Res. 00675-2019 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José — Mistake of law does not exempt liability for invading protected areaError de prohibición no exime en invasión de área protegida

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José

Resolución Nº 00675 - 2019

Fecha de la Resolución: 26 de Abril del 2019 a las 09:10

Expediente: 11-002135-0485-PE

Redactado por: Hannia Soto Arroyo

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL




Normativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José, Pacto internacional de derechos civiles y políticos

Normativa internacional


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Penal

Tema: Error de prohibición

Subtemas:

Definición y forma de fundar en sentencia su inexistencia.

Tema: Fundamentación de la sentencia penal

Subtemas:

Definición de error de prohibición y forma de fundar su inexistencia.

"III. [...] el error de prohibición se da cuando el autor cree que actúa forma lícita o ni siquiera se plantea que su conducta puede ser ilícita en alguna forma. Esto implica, para fines de la sentencia, que en caso de descartarse su existencia, el Tribunal debe tener pleno convencimiento de que el acusado sabía de su actuar ilícito y así plasmarlo, con base en elementos probatorios de peso."

Texto de la resolución

 

 

Resolución: [Telf1]

Expediente: 11-002135-0485 PE(4)   

 

            TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las nueve horas diez minutos, del veintiséis de abril de dos mil diecinueve.-

            RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos en la presente causa seguida contra [Nombre1]     , mayor, costarricense, cédula de identidad número CED1--, nacido en San José el 5 de febrero de1954, hijo de [Nombre1]  , soltero, de oficio agricultor, vecino de Limón, Pococí, Isla Calero; por el delito de  INVASIÓN A UNA ÁREA DE CONSERVACIÓN Y OTRO, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión de los recursos la jueza Hannia Soto Arroyo, los jueces Roy Antonio Badilla Rojas y Aisen Herrera López. Se apersonaron en esta sede el licenciado José Salazar Monge, defensor público del encartado; el licenciado Federico Quesada Soto, Procurador Penal y la licenciada Liz Lovemore Sánchez, en representación del Ministerio Público, Fiscalía Adjunta de Pococí y Guácimo.

RESULTANDO:

            I.- Que mediante sentencia número 161-2018, de las quince horas quince minutos, del dos de abril de dos mil dieciocho, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Sede Pococí, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo establecido en los artículos 8 inciso 2) de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; artículos 39 y 41 de la Constitución Política; artículos 1, 12, 18 a 20, 21, 30, 31, 71, del Código Penal; 1 al 15, 37 a 41, 75 a 80, 265, 324, 360 a 367 y siguientes del Código Procesal Penal 1, 4, 7, 11, 18, 20, 30, 31, 45, 47, 50, 51, 59 a 63, 71, 74, 110 del Código Penal, 19, 58 incisos a) y b) y 61 de la Ley Forestal, se declara a [Nombre1]   autor responsable de un delito de APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES, y en tal sentido se le impone la pena de TRES MESES DE PRISION. De igual forma se le condena a TRES MESES DE PRISION por un delito de INVASION A UN AREA DE CONSERVACIÓN, ambos delitos en concurso material y en perjuicio del MEDIO AMBIENTE, y en tal carácter se le impone UN TOTAL DE 6 MESES DE PRISION, que deberá descontar en el lugar y forma que determinen los respectivos reglamentos penitenciarios, previo abono de la prisión preventiva que hubiere cumplido. En aplicación de los artículos 59 a 63 del Código Penal, se concede el beneficio de ejecución condicional de la pena por un período de TRES AÑOS, durante los cuales deberá de no cometer nuevo delito doloso con sanción superior a los seis meses. De igual forma, se ordena el cese de la ocupación en el Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Costa Rica-Nicaragua y se le prohíbe invadir nuevamente terrenos protegidos del Estado. Se ordena el restablecimiento de las cosas a su estado anterior para lo cual se le da al imputado el plazo de SEIS MESES a partir de la firmeza del fallo para sacar sus pertenencias, aves de granja, ganado y cualquier otro animal doméstico o de explotación agropecuaria, debiendo desalojar el terreno invadido debiendo demoler cualquier estructura ahí constituida eliminando los escombros y desechos que no sean biodegradables. Caso contrario, una vez transcurrido ese mes se comisiona al SINAC Tortuguero para que proceda conforme lo aquí ordenado. Se le hace la advertencia al imputado [Nombre1] , que cualquier acto de desacato de la orden emitida por una autoridad judicial podrá constituir el delito de desobediencia a la autoridad. Se ordena el comiso de los bienes secuestrados y decomisados . Se declara con lugar la acción civil resarcitoria, y se condena al imputado en abstracto al pago del daño ambiental únicamente derivado de las actividades delictivas que le fueron aquí acreditadas. Con respecto al delito de CAMBIO DE USO DE SUELO, en aplicación del principio universal in dubio pro reo, SE ABSUELVE de toda pena y responsabilidad al justiciable [Nombre1] . Se dicta esta sentencia sin especial condenatoria en costas, son los gastos del proceso a cargo del Estado. Una vez firme esta sentencia expídanse las comunicaciones respectivas ante el Instituto Nacional de Criminología, el Juzgado de Ejecución de la Pena, el Registro  Judicial y el SINAC Tortuguero. NOTIFÍQUESE.-" (sic.).

            II.- Que contra el anterior pronunciamiento interpusieron recurso de apelación el licenciado José Salazar Monge, defensor público del encartado y el licenciado Federico Quesada Soto, Procurador Penal.

            III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal (reformado por leyes Nº 8837 y Nº 9021 y siguiendo la numeración indicada en la Fe de Erratas adoptada mediante acuerdo del directorio legislativo publicado en La Gaceta Nº 51 del 12 de marzo de 2012, que es la que se usará en este texto), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

            IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

            Redacta la jueza de Apelación de Sentencia Penal Soto Arroyo; y,

CONSIDERANDO:

          I.- Los licenciados José Salazar Monge, defensor público de [Nombre1]   y Federico Quesada Soto, Procurador Penal, interponen recursos de apelación, contra la sentencia N° 161-18, de las 15:15 horas, del 2 de abril de 2018, dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí. De conformidad con los artículos 437, 438, 439, 458, 459, 460 y 462 del Código Procesal Penal, los recursos de apelación reúnen los requisitos de ley para su conocimiento por el fondo.

            II.- Se procede a resolver el presente asunto, por las personas juzgadoras que firman al pie de esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior en la sesión 89-18 del 11 de octubre de 2018, artículo XLVII, que aprobó la conformación de secciones emergentes en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, conforme a las atribuciones que el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) le da ese Consejo para remediar la situación de los despachos que no se encuentren al día; y mediante el "Plan de descongestionamiento del Tribunal de Apelación Penal Segundo Circuito Judicial de San José", que se circunscribe dentro de un proyecto de interés institucional, que dirige la Presidencia de la Corte, con el patrocinio del Consejo Superior, para dar atención a los asuntos de más antigüedad de este despacho (lo que se determina objetivamente conforme a la fecha en que ingresaron al mismo), mediante la aplicación de los artículos 44 y 81 de la LOPJ, la Circular de Corte Plena 16-2015 y el inciso 10.1 del Plan de Vacaciones del Período [Telf2]. Se dispuso que este plan remedial se ha de desarrollar entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre de 2018, para procurar que se resuelvan los asuntos de más antigüedad –se reitera–, lo que se conforma al principio de justicia pronta y cumplida (artículos 41 de la Constitución Política y 4 del Código Procesal Penal). Posteriormente, mediante acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión extraordinaria N°110-18 celebrada el 19 de diciembre del 2018 se aprobó la continuidad del plan remedial desde el siete de enero al treinta y uno de marzo del año en curso. Es importante subrayar que este plan no afecta el principio de juez natural, porque: i) la ley dispone expresamente que "En razón del volumen de trabajo y la obligada eficiencia del servicio público de la justicia, la Corte podrá nombrar más integrantes de los tribunales, en forma temporal o definitiva" (articulo 46 de la LOPJ); ii) porque el mismo texto legal dispone además que en los tribunales colegiados, los integrantes de sus diferentes secciones pueden sustituirse recíprocamente por motivo justificado (como lo es brindar el servicio con mayor eficiencia y reducir la mora conforme a los lineamientos de un plan institucional, cfr. artículo 33 de la LOPJ); iii) porque no se trata de un tribunal o de jueces designados especialmente para un caso concreto, ad-hoc o ex post facto, sino del tribunal establecido con anterioridad, de acuerdo a la Constitución Política y leyes preexistentes, para conocer de estos asuntos (cfr. artículos 35 de la Constitución Política; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 26 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 del Código Penal, 33, 46 y 93 de la LOPJ); y iv) porque, en todo caso, las apelaciones en cuyo trámite se evacuó prueba oralmente o medió una audiencia oral (vista) en la que se hayan ampliado fundamentos, han de ser resueltas por los mismos jueces que la hayan recibido o celebrado la audiencia oral, conforme a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 464 del Código Procesal Penal.

            III.- Recurso de apelación presentado por el licenciado José Salazar Monge, defensor público de [Nombre1]  . El único motivo de apelación acusa errónea fundamentación intelectiva por equivocado análisis del error de prohibición. Indica el recurrente que al acusado se le condenó por un delito de aprovechamiento ilegal de recursos forestales y un delito de invasión de área de conservación. Según su criterio, la condena por este segundo delito, no se ajusta a derecho, en tanto el Tribunal de Juicio señala que el acusado alega tener títulos de propiedad sobre el inmueble adquiridos de forma privada. Ello no se desprende de la declaración del acusado o a la estrategia de defensa, ni es lo que contienen los documentos aportados por su defensor al proceso. Indica que lo sucedido es un error de prohibición, pues como lo explicó el acusado, cuando él conoció el terreno y se le presenta la oportunidad de adquirirlo, el sitio era un caserío en desarrollo (con pulpería, escuela, bar), y la compraventa la realiza por medio de una notaria pública, lo que en su criterio, le dio formalidad al negocio y no se le advirtió de ninguna anomalía en el terreno o su adquisición y el vendedor tenía 20 años de poseer el terreno. Además, el acusado es de baja escolaridad e incluso en su casa muchas veces recibió visitas del MINAET, Ministerio de Seguridad y Fuerza Pública dada la ubicación de ésta, y ninguna autoridad le señaló que estaba dentro de zona protegida. Incluso, señaló el acusado que por una compra venta fallida, su propiedad estuvo en litigio en los tribunales agrarios, proceso en el que se le dio la razón e igualmente no se le advirtió de la situación de su propiedad.  A folio 257 y 258 del fallo, el Tribunal intenta desvirtuar la existencia del error de prohibición, señalando que el Juez agrario le señaló que la zona estaba dentro del área de protección del río y dentro de los [Dirección1]  fronterizos, pero en la sentencia no se advierte de la ilegalidad de su permanencia en el sitio. Aunado a ello, señala el recurrente que el Tribunal le achaca al acusado excusarse en que en el sitio vivían otras personas y que nunca hizo un plano catastrado del terreno ni lo inscribió y que aún vive ahí, aspectos todos que no desacreditan la existencia de un error de prohibición, dejando de lado la declaración del acusado y la naturaleza del error, lo que trae como agravio la condena en su contra. Solicita el recurrente se anule el fallo y se ordene el reenvío para una nueva sustanciación. Se declara sin lugar el alegato. Esta Cámara de Apelación, tras un análisis detallado del fallo, considera que, efectivamente, el Tribunal de Juicio sustentó la inexistencia del error de prohibición alegado por  la defensa. En primer término, debe señalarse que el error de prohibición se da cuando el autor cree que actúa forma lícita o ni siquiera se plantea que su conducta puede ser ilícita en alguna forma. Esto implica, para fines de la sentencia, que en caso de descartarse su existencia, el Tribunal debe tener pleno convencimiento de que el acusado sabía de su actuar ilícito y así plasmarlo, con base en elementos probatorios de peso. En el caso concreto, el A quo determinó lo siguiente: "....  No obstante, la defensa técnica y material del encartado alegaron que la conducta del encartado si bien ha sido una conducta típica y antijurídica, que la misma no es culpable por la existencia de un error de prohibición. Para justificar dicho argumento, se parte de la declaración del imputado, que refirió haber adquirido dicha propiedad frente a un abogado, incluso haber pagado por ella dos millones de colones en un primer momento. Que para ese entonces, ya habían otras personas viviendo en ese mismo lugar, así como otras personas que tenía como vecinos, pulperías, cantinas, escuelas etc, lo cual le permitió presumir que podía ejercer actos de posesión sin contravenir ninguna norma en particular. Incluso, señala que hubo un proceso agrario donde un juez se impuso de un reclamo interpuesto por un tercero que le compró dicha propiedad y que al no poder cancelarle la suma en que vendió dicho fundo, tuvo que devolver dicha propiedad, a lo que él estimó que le "habían dado la razón". Agrega que no solamente dichos aspectos le permitieron entender que podía poseerse sin ningún problema ese espacio de tierra, sino que además recibió a miembros de la DIS, del Gobierno, de la Fuerza Pública y del MINAET, personas que para la fecha en que se dio la noticia de la invasión Nicaragüense a Isla Calero, comieron de sus provisiones, durmieron en su techo y nunca le informaron que estuviera realizando una acción indebida. Manifiesta que vecinos suyos tienen un plano que  posee hasta el sello del MINAET y que eso implica que tuvieron que hacer inspección en dicho lugar y aún así les permiten vivir ahí y ocupar la tierra; por todos estos aspectos señala que él creyó erróneamente que podía poseer doscientas hectáreas en esa área, vivir y darle mantenimiento al lugar sin estar cometiendo un delito. Este argumento debe rechazarse, incluso, asumiendo que haya adquirido dicho terreno pensando que era  completamente legal su posesión conforme a la existencia de otras personas en el sitio, por haber comprado su derecho de posesión ante una profesional en derecho, lo cierto del caso, es que los hechos que se tuvieron por demostrados no implica la forma en que supuestamente adquirió dicho derecho, siendo que eso ocurrió en el año 2000, conforme se desprende de la compra venta privada visible a folios 229 y 230, sino que por el contrario, se le está endilgado los actos de posesión que se han estado dando después de que el juez del Juzgado Agrario le hizo ver que la zona donde se encontraba ubicada la propiedad en cuestión se encontraba ubicada en el área de protección del río y dentro de los [Dirección2]   (Ver folio 43). El hecho de que existan otras personas ahí viviendo, no puede entenderse como una presunción a su favor para poder ocupar legítimamente un área protegida. Si bien es cierto, al momento de adquirir el bien se hizo frente a un abogada y aún partiendo de que por su escasa escolaridad [Nombre1]  asumiera eso suficiente para justificar la legalidad de su posesión es, sumamente cuestionable que desde el año dos mil no se haya interesado en inscribir dicho derecho registralmente, obtener un plano conforme corresponde, más aún, después del proceso agrario en que se cuestionó su posesión, no haber realizado trámite alguno para obtener un visado del MINAET, de la Municipalidad de Pococí, algún trámite registral o reclamo a la Administración en general, para poder justificar su ocupación dentro de un Refugio de Vida Silvestre protegido por su valor para el medio ambiente. No obstante, a pesar de ello [Nombre1] aún sigue viviendo en dicho lugar, lo cual implica que al día de hoy el delito de invasión se mantiene en el tiempo de forma permanente, a pesar de estar consciente de que es una zona protegida sin que se pueda alegar ignorancia de la ley o los alcances de sus acciones en dicho lugar del año 2010 a la fecha... " (f. 257 reverso-258, la cita es literal). Los argumentos que establece el Tribunal de Juicio descartan por completo que el acusado considerara que se encontraba viviendo en su propiedad conforme a derecho. Partiendo de que el acusado es una persona de baja escolaridad, como lo señala el propio Tribunal, las situaciones que se enumeran en sentencia, tales como que en el sitio hay prácticamente un pueblo, que el acusado adquirió el terreno por medio de una compra venta realizada por una notaria y que en su casa de habitación en múltiples oportunidades llegaron personeros del MINAE, Fuerza Pública, DIS y otras entidades del gobierno que no cuestionaron la ubicación de su casa, no son elementos que sustenten existencia de un error de prohibición, ya que el imputado conocía, como se señala en sentencia y se le indicó en le fallo del  Tribunal Agrario, (folio 43 de los autos), que la situcaión de su propiedad era ilegítima, pues claramente  se indica lo siguiente: "... ante la evidencia de la tala y debido a que se está dentro del área de protección del río y dentro de los dos kilómetros fronterizos, se ordena el testimonio de piezas para ante el Ministerio Público, para que se investigue tal situación y se determine si existió infracción a la ley en tal actuar...". Aún bajo la condición de baja escolaridad del acusado,  el fallo del Tribunal Agrario determina que su ubicación dentro de las tierras en cuestión debe ser conocida en la vía penal justo por su ilegítima situación. Finalmente,  el A quo indica que se le hace "cuestionable que desde el año dos mil no se haya  interesado en inscribir (al imputado) dicho derecho registralmente, obtener un plano catastrado, más aún después del proceso agrario en  que se cuestionó su posesión, no haber realizado trámite alguno para obtener un visado del MINAET, de la Municipalidad de Pococí, algún trámite registral o reclamo a la Administración en general, para poder justificar su ocupación dentro de un Refugio de Vida Silvestre protegido por su valor para el medio ambiente..." (f.258), aseveración que fortalece aún más la posición del A quo, pues efectivamente el acusado, pese al fallo agrario, evadió realizar cualquier trámite gubernamental sobre su propiedad. Así, considera esta Cámara de Apelación que el fallo cuenta con la fundamentación intelectiva suficiente como ya se citaran en cuanto a la condenatoria por el delito de Invasión a un área de conservación, por lo que se declara sin lugar el alegato.

            IV.- Recurso de apelación presentado por el licenciado Federico Quesada Soto, Procurador Penal. En el único motivo de su recurso, acusa el recurrente la errónea valoración de la prueba indiciaria. En los delitos de cambio de uso de suelo y  eliminación del humedal, analizados en el considerando cuarto de la sentencia, el Tribunal determinó que el daño ambiental no se le puede achacar al acusado, porque no se puede determinar que sólo él ocupara la propiedad y cómo se precisó el perímetro del área talada. Indica que el imputado [Nombre1]  dijo que le cedió la posesión del inmueble  a [Nombre2]  del año 2007 al 2009, lo que se desprende de la causa N°09-128-507-AG, en la que consta que el señor [Nombre2] taló 25 hectáreas de bosque, lo que para el Tribunal implica que una persona distinta al acusado, en la misma ubicación que acusa el [Nombre3], taló árboles y cambió el uso del terreno, y los testigos señalaron que en la zona hubo un potrero, sin poder definir el área de dicho potrero con certeza, y también señala el fallo que en los informes y planos del SINAC no indica cuál es el área talada y el área que era potrero. Según su criterio, ello contradice el contenido de los elementos probatorios, a saber: a.) del juicio agrario se desprende que el a partir del año 2009 el imputado ejercía los actos de posesión sobre el terreno; b.) que para el 14 de abril de 2010 el juicio agrario el juicio agrario se llevó a cabo en la casa de habitación del imputado; c.)  la tala de 25 hectáreas se dio entre el año 2007 y 2009; d) desde el 2009 el imputado no ha intervenido más en el área de 25 hectáreas talada, e.) para febrero del año 2018, cuando declaró el acusado, dicha zona ya era un bosque secundario;  f.) el imputado sólo le da mantenimiento a un charral que es el potrero viejo que había en la zona. Así, no es factible que otra persona que no sea el acusado haya talado las 5.3 hectáreas acusadas, máxime que la inspección del SINAC se realizó  en el años 2011,  ya las 25 hectáreas estaban en proceso de regeneración y la tala de las 5,3 hectáreas se había realizado hacía 4 meses. Señala, en segundo término, que la prueba testimonial, en la persona del señor [Nombre4] , funcionario del SINAC, indicó que el vio el área de 5,3 hectáreas taladas, desde el aire donde existía un bosque Palustrino,  con todos los árboles talados o cortados  y el cambio de uso de suelo se dio entre febrero y marzo del 2011 ya que había aserrín fresco y savia fresca en los tocones, así como troncos sin descomponer con hojas en las ramas, todo ello adyacente al área de bosque talada, que ahora es un potrero de 5 o 7 años de constituído. Por su parte, el testigo [Nombre5] indicó que la zona talada era un bosque Palustrino, que en el suelo había árboles talados , en un área de 5,3 hectáreas y que en el sitio se apreciaba que estaban jalando madera. Resulta evidente que la zona de 5,3 hectáreas no es parte de las 25 hectáreas taladas anteriormente, por que colindaba con bosque maduro y se determinó que se dio entre el años [Telf3]. Como tercer aspecto, señala el recurrente que se le resta valor a las fotografías del informe ACTO-GASP-RNVSBC-PO-031-2011, en las que se observa el aserin, savia y tala que se echan de menos en el fallo. Tampoco resulta válida la duda que se establece en sentencia sobre la forma en que se dio la inspección de la zona que inicialmente se apreció por aire, restándole credibilidad sin mayor argumento, a las declaraciones de los testigos [Nombre5] y [Nombre4] . Además, sí hay fotografías terrestres de la zona. En suma, señala el recurrente que de la prueba evacuada se deriva lo siguiente: "...a.) el imputado entró en posesión de dicho inmueble en el año 2000, eliminado un área de charral - según su declaración indagatoria-, aunque en el proceso agrario manifestó que había talado 6 ha de bosque, y manteniéndola como el área de potrero vieja; b) luego del proceso agrario, el imputado entró en conocimiento  que en ese sitio no se podía talar y que estaba dentro de un terreno  ubicado dentro de los [Dirección3]  fronterizos; c) el imputado al menos desde el 2009 entrar el (sic) posesión de esos terrenos del Estado, ejerciendo actos de tal naturaleza, al punto que vivía en el sitio con su esposa e hijo, d) se trata de un sitio sumamente alejado, con naturaleza boscosa y de difícil acceso acuático, e) el día de la inspección, en junio de 2011, el encartado estaba realizando labores de aprovechamiento forestal, con equipo idóneo para ello, 2 motosierras que eran de su propiedad, en un área de potrero cercana al bosque talado, d) el área de bosque palustrino talado, ampliaba el área de potrero viejo y el único beneficiado con ello era el imputado, e) no es posible que el imputado no se haya dado cuenta de una tala de tan (sic) magnitud toda vez que su casa está cerca del sitio de la afectación, f) el beneficio  de un aprovechamiento forestal es evidentemente para el encartado..." ( la cita es literal, f. 281-282). Solicita el recurrente se anule el fallo en cuanto a la absolutoria y se orden el reenvío para una nueva sustanciación. Es atendible el reclamo. En relación al delito de Cambio de uso de suelo, el artículo 61 inc.c.) de la Ley Forestal, señala: "...Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: (..) c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 19 de esta ley. En los casos anteriores, los productos serán decomisados y puestos a la orden de la autoridad judicial competente...".  En sentencia, se absuelve al acusado por este hecho, con base en lo siguiente: ".....Conforme con dicha información, cabe preguntarse sí el área de potrero existente que él ya conocía de previo era una hectárea y la zona devastada de cinco hectáreas, dónde se encontraban ubicadas las veinticinco hectáreas que el actor del proceso agrario señaló bajo fe de juramento haber talado para convertirla en potrero?. También resulta de especial importancia, hacer ver que en el contradictorio, dicho testigo fue muy claro en señalar que las hojas de los árboles estaban secas pero adheridas aún al árbol, que el aserrín en algunos se percibía fresco, que la sabia de especies como el Sangrillo aún estaba presente, que en el sitio habían trillos de arrastre donde se habían trasladado algunos de los árboles talados. Sin embargo, tales datos se extrañan no sólo en el informe por él realizado, si no que no existe ni una sola fotografía de la inspección por ellos realizadadonde se observen las hojas adheridas a las ramas de los árboles, los trillos de arrastre, el color de la sabia, la presencia de aserrín, los yolillos cortados, el color de la corteza para poder respaldar el espacio temporal que fuera por él calculado en que se había dado la devastación aludida. Más aún, de las fotografías que fueron incorporadas al informe realizado por dicho deponente, lo que se observa es precisamente el área de potrero identificada, al punto que a folio 7, se observa a escasos metros la edificación descrita como la casa de [Nombre1] , misma situación reflejada a folio 8, donde lejos de evidenciar hojas adheridas, aserrín fresco, devastación del sotobosque, se observa un fuste caído pero sin hojas adheridas, con ganado circundante y vegetación diversa. Estos elementos, incluso de las descripciones que se hacen a las mismas fotografías, a folio 8, los árboles aserrados fueron ubicados a escasos 40 metros de distancia del río San Juan, lo cual permite establecer que esas fotos fueron tomadas en el área de potrero que refirió el testigo ya se encontraba preestablecida. No hay duda, que esa área fue alterada de forma negativa, pues evidentemente se observan una infinidad de tocones que son clara evidencia de la afectación boscosa que en algún momento ocurrió, en donde cabe un alto grado de probabilidad de que el imputado [Nombre1]  contribuyó a realizar tales despreciables modificaciones del hábitat que ahí se protege, pues el mismo fue detenido mientras aprovechaba varios árboles conforme se tuvo ya por acreditado. Pero en su beneficio, de esa probabilidad a la certeza requerida, la investigación no fue lo suficientemente completa para poder acreditar esa novedad en la tala referida, no se pudo establecer cómo realizaron la inspección en el sitio que se evidencia en las tomas aéreas (en donde se observan una gran cantidad de fustes en el suelo prácticamente juntos), o si lo que refiere el informe es precisamente del área de potrero, o del área de bosque ubicada por medio de GPS. De la investigación realizada no se hizo un conteo de árboles caídos, o de tocones presentes en el sitio boscoso, sino que lo que se evidencia es una fotografía de muchos tocones pero aparentemente en la zona aledaña a la vivienda del imputado, que fue descrita como un área de potrero. No se hicieron mediciones de parcelas para comprender en que área se hizo el muestreo. Ni en las fotografías aéreas que supuestamente corresponden al sitio donde hace posesión don [Nombre1], se observa la ubicación de su casa, del río San Juan, del corral, de los apartos, de la cerca referida por el testigo, ni ningún otro dato identificativo del lugar, para poder asumir cuánta cantidad de ese terreno fue devastada recientemente y cuánta área ya se encontraba definida como potrero. Esta duda, no fue evacuada por el testigo [Nombre4]  ... " (f. 262-263). Analizado el caso y los elementos probatorios, así como la fundamentación intelectiva, esta Cámara de Apelación considera que el análisis del Tribunal de Juicio no valoró la totalidad de la prueba, pues se echa de menos un estudio de la inspección e informe de folio 1, así como  de la totalidad de la prueba testimonial, siendo que en ambas hay detalles de la causa por analizar, tales como los elementos encontrados cerca de la casa del imputado el día de la inspección y los puntos que observaron los testigos de cargo,  tales como los árboles talados, el estado de los troncos, así como las fechas que se indica se observaron estos indicios, etc. elementos todos que deben ser revisados nuevamente a efectos de determinar si el imputado es responsable de los delitos que se le acusan. En razón de lo anterior, se declara con lugar el alegato. Se anula el fallo con respecto a la absolutoria por el delito de Cambio de uso de suelo y se ordena el reenvío para una nueva sustanciación.

POR TANTO:

            Se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la defensa pública. Se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la República. Se anula el  fallo únicamente en cuanto a la absolutoria por el delito de Cambio de uso de suelo y se ordena el reenvío para una nueva sustanciación. Queda el resto del fallo incólume. NOTIFÍQUESE.-

 

 

 

 

Hannia Soto Arroyo

 

Aisen Herrera López                                                          Roy Antonio Badilla Rojas

 

Jueza y jueces de Tribunal de Apelación de Sentencia Penal    

 

Expediente: 11-002135-0485-PE(4)

Imputado:    [Nombre6][Nombre1]     

Ofendido:    Los recursos naturales

Delito:         Invasión a una área de conservación y otro

 

[Nombre7]                                                                               

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 29-03-2026 06:43:55.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Resolución Nº 00675 - 2019

Date of Resolution: April 26, 2019 at 09:10

Case File: 11-002135-0485-PE

Drafted by: Hannia Soto Arroyo

Type of Matter: Criminal appeal

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

International Regulations: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José, Pacto internacional de derechos civiles y políticos

International regulations

Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: Criminal Law

Topic: Error of prohibition

Subtopics:

Definition and manner of establishing its nonexistence in a judgment.

Topic: Reasoning of the criminal judgment

Subtopics:

Definition of error of prohibition and manner of establishing its nonexistence.

"III. [...] an error of prohibition (error de prohibición) occurs when the perpetrator believes they are acting lawfully or does not even consider that their conduct might be unlawful in any way. This implies, for the purposes of the judgment, that if its existence is ruled out, the Court must be fully convinced that the accused knew of their unlawful act and must set this out, based on substantial evidentiary elements."

Text of the resolution

Resolution: [Telf1]

Case File: 11-002135-0485 PE(4)

CRIMINAL SENTENCE APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at nine hours ten minutes, on the twenty-sixth of April of two thousand nineteen.

APPEALS filed in this case brought against [Nombre1], of legal age, Costa Rican, identity card number CED1--, born in San José on February 5, 1954, son of [Nombre1], single, farmer by trade, resident of Limón, Pococí, Isla Calero; for the crime of INVASION OF A CONSERVATION AREA AND ANOTHER, to the detriment of NATURAL RESOURCES. Judge Hannia Soto Arroyo and judges Roy Antonio Badilla Rojas and Aisen Herrera López participate in the decision on the appeals. Appearing at this venue are licensed attorney José Salazar Monge, public defender of the accused; licensed attorney Federico Quesada Soto, Criminal Prosecutor; and licensed attorney Liz Lovemore Sánchez, representing the Public Prosecutor's Office, Deputy Prosecutor's Office of Pococí and Guácimo.

WHEREAS:

I.- That by judgment number 161-2018, at fifteen hours fifteen minutes, on April two, two thousand eighteen, the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Pococí Venue, resolved: "THEREFORE: In accordance with the provisions of Articles 8(2) of the Convención Americana de Derechos Humanos; 14 of the Pacto de Derechos Civiles y Políticos; Articles 39 and 41 of the Political Constitution; Articles 1, 12, 18 to 20, 21, 30, 31, 71 of the Criminal Code; 1 to 15, 37 to 41, 75 to 80, 265, 324, 360 to 367 and following of the Criminal Procedure Code 1, 4, 7, 11, 18, 20, 30, 31, 45, 47, 50, 51, 59 to 63, 71, 74, 110 of the Criminal Code, 19, 58(a) and (b) and 61 of the Ley Forestal, [Nombre1] is declared the responsible perpetrator of a crime of ILLEGAL LOGGING (APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES), and as such a sentence of THREE MONTHS IMPRISONMENT is imposed. Likewise, he is sentenced to THREE MONTHS IMPRISONMENT for a crime of INVASION OF A CONSERVATION AREA (INVASION A UN AREA DE CONSERVACIÓN), both crimes in material concurrence and to the detriment of the ENVIRONMENT, and as such a TOTAL OF 6 MONTHS IMPRISONMENT is imposed, to be served at the place and in the manner determined by the respective penitentiary regulations, after crediting any preventive detention served. In application of Articles 59 to 63 of the Criminal Code, the benefit of conditional execution of the sentence is granted for a period of THREE YEARS, during which time he must not commit a new intentional crime punishable by more than six months. Likewise, he is ordered to cease occupation in the Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Costa Rica-Nicaragua and is prohibited from invading protected State lands again. Restoration of things to their prior state is ordered, for which the accused is given a period of SIX MONTHS from the finality of the ruling to remove his belongings, farm birds, livestock and any other domestic or agricultural animal, and must vacate the invaded land, demolishing any structure built there and eliminating debris and non-biodegradable waste. Otherwise, once that month has elapsed, SINAC Tortuguero is commissioned to proceed as ordered herein. The accused [Nombre1] is warned that any act of contempt of the order issued by a judicial authority may constitute the crime of disobedience to authority. Forfeiture of the seized and confiscated items is ordered. The civil action for damages is granted, and the accused is sentenced in abstracto to pay for the environmental damage solely derived from the criminal activities accredited against him here. Regarding the crime of LAND-USE CHANGE (CAMBIO DE USO DE SUELO), in application of the universal principle in dubio pro reo, the defendant [Nombre1] IS ACQUITTED of all punishment and liability. This judgment is issued without special condemnation in costs; the costs of the proceedings are borne by the State. Once this judgment is final, issue the respective communications to the Instituto Nacional de Criminología, the Juzgado de Ejecución de la Pena, the Judicial Registry and SINAC Tortuguero. LET IT BE NOTIFIED.-" (sic.).

II.- That against the preceding ruling, licensed attorney José Salazar Monge, public defender of the accused, and licensed attorney Federico Quesada Soto, Criminal Prosecutor, filed an appeal.

III.- That having conducted the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code (amended by laws Nº 8837 and Nº 9021 and following the numbering indicated in the Errata adopted by agreement of the legislative directory published in La Gaceta Nº 51 of March 12, 2012, which is the one to be used in this text), the Court considered the issues raised in the appeal.

IV.- That the relevant legal requirements have been observed in the proceedings.

Drafted by Judge of Criminal Sentence Appeal Soto Arroyo; and,

WHEREAS:

I.- Licensed attorneys José Salazar Monge, public defender of [Nombre1], and Federico Quesada Soto, Criminal Prosecutor, file appeals against judgment No. 161-18, issued at 15:15 hours on April 2, 2018, by the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Pococí venue. In accordance with Articles 437, 438, 439, 458, 459, 460 and 462 of the Criminal Procedure Code, the appeals meet the legal requirements to be heard on the merits.

II.- This matter is to be resolved by the judges signing at the foot of this judgment, in accordance with the provisions of the Consejo Superior in session 89-18 of October 11, 2018, Article XLVII, which approved the formation of emergent sections in the Criminal Sentence Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José, pursuant to the powers granted to that Council by Article 81 of the Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) to remedy the situation of judicial offices that are not up to date; and through the "Backlog Reduction Plan of the Criminal Appeals Court Second Judicial Circuit of San José," which is part of an institutional interest project, directed by the Presidency of the Court, with the sponsorship of the Consejo Superior, to address the oldest matters of this office (objectively determined by the date they were received), through the application of Articles 44 and 81 of the LOPJ, Circular of Corte Plena 16-2015 and subsection 10.1 of the Vacation Plan for the Period [Telf2]. It was ordered that this remedial plan be carried out between November 1 and December 15, 2018, to ensure that the oldest matters are resolved –it is reiterated–, in conformity with the principle of prompt and complete justice (Articles 41 of the Political Constitution and 4 of the Criminal Procedure Code). Subsequently, by agreement of the Consejo Superior del Poder Judicial, in extraordinary session No. 110-18 held on December 19, 2018, the continuity of the remedial plan was approved from January seven to March thirty-one of the current year. It is important to emphasize that this plan does not affect the principle of natural judge, because: i) the law expressly provides that "Given the volume of work and the obligatory efficiency of the public justice service, the Court may appoint additional members to the courts, on a temporary or permanent basis" (Article 46 of the LOPJ); ii) because the same legal text further provides that in collegiate courts, the members of its different sections may substitute for each other reciprocally for justified cause (such as providing service with greater efficiency and reducing backlog in accordance with the guidelines of an institutional plan, cf. Article 33 of the LOPJ); iii) because it is not a court or judges designated specifically for a specific case, ad-hoc or ex post facto, but rather the court established in advance, in accordance with the Political Constitution and pre-existing laws, to hear these matters (cf. Articles 35 of the Political Constitution; 10 of the Universal Declaration of Human Rights; 26 of the American Declaration of the Rights of Man; 14.1 of the International Covenant on Civil and Political Rights; 8.1 of the American Convention on Human Rights; 3 of the Criminal Code, 33, 46 and 93 of the LOPJ); and iv) because, in any event, appeals in which evidence was orally heard or an oral hearing (vista) was held in which grounds were expanded must be resolved by the same judges who received or held the oral hearing, in accordance with the provisions of the final paragraph of Article 464 of the Criminal Procedure Code.

III.- Appeal filed by licensed attorney José Salazar Monge, public defender of [Nombre1]. The sole ground of appeal alleges erroneous intellectual reasoning due to an incorrect analysis of the error of prohibition (error de prohibición). The appellant indicates that the accused was convicted of a crime of illegal logging (aprovechamiento ilegal de recursos forestales) and a crime of invasion of a conservation area (invasión de área de conservación). In his view, the conviction for this second crime is not in accordance with the law, since the Trial Court points out that the accused claims to have title deeds to the property acquired privately. This does not emerge from the accused's statement or the defense strategy, nor is it what the documents provided by his defender to the proceedings contain. He indicates that what occurred is an error of prohibition (error de prohibición), because as the accused explained, when he became aware of the land and the opportunity to acquire it arose, the site was a developing hamlet (with a small grocery store, school, bar), and the sale was carried out through a notary public, which in his view gave formality to the transaction and no anomaly in the land or its acquisition was pointed out to him, and the seller had been in possession of the land for 20 years. Furthermore, the accused has a low level of education and even in his house he many times received visits from MINAET, the Ministry of Security and Public Force given its location, and no authority indicated to him that he was inside a protected area. Indeed, the accused stated that due to a failed sale, his property was in litigation in the agrarian courts, a proceeding in which the ruling was in his favor and likewise the situation of his property was not pointed out to him. At pages 257 and 258 of the verdict, the Court attempts to refute the existence of the error of prohibition (error de prohibición), noting that the Agrarian Judge pointed out to him that the area was within the river's protection area and within the border [Dirección1], but the judgment does not warn of the illegality of his remaining on the site. In addition to this, the appellant points out that the Court faults the accused for making the excuse that other people lived on the site and that he never had a cadastral plan (plano catastrado) of the land made nor registered it and that he still lives there, all aspects that do not discredit the existence of an error of prohibition (error de prohibición), disregarding the accused's statement and the nature of the error, which results in the grievance of his conviction. The appellant requests that the verdict be annulled and a remand for new proceedings be ordered. The argument is dismissed. This Appeals Chamber, after a detailed analysis of the verdict, considers that the Trial Court indeed substantiated the nonexistence of the error of prohibition (error de prohibición) alleged by the defense. First, it must be noted that an error of prohibition (error de prohibición) occurs when the perpetrator believes they are acting lawfully or does not even consider that their conduct might be unlawful in any way. This implies, for the purposes of the judgment, that if its existence is ruled out, the Court must be fully convinced that the accused knew of their unlawful act and must set this out, based on substantial evidentiary elements. In the specific case, the Trial Court determined the following: ".... However, the technical and material defense of the accused alleged that the accused's conduct, although typical and unlawful, is not culpable due to the existence of an error of prohibition (error de prohibición). To justify this argument, they begin with the statement of the accused, who stated that he acquired said property before a lawyer, and even paid two million colones for it initially. That at that time, there were already other people living in that same place, as well as other people he had as neighbors, small grocery stores, bars, schools, etc., which allowed him to presume that he could exercise acts of possession without contravening any particular rule. They even point out that there was an agrarian proceeding where a judge took cognizance of a claim brought by a third party who bought said property from him and that, since he could not pay the sum for which he had sold said land, he had to return the property, which he considered meant they had 'ruled in his favor.' He adds that not only did these aspects allow him to understand that this piece of land could be possessed without any problem, but that he also received members of the DIS, the Government, the Public Force and MINAET, people who, at the time the news of the Nicaraguan invasion of Isla Calero broke, ate his provisions, slept under his roof and never informed him that he was carrying out an improper action. He states that neighbors of his have a plan that even bears the MINAET seal and that that implies they had to conduct an inspection of said place and even so they are allowed to live there and occupy the land; due to all these aspects, he states that he erroneously believed that he could possess two hundred hectares in that area, live there and maintain the place without committing a crime. This argument must be rejected, even assuming that he acquired said land believing that his possession was completely legal according to the existence of other people on the site, having purchased his possessory right before a legal professional, the fact of the matter is that the facts that were taken as proven do not relate to the manner in which he supposedly acquired said right, given that this occurred in the year 2000, as is evident from the private sale deed at pages 229 and 230, but rather, he is being charged with the acts of possession that have been occurring after the judge of the Juzgado Agrario made him see that the area where the property in question was located was situated in the river protection area and within the [Dirección2] (See page 43). The fact that there are other people living there cannot be understood as a presumption in his favor to be able to legitimately occupy a protected area. While it is true that at the time he acquired the property it was done before a female lawyer and even taking as a starting point that due to his limited schooling [Nombre1] assumed this to be sufficient to justify the legality of his possession, it is, it is highly questionable that since the year two thousand he has not been interested in registering said right with the property registry, obtaining a corresponding plan, even more so, after the agrarian proceeding in which his possession was challenged, not having carried out any procedure to obtain a clearance from MINAET, from the Municipality of Pococí, any registration procedure or claim to the Administration in general, to be able to justify his occupation within a protected Refugio de Vida Silvestre for its environmental value. Nevertheless, despite this, [Nombre1] still continues living in said place, which implies that to this day the crime of invasion continues over time on a permanent basis, despite being aware that it is a protected area, and ignorance of the law or the scope of his actions in said place from the year 2010 to date cannot be alleged... " (p. 257 reverse-258, the quote is literal). The arguments set out by the Trial Court completely rule out that the accused considered that he was living on his property in accordance with the law. Starting from the fact that the accused is a person of low education, as the Court itself points out, the situations listed in the judgment, such as that there is practically a town on the site, that the accused acquired the land through a sale carried out by a female notary, and that public officials from MINAE, Public Force, DIS and other government entities frequently came to his dwelling house and did not question the location of his house, are not elements that support the existence of an error of prohibition (error de prohibición), since the accused knew, as stated in the judgment and as was indicated in the ruling of the Tribunal Agrario, (page 43 of the case file), that the situation of his property was illegitimate, because the following is clearly indicated: "... given the evidence of logging and because it is within the river protection area and within the two kilometers of the border zones, the referral of certified copies of documents is ordered to the Public Prosecutor's Office, so that said situation may be investigated and it may be determined if there was a violation of the law in such actions...". Even under the condition of the accused's low education, the ruling of the Tribunal Agrario determines that his location within the lands in question must be made known in the criminal jurisdiction precisely because of its illegitimate situation. Finally, the Trial Court indicates that it "is questionable that since the year two thousand (the accused) has not been interested in registering said right with the property registry, obtaining a cadastral plan (plano catastrado), even more so after the agrarian proceeding in which his possession was challenged, not having carried out any procedure to obtain a clearance from MINAET, from the Municipality of Pococí, any registration procedure or claim to the Administration in general, to be able to justify his occupation within a protected Refugio de Vida Silvestre for its environmental value..." (p. 258), an assertion that further strengthens the Trial Court's position, because indeed the accused, despite the agrarian ruling, avoided carrying out any governmental procedure regarding his property. Thus, this Appeals Chamber considers that the verdict has sufficient intellectual reasoning, as already cited, regarding the conviction for the crime of Invasion of a conservation area (Invasión a un área de conservación), and therefore the argument is dismissed.

IV.- Appeal filed by licensed attorney Federico Quesada Soto, Criminal Prosecutor. In the sole ground of his appeal, the appellant alleges the erroneous assessment of the circumstantial evidence. Regarding the crimes of land-use change (cambio de uso de suelo) and elimination of the wetland (humedal), analyzed in the fourth whereas clause of the judgment, the Court determined that the environmental damage cannot be attributed to the accused, because it cannot be determined that only he occupied the property and how the perimeter of the deforested area (área talada) was defined. He indicates that the accused [Nombre1] said that he transferred possession of the property to [Nombre2] from 2007 to 2009, which is evident from case No. 09-128-507-AG, in which it is on record that Mr. [Nombre2] deforested 25 hectares of forest, which for the Court implies that a person other than the accused, in the same location that the [Nombre3] accuses, cut down trees and changed the land use, and the witnesses indicated that there was a pastureland in the area, without being able to define the area of said pastureland with certainty, and the verdict also points out that the SINAC reports and maps do not indicate which is the deforested area (área talada) and which area was pastureland. In his view, this contradicts the content of the evidentiary elements, namely: a.) from the agrarian trial it is evident that from the year 2009 the accused exercised acts of possession over the land; b.) that by April 14, 2010, the agrarian trial was conducted in the accused's dwelling house; c.) the deforestation of 25 hectares occurred between 2007 and 2009; d) since 2009 the accused has not further intervened in the 25-hectare deforested area (área talada), e.) by February 2018, when the accused testified, said area was already a secondary forest; f.) the accused only maintains a scrubland (charral) which is the old pastureland that existed in the area. Thus, it is not feasible that someone other than the accused deforested the 5.3 hectares in question, especially since the SINAC inspection was carried out in 2011, the 25 hectares were already in a regeneration process, and the deforestation of the 5.3 hectares had been carried out 4 months prior. He points out, secondly, that the testimonial evidence, in the person of Mr. [Nombre4], a SINAC official, indicated that he saw the 5.3-hectare deforested area (área talada), from the air where a Palustrine forest (bosque Palustrino) existed, with all the trees felled or cut and the land-use change (cambio de uso de suelo) occurred between February and March of 2011 since there was fresh sawdust and fresh sap on the stumps, as well as trunks without decomposition with leaves on the branches, all adjacent to the deforested forest area, which is now a pastureland 5 or 7 years old. For his part, witness [Nombre5] indicated that the deforested area was a Palustrine forest (bosque Palustrino), that on the ground there were felled trees, in an area of 5.3 hectares, and that on the site it was observed that wood was being hauled. It is evident that the 5.3-hectare area is not part of the 25 hectares deforested previously, because it bordered mature forest and it was determined that it occurred between the years [Telf3]. As a third aspect, the appellant points out that value is detracted from the photographs in report ACTO-GASP-RNVSBC-PO-031-2011, which show the sawdust, sap and deforestation that are missed in the verdict. Nor is the doubt established in the judgment about how the inspection of the area was carried out, initially observed from the air, valid, detracting credibility without further argument from the statements of witnesses [Nombre5] and [Nombre4]. Furthermore, there are ground-level photographs of the area. In summary, the appellant points out that from the evidence heard, the following emerges: "...a.) the accused took possession of said property in the year 2000, eliminating an area of scrubland (charral) - according to his initial statement-, although in the agrarian proceeding he stated that he had deforested 6 ha of forest, and maintaining it as the old pastureland area; b) after the agrarian proceeding, the accused became aware that cutting down trees was not allowed on that site and that he was within a terrain located within the border [Dirección3]; c) the accused at least since 2009 in possession of those State lands, carrying out acts of that nature, to the point that he lived on the site with his wife and son, d) it is an extremely remote site, with forested nature and difficult aquatic access, e) on the day of the inspection, in June 2011, the accused was carrying out logging (aprovechamiento forestal) work, with suitable equipment for such purpose, 2 chainsaws that were his property, in a pastureland area near the deforested forest, d) the deforested Palustrine forest (bosque palustrino) area expanded the old pastureland area and the only one benefiting from this was the accused, e) it is not possible that the accused did not notice a deforestation of such magnitude since his house is close to the affected site, f) the benefit of logging (aprovechamiento forestal) is evidently for the accused..." (the quote is literal, pp. 281-282). The appellant requests that the verdict be annulled with respect to the acquittal and that a remand for new proceedings be ordered. The claim is admissible. In relation to the crime of Land-use change (Cambio de uso de suelo), Article 61(c) of the Ley Forestal states: "...Imprisonment of one month to three years shall be imposed on anyone who: (..) c) Carries out activities that involve a change in land use, contrary to what is stipulated in Article 19 of this law. In the foregoing cases, the products shall be confiscated and placed at the disposal of the competent judicial authority...". In the judgment, the accused is acquitted of this act, based on the following: ".....In accordance with said information, the question arises whether the existing pastureland area that he already knew of previously was one hectare and the devastated area five hectares, where were the twenty-five hectares located that the plaintiff in the agrarian proceeding stated under oath that he had deforested to convert it into pastureland?. It is also of special importance to note that in the cross-examination, said witness was very clear in stating that the leaves of the trees were dry but still attached to the tree, that the sawdust in some was perceived as fresh, that the sap of species such as Sangrillo was still present, that on the site there were skid trails where some of the felled trees had been moved. However, such data are missed not only in the report prepared by him but there is not a single photograph of the inspection carried out by them where the leaves attached to the tree branches, the skid trails, the color of the sap, the presence of sawdust, the cut Yolillo palms, the color of the bark can be observed to support the time frame he calculated for when the alluded devastation had occurred. Even more, from the photographs that were incorporated into the report made by said deponent, what is observed is precisely the identified pastureland area, to the point that on page 7, the building described as [Nombre1]'s house is observed a few meters away, the same situation reflected on page 8, where far from showing attached leaves, fresh sawdust, devastation of the understory, a fallen bole is observed but without attached leaves, with surrounding livestock and diverse vegetation. These elements, even from the descriptions made of the same photographs, on page 8, the sawn trees were located a mere 40 meters from the San Juan River, which allows establishing that those photos were taken in the pastureland area that the witness stated was already pre-established. There is no doubt that this area was altered negatively, as an infinite number of stumps are clearly observed which are clear evidence of the forest damage that occurred at some point, wherein there exists a high degree of probability that the accused [Nombre1] contributed to carrying out such despicable modifications to the habitat protected therein, since he was arrested while logging (aprovechando) various trees as has already been accredited. But to his benefit, from that probability to the required certainty, the investigation was not sufficiently complete to be able to prove that recent occurrence in the referred deforestation, it could not be established how the inspection was carried out on the site shown in the aerial shots (where a large number of boles are observed on the ground practically together), or whether what the report refers to is precisely the pastureland area, or the forest area located by GPS. From the investigation carried out, no count was made of fallen trees, or of stumps present on the forested site, but rather what is shown is a photograph of many stumps but apparently in the area adjacent to the accused's dwelling, which was described as a pastureland area. No measurements of plots were made to understand in which area the sampling was done. Nor in the aerial photographs that supposedly correspond to the site where Don [Nombre1] is in possession, can one observe the location of his house, the San Juan River, the corral, the livestock handling facilities, the fence referred to by the witness, nor any other identifying data of the place, in order to be able to assume how much of that land was devastated recently and how much area was already defined as pastureland. This doubt was not dispelled by the witness [Nombre4] ... " (pp. 262-263).

Having analyzed the case and the evidentiary elements, as well as the intellectual reasoning, this Chamber of Appeals considers that the Trial Court’s analysis did not assess the entirety of the evidence, as a study of the inspection and report at folio 1 is lacking, as well as the entirety of the testimonial evidence, given that both contain details of the case that must be analyzed, such as the elements found near the defendant’s house on the day of the inspection and the points observed by the prosecution witnesses, such as the felled trees, the state of the trunks, as well as the dates on which these indications are stated to have been observed, etc., all elements that must be reviewed again in order to determine whether the defendant is responsible for the crimes of which he is accused. By reason of the foregoing, the argument is granted. The verdict is annulled with respect to the acquittal for the crime of land-use change (Cambio de uso de suelo) and a remand for a new proceeding is ordered.

POR TANTO:

The appeal filed by the public defense is denied. The appeal filed by the Procuraduría General de la República is granted. The verdict is annulled solely with respect to the acquittal for the crime of land-use change and a remand for a new proceeding is ordered. The remainder of the verdict remains unaltered. LET IT BE NOTIFIED.-

Hannia Soto Arroyo

Aisen Herrera López                                                         Roy Antonio Badilla Rojas

Judge and judges of the Criminal Sentence Appeals Tribunal

Expediente: 11-002135-0485-PE(4)

Defendant:    [Nombre6][Nombre1]     

Victim:       Natural resources

Crime:        Invasion of a conservation area and another

[Nombre7]                                                                  

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