructura (y toda autoridad que ejerza funciones materialmente jurisdiccionales, en particular la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en función de lo dispuesto en el artículo 49 constitucional) deban aplicar, interpretar y/o resolver los asuntos propios de sus competencias como operadores jurídicos, haciendo prevalecer el parámetro convencional de control, constituyéndose así el derecho internacional en lo que regule derechos humanos, en lo que realmente es, sea, garantía del respeto a los derechos humanos en lo que corresponde. Por lo demás, baste con indicar que según nuestro Código Civil en su artículo 5, estos cuerpos normativos de corte internacional son de aplicación directa por el operador jurídico al formar parte del derecho positivo interno de la nación, desde el momento en que su incorporación al bloque de legalidad se produce por virtud de la aprobación de la Asamblea Legislativa y su publicación integral en el Diario Oficial “La Gaceta”, por lo que formando parte del bloque de legalidad, esto es parámetro de control de esta jurisdicción. (Artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública). Insistimos entonces, en que la organización interna y designación de competencias específicas por parte del legislador, en órganos y/o entes diversos al Estado entendido como poder central, no permitirá como condición ensalvable, argüir dicha circunstancia para inhibir o exonerar al Estado del cumplimiento de las obligaciones impuestas por el bloque de legalidad, incluidos claro está, pero con fuerza, potencia y resistencia del más alto nivel, los convenios número 107 de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con el Convenio número 169, “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”. / 3- Sobre los alcances el artículo 5 y 3 de la Ley indígena. En lo que mayor relevancia tiene a los efectos de este fallo, el artículo 5 de la Ley indígena dispuso: “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. / Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI. / Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. / Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colones en efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982. El fondo será administrado por la CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República”. Se estima necesario hacer las siguientes consideraciones. La ley en lo que toca a este artículo, parece haber reconocido o al menos se encuentra expresada de tal forma, que supone un hecho tenido como cierto por el Legislador, a saber, que a su entrada en vigencia efectivamente habría de esperarse la existencia de personas no indígenas poseedoras o titulares de buena o mala fe, sobre áreas de los territorios de las reservas indígenas, en relación con las cuales para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado, particularmente con lo estipulado en el artículo 11 del Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo, sin perjuicio del 169, debía de procederse a su desalojo. Así, debiéndose suponer que la reserva se encontrase debidamente delimitada, se definió conforme el artículo en estudio y por lógica deducción, que en torno estas personas poseedoras no indígenas, primero, debían ser estas identificadas como poseedoras de terrenos dentro de la reserva. A estos propósitos, con claridad plena entiende esta autoridad judicial que se impone que la Administración tenga clara la delimitación de las áreas de terreno que conforman la reserva indígena, exclusivamente conforme el respectivo Decreto Ejecutivo que dictado al efecto así lo haya reconocido y esto, con absoluta independencia de la información registral derivada del Registro Nacional, aunque claro está, el levantamiento de los planos correspondientes y la inscripción registral de las fincas a nombre de las asociaciones respectivas, es presupuesto para la determinación posterior, de qué persona no indígena se encuentra dentro de la reserva, o de situaciones jurídicas eventuales derivadas de la situación registral del inmueble en caso de que no lo sea así. La delimitación de esos terrenos ha correspondido en todo momento al Estado, y correspondía a los efectos del derecho interno antes de entrada en vigencia la Ley Indígena al INDER, en coordinación con la CONAI, como lo es ahora conforme la normativa vigente y claro está, en coordinación con las comunidades indígenas mismas y toda otra autoridad pública vinculada, incluyendo al propio Estado -insistimos- conforme un adecuado ejercicio de control de convencionalidad en materia de derechos humanos. Segundo, partiendo de las áreas que comprenden la reserva, una vez debidamente delimitadas, habría entonces de procederse a efectuar los censos poblacionales que permitan identificar la existencia de no indígenas en ella, (tarea que corresponde a la CONAI, en concurso con las comunidades indígenas, ya sea que esos terceros ejerzan actos de posesión o resulten titulares a nivel registral de algún derecho sobre los territorios (posibles traslapes registrales incluidos), por lo que la situación registral y/o catastral del inmueble resulta mandatoria según el caso, cuando proceda. Tercero, a los efectos de resultar procedente la expulsión material del no indígena por medio de una actuación de policía, al desalojo administrativo, o en su caso, previo al desalojo o puesta en posesión, la indemnización, si es del caso por la vía del proceso expropiatorio, habría de procederse con la determinación previa de las variables que conforme el artículo 5 de la Ley Indígena, hacen depender, el obrar de una u otra forma, sea, según se trate del ejercicio de actos o derechos de terceros desplegados de buena o mala fe. Parámetro para ello sin duda lo son las reglas y doctrina que se encuentran comprendidas en el Código Civil, artículos del 17 al 22, sin perjuicio de la normativa que de forma sistemática ha sido analizada a este punto del presente instrumento, al tenor de la cual, todo acto realizado posterior a la vigencia de la Ley Indígena y por virtud de lo dispuesto en ésta al menos, deviene, en tesis de principio y por disposición de ley, en nulo, tratándose de inmuebles fuera del comercio de los hombres, sin perjuicio como se verá, del momento a partir del cual impone el ordenamiento jurídico que no se pueda alegar desconocimiento del mismo, a partir de la promulgación y puesta en vigencia a partir de lo que dicta la normativa especial aplicable en la materia, a partir de los Decretos Ejecutivos que definen las áreas que comprenden reservas indígenas. Por supuesto que la data de creación misma de cada reserva es parámetro que debe ponderarse también, e incluso ante la ausencia de demarcación, si podía conocer la persona no indígena que el inmueble que ocupa, en propiedad o no, o en su caso que que pretende adquirir en propiedad, se encuentra siendo parte de un determinado territorio indígena. Cuarto, para el caso de poseedores de mala fe, se debe proceder con su expulsión (acto de policía) o desalojo inmediato por las vías legales previstas al efecto (desahucio administrativo), esto a efecto de lo cual, no habría de proceder indemnización alguna. En el caso de las personas que se encuentren siendo titulares registrales del dominio o de algún derecho real, que cuenten con título y que lo sea de mala fe, debería procederse con la acción prevista por el ordenamiento jurídico para la remoción de mundo jurídico del título correspondiente, para posteriormente lograr el desalojo respectivo. En el caso de que el título haya sido otorgado en el ejercicio de alguna potestad administrativa (titulación por parte de una autoridad pública entre otros), habría ello de importar la acción por la vía de la lesividad si es del caso, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública o la acción directa ejercida por parte del titular del derecho afectado. Para el supuesto de los no indígenas, ya sean simples poseedores, ya sean titulares registrales del dominio y/o algún derecho real sobre el inmueble, en tanto se encuentren actuando de buena fe, debe procederse por el INDER a proponerles una alternativa para su reubicación en terrenos que habrían de resultar equivalentes en lo posible, con los así afectados por estos terceros en las reservas indígenas. Los terrenos para reubicar, deberán de serlo sin duda de entre los que se encuentren en disposición del Instituto de Desarrollo Rural, tanto para sus fines ordinarios de ley, como para estos particulares propósitos, al amparo de la Ley Indígena, dado que la disposición de terrenos a ser destinados a los propósitos de la protección de las comunidades indígenas es de vieja data residenciado en el entonces ITCO, previo incluso a la entrada en vigencia de la Ley Indígena como fue advertido supra. Ahora bien, la reubicación sólo procede de resultar voluntaria por el particular y de ser posible, de lo contrario, debe procederse con el trámite de expropiación, cuyo procedimiento, luego y eventual proceso judicial, habría de encontrarse a cargo del Instituto de Desarrollo Rural, haciendo para ello mano de su propio presupuesto, salvo en lo que corresponde exclusivamente con el pago de las indemnizaciones cuando procedan, lo que de debe hacer con cargo en los fondos que habría de administrar la CONAI. El INDER a esos efectos deberá efectuar los trámites necesarios a fin de dar cumplimiento con los actos preparatorios del procedimiento administrativo respectivo y de expropiación en sede judicial, incluyendo la identificación plena del inmueble de que se trate, su valoración y la declaratoria de interés público en su caso, sin perjuicio de la coadyuvancia que puedan suministrar otras entidades públicas y claro está, el propio Poder Ejecutivo, que en criterio de los integrantes de este Tribunal, nunca se ha entendido por el orden jurídico, desvinculado de estas tareas en aplicación directa del derecho internacional. Así, será exclusivamente para el pago de las indemnizaciones entonces que deberán destinarse los fondos direccionados a la CONAI por parte del Poder Ejecutivo conforme el párrafo final de dicho numeral, de forma que encontrándose ellos en buena administración de la Comisión, deberá esta mantenerlos disponibles para cuando resulte oportuno proceder a la indemnización a favor de quien corresponda, de conformidad a requerimiento del INDER y cuando jurídicamente así proceda, todo, en un marco de coordinación adecuado y eficiente. De la forma dicha, es dable decir que el legislador instrumentalizó al denominado en aquel momento Instituto de Tierras y Colonización –podría suponerse que dada la plataforma con que contaba su organización- luego Instituto de Desarrollo Agrario, hoy, Instituto de Desarrollo Rural, en relación con el cual existen aún vigentes sus deberes legales de delimitar los terrenos que conforman las reservas indígenas conforme el Decreto Ejecutivo número 5904 del 11 de marzo de 1976, y de proveer de los terrenos que resulten necesarios para reubicar a los no indígenas cuando ello proceda -a lo que deberá proceder echando mano de aquellos terrenos que tenga en disposición-. En el supuesto de la expropiación, debe tenerse en cuenta el particular interés que ha de perseguir la declaratoria de interés público que corresponde a una actuación previa indispensable. El interés público en estos casos, ciertamente conforme el artículo 45 constitucional responde al despliegue de obligaciones estatales impuestas por el bloque de legalidad y en esa medida, en protección del interés público relacionado con la protección de la cultura indígena asociada al derecho de propiedad, pero también atiende y al tiempo, a un interés comunitario o colectivo de corte privativo, en tanto perseguirá la integridad del derecho de propiedad, exclusivo y excluyente, residenciado en las comunidades indígenas a través de sus organizaciones representativas, por lo que no se trata de un interés institucional, como sí medio para la preservación del derecho de propiedad de grupos particulares y vulnerables de la población que se han tradicionalmente encontrado en riesgo y constantes violaciones a su derecho de propiedad, tal y como el mismo legislador y el Poder Ejecutivo lo han reconocido expresamente. En cuanto a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, corresponde a esta organización pública como se dijo, la realización de los censos poblacionales dentro de las reservas indígenas, claro está, una vez que se encuentren claramente delimitadas por el INDER, -no podría entenderse esto de otra forma- sin perjuicio de la forma en que haya de proceder cuando no quepa duda de las áreas de la reserva de que se trate. En este sentido, para este Tribunal la administración de los fondos con que debió de ser dotada la CONAI por parte del Poder Ejecutivo en ajuste con el artículo 5 de la Ley Indígena y la puesta a disposición de éstos, exclusivamente para los efectos de pagar las indemnizaciones cuyo trámite se encuentran a cargo del INDER, habría de servir como presupuesto para financiar las mismas. Lo anterior hace suponer que habrá de privar formal requerimiento por parte del INDER a la CONAI a esos propósitos cuando proceda, y hasta que el dinero designado a ese efecto por el legislador con cargo en el Poder Ejecutivo subsista. De no resultar suficiente, el faltante debería de ser provisto por el Poder Ejecutivo -no por el INDER la CONAI y/o cualquier otro órgano o entidad jurídica pública- siguiendo la misma fórmula legislativa dispuesta y en la medida necesaria. La posibilidad de que no resulte suficiente el presupuesto previsto originariamente, no impone otra cosa que decir, que no enerva esa circunstancia la obligación originaria únicamente endosable al poder central, de dotar de los recursos que resulten necesarios para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Indígena y el derecho internacional. En el momento en que no existan no indígenas que indemnizar en las reservas, queda claro para este Tribunal que la norma comprendida en el numeral -norma de corte programático- de cita habrá de perder vigencia en función de haberse ya cumplido el fin que persigue la misma en ese tanto. En ese estado de las cosas eventual, debería de poderse afirmar que se habría de haber materializado de forma efectiva el ejercicio del derecho exclusivo y excluyente de propiedad del que son sus titulares las comunidades indígenas, sin perjuicio de la vigilancia futura en torno a su integridad. De esta manera, se hace suponer que para el cumplimiento de estos específicos fines, que tanto el Estado como la CONAI y el INDER deben de ejercer tareas intensas y sistemáticas de coordinación, en el ejercicio de obligaciones y competencias que no son ni exclusivas ni excluyentes, antes bien, conjuntas y coordinadas e interdependientes, no pudiéndose desatender por ninguna de estas autoridades, el rol activo e impuesto por el ordenamiento jurídico que deben desempeñar, desde la delimitación, legal, registral y material de las reservas, la realización de censos poblacionales y ubicación de no indígenas poseedores o titulares de algún derecho sobre los inmuebles de interés, debiendo en cada caso concreto determinar si ese derecho o posesión lo es de buena fe, para proceder cuando corresponda a la mera indemnización y/o en su caso a la indemnización previo trámite de la expropiación correspondiente y su posterior expulsión o desalojo del inmueble, así como la puesta en posesión efectiva del terreno en su titular. Se hace notar que cualquiera de las administraciones involucradas, de no cumplir con su rol o deber legal, impide o al menos afectaría sustancialmente al resto. Finalmente, otro supuesto se encuentra comprendido en el artículo 3 de la Ley Indígena, en lo que refiere a aquellos traspasos del dominio sobre terrenos indígenas, una vez que su delimitación se encuentra debidamente establecida, sino con ocasión de la puesta en vigencia de la Ley Indígena a partir del año de 1973, al menos sí y con mucho mayor razón, a partir del Decreto Ejecutivo que así lo indique. El artículo mencionado indica, según lo pasamos a trascribir de nuevo, como sigue: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los no indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros”. (El resaltado no es del original). La norma resulta clara en su texto y considera este Tribunal que no admite más interpretación que el sentido unívoco de las palabras usadas por el legislador. Así, siendo el régimen jurídico de las tierras que comprenden reservas indígenas, legítimamente establecidas por decreto ejecutivo como tales, cualquier traspaso del dominio sobre estas, ya sea efectuado por indígenas o por no indígenas en favor de terceros (en la medida que no sean indígenas, con la salvedad de que lo que permite el ordenamiento jurídico lo es los negocios entre indígenas que, en modo alguno tendrán algún efecto registral) es nulo de pleno derecho.- / VI.) Sobre la improcedencia de la demanda en todos sus extremos. Estima esta Cámara de juzgadores que en el caso concreto se impone declarar la demanda sin lugar en todos sus extremos por las siguientes razones, (...): 1.- Sobre la aplicación al caso concreto de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Indígena N° 6172. De un ejercicio de valoración de la prueba en su conjunto u holística de aquella que ha sido admitida dentro de la presente causa, en concurso con las propias manifestaciones de la parte actora, se tiene que la Reserva Indígena de Quitirrisí, fue reconocida por el Estado de la República de Costa Rica como tal a partir del año de 1976 en los términos del Decreto Ejecutivo N° 6036-G publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 113 del 12 de junio de ese año, y se encuentra delimitada conforme su situación y cabida actual desde el año 2001, a partir de la publicación y puesta en vigencia del Decreto Ejecutivo N° 29452-G de fecha 21 de marzo del 2001, vigente a partir del 16 de mayo del 2001, según publicación hecha en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 93 del esa misma fecha. Siendo el acto administrativo mencionado -no impugnado por la parte actora, como sí y en su lugar, instrumentalizado según el escrito de demanda en favor de sus intereses- publicado y puesto en vigencia se insiste, a partir de mediados del año 2001, según se puede consultar en el Sistema Costarricense de Información Jurídica SCIJ (Sinalevi), página "web" del Poder Judicial www.poder-judicial.go.cr, constituye una circunstancia sobre la que no media controversia entre las partes. Siendo ello así, no fue sino hasta el 27 de junio del 2012, que la empresa actora adquirió registralmente el dominio sobre los inmuebles respecto de los que afirmando, se encontraron a partir del Decreto mencionado dentro del área de superficie de la reserva indígena de interés y en consecuencia, reclama que sobre éstos, que se debe condenar a las partes demandadas en lo principal, a desplegar los procedimientos dirigidos al pago del justiprecio en su favor sobre esos terrenos y/o en su caso, a expropiarlos, todos inscritos en el Registro Nacional, Sección de Bienes Inmuebles, del Partido de San José, (...). Todo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 la Ley Indígena. La circunstancia fáctica constituida por el hecho de que las propiedades mencionadas se encuentren dentro de la reserva indígena de Quitirrisí, -salvo en lo que toca a la representación del Estado- es un hecho no controvertido, pero que además se encuentra soportado en la prueba documental que obra a los folios que van del 02 al 10 en relación con el resto de la prueba documental que rola en el expediente judicial, conforme los que efectivamente que esos terrenos propiedad registral de la sociedad actora, se encuentran en la totalidad de su área de superficie dentro de la que comprende la Reserva Indígena de Quitirrisí desde mediados del año 2001. (...). Lo anterior torna en estéril el alegato formulado por la representación de Estado en la medida que cuestionó que la propiedad registral de la actora se encuentre dentro de la reserva indígena de interés, en un primer nivel porque se fundó en un aspecto formal relacionado con la potestad o competencia para certificar la circunstancia fáctica indicada, toda vez que la CONAI ostenta potestades de ley justamente para amparar al derecho de las comunidades indígenas sobre las tierras que conforme el bloque de legalidad les pertenecen, sino y además, porque en lo que cuestionó dicha potestad, la hizo residenciar justo en la entidad pública que en el oficio N° AT-064-2015 de fecha 26 de enero del 2015, dictado por los funcionarios del INDER profesionales en topografía de esa entidad, dieron cuenta técnicamente -salvo prueba de la misma naturaleza que la representación del Estado no aporta- de que los inmuebles respecto de los que la actora pretende ser indemnizada en su valor forman en su totalidad parte del área de superficie de la reserva indígena que nos ocupa a partir del 2001. Así las cosas, no solamente la información certificada por la CONAI y el INDER es conteste con la teoría de defensa esbozada por el resto de las partes demandadas, como con la esgrimida por la sociedad anónima actora, sino que en su contra, no ofrece la representación del Estado prueba de ninguna naturaleza que permita tener por desvirtuado lo que se indica en esas probanzas y las manifestaciones del resto de las partes codemandadas. Ahora bien, siendo lo anterior así, no queda más que afirmar, que quien demanda alega que se debe imponer al Estado, INDER y la CONAI, dar inicio a los procedimientos administrativos y/o en su caso judiciales, todos ellos dirigidos a indemnizarle a través del pago en su favor del justiprecio para que se fueron reconocidos como integrantes de la reserva indígena de Quitirrisí, no obstante lo cual, lo hace probando la misma sociedad actora que adquirió por acto de traspaso del dominio sobre esos bienes inmuebles, en el año 2012, cuando la reserva indígena que nos interesa, fue debidamente delimitada a partir del año 2001. En consecuencia con lo anterior, baste con indicar que la sociedad actora se encuentra dentro del supuesto establecido en el artículo 3 de la Ley indígena, siendo que el acto de traspaso del dominio sobre esos inmuebles, le fue dado en su favor años después de que la reserva indígena de Quitirrisí fue delimitada por Decreto Ejecutivo dictado y puesto en vigencia desde al año 2001. Esto es y dicho en otros términos, que el título de propiedad que dice ostentar la actora por virtud de ser propietaria registral de esos terrenos no es oponible frente a las Administraciones demandadas, menos frente a la comunidad indígena de Quitirrisí, protegida en ese tanto incluso, por el derecho internacional conforme así lo hemos informado a partir de la adopción por el Estado, tanto del Convenio número 107 de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con el Convenio número 169, “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, a lo que se deben sumar las disposiciones comprendidas propia Ley Indígena N° 6172 puesta en vigencia desde los años setenta". En mi criterio, este habría de constituir el modo de resolver en casos como el que nos ocupa, en la que misma empresa accionante afirma haber adquirido en el año 2003 a nivel formal el dominio sobre un inmueble de importantes dimensiones al amparo de la publicidad registral, que luego dice, se entera que se encuentra desde el año 2001 fue ubicada con causa en los alcances de un Decreto Ejecutivo emitido por una administración Pública diversa a las aquí demandadas, dentro del área de una reserva indígena reconocida como terreno tradicionalmente ocupado por comunidades indígenas que existían en el sitio. Comunidades que a nivel legislativo se ha intentado proteger -sin mucho éxito- desde el año de 1939 con el dictado de la Ley de Terrenos Badíos que declaró esas tierras como bienes fuera del comercio de los hombres, y en ese tanto, inalienables. Esa preexistente imposibilidad jurídica de trasladar el dominio de la tierra se vino a reforzar con la puesta en vigencia de la Ley Indígena. En su artículo 5 ciertamente se establece el procedimiento a seguir para determinar los casos en que resulta posible reubicar o en su caso o expropiar a quien ha sido censado como no indígena, claro está. Punto aparte la naturaleza de una entidad de corte asociativa como la actora, en ningún nivel el ordenamiento jurídico exime de la acreditación de que quien es propietario u ocupante, es un no indígena, lo cual al menos debería de haberse probado en juicio, al menos en lo que a los titulares de la propiedad accionaria se refiere, para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Indígena artículo 5, y evitar así una eventual fraude a la Ley. Ese numeral, relacionado con el 3 del mismo cuerpo normativo, con claridad establecen la posibilidad de obrar de tal manera en relación con quien a la entrada en vigencia de la Ley Indígena y no en un momento posterior es propietario y/o poseedor de terrenos de este tipo, de buena fe. En mi criterio, el hecho de que estando debidamente reconocida un área específica de terreno como reserva indígena por acto de alcances normativos -ley en sentido material- cualquier acto de traspaso del dominio de un bien inalienable como lo es el adquirido por la empresa actora resulta nulo de pleno derecho, quebrándose el principio de presunción de buena fe si de los alcances del artículo 286 del Código Civil se trata. La interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico por el operador en casos como el que nos ocupan, asociados a la protección de derechos humanos residenciados el grupos tan vulnerables de la sociedad como los constituidos por las comunidades indígenas al abrigo del derecho internacional en esta materia incluso, superpone estos derechos por sobre los de corte patrimonial privado. Una lectura integral del orden jurídico en observancia de lo dispuesto en el artículo 10 tanto del del Código Civil como de la Ley General de la Administración Pública así lo demanda en mi opinión. De este modo, superada la verificación de que el eventual sujeto a indemnizar es no indígena y como en este caso, es propietario registral de parte de una reserva, por imperativo legal deberían mediar un análisis meticuloso y pesado sobre su situación jurídica. Véase que incluso sobre la potestad de expropiar la ley de expropiaciones en su artículo 1, establece que: "La presente ley regula la expropiación forzosa por causa de interés público legalmente comprobado. La expropiación se acuerda en ejercicio del poder de imperio de la Administración Pública y comprende cualquier forma de privación de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera sean sus titulares, mediante el pago previo de una indemnización que represente el precio justo de lo expropiado". (El resaltado no es del original). El análisis sobre la legitimación ha de ser exhaustivo no sólo sobre el perfil subjetivo del demandante o demandantes, sino y además sobre su título -de haberlo-. Sobre el elemento de temporalidad dentro del que es factible reconocer o no la oponibilidad del título pueden consultarse entre otras, la sentencia de la Sección Primera de este Tribunal N° 106-2013-I, así como la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia N° 920-F-S1-2015, según el cual: “(...) Aquel elemento temporal (cual es: anterioridad al establecimiento de la reserva por la Ley Indígena o bien, de previo a la incorporación del terreno mediante los decretos ejecutivos que le desarrollan) es consustancial a la posesión o titularidad que da lugar al derecho a la reubicación o indemnización. Es decir, integra su presupuesto, ya que es un factor determinante de la buena fe. Si bien no se halla contenido de forma expresa en la norma 5, se desprende con claridad de la relación con el artículo 3. Nótese en primer término que en ese mandado 5, el legislador tomó como presupuesto fáctico el que para ese momento (emisión de la Ley) personas no indígenas se encontraban ejerciendo de buena fe actos posesorios o como propietarios (al margen de su inscripción registral), y a ellos reconoció derecho a la reubicación o a la indemnización en el párrafo primero. (...). En esa línea, ha de comprenderse que en el artículo 3, luego de establecer que las reservas indígenas son inalienables e intransferibles, se impide a los sujetos no indígenas, todos (tanto a aquellos propietarios o poseedores que reconoció en el primer acápite del mandato 5, como aquellos que no lo fueren, pues no hace distinción), concurrir o ser beneficiarios en cualquier acto o negocio traslativo de dominio (...). A partir de ese momento, además se produce -como manifestó la Sala Constitucional en la sentencia 2097-2011 del 23 de febrero de 2011- el congelamiento del inmueble; y a raíz de ello el individuo que hasta entonces ejercía posesión o propiedad con todos los atributos, tiene restringida absolutamente la facultad de disponer de su derecho sobre ese terreno, así se contempló en ese numeral tercero de la normativa legal.” (El resaltado es propio y el subrayado corresponde al original. Ver el Voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia identificado con el N° 920-F-S1-2015 de las 14:30 hrs. del 06 de agosto de 2015). Pueden consultarse en la misma dirección, las sentencias de la Sección Séptima de este Tribunal N° 17-2016-VII de las 09:00 hrs. del 11 de febrero del 2016 y de la sección Sexta N° 66-2016-VI de las 15:00 hrs. del 21 de abril del 2016.- Felipe Córdoba Ramírez. Documento firmado por: JOSE IVAN SALAS LEITON, JUEZ/A DECISOR/A ELIAS BALTODANO GOMEZ, JUEZ/A DECISOR/A FELIPE CORDOBA RAMIREZ, JUEZ/A DECISOR/A Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 07:05:16. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**V.- PRIVATE PROPERTY PROTECTION AND REGULATION OF INDIGENOUS PROPERTY:** As stated, the plaintiff filed this action challenging the omissive conduct of INDER and CONAI concerning their obligation to comply with Article 5 of Law No. 6172, the "Indigenous Law" (Ley Indígena), which consists of carrying out the expropriations and paying for the affected properties, because its property number 36084-000 with cadastral map (plano catastrado) number SJ-1008095-2005, was absorbed by Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 29452-G of April 16, 2001, which expanded the limits of the Huetar de Quitirrisí de Mora Indigenous Reserve. Therefore, it requests that the defendants be ordered to carry out, together with the Ministry of Finance, within a reasonable time, the valuation indicated in the Expropriation Law (Ley de Expropiaciones), and once the real value has been determined, that the defendants be ordered to pay them the corresponding compensation, plus its interest until effective payment and indexation, which by right corresponds to them, as a result of the indigenous reserve declaration, which affected their property. As referenced above, CONAI's representation alleges that the plaintiff company is not entitled to the compensation it claims because the lands that are registered in its name have belonged since time immemorial to the Indigenous Community, which were already affected for that purpose with the issuance of the Law on Uncultivated Lands (Ley de Terrenos Baldíos), Law No. 13 of January 10, 1939. That in 1959, ILO Convention 107 was ratified, in which the State committed to recognizing the lands traditionally occupied by indigenous communities, and the 1977 Indigenous Law, therefore any transaction between private parties with those lands is absolutely null, as they are property alien to their possessors and are outside the commerce of men. In addition to this, it indicated that the plaintiff acted in bad faith, since it acquired the property on May 12, 2003, and the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve was expanded by Decree No. 29452-G of April 16, 2001, meaning it did so knowing it was acquiring a property within an indigenous reserve, a circumstance that turned it into a possessor in bad faith, and therefore its property right is not being violated. And that in any case, it is the Indigenous Development Associations that must determine which persons are entitled to make claims for lands obtained in good faith and before the Indigenous Reserve declaration, since CONAI is only responsible for carrying out the expropriation procedure. For its part, INDER's representation questioned the validity of the certification issued by CONAI's Department of Territorial Studies No. CDET-068-14 dated June 10, 2014, under the allegation that said Department lacks competence for those purposes, since CONAI's role is the coordination and advising of indigenous communities, and not indicating whether a property was acquired by a non-indigenous person in good faith or that the property is located within a reserve. That the plaintiff, having obtained the property after the validity of Decree No. 29452-2001, did so in bad faith, and as the property was subject to the limitations of the Indigenous Law, that legal transaction became absolutely null and therefore they fail to meet the requirement demanded by Article 5 of the Indigenous Law (good faith) to be compensated. It also alleged that the resources to compensate expropriations must come from the Central Government and not from INDER's budget, and that using INDER resources to compensate expropriations of properties located in indigenous reserves would be contrary to the provisions of its organic law, Law No. 4583, and to what is stated in Article 110.e of the Law on Financial Administration of the Republic and Public Budgets (Ley de la Administración Financiera de la Repúblicas y Presupuestos Públicos), Law No. 8131, and that according to the Indigenous Law, INDER is solely responsible for delimiting the lands that make up the indigenous reserves, carrying out the studies and expropriation procedures together with CONAI, and providing the necessary lands to relocate non-indigenous owners when appropriate. With the dispute thus joined, it is necessary for this Chamber to analyze whether indeed the defendant institutions incurred in an omission by not having carried out the necessary and useful steps to proceed to the expropriation of the property of the San José Registry (Partido de San José) No. 36084-000, with associated cadastral map of the San José Registry No. SJ-1008095-2005. For the majority opinion, first, one must start from the protection that the Political Constitution provides to private property as a fundamental right expressly recognized in its Article 45). Said article states: "Property is inviolable; no one may be deprived of his own except for legally proven public interest, subject to prior compensation in accordance with the law. In case of war or internal disturbance, it is not essential that compensation be prior. However, the corresponding payment shall be made no later than two years after the state of emergency has concluded. For reasons of public necessity, the Legislative Assembly, through the vote of two-thirds of the totality of its members, may impose limitations of social interest on property." While the article enshrines the inviolability of private property, it did leave the possibility that for reasons of public interest, said right may yield, subject, of course, to prior compensation of the value of the expropriated property. Thus, the right of property is not absolute and in certain circumstances said right may be affected for reasons of public interest, provided that the holder of the right is economically compensated for their sacrifice. This is a harm caused by the Administration in application of a law, that is, it is a harm from legitimate operation and normal conduct. That is why the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) starting from its article 190) develops the guarantee regarding the duty to compensate for that type of harm with the limitations that article 194) establishes. This article states: "1. The Administration shall be liable for its lawful acts and for its normal operation when they cause damage to the rights of the administered party in a special manner, due to the small proportion of those affected or the exceptional intensity of the injury. 2. In this case, the compensation shall cover the value of the damages at the time of payment, but not lost profits (lucro cesante). 3. The State shall be liable for damages directly caused by a law, which are special in accordance with this article." In this way, we have that there is a duty to compensate when private property is expropriated by the State or its institutions, for reasons of public interest, without being able to validly avoid said obligation. And parallel to the expropriation, the steps aimed at setting the respective financial compensation must be established. In the case of indigenous property, we have that the Costa Rican State, in the exercise of its powers, ratified in 1959 ILO Convention 107, which provided in its articles 12, 13, and 14 the obligation of the States Parties to the Convention to recognize the right of property, collective or individual, in favor of the members of the indigenous populations over the lands traditionally occupied by them, and the allocation of additional lands to said populations when the lands they have are insufficient to guarantee them the elements of a normal existence or to face their possible numerical growth. Later, Costa Rica, through some executive decrees, began creating indigenous reserves under the provisions of the Convention, providing lands to the indigenous populations of the zones thus declared. In the case of the Quitirrisí de Mora Indigenous Reserve, this was established by Executive Decree No. 6036-G, "La Gaceta" No. 113 of June 12, 1976. Then the Legislative Assembly issued Indigenous Law No. 6172 of November 29, 1979, in which it reiterated the status of the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve created by Executive Decree No. 6036-G. Subsequently, by Executive Decree No. 10707- G, "La Gaceta" No. 210 of November 8, 1979, said reserve was delimited as an "Indigenous Hamlet" (Caserío Indígena). Finally, by Decree No. 29452-G of April 16, 2001, the Executive Branch, based on subsections 3) and 18 of article 140 of the Political Constitution, Indigenous Law No. 6172 of November 20, 1977, and Law 7316 of International Convention No. 169 of the I.L.O., and considering that to delimit the Quitirrisí Indigenous Reserve, no scientific or at least technical studies were conducted that objectively established a prudential area for that Reserve, therefore the area in no way reflected the reality of the Quitirrisí Indigenous Community, and so a Reserve with delimitation in accordance with its cultural and socio-economic life must be granted to that Community, based on its development, and therefore ordered the modification of its limits as follows: "...The Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve is located by the following coordinates: Starting from the coordinate point N 207,600 E 511,950, the intersection point between the Quebrada Honda and Direction 3796- . The boundary continues upstream along Quebrada Honda to the junction with one of its tributaries at coordinates N 207,610 E 512,090. It continues along the tributary upstream to the coordinate point N 208,450 E 513,650. The boundary of the Indigenous Reserve continues through the coordinate points: N 208,500 E 514,575 N 207,975 E 515,100 (HITO 1813) N 207,650 E 515,675 N 207,350 E 515,300, the map source of the Quebrada Barro. The boundary follows downstream along this stream to the coordinate point N 205,000 E 513,400. From there, due West to the coordinate point N 205,000 E 511,825, a point intersecting the Quebrada Mina. It continues to the coordinate point N 205,050 E 511,725 where it intersects the Quebrada Mónica. The Reserve boundary continues downstream along the Quebrada Mónica to the coordinate point N 204,550 E 510,950. It continues to the coordinate point N 204,600 E 510,100 where it intersects the Quebrada Mata, continuing upstream along this stream to the coordinate point N 205,100 E 509,250. It continues to the coordinate point N 205,000 E 509,350; the road between Morado and Guayabo. It continues along the road to Guayabo to the coordinate point N 205,550 E 508,675, the intersection point between the road to Guayabo and the Ciudad Colón road. From this point, the boundary follows a straight line to the coordinate point N 205,650 E 508,550. From there, it follows a stream (represented on the Map by contour lines) downstream to its confluence with the Río Jaris at coordinates N 206,600 E 508,050. The boundary follows downstream along the Río Jaris to the coordinate point N 208,750 E 504,900. The point where the Quebrada Pita flows into the Río Jaris. It continues upstream along this Quebrada Pita to its map source at coordinates N 209,660 E 506,215. From there, a straight line to coordinate point N 209,900 E 506,500, a point intersecting the Guaco road. It continues along this road heading southeast to the coordinate point N 208,575 E 508,205. From there, it continues along a trail heading northwest to the intersection of this trail with the Quebrada Chavarría at coordinates N 209,275 E 509,650. It continues downstream along the Quebrada Chavarría to its confluence with the Quebrada Honda at coordinates N 209,445 E 509,775; to continue upstream along the Quebrada Honda to the coordinate point N 207,600 E 511,950. The starting point of this description..." Thus, the Executive Branch, in protection of the rights of indigenous communities according to the Conventions signed by the country and national legislation, agreed to expand the territorial limits of the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve, thereby necessarily encompassing properties that, at the time the reserve was created, were not affected and therefore lacked any type of limitation, and were within the commerce of men, but which, at the moment they were absorbed by the reserve, became subject to what the Indigenous Law provides in this regard, and therefore, the State's duty to compensate the property in accordance with article 45 of the Magna Carta undoubtedly arises. And regarding the power to expropriate for the creation or expansion of indigenous reserves, the Indigenous Law states, in what is relevant, in its article 5): "...In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, ITCO must relocate them to other similar lands, if they so wish; if it is not possible to relocate them or they do not accept the relocation, it must expropriate and compensate them in accordance with the procedures established in the Expropriation Law. (As amended by article 65, subsection d) of Law No. 7495 of May 3, 1995). The studies and procedures for expropriation and compensation shall be carried out by ITCO in coordination with CONAI...". Literally from the cited article, it falls to ITCO, now INDER, to relocate non-indigenous persons who own properties or are possessors in good faith on lands declared as an indigenous reserve, and in the event that it is not possible to relocate them or they do not accept the relocation, it must expropriate and compensate them in accordance with the procedures established in the Expropriation Law. It is therefore a power-duty of INDER, in coordination with CONAI, to expropriate and compensate the owners or possessors in good faith of lands subject to an Indigenous Reserve when the titleholders do not wish to be relocated or it is not possible to relocate them to other lands. Note that the legislator used the verb "must" (deberá), which constitutes an ordaining and not facultative term, such as "may" (podrá). In this way, INDER, according to the Indigenous Law, has the legal duty, together with CONAI, to carry out the studies and procedures for expropriation and compensation in accordance with the Expropriation Law, and thus achieve a balance between the rights of indigenous peoples to occupy lands according to the Indigenous Law and signed Conventions; but, in parallel, respect the right to compensation of non-indigenous persons who, at the time, registered properties under the protection of the registry publicity system, because no limitation existed in this regard, and which were later encompassed in zones declared indigenous reserves. Regarding the concern of INDER's representation about the purpose of the funds allocated to that institution, it is appropriate to bring to mind what was stated by the First Chamber (Sala Primera) in this respect: "...Then, their concern that if the ruling is complied with, the Institution, or its Board of Directors, would contravene the rules that define its purposes, is unfounded, since the jurisdictional pronouncement presupposes the omission of compliance with a function that was assigned to it by a special law, so that the analysis of its competency framework cannot be understood as constrained to its law of creation, if other rules of equal rank confer additional tasks upon it, which in any case is not unreasonable or improbable, taking into account the antiquity of the Institution's creation, and the understanding and attention of new social needs that must be met by the State, through its complex framework...". (RES: 001604-F-S1-2012. SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine o'clock on December six, two thousand twelve.) Finally, while Article 3 of the Indigenous Law removes lands within indigenous reserves from the commerce of men by declaring them inalienable and imprescriptible, non-transferable, and exclusive for the indigenous communities that inhabit them, as a guarantee for the indigenous populations to enjoy said lands; the truth is that this guarantee must be understood in harmony with the constitutional guarantee of the inviolability of private property, and that in the event of public interest, the expropriated person must be compensated for the loss of the property. In this way, if the State or its institutions do not expropriate and compensate as is their duty, they cannot validly avoid such obligation, since the legal norm (Indigenous Law) clashes directly with the constitutional norm, which is of higher rank (constitutional article 45). And if the State and its institutions do not proceed with the expropriation required by Article 5) of the Indigenous Law, what they are fostering are social problems, as non-compensated registered owners clash with indigenous occupants of the reserves, a situation that the State and its institutions must clearly prevent by proceeding in the terms the law obligates them, that is, by carrying out the corresponding expropriation proceedings.
**VI.- ON THE MERITS:** The point to elucidate is, therefore, whether the defendant entities indeed incurred in an omission by failing to comply with an obligation imposed by the legislator in Article 5 of the Indigenous Law. It has been demonstrated that neither Executive Decree No. 6036-G, published in La Gaceta on June 12, 1976, nor the Indigenous Law affected the property of the San José Registry No. 36084-000, and it was always outside the Reserve and was, for all purposes, within the commerce of men. It was also demonstrated that according to the registry history of the property; it was registered in 1903 and acquired by Mr. Nombre32571, ID CED26660 on November 20, 1973, and on March 4, 2003, the plaintiff company acquired it from Mrs. Nombre32572, Nombre32573, Beatriz Jiménez Guevara, and Nombre32573. Note that the plaintiff company's title is as the registered owner of the property and not as a possessor in good faith. Next, it is established that the Executive Branch, by Decree No. 29452-G of April 16, 2001, expanded the limits of the Huetar de Quitirrisí de Mora Indigenous Reserve, and according to the expert report prepared by the Surveying Engineer (Ingeniero Topógrafo) Mauricio Mora Porras, property No. Placa5668 was absorbed within the new limits of the Reserve, and to date, the relocation or expropriation steps imposed by Article 5) of the Indigenous Law on INDER and CONAI have not been carried out. That is why the current owner of the property maintains that the defendants incurred in an omissive conduct and bring action to compel them to carry out the respective appraisals jointly with the Ministry of Finance, and proceed according to the provisions of the Expropriation Law. Regarding omissive conduct, article 36.e) of the CPCA (Código Procesal Contencioso Administrativo) states that the omissive conduct of the State and its institutions shall be subject to the contentious-administrative proceeding. And with the CPCA, there was a shift from a contentious-administrative review of the act, to a contentious-administrative review of conduct, both active and omissive, which constitutes an extraordinary advance in the protection of the rights of the administered parties, before omissions attributable to the Administration, which under the previous procedural scheme could not be challenged. Now, administrative omissions can be conceptualized as "(...) the failure by the public administration to fulfill a pre-existing administrative obligation - imposed by the legal system - which produces an unlawful injury to the administered party or the public interest, therefore representing an administrative dysfunction that must be subject to judicial control and oversight to overcome its unlawful effects" (Jinesta Lobo, Nombre43; Administrative conduct subject to the trial, in the collective book "The New Contentious-Administrative Proceeding" ("El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo"), San José, Poder Judicial, 2006, pp. 215-216), with the challenged conduct being classifiable as a form of formal inactivity, understood as "(...) the failure by the public administration to issue a declaration of legal effects that is legally due" (see the same text mentioned above, which cites the typology of administrative inactivity by Nombre32574). In this regard, Section VI of this Tribunal indicated in judgment No. 302-2012 at 3:30 p.m. on December 21, 2012, the following: "...Legal inactivity is, consequently, an administrative dysfunction, insofar as it implies the omission of formal or material action by the State or a public entity, and therefore, doctrinally, different types of administration inactivity are discussed. Thus, we have inactivity in the issuance of a specific administrative act (formal), inactivity produced by the omission of a material action (issuance of a legal act), factual (provision of a public service), or technical. In all these cases, we start from a duty to act or refrain from acting on the part of the respective Administration, which is breached by it and has legal effects towards a specific individual and/or third parties. Faced with this failure to act, the possibility arises for the Administered party to make use of the legal system that obliges the Public Administration to act within adequate levels of functioning for the fulfillment of public purposes. This is how our Constitutional Law provides for the existence of guiding principles that must govern the administrative function, such as effectiveness, efficiency, simplicity, and celerity in its formal and material action. In this sense, the Political Constitution establishes the duty to monitor the proper functioning of administrative services and dependencies (art. 140.8), the 'good running of the Government' (art. 139.4), and the principle of 'efficiency of the administration' (art. 191). For its part, our Constitutional Chamber has referred to the so-called fundamental right to the proper functioning of public services, as an unavoidable obligation of the Administration towards the administered parties (see, among others, opinion No. 2003-11222 at 5:48 p.m. on September 30, 2003). Furthermore, at the legislative level, what is provided by the General Law of Public Administration cannot be ignored, regarding the fundamental principles of the public service (art. 4), in what is relevant, continuity and efficiency, and the duty to apply the rules of economy, simplicity, celerity, and efficiency (art. 269.1). It is evident to the majority of this Tribunal that the omission of the Administration's functioning means deviating from the aforementioned provisions, inasmuch as the due formal or material action thereof is breached to the detriment of the service user and their rights, protected, including constitutionally, as we have determined. Faced with this situation, before 2008, the administered party had scarce legal means to enforce their rights through legal channels. The old Law of Contentious-Administrative Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa) had the limitation that it was aimed at providing the possibility, basically, for the administered party to object to formal conduct and/or claim liability or reestablishment of the legal situation (objective contentious-administrative proceeding), but without some of the most common forms of administrative functioning or dysfunctioning being objectable, if a prior administrative act did not exist. With the entry into force of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), this scenario undergoes a fundamental change, insofar as it opts for a subjective contentious proceeding, in which reference is made to a much broader concept of legally protected situations against the Administration's conduct, this last concept, as we have said, encompassing acts, material actions, and omissions thereof. This is how article 36.e) of the indicated Code establishes that the administrative claim shall be admissible regarding omissive conduct, article 42.g) makes it possible to establish claims for a specific conduct to be ordered, and article 122.g) correlatively establishes the appropriateness of being ordered to do so through judgment (...)". Now, to determine if we are facing an omissive conduct by the Administration, it is necessary to determine: 1) That the due administrative conduct is demonstrated in accordance with the applicable legal framework; 2) That the Administration has not issued the singular administrative acts necessary to comply with or enforce the due conduct; and, 3) That this failure to comply effectively affects some relevant legal situation (whether this be a subjective right, a legitimate interest, a diffuse interest, among others). Taking these three assumptions into consideration, we will proceed with the analysis of the present case in order to determine if the previous requirements are met for the alleged administrative inactivity to be configured: a) On the due conduct in accordance with the legal system: Article 5 of the Indigenous Law states: "...In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, ITCO must relocate them to other similar lands, if they so wish; if it is not possible to relocate them or they do not accept the relocation, it must expropriate and compensate them in accordance with the procedures established in the Expropriation Law. (As amended by article 65, subsection d) of Law No. 7495 of May 3, 1995). The studies and procedures for expropriation and compensation shall be carried out by ITCO in coordination with CONAI...". (underlining does not correspond to the original). b) On the Administration's omission to issue the singular acts necessary to comply with or enforce the due conduct: It was overwhelmingly demonstrated that the property of the San José Registry No. 36084-000 has a registry history dating back to 1903. Then, it was also demonstrated that said property was affected by the conditions indicated in the Indigenous Law only upon the issuance of Executive Decree No. 29452-G of April 16, 2001, and that to date, neither INDER nor CONAI have proceeded in the terms required by Article 5 of the Indigenous Law, since they neither relocated nor expropriated the property, despite the fact that since the issuance of Decree 29452-G, the entire regime of the Indigenous Law has been applied to the property, with which its titleholders saw their property right emptied, affecting the hard core or minimum of such right to the point that they cannot exploit them, as they became subject to the Indigenous Law and all the limitations that said law provided in its article 3, which states: "...Indigenous reserves are inalienable and imprescriptible, non-transferable, and exclusive for the indigenous communities that inhabit them. Non-indigenous persons may not rent, lease, buy, or in any other way acquire lands or properties comprised within these reserves. Indigenous persons may only negotiate their lands with other indigenous persons. Any transfer or negotiation of lands or improvements thereof in the indigenous reserves, between indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null, with the legal consequences of the case. The lands and their improvements and the products of the indigenous reserves shall be exempt from all kinds of national or municipal taxes, present or future...".
c) Regarding the impact on a subjective right due to the alleged omission: As indicated earlier, the Costa Rican legal system protects the right to property, enshrining its inviolability and establishing the liability of the State and its institutions for any damage caused by their normal, abnormal, lawful, and unlawful activity. In this case, the plaintiff company acquired a subjective right over property No. Placa5669 through the legal transaction it carried out with Mrs. Nombre32573, Beatriz, and Nombre32573, all of legal age with the surnames Nombre32573, and Mrs. Nombre32572. The transfer of this property was made on May 12, 2003. Thus, the plaintiff holds a subjective property right over the aforementioned real estate, not a right of possession, as the CONAI representation considers, and therefore that right cannot be classified as being in good or bad faith. This registration was made under the framework of registry security and publicity and has never been challenged. A right that, according to the regulations, merits legal protection for impacts caused by the State and its institutions, even when caused by normal and lawful functioning, in the terms indicated by Articles 9 and 45 of the Political Constitution; and Articles 190 and 194 of the General Law on Public Administration. A corollary of the foregoing is that the Chamber considers that the defendants have indeed engaged in an omissive conduct and therefore the lawsuit must be partially granted, ordering INDER and CONAI, within a maximum period of 1 month from the finality of this judgment, to proceed with the expropriation proceedings (diligencias expropiatorias) of the property of the San José district No. Placa5668 with an area of 68,066.24 square meters according to Cadastral Map No. SJ-1-894058-2003, as required of them by Article 5) of the Indigenous Law (Ley Indígena). The lawsuit is dismissed in all other respects."
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Content type: Majority vote
Branch of Law: Civil Procedural Law
Topic: Exception of lack of right
Subtopics:
Considerations regarding the prerequisites for its configuration.
"VII. [...] The current legislation establishes that one of the exceptions that can be raised in judicial proceedings is the Lack of Right (article 298 of the Civil Procedure Code) and regarding this exception the doctrine indicates: '...To speak of lack of right is like speaking of lack of a legal norm, so it would be more correct to speak then of lack of material prerequisites or lack of elements in the material claim -not procedural since we all possess that one, despite the terminological imprecision lack of right thus seems to refer to what the Italian doctrine calls the conditions of the "action" or requirements of the claim and which is known to comprise the constitutive requirements, to make it understood that without them the right of action is not properly exercised and that they must, consequently, be considered as the necessary and sufficient ends to determine in concrete, the birth of the right to the claim. Such requirements of the claim, which must concur for it to be considered estimable, seeking the favorable resolution, are, according to the doctrine, three: (a) a certain specific legal fact, that is, a certain relationship between a fact and a norm; (b) legal standing (legitimación); (c) procedural interest. Thus the lack of right would be represented by the nonexistence of the material prerequisites for each specific case...'."
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Legislation and Doctrine Citations
Content of Interest:
Content type: Dissenting vote
Branch of Law: Administrative Law
Topic: Compensation for expropriation (indemnización por expropiación)
Subtopics:
Analysis of the legal regime for the protection of indigenous reserves in relation to expropriation cases involving non-indigenous owners.
Topic: Indigenous property
Subtopics:
Analysis of the legal protection regime in expropriation cases with respect to non-indigenous owners.
"Dissenting vote of Judge Felipe Córdoba Ramírez. With profound respect for the position adopted by my colleagues, I believe that the lawsuit should be dismissed in its entirety. To this end, I must indicate that on the occasion of having been a member of Section VII of this Court, I had the opportunity to draft the judgment issued under number 74-2013-VII at 10:30 a.m. on October twenty-ninth, two thousand thirteen, in which the legal regime for the protection of indigenous reserves was discussed, particularly concerning Articles 5 and 3 of the Indigenous Law. On that occasion, the following was noted: '1.- On the normative evolution in the matter of indigenous territories. The first legislative antecedent in the matter -the Nation already well into its Republican era- is located in the formerly effective Law on Public Lands (Ley Sobre Terrenos Baldíos) number 13 of January 20, 1939, published in the Collection of Laws and Decrees of that year, in its first semester, volume two, page 10, which in its article 8 read as follows and in the pertinent part: "...a prudential zone is declared inalienable and the exclusive property of the indigenous people, at the discretion of the Executive Branch, in the places where tribes of these exist, in order to preserve our autochthonous race and to free them from future injustices." (The highlighting is not from the original). This first normative antecedent, as can be observed, from the outset recognized from that date the right of exclusive property held by indigenous communities, but at that time, in an amount of territorial areas to be defined “at the discretion of the Executive Branch,” to the extent that it would involve the sites where these groups were located, that is, that from the site where those communities were found, those lands would be declared the property of a specific indigenous community, but in an area defined at the discretion of the Central Government, which would admit that it could be less than those effectively occupied by these populations. Since then, at least one advantage for indigenous communities is observed: the inalienable character given to this type of property residing in a minority, but determined, group of people, united by particular cultural ties, which was nothing other than a shield with which the intent was to protect their right to communal property -even if it was only once materialized by an act of the Executive Branch-, and this, against possible attempts by third parties, as well as by the indigenous groups themselves, to transfer ownership of those assets to third parties and, of course, establishing the impossibility that persons outside these groups of the national population could claim rights or ownership over them. A singular note, then, is that from their inception these were assets that were found "outside the commerce of men." The norm, however, did not express anything about the possibility that, prior to its entry into force and after the adoption, in application thereof, of the related subsequent acts that would define the identity of those territorial areas by the Executive Branch, there existed third-party possessors or bona fide owners over those same surface areas, so it would have to be assumed that the Executive Branch would not constitute reserves on lands that were not those materially possessed exclusively by indigenous people in the first third of the last century. Well, in the exercise of the referred competence, granted by the legislator to the Executive Branch as has been reported, it was not until some years after the entry into force of the Law on Public Lands that the first Executive Decree on the matter was issued, namely, number 45 of December 3, 1945. In this decree, although no specific area was defined as indigenous territory for the purposes defined by the law and despite the text of article 8 of the Law on Public Lands, its first article stated: “Declare as inalienable and the exclusive property of the autochthonous indigenous tribes, the public lands occupied by them; with the exception of the strips destined for the Inter-American Highway.” (The highlighting is not from the original). In this way, although the Executive Branch replicated what the law already provided, it went beyond it by establishing that the zones in question would no longer correspond to those that, at the discretion of the Executive Branch, were designated for these purposes, "according to its criteria," but instead, it was established that the Executive Branch would have to recognize as such, all those areas of the nation's territory as long as they were being occupied by indigenous communities. Said in other terms, that the effective possession exercised over those lands by the indigenous communities in 1945 was the criterion from which, as a variable, the legal protection that the central government had to give to these communities in guarantee of their property right must have been defined. With all that, the definition of which areas of the Nation's surface would belong to these groups of people relied on a generic and indeterminate formula as of that date, since it would be the lands occupied by these groups, "insofar as they are public lands," which comprised a contradiction, if they were lands previously occupied by these communities and over which a pre-existing property existed, recognizable as long as possessory acts were exercised by virtue of it. The same Decree also formed, according to its first article, what would be the first organization directed at making efforts to materialize the previously cited and years earlier effective mandate of the law, in what was called the "Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación" (Board for the Protection of the Aboriginal Races of the Nation), assigning to it the task of delimiting those land areas which for the first time were called “indigenous reserves.” For its part, the first act of the Executive Branch effectively directed at the localization (delimitation) of an indigenous territory, occurred in legal terms only some years later, on the occasion of the promulgation of Executive Decree number 34 of November 15, 1956, which identified three distinct reserves that did not include that of the plaintiff here, namely, “Boruca-Térraba,” “Ujarrás-Salitre-Cabagra,” and “China Kichá.” Since it is a property right in this specific case that was recognized in this manner, this must refer us to the constitutional provision that relates it as a fundamental right, as extracted from article 45 of the Magna Carta. Along these lines, it is feasible to say that the act through which it was established what area must be considered a reserve does not comprise a constitutive act, but rather a declarative one of a legal situation, as already indicated supra, pre-existing in terms of the property held by the indigenous communities. The subsequent consolidation of this property right, private insofar as it is exclusive and excluding, besides being communal or collective, legally "recognized" -for it could not be affirmed that it was a right "constituted" or created from the effectiveness of the Law on Public Lands- occurred before the international community upon adopting as internal regulation the content of Convention number 107 of the International Labor Organization, in the terms of Law of the Republic number 2330 of April ninth, nineteen hundred fifty-nine (1959), identified as the "Convention Concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Populations in Independent Countries." In its article 2.1, the convention of interest provided: “It shall primarily be the responsibility of governments to develop coordinated and systematic programmes for the protection of the populations concerned and their progressive integration into the life of their respective countries.” (The highlighting is not from the original). In this way, having been adhered to by its will, the Costa Rican State to the cited instrument and before the international community as well as before these indigenous groups, committed itself as such to execute those coordinated and systematic actions, directed, as interests us at this point, to protect in the most general terms these populations of the Nation, minority and vulnerable at that time as well, according to what its legal order already imposed upon it, for example, the Law on Public Lands and Executive Decrees previously cited. This obligation must be related to what is included in article 5 of the same normative body of supra-legal nature, which reads: “In applying the provisions of this Convention relating to the protection and integration of the populations concerned, governments shall: (a) Seek the collaboration of these populations and of their representatives; (…).” (The highlighting is not from the original). In what corresponds to those that at that time at the level of the national legal order were identified as indigenous reserves, article 11 of the cited convention indicated that in the bound States: “The right of ownership, collective or individual, of the members of the populations concerned over the lands which these populations traditionally occupy shall be recognised.” (The highlighting is not from the original). Thus, it was established at the positive normative level that governments -the State as a whole in our case- had committed themselves since the year nineteen hundred fifty-nine to deploy within the Nation, coordinated and systematic processes, among other things, to respond before the international community and the indigenous communities themselves in guarantee of their pre-existing right to property, which had to be recognized and not constituted, even having, for these purposes, to be the State itself who had to "seek," and not wait for the opposite to happen, the collaboration of the indigenous populations of interest and their representatives. Moreover, it must be noted that these are supra-legal norms in the terms of article 7 of our Political Constitution, so that, according to the principle of hierarchy of norms, as well as the principle of control of conventionality (articles 1, 26, and 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, law of the Republic number 1615 of July twenty-fourth, nineteen hundred ninety-six, and 6.1.b) of the General Law on Public Administration), these must systematically inform the rest of the regulations of lesser potency and resistance, as well as serve as a parameter for the legal operator when applying the law to the specific case (articles 10, both of the General Law on Public Administration and the Civil Code). Furthermore, according to abundant jurisprudence of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), such as, by way of example, its judgment number 1995-02313, at 4:18 p.m. on May 9, 1995, it has been said, as a derivation of article 48 of the Political Constitution, that insofar as international law instruments provide greater protection to fundamental rights, they must be considered of equal rank to the Constitution, so that what is related in the cited convention can well be affirmed, also informs the appropriate scope that for these particular cases must be understood to have Article 45 of our Political Constitution and the infra-constitutional legal order. Due to its relevance, we consider the citation pertinent, in the relevant part, of article 13 of the International Labor Organization Convention under study, insofar as its subsection 2 indicates: “...Measures shall be taken to prevent persons who are not members of the populations concerned from taking advantage of these customs or of the ignorance of the laws on the part of their members to obtain the ownership or use of the lands belonging to them.” (The highlighting is not from the original). From that moment on, important features of this type of communal property are that its legal regime approaches that of the public domain, although it is not, because it involves property that, while communal and in that sense collective, exclusive and excluding, at the same time resides in a vulnerable population group which, for that reason, merits the special protection of the State. Well, despite what at that time the legal order clearly regulated regarding the property right of these communities in the stated terms, with the adoption and entry into force of the Law on Land and Colonization (Ley de Tierras y Colonización) number 2825 of May 14, 1961, published in the Collection of Laws and Decrees of that year in its second semester, volume one, page 394, which repealed the Law on Public Lands, it was provided, according to its article 75, in gross contravention of Convention number 107 of the International Labor Organization, as follows, in relation to the entity that that normative body identified as the Institute of Land and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización): “The Institute, in agreement with the pertinent organisms, shall ensure the conditioning of the indigenous communities or families, in accordance with the spirit of this law. It shall not be declared that the extensive zones where these communities live in isolation belong exclusively to them, but efforts shall be made to bring all these communities together, forming a single agrarian center, in the zone that the Institute considers adequate and for which the necessary area of land shall be used.” The norm refers to what was formerly known as ITCO (1961), then IDA, Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario) (1982), currently INDER, Institute of Rural Development (Instituto de Desarrollo Rural) (2012). The cited norm simply cut off and disregarded the property right of indigenous communities enshrined in a norm of superior rank, potency, and resistance to the law. Subsequently, and more than a decade later, while this unsystematic regulation was in force, the Law Creating the National Commission for Indigenous Affairs (Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas) number 5251, of July 11, 1973, was promulgated, published in the Collection of Laws and Decrees of the same year in its second semester, volume one, page 65. Having seen this normative body, and bearing in mind the commitment that resided in the State as of the effectiveness of Convention number 107 of the International Labor Organization in its articles 2.1, 5, 11, and 13.2, this new internal public organization linked to indigenous communities, according to article 4 of the mentioned law, was designated by the legislator, for general purposes and as is of interest, to: “…b) Serve as an instrument of coordination between the distinct public institutions obligated to the execution of works and the provision of services for the benefit of indigenous communities; (…) e) Ensure respect for the rights of indigenous minorities, stimulating the action of the State in order to guarantee to the indigenous person the individual and collective ownership of the land; the opportune use of credit; adequate marketing of production and efficient technical assistance; (…).” (The highlighting and underlining is not from the original). With all that, as will be seen later, these coordination tasks were not designated exclusively to CONAI, since ITCO was already linked to this function, albeit in a diverse form. On the other hand, the obligation of the State to guarantee the property right of these communities over the land was reiterated. Regarding these assigned coordination tasks, one cannot overlook article 9 of the same legal body, which says as follows: “For the effects of subsection b) of article 8, the State, the autonomous or semi-autonomous institutions of the country are authorized to provide aid of any kind to the National Commission for Indigenous Affairs.” (The highlighting is not from the original). A separate point is that this law contemplated -again in an unsystematic manner- a sole transitional provision, apparently inspired by the Law on Land and Colonization, which read: “No later than within six months following the effective date of this law, the Institute of Land and Colonization shall proceed to gather possessory informations (informaciones posesorias) of all parcels occupied by indigenous people in the different zones, in order to register them in the Property Registry immediately in the name of the occupants of said parcels. Indigenous people who are not occupying parcels must be registered in a census to resolve the problem of landlessness for them as soon as possible. The Institute of Land and Colonization must maintain a considerable reserve of lands suitable for cultivation, which it will lease; and which will be destined exclusively for future expansions of the indigenous communities,” (the highlighting is not from the original) which speaks -this is insisted- of a dispossession of the ownership of those lands contrary to what was established by international law. On the other hand, in what could be considered to constitute some aspect favorable to the interests of indigenous communities, it was indicated that as of the promulgation of that law, it was that Institute that had to have supplied at least the sufficient lands to be used exclusively for these communities, as well as, as a logical and necessary consequence of that attribution-duty, to have undertaken the pertinent tasks in order to determine and clearly define the limitation or demarcation of the lands that those territories would comprise. One year after its entry into force, this transitional provision was reformed according to article 1 of Law number 5651 of December 13, 1974, in the following terms and with absolute disregard for the indigenous property guaranteed by Convention number 107 of the International Labor Organization: “Transitory.- The indigenous reserves registered in the name of the Institute of Land and Colonization (ITCO) are declared inalienable, which shall be destined exclusively for the settlement of the indigenous communities, indispensable public services, and the use, habitation, and usufruct of the aborigines who lack lands of their own property, registered or unregistered outside those reserves. In these, ITCO may grant leases to said aborigines, for a limited and non-transferable time, except to other aborigines who find themselves in the same conditions. The National Banking System and the other State institutions, jointly with the National Commission for Indigenous Affairs (CONAI), shall regulate special systems so that the members of the aboriginal communities can obtain credits for the adequate exploitation of the lands referred to in this transitional provision.” It is insisted that ITCO then had to delimit and register, even if in its name, the corresponding land areas. The foregoing meant the complete disregard of the indigenous property that the State had committed to guarantee before the international community and those peoples. Turning again to the original text of Law number 5251 creating the National Commission for Indigenous Affairs, said organization, according to its first article, was endowed with its own legal personality and patrimony. It is highlighted that the Commission since its creation -and in this sense its general assembly- was composed in a more than convoluted manner, among others according to its article 2, subsection a) by: “...the representatives of the following dependencies and institutions: Presidency of the Republic; University of Costa Rica; National University; Ministry of Public Education; Ministry of the Interior and Police; Ministry of Culture, Youth and Sports; Ministry of Health; Ministry of Agriculture and Livestock; Ministry of Public Security; Joint Institute for Social Assistance (Instituto Mixto de Ayuda Social); Institute of Land and Colonization; National Service of Aqueducts and Sewers; National Institute of Housing and Urbanism; National Institute of Apprenticeship; and National Service of Electricity; (…).” (The highlighting is not from the original). The foregoing accounts for the necessary link that had to exist between the Central Government, ministries included, and among other entities, ITCO itself, this, until the issuance of judgment of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice number 3485-2003, at 2:17 p.m. on May 2, 2003, a ruling whose content we do not enter to analyze, it being sufficient to indicate that it was deemed unconstitutional from that point on that the Commission was composed of such public authorities. It must be noted that the referred institutions and Ministries formed part of the general assembly of CONAI, with the power to set its general policy acting as components of said collegiate body, as well as to approve or disapprove its budget, both ordinary and extraordinary. The purpose of this organization, it is reiterated due to its relevance, was among other things and as was noted, to serve as an instrument for inter-institutional coordination, as well as to ensure respect for the rights of indigenous minorities, stimulating the action of the State in order to guarantee to the indigenous person individual property and to their community, the property of their territories, as reads article 4, subsection e) of said legal body, which explains, in some way, the original intention of the legislator. In what pertains to the patrimony of CONAI, it was to be constituted, at the date of its entry into operation, by the annual subsidy that had been given in the Law of the General Ordinary Budget of the Republic to the previous Board for the Protection of Aboriginal Races; the extraordinary contributions agreed by the State and autonomous and semi-autonomous institutions of the Republic; the assets belonging to the previous Board; donations from private parties, foreign States, international agencies and foundations, or any other entity; “paradoxically,” the use of indigenous names, symbols, and figures; and the amount of the rights granted for the commercial use of those indigenous names, symbols, and figures (article 8, subsection a) of the Law Creating CONAI). Always in what corresponds to budgetary matters, article 9 of this law provided that the State and autonomous and semi-autonomous institutions of the Republic would be authorized to provide aid of any kind to CONAI, of course, for the achievement of its purposes. On the other hand, and always along these same lines, in its article 28, the law that concerns us indicated that: “In order for the Executive Branch to be in a condition to set in the draft law of the General Budget of the Republic the subsidy it deems appropriate, no later than July 31 of each year, the Board of Directors shall send to the Office of Planning of the Presidency of the Republic a reasoned estimate of its needs for the next fiscal period. It is understood that this provision does not apply for the fiscal period of 1973. Likewise, the budgets of the Institution shall be submitted to the General Comptrollership of the Republic for its approval and liquidation in accordance with the law.” (The highlighting is not from the original). Later, and through various Executive Decrees, the central government enunciated some postulates that are applicable to all indigenous communities, despite having been on the occasion of the recognition of only some of them, and which are of interest. Namely, in Executive Decree number 5904 of March 11, 1976, published in the Official Gazette “La Gaceta” number 70, of April 10, 1976. In this normative instrument, among other things, the following was declared: “Considering: (…) 5°- That territories populated exclusively by indigenous people still exist, making the delimitation of said Reserves possible; (…) 10.- That it is the duty of the State to watch over the security of its citizens, and to prevent injustices and mistreatment, especially in the case of currently marginalized indigenous minorities.” (The highlighting and underlining is not from the original). Furthermore, in its first article, it was ordered that: “Its exact delimitation shall be carried out by ITCO, in coordination with CONAI.” Thus, the then-called Institute of Land and Colonization (today INDER) was reiterated its designation as the organism that would be in charge of the territorial demarcation of the reserve so created, a task that it had to begin two months after the Decree was put into effect. Also, according to articles 14 and 15 of the Decree under analysis, it was expressed by the Executive Branch that what was regulated by that means is of public interest, as well as that CONAI would have the duty to elaborate a census of the indigenous population of Costa Rica as soon as possible, which must also be permanently updated. Well, with the land property of these communities being recognized in the manner indicated, just a little over a year later, the Indigenous Law, number 6172 of November 29, 1977, was promulgated, which according to its article 11 repealed any other prior law in what opposes it.
On this occasion, and without prejudice to what the legislator enacted upon the entry into force of the Ley de Tierras y Colonización, which would have been unsystematic in the sense of being considered repealed, it was provided, in accordance with the first article in relation to article 2 of this subsequent legal body—now, in accordance with the provisions of International Labour Organization Convention 107 concerning the Protection of Indigenous and Tribal Peoples—that the indigenous reserves are the property of those communities and that all of them should be registered in the National Registry in their name, and no longer in that of ITCO. Likewise, it was established that the boundaries of those territories, once “recognized” by the State, may not be varied by reducing their area except by means of a law of the Republic. The latter allows one to affirm, regarding the legal force and resistance of the Indigenous Decrees that were recognized as such, that said instruments would constitute a source of the legal system with the rank of substantive law. Furthermore, it was noted that these communities would have full legal capacity to act and would not be considered state entities (article 4 of the law speaks of the Consejos Directivos, administrators, and representatives of these communities). In addition, it is reiterated that these are inalienable and imprescriptible territories, non-transferable and exclusive to the indigenous communities that inhabit them, and non-indigenous persons are not permitted to rent, lease, buy, or in any other way acquire lands or properties comprised within these reserves, with any transfer or negotiation of lands or improvements thereon in the indigenous reserves, between indigenous and non-indigenous persons, being absolutely null and void, with the corresponding legal consequences. Article 3 of said law establishes the following: “The indigenous reserves are inalienable and imprescriptible, non-transferable, and exclusive for the indigenous communities that inhabit them. Non-indigenous persons may not rent, lease, buy, or in any other way acquire lands or properties comprised within these reserves. Indigenous persons may only negotiate their lands with other indigenous persons. Any transfer or negotiation of lands or improvements thereon in the indigenous reserves, between indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null and void, with the corresponding legal consequences. The lands and their improvements and the products of the indigenous reserves shall be exempt from all types of national or municipal taxes, present or future.” As a separate note, pursuant to the Regulations to the Ley Indígena, Decreto Ejecutivo number 8487, of April 23, 1978, published in Diario Oficial “La Gaceta” number 89, of May 10, 1978, in its article 3, it was stated that: “For the exercise of the rights and fulfillment of the obligations referred to in article 2 of the Ley Indígena, the Indigenous Communities shall adopt the organization provided for in Law No. 3859 of the Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad and its Regulations.” Meanwhile, article 10 of the same regulations stated that: “To guarantee the rights regulated in articles 3 and 5 of the Law, the President of the Asociación de Desarrollo Integral shall appear, by himself or through his attorney-in-fact or delegate, as soon as possible after the infraction has occurred, accompanied by the certification showing the registration of the Reserve, to initiate the corresponding legal action before the competent official.” Subsequently, pursuant to Decreto Ejecutivo number 13568 of April 30, 1982, published in Diario Oficial “La Gaceta” number 94 of May 17, 1982, it was provided in its first article that the Asociaciones de Desarrollo Integral have the legal representation of the Indigenous Communities and act as their local government. In reinforcement of all the above, on November 3, 1992, Law number 7316 was enacted, published in Diario Oficial “La Gaceta” number 234, of December 4, 1992, “Convention 169 on Indigenous Peoples and Tribal Peoples in Independent Countries,” of the International Labour Organization, pursuant to which the matter of indigenous property is precisely regulated. In its article 2.1, this instrument reads as follows: “Governments shall have the responsibility for developing, with the participation of the peoples concerned, co-ordinated and systematic action to protect the rights of these peoples and to guarantee respect for their integrity.” For its part, subsection 2) of the same article indicates: “2. Such action shall include measures: (a) ensuring that members of these peoples benefit on an equal footing from the rights and opportunities which national laws and regulations grant to other members of the population; (b) promoting the full realisation of the social, economic and cultural rights of these peoples, respecting their social and cultural identity, their customs and traditions and their institutions; (c) assisting the members of the peoples concerned to eliminate socio-economic gaps that may exist between indigenous and other members of the national community, in a manner compatible with their aspirations and ways of life.” Other articles of the convention that are of interest, we proceed to cite; its article 3 reads as follows: “Article 3.- 1. Indigenous and tribal peoples shall enjoy the full measure of human rights and fundamental freedoms, without hindrance or discrimination. The provisions of this Convention shall be applied without discrimination to male and female members of these peoples; 2. No form of force or coercion shall be used in violation of the human rights and fundamental freedoms of the peoples concerned, including the rights contained in this Convention.” Its article 4, which on the part of the State: “1. Special measures shall be adopted as appropriate for safeguarding the persons, institutions, property, labour, cultures and environment of the peoples concerned. 2. Such special measures shall not be contrary to the freely-expressed wishes of the peoples concerned. 3. Enjoyment of the general rights of citizenship, without discrimination, shall not be prejudiced in any way by such special measures.” Article 5 states that governments: “In applying the provisions of this Convention: (a) The social, cultural, religious and spiritual values and practices of these peoples shall be recognised and protected, and due account shall be taken of the nature of the problems which face them both as groups and as individuals; (b) the integrity of the values, practices and institutions of these peoples shall be respected; (c) policies aimed at mitigating the difficulties experienced by these peoples in facing new conditions of life and work shall be adopted, with the participation and co-operation of the peoples affected.” The issue of the property of these groups over the areas comprising their territories was specifically contemplated in this convention, and in this regard, its article 13 states thus: “1. In applying the provisions of this Part of the Convention, governments shall respect the special importance for the cultures and spiritual values of the peoples concerned of their relationship with the lands or territories, or both as applicable, which they occupy or otherwise use, and in particular the collective aspects of this relationship. 2. The use of the term ‘lands’ in Articles 15 and 16 shall include the concept of territories, which covers the total environment of the areas which the peoples concerned occupy or otherwise use.” (The highlighting is not in the original). Article 14, subsection 2), reads: “2. Governments shall take steps as necessary to identify the lands which the peoples concerned traditionally occupy, and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession. 3. Adequate procedures shall be established within the national legal system to resolve land claims by the peoples concerned.” The regulations in this matter are abundant and have evidently evolved to date, even though for practical purposes and in accordance with the allegations made by the defendant parties themselves in the main action, they have not had the expected effect. On the other hand, it must be said that in what international regulation governs the matter, there are powers assigned to the Central Government, and in that respect, it is of direct application to the State understood as a whole, without its internal organization being a circumstance that matters to circumvent the principle of conventionality control, as we shall see.- / 2.- On the principle of conventionality control. Pursuant to the Vienna Convention on the Law of Treaties, adopted internationally on April 30, 1982, now law of the Republic number 7615 of July 24, 1996, published in Diario Oficial “La Gaceta” number 164 of August 29, 1996, it was provided, in what interests us: “Article 26.- 'Pacta Sunt Servanda'. Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.” The foregoing implies the obligation of states to be consistent with the obligations they assume before the international community and, it is clear, in cases such as those covered by Convention number 107 of the International Labour Organization, in relation to Convention number 169, “Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries,” with the indigenous communities, particularly in matters of guarantees regarding the exercise, which must be guaranteed as full, of fundamental rights. Of course, both article 7 and the doctrine forged by the Sala Constitucional based on the scope it has given to article 48, both of the Political Constitution, are observable in this matter. At another level, for the purposes of the operational or application aspects of these rules, article 27 of this body of international law provides, in relation to internal law and the observance of treaties, referring to the signatory States, that: “A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.” It is for this reason that by express provision, the internal organization of the State established by law, or even by the Constitution, would not allow its imposition against this norm of international law. This article 46 referred to the effectiveness of the treaty once consented to (signed) by the respective delegation, which is related to article 11, on the means of expressing consent to be bound by a treaty, in that it provides that the signature thereof is sufficient. In view of this, the delegation of Costa Rica interpreted and expressed that the provision would apply in the case of the Costa Rican State with regard to secondary law, but not to the provisions of the Political Constitution. All of the foregoing is relevant to the development of the principle of conventionality control and what could also be called the principle of the intangibility of treaties vis-à-vis the law. From the above, it also follows, under the coverage of the aspiration of any legal system to provide certainty and security, the obligation to directly apply the norms contained in international treaties already ratified and in force in the domestic order, and such norms may, of course, be invoked by their beneficiary, regardless of whether it is another State, and in demand of loyalty to the commitments assumed within the framework of relations between linked nations, without prejudice to the coverage that has also been customarily invoked for the principle in matters of instruments of this type when they regulate human rights matters. The Sala Constitucional in this regard has indicated as follows: “II.- It is obvious that the petitioner starts from what article seven of the Political Constitution provides in the sense that treaties and international conventions ‘shall have authority superior to the laws’ (…). But it must be said that international human rights instruments in force in the Republic, in accordance with the reform of article 48 of the Constitution (Law No.7128, of August 18, 1989), upon being integrated into the legal system at the highest level, that is to say, at the constitutional level, complement it in whatever favors the person.” (The highlighting is not in the original). Thus, in summary, the recognition of the validity of international norms as a direct source of domestic law and in recognition of their position in the hierarchy of sources is imposed. The principle of conventionality control is rooted in the aforementioned article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, in relation to articles 1.1 and 2 of the American Convention on Human Rights, without prejudice to the content of the Universal Declaration of Human Rights, the latter, like many other declarations arising within the United Nations and the Organization of American States, not being subject to ratification by member or signatory States as unnecessary. Nothing else could be said, then, than that the content of these bodies in the matter of human rights has enormous interpretative value for all instances responsible for applying the norms that make up the legality block, and in that sense, also domestic law. It is not superfluous to indicate, in what is relevant to the case at hand, that as follows from article 17 of the Universal Declaration of Human Rights, which refers to the right to property, as it is for every other right recognized in that instrument, the States are committed to ensuring the universal and effective respect for the fundamental rights and freedoms of man, which means that the State has the obligation not only to respect those rights and freedoms, but also, the obligation to ensure them. This implies that it is the State as a whole—without its internal organization allowing it to assert that it has divested itself of its duties—that is required to adopt actions aimed at the effective realization of the goals pursued by conventions of this type in the field of human rights, without internal law serving as an excuse to breach what was agreed. Regarding the importance of keeping in mind what has been said up to this point in connection with the defense of the rights of a population group that is in a situation of vulnerability, as indigenous communities have been since time immemorial, the Sala Constitucional, in its judgment N° 2253-96 of 3:39 p.m. on May 14, 1996, indicated: “...There are various legal instruments aimed at promoting this real equality among subjects; among them can be located the particular situation of the aborigines, who have traditionally been marginalized, for historical, social, economic, and cultural reasons. They suffer the consequences of a society that does not understand or respect their differences, and that on occasion, tends to see them as beings incapable of directing their own lives and destinies. Given this situation, the international community felt the need to adopt measures in favor of indigenous peoples. Thus, Convention 169 of the International Labour Organization --ILO--, called the 'Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries', incorporated into our legal system through Law No. 7316 of November 3, 1992, established the special protection of indigenous people and their culture." Conventionality control means that the Judicial Branch of each State and the bodies that make up its structure (and any authority exercising materially jurisdictional functions, particularly the Administrative-Contentious Jurisdiction, by virtue of the provisions of article 49 of the Constitution) must apply, interpret, and/or resolve matters within their competence as legal operators, giving prevalence to the conventional control parameter, thus constituting international law, in what it regulates human rights, as what it truly is, that is, a guarantee of respect for human rights in the corresponding sphere. For the rest, it suffices to indicate that according to our Civil Code in its article 5, these normative bodies of an international nature are directly applied by the legal operator, as they form part of the nation's positive internal law, from the moment in which their incorporation into the legality block occurs by virtue of the approval of the Legislative Assembly and their full publication in Diario Oficial “La Gaceta,” thus forming part of the legality block, which is the control parameter of this jurisdiction. (Article 6 of the Ley General de la Administración Pública). We insist, then, that the internal organization and designation of specific powers by the legislator, in organs and/or entities different from the State understood as the central government, will not allow, as a salvageable condition, arguing said circumstance to inhibit or exonerate the State from compliance with the obligations imposed by the legality block, including, clearly, but with the force, power, and resistance of the highest level, Convention number 107 of the International Labour Organization, in relation to Convention number 169, “Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries.” / 3- On the scope of articles 5 and 3 of the Ley Indígena. In what is most relevant for the purposes of this judgment, article 5 of the Ley Indígena provided: “In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, ITCO must relocate them to other similar lands, if they so desire; if it is not possible to relocate them or they do not accept the relocation, it must expropriate and compensate them in accordance with the procedures established in the Ley de Expropiaciones. / The studies and procedures for expropriation and compensation shall be carried out by ITCO in coordination with CONAI. / If there is a subsequent invasion of non-indigenous persons into the reserves, the competent authorities must immediately proceed with their eviction, without payment of any compensation whatsoever. / The expropriations and compensations shall be financed with the contribution of one hundred million colones in cash, which shall be deposited in four annual installments of twenty-five million colones each, beginning the first in the year 1979; said installments shall be included in the general budgets of the Republic for the years 1979, 1980, 1981, and 1982. The fund shall be administered by CONAI, under the supervision of the Contraloría General de la República.” It is deemed necessary to make the following considerations. The law, as it relates to this article, seems to have recognized, or at least is expressed in such a way, that it assumes a fact taken as certain by the Legislator, namely, that upon its entry into force, it would indeed be expected that there would be non-indigenous persons possessing or holding title, in good or bad faith, over areas of the territories of the indigenous reserves, in relation to which, in order to comply with the commitments acquired by the State, particularly with the stipulations of article 11 of Convention number 107 of the International Labour Organization, without prejudice to Convention 169, their eviction had to be carried out. Thus, having to assume that the reserve was duly delimited, it was defined, in accordance with the article under study and by logical deduction, that concerning these non-indigenous possessors, first, they had to be identified as possessors of land within the reserve. For these purposes, with full clarity, this judicial authority understands that it is imperative that the Administration have a clear delimitation of the land areas that make up the indigenous reserve, exclusively in accordance with the respective Decreto Ejecutivo that, issued for that purpose, has so recognized it, and this, with absolute independence from the registry information derived from the National Registry, although it is clear that the surveying of the corresponding plans and the registry inscription of the properties in the name of the respective associations is a prerequisite for the subsequent determination of which non-indigenous person is within the reserve, or of eventual legal situations derived from the registry situation of the property if this is not the case. The delimitation of these lands has corresponded at all times to the State, and, for the purposes of domestic law, before the entry into force of the Ley Indígena, corresponded to INDER, in coordination with CONAI, as it is now in accordance with current regulations and, of course, in coordination with the indigenous communities themselves and any other linked public authority, including the State itself—we insist—in accordance with an adequate exercise of conventionality control in the field of human rights. Second, based on the areas that comprise the reserve, once duly delimited, the population censuses must then be carried out to allow the identification of the existence of non-indigenous persons in it (a task that corresponds to CONAI, in conjunction with the indigenous communities, whether these third parties exercise acts of possession or are registered titleholders of any right over the territories [possible registry overlaps included]), so the registry and/or cadastral situation of the property is mandatory, as the case may be, when applicable. Third, for the purposes of the material expulsion of the non-indigenous person by means of a police action, administrative eviction, or, where appropriate, prior to the eviction or placement in possession, the compensation, if applicable by means of the expropriation process, must proceed with the prior determination of the variables that, in accordance with article 5 of the Ley Indígena, determine whether to act in one way or another, that is, according to whether it concerns the exercise of acts or rights by third parties carried out in good or bad faith. The parameters for this are undoubtedly the rules and doctrine contained in the Civil Code, articles 17 to 22, without prejudice to the regulations that have been systematically analyzed up to this point in this instrument, pursuant to which, any act carried out after the effective date of the Ley Indígena and by virtue of the provisions of said law at least, becomes, in principle and by legal provision, null and void, as these are properties outside the commerce of men, without prejudice, as will be seen, to the moment from which the legal system imposes that ignorance of the same cannot be alleged, starting from the enactment and entry into force according to what is dictated by the special regulations applicable in the matter, starting from the Decretos Ejecutivos that define the areas comprising indigenous reserves. Of course, the date of creation of each reserve itself is a parameter that must also be weighed, and even in the absence of demarcation, whether the non-indigenous person could know that the property he occupies, whether in ownership or not, or the one he intends to acquire in ownership, is part of a specific indigenous territory. Fourth, in the case of possessors in bad faith, their expulsion (police act) or immediate eviction must be carried out by the legal means provided for that purpose (administrative eviction), for which purpose no compensation would be payable. In the case of persons who are registered titleholders of ownership or some real right, who have a title and who are in bad faith, the action provided for by the legal system for the removal from the legal world of the corresponding title must be initiated, in order to subsequently achieve the respective eviction. In the event that the title was granted in the exercise of some administrative power (titling by a public authority, among others), this would entail an action by way of lesividad if applicable, without prejudice to the provisions of article 173 of the Ley General de la Administración Pública or the direct action exercised by the holder of the affected right. In the case of non-indigenous persons, whether they are simple possessors or registered titleholders of ownership and/or some real right over the property, as long as they are acting in good faith, INDER must proceed to propose an alternative for their relocation to lands that would have to be as equivalent as possible to those thus affected by these third parties in the indigenous reserves. The lands for relocation must undoubtedly be chosen from among those available to the Instituto de Desarrollo Rural, both for its ordinary purposes under the law and for these particular purposes, under the protection of the Ley Indígena, given that the provision of land to be used for the purposes of protecting indigenous communities has long resided with the then ITCO, even prior to the entry into force of the Ley Indígena, as was noted above. Now then, relocation only proceeds if it is voluntary on the part of the individual and if it is possible; otherwise, the expropriation process must be initiated, whose procedure, subsequently and eventual judicial process, would have to be in charge of the Instituto de Desarrollo Rural, using its own budget for this, except for what corresponds exclusively to the payment of compensation when applicable, which must be made charged to the funds that CONAI would have to administer. INDER, for these purposes, must carry out the necessary steps in order to comply with the preparatory acts for the respective administrative procedure and for expropriation in court, including the full identification of the property in question, its valuation, and the declaration of public interest where appropriate, without prejudice to the cooperation that other public entities and, of course, the Executive Branch itself can provide, which, in the opinion of the members of this Tribunal, has never been understood by the legal system to be unlinked from these tasks in direct application of international law. Thus, it will be exclusively for the payment of compensation, then, that the funds directed to CONAI by the Executive Branch in accordance with the final paragraph of said article must be allocated, so that, if they are under good administration by the Commission, it must keep them available for when it is appropriate to proceed with the compensation in favor of whoever corresponds, in accordance with the request of INDER and when legally appropriate, all within a framework of adequate and efficient coordination. In this manner, it is possible to say that the legislator made use of the entity called at that time Instituto de Tierras y Colonización—it could be supposed that given the platform its organization had—later Instituto de Desarrollo Agrario, and today Instituto de Desarrollo Rural, in relation to which its legal duties are still in force to delimit the lands that make up the indigenous reserves in accordance with Decreto Ejecutivo number 5904 of March 11, 1976, and to provide the lands that are necessary to relocate non-indigenous persons when applicable—for which it must proceed by making use of those lands it has available. In the case of expropriation, the particular interest that the declaration of public interest must pursue—which corresponds to an indispensable prior action—must be taken into account. The public interest in these cases, certainly in accordance with article 45 of the Constitution, responds to the deployment of state obligations imposed by the legality block and, to that extent, in protection of the public interest related to the protection of indigenous culture associated with the right to property, but it also attends, at the same time, to a community or collective interest of a private nature, insofar as it will pursue the integrity of the right to property, exclusive and exclusionary, vested in the indigenous communities through their representative organizations, so that it is not an institutional interest, but rather a means for the preservation of the right to property of particular and vulnerable groups of the population that have traditionally been at risk and subject to constant violations of their property right, just as the legislator himself and the Executive Branch have expressly recognized. As for the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, this public organization is responsible, as stated, for carrying out the population censuses within the indigenous reserves, of course, once they are clearly delimited by INDER—this could not be understood any other way—without prejudice to how it must proceed when there is no doubt about the areas of the reserve in question. In this sense, for this Tribunal, the administration of the funds with which CONAI should have been endowed by the Executive Branch in accordance with article 5 of the Ley Indígena, and their availability exclusively for the purposes of paying the compensation whose processing is the responsibility of INDER, would have to serve as a budget to finance the same.
The foregoing leads to the supposition that a formal request by INDER to CONAI for those purposes will have to prevail when appropriate, and as long as the money designated for that effect by the legislator with a charge to the Executive Branch subsists. If it proves insufficient, the shortfall must be provided by the Executive Branch—not by INDER, CONAI, and/or any other public legal body or entity—following the same legislative formula provided and to the extent necessary. The possibility that the originally budgeted amount proves insufficient imposes nothing more than to say that this circumstance does not negate the original obligation, solely attributable to the central government, to provide the resources necessary to fully comply with the provisions of the Indigenous Law and international law. At the moment when there are no non-indigenous persons to indemnify in the reserves, it is clear to this Court that the rule contained in the cited numeral—a programmatic-type rule—will lose its force because the purpose pursued by it in that regard will have been fulfilled. In that eventual state of affairs, it should be possible to affirm that the exercise of the exclusive and exclusionary property right held by the indigenous communities will have effectively materialized, without prejudice to future vigilance over its integrity. Thus, it is to be supposed that for the fulfillment of these specific purposes, both the State and CONAI and INDER must carry out intense and systematic coordination tasks, in the exercise of obligations and competences that are neither exclusive nor exclusionary, but rather joint, coordinated, and interdependent, and none of these authorities may neglect the active role imposed by the legal system that they must perform, from the legal, registry, and physical delimitation (delimitación) of the reserves, to the conducting of population censuses and the location of non-indigenous possessors or holders of any right over the properties of interest, having to determine in each specific case whether that right or possession is in good faith, in order to proceed, when appropriate, to mere indemnification and/or, as the case may be, to indemnification after the corresponding expropriation (expropiación) process and subsequent expulsion or eviction from the property, as well as the effective placing of the land into the possession of its titleholder. It is noted that if any of the involved administrations fails to fulfill its role or legal duty, it prevents or at least substantially affects the rest. Finally, another scenario is covered by Article 3 of the Indigenous Law, regarding those transfers of ownership over indigenous lands, once their delimitation (delimitación) is duly established, if not upon the entry into force of the Indigenous Law starting in 1973, at least, and with much greater reason, from the Executive Decree that so indicates. The aforementioned article states, as we transcribe again, as follows: “Indigenous reserves are inalienable and imprescriptible, not transferable, and exclusive to the indigenous communities that inhabit them. Non-indigenous persons may not lease, rent, buy, or in any other way acquire lands or properties within these reserves. Non-indigenous persons may only negotiate their lands with other indigenous persons. Any transfer or negotiation of lands or improvements thereon in indigenous reserves, between indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null, with the legal consequences of the case. The lands and their improvements and the products of indigenous reserves shall be exempt from all national or municipal taxes, present or future.” (Emphasis not in the original). The rule is clear in its text, and this Court considers that it admits no interpretation other than the univocal meaning of the words used by the legislator. Thus, given the legal regime of the lands comprising indigenous reserves, legitimately established as such by executive decree (decreto ejecutivo), any transfer of ownership over these, whether carried out by indigenous or non-indigenous persons in favor of third parties (to the extent they are not indigenous, with the exception that what the legal system permits are transactions between indigenous persons, which will in no way have any registry effect), is null and void (nulo de pleno derecho).— / VI.) Regarding the Impropriety of the Complaint in All Its Aspects. This Chamber of Judges considers that in the specific case it is necessary to dismiss the complaint in all its aspects for the following reasons, (...): 1.- Regarding the application to the specific case of the provisions of Article 3 of the Indigenous Law No. 6172. From an exercise of evaluating the evidence as a whole or holistically, including that which has been admitted in this case, together with the party’s own statements, it is established that the Indigenous Reserve of Quitirrisí was recognized by the State of the Republic of Costa Rica as such starting in 1976 under the terms of Executive Decree No. 6036-G, published in the Official Gazette “La Gaceta” No. 113 of June 12 of that year, and has been delimited according to its current location and area since 2001, following the publication and entry into force of Executive Decree No. 29452-G dated March 21, 2001, effective as of May 16, 2001, according to publication in the Official Gazette “La Gaceta” No. 93 of that same date. The aforementioned administrative act—not challenged by the plaintiff, but instead, instrumentalized according to the complaint in favor of its interests—having been published and put into force, it is reiterated, as of mid-2001, as can be consulted in the Costa Rican System of Legal Information SCIJ (Sinalevi), “web” page of the Judiciary www.poder-judicial.go.cr, constitutes a circumstance that is not in dispute between the parties. That being so, it was not until June 27, 2012, that the plaintiff company acquired registry ownership (dominio) over the properties regarding which, affirming that they were located, as of the aforementioned Decree, within the surface area of the indigenous reserve of interest, it consequently claims that the defendants in the main action must be ordered to carry out the procedures aimed at the payment of fair compensation (justiprecio) in its favor for those lands and/or, as the case may be, to expropriate them, all registered in the National Registry, Real Property Section, of the Canton of San José, (...). All in application of the provisions of Article 5 of the Indigenous Law. The factual circumstance constituted by the fact that the mentioned properties are located within the indigenous reserve of Quitirrisí—except with respect to the representation of the State—is an undisputed fact, but which is also supported by the documentary evidence on folios 02 through 10, in relation to the rest of the documentary evidence in the judicial file, according to which, effectively, those lands, in the registry ownership of the plaintiff company, are located in their entire surface area within the area covered by the Indigenous Reserve of Quitirrisí since mid-2001. (...). The foregoing renders futile the argument made by the State’s representation, to the extent that it questioned whether the plaintiff’s registry ownership is located within the indigenous reserve of interest, first, because it was based on a formal aspect related to the power or competence to certify the indicated factual circumstance, since CONAI holds legal powers precisely to protect the right of indigenous communities over lands that, according to the legal framework, belong to them, and furthermore, because in questioning that power, it located it precisely with the public entity that, in official letter No. AT-064-2015 dated January 26, 2015, issued by INDER officials, professionals in surveying from that entity, technically reported—absent evidence of the same nature that the State’s representation did not provide—that the properties for which the plaintiff seeks compensation for their value are, in their entirety, part of the surface area of the indigenous reserve in question as of 2001. Thus, not only is the information certified by CONAI and INDER consistent with the defense theory outlined by the other defendants, as well as with that put forth by the plaintiff corporation, but against it, the State’s representation offers no evidence of any nature that would allow the contents of those probative elements and the statements of the other co-defendants to be refuted. Now then, that being so, there is no choice but to state that the plaintiff alleges that the State, INDER, and CONAI must be ordered to initiate the administrative and/or, as the case may be, judicial procedures, all aimed at compensating it through the payment in its favor of fair compensation (justiprecio) for those properties that were recognized as part of the indigenous reserve of Quitirrisí, notwithstanding which, the plaintiff company itself provides proof that it acquired the ownership (dominio) of those properties by transfer in 2012, when the indigenous reserve in question had been duly delimited as of 2001. Consequently, it suffices to state that the plaintiff company falls within the scenario established in Article 3 of the Indigenous Law, given that the act of transfer of ownership (dominio) over those properties was made in its favor years after the indigenous reserve of Quitirrisí was delimited by Executive Decree issued and in force since 2001. That is, in other words, the title of ownership that the plaintiff claims to hold by virtue of being the registry owner of those lands is not opposable to the defendant Administrations, much less to the indigenous community of Quitirrisí, protected in that regard even by international law, as we have stated, based on the State’s adoption of both Convention No. 107 of the International Labor Organization, in relation to Convention No. 169, “Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries,” to which the provisions of the Indigenous Law No. 6172, in force since the 1970s, must be added.” In my view, this would constitute the manner of resolving cases like the one before us, in which the plaintiff company itself claims to have formally acquired ownership (dominio) in 2003 over a property of significant dimensions under the protection of registry publicity, which it then says it learns has been located since 2001, based on the scope of an Executive Decree issued by a Public Administration different from the defendants here, within the area of an indigenous reserve recognized as land traditionally occupied by indigenous communities that existed at the site. Communities that at the legislative level have been attempted to be protected—without much success—since 1939 with the enactment of the Law of Vacant Lands (Ley de Terrenos Baldíos), which declared those lands as goods outside of commerce and, in that regard, inalienable. That pre-existing legal impossibility of transferring land ownership was further reinforced with the entry into force of the Indigenous Law. Its Article 5 certainly establishes the procedure to follow in determining the cases in which it is possible to relocate or, as the case may be, expropriate a person who has been registered in a census as non-indigenous, of course. Aside from the nature of an associative-type entity like the plaintiff, at no level does the legal system exempt from proving that the owner or occupant is a non-indigenous person, which at least should have been proven at trial, at least with regard to the holders of the corporate ownership, to guarantee compliance with the provisions of Article 5 of the Indigenous Law, and thus avoid a possible fraud against the Law (fraude a la Ley). That numeral, in relation to Article 3 of the same normative body, clearly establishes the possibility of acting in such a manner with respect to a person who, at the time of the entry into force of the Indigenous Law, and not at a later time, is an owner and/or possessor of lands of this type, in good faith. In my view, the fact that a specific area of land has been duly recognized as an indigenous reserve by an act of normative scope—a law in the material sense (ley en sentido material)—means that any act of transfer of ownership (dominio) of an inalienable asset such as the one acquired by the plaintiff company is null and void (nulo de pleno derecho), breaking the principle of presumption of good faith under the scope of Article 286 of the Civil Code. The interpretation and application of the legal system by the judicial operator in cases such as the one before us, associated with the protection of human rights of such vulnerable groups in society as indigenous communities, under the protection of international law in this matter even, superimposes these rights over those of a private patrimonial nature. A comprehensive reading of the legal system in observance of the provisions of Article 10 of both the Civil Code and the General Law of Public Administration so demands, in my opinion. Thus, once the verification that the eventual person to be indemnified is non-indigenous has been completed and, as in this case, that person is the registry owner of part of a reserve, a meticulous and weighty analysis of their legal situation must be conducted by legal imperative. Note that even regarding the power to expropriate, the expropriations law states in its Article 1 that: “This law regulates forced expropriation (expropiación forzosa) for reasons of legally proven public interest. Expropriation is ordered in the exercise of the imperium power of the Public Administration and includes any form of deprivation of private property or of legitimate proprietary rights or interests, whoever their holders may be, through the prior payment of compensation representing the fair price of what is expropriated.” (Emphasis not in the original). The analysis of standing must be exhaustive, not only regarding the subjective profile of the plaintiff or plaintiffs, but also regarding their title—if any. Regarding the temporal element within which the opposability of the title may or may not be recognized, one may consult, among others, the judgment of the First Section of this Court No. 106-2013-I, as well as the judgment of the First Chamber of the Supreme Court of Justice No. 920-F-S1-2015, according to which: “(...) That temporal element (which is: prior to the establishment of the reserve by the Indigenous Law or, alternatively, prior to the incorporation of the land through the executive decrees (decretos ejecutivos) that develop it) is consubstantial to the possession or ownership giving rise to the right to relocation or indemnification. That is, it forms part of its prerequisite, since it is a determining factor of good faith. Although it is not expressly contained in Rule 5, it clearly emerges from the relationship with Article 3. Note first that in that Rule 5, the legislator took as a factual prerequisite that at that time (enactment of the Law) non-indigenous persons were exercising possessory acts or acting as owners in good faith (regardless of their registry inscription), and recognized them a right to relocation or indemnification in the first paragraph. (...). In that line, it must be understood that in Article 3, after establishing that indigenous reserves are inalienable and not transferable, non-indigenous subjects, all of them (both those owners or possessors it recognized in the first paragraph of Rule 5, and those who were not, since it makes no distinction), are prevented from participating in or being beneficiaries of any translative act or business of ownership (...). From that moment on, moreover, there occurs—as the Constitutional Chamber stated in judgment 2097-2011 of February 23, 2011—the freezing of the property; and as a result, the individual who until then exercised possession or ownership with all its attributes has the power to dispose of their right over that land absolutely restricted, as was contemplated in that third numeral of the legal regulation.” (The emphasis is our own and the underlining corresponds to the original. See the Ruling of the First Chamber of the Supreme Court of Justice identified as No. 920-F-S1-2015 at 2:30 p.m. on August 6, 2015). In the same vein, one may consult the judgments of the Seventh Section of this Court No. 17-2016-VII at 9:00 a.m. on February 11, 2016, and of the Sixth Section No. 66-2016-VI at 3:00 p.m. on April 21, 2016.— Felipe Córdoba Ramírez."
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Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments
Text of the resolution
Sign Document
CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT
Main 2545-0003. Fax 2545-0033. Email [email protected]
Second Judicial Circuit of San José, Anexo A
FILE:
14-005427-1027-CA
PROCEEDING:
Knowledge (Conocimiento)
PLAINTIFF:
Fifty-Three Point Five S.A. (Cincuenta y tres punto cinco S.A.)
DEFENDANTS:
The Institute of Rural Development (El Instituto de Desarrollo Rural) and the National Commission on Indigenous Affairs (la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas)
No. 023-2019-IV.
CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT. FOURTH SECTION. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Calle Blancos, Anexo A Building, at eleven hours and eighteen minutes on the twenty-ninth of March of two thousand nineteen.
Ordinary proceeding (Proceso de conocimiento) brought by the company FIFTY-THREE POINT FIVE S.A. (CINCUENTA Y TRES PUNTO CINCO S.A.), legal ID number 3-101-259773, represented by its attorney-in-fact without limit of amount, Mrs. Gabriela Fernández Tinoco, who is of legal age, divorced, a psychologist, ID number 1-334-445, resident of Curridabat, against the Institute of Rural Development (Instituto de Desarrollo Rural), hereinafter INDER, represented by Attorney Rodrigo Villegas Ramírez, bar card 8129, and the National Commission on Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas), hereinafter CONAI, represented by Attorney Mauricio Masis Murillo, bar card 7574. Attorney Rodrigo Arauz Figueroa, bar card 3201, intervenes as special judicial attorney for the plaintiff company. The Quitirrisí de Mora Indigenous Development Association (Asociación de Desarrollo Indígena de Quitirrisí de Mora) appears as an interested third party.
WHEREAS:
I.— By a written submission received in court on July 7, 2014, the plaintiff company’s representation filed an ordinary proceeding (proceso de conocimiento), whose claims were set in the preliminary hearing held on April 21, 2016, so that in the judgment: 1— The defendants be ordered to carry out the respective appraisals jointly with the Ministry of Finance, as established in the Expropriations Law. For this, this Court shall give the defendants a reasonable period to proceed with the respective valuations, on the understanding that if they fail to do so within the period given for that purpose, my represented party shall be authorized to present the respective appraisal in the enforcement of judgment (ejecución de sentencia) to monetize the sentence imposed. All these costs shall be borne by the defendants. 2— Once those appraisals are established and the property has its real value, the defendants be ordered to pay the compensation that my represented party is entitled to by right as a result of the declaration of indigenous reserve made over the land of its property previously described, according to that appraisal. 3— Once the fair compensation is established, the defendants be ordered to pay legal interest on the amount of the compensation established in the appraisal until effective payment, which shall be determined in the enforcement of judgment. 4— My represented party be granted indexation on the amounts established in the enforcement of judgment, in accordance with the consumer price index, so as not to be harmed by the country’s semi-annual monetary devaluation. 5— The defendants be ordered to pay both procedural and personal costs. (See preliminary hearing minutes and audio in the custody of this Court and digital judicial file).
II.— By an order issued at 10:54 a.m. on July 16, 2014, the complaint was served on the defendant entities. (See digital judicial file).
III.— By a written submission received on September 17, 2014, the representation of CONAI denied the complaint and raised the substantive objections of lack of standing to sue and be sued and lack of right. (See digital judicial file).
IV.— By a written submission received on October 1, 2014, the representation of INDER denied the complaint and raised the substantive objections of lack of standing to sue and be sued and lack of right. (See digital judicial file).
V.— Although the Quitirrisí de Mora Indigenous Development Association was given a hearing as an interested third party, it did not make any statement in that regard.
VI.— By a written submission filed on February 16, 2016, based on the provisions of Article 68.2 of the CPCA, the plaintiff’s representation expanded the facts of the complaint, alleging that the property registered under the folio real system, registration number 36084-000, was registered since June 24, 1903, before the entry into force of the Indigenous Law. By an order issued at 3:12 p.m. on March 16, 2016, the parties were given a hearing. (See digital judicial file).
VII.— The preliminary hearing provided for in Article 90 of the Contentious-Administrative Procedural Code was held on April 21, 2016, with the presence of the parties, in which the claims were analyzed, the disputed facts were determined, and the documentary and expert evidence was admitted. (See preliminary hearing minutes and digital backup).
VIII.— On March 13, 2018, the supplementary oral and public trial hearing was held, in which the litigating attorneys made their opening arguments, the testimony of the expert witness, Surveying Engineer Mauricio Mora Porras, was received, and the corresponding closing arguments were made.
IX.— The procedure has followed the legal requirements, and no defects capable of invalidating the proceedings are observed. This judgment is issued by majority, within the period of fifteen business days established in Article 111 of the Contentious-Administrative Procedural Code for complex matters, after the relevant deliberation.
Judge Salas Leitón writes.
CONSIDERING:
I.— REGARDING EVIDENCE FOR BETTER RESOLUTION: The representation of INDER offered, as evidence for better resolution (prueba para mejor resolver), a copy of official letter AT-448-2014 dated September 22, 2014, signed by the Head of the Surveying Area of INDER, responding to official letter DAJ-675-14-2014, in which it was asked to determine whether the property depicted in cadastral map SJ-1008095-2005 was affected by the Quitirrisí Reserve, indicating, insofar as relevant, that the map provided relates to property No. 1-36084-000, which was absorbed when the extension of the Indigenous Territory was made by Decree 29452-G of 2001. That the study determined that the map in question is partially affected by the Protected Wildland Area, the Cerros de Escazú Protective Zone, created in July 1975 by Decree No. 6112-A, and that it should be taken into consideration that, according to map No. SJ-402190-80 referenced by property 36084, based on its cartographic location, it did not affect the indigenous territory. It also provided a certification from the National Cadastre for Map No. 1-894058-2003, which modifies map No. SJ-402190-1980, in which the National Cadastre warns that the document is located within the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve, so it had to have the approval (visado) of CONAI and the approval of the Ministry of Environment and Energy, in which it is stated that, according to the location shown on the map, the described property is located within the Cerros de Escazú protective zone. Regarding the admission of evidence for better resolution, it should be noted that this situation is contemplated in Article 331 of the Civil Procedural Code, which is applicable in a supplementary manner in this jurisdiction, pursuant to the provisions of Article 220 of the Contentious-Administrative Procedural Code. Now, regarding the discretionary admission of evidence for better resolution, it is a reiterated criterion of the case law of the First Chamber of the Supreme Court of Justice that its rejection does not leave the parties without a defense. Among other judgments, the relevant portion of Ruling No. 547-F-2002 at 4:00 p.m. on July 12, 2002, in which that Chamber stated: “(…) IV.— Multiple precedents of this Chamber, referring to evidence for better resolution, have indicated that this is evidence of the judge, not of the parties. Consequently, the decision to gather it is discretionary for the judicial body, and it may dispense with it without any resolution being necessary. Ergo, the omission of a ruling on this matter, precisely because the evidentiary stage has been concluded—in which the parties must prove the facts establishing their right, as required by the rules on the burden of proof—and once that stage has concluded, it shall be the exclusive discretion of the judge to determine whether new evidence necessary for the correct decision of the litigation should be added to the record. One may consult, among many others, the following resolutions: 59 at 3:20 p.m. on May 31, 1996, 23 at 2:20 p.m. on March 4, 1992, 34 at 10:45 a.m. on May 28, 1993, and 83 at 2:40 p.m. on December 22, 1993. (…)”. In the specific case, the Court, by majority, considers that the evidence offered must be admitted, as it is relevant.
II.— PROVEN FACTS: Of importance for the issuance of this judgment, the following are taken as such: 1) That according to the certification of the Public Registry dated January 15, 2016, property 36084 was registered as of June 24, 1903, under volume 638, folio 81, entries 1 through 11, and volume 2159, folio 56, entry 11, both of the Province of San José, and that on November 20, 1973, the cited property was acquired by Mr. Pedro Jiménez Mora, ID 1-172-487. (See images 40, 224, and 228 of the digital judicial file). 2) That the Indigenous Reserve of Quitirrisí de Mora was created by Executive Decree No. 6036-G of June 12, 1976, and declared as such by Article 1 of the Indigenous Law No. 6172, and its extension was expanded by Executive Decree No. 29452-G of 2001, providing insofar as relevant: "...Article 1—Amend Article No. *2 of Executive Decree No. 10707-G of October 24, 1979, so that henceforth it reads as follows. The Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve is located on the cartographic sheets of the National Geographic Institute, scale 1:50,000, Abra 3345 I and Río Grande 3325 IV. The Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve is located by the following coordinates: Starting from the point with coordinates N 207,600 E 511,950, the intersection point between Quebrada Honda and the Ciudad Colón-Puriscal National Road. It continues upstream along Quebrada Honda to the junction with one of its tributaries at coordinates N 207,610 E 512,090. It continues along the tributary upstream to the point with coordinates N 208,450 E 513,650. The boundary of the Indigenous Reserve continues through the coordinate points: N 208,500 E 514,575 N 207,975 E 515,100 (LANDMARK 1813) N 207,650 E 515,675 N 207,350 E 515,300, spring (naciente) on the map of Quebrada Barro. It continues downstream along this stream to the point with coordinates N 205,000 E 513,400. From there, due West to the point with coordinates N 205,000 E 511,825, a point that intersects Quebrada Mina. It continues to the point with coordinates N 205,050 E 511,725 where it intersects Quebrada Mónica. The boundary of the Reserve continues downstream along Quebrada Mónica to the point with coordinates N 204,550 E 510,950. It continues to the point with coordinates N 204,600 E 510,100 where it intersects Quebrada Mata, continuing upstream along this stream to the point with coordinates N 205,100 E 509,250. It continues to the point with coordinates N 205,000 E 509,350; road between Morado and Guayabo. It continues along the Guayabo road to the point with coordinates N 205,550 E 508,675, the intersection point between the Guayabo road and the Ciudad Colón road. From this point, it continues in a straight line to the point with coordinates N 205,650 E 508,550. From there, it continues along a stream (represented on the Map by contour lines) downstream to its confluence with the Jaris River at coordinates N 206,600 E 508,050. The boundary continues downstream along the Jaris River to the point with coordinates N 208,750 E 504,900. Point where Quebrada Pita flows into the Jaris River. It continues upstream along this Quebrada Pita to its spring (naciente) on the map at coordinates N 209,660 E 506,215. From there, a straight line to the point with coordinates N 209,900 E 506,500, a point that intersects the Guaco path. It continues along this path heading southeast to the point with coordinates N 208,575 E 508,205. From there, it continues along a trail heading northwest to the intersection of this trail with Quebrada Chavarría at coordinates N 209,275 E 509,650. It continues downstream along Quebrada Chavarría to its confluence with Quebrada Honda at coordinates N 209,445 E 509,775; to continue upstream along Quebrada Honda to the point with coordinates N 207,600 E 511,950.
Initial point of this description. *(SINALEVI NOTE: This article modifies Article 2 of Executive Decree No. 10707 of October 24, 1979; however, by reason of the matter reformed and the information supplied by the Ministry of Governance and Police, the reform corresponds to Article 3). (Uncontested fact). 3) That on March 4, 2003, the ladies Margarita, Beatriz, and Sergio, all of age and with the surnames Jiménez Guevara, as owners of the bare property of farm No. 36084, and Mrs. Gladys Guevara Vega, as holder of the usufruct (usufructo), appeared before Notary Public Isaac Montero Solera and, for the sum of 2 million colones, sold to the plaintiff corporation said farm, whose nature they indicated was woodlands (montes), with an area of 68,066.24 square meters, located in District One Colón of Canton Seven Mora, bounded on the north by Quebrada Honda and others, on the south by Leopoldo Barboza Estrada, on the east by Manual Vásquez and others, and on the west by Leopoldo Barboza and access to an easement (servidumbre), with cadastral survey plan (plano catastrado) No. SJ-1-402190-1980. (See images of the digital judicial file). 4) That on January 26, 2004, the general attorney-in-fact of the plaintiff corporation appeared before Notary Guillermo Montero Solera for the purpose of rectifying the nature of real property No. 36084-000 with an area of 68,066.24 square meters, indicating that it is pasture land (terreno de potrero), with the following boundaries: North: Río Quebrada Honda with Leopoldo Barboza Estrada, Marco Tulio Alpizar Rivera, and Misael Fuente Hernández in between; East: with Cincuenta y Tres Punto Cinco S.A.; West: with agricultural easement (servidumbre agrícola); and South: with Condor Anónimo Sociedad Anónima and Roque Quirós Porras; and that the correct plan was Cadastral Survey Plan No. SJ-1-894058-2003. (See images of the digital judicial file). 5) The Executive Directorate of CONAI, on May 11, 2005, issued the plan approval (visado del plano) under the indication that insofar as the property is located where the drafter placed it on the grid, it is located entirely within the Quitirrisí Indigenous Reserve and that the approval was granted because it was a property registered in the Public Registry before the promulgation of the reserve. (See images of the digital judicial file). 6) That according to the registry certification provided, the plaintiff corporation is the owner of the farm registered under the folio real system of the San José Division, No. 36084-000, with an area of sixty-eight thousand sixty-six square meters and twenty-four square decimeters, whose nature was described as land (terreno), located in District 1 Ciudad Colón, Canton 7 Mora of the Province of San José, whose boundaries are: North, Río Quebrada Honda; South, Leopoldo Barboza and another; East, Manuel Vásquez and others; West, Leopoldo Barboza; with Plan: S.J.-1-008095-2005, and is the property of the corporation Cincuenta y Tres Punto Cinco S.A., legal identification number No. 3-101-259773, registered on May 12, 2003. (See image 412 of the digital judicial file). 7) The Head of the Department of Territorial Studies of CONAI issued certification No. CDET-068-14 of 10:00 a.m. on June 10, 2014, in which it indicated that cadastral survey plan No. SJ-1008095, property of the plaintiff located at Quebrada Honda, District 01, Colón, Canton 07 Mora, Province 1 of San José, with an area of 68066.24 square meters, is located within the Quitirrisí Indigenous Reserve and affected by the expansion of 201 (Sic). (See image 421 of the digital judicial file). 8) At the preliminary hearing held on April 21, 2016, the taking of expert evidence was accepted in the form of a survey by a Surveyor to determine the cartographic accuracy of the real property, taking into account the plans that were submitted to the judicial file. This survey was entrusted to the Surveyor Mauricio Mora Porras, who rendered his expert opinion through reports of the month of March and supplements of the months of July and December of 2017; concluding that farm No. 1-36084-000, owned by the plaintiff, associated with plan SJ-1008095-2005, is located within the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve. The foregoing using as input the georeferencing of the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve, according to Decree No. 29452-G. A situation he reiterated before this Chamber at the trial hearing. (See images 100 to 112 of the digital judicial file and digital recording of the trial hearing).
III.- UNPROVEN FACTS: 1) That the farm registered under the folio real system of the San José Division, No. 36084-000, with an area of sixty-eight thousand sixty-six square meters and twenty-four square decimeters, whose nature was described as land (terreno), located in District 1 Ciudad Colón, Canton 7 Mora of the Province of San José, whose boundaries are: North, Río Quebrada Honda; South, Leopoldo Barboza and another; East, Manuel Vásquez and others; West, Leopoldo Barboza; with Plan: S.J.-1-008095-2005, property of the corporation Cincuenta y Tres Punto Cinco S.A., legal identification number No. 3-101-259773, registered on May 12, 2003; is located outside the Quitirrisí Indigenous Reserve. (There is no evidence in that regard). 2) That the plaintiff corporation used cadastral survey plan No. SJ-402190-1980, which located property SJ-1036084 outside the Indigenous Reserve, for the purpose of registering the farm in the Public Registry, and once the farm was registered, changed plan SJ-402190-1980 for plan SJ-1-894058-2003, which locates the property inside the Indigenous Reserve. (No evidence is found in that regard). 3) That the plaintiff corporation acquired real property No. 36084-000 in bad faith. (No evidence is found in that regard). 4) That to date, INDER and CONAI have carried out the expropriation proceedings (diligencias expropiatorias) on farm No. 36084-000 affected to the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve by Decree No. 29452-G of 2001, in the terms imposed upon them by Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena). (No evidence is found in that regard).
IV.- OBJECT OF THE PROCEEDING AND ALLEGATIONS OF THE PARTIES: According to what was stated by the representative of the plaintiff corporation, the purpose of this proceeding is to challenge the omission by INDER and CONAI of their obligation to comply with the provisions of Article 5 of Law No. 6172 "Indigenous Law" (Ley Indígena), which consists of carrying out the expropriations and paying for the affected properties, this from the year 1977, by virtue of the fact that the farm owned by it, registered in the Public Registry, Property Section of the San José Division, folio real system, registration number: three six zero eight four-zero zero zero, which is pasture land (terreno de potrero), measuring: sixty-eight thousand sixty-six square meters and twenty-four decimeters, bounded on the north: Río Quebrada Honda and others, south: Leopoldo Barboza and another, east: Manuel Vásquez and others, and west: Leopoldo Barboza, located in District One, Colón, Canton Seven, Mora of the Province of San José, registered under Plan number: SJ-1008095-2005, was encompassed by the Quitirrisí Indigenous Reserve of Mora without having been indemnified to date as legally corresponds. The foregoing in accordance with Article 35 of the Contentious Administrative Procedure Code. Based on the allegations, the plaintiff corporation requested that the judgment order the defendants to carry out, within a reasonable period jointly with the Ministry of Finance, the corresponding appraisal according to the Expropriations Law and once its real value is established, that the defendants be ordered to pay the indemnification plus interest, amounts that must be adjusted according to the consumer price index. Regarding the facts, it stated: 1) That it holds title transmitted by the legitimate owners of the real property of the San José Division, registered under the folio real system, registration number 36084-000, created in the registry since June 24, 1903, i.e., before the issuance of the Indigenous Law and the imposition of its limitations. Title that was acquired in good faith and under registry protection, in accordance with the provisions of Articles 268 and 291 of our Civil Code, without the Registry warning of any registry limitation or that the real property was located within an Indigenous Reserve. In addition to the fact that there is no express prohibition in the Indigenous Law, nor in any other law, for the owner of a right of possession or of property—who has not been indemnified—to transfer their rights, and this transfer does not contravene morality, public order, or good customs. 2) That the Executive Branch affected the indicated farm by Decree No. 29452-G, of April 16, 2001. That said decree limited its freedom of disposal or of usufruct over that real property, as well as the power of disposition over them in the terms of Article 292 of the Civil Code, since it cannot use the natural resources of its farm, fell trees, sow, build, or create pasturelands (potreros) for cattle, this because these Indigenous communities are protected by Articles 3 and 6 of the Indigenous Law, which so establish. That the Department of Territorial Studies of the National Commission for Indigenous Affairs, by certification No. CDET-068-14, indicated that its real property is located within the Huetar de Quitirrisí Indigenous Territory of Mora; but that INDER and CONAI have maintained an omission since 1977 to date, despite the fact that Article 5 of the cited law provides that the limitations on properties of good-faith possessors and owners of farms included within the Indigenous Reserves must be indemnified to their owners through a de facto expropriation, whether original owner or not; which to date they have not done in its case, constituting an illicit enrichment. That in its case, an expropriation of its real property occurred for which the corresponding indemnification has not been paid, thereby seriously violating its fundamental right to property enshrined in Article 45 of the Constitution. 3) That the Office of the Attorney General of the Republic, in response to a consultation made by INDER, indicated in its Opinion No. C-395-2003 of December 16, 2003, that if the IDA formalizes the transfer without relocating the owners or good-faith possessors referred to in the first paragraph of Article 5 of the Indigenous Law, or without having initiated the expropriation proceedings, the transfer would not affect the property and possession rights of those who have not been relocated or expropriated with the respective indemnification, which could generate civil liability on the part of the Institute by reason of damages that such a situation could cause to the Indigenous communities, as well as to the owners and affected parties. For its part, the First Chamber, in its decision (voto) No. 001604-F-S1-2012, of 09:00 hours on December 6, 2012, stated: "...Thus, for the Chamber it is clear that the following functions correspond to INDER, in what is of interest for this case: 1) relocate owners or good-faith possessors outside the Indigenous reserves and; 2) expropriate and indemnify them if relocation is not possible. The particular manner devised for the financial endowment of the fund and its administration does not detract from the fact that, in light of the rule, it is clear that it is the responsibility of the defendant Institute, in coordination with CONAI, to carry out the expropriation proceedings. Thus, their concern that, by complying with the ruling, the Institution, or its Board of Directors, might contravene the rules that define its purposes, is unfounded, since the jurisdictional pronouncement presupposes the omission in the fulfillment of a function that was assigned to it by a special law, so the analysis of its jurisdictional framework cannot be understood as constrained to its law of creation, if other rules of equal rank confer additional tasks upon it, which in any case is not unreasonable or improbable, considering the age of the Institution's creation, and the understanding and attention of new social needs that must be addressed by the State, through its complex framework. Thus, no infringement is observed as alleged in the attacked judgment, so its disagreement on substantive grounds must also be denied...". So the particular manner devised for the financial endowment of the fund and its administration does not detract from the fact that, in light of the rules, it is the responsibility of the defendant Institute, in coordination with CONAI, to carry out the expropriation proceedings. 4) That non-original owners are entitled to the respective indemnification; otherwise, the provisions of Articles 3 and 5 of the Indigenous Law would be violated, and it would favor a de facto expropriation, which is neither the spirit nor the letter of that law. Furthermore, Article 45 of the Political Constitution, in its safeguarding of private property, would be contravened, in a double manner: first, with the declaration of the reserve without prior indemnification, and the second time, by the fact that those who possess indirectly, by acquiring through legitimate sales, donations, possessory information proceedings, and rights recognized through succession proceedings before our Courts of Justice, cannot be indemnified, limiting the claim only to the original possessors, thereby violating not only the property right of Article 45, but also the freedom of contract, which has constitutional rank. The representative of CONAI stated, regarding the facts, that although the plaintiff is the registered owner of the farm for which it claims indemnification, because it is located within the Quitirrisí Indigenous Reserve, it is manifest that it made its acquisition on May 12, 2003, after the decree of 2001 entered into force, and under the principle that no one may plead ignorance of the Law, despite the existence of a registry inscription in its name, it has no right whatsoever because the real property has belonged to the State and to the Indigenous communities since 1939, according to Law No. 13 of January 10, 1939, "Law of Vacant Lands" (Ley de terrenos baldíos), which in its Article 8 established: "A prudential zone, at the discretion of the executive branch, is declared inalienable and the exclusive property of the Indigenous people, in places where their tribes exist, in order to preserve our autochthonous race and to free them from future injustices." For its part, Article 11 indicated: "The following belong to the State as national reserves...a) all lands comprised within the limits of the Republic that are not registered as private property," and additionally as a National Reserve since 1961 with the issuance and entry into force of the Land and Colonization Law (Law 28259), "Article 7, i) All those lands that have been declared subject to claim or inalienable by previous legal provisions," and that, due to the corporate purpose of the plaintiff corporation (Commerce, industry, tourism, agriculture, livestock, etc.), it is contrary to the provisions of the Indigenous Law and to what is established in ILO Convention 169, it being an offense to dispose of those properties for those purposes; therefore, said purchase was absolutely null, so in this type of case, the provisions of Article 292 of the Civil Code do not apply. That it is not true that CONAI must carry out studies for non-Indigenous persons who do not have the right to be indemnified, as the plaintiff seeks to claim. That special law prevails over general law, and in this case the Law was created in 1977, and from that date on, property cannot be transferred, without being able to plead ignorance of the law, and Article 1061 of the Civil Code clearly establishes that any sale of another's property is absolutely null. That in this manner, the plaintiff corporation suffered no infringement of any right since it is a bad-faith possessor, having acquired after the decree entered into force, and there has never been an omission or an expropriation by the Administration, which is why it does not fall within the protection of Article 45 of the Constitution. That in cases of transfers of real properties affected by the Indigenous Law, the principle of private autonomy does not apply, and the First Chamber, in judgment 000403-F-2006, indicated: "The right of possession may be acquired and exercised in one's own name or in another's; thus, the first occurs when its owner enters into material possession of the good. It is exercised in the name of another, when the owner authorizes it, for example for its administration, in the capacity of a manager." In this case, the Indigenous persons have been owners of said farms since time immemorial, and legally established since 1939 with the Law of Vacant Lands, and since 1977, through the Indigenous Law, it is ratified and given greater protection due to the fact that they are also owners of said lands, to which they never consented through those purchase-sales vitiated by nullity, and that illicit enrichment would consist of paying for properties that should not be paid because it is a bad-faith possessor. Regarding the legal grounds, it noted that the Law of Vacant Lands of 1939 recognized for the first time the right of Indigenous peoples to their lands. Then, in 1959, ILO Convention 107 was ratified, by which the Costa Rican State undertook to recognize the lands occupied by Indigenous peoples, such that the right of Indigenous peoples to the territories traditionally occupied by them has been recognized before the Indigenous Law and the decrees. However, Indigenous Law 6172 of November 29, 1979, its regulations, and other executive decrees, came to specify the creation of the Indigenous Reserves. Specifically, Article 1 of the Indigenous Law concretely created some reserves that were already Indigenous territories before the creation of the Law. That this body of law has come to establish that the Indigenous territories belong to the Indigenous peoples, who have been their traditional occupants, and this results in those real properties being inalienable, imprescriptible, non-transferable, and exclusive to the Indigenous communities. That Article 5 of the Indigenous Law states: “In the case of non-Indigenous persons who are owners or good-faith possessors within the Indigenous reserves, the ITCO must relocate them to other similar lands, if they so desire; if relocation is not possible or they do not accept relocation, it must expropriate and indemnify them in accordance with the procedures established in Law No. 2825 of October 14, 1961, and its reforms. The studies and expropriation and indemnification proceedings will be carried out by the ITCO in coordination with CONAI. If subsequently there is an invasion of non-Indigenous persons into the reserves, the competent authorities must immediately proceed with their eviction, without payment of any indemnification whatsoever. The expropriations and indemnifications will be financed with the contribution of one hundred million colones in cash, which will be deposited in four annual installments of twenty-five million colones each, beginning the first in 1979; said installments will be included in the general budgets of the Republic for the years 1979, 1980, 1981, and 1982. The fund will be administered by CONAI, under the supervision of the Comptroller General of the Republic." That under said article, there are three conditions for the indemnification to be applicable: First condition: That Article 3 of the Indigenous Law declared the Indigenous reserves as inalienable, imprescriptible, non-transferable territories, exclusive to the Indigenous communities that inhabit them, establishing that non-Indigenous persons may not rent, lease, buy, or in any other manner acquire lands or farms comprised within the reserves, and that any transfer or negotiation of lands or improvements thereof in the Indigenous reserves, between Indigenous and non-Indigenous persons, is absolutely null. That although Article 5 of said Law established the obligation to indemnify non-Indigenous persons with lands within a reserve, such indemnification only applies in cases where the non-Indigenous owners or possessors had occupied said lands before the declaration of the reserve, in good faith according to the rules of the Civil Code. Such that no indemnification whatsoever applies in those cases where the properties were already affected. Second condition: That the expropriation proceedings and studies had to be carried out by the ITCO in coordination with CONAI and jointly with the property owners of the reserves, which, according to Articles 2 and 4 of the Law and Articles 3, 4, and 5 of its Regulations (Decree No. 13568-C-G of April 30, 1982), are the ADI of the respective reserve. That Article 10 of the Regulations clearly states: "To guarantee the rights regulated in Articles 3 and 5 of the Law, the President of the Integral Development Association shall appear, in person or through his representative or Delegate, as soon as possible, after the infringement occurs, accompanied by the certification showing the registration of the Reserve, to initiate, before the competent official, the corresponding legal action." Thus, it is the ADI that determine which non-Indigenous persons are entitled to claim, and CONAI is only responsible for executing the expropriation procedure, but does not have the authority to declare indemnification rights for these owners or good-faith possessors. Third condition: That in this way, it is the Indigenous Development Associations that must participate in the analysis and determine who meets the requirements of the Civil Code and the Indigenous Law for granting non-Indigenous persons the right to be considered good-faith possessors, under the following requirements: 1) Non-Indigenous persons or those not belonging to the Indigenous community. 2) That they acquired a right of possession over a real property in good faith before the declaration of the reserve, and that upon its creation, the essential content of the right was emptied. 3) Good faith means that the owners or possessors acquired their rights over the real properties according to the rules of the Civil Code. 4) They must prove administratively and judicially that they exercised possessory acts over the real properties before the decree entered into force. That for a non-Indigenous person to be indemnified, they must meet all the requirements analyzed above, and they must fall within the assumptions established in the Indigenous Law. The representative of INDER stated regarding the merits: 1) That INDER rejects the validity of certification number CDET-068-14, issued by the Department of Territorial Studies of the National Commission for Indigenous Affairs on June 10, 2014, signed by Mr. José Manuel Paniagua Vargas, and of the certification for the plan approval, issued by the Executive Directorate of CONAI on May 11, 2005, at 11:00 a.m.; inasmuch as they are not valid and suitable documents to prove that the real property for which indemnification is claimed is located within the Quitirrisí Indigenous Reserve. The foregoing because the persons and offices that issued them lack competence and technical evidence for those purposes, thereby violating the provisions of Articles 129 and 136 of the General Law on Public Administration. That the competence of CONAI is regulated in Article 4 of the Indigenous Law, which states: “The reserves shall be governed by the Indigenous peoples in their traditional community structures or by the laws of the Republic that govern them, under the coordination and guidance of CONAI." That it is not within the competence of CONAI to make declarations of good-faith possessors or to indicate whether or not a real property is within a reserve. Furthermore, upon analyzing Article 5 of the same law, we realize that it is also not possible to find legitimacy for a Department of CONAI to issue certifications such as the one in question. Even Mr. Paniagua Vargas is, as far as we know, a Geographer and not a Surveyor, so as to potentially give any credit to the issued certification. 2) That within the assumptions for a person to be indemnified under the Indigenous Law, its Article 5 requires: 1) They must be non-Indigenous persons. 2) They must be owners or good-faith possessors of real properties located within the Indigenous Reserve. The owners or possessors must have been so, from before the declaration of the Indigenous Reserve or from before the boundaries of the existing Reserve were modified. That in the present case, the expansion of said reserve was made through Decree number 29452-G of April 16, 2001, and the registry report shows that the farm was registered in the name of the Corporation on May 12, 2003, making it entirely clear that the plaintiff acquired the farm on a date after the creation of the Indigenous Reserve and its subsequent expansion, so its right is not in good faith, it is even illegal and therefore non-existent. It is unlawful to indemnify persons who occupy a real property that was already previously affected or expropriated, since acts of disposal cannot be carried out on properties that are already affected to a public purpose or outside the stream of commerce. For that reason, Article 3 of the Law sanctions with absolute nullity any act of disposal of real properties located within the Indigenous reserves, because after the declaration of affectation, acts transferring ownership over the same cannot be carried out. Regarding good faith, we must point out that this has to do with the manner and the time when the plaintiffs entered the real property. If they did so on a date after the declaration of the Indigenous Reserve or after the date of its expansion, then both the manner and their permanence on the real property for which they claim indemnification must be considered as in bad faith, thus failing to meet the good faith requirement demanded by Article 5 of the Indigenous Law. The plaintiffs must also prove administratively and judicially that they exercised possessory acts over the real property, from before the entry into force of Law 6172, i.e., the Indigenous Law, or from before the boundaries of the Reserve were modified. In summary, the plaintiff does not meet the requirements explicitly demanded by the Law to become entitled to the indemnification right sought. 3) Regarding the correct analysis that must be made of Article 5 of the Indigenous Law: That with the passage of time, the jurisdictional bodies have been refining the true scope of said article, taking into consideration the discussions that took place in the Legislative Assembly when the Bill that concluded with the promulgation of the Indigenous Law was discussed, the statements made in the Regulations to the Law; by the Budgetary Authority of the Ministry of Finance, and also by the Presidency of the Republic, leaving evidenced, without a doubt, that the financial resources for the indemnifications must come from the Central Government and not from the INDER budget. INDER's representative summarizes the provisions of prior judgments: A) Regarding the resources to pay the indemnifications: That on the occasion of the proceeding processed under file 10-000274-CA (to which proceeding number 10-0002957-1027-CA was joined), and to the proceeding processed under file No. 10-00275-1028-CA, the then President of the Republic, Laura Chinchilla Miranda, stated textually: “In this regard, I must state that the Executive Branch cannot be reproached for the alleged inactivity regarding the obligation to submit an extraordinary budget to the Legislative Branch. The foregoing, because it is the responsibility of other bodies to carry out the technical studies and appraisals that allow the total amount to be budgeted to be determined, as a prior aspect to address the alleged inactivity attributed. Likewise, the Decree is clear in stating that it is the responsibility of the National Commission for Indigenous Affairs (CONAI), through the Department of Territorial Studies, to carry out said appraisals and submit them to the Executive Branch; a situation that to date has not been carried out. It is clear that the intervention of the Executive Branch in this process depends on the request presented to it by CONAI, so there is no liability for omission attributable to the Executive Branch, since, as has been indicated in the present proceeding, prior to its intervention, the institutions must carry out the corresponding administrative procedures, after which, CONAI must bring it to the attention of the Executive Branch, in order to proceed with the budgetary provision, which would eventually have the purpose of indemnifying the lands." Furthermore, in the proceeding processed under Judicial File No. 10-00274-1028-CA, the General Director of the National Budget of the Ministry of Finance (meaning the Executive Branch), stated, among other things, the following: "As can be appreciated, the Law does not create the source of financing for that fund, but simply creates the obligation and allocates it to CONAI, without indicating the new revenues that the Executive Branch would have to finance the expenses that would be uncovered by the provision of the aforementioned law." It continues, stating: "By virtue of the foregoing, once the budget for the years 1979, 1980, 1981, and 1982 has been closed, it is not possible for the Administration, from a legal-budgetary point of view, to modify it, nor to give it retroactive effect, as it has become a consummated act."
Consequently, as of today the contribution of one hundred million colones in cash has not materially been made, which will be deposited in four annual installments of twenty-five million colones each, with the first commencing in 1979; said installments shall be included in the general budgets of the Republic for the years 1979, 1980, 1981, and 1982, so we could not indicate the entity to which said contribution was transferred." "Thus, for the reasons stated, it is evident that the obligation ordered to be covered in the budgets expressly set forth in Article 5 of Indigenous Law No. 6172 has not at any time in history been included in the draft National Budget of the Republic, and for 2014, the ¢100,000,000.00 needed to pay the expropriations of non-indigenous persons from the indigenous reserves could be budgeted, which, as has been repeatedly pointed out, should have been included in the general budgets of the Republic for the years 1979, 1980, 1981, and 1982, since they have already been liquidated," thereby acknowledging that it falls to the Executive Branch to provide the resources for the corresponding indemnifications and not to INDER. Additionally, that representation stated that Article 35 of Law 9036 of May 29, 2012, "Law creating the Rural Development Institute," and Article 110.e of the Law of the Financial Administration of the Republic and Public Budgets, No. 8131, establish a limitation on the use of allocated resources and a prohibition against using them for purposes other than those established by law, stating: "Legal Provisions. The assets and resources that constitute the patrimony of INDER may only be used for the purposes set forth in this law," and subsection e) of Article 110: "Acts giving rise to administrative liability: The use of public funds over which one has powers of use, administration, custody, or disposal, for purposes other than those for which they are legally, regulatory, or by individual administrative act intended, even when these purposes are equally of public interest or compatible with the purposes of the entity or body in question"; therefore, INDER could not allocate funds to purposes other than those set forth in its organic law, such as the payment of an indemnification like the one sought. B) Regarding the functions of the institutions mentioned in Article 5 of the Indigenous Law: That in judgment No. 74-2013-VII of the Administrative Litigation Court, Seventh Section, Second Judicial Circuit, San José, at 10:30 a.m. on October 29, 2013, the competencies of the institutions mentioned in Article 5 of the Indigenous Law were established as follows: 1) INDER: The legislator charged what was then called the Institute of Lands and Colonization, later the Institute of Agrarian Development, today the Rural Development Institute, with the still-valid legal duties to demarcate the lands comprising the indigenous reserves, pursuant to Executive Decree No. 5904 of March 11, 1976, and to provide the lands necessary to relocate non-indigenous persons when applicable. 2) CONAI: Conducting population censuses within the indigenous reserves, clearly once they are definitively demarcated by INDER. 3) Studies and expropriation procedures: Must be carried out by ITCO (IDA, today INDER), in coordination with CONAI. 4) The Indigenous Development Associations: As owners of the reserves, determine which non-indigenous persons were the owners or good-faith possessors of properties located within the indigenous reserves declared in Article 1 of Indigenous Law No. 6172. Finally, it indicated that, for the jurisdictional body, the owners or good-faith possessors of properties located within the indigenous reserves would be the following: - Non-indigenous persons or persons not belonging to the indigenous community. - Who acquired in good faith a right of ownership or possession of a property prior to the declaration of the indigenous reserve. -- Good faith means that the owners or possessors acquired their rights over the properties according to the rules of the Civil Code. -- They must prove administratively and judicially that they were performing possessory acts over the property before Law 6172 came into force.
V.- PRIVATE PROPERTY PROTECTION AND REGULATION OF INDIGENOUS PROPERTY: As set forth above, the plaintiff brought a proceeding challenging the omission by INDER and CONAI of their obligation to comply with the provisions of Article 5 of Law No. 6172, "Indigenous Law," which consists of carrying out the expropriations and paying for the affected properties, since its property No. 36084-000 with cadastral map No. SJ-1008095-2005 was absorbed by Executive Decree No. 29452-G of April 16, 2001, which expanded the boundaries of the Huetar de Quitirrisí de Mora Indigenous Reserve, and therefore requests that the defendants be ordered to carry out, together with the Ministry of Finance, within a reasonable time, the appraisal provided for in the Expropriations Law and, once the actual value is determined, that the defendants be ordered to pay the corresponding indemnification, plus interest until its effective payment and indexation, to which it is legally entitled as a result of the declaration of the indigenous reserve that affected its property. As referenced above, CONAI's representation alleges that the plaintiff corporation is not entitled to the indemnification it claims because the lands that are registered in its name have belonged to the Indigenous Community since time immemorial, having already been affected for that purpose with the enactment of the Law of Vacant Lands, Law No. 13 of January 10, 1939. That in 1959, ILO Convention 107 was ratified, in which the State undertook to recognize the lands traditionally occupied by the indigenous communities, and the Indigenous Law of 1977, such that any private transaction involving those lands is absolutely null, as they are property belonging to others and held by non-owners and are excluded from commerce. In addition, it stated that the plaintiff acted in bad faith, since it acquired the property on May 12, 2003, and the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve was expanded by Decree No. 29452-G of April 16, 2001, thus it acted knowing it was acquiring an asset within an indigenous reserve, a circumstance that made it a bad-faith possessor, and therefore its property right is not being violated. And that, in any event, it is the Indigenous Development Associations that must determine which persons have a right to claim regarding lands obtained in good faith and before the declaration of the Indigenous Reserve, since CONAI is only responsible for carrying out the expropriation procedure. For its part, INDER's representation questioned the validity of the certification issued by CONAI's Department of Territorial Studies No. CDET-068-14 dated June 10, 2014, under the argument that said Department lacks competence for those purposes, since CONAI's role is the coordination and advising of indigenous communities, and not to indicate whether a property was acquired by a non-indigenous person in good faith or whether the property is within a reserve. That the plaintiff, having obtained the property after Decree No. 29452-2001 came into force, did so in bad faith, and the property being subject to the limitations of the Indigenous Law, the legal transaction became absolutely null and therefore they do not meet the requirement demanded by Article 5 of the Indigenous Law (good faith) to be indemnified. It also alleged that the resources to indemnify expropriations must come from the Central Government and not from INDER's budget, and that using INDER resources to indemnify expropriations of properties located in indigenous reserves would be contrary to the provisions of its organic Law No. 9036 and to the provisions of Article 110.e of the Law of the Financial Administration of the Republic and Public Budgets No. 8131, and that, under the Indigenous Law, INDER is only required to demarcate the lands comprising the indigenous reserves, carry out the studies and expropriation procedures together with CONAI, and provide the necessary lands to relocate non-indigenous owners when applicable. The matter having been thus joined, this Chamber must analyze whether the defendant institutions indeed incurred in an omission by failing to carry out the useful and necessary measures to proceed with the expropriation of property of the San José District No. 36084-000, with associated cadastral map of the San José District No. SJ-1008095-2005. For the majority vote, one must begin with the protection that the Political Constitution affords private property as a fundamental right expressly recognized in its Article 45. Said article provides: "Property is inviolable; no one may be deprived of their own property except for legally proven public interest, subject to prior indemnification according to law. In case of war or internal strife, prior indemnification is not required. However, the corresponding payment shall be made no later than two years after the state of emergency has ended. For reasons of public necessity, the Legislative Assembly, by vote of two-thirds of the entirety of its members, may impose limitations of social interest on property." Although the article enshrines the inviolability of private property, it did leave open the possibility that, for reasons of public interest, said right may yield, subject of course to prior indemnification of the value of the expropriated asset. Thus, the right of property is not absolute, and in certain circumstances that right may be affected for a public interest, provided the right holder is economically compensated for their sacrifice. This constitutes damage caused by the Administration in application of a law, that is, damage resulting from legitimate functioning and normal conduct. It is for this reason that the General Public Administration Law, beginning at Article 190, develops the guarantee regarding the duty to indemnify for that type of damage, with the limitations that Article 194 establishes. This article provides: "1. The Administration shall be liable for its lawful acts and for its normal functioning when they cause damage to the rights of the administered party in a special manner, due to the small proportion of those affected or the exceptional intensity of the harm. 2. In this case, the indemnification shall cover the value of the damages at the time of payment, but not lost profits. 3. The State shall be liable for damages directly caused by a law that are special in conformity with this article." In this way we have a duty to indemnify when private property is expropriated by the State or its institutions for reasons of public interest, without being able to validly evade that obligation. And, in parallel with the expropriation, the necessary measures to fix the respective pecuniary indemnification must be established. In the case of indigenous property, the Costa Rican State, in the exercise of its powers, ratified ILO Convention 107 in 1959, in which Articles 12, 13, and 14 set forth the obligation of the States Parties to the Convention to recognize the right of property, collective or individual, in favor of members of indigenous peoples over lands traditionally occupied by them, and the allocation of additional lands to those peoples when the lands available to them are insufficient to ensure them the elements of a normal existence or to face their possible numerical growth. Subsequently, Costa Rica, through various executive decrees, created indigenous reserves under the provisions of the Convention, providing lands to the indigenous peoples of the areas so declared. In the case of the Quitirrisí de Mora Indigenous Reserve, it was established by Executive Decree No. 6036-G, La Gaceta No. 113 of June 12, 1976. Then the Legislative Assembly enacted Indigenous Law No. 6172 of November 29, 1979, which reaffirmed the status of the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve created by Executive Decree No. 6036-G. Subsequently, by Executive Decree No. 10707-G, La Gaceta No. 210 of November 8, 1979, said reserve was delimited as the "Indigenous Hamlet." Finally, by Decree No. 29452-G of April 16, 2001, the Executive Branch, based on subsections 3) and 18 of Article 140 of the Political Constitution, Indigenous Law No. 6172 of November 20, 1977, and Law 7316, International Convention No. 169 of the ILO, and considering that in delimiting the Quitirrisí Indigenous Reserve no scientific, or at least technical, studies were conducted to objectively establish a prudent area for that Reserve, such that the area in no way reflected the reality of the Indigenous Community of Quitirrisí, ordered that Community to be granted a Reserve with boundaries according to its cultural and socio-economic life, in light of its development, and therefore modified its boundaries as follows: "...The Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve is located by the following coordinates: Starting at the point of coordinates N 207,600 E 511,950, point of intersection between Quebrada Honda and the Ciudad Colón-Puriscal National Road. Continue upstream along Quebrada Honda to its confluence with one of its tributaries at coordinates N 207,610 E 512,090. Continue upstream along the tributary to the point of coordinates N 208,450 E 513,650. The boundary of the Indigenous Reserve follows through the coordinate points: N 208,500 E 514,575 N 207,975 E 515,100 (LANDMARK 1813) N 207,650 E 515,675 N 207,350 E 515,300 spring on the map of Quebrada Barro. Continue downstream along this creek to the point of coordinates N 205,000 E 513,400. From there due West to the point of coordinates N 205,000 E 511,825, point intersecting Quebrada Mina. Continue to the point of coordinates N 205,050 E 511,725 where it intersects Quebrada Mónica. The Reserve boundary continues downstream along Quebrada Mónica to the point of coordinates N 204,550 E 510,950. Continue to the point of coordinates N 204,600 E 510,100 where it intersects Quebrada Mata, continuing upstream along this creek to the point of coordinates N 205,100 E 509,250. Continue to the point of coordinates N 205,000 E 509,350; road between Morado and Guayabo. Continue along the Guayabo road to the point of coordinates N 205,550 E 508,675, point of intersection between the Guayabo road and the Ciudad Colón road. From this point, continue in a straight line to the point of coordinates N 205,650 E 508,550. From there, continue downstream along a creek (represented on the Map by contour lines) to its confluence with the Jaris River at coordinates N 206,600 E 508,050. The boundary continues downstream along the Jaris River to the point of coordinates N 208,750 E 504,900. Point where Quebrada Pita flows into the Jaris River. Continue upstream along this Quebrada Pita to its spring on the map at coordinates N 209,660 E 506,215. From there, a straight line to the point of coordinates N 209,900 E 506,500, point intersecting the Guaco road. Continue along this road southeastward to the point of coordinates N 208,575 E 508,205. From there, continue along a trail northwestward to the intersection of this trail with Quebrada Chavarría at coordinates N 209,275 E 509,650. Continue downstream along Quebrada Chavarría to its confluence with Quebrada Honda at coordinates N 209,445 E 509,775; to continue upstream along Quebrada Honda to the point of coordinates N 207,600 E 511,950. Starting point of this description..." Thus, the Executive Branch, in protection of the rights of indigenous communities, pursuant to the provisions of the Conventions signed by the country and national legislation, agreed to expand the territorial boundaries of the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve, thereby necessarily encompassing properties that, at the time the reserve was created, were not affected and therefore lacked any type of limitation and were held in commerce, but which, at the time they were absorbed by the reserve, became subject to the relevant provisions of the Indigenous Law, and therefore there arises, without doubt, the duty of the State to indemnify the property as provided for in Article 45 of the Magna Carta. Indeed, regarding the power to expropriate for the creation or expansion of indigenous reserves, the Indigenous Law provides, in relevant part, in Article 5: "...In the case of non-indigenous persons who are owners or good-faith possessors within the indigenous reserves, ITCO shall relocate them to other, similar lands, if they so desire; if relocation is not possible or they do not accept relocation, they shall be expropriated and indemnified according to the procedures established in the Expropriations Law. (As amended by Article 65, subsection d) of Law No. 7495 of May 3, 1995). The studies and expropriation and indemnification procedures shall be carried out by ITCO in coordination with CONAI...". According to the literal wording of said article, it falls to ITCO, today INDER, to relocate non-indigenous persons who hold property or are good-faith possessors on lands declared an indigenous reserve, and if relocation is not possible or they do not accept relocation, they must be expropriated and indemnified according to the procedures established in the Expropriations Law. This, then, constitutes a power-duty of INDER, in coordination with CONAI, to expropriate and indemnify the owners or good-faith possessors of lands subject to an Indigenous Reserve when the right holders do not wish or it is not possible to relocate them to other lands. Note that the legislator used the verb "shall" (deberá), which is an obligatory term and not permissive, such as "may." In this way, INDER, under the Indigenous Law, has the legal duty, together with CONAI, to carry out the studies and expropriation and indemnification procedures according to the provisions of the Expropriations Law, thereby achieving a balance between the rights of indigenous peoples to occupy lands under the Indigenous Law and the signed Conventions, while in parallel respecting the right to indemnification of non-indigenous persons who at the time registered properties within the framework of registry publicity, since no limitation existed in that regard, and which were later encompassed within areas declared indigenous reserves. As to INDER's concern regarding the purpose of the funds allocated to that institution, it is appropriate to recall what the First Chamber stated in this regard: "...Thus, its concern that compliance with the ruling would cause the Institution, or its Board of Directors, to contravene the rules defining its purposes is unfounded, since the jurisdictional pronouncement presupposes the omission of compliance with a function assigned to it by a special law, such that the analysis of its scope of competence cannot be understood as constrained to its organic law, if other rules of equal rank confer additional tasks upon it, which in any case is neither unreasonable nor improbable, taking into account the seniority of the Institution's creation, and the understanding and attention of new social needs that must be met by the State through its complex framework...". (RES: 001604-F-S1-2012. FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine o'clock on December six, two thousand twelve.) Lastly, although Article 3 of the Indigenous Law removes from commerce the lands within the indigenous reserves by declaring them inalienable and imprescriptible, non-transferable, and exclusive for the indigenous communities that inhabit them, as a guarantee for indigenous peoples to enjoy said lands, the fact is that such guarantee must be understood in harmony with the constitutional guarantee of the inviolability of private property, and that in the case of public interest, the expropriated party must be indemnified for the loss of the asset. Thus, if the State or its institutions do not expropriate and indemnify as is their duty, they cannot validly evade such obligation, since the legal norm (Indigenous Law) clashes directly with the constitutional norm, which is of higher rank (constitutional Article 45). And if the State and its institutions do not proceed with the expropriation required by Article 5) of the Indigenous Law, they are fostering social problems by pitting non-indemnified registered owners against indigenous occupants of the reserves, a situation that the State and its institutions must evidently prevent by proceeding in the terms the law obligates them to, that is, by carrying out the corresponding expropriation procedures.
VI.- ON THE MERITS: The point to be determined is, therefore, whether the defendant entities indeed incurred in an omission by failing to comply with an obligation imposed by the legislator in Article 5 of the Indigenous Law. It has been proven that neither Executive Decree No. 6036-G, published in La Gaceta of June 12, 1976, nor the Indigenous Law affected property of the San José District No. 36084-000, and it was always outside the Reserve and, for all purposes, within commerce. It has also been proven that, according to the registry history of the property, it was registered since 1903 and acquired by Mr. Pedro Jiménez Mora, identification 1-172-487, on November 20, 1973, and on March 4, 2003, the plaintiff corporation acquired it from Mrs. Gladys Guevara Vega, Margarita Jiménez Guevara, Beatriz Jiménez Guevara, and Sergio Jiménez Guevara. Note that the plaintiff corporation holds title as registered owner of the property, and not as good-faith possessor. Next, it is established that the Executive Branch, by Decree No. 29452-G of April 16, 2001, expanded the boundaries of the Huetar de Quitirrisí de Mora Indigenous Reserve, and according to the expert survey conducted by Topographical Engineer Mauricio Mora Porras, property No. 36084-000 was absorbed within the new boundaries of the Reserve, without the relocation or expropriation measures imposed by Article 5) of the Indigenous Law on INDER and CONAI having been carried out to date. It is for this reason that the current owner of the property claims that the defendants incurred in an omission and brings action to compel them to carry out the respective appraisals together with the Ministry of Finance and proceed under the terms of the Expropriations Law. As regards omissions, Article 36.e) of the Contentious Administrative Procedure Code (CPCA) provides that the omission by the State and its institutions shall be subject to contentious administrative proceedings. Indeed, with the CPCA, the process moved from an administrative litigation of acts to an administrative litigation of conduct, both active and omissionary, which constitutes an extraordinary advance in the protection of the rights of individuals subject to administrative action, in the face of omissions attributable to the Administration, which under the former procedural scheme could not be challenged. Now, administrative omissions may be conceptualized as "(...) the failure by the public administration to comply with a pre-existing administrative obligation—imposed by the legal system—that causes an unlawful injury to the administered party or to the public interest, thus representing an administrative dysfunction that must be subject to jurisdictional control and oversight to overcome its unlawful effects" (Jinesta Lobo, Ernesto; Administative Conduct Subject to Process, in the collective book "El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo," San José, Poder Judicial, 2006, pp. 215-216), and the conduct being claimed may be classified as a form of formal inactivity, understood as "(...) the failure of the public administration to issue a declaration of legal effects that is legally due" (see the same text cited above, which references the typology of administrative inactivity by Marcos Gómez Puente). In this regard, Section VI of this Tribunal stated in judgment No. 302-2012 at 3:30 p.m. on December 21, 2012, the following: "...Legal inactivity is consequently an administrative dysfunction, insofar as it implies the omission of formal or material action by the State or a public entity, and for that reason, doctrine speaks of different types of administrative inactivity. Thus, we have inactivity in the issuance of a specific administrative act (formal), inactivity produced by the omission of a material act (issuance of a legal act), factual act (provision of a public service), or technical act. In all these cases, the starting point is a duty to act or refrain from acting by the respective Administration, which is breached by it and produces legal effects toward a specific individual and/or third parties. Faced with this failure to act, the administered party may make use of the legal system that obliges the Public Administration to act within adequate levels of functioning for the fulfillment of public purposes. In this way, our Constitutional Law establishes the existence of guiding principles that must govern administrative function, such as effectiveness, efficiency, simplicity, and speed in its formal and material actions. In this regard, the Political Constitution establishes the duty to oversee the proper functioning of administrative services and agencies (Art. 140.8), the 'good functioning of the Government' (Art. 139.4), and the principle of 'efficiency of the administration' (Art. 191). For its part, our Constitutional Chamber has referred to the so-called fundamental right to the proper functioning of public services, as an unavoidable obligation of the Administration toward the administered parties (see, among others, Vote No. 2003-11222 of 5:48 p.m. on September 30, 2003). Meanwhile, at the legislative level, one cannot ignore the provisions of the General Public Administration Law regarding the fundamental principles of public service (Art. 4), in relevant part, continuity and efficiency, and the duty to apply the rules of economy, simplicity, speed, and efficiency (Art. 269.1). It is evident to the majority of this Tribunal that the failure of the Administration to function signifies a departure from the foregoing provisions, insofar as its due formal or material action is breached to the detriment of the user of the service and their rights, which are protected even constitutionally, as we have determined. Faced with this situation, prior to 2008, the administered party had scarce legal means to enforce their rights through legal channels. The former Contentious Administrative Jurisdiction Law had the limitation of being oriented toward providing the basic possibility for the administered party to challenge formal conduct and/or seek liability or the restoration of the legal situation (objective contentious administrative process), without some of the most common forms of administrative functioning or dysfunction being challengeable if there was no prior administrative act. With the entry into force of the Contentious Administrative Procedure Code, this landscape underwent a fundamental change, as a subjective contentious process was adopted, referring to a much broader concept of protected legal situations in the face of Administration conduct, this latter concept, as we have said, encompassing acts, material actions, and omissions thereof. Thus, Article 36.e) of said Code provides that the administrative claim shall be admissible regarding omissions, Article 42.g) allows for claims to compel the performance of a specific conduct, and Article 122.g) correlatively establishes the appropriateness that a judgment condemns to that effect (...)". Now, to determine whether we are facing an omission by the Administration, it is necessary to determine: 1) That the administrative conduct due under the applicable legal framework is demonstrated; 2) That the Administration has not issued the individual administrative acts necessary to comply with or enforce the conduct due; and, 3) That this breach effectively affects some relevant legal situation (be it a subjective right, a legitimate interest, a diffuse interest, among others).
Taking into consideration these three assumptions, we will proceed below with the analysis of the present case in order to determine whether the previous requirements are met for the alleged administrative inactivity to be configured: a) Regarding the conduct required by the legal system: Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena) states: "...In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, the ITCO must relocate them to other similar lands, if they so desire; if relocation is not possible or they do not accept relocation, it must expropriate and compensate them in accordance with the procedures established in the Expropriations Law (Ley de Expropiaciones). (Thus amended by Article 65, subsection d) of Law No. 7495 of May 3, 1995). The studies and procedures for expropriation and compensation shall be carried out by the ITCO in coordination with the CONAI...". (the underlining does not correspond to the original). b) Regarding the Administration's omission to issue the specific acts necessary to fulfill or enforce the required conduct: It was amply proven that the property of the Partido de San José No. 36084-000 has a registration history dating back to the year 1903. It was also demonstrated that said property was affected by the conditions set forth in the Indigenous Law (Ley Indígena) with the issuance of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 29452-G of April 16, 2001, and that to date neither the INDER nor the CONAI have proceeded in the terms required of them by Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena), since they neither relocated nor expropriated the property, despite the fact that since the issuance of Decree (Decreto) 29452-G, the entire regime of the Indigenous Law (Ley Indígena) has been applied to the property, with which its owners saw their property right emptied, affecting the hard core or minimum content of such right to the point that they cannot exploit them, as they became subject to the Indigenous Law (Ley Indígena) and all the limitations that said law provided in its Article 3, which states: "...The indigenous reserves are inalienable and imprescriptible, non-transferable and exclusive for the indigenous communities that inhabit them. Non-indigenous persons may not rent, lease, buy, or in any other way acquire land or properties comprised within these reserves. Indigenous persons may only negotiate their lands with other indigenous persons. Any transfer or negotiation of lands or improvements thereon in the indigenous reserves, between indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null and void, with the legal consequences of the case. The lands and their improvements and the products of the indigenous reserves shall be exempt from all kinds of national or municipal taxes, present or future...". c) Regarding the impact on a subjective right due to the alleged omission: As indicated above, the Costa Rican legal system protects the right to property, enshrining its inviolability and enshrines the responsibility of the State and its institutions for any damage caused by their normal, abnormal, lawful, and unlawful activity. In the present case, the plaintiff company acquired a subjective right over property No. 36084 through the legal transaction carried out with Mrs. Margarita, Beatriz, and Sergio, all of legal age and with the surnames Jiménez Guevara, and Mrs. Gladys Guevara Vega. Property whose transfer was made on May 12, 2003. In this way, the plaintiff possesses a subjective right to ownership over the aforementioned property, not a right of possession, as the CONAI's representation considers, so that right cannot be qualified as being in good or bad faith. This registration was done within the framework of registry security and publicity and has never been challenged. A right that, in accordance with the regulations, deserves legal protection against impacts caused by the State and its institutions, even when done through normal and lawful functioning, in the terms indicated by Articles 9 and 45 of the Political Constitution; 190 and 194 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). The corollary of the foregoing is that the Chamber considers that the defendants have indeed engaged in an omissive conduct and therefore the claim must be partially upheld, ordering the INDER and the CONAI so that within a maximum period of 1 month from the finality of this judgment, they proceed to carry out the expropriation proceedings for the property of the Partido de San José No. 36084-000 with an area of 68,066.24 square meters with Cadastral Plan (Plano Catastrado) No. SJ-1-894058-2003, in accordance with their obligations under Article 5) of the Indigenous Law (Ley Indígena). In all other respects, the claim is dismissed.
VII.- DEFENSES: The representation of the CONAI and the INDER raised the defenses of lack of active and passive standing and lack of right in their defense. Regarding the defense of lack of standing in its dual aspect (active and passive), it must be noted that standing constitutes the capacity, the aptitude to be a party in a specific proceeding, as a passive party, depending on the conditions that, for such effect, the procedural law prescribes in relation to the claim being filed. Now, standing arises either from the legal-administrative relationship established between the plaintiff and the Administration, or from the law, according to what it has established in that regard. In the present case, the active standing of the plaintiff company comes from its ownership with respect to property No. 36084-000, which, as indicated, is located in an area that was declared by the Executive Branch as part of the expansion of the Huetar de Quitirrisí Indigenous Reserve, made by Decree (Decreto) No. 29452-G of 2001, a situation that legitimizes the plaintiff to file the claim, and the passive standing of the defendants comes from the provisions of the Indigenous Law (Ley Indígena) No. 6172, which is why this defense must be rejected. As for the defense of lack of right, returning to what was said by our First Chamber, it is necessary to refer to the demonstration of the facts, as a fundamental part of it, because from what is determined in that section, it will be possible to ascertain whether or not there are legal bases for what is sought. Current legislation establishes that one of the defenses opposable in judicial proceedings is Lack of Right (Article 298 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil)) and regarding this defense, doctrine tells us: "...To speak of lack of right is like speaking of lack of a legal norm, so the correct thing would be to speak then of lack of material prerequisites or lack of elements in the material claim -not procedural, since we all possess this one-, despite the terminological imprecision, lack of right seems to refer then to what Italian doctrine calls conditions of the 'action' or requirements of the claim and which are known to comprise the constitutive requirements, to make it understood that without them the right of action is not adequately exercised and that they must, consequently, be considered as the necessary and sufficient extremes to determine concretely, the birth of the right to the claim. Such requirements of the claim, which must concur for it to be considered admissible, seeking a favorable resolution, are, according to the doctrine, three: (a) a certain specific juridical fact, that is, a certain relationship between a fact and a norm; (b) standing, (c) procedural interest. So the lack of right would be represented by the nonexistence of the material prerequisites for each specific case...". Having partially accredited an enforceable right in favor of the plaintiff company, the defense must be partially accepted and therefore the claim is partially upheld.
VIII.- COSTS. Regarding this item, under the protection of Article 193 of the Code of Contentious Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo), in the opinion of the majority of this Court, there is no reason whatsoever to proceed with the exemption from costs, so the amount thereof must be imposed on the defendants.
THEREFORE:
By majority, the evidence offered for better resolution is admitted. The defense of lack of right is partially accepted. By majority, the filed claim is declared partially with merit and therefore the Rural Development Institute (Instituto de Desarrollo Rural) and the National Commission of Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas) are ordered so that within a maximum period of 1 month from the finality of this judgment, they proceed to carry out the expropriation proceedings for the property of the Partido de San José No. 36084-000 with an area of 68,066.24 square meters with Cadastral Plan (Plano Catastrado) No. SJ-1-894058-2003, in accordance with their obligations under Article 5) of the Indigenous Law (Ley Indígena). In all other respects, the claim is dismissed. All costs are payable by the defendants, which shall be settled in the sentence execution phase at the request of the plaintiff company. NOTIFY. José Iván Salas Leitón, Felipe Córdoba Ramírez, Elías Baltodano Gómez. Judges.
Dissenting Vote of Judge Felipe Córdoba Ramírez. With deep respect for the position adopted by my colleagues, I consider that the claim must be declared without merit in all its extremes. To these effects, I must indicate that on the occasion of having been part of Section VII of this Court, I had the opportunity to draft the judgment issued with No. 74-2013-VII at 10:30 hrs. on October twenty-ninth, two thousand thirteen, in which the legal regime for the protection of indigenous reserves was discussed, particularly regarding Articles 5 and 3 of the Indigenous Law (Ley Indígena). On that occasion, it was noted as follows: "1.- On the normative evolution in the matter of indigenous territories. The first legislative antecedent in the matter -already having entered the Nation in its Republican era- is located in the formerly valid Law on Vacant Lands (Ley Sobre Terrenos Baldíos) number 13 of January 20, 1939, published in the Collection of Laws and Decrees (Colección de Leyes y Decretos) of that year, in its first semester, volume two, page 10, which in its Article 8 read as follows and as relevant: '...a prudential zone at the judgment of the Executive Branch is declared inalienable and the exclusive property of the indigenous people, in the places where tribes of these exist, in order to conserve our autochthonous race and to free them from future injustices'. (The highlighting is not from the original). This first normative antecedent, as can be observed, from the outset recognized from that date the right of exclusive property held by the indigenous communities, but at that time, it was an amount of territorial areas to be defined “at the judgment of the Executive Branch”, to the extent that it would involve the sites where these groups were located, that is, that from the site where these communities were located, those lands would be declared the property of a specific indigenous community, but in an area defined at the discretion of the Central Government, which would admit that it could be less than that actually occupied by these populations. Since then, at least one advantage for indigenous communities is observed, the inalienable character given to this type of property residing in a minority, but determined group of persons, united by particular cultural ties, which was nothing other than a shield intended to protect their right to communal property -even if it was only until materialized by an act of the Executive Branch-, and this, against possible attempts by third parties, as well as by the indigenous groups themselves, to transfer the ownership of those goods in favor of third parties and of course, providing the impossibility that persons outside these national population groups could claim rights or ownership over them. A singular note then, is that from their beginnings they involved goods that were 'outside the commerce of men'. The norm, however, expressed nothing about the possibility that prior to its entry into force and that after adopting, in application of it, the related subsequent acts that defined the identity of those areas of territory by the Executive Branch, there existed third-party possessors or owners in good faith over those same surface areas, so one would have to suppose that the Executive Branch would not have to constitute reserves on lands that were not those materially possessed exclusively by indigenous people in the first third of the last century. Well then, in exercise of the referred competence, given by the legislator to the Executive Branch as reported, it was not until some years after the entry into force of the Law on Vacant Lands (Ley Sobre Terrenos Baldíos), that the first Executive Decree (Decreto Ejecutivo) in the matter was issued, namely, number 45 of December 03, 1945. In this decree, although no specific area was defined as indigenous territory for the purposes defined by the law and despite the text of Article 8 of the Law on Vacant Lands (Ley Sobre Terrenos Baldíos), its first article stated the following: 'Declare inalienable and the exclusive property of the autochthonous indigenous tribes, the vacant lands occupied by them; with the exception of the strips destined for the Inter-American Highway'. (The highlighting is not from the original). In this way, although the Executive Branch replicated what the law already provided, it went beyond it by establishing that the zones in question would no longer correspond to those that at the judgment of the Executive Branch were designated for these purposes, 'according to its criteria', but rather, in its place, it was established that the Executive Branch would recognize as such, all those areas of the nation's territory as long as they were found to be occupied by the indigenous communities. That is to say, in other words, that it was the effective possession exercised over those lands by the indigenous communities for the year 1945, the criterion from which as a variable, the legal protection that the central government was to give to these communities in guarantee of their property right was to have been defined. With all this, the definition of which areas of the Nation's surface would belong to these groups of persons relied on a generic and indeterminate formula at that date, as it would involve the lands occupied by these groups, 'as vacant lands', which comprised a contradiction, if they were lands previously occupied by these communities and over which a preexisting property existed, recognizable as long as possessory acts were exercised by virtue of it. The same Decree also formed, according to its first article, what would be the first organization directed at carrying out efforts to materialize the mandate of the law previously cited and put into effect years before, in what was called the 'Junta de Protección de las Razas Aborígenes de la Nación', assigning to it the task of delimiting those areas of land that for the first time were called 'indigenous reserves'. For its part, the first act of the Executive Branch effectively directed at the localization (delimitation) of an indigenous territory occurred in legal terms only some years later, on the occasion of the promulgation of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 34 of November 15, 1956, which identified three distinct reserves that did not include that of the plaintiff here, namely, 'Boruca-Térraba', 'Ujarrás-Salitre-Cabagra' and 'China Kichá'. Because it is a right of property in the specific case that was recognized in this way, this must refer us to the constitutional provision that relates it as a fundamental right, as extracted from Article 45 of the Constitution (Carta Magna). In this line of ideas, it is feasible to say that the act by means of which which area should be considered a reserve was established does not comprise a constitutive act, but rather a declaratory one of a preexisting legal situation as already indicated supra, in terms of the property to which the indigenous communities are entitled. The subsequent consolidation of this property right, private insofar as it is exclusive and excluding, as well as communal or collective, legally 'recognized' -for it could not be affirmed that it was a right 'constituted' or created from the validity of the Law on Vacant Lands (Ley de Terrenos Baldíos)- occurred before the international community when the content of Convention number 107 of the International Labor Organization was adopted as internal regulation, in the terms of the Law of the Republic (Ley de la República) number 2330 of April ninth, nineteen hundred fifty-nine (1959), identified as the 'Convention Concerning the Protection and Integration of Indigenous and other Tribal and Semi-Tribal Populations in Independent Countries'. In its Article 2.1, the convention of interest provided: 'It shall primarily be incumbent upon governments to develop coordinated and systematic programmes for the protection of the populations concerned and their progressive integration into the life of their respective countries'. (The highlighting is not from the original). In this way, having adhered by its will the Costa Rican State to the cited instrument and before the international community as well as before these indigenous groups, it committed as such to executing those coordinated and systematic actions, directed at what interests us at this point, at protecting in the most general terms these populations of the Nation, minority and vulnerable at that time as well, in accordance with what its legal system already imposed upon it, for instance the Law on Vacant Lands (Ley de Terrenos Baldíos) and Executive Decrees (Decretos Ejecutivos) previously cited. This obligation must be related to what is included in Article 5 of the same normative body of supra-legal nature, which reads: 'In applying the provisions of this Convention relating to the protection and integration of the populations concerned, governments shall: (a) Seek the collaboration of these populations and of their representatives; (...)’. (The highlighting is not from the original). Regarding what at that time at the level of the national legal system were identified as indigenous reserves, Article 11 of the cited convention indicated that in the bound States: 'The right of ownership, collective or individual, of the members of the populations concerned over the lands which these populations traditionally occupy shall be recognised'. (The highlighting is not from the original). Thus it was established at the positive normative level, that governments -the State as a whole in our case- had committed themselves since the year nineteen hundred fifty-nine to deploy internally within the Nation, coordinated and systematic processes, among other things, to respond to the international community and the indigenous communities themselves in guarantee of their preexisting right to property, which had to be recognized and not constituted, even having for these purposes to be the State itself, who had to 'seek', and not wait for the opposite to happen, the collaboration of the indigenous populations of interest and their representatives. Moreover, it must be warned that these are supra-legal norms in the terms of Article 7 of our Political Constitution, so in accordance with the principle of hierarchy of norms, as well as the principle of conventionality control (Articles 1, 26 and 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, law of the Republic (ley de la República) number 1615 of July twenty-fourth, nineteen hundred ninety-six and 6.1.b) of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública)), these would have to systematically inform the rest of the regulations of lower power and resistance, as well as serve as a parameter for the legal operator when applying the legal system to the specific case, (Articles 10, both of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) and the Civil Code (Código Civil)). Furthermore, in accordance with abundant jurisprudence of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), as for example, its judgment number 1995-02313, of 16:18 hrs. on May 09, 1995, it has been said as a derivation of Article 48 of the Political Constitution, that insofar as international law instruments provide greater protection to fundamental rights, they shall be considered to have equal rank as the Constitution, so that what is related in the cited convention, it can well be affirmed, also informs the appropriate scope that for these particular cases must be understood to have Article 45 of our Political Constitution and the infra-constitutional legal system. Due to its relevance, we deem pertinent the citation, as relevant, of Article 13 of the Convention of the International Labor Organization under study, in what it indicates in its subsection 2 that: '...Measures shall be adopted to prevent persons who are not members of the populations concerned from taking advantage of these customs or of the ignorance of the laws on the part of their members to obtain the ownership or use of the lands belonging to them'. (The highlighting is not from the original). From that moment on, important features of this type of communal property are that its legal regime is close to that of public domain, although it is not, because it is a property that, while communal and in that sense collective, exclusive and excluding, at the same time is vested in a group of the vulnerable population, which for that reason merits the special protection of the State. Well then, very much despite what at those moments the legal system clearly ruled regarding the right of property of these communities in the stated terms, with the adoption and entry into force of the Law of Lands and Colonization (Ley de Tierras y Colonización) number 2825 of May 14, 1961, published in the Collection of Laws and Decrees (Colección de Leyes y Decretos) of that year in its second semester, volume one, page 394, which repealed the Law on Vacant Lands (Ley de Terrenos Baldíos), it was provided in its Article 75, in gross violation of Convention number 107 of the International Labor Organization as follows, in relation to the entity that this normative body identified as the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización): 'The Institute, in agreement with the pertinent organisms, shall ensure the conditioning of the indigenous communities or families, in conformity with the spirit of this law. It shall not be declared that the extensive zones where these communities live in isolation belong exclusively to them, but an effort shall be made to bring together all these communities, forming a single agrarian center, in the zone that the Institute considers adequate and for which purpose the necessary area of land shall be used'. The norm refers to the formerly known as ITCO (1961) then IDA, Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario) (1982) currently INDER Institute of Rural Development (Instituto de Desarrollo Rural) (2012). The cited norm simply flatly ignored the property right of indigenous communities enshrined in a norm of rank, power and resistance superior to the law. Subsequently and more than a decade later, with this unsystematic regulation in force, the Law Creating the National Commission of Indigenous Affairs (Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas) number 5251, of July 11, 1973, was promulgated, published in the Collection of Laws and Decrees (Colección de Leyes y Decretos) of the same year in its second semester, volume one, page 65. Having seen this normative body, if one keeps in mind the commitment that was residing in the State from the entry into force of Convention number 107 of the International Labor Organization in its articles 2.1, 5, 11 and 13.2, to this new internal public organization linked to indigenous communities, in accordance with Article 4 of the mentioned law, it was designated by the legislator, for general purposes and as relevant to: '...b) Serve as an instrument of coordination between the different public institutions obligated to the execution of works and the provision of services for the benefit of indigenous communities; (...) e) Ensure respect for the rights of indigenous minorities, stimulating the action of the State in order to guarantee the individual and collective ownership of land to the indigenous person; the opportune use of credit; adequate commercialization of production and efficient technical assistance; (...)'. (The highlighting and underlining are not from the original). With all that, as will be seen later, these coordination tasks were not designated exclusively to the CONAI, since the ITCO was already linked to this function, albeit in a different manner. On the other hand, the State's obligation to guarantee the right to property of these communities over the land was reiterated. Regarding these assigned coordination tasks, one cannot overlook Article 9 of the same legal body, which reads as follows: 'For the effects of subsection b) of Article 8, the State, the autonomous or semi-autonomous institutions of the country are empowered to provide assistance of any kind to the National Commission of Indigenous Affairs'. (The highlighting is not from the original). A separate point is that this law contemplated -again in an unsystematic way- a single transitory provision, seemingly inspired by the Law of Lands and Colonization (Ley de Tierras y Colonización), which read: 'No later than within six months following the date this law enters into force, the Institute of Lands and Colonization shall proceed to raise possessory information for all the parcels occupied by indigenous persons in the different zones, in order to register them in the Property Registry in an immediate manner in the name of the occupants of said parcels. Indigenous persons who are not occupying parcels must be registered so as to resolve their problem of lack of land as soon as possible. The Institute of Lands and Colonization must maintain a considerable reserve of lands suitable for cultivation, on which it shall grant leases; and which shall be destined exclusively for future expansions of the indigenous communities', (the highlighting is not from the original) which speaks -it is insisted- of a dispossession of ownership over those lands against what was established by international law. On the other hand, in what could be considered to constitute some favorable aspect for the interests of indigenous communities, it was indicated that from the promulgation of that law, it was that Institute that was to have provided itself with at least sufficient land to destine exclusively to these communities, as well as, as a logical and necessary consequence of that attribution-duty, to have undertaken the pertinent tasks to determine and define clearly the limitation or demarcation of the lands that would comprise those territories. In the year of its entry into force, this transitory provision was reformed in accordance with Article 1 of Law (Ley) number 5651 of December 13, 1974, in the following terms and with absolute ignorance of the indigenous property guaranteed by Convention number 107 of the International Labor Organization: 'Transitory.- The indigenous reserves registered in the name of the Institute of Lands and Colonization (ITCO) are declared inalienable, which shall be destined exclusively for the settlement of indigenous communities, indispensable public services, and the use, habitation and usufruct of the aborigines lacking lands of their own, registered or not registered outside these reserves. In these, the ITCO may grant leases to said aborigines, for a limited and non-transferable time, except to other aborigines who find themselves in the same conditions. The National Banking System and the other State institutions, jointly with the National Commission of Indigenous Affairs (CONAI), shall regulate special systems so that the members of the aboriginal communities can obtain credits for the adequate exploitation of the lands referred to in this transitory provision'. It is insisted that the ITCO was then to delimit and register, even if in its own name, the corresponding land areas. The foregoing imported the full ignorance of indigenous property that the State had committed to guarantee before the international community and those peoples. Turning again to the original text of Law (Ley) number 5251 creating the National Commission of Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas), said organization, according to its first article, was endowed with its own legal personality and assets. It is highlighted that the Commission from its creation -and in that sense its general assembly- was composed in a more than convoluted manner, among others according to its Article 2, subsection a) by: '... the representatives of the following dependencies and institutions: Presidency of the Republic; University of Costa Rica; National University; Ministry of Public Education; Ministry of Governance and Police; Ministry of Culture, Youth and Sports; Ministry of Health; Ministry of Agriculture and Livestock; Ministry of Public Security; Joint Institute of Social Aid; Institute of Lands and Colonization; National Service of Aqueducts and Sewers; National Institute of Housing and Urbanism; National Institute of Learning; and National Service of Electricity; (...)’. (The highlighting is not from the original). The foregoing accounts for the necessary link that had to exist between the Central Government, ministries included and among other entities, the very ITCO, this, until the issuance of the judgment of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice number 3485-2003, of 14:17 hrs. on May 02, 2003, a ruling whose content we do not analyze, it being sufficient to indicate that it was deemed unconstitutional from then on, that the Commission was composed of said public authorities. It must be noted that the referred institutions and Ministries formed part of the general assembly of the CONAI, with powers to set its general policy acting as components of said collegiate body, as well as to approve or disapprove its budget, both ordinary and extraordinary.
The purpose of this organization is reiterated due to its relevance; it was, among other things and as noted, to serve as an instrument of interinstitutional coordination, as well as to ensure respect for the rights of indigenous minorities by stimulating State action in order to guarantee the indigenous person individual property and their community, the property of their territories, as stated in article 4, subsection e) of said legal body, which explains, in some way, the original intention of the legislator. Regarding the assets of CONAI, they were to be constituted, as of the date it began operations, by the annual subsidy that had been provided in the Ordinary General Budget Law of the Republic to the former Board for the Protection of Aboriginal Races; the extraordinary contributions agreed upon by the State and autonomous and semi-autonomous institutions of the Republic; the assets belonging to the former Board; donations from individuals, foreign States, international agencies and foundations, or any other entity; "paradoxically," the use of indigenous names, symbols, and figures; and the amount of the fees granted for the commercial use of those indigenous names, symbols, and figures (article 8, subsection a) of the Law Creating CONAI). Still regarding budgetary matters, article 9 of this law provided that the State and autonomous and semi-autonomous institutions of the Republic would be authorized to provide assistance of any kind to CONAI, of course, for the achievement of its purposes. On the other hand, and always along this same line of thought, in its article 28, the law at hand indicated that: "So that the Executive Branch may be in a position to set, in the draft bill for the General Budget of the Republic, the subsidy it deems appropriate, no later than July 31 of each year, the Board of Directors shall submit to the Planning Office of the Presidency of the Republic a reasoned estimate of its needs for the next fiscal period. It is understood that this provision does not apply for the 1973 fiscal period. Likewise, the Institution's budgets shall be submitted to the Comptroller General of the Republic for approval and liquidation in accordance with the law." (Emphasis is not from the original). Subsequently, through various Executive Decrees, the central government enunciated some postulates that are applicable to all indigenous communities, even though it was on the occasion of the recognition of only some of them, and which are of interest. Namely, in Executive Decree number 5904 of March 11, 1976, published in the Official Gazette "La Gaceta" number 70, of April 10, 1976. In this regulatory instrument, the following was declared, among other things: "Considering: (…) 5°- That there still exist territories populated exclusively by indigenous people, making the delimitation of said Reserves possible; (…) 10.- That it is the duty of the State to watch over the security of its citizens, and to prevent injustices and mistreatment, especially in the case of currently marginalized indigenous minorities." (The emphasis and underlining are not from the original). Furthermore, its first article ordered that: "Its exact delimitation shall be carried out by ITCO, in coordination with CONAI." Thus, to what was then called the Institute of Lands and Colonization (today INDER), its designation was reiterated as the organization that would be in charge of the territorial demarcation of the reserve thus created, a task that was to begin two months after the Decree entered into force. Moreover, pursuant to articles 14 and 15 of the Decree under analysis, it was expressed by the Executive Branch that what was regulated by that means is of public interest, and that CONAI would have the duty to prepare a census of the indigenous population of Costa Rica as soon as possible, which should also be kept permanently updated. Well then, with the land owned by these communities recognized in the manner indicated, just over a year later, the Indigenous Law was enacted, number 6172 of November 29, 1977, which, according to its article 11, repealed any previous law in opposition to it. On this occasion, and without prejudice to what the legislator enacted on the occasion of the entry into force of the Land and Colonization Law, which was unsystematic in what was considered repealed, it was provided, according to the first article in relation to article 2 of this subsequent legal body—now, in accordance with the provisions of International Labour Organization Convention 107 on the Protection of Indigenous and Tribal Peoples—that the indigenous reserves are the property of those communities and that they should all be registered in the National Registry in their name, no longer in that of ITCO. Likewise, it was established that the boundaries of those territories, once "recognized" by the State, may not be reduced in size except by a law of the Republic. This last point allows for affirming, regarding the legal power and resilience of the Indigenous Decrees that are recognized as such, that these instruments constitute a source of the legal system with material force of law. Furthermore, it was noted that these communities would have full legal capacity to act and would not be considered state entities (article 4 of the law speaks of the Directive Councils, administrators, and representatives of these communities). Moreover, it is reiterated that these are inalienable, imprescriptible, non-transferable, and exclusive territories of the indigenous communities that inhabit them, and non-indigenous persons are not permitted to rent, lease, buy, or in any other way acquire lands or properties comprised within these reserves, and any transfer or negotiation of lands or improvements thereon in the indigenous reserves, between indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null with the legal consequences of the case. Article 3 of said law establishes the following: "The indigenous reserves are inalienable and imprescriptible, non-transferable and exclusive to the indigenous communities that inhabit them. Non-indigenous persons may not rent, lease, buy, or in any other way acquire lands or properties comprised within these reserves. Indigenous persons may only negotiate their lands with other indigenous persons. Any transfer or negotiation of lands or improvements thereon in the indigenous reserves, between indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null, with the legal consequences of the case. The lands and their improvements and the products of the indigenous reserves shall be exempt from all kinds of national or municipal taxes, present or future." As a separate note, according to the Regulation to the Indigenous Law, Executive Decree number 8487, of April 23, 1978, published in the Official Gazette "La Gaceta" number 89, of May 10, 1978, its article 3 stated that: "For the exercise of the rights and fulfillment of the obligations referred to in article 2 of the Indigenous Law, the Indigenous Communities shall adopt the organization provided for in Law No. 3859 of the National Directorate of Community Development Associations and its Regulation." Meanwhile, article 10 of the same regulation indicated that: "To guarantee the rights regulated in articles 3 and 5 of the Law, the President of the Integral Development Association shall appear, by himself or through his agent or Delegate, as soon as possible after the infringement has occurred, providing the certification showing the registration of the Reserve, to initiate, before the competent official, the corresponding legal action." Subsequently, according to Executive Decree number 13568 of April 30, 1982, published in the Official Gazette "La Gaceta" number 94 of May 17, 1982, it was provided in its first article that the Integral Development Associations have the legal representation of the Indigenous Communities and act as their local government. In reinforcement of all of the above, on November 3, 1992, Law number 7316 was enacted, published in the Official Gazette "La Gaceta" number 234, of December 4, 1992, "Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries," of the International Labour Organization, pursuant to which the issue of indigenous property is specifically regulated. In its article 2.1, this instrument reads as follows: "Governments shall have the responsibility for developing, with the participation of the peoples concerned, coordinated and systematic action to protect the rights of these peoples and to guarantee respect for their integrity." For its part, subsection 2) of the same numeral indicates: "2. This action shall include measures: a) That ensure that members of said peoples benefit on an equal footing from the rights and opportunities that national legislation grants to the other members of the population; b) that promote the full effectiveness of the social, economic and cultural rights of those peoples, respecting their social and cultural identity, their customs and traditions, and their institutions; c) that help the members of the peoples concerned to eliminate the socio-economic differences that may exist between indigenous members and other members of the national community, in a manner compatible with their aspirations and ways of life." Other articles of the convention that are of interest are cited below; its article 3 reads as follows: "Article 3.- 1. Indigenous and tribal peoples shall enjoy fully human rights and fundamental freedoms, without hindrance or discrimination. The provisions of this Convention shall be applied without discrimination to the men and women of those peoples; 2. No form of force or coercion shall be used in violation of the human rights and fundamental freedoms of the peoples concerned, including the rights contained in this Convention." Its article 4, that by the State: "1. Special measures shall be adopted as appropriate for safeguarding the persons, institutions, property, labor, cultures and environment of the peoples concerned. 2. Such special measures shall not be contrary to the freely-expressed wishes of the peoples concerned. 3. The enjoyment without discrimination of the general rights of citizenship shall not be prejudiced in any way as a result of such special measures." Article 5 indicates that governments: "In applying the provisions of this Convention: a) The social, cultural, religious and spiritual values and practices of these peoples shall be recognized and protected, and due account shall be taken of the nature of the problems which face them both as groups and as individuals; b) the integrity of the values, practices and institutions of these peoples shall be respected; c) measures shall be adopted, with the participation and cooperation of the peoples concerned, aimed at smoothing out the difficulties that these peoples experience in facing new conditions of life and work." The issue of these groups' property over the areas comprising their territories was specifically contemplated in this convention and, in this vein, its article 13 states as follows: "1. In applying the provisions of this part of the Convention, governments shall respect the special importance for the cultures and spiritual values of the peoples concerned of their relationship with the lands or territories, or both as applicable, which they occupy or otherwise use, and in particular the collective aspects of this relationship. 2. The use of the term \"lands\" in Articles 15 and 16 shall include the concept of territories, which covers the total environment of the areas which the peoples concerned occupy or otherwise use." (Emphasis is not from the original). Article 14, subsection 2), reads: "2. Governments shall take steps as necessary to identify the lands which the peoples concerned traditionally occupy, and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession. 3. Adequate procedures shall be established within the national legal system to resolve land claims by the peoples concerned." The regulations in this matter are abundant and have evidently evolved to date, although for practical purposes and in accordance with the allegations made by the main defendant parties themselves, it has not had the expected effect. On the other hand, it must be said that, as far as international regulation governs the matter, there are competences assigned to the Central Government and it is thus directly applicable to the State understood as a whole, without its internal organization being a circumstance that matters in circumventing the principle of conventionality control, as we shall see.- / 2.- On the principle of conventionality control. According to the Vienna Convention on the Law of Treaties, adopted internationally on April 30, 1982, now Law of the Republic number 7615 of July 24, 1996, published in the Official Gazette "La Gaceta" number 164 of August 29, 1996, it was provided, as relevant to us: "Article 26.- \"Pacta Sunt Servanda\". Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith." The foregoing implies the obligation of states to be consistent with the obligations they assume before the international community and, of course, in cases such as those covered by Convention number 107 of the International Labour Organization, in relation to Convention number 169, "On Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries," with the indigenous communities, particularly in terms of guarantees regarding the exercise, which must be ensured as full, of fundamental rights. Of course, both article 7 and the doctrine forged by the Constitutional Chamber based on the scope it has given to article 48, both of the Political Constitution, are observable in this matter. On another level, for the purpose of the operational aspects or application of these rules, article 27 of this international law regulatory body provides, in relation to domestic law and the observance of treaties, referring to the signatory States, that: "A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46." That is why, by express provision, the internal organization of the State provided by law, or even by the Constitution, would not allow its imposition against this rule of international law. This article 46 referred to the effectiveness of the treaty once consented to (signed) by the respective delegation, which is related to article 11, on the means of expressing consent to be bound by a treaty, which provides that the signature thereof is sufficient. In view of this, the delegation of Costa Rica interpreted and expressed that the provision would apply in the case of the Costa Rican State regarding secondary law, but not regarding the provisions of the Political Constitution. All of the foregoing is relevant regarding the development of the principle of conventionality control and what could also be called the principle of the intangibility of treaties before the law. From the above, it also follows, under the umbrella of every legal system's aspiration to provide certainty and security, the obligation to directly apply the rules contained in international treaties already ratified and in force in the domestic order, with said rules being invocable by their beneficiary, regardless of whether it is another State, and as a requirement of loyalty to the commitments assumed within the framework of relations between the linked nations, without prejudice to the coverage that has also been customarily invoked for the principle in matters of instruments of this type when they regulate human rights matters. The Constitutional Chamber in this regard has indicated as follows: "II.- It is obvious that the petitioner departs from what article seven of the Political Constitution provides, in the sense that treaties and international conventions \"have superior authority to laws\" (…). But it must be said that the international human rights instruments in force in the Republic, according to the reform of article 48 of the Constitution (Law No. 7128, of August 18, 1989), by being integrated into the legal system at the highest level, that is, at the constitutional level, complement it in whatever favors the person." (Emphasis is not from the original). Thus, in summary, the recognition of the validity of international norms as a direct source of domestic law is imposed, and in recognition of their position in the hierarchy of sources. The principle of conventionality control is based on the aforementioned article 27 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, in relation to articles 1.1 and 2 of the American Convention on Human Rights, without prejudice to the content of the Universal Declaration of Human Rights, the latter which, like many other declarations originating within the United Nations and the Organization of American States, are not subject to ratification by member or signatory States as it is unnecessary. It could not be said otherwise, then, that the content of these human rights bodies has enormous interpretative value for all instances responsible for applying the norms that make up the legality block, and in that sense, also domestic law. It is not superfluous to indicate, as relevant to the case at hand, that as follows from article 17 of the Universal Declaration of Human Rights referring to the right to property, as for every other right recognized in that instrument, the States are committed to ensuring the universal and effective respect for the fundamental rights and freedoms of man, which means that the State has the obligation not only to respect those rights and freedoms, but also, the obligation to ensure them. This implies that it is the State as a whole—without its internal organization permitting it to claim that it has divested itself of its duties—that is required to adopt actions aimed at the effective realization of the objectives pursued by conventions of this type on human rights, without domestic law serving as an excuse to breach what has been agreed. On the importance of keeping the above in mind at this point, as it relates to the defense of the rights of a population group that is in a situation of vulnerability, as the indigenous communities have been since time immemorial, the Constitutional Chamber, in its judgment No. 2253-96 of 3:39 p.m. of May 14, 1996, indicated: "... There are various legal instruments aimed at promoting that real equality among subjects; among them can be located the particular situation of the aborigines, who have traditionally been marginalized, for historical, social, economic, and cultural reasons. They suffer the consequences of a society that does not understand or respect their differences; and that at times, tends to see them as beings incapable of directing their own lives and destinies. Faced with this situation, the international community felt the need to adopt measures in favor of indigenous people. Thus, Convention 169 of the International Labour Organization -ILO-, called \"Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries\", incorporated into our legal system by Law No. 7316 of November 3, 1992, established the special protection of indigenous people and their culture." Conventionality control means that the Judicial Branch of each State and the bodies that make up its structure (and any authority exercising materially jurisdictional functions, in particular the Contentious-Administrative Jurisdiction, pursuant to the provisions of article 49 of the Constitution) must apply, interpret, and/or resolve the matters of their respective competences as legal operators, making the conventional parameter of control prevail, thus making international law, in what it regulates regarding human rights, what it really is, that is, a guarantee of respect for human rights in the corresponding sphere. Moreover, it suffices to indicate that according to our Civil Code in its article 5, these international regulatory bodies are of direct application by the legal operator as they form part of the nation's domestic positive law, from the moment their incorporation into the legality block occurs by virtue of their approval by the Legislative Assembly and their full publication in the Official Gazette "La Gaceta," therefore, forming part of the legality block, they are a parameter of control for this jurisdiction. (Article 6 of the General Public Administration Law). We insist, then, that the internal organization and designation of specific competences by the legislator, in bodies and/or entities other than the State understood as the central government, will not serve as a salvific condition to argue said circumstance in order to inhibit or exonerate the State from fulfilling the obligations imposed by the legality block, including, of course, but with the highest level of force, power, and resilience, Convention number 107 of the International Labour Organization, in relation to Convention number 169, "On Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries." / 3- On the scope of articles 5 and 3 of the Indigenous Law. As far as it is most relevant for the purposes of this judgment, article 5 of the Indigenous Law provided: "In the case of non-indigenous persons who are owners or possessors in good faith within the indigenous reserves, ITCO shall relocate them to other similar lands, should they so desire; if it is not possible to relocate them or they do not accept the relocation, ITCO shall expropriate them and indemnify them in accordance with the procedures established in the Expropriations Law. / The studies and procedures for expropriation and indemnification shall be carried out by ITCO in coordination with CONAI. / If subsequently there is an invasion of non-indigenous persons into the reserves, the competent authorities shall immediately proceed to their eviction, without payment of any indemnification. / The expropriations and indemnifications shall be financed with the contribution of one hundred million colones in cash, which shall be deposited in four annual installments of twenty-five million colones each, beginning the first in the year 1979; said installments shall be included in the general budgets of the Republic for the years 1979, 1980, 1981 and 1982. The fund shall be administered by CONAI, under the supervision of the Comptroller General of the Republic." It is deemed necessary to make the following considerations. The law, regarding this article, seems to have recognized, or at least is expressed in such a way that it assumes a fact taken as true by the Legislator, namely, that upon its entry into force, it would indeed be expected that there would be non-indigenous persons, possessors or titleholders in good or bad faith, on areas of the territories of the indigenous reserves, in relation to which, in order to fulfill the commitments acquired by the State, particularly with what is stipulated in article 11 of Convention number 107 of the International Labour Organization, without prejudice to Convention 169, their eviction must be proceeded with. Thus, it being assumed that the reserve was duly delimited, it was defined, according to the article under study and by logical deduction, that regarding these non-indigenous possessors, first, they must be identified as possessors of lands within the reserve. For these purposes, this judicial authority understands with complete clarity that it is essential for the Administration to have a clear delimitation of the land areas that comprise the indigenous reserve, exclusively in accordance with the respective Executive Decree issued to that effect that has recognized it as such, and this, absolutely independently of the registral information derived from the National Registry, although, of course, the surveying of the corresponding cadastral plans and the registral inscription of the properties in the name of the respective associations is a prerequisite for the subsequent determination of which non-indigenous person is within the reserve, or of potential legal situations derived from the registral status of the property in case it is not so. The delimitation of those lands has corresponded at all times to the State, and corresponded for the purposes of domestic law before the entry into force of the Indigenous Law to INDER, in coordination with CONAI, as it is now according to current regulations and, of course, in coordination with the indigenous communities themselves and all other linked public authorities, including the State itself—we insist—in accordance with an adequate exercise of conventionality control in human rights matters. Second, based on the areas comprising the reserve, once duly delimited, it would then be necessary to proceed with conducting the population censuses that allow for the identification of the existence of non-indigenous persons within it (a task that corresponds to CONAI, in conjunction with the indigenous communities), whether these third parties exercise acts of possession or are registered titleholders of some right over the territories (possible registral overlaps included), so the registral and/or cadastral status of the property is mandatory, depending on the case, when appropriate. Third, for the purposes of the material expulsion of the non-indigenous person through a police action, administrative eviction, or, if applicable, prior to the eviction or placement in possession, the indemnification, if appropriate through the expropriation process, it would be necessary to proceed with the prior determination of the variables which, according to article 5 of the Indigenous Law, make acting in one way or another dependent, that is, depending on whether it involves the exercise of acts or rights by third parties carried out in good or bad faith. The parameter for this is undoubtedly the rules and doctrine contained in the Civil Code, articles 17 to 22, without prejudice to the regulations that have been systematically analyzed up to this point of this instrument, under which, any act carried out after the entry into force of the Indigenous Law and by virtue of what is provided therein at least, becomes, in principle and by provision of law, null, as it involves properties outside the commerce of men, without prejudice, as will be seen, to the moment from which the legal system dictates that ignorance of it cannot be alleged, starting from the promulgation and entry into force according to what is dictated by the special regulations applicable in the matter, starting from the Executive Decrees that define the areas comprising indigenous reserves. Of course, the date of creation of each reserve itself is a parameter that must also be weighed, and even in the absence of demarcation, whether the non-indigenous person could have known that the property they occupy, whether in ownership or not, or where applicable, which they intend to acquire in ownership, is part of a specific indigenous territory. Fourth, in the case of possessors in bad faith, their expulsion (police action) or immediate eviction by the legal means provided for this purpose (administrative ejectment) must be proceeded with, for which purpose no indemnification whatsoever would be applicable. In the case of persons who are registered titleholders of ownership or of a real right, who hold a title and who are in bad faith, the action provided for by the legal system for the removal from the legal world of the corresponding title should be proceeded with, in order to subsequently achieve the respective eviction. In the event that the title was granted in the exercise of some administrative power (titling by a public authority, among others), this would entail an action through the procedure of lesividad if applicable, without prejudice to the provisions of article 173 of the General Public Administration Law or the direct action exercised by the holder of the affected right. For the case of non-indigenous persons, whether they are mere possessors or registered titleholders of ownership and/or some real right over the property, as long as they are acting in good faith, INDER must proceed to propose an alternative for their relocation to lands that would have to be as equivalent as possible to those affected by these third parties in the indigenous reserves. The lands for relocation must undoubtedly be from among those available to the Institute of Rural Development, both for its ordinary purposes under the law and for these particular purposes, under the protection of the Indigenous Law, given that the provision of lands to be destined for the purposes of the protection of indigenous communities has been located since long ago in the then ITCO, even prior to the entry into force of the Indigenous Law as was noted supra.
Now, relocation (reubicación) only proceeds if voluntary on the part of the individual and if possible; otherwise, the expropriation (expropiación) process must be followed, the procedure for which, subsequently and in any eventual judicial process, would be under the responsibility of the Rural Development Institute (Instituto de Desarrollo Rural, INDER), using its own budget for that purpose, except solely for the payment of compensation (indemnizaciones) where applicable, which must be covered by funds that CONAI would be responsible for administering. INDER, for these purposes, must carry out the necessary steps to comply with the preparatory acts of the respective administrative procedure and the expropriation in judicial proceedings, including the full identification of the property in question, its valuation, and the declaration of public interest (declaratoria de interés público) where appropriate, without prejudice to the assistance that other public entities and, of course, the Executive Branch itself may provide, which, in the opinion of the members of this Court, has never been understood by the legal order to be disassociated from these tasks in direct application of international law. Thus, the funds directed to CONAI by the Executive Branch pursuant to the final paragraph of said article shall be allocated exclusively for the payment of compensation, such that, so long as they are under sound administration by the Commission, it must keep them available for when it is timely to proceed with the compensation in favor of the party entitled to it, in accordance with INDER’s request and when legally applicable, all within a framework of adequate and efficient coordination. Stated in this manner, it can be said that the legislator instrumentalized what was called at that time the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) —it may be supposed, given the platform its organization possessed— later the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario), and today, the Rural Development Institute (INDER), in connection with which its legal duties remain in force to demarcate the lands that make up the indigenous reserves (reservas indígenas) pursuant to Executive Decree 5904 of March 11, 1976, and to provide the lands necessary to relocate non-indigenous persons when appropriate —for which it must proceed by using those lands it has at its disposal—. In the case of expropriation, the particular interest that the declaration of public interest must pursue must be taken into account, which corresponds to an indispensable prior action. The public interest in these cases, certainly pursuant to Article 45 of the Constitution, responds to the deployment of state obligations imposed by the block of legality and, to that extent, protects the public interest related to the protection of indigenous culture associated with property rights, but also addresses and, at the same time, a community or collective interest of a privative nature, insofar as it will pursue the integrity of the property right, exclusive and exclusionary, vested in the indigenous communities through their representative organizations; therefore, it is not an institutional interest, but rather a means for preserving the property right of particular and vulnerable groups of the population that have traditionally been at risk and subject to constant violations of their property right, just as the legislator and the Executive Branch have expressly recognized. As for the National Commission for Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI), this public organization is responsible, as stated, for conducting population censuses within the indigenous reserves, clearly, once they are clearly demarcated by INDER —this cannot be understood otherwise— without prejudice to the manner in which it must proceed when there is no doubt about the areas of the reserve in question. In this regard, for this Court, the administration of the funds with which CONAI should have been endowed by the Executive Branch in accordance with Article 5 of the Indigenous Law (Ley Indígena) and their availability, exclusively for the purposes of paying the compensation whose processing is INDER’s responsibility, would serve as a budget to finance the same. The foregoing presupposes that there must be a formal request by INDER to CONAI for these purposes when appropriate, and for as long as the money designated for that purpose by the legislator, charged to the Executive Branch, subsists. If it proves insufficient, the shortfall should be provided by the Executive Branch —not by INDER, CONAI, and/or any other public organ or legal entity— following the same legislative formula provided and to the necessary extent. The possibility that the originally foreseen budget proves insufficient imposes nothing other than to say that this circumstance does not vitiate the original obligation, uniquely chargeable to the central power, to provide the resources necessary to fully comply with the provisions of the Indigenous Law and international law. At the time there are no longer non-indigenous persons to compensate in the reserves, it is clear to this Court that the rule contained in the article —a programmatic-type rule— cited will lose force, having fulfilled the purpose it pursues in that regard. In that eventual state of affairs, it should be possible to affirm that the exercise of the exclusive and exclusionary property right, of which the indigenous communities are the holders, would have been effectively materialized, without prejudice to future vigilance regarding its integrity. Therefore, it is supposed that for the fulfillment of these specific purposes, the State, CONAI, and INDER must carry out intense and systematic coordination tasks, in the exercise of obligations and competencies that are neither exclusive nor exclusionary, but rather joint, coordinated, and interdependent, and none of these authorities may neglect the active role imposed by the legal order that they must perform, from the legal, registry, and physical demarcation of the reserves, the conducting of population censuses, and the identification of non-indigenous possessors or holders of any right over the properties of interest, and in each specific case, they must determine whether that right or possession is held in good faith (buena fe), in order to proceed, when applicable, to mere compensation and/or, where appropriate, to compensation prior to the processing of the corresponding expropriation and its subsequent eviction or removal from the property, as well as the placing of the effective possession of the land in the hands of its holder. It is noted that any of the administrations involved, by failing to fulfill its role or legal duty, prevents or at least substantially affects the others. Finally, another scenario is encompassed within Article 3 of the Indigenous Law, regarding those transfers of ownership (traspasos del dominio) over indigenous lands, once their demarcation has been duly established, if not on the occasion of the coming into force of the Indigenous Law in 1973, at least, and with much greater reason, from the Executive Decree that so indicates. The mentioned article indicates, as we proceed to transcribe again, as follows: “The indigenous reserves are inalienable and imprescriptible, non-transferable, and exclusive for the indigenous communities that inhabit them. Non-indigenous persons may not lease, rent, buy, or in any other way acquire lands or properties comprised within these reserves. Non-indigenous persons may only negotiate their lands with other indigenous persons. Any transfer or negotiation of lands or improvements thereon in the indigenous reserves, between indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null, with the legal consequences of the case. The lands and their improvements and the products of the indigenous reserves shall be exempt from all types of national or municipal taxes, present or future.” (The highlighting is not from the original). The rule is clear in its text, and this Court considers that it admits no further interpretation than the unambiguous meaning of the words used by the legislator. Thus, given the legal regime of the lands comprising indigenous reserves, legitimately established as such by executive decree, any transfer of ownership over them, whether carried out by indigenous or non-indigenous persons in favor of third parties (insofar as they are not indigenous, with the exception that what the legal order permits is dealings between indigenous persons, which in no way will have any registry effect) is null and void as a matter of law.- / VI.) On the inadmissibility of the claim in all its respects. This Chamber of judges considers that in the specific case, it is imperative to dismiss the claim in all its respects for the following reasons, (...): 1.- On the application to the specific case of the provisions of Article 3 of Indigenous Law No. 6172. From an assessment of the evidence as a whole, or holistically, of that which has been admitted in this proceeding, in conjunction with the plaintiff’s own statements, it is established that the Quitirrisí Indigenous Reserve (Reserva Indígena de Quitirrisí) was recognized by the State of the Republic of Costa Rica as such as of 1976, under the terms of Executive Decree No. 6036-G, published in the Official Gazette “La Gaceta” No. 113 of June 12 of that year, and has been demarcated according to its current location and area since 2001, following the publication and coming into force of Executive Decree No. 29452-G of March 21, 2001, effective as of May 16, 2001, according to publication in the Official Gazette “La Gaceta” No. 93 of that same date. The aforementioned administrative act —not challenged by the plaintiff, but rather instrumentalized, according to the complaint, in favor of its interests— having been published and come into force, it is reiterated, as of mid-2001, as can be consulted in the Costa Rican Legal Information System (SCIJ) (Sinalevi), website of the Judicial Branch www.poder-judicial.go.cr, constitutes a circumstance about which there is no dispute between the parties. This being so, it was not until June 27, 2012, that the plaintiff company acquired, by registry title, ownership (dominio) of the properties regarding which, by asserting that they are found, following the aforementioned Decree, within the surface area of the indigenous reserve in question, it consequently claims that, regarding them, the defendants in the main action must be ordered to carry out the procedures aimed at the payment of the fair price (justiprecio) in its favor for those lands and/or, where appropriate, to expropriate them, all registered in the National Registry, Real Property Section, of the San José Circuit, (...). All in application of the provisions of Article 5 of the Indigenous Law. The factual circumstance constituted by the fact that the aforementioned properties are located within the Quitirrisí Indigenous Reserve —save for the representation of the State— is an uncontested fact, but it is also supported by the documentary evidence found at folios 02 to 10 in relation to the rest of the documentary evidence in the judicial file, according to which it is effectively the case that those lands, registered property of the plaintiff company, are entirely within the area comprising the Quitirrisí Indigenous Reserve as of mid-2001. (...). The foregoing renders sterile the argument put forth by the State’s representation to the extent that it questioned whether the plaintiff’s registered property is within the indigenous reserve in question, on a first level because it was based on a formal aspect related to the power or competence to certify the indicated factual circumstance, since CONAI holds legal powers precisely to protect the right of indigenous communities over the lands that belong to them according to the block of legality, but also because, in questioning said power, it placed it precisely in the public entity that, in official letter No. AT-064-2015 dated January 26, 2015, issued by INDER officials, topographic professionals of that entity, technically attested —absent proof of the same nature, which the State’s representation did not provide— that the properties for which the plaintiff seeks to be compensated for their value are entirely part of the surface area of the indigenous reserve that concerns us, as of 2001. Thus, not only is the information certified by CONAI and INDER consistent with the defense theory outlined by the rest of the defendants, as well as with that put forth by the plaintiff corporation, but against it, the State’s representation offers no evidence of any kind whatsoever that would allow what is indicated in those proofs and the statements of the rest of the co-defendants to be considered disproven. Now, this being so, nothing remains but to affirm that the party suing alleges that the State, INDER, and CONAI must be compelled to initiate the administrative and/or, where appropriate, judicial procedures, all aimed at compensating it through the payment in its favor of the fair price so that they are recognized as part of the Quitirrisí Indigenous Reserve, notwithstanding which, it does so by proving, the plaintiff company itself, that it acquired ownership of those properties by a transfer of ownership act in 2012, when the indigenous reserve that concerns us was duly demarcated as of 2001. Consequently, it suffices to point out that the plaintiff company falls within the scenario established in Article 3 of the Indigenous Law, given that the act of transferring ownership of those properties was made in its favor years after the Quitirrisí Indigenous Reserve was demarcated by Executive Decree issued and put into effect in 2001. That is to say, in other words, the title of ownership that the plaintiff claims to hold by virtue of being the registered owner of those lands is not enforceable against the defendant Administrations, much less against the Quitirrisí Indigenous Community, protected, to that extent, even by international law, as we have reported, starting from the adoption by the State of both Convention No. 107 of the International Labour Organization, in relation to Convention No. 169, “concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries,” to which must be added the provisions contained in Indigenous Law No. 6172 itself, in force since the 1970s.” In my view, this would constitute the way to resolve cases such as the one before us, in which the plaintiff company itself claims to have formally acquired in 2003 the ownership of a property of significant dimensions under the protection of registry publicity, which it then states it learned, had been located since 2001, by reason of the scope of an Executive Decree issued by a public Administration different from those sued herein, within the area of an indigenous reserve recognized as land traditionally occupied by indigenous communities that existed on the site. Communities that the legislature has attempted to protect —with little success— since 1939 with the issuance of the Uncultivated Lands Law (Ley de Terrenos Badíos), which declared those lands to be property outside the stream of commerce, and to that extent, inalienable. That pre-existing legal impossibility of transferring land ownership was reinforced by the coming into force of the Indigenous Law. In its Article 5, it certainly establishes the procedure to be followed to determine the cases where it is possible to relocate or, where appropriate, expropriate someone who has been registered as non-indigenous, clearly. As a separate matter, regarding the nature of an associative-type entity such as the plaintiff, at no level does the legal order exempt the accreditation that the owner or occupant is a non-indigenous person, which at least should have been proven at trial, at least concerning the holders of the share ownership, to guarantee compliance with Article 5 of the Indigenous Law, and thus avoid a possible fraud against the Law. That article, in relation to Article 3 of the same regulatory body, clearly establishes the possibility of acting in such a manner with respect to whoever, at the time of the entry into force of the Indigenous Law and not at a later time, is the owner and/or possessor of such lands, in good faith. In my view, the fact that, a specific area of land being duly recognized as an indigenous reserve by an act with normative scope —a law in the material sense— any act of transferring ownership of an inalienable asset such as that acquired by the plaintiff company is null and void as a matter of law, breaking the principle of presumption of good faith under Article 286 of the Civil Code. The interpretation and application of the legal order by the operator in cases such as the one before us, associated with the protection of human rights vested in such vulnerable groups of society as those constituted by indigenous communities under the shelter of international law in this area, even superimposes these rights over those of a private patrimonial nature. A comprehensive reading of the legal order, in observance of Article 10 of both the Civil Code and the General Law of Public Administration, so demands in my opinion. In this way, once it is verified that the eventual person to be compensated is non-indigenous and, as in this case, is a registered owner of part of a reserve, a meticulous and considered analysis of their legal situation should, by legal imperative, be carried out. Note that even regarding the power to expropriate, the Expropriations Law, in its Article 1, establishes that: “This law governs compulsory expropriation for cause of legally proven public interest. Expropriation is agreed upon in exercise of the Public Administration’s imperium power and comprises any form of deprivation of private property or legitimate proprietary rights or interests, whoever their holders may be, through the prior payment of compensation representing the fair price of what is expropriated.” (The highlighting is not from the original). The analysis of standing must be exhaustive, not only of the subjective profile of the plaintiff or plaintiffs, but also of their title —if any—. Regarding the element of temporality within which it is feasible to recognize or not the enforceability of the title, reference can be made, among others, to ruling No. 106-2013-I of Section One of this Court, as well as ruling No. 920-F-S1-2015 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, according to which: “(...) That temporal element (that is: prior to the establishment of the reserve by the Indigenous Law or, alternatively, prior to the incorporation of the land through the executive decrees that develop it) is consubstantial to the possession or title that gives rise to the right to relocation or compensation (indemnización). That is, it forms part of its premise, since it is a determining factor of good faith. Although it is not expressly stated in Rule 5, it clearly emerges from the relationship with Article 3. Note in the first place that in that Mandate 5, the legislator took as its factual premise that at that time (issuance of the Law) non-indigenous persons were exercising possessory acts in good faith or acting as owners (regardless of registry inscription), and they were recognized as having the right to relocation or compensation in the first paragraph. (...). Along these lines, it must be understood that in Article 3, after establishing that indigenous reserves are inalienable and non-transferable, all non-indigenous persons (both those owners or possessors recognized in the first section of Mandate 5, as well as those who were not, since no distinction is made) are prevented from participating in or being beneficiaries of any transfer or transaction of ownership (...). From that moment on, there also occurs —as the Constitutional Chamber expressed in ruling 2097-2011 of February 23, 2011— the freezing of the property; and as a result, the individual who until then exercised possession or ownership with all attributes has the power to dispose of their right over that land absolutely restricted, as was contemplated in that third article of the legal regulations.” (The highlighting is mine and the underlining corresponds to the original. See First Chamber ruling No. 920-F-S1-2015 at 2:30 p.m. on August 6, 2015). In the same vein, the rulings of Section Seven of this Court No. 17-2016-VII at 9:00 a.m. on February 11, 2016, and of Section Six No. 66-2016-VI at 3:00 p.m. on April 21, 2016, may be consulted.- Felipe Córdoba Ramírez.
Document signed by:
JOSE IVAN SALAS LEITON, JUDGE
ELIAS BALTODANO GOMEZ, JUDGE
FELIPE CORDOBA RAMIREZ, JUDGE
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