Res. 00086-2019 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI — INDER’s lesividad claim over land title in the Talamanca-Caribe Biological CorridorLesividad del INDER sobre titulación en Corredor Biológico Talamanca-Caribe

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI

Resolución Nº 00086 - 2019

Fecha de la Resolución: 12 de Julio del 2019 a las 10:40

Expediente: 13-005326-1027-CA

Redactado por: Cynthia Abarca Gómez

Clase de asunto: Proceso de lesividad

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias en igual sentido Sentencias del mismo expediente


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Contencioso Administrativo

Tema: Allanamiento del demandado en materia contencioso administrativa

Subtemas:

Requisitos de procedencia y control de legalidad.

"I.- Sobre el allanamiento como modo de terminación de los procesos. La reforma procesal plasmada a través del CPCA propugna por una justicia más ágil y eficiente, con plazos más cortos en el trámite y resolución de asuntos, sustentándose para ello en cuatro pilares ideológicos, todos ellos, de base constitucional, a saber: distribución de funciones que permite al Poder Judicial controlar las conductas públicas (artículos 9, 49, 153), sometimiento del Estado al Derecho en el cumplimiento de sus funciones o el ejercicio de sus competencias (artículo 11 -principio de legalidad en su doble visión-), control universal de la función administrativa, que elimina cualquier posibilidad de reductos exentos del control jurisdiccional del proceder público (artículo 49) y como corolario de esos enunciados, la tutela judicial efectiva (artículos 41 y 49). Todas esas máximas convergen para concretar una justicia pronta y cumplida, siempre teniendo en cuenta que el objeto de esta jurisdicción es garantizar la legalidad del ejercicio de la función administrativa y la tutela de las situaciones jurídicas que puedan verse afectadas en el marco de las relaciones jurídico-administrativas. Para tales efectos establece un proceso común compuesto por una serie de etapas que de manera concatenada, y cada una con una intencionalidad o ratio claramente establecida, buscan la depuración del proceso. Pero, a su vez, el CPCA regula institutos que facilitan la solución de la controversia por formas anticipadas de terminación del proceso, a saber, el desistimiento (113), el. allanamiento total o parcial (114), la satisfacción extraprocesal (115), la equiparación de resolución administrativa (116), la transacción (117) y el cumplimiento de conducta omitida (118). En el caso concreto del allanamiento, el Código de referencia establece requisitos que determinan su procedencia. Como primer aspecto, cuando la parte que expresa el allanamiento sea una Administración Pública, se impone como requisito sine qua non la presentación del acuerdo o resolución adoptada, para tales efectos, por el órgano competente. Cuando la representación de la Administración Pública corresponda a la Procuraduría General de la República (en los casos previstos en el canon 16 ibídem), tal exigencia debe proceder del (a) Procurador (a) General de la República. De igual manera, en virtud de las implicaciones de esta figura, la intencionalidad de allanamiento debe ser expresa e inequívoca, de modo que pueda desprenderse de manera contundente el deseo de aceptar las pretensiones de la parte actora. Incluso, esa manifestación debe detallar si el allanamiento es total o parcial a fin de establecer la terminación íntegra o fragmentada del proceso. Por otro lado, el inciso 4) del artículo 114 de ese mismo cuerpo legal estatuye que la sola manifestación de aceptar las pretensiones del actor, no presupone de manera automática, la estimación del marco petitorio. En efecto, según lo dispone esa norma: "En caso de allanamiento, el Tribunal, sin más trámite, dictará sentencia, la cual será emitida de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si se infringe el ordenamiento jurídico." Lo anterior es derivación lógica del control de legalidad que por imperativo constitucional debe realizar esta Jurisdicción Contencioso Administrativa. No podría ser de otra forma pues a tono con esta finalidad de control, el juzgador no podría prohijar allanamientos que en el fondo, conlleven o supongan infracciones sustanciales al ordenamiento jurídico o dislocaciones al interés público, dado que ello se traduciría en el abandono de ese control de legalidad y el aval de conductas públicas contrarias a derecho, en beneficio de un tercero. De ese modo, ante la manifestación de allanamiento, el juzgador debe ponderar si lo que en el fondo se pretende y constituye el objeto del proceso, se ajusta a ese parámetro de juridicidad, caso en el cual, dará por terminado el proceso, o por el contrario, resolverá lo que en derecho corresponda para concretar esa finalidad de tutela del ordenamiento jurídico. Por demás, es claro que cuando existan codemandados, el proceso debe continuar respecto de aquellos no se hayan allanado, cuando así corresponda en atención al objeto debatido [...]".




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Citas de Legislación y Doctrina
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Administrativo

Tema: Lesividad del acto administrativo

Subtemas:

Análisis con respecto a su aplicación y presupuestos procesales.

Tema: Acto administrativo

Subtemas:

Análisis con respecto a la aplicación de la lesividad y presupuestos procesales.

II.- Sobre el caso concreto [...] Pues bien, debemos tener presente que, de manera general, la lesividad se constituye en un mecanismo jurisdiccional en virtud del cual la Administración pretende la supresión de un acto propio que genera efectos favorables o declara derechos en favor de un administrado. Desde ese plano, en este tipo de contiendas, la lesividad es de corte subjetivo, en tanto pretende la anulación de una conducta que concede un derecho subjetivo o, en general, un beneficio a una persona. Si bien se analiza la validez de una conducta pública concreta (y no general) ese contenido favorable, ese control exige la participación del destinatario de esa conducta específica, a efectos de que pueda ejercitar su derecho de defensa y contradictorio respecto de pretensiones que buscan la alteración de su situación jurídica. Este proceso se encontraba regulado en los artículos 35 y 37 inciso 3) de la LRJCA (y hoy por el numeral 34 del CPCA), norma que fijaba los elementos previos y regulaciones procesales de esta figura, en relación con los numerales 173 inciso 6) y 183 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP). Desde la óptica de los presupuestos procesales, se imponen condiciones subjetivas, objetivas, procedimentales y temporales. En cuanto a la arista subjetiva, la legitimación activa se concede a la Administración autora del acto cuestionado, en tanto que el legitimado pasivo es el receptor de los efectos de la conducta declarada lesiva, sea, quien obtiene sus bondades. En su arista objetiva, debemos atender a que la lesividad se constituye en un mecanismo de supresión jurídica de actos administrativos –favorables o declarativos de derechos– que sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico; sea, los actos que padezcan de algún nivel de invalidez, sea absoluta o relativa, en cualquiera de sus tipologías, conforme a lo dispuesto en los artículos 128, 158, 165 y concordantes de la LGAP. En lo que respecta al orden procedimental, la Administración debe declarar lesivo a los intereses públicos esa conducta, lo que debe ser establecido dentro de un marco de acciones internas de la administración que son impostergables para formular la acción. En efecto, se impone que el jerarca máximo supremo de la Administración Pública respectiva declare la lesividad del acto, sea por lesión a intereses económicos, fiscales o de otra índole que se desprendan del interés público, para lo cual, ha de contar con un criterio jurídico-técnico de base que sustente esa determinación. A diferencia de otras figuras de supresión de conductas públicas (como es el caso de la nulidad oficiosa prevista en el artículo 173 LGAP), no requiere de audiencia al tercero, en tanto son acciones a lo interno de la Administración que buscan verificar la existencia expresa de voluntad administrativa emitida por el jerarca máximo, en el sentido de pretender la supresión del acto. Es dentro del proceso judicial que el tercero podrá establecer sus alegatos de defensa, por lo que la ausencia de su participación dentro de la fase administrativa para la declaratoria de lesividad, no cercena en modo alguno su derecho al debido proceso o procedimiento administrativo. Ahora bien, cuando el acto emane del Estado, sea, de la Administración Central, la demanda solo podrá ser incoada por la Procuraduría General de la República previo pedimento del jerarca máximo supremo y previa declaratoria interna de lesividad, con detalle de los motivos de ese criterio. Lo anterior aplica igualmente cuando el acto lesivo dimane de los Poderes Legislativo y Judicial, así como del Tribunal Supremo de Elecciones, en cuanto ejerzan función administrativa. Tal representación se impone, además, en el caso de los actos del Poder Judicial emitidos en el ejercicio de su función administrativa, como es el caso de los actos dictados por el Consejo Superior, cuya lesividad debe declararse por la Corte Plena. Si es el caso de las administraciones públicas descentralizadas, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa. Debe aclararse que la pretensión anulatoria no puede ser planteada por vía de contrademanda. Finalmente, en cuanto a la dimensión temporal, el artículo 35 de la LRJCA establecía un plazo de cuatro años contados a partir de la fecha en que hubiere sido dictado para declarar lesivo el acto a los intereses públicos en sede administrativa. Luego, el numeral 37 inciso 3) de la misma Ley establecía un plazo de dos meses contados a partir de la referida declaratoria, para que el ente público planteara la acción contenciosa administrativa. La excepción a estas regulaciones temporales se configura en tutela de dominio público, caso en el que la acción de lesividad no está sujeta a plazo en aplicación de la cláusula general de imprescriptibilidad de ese tipo de bienes, según se deriva del canon 261 del Código Civil, (así reconocido por la normativa vigente en el artículo 34 inciso 2) del CPCA). De esa manera, en materia de demanialidad, el plazo para declarar la lesividad en las normas procesales de referencia es inaplicable, lo que implica que puede disponerse en cualquier momento. Finalmente, debemos señalar que, a la fecha, el artículo 34 del CPCA establece un plazo de un año contado a partir del día hábil siguiente a su emisión (que no de su comunicación) para declarar lesivo el acto a los intereses públicos en sede administrativa. Lo anterior, salvo los supuestos en que el acto padeciere de nulidad absoluta y siga surtiendo efectos, en cuyo caso, al tenor de lo regulado por el ordinal 34 inciso 1) del CPCA, esa declaratoria interna puede hacerse mientras perduren tales efectos.[...]".

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1

 

Tribunal Contencioso Administrativo

II Circuito Judicial de San José, Dirección04 

                    Central 2545-00-03                                                                   Fax 2545-00-33

                                      Correo Electrónico ...01

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EXPEDIENTE: 13-005326-1027-CA

PROCESO DE LESIVIDAD

ACTOR: EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

DEMANDADA: LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE

COADYUVANTE ACTIVO: EL ESTADO

TERCERO INTERESADO: EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL

No. 086-2019-VI

 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN SEXTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Dirección144 . Dirección01 , a las diez horas cuarenta minutos del doce  de julio del dos mil diecinueve. 

 Proceso de lesividad interpuesto por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (en adelante INDER) representado por su apoderado especial judicial Rodrigo Cervantes Barrantes, divorciado, abogado, cédula de identidad CED90613 y vecino de Montes de Oca, en contra de la ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE, representada por la presidente de su Junta Directiva, con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma, cargo ocupado últimamente por Nombre137819  , casada, cédula de identidad CED109272 y vecina de Talamanca. Interviene como coadyuvante activo el ESTADO, representado por el procurador José Joaquín Barahona Vargas, divorciado, abogado, con cédula de identidad CED109273 y en calidad de tercero interesado el FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (en adelante FONAFIFO) representado por su Director General con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, Nombre81943   , casado, ingeniero forestal, cédula de identidad CED68382 y vecino de San Pedro de Montes de Oca. Participan los (as) abogados (as) Eric Jiménez Trejos y Rosa Bustillos Lemaire, en condición  de apoderados especiales judiciales de la parte actora y demandada, respectivamente y la Licenciada Rosaura Solís Palma como abogada directora de FONAFIFO.

RESULTANDO

 1.- La parte actora formula esta demanda para que, en lo medular, en sentencia se declare: "(...) 1. Que se tenga por interpuesta la presente demanda. / 2. Que en razón de ser lesivos a los intereses públicos se anule el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 161, de la sesión 023-04, de fecha 21 de junio del 2004, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Dirección3659   folio real No. Placa3448 a favor de ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA-CARIBE correspondiente al Plano Catastrado Placa26017 -2000. / 3. Por conexidad, que se anule la escritura pública número 47 otorgada a las 10:00 horas, ante los notarios RANDY ANTHONY GORDON CRUICKSHANK Y EDUARDO NEWTON CRUICKSHANK SMITH, actuando en el protocolo del primero, y visible al folio 42 vuelto del tomo 5 de dicho protocolo, emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario, únicamente en lo que se refiere a la titulación de las finca Partido de Limón folio real No. Placa3448, a favor de ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE, correspondiente al Plano Catastrado L -0645227-2000. / 4. Por conexidad, que se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real Partido de Limón folio real No Placa3448 emitido por el Registro Nacional. / 5. Por conexidad, se anule cualquier inscripción que depare de la inscripción del inmueble inscritos en el Registro Nacional, Provincia de Limón Folio Real matrícula número Placa3448. / 6. Que se condene al demandado al pago de ambas costas de este juicio. (...)". Como medida cautelar, solicitó la anotación de la demanda en el Registro Nacional así como la abstención de conductas (por acción u omisión) de la demandada, para prevenir y evitar el menoscabo del patrimonio del Estado (imágenes 168 a 173 del expediente judicial digital escaneado en único archivo en formato PDF).

2.- La asociación demandada contestó la demanda, no opuso excepciones, solicitó que en sentencia "(...) se declare NULO, ÚNICAMENTE POR LOS DEFECTOS FORMALES NO CUMPLIDOS, EL TITULO DE PROPIEDAD COMO FUE SOLICITADO pero sin que esto afecte el derecho de posesión de mi representada sobre el bien inmueble, y se tenga por establecido que el mismo no constituye PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. (...)" y pidió la exoneración en costas, por haber actuado de buena fe (imágenes 185 a 192 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo en formato PDF).

3.- Mediante resolución No. 462-2014 dictada a las 13 horas 30 minutos del  28 de febrero del 2014, el juez tramitador declaró con lugar la medida cautelar solicitada, ordenó la anotación e inmovilización registral de finca del Partido de Limón, matrícula de folio real No. Placa3448 y previno a la asociación demandada abstenerse de conductas que por acción u omisión atenten contra la naturaleza en del inmueble referido (imágenes 194 a 202 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo en formato PDF).

4.- La audiencia preliminar prevista en el numeral 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA) se celebró el 17 de julio del 2014. Ahí, mediante resolución  No. 1751-2014, el juez de trámite dispuso llamar al proceso al Estado y la Contraloría General de la República (en adelante CGR), en calidad de terceros interesados, suspendiéndose la audiencia para los traslados respectivos.

5.- El 23 de febrero del 2015, la representación estatal opuso recurso de apelación en contra de la decisión adoptada en la resolución No. 1751-2014 citada; el que fue rechazado por la Sección Segunda del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en resolución No. 139-2015 dictada a las 11 horas 30 minutos del 25 de mayo de ese mismo año, por tenerlo en la calidad indicada, sea, de coadyuvante activo. También, el Estado contestó la audiencia conferida, pidió el acogimiento de la acción en todos sus extremos y requirió que se integrase al proceso al FONAFIFO. Esta contestación fue ampliada en memorial presentado el 24 de febrero siguiente (imágenes 264 a 404 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo en formato PDF).

6.- En escrito presentado al Despacho el 27 de febrero del 2015, la representación de la CGR manifestó no tener interés en participar en este proceso (imágenes 435 a 437 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo en formato PDF).

7.- En resolución de las 9 horas 26 minutos del 29 de junio del 2015, el juez de trámite confirió audiencia al FONAFIFO, para que manifestara si tenía interés de participar como tercero interesado en proceso (imagen 444 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo en formato PDF).

8.- En escrito presentado el 3 de agosto del 2015, la representación de ese órgano con personalidad jurídica instrumental manifestó su interés en participar en el proceso en calidad de tercero interesado y requirió tener como válido el contrato de pago de servicios ambientales número LM-01-222-0062-2011 suscrito por esa entidad con la asociación accionada (imágenes 444 a 454 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo en formato PDF).

9.- En resolución de las 14 horas 28 minutos del 27 de abril del 2016, el juez tramitador integró al Nombre28548 a este proceso, en calidad de tercero interesado (imágenes 455 a 457 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo en formato PDF).

10.- La audiencia preliminar continuó el 3 de marzo del 2017 con la presencia tanto de las partes como del coadyuvante activo y se dejó constancia de la inasistencia del FONAFIFO. Ante la solicitud del juzgador de aclaración de la posición de la asociación accionada, su representante se allanó a las pretensiones formuladas, a lo cual la institución actora indicó que renunciaba al cobro de las costas del proceso. En razón de lo anterior se suspendió la audiencia, para pasar el asunto a fallo (Respaldo digital de la audiencia en el Sistema de Escritorio Virtual y minuta visible a imágenes 469 a 472 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo en formato PDF).

11.- En auto dictado a las 13 horas 25 minutos del 14 de marzo del 2017, el juez coordinador del Despacho dispuso la suspensión del proceso, en atención a la acción de inconstitucionalidad que se tramitaba en ese entonces ante la Sala Constitucional en expediente número 14-012592-0007-CO, entre otras disposiciones, contra el artículo 34 del CPCA (imágenes 480 y 481 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo en formato PDF).

12.- Mediante sentencia No. 15945-2017 de las 11 horas 40 minutos del 4 de octubre del 2017, la Sala Constitucional desestimó la acción de inconstitucionalidad que había sido presentada, entre otros, contra el artículo 34 del CPCA. La parte dispositiva de este pronunciamiento fue publicada en el Boletín Judicial en los números 25, 26 y 27 de octubre, respectivamente (consulta al Sistema Costarricense de Información Jurídica).

13.- El expediente respectivo fue remitido a este Tribunal para el dictado del fallo pertinente según detalle en el Sistema Escritorio Virtual. No obstante, en auto de las 11 horas 30 minutos del 29 de noviembre del 2017, este Tribunal previno a la parte accionada completar los timbres del poder especial judicial que le confirió a la Bustillos Lemaire, así como que aportara el acuerdo firme de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la que aprobaran allanarse a las pretensiones de este proceso de lesividad. En respuesta de la anterior prevención, el 7 de diciembre del 2017, la presidenta de la asociación demandada aportó los timbres fiscales requeridos, únicamente (imágenes 486 a 494 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).

 14.- En resolución No. 153-2017-VI dictada a las 14 horas 30 minutos del 12 de diciembre del 2017, este Tribunal rechazó el allanamiento formulado por asociación accionada por falta de representación para tales efectos y devolvió el expediente a trámite para que se completaran los trámites establecidos en el ordenamiento procesal que rige esta jurisdicción, previo al dictado de la sentencia de fondo (imágenes 495 a 504 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).

 15.- La audiencia preliminar continuó el 3 de setiembre del 2018 con la presencia de la parte demandada y el coadyuvante activo, únicamente. Ahí, la asociación accionada solicitó un plazo prudencial para adoptar los acuerdos necesarios para concluir este proceso por allanamiento; a lo que el juez tramitador accedió, suspendiendo la causa hasta el 31 de diciembre del 2018, advirtiendo que, de no ser así, se convocaría a una nueva audiencia  (Respaldo digital de la audiencia en el Sistema de Escritorio Virtual y minuta visible a imágenes 531 y 532 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo en formato PDF).

16.- En escrito presentado el 13 de febrero del 2019, la representante de la asociación accionada presentó copia del acuerdo adoptado por su Asamblea General, en la que autorizaban el allanamiento en este proceso (imágenes 546 a 549 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo en formato PDF).

17.- La audiencia preliminar continuó el 26 de junio del 2019 con la presencia de la parte demandada y el coadyuvante activo, únicamente. Ahí, el juez tramitador dispuso que, en virtud de que la parte demandada se allanó totalmente a las pretensiones del ente actor, este asunto debía remitirse al Tribunal que por turno correspondiera, para el dictado del fallo respectivo (Respaldo digital de la audiencia en el Sistema de Escritorio Virtual y minuta visible a imágenes 575 y 576 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo en formato PDF).

 18.- El expediente respectivo fue remitido a este Tribunal el 8 de julio de este año para el dictado del fallo pertinente, según el detalle del Sistema Escritorio Virtual, en el que consta la totalidad del expediente judicial escaneado en un único archivo PDF. En los procedimientos no se observan nulidades que subsanar o que generen indefensión. Este asunto se ajusta, además, a lo dispuesto en el Reglamento sobre Expediente Judicial Electrónico ante el Poder Judicial, aprobado por Corte Plena, en el artículo XXXI de la sesión N° 22-13, celebrada el 20 de mayo de 2013. Previa deliberación, se dicta esta sentencia dentro del plazo establecido en el artículo 114 inciso 4) del CPCA y el  numeral 82 inciso 5) del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de esta jurisdicción, con redacción de la jueza ponente Abarca Gómez y el voto afirmativo de la jueza Fernández Brenes y el juez Garita Navarro.  

CONSIDERANDO

I.- Sobre el allanamiento como modo de terminación de los procesos. La reforma procesal plasmada a través del CPCA propugna por una justicia más ágil y eficiente, con plazos más cortos en el trámite y resolución de asuntos, sustentándose para ello en cuatro pilares ideológicos, todos ellos, de base constitucional, a saber: distribución de funciones que permite al Poder Judicial controlar las conductas públicas (artículos 9, 49, 153), sometimiento del Estado al Derecho en el cumplimiento de sus funciones o el ejercicio de sus competencias (artículo 11 -principio de legalidad en su doble visión-), control universal de la función administrativa, que elimina cualquier posibilidad de reductos exentos del control jurisdiccional del proceder público (artículo 49) y como corolario de esos enunciados, la tutela judicial efectiva (artículos 41 y 49). Todas esas máximas convergen para concretar una justicia pronta y cumplida, siempre teniendo en cuenta que el objeto de esta jurisdicción es garantizar la legalidad del ejercicio de la función administrativa y la tutela de las situaciones jurídicas que puedan verse afectadas en el marco de las relaciones jurídico-administrativas. Para tales efectos establece un proceso común compuesto por una serie de etapas que de manera concatenada, y cada una con una intencionalidad o ratio claramente establecida, buscan la depuración del proceso. Pero, a su vez, el CPCA regula institutos que facilitan la solución de la controversia por formas anticipadas de terminación del proceso, a saber, el desistimiento (113), el. allanamiento total o parcial (114), la satisfacción extraprocesal (115), la equiparación de resolución administrativa (116), la transacción (117) y el cumplimiento de conducta omitida (118). En el caso concreto del allanamiento, el Código de referencia establece requisitos que determinan su procedencia. Como primer aspecto, cuando la parte que expresa el allanamiento sea una Administración Pública, se impone como requisito sine qua non la presentación del acuerdo o resolución adoptada, para tales efectos, por el órgano competente. Cuando la representación de la Administración Pública corresponda a la Procuraduría General de la República (en los casos previstos en el canon 16 ibídem), tal exigencia debe proceder del (a) Procurador (a) General de la República. De igual manera, en virtud de las implicaciones de esta figura, la intencionalidad de allanamiento debe ser expresa e inequívoca, de modo que pueda desprenderse de manera contundente el deseo de aceptar las pretensiones de la parte actora. Incluso, esa manifestación debe detallar si el allanamiento es total o parcial a fin de establecer la terminación íntegra o fragmentada del proceso. Por otro lado, el inciso 4) del artículo 114 de ese mismo cuerpo legal estatuye que la sola manifestación de aceptar las pretensiones del actor, no presupone de manera automática, la estimación del marco petitorio. En efecto, según lo dispone esa norma: "En caso de allanamiento, el Tribunal, sin más trámite, dictará sentencia, la cual será emitida de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si se infringe el ordenamiento jurídico." Lo anterior es derivación lógica del control de legalidad que por imperativo constitucional debe realizar esta Jurisdicción Contencioso Administrativa. No podría ser de otra forma pues a tono con esta finalidad de control, el juzgador no podría prohijar allanamientos que en el fondo, conlleven o supongan infracciones sustanciales al ordenamiento jurídico o dislocaciones al interés público, dado que ello se traduciría en el abandono de ese control de legalidad y el aval de conductas públicas contrarias a derecho, en beneficio de un tercero. De ese modo, ante la manifestación de allanamiento, el juzgador debe ponderar si lo que en el fondo se pretende y constituye el objeto del proceso, se ajusta a ese parámetro de juridicidad, caso en el cual, dará por terminado el proceso, o por el contrario, resolverá lo que en derecho corresponda para concretar esa finalidad de tutela del ordenamiento jurídico. Por demás, es claro que cuando existan codemandados, el proceso debe continuar respecto de aquellos no se hayan allanado, cuando así corresponda en atención al objeto debatido.

 II.- Sobre el caso concreto. En la especie, el INDER formula este proceso de lesividad para que, en lo medular, en sentencia se declare la nulidad absoluta del acuerdo tomado por su Junta Directiva en el artículo 161, de la sesión 023-04, del 21 de junio del 2004, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Limón, matrícula de folio real No. Placa3448 a favor de la Asociación demandada, que se correspondiente al Plano Catastrado L-0645227-2000. Por conexidad, pide que también se declaren absolutamente nulos: a) La escritura pública No. 47 otorgada a las 10 horas ante los notarios Randy Anthony Gordon Cruickshank y Eduardo Newton Cruickshank Smith, actuando en el protocolo del primero y visible al folio 42 vuelto del tomo 5 de dicho protocolo, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Limón, matrícula de folio real No. Placa3448 a favor de Asociación accionada, correspondiente al plano catastrado L -0645227-2000. b) El asiento registral de inscripción de la finca del Partido de Limón, matrícula de folio real No Placa3448. c) Cualquier inscripción que depare de la inscripción del inmueble inscrito en el Registro Nacional, Provincia de Limón,  matrícula de folio real No. Placa3448. La asociación demandada se allanó totalmente a lo pedido por el ente accionante y aportó el acuerdo adoptado el 4 de diciembre del 2018 por su Asamblea General Extraordinaria en ese sentido, a condición de que no se le condene a costas por haber actuado de buena fe. Sin embargo, luego de un análisis cuidadoso, el Tribunal estima que no concurren los presupuestos normativos requeridos para tener por terminado este proceso de lesividad en virtud del allanamiento manifestado por la asociación demandada. Lo anterior por las siguientes razones. Como explicamos, estamos en un proceso de lesividad en el que el INDER pretende anular un acto suyo que declaró derechos en favor de la asociación accionada. Tomando en cuenta que el acto cuya nulidad se pretende en esta causa fue dictado en el año 2004, debe aplicarse lo dispuesto en el Transitorio III del CPCA, conforme al cual el régimen de impugnación de los actos administrativos que hayan quedado firmes en la vía administrativa antes de la vigencia del citado Código, se regirán por la legislación vigente en ese momento, a saber, la ya derogada Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (en adelante LRJCA). Pues bien, debemos tener presente que, de manera general, la lesividad se constituye en un mecanismo jurisdiccional en virtud del cual la Administración pretende la supresión de un acto propio que genera efectos favorables o declara derechos en favor de un administrado. Desde ese plano, en este tipo de contiendas, la lesividad es de corte subjetivo, en tanto pretende la anulación de una conducta que concede un derecho subjetivo o, en general, un beneficio a una persona. Si bien se analiza la validez de una conducta pública concreta (y no general) ese contenido favorable, ese control exige la participación del destinatario de esa conducta específica, a efectos de que pueda ejercitar su derecho de defensa y contradictorio respecto de pretensiones que buscan la alteración de su situación jurídica. Este proceso se encontraba regulado en los artículos 35 y 37 inciso 3) de la LRJCA (y hoy por el numeral 34 del CPCA), norma que fijaba los elementos previos y regulaciones procesales de esta figura, en relación con los numerales 173 inciso 6) y 183 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP). Desde la óptica de los presupuestos procesales, se imponen condiciones subjetivas, objetivas, procedimentales y temporales. En cuanto a la arista subjetiva, la legitimación activa se concede a la Administración autora del acto cuestionado, en tanto que el legitimado pasivo es el receptor de los efectos de la conducta declarada lesiva, sea, quien obtiene sus bondades. En su arista objetiva, debemos atender a que la lesividad se constituye en un mecanismo de supresión jurídica de actos administrativos –favorables o declarativos de derechos– que sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico; sea, los actos que padezcan de algún nivel de invalidez, sea absoluta o relativa, en cualquiera de sus tipologías, conforme a lo dispuesto en los artículos 128, 158, 165 y concordantes de la LGAP. En lo que respecta al orden procedimental, la Administración debe declarar lesivo a los intereses públicos esa conducta, lo que debe ser establecido dentro de un marco de acciones internas de la administración que son impostergables para formular la acción. En efecto, se impone que el jerarca máximo supremo de la Administración Pública respectiva declare la lesividad del acto, sea por lesión a intereses económicos, fiscales o de otra índole que se desprendan del interés público, para lo cual, ha de contar con un criterio jurídico-técnico de base que sustente esa determinación. A diferencia de otras figuras de supresión de conductas públicas (como es el caso de la nulidad oficiosa prevista en el artículo 173 LGAP), no requiere de audiencia al tercero, en tanto son acciones a lo interno de la Administración que buscan verificar la existencia expresa de voluntad administrativa emitida por el jerarca máximo, en el sentido de pretender la supresión del acto. Es dentro del proceso judicial que el tercero podrá establecer sus alegatos de defensa, por lo que la ausencia de su participación dentro de la fase administrativa para la declaratoria de lesividad, no cercena en modo alguno su derecho al debido proceso o procedimiento administrativo. Ahora bien, cuando el acto emane del Estado, sea, de la Administración Central, la demanda solo podrá ser incoada por la Procuraduría General de la República previo pedimento del jerarca máximo supremo y previa declaratoria interna de lesividad, con detalle de los motivos de ese criterio. Lo anterior aplica igualmente cuando el acto lesivo dimane de los Poderes Legislativo y Judicial, así como del Tribunal Supremo de Elecciones, en cuanto ejerzan función administrativa. Tal representación se impone, además, en el caso de los actos del Poder Judicial emitidos en el ejercicio de su función administrativa, como es el caso de los actos dictados por el Consejo Superior, cuya lesividad debe declararse por la Corte Plena. Si es el caso de las administraciones públicas descentralizadas, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa. Debe aclararse que la pretensión anulatoria no puede ser planteada por vía de contrademanda. Finalmente, en cuanto a la dimensión temporal, el artículo 35 de la LRJCA establecía un plazo de cuatro años contados a partir de la fecha en que hubiere sido dictado para declarar lesivo el acto a los intereses públicos en sede administrativa. Luego, el numeral 37 inciso 3) de la misma Ley establecía un plazo de dos meses contados a partir de la referida declaratoria, para que el ente público planteara la acción contenciosa administrativa. La excepción a estas regulaciones temporales se configura en tutela de dominio público, caso en el que la acción de lesividad no está sujeta a plazo en aplicación de la cláusula general de imprescriptibilidad de ese tipo de bienes, según se deriva del canon 261 del Código Civil, (así reconocido por la normativa vigente en el artículo 34 inciso 2) del CPCA). De esa manera, en materia de demanialidad, el plazo para declarar la lesividad en las normas procesales de referencia es inaplicable, lo que implica que puede disponerse en cualquier momento. Finalmente, debemos señalar que, a la fecha, el artículo 34 del CPCA establece un plazo de un año contado a partir del día hábil siguiente a su emisión (que no de su comunicación) para declarar lesivo el acto a los intereses públicos en sede administrativa. Lo anterior, salvo los supuestos en que el acto padeciere de nulidad absoluta y siga surtiendo efectos, en cuyo caso, al tenor de lo regulado por el ordinal 34 inciso 1) del CPCA, esa declaratoria interna puede hacerse mientras perduren tales efectos. En tal hipótesis, el año se computa desde el cese de los mismos y la sentencia que disponga la eventual nulidad, lo hará únicamente para la anulación e inaplicabilidad futura de la conducta anulada. Luego de esa declaratoria (y no a partir del vencimiento de ese primer año), se otorga un plazo de un año para plantear la acción contenciosa administrativa a modo de plazo fatal de caducidad, según lo estatuye el artículo 39 inciso e) del CPCA. La excepción a estas regulaciones temporales se configura en tutela de dominio público, caso en el que la acción de lesividad no está sujeta a plazo, según se deriva del artículo 34 inciso 2) del CPCA y en materia tributaria, ya que el ordinal 41 inciso 2) del CPCA establece que el plazo máximo para incoar el proceso será el mismo que disponga el ordenamiento jurídico como plazo de prescripción para el respectivo derecho de fondo que se discute, regulación que de manera expresa aplica incluso en el proceso de lesividad.

 III.- Como indicamos, en el caso que nos ocupa el ente actor pretende, en lo medular, que se declare la nulidad absoluta del acuerdo adoptado por la Junta Directiva del ente actor en el artículo 161 de la sesión 023-04 celebrada el 21 de junio del 2004, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la parcela 2002, bloque 9A del Programa de Titulación BIRF-2764-CR y que se encuentra inscrita en el Registro Nacional, Partido de Limón, matrícula de folio real No. Placa3448, a favor de la asociación aquí demandada. La demanda la formula el INDER, como autor del acto cuestionado y se presenta en contra de la persona a favor de quien surgen los efectos beneficiosos del acto (en este caso, el beneficiario de la titulación y actual propietaria registral del inmueble), por lo que en términos del ámbito subjetivo (tanto activo como pasivo), se cumple con las exigencias referidas. Tampoco se observa deficiencia alguna en el elemento objetivo dado que el acuerdo cuya nulidad se pretende constituye, sin duda, un acto declaratorio de derechos, en este caso, de propiedad de inmueble y sus atributos. Pero estimamos que no se satisface el elemento procedimental porque no se aportó a los autos la declaratoria interna de lesividad por parte del jerarca supremo administrativo ni el criterio jurídico de base para la anulación que se pretende. Si bien en el hecho 13 de la demanda el ente actor manifiesta que el acuerdo adoptado en el artículo 161 de la sesión 023-04 citada (cuya nulidad se pretende) fue declarado lesivo a los intereses públicos por el jerarca supremo de ese ente público, mediante acuerdo adoptado en el artículo 5 de la sesión ordinaria 011-2013 celebrada el 18 de marzo del 2013; lo cierto es que revisada esta última conducta administrativa (visible en las imágenes 143 a 155 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF), no se observa que la declaratoria que ahí se efectúa cubra al acto aquí impugnado. Veamos. El artículo 5 de la sesión ordinaria 011-2013 citada, en efecto declara lesivo a los intereses públicos distintos acuerdos relativos a 24 expedientes, de los cuales únicamente cuatro corresponden a la titulación de inmuebles del Programa de Titulación BIRF-2764-CR. De éstos, dos expedientes corresponden a titulaciones efectuadas en favor de la asociación aquí demandada, pero refieren a la parcela 2011 del bloque 8A (que corresponde al inmueble inscrito en el Registro Nacional, Partido de Limón, matrícula de folio real Placa26018) y a la parcela 2001 del bloque 9A (que corresponde al inmueble inscrito en el Registro Nacional, Partido de Limón, matrícula de folio real Placa25891). Como se observa, ninguno de esos inmuebles corresponde al que fue titulado a la asociación demandada en el acuerdo cuya nulidad se requiere en este proceso.  Así, con la documentación que consta en autos y a diferencia de lo que afirma el ente actor, es criterio de este Tribunal que el acuerdo adoptado por la Junta Directiva del ente actor en el artículo 161 de la sesión 023-04 celebrada el 21 de junio del 2004, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la parcela 2002, bloque 9A del Programa de Titulación BIRF-2764-CR y que se encuentra inscrita en el Registro Nacional, Partido de Limón, matrícula de folio real Placa1768. Placa3448 a nombre de la asociación accionada, no fue declarado lesivo a los intereses públicos en el artículo 5 de la sesión ordinaria 011-2013. Esta conclusión se refuerza en la parte dispositiva del referido artículo 5 de la sesión ordinaria 011-2013, la cual declara lesivo el artículo 161 de la sesión 023-04 citada pero únicamente respecto de dos de los inmuebles inscritos a nombre de la asociación accionada en el Registro Nacional, Partido de Limón, a saber, los de matrícula de folio real No. Placa25891 y Placa26018; que claramente no se corresponden con el inmueble objeto de este proceso. En virtud de lo expuesto, estimamos que en este caso no existe un acto del jerarca supremo del INDER que declare lesivo a los intereses públicos el artículo 161 de la sesión 023-04 celebrada el 21 de junio del 2004, en lo que se refiere a la titulación de la parcela 2002, bloque 9A del Programa de Titulación BIRF-2764-CR y que se encuentra inscrita en el Registro Nacional, Partido de Limón, matrícula de folio real No. Placa3448 a favor de la accionante. El incumplimiento de este requisito indispensable para la procedencia del proceso de lesividad conlleva una infracción al ordenamiento jurídico que impide a este Tribunal admitir el allanamiento solicitado por la asociación accionada; el cual debe ser rechazado por no concurrir todos los presupuestos establecidos en el artículo 114 del CPCA.  Como consecuencia de ello, no se admite la terminación anticipada del proceso por esa vía, debiendo, por consiguiente y una vez firme esta resolución, devolverse el expediente al juez tramitador para que el proceso continúe con la tramitación común.

 IV.- A mayor abundamiento, tome nota el juzgador de trámite que en escrito presentado el 3 de agosto del 2015, Nombre28548 manifestó su interés en participar en el proceso en calidad de tercero interesado y formuló una pretensión dirigida a que se tenga como válido el contrato de pago de servicios ambientales número LM-01-222-0062-2011 suscrito por esa entidad con la asociación accionada (imágenes 444 a 454 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo en formato PDF). Luego, por auto dictado a las 14 horas 28 minutos del 27 de abril del 2016, el juzgador de trámite dispuso, entre otros aspectos, tener a ese órgano con personalidad jurídica instrumental como tercero interesado, de conformidad con el numeral 15 del CPCA, pero no indicó nada respecto a la pretensión formulada. Se trata de un extremo cuyo examen no ha sido abordado por el juzgador de trámite ni por escrito, ni en las diferentes audiencias preliminares (a las que ni siquiera asistió Nombre28548) y que, estimamos, debe ser aclarado y resuelto de previo a que se dicte sentencia en esta causa. 

POR TANTO

Por no concurrir los presupuestos que exige el numeral 114 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se rechaza el allanamiento formulado por la asociación accionada. Una vez firme este pronunciamiento, devuélvase el expediente al juez tramitador, para que continúe con el trámite común.

Cynthia Abarca Gómez

Silvia Consuelo Fernández Brenes       José Roberto Garita Navarro

EXPEDIENTE: 13-005326-1027-CA

PROCESO DE LESIVIDAD

ACTOR: EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

DEMANDADA: LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE

COADYUVANTE ACTIVO: EL ESTADO

TERCERO INTERESADO: EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmado por:

CYNTHIA ABARCA GOMEZ, JUEZ/A DECISOR/A

ROBERTO GARITA NAVARRO, JUEZ/A DECISOR/A

SILVIA FERNÁNDEZ BRENES, JUEZ/A DECISOR/A

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 07:55:51.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Tribunal Contencioso Administrativo, Section VI

Resolution No. 00086 - 2019

Resolution Date: July 12, 2019 at 10:40

File: 13-005326-1027-CA

Drafted by: Cynthia Abarca Gómez

Type of matter: Lesividad proceeding

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL

Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: Derecho Procesal Contencioso Administrativo

Topic: Acquiescence (allanamiento) of the defendant in contentious-administrative matters

Subtopics:

Procedural requirements and legality control.

"I.- On acquiescence (allanamiento) as a method of terminating proceedings. The procedural reform embodied in the CPCA advocates for more agile and efficient justice, with shorter timeframes for processing and resolving matters, grounded on four ideological pillars, all of constitutional basis, namely: distribution of functions enabling the Poder Judicial to control public conduct (Articles 9, 49, 153), subjection of the State to the Law in fulfilling its functions or exercising its powers (Article 11 -principle of legality in its dual aspect-), universal control of administrative functions, eliminating any possibility of areas exempt from jurisdictional review of public action (Article 49), and as a corollary to these principles, effective judicial protection (Articles 41 and 49). All these maxims converge to achieve prompt and complete justice, always bearing in mind that the purpose of this jurisdiction is to guarantee the legality of administrative functions and the protection of legal situations that may be affected within the framework of legal-administrative relations. For such purposes, it establishes a common proceeding composed of a series of interlinked stages, each with a clearly established purpose or rationale, aimed at refining the process. But, in turn, the CPCA regulates mechanisms that facilitate resolution of the dispute through early forms of terminating proceedings, namely, withdrawal (desistimiento) (113), total or partial acquiescence (allanamiento) (114), extra-procedural satisfaction (satisfacción extraprocesal) (115), equivalency of administrative resolution (equiparación de resolución administrativa) (116), settlement (transacción) (117), and compliance with omitted conduct (cumplimiento de conducta omitida) (118). In the specific case of acquiescence (allanamiento), the referenced Code establishes requirements that determine its admissibility. As a first aspect, when the party expressing the acquiescence (allanamiento) is a Public Administration, the presentation of the agreement or resolution adopted for such purposes by the competent body is imposed as a sine qua non requirement. When the representation of the Public Administration corresponds to the Procuraduría General de la República (in the cases provided in canon 16 ibidem), such requirement must come from the Procurador(a) General de la República. Likewise, by virtue of the implications of this figure, the intention of acquiescence (allanamiento) must be express and unequivocal, so that the desire to accept the plaintiff's claims can be clearly and convincingly deduced. Moreover, that manifestation must specify whether the acquiescence (allanamiento) is total or partial to establish the complete or fragmented termination of the proceedings. On the other hand, subparagraph 4) of Article 114 of that same legal body stipulates that the mere statement of accepting the plaintiff's claims does not automatically presuppose the granting of the requested relief. Indeed, according to that provision: "In the event of acquiescence (allanamiento), the Tribunal, without further procedure, shall issue judgment, which shall be rendered in accordance with the plaintiff's claims, unless it infringes upon the legal order." The above is a logical derivation of the legality control that this Jurisdicción Contencioso Administrativa must perform by constitutional mandate. It could not be otherwise, for in keeping with this purpose of control, the judge cannot sanction acquiescences (allanamientos) that, in substance, entail or imply substantial infringements of the legal order or distortions of the public interest, as that would translate into the abandonment of that legality control and the endorsement of public conduct contrary to law, to the benefit of a third party. Thus, upon the manifestation of acquiescence (allanamiento), the judge must weigh whether what is fundamentally sought and constitutes the object of the proceeding conforms to that parameter of juridicity, in which case the proceeding will be terminated, or conversely, rule as appropriate in law to fulfill that purpose of protecting the legal order. Furthermore, it is clear that when there are co-defendants, the proceeding must continue with respect to those who have not acquiesced (allanado), when so appropriate given the object under debate [...]".

Citations of Legislation and Doctrine
Content of Interest:

Type of content: Majority vote

Branch of Law: Derecho Administrativo

Topic: Lesividad of administrative acts

Subtopics:

Analysis regarding its application and procedural prerequisites.

Topic: Administrative act

Subtopics:

Analysis regarding the application of lesividad and procedural prerequisites.

II.- On the specific case [...] Well, we must bear in mind that, generally, lesividad constitutes a jurisdictional mechanism by virtue of which the Administration seeks the suppression of its own act that generates favorable effects or declares rights in favor of an administered party. From that standpoint, in this type of dispute, the lesividad is of a subjective nature, insofar as it seeks the annulment of conduct that grants a subjective right or, in general, a benefit to a person. While the validity of a specific (and not general) public conduct with that favorable content is analyzed, that control requires the participation of the recipient of that specific conduct, so that they may exercise their right of defense and contradiction regarding claims seeking to alter their legal situation. This process was regulated in Articles 35 and 37, subparagraph 3) of the LRJCA (and currently by numeral 34 of the CPCA), a provision that set out the preliminary elements and procedural regulations of this figure, in relation to numerals 173, subparagraph 6) and 183 of the Ley General de la Administración Pública (hereinafter LGAP). From the perspective of procedural prerequisites, subjective, objective, procedural, and temporal conditions are imposed. Regarding the subjective aspect, active standing is granted to the Administration that issued the challenged act, while the passive standing belongs to the recipient of the effects of the conduct declared lesiva, that is, the one who obtains its benefits. In its objective aspect, we must note that lesividad constitutes a mechanism for the juridical suppression of administrative acts—favorable or declaratory of rights—that are substantially non-conforming with the legal order; that is, acts that suffer from some level of invalidity, whether absolute or relative, in any of its typologies, pursuant to the provisions of Articles 128, 158, 165 and concordant articles of the LGAP. Regarding the procedural order, the Administration must declare that conduct lesiva to the public interests, which must be established within a framework of internal administrative actions that are imperative before filing the action. Indeed, it is required that the supreme highest-ranking official of the respective Public Administration declare the lesividad of the act, whether due to injury to economic, fiscal, or other interests arising from the public interest, for which purpose they must have an underlying legal-technical opinion supporting that determination. Unlike other figures for the suppression of public conduct (such as the ex officio nullity provided in Article 173 LGAP), it does not require a hearing of the third party, as these are internal actions of the Administration aimed at verifying the express existence of administrative will issued by the highest-ranking official, in the sense of seeking the suppression of the act. It is within the judicial process that the third party may present their defense arguments; therefore, the absence of their participation within the administrative phase for the declaration of lesividad does not in any way curtail their right to due process or proper administrative procedure. Now, when the act emanates from the State, that is, from the Administración Central, the claim can only be filed by the Procuraduría General de la República upon prior request of the supreme highest-ranking official and prior internal declaration of lesividad, with details of the reasons for that criterion. The same applies when the act declared lesivo emanates from the Legislative and Judicial Branches, as well as the Tribunal Supremo de Elecciones, when exercising administrative functions. Such representation is also required in the case of acts of the Poder Judicial issued in the exercise of its administrative function, such as acts issued by the Consejo Superior, whose lesividad must be declared by the Corte Plena. In the case of decentralized public administrations, it must be declared by the supreme highest body of the administrative hierarchy. It should be clarified that the annulment claim cannot be raised by counterclaim. Finally, regarding the temporal dimension, Article 35 of the LRJCA established a period of four years counted from the date on which the act was issued to declare it lesivo to the public interests in the administrative venue. Then, numeral 37, subparagraph 3) of the same Law established a period of two months counted from the said declaration for the public entity to file the contentious-administrative action. The exception to these temporal regulations is configured in the protection of public domain, in which case the lesividad action is not subject to any period in application of the general clause of imprescriptibility of that type of property, as derived from canon 261 of the Código Civil, (as recognized by the current regulations in Article 34, subparagraph 2) of the CPCA). In this way, in matters of public domain (demanialidad), the period for declaring the lesividad in the referenced procedural rules is inapplicable, which implies that it may be ordered at any time. Finally, we must point out that, currently, Article 34 of the CPCA establishes a period of one year counted from the business day following its issuance (not its communication) to declare the act lesivo to the public interests in the administrative venue. The foregoing is excepted in cases where the act suffers from absolute nullity and continues to produce effects, in which case, pursuant to the provisions of ordinal 34, subparagraph 1) of the CPCA, that internal declaration may be made as long as such effects persist.[...]".

Citations of Legislation and Doctrine
Text of the resolution

Sign Document

1

Tribunal Contencioso Administrativo

II Circuito Judicial de San José, Dirección04
                    Central 2545-00-03                                                                   Fax 2545-00-33
                                      Correo Electrónico ...01
_______________________________________________________________________
FILE: 13-005326-1027-CA

LESIVIDAD PROCEEDING

PLAINTIFF: INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

DEFENDANT: ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE

ACTIVE COADJUVANT: EL ESTADO

INTERESTED THIRD PARTY: FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL

No. 086-2019-VI

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SIXTH SECTION. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Dirección144 . Dirección01 , at ten hours forty minutes on the twelfth of July, two thousand nineteen.

Lesividad proceeding filed by the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (hereinafter INDER) represented by its special judicial attorney-in-fact Rodrigo Cervantes Barrantes, divorced, lawyer, identity card CED90613 and resident of Montes de Oca, against the ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE, represented by the president of its Junta Directiva, with powers of generalísima attorney-in-fact without limit of sum, a position most recently held by Nombre137819, married, identity card CED109272 and resident of Talamanca. Intervening as active coadjuvant is el ESTADO, represented by the attorney José Joaquín Barahona Vargas, divorced, lawyer, with identity card CED109273, and as interested third party the FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (hereinafter FONAFIFO) represented by its Director General with powers of generalísimo attorney-in-fact without limit of sum, Nombre81943, married, forestry engineer, identity card CED68382 and resident of San Pedro de Montes de Oca. The lawyers Eric Jiménez Trejos and Rosa Bustillos Lemaire participate, in the capacity of special judicial attorneys-in-fact for the plaintiff and the defendant, respectively, and the Licenciada Rosaura Solís Palma as the directing lawyer of FONAFIFO.

RESULTANDO

1.- The plaintiff files this complaint so that, in its core, the judgment declares: "(...) 1. That this complaint be deemed filed. / 2. That, because it is lesivo to the public interests, the agreement adopted by the Junta Directiva of the Instituto de Desarrollo Agrario, in Article 161, of session 023-04, dated June 21, 2004, be annulled, solely with respect to the titling of the farm Dirección3659 folio real No. Placa3448 in favor of the ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA-CARIBE corresponding to the Catastral Map Placa26017 -2000. / 3. As a consequence, that public deed number 47 issued at 10:00 hours, before notaries RANDY ANTHONY GORDON CRUICKSHANK AND EDUARDO NEWTON CRUICKSHANK SMITH, acting in the protocol of the former, and visible on folio 42 vuelto of volume 5 of said protocol, issued by the Instituto de Desarrollo Agrario, be annulled, solely with respect to the titling of the farm Partido de Limón folio real No. Placa3448, in favor of the ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE, corresponding to the Catastral Map L -0645227-2000. / 4. As a consequence, that the registration entry for the farm registered under the Folio Real system Partido de Limón folio real No Placa3448 issued by the Registro Nacional be annulled. / 5. As a consequence, that any entry arising from the registration of the property registered in the Registro Nacional, Provincia de Limón Folio Real registration number Placa3448 be annulled. / 6. That the defendant be ordered to pay the costs of this litigation. (...)". As a precautionary measure, it requested annotation of the complaint in the Registro Nacional and the abstention of conduct (by act or omission) by the defendant, to prevent and avert damage to the State's patrimony (images 168 to 173 of the scanned digital court file in a single PDF document).

2.- The defendant association answered the complaint, did not raise defenses, requested that in judgment "(...) it be declared NULL AND VOID, SOLELY FOR THE UNADDRESSED FORMAL DEFECTS, THE PROPERTY TITLE AS WAS REQUESTED but without this affecting my client's right of possession over the real property, and that it be established that the same does not constitute PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. (...)" and requested exoneration from costs, for having acted in good faith (images 185 to 192 of the scanned digital court file in a single PDF document).

3.- By resolution No. 462-2014 issued at 13 hours 30 minutes on February 28, 2014, the procedural judge granted the requested precautionary measure, ordered the annotation and registral immobilization of the farm of Partido de Limón, folio real registration number No. Placa3448 and cautioned the defendant association to abstain from conduct that by act or omission threatens the nature on the referenced property (images 194 to 202 of the scanned digital court file in a single PDF document).

4.- The preliminary hearing provided for in numeral 90 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (hereinafter CPCA) was held on July 17, 2014. There, by resolution No. 1751-2014, the procedural judge ordered that the Estado and the Contraloría General de la República (hereinafter CGR), be joined to the proceedings in the capacity of interested third parties, with the hearing being suspended for the respective transfers.

5.- On February 23, 2015, the state representation filed an appeal against the decision adopted in the cited resolution No. 1751-2014; which was rejected by the Second Section of the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda in resolution No. 139-2015 issued at 11 hours 30 minutes on May 25 of that same year, as it was held in the indicated capacity, i.e., as active coadjuvant. Also, the Estado answered the granted hearing, requested the granting of the action in all its aspects, and required that FONAFIFO be joined to the proceeding. This answer was expanded in a submission filed on February 24th following (images 264 to 404 of the scanned digital court file in a single PDF document).

6.- In a writing filed with the Court on February 27, 2015, the representation of the CGR stated it had no interest in participating in this proceeding (images 435 to 437 of the scanned digital court file in a single PDF document).

7.- In the resolution issued at 9 hours 26 minutes on June 29, 2015, the procedural judge granted a hearing to FONAFIFO, so that it could state whether it had an interest in participating as an interested third party in the proceeding (image 444 of the scanned digital court file in a single PDF document).

8.- In a writing filed on August 3, 2015, the representation of that body with instrumental legal personality indicated its interest in participating in the proceeding in the capacity of interested third party and required that the contract for pago de servicios ambientales number LM-01-222-0062-2011 entered into by that entity with the defendant association be held valid (images 444 to 454 of the scanned digital court file in a single PDF document).

9.- In the resolution issued at 14 hours 28 minutes on April 27, 2016, the procedural judge joined Nombre28548 to this proceeding, in the capacity of interested third party (images 455 to 457 of the scanned digital court file in a single PDF document).

10.- The preliminary hearing continued on March 3, 2017, with the presence of both the parties and the active coadjuvant, and the non-attendance of FONAFIFO was noted. Following the judge's request for clarification of the position of the defendant association, its representative acquiesced (se allanó) to the claims made, to which the plaintiff institution indicated it waived the collection of proceeding costs. Due to the foregoing, the hearing was suspended, to submit the matter for judgment (Digital recording of the hearing in the Sistema de Escritorio Virtual and minutes visible at images 469 to 472 of the scanned digital court file in a single PDF document).

11.- In the order issued at 13 hours 25 minutes on March 14, 2017, the coordinating judge of the Court ordered the suspension of the proceeding, in view of the constitutional challenge that was then being processed before the Sala Constitucional in file number 14-012592-0007-CO, among other provisions, against Article 34 of the CPCA (images 480 and 481 of the scanned digital court file in a single PDF document).

12.- By judgment No. 15945-2017 of 11 hours 40 minutes on October 4, 2017, the Sala Constitucional dismissed the acción de inconstitucionalidad that had been filed, among others, against Article 34 of the CPCA. The operative part of this ruling was published in the Boletín Judicial on October 25, 26, and 27, respectively (consultation of the Sistema Costarricense de Información Jurídica).

13.- The respective court file was transmitted to this Tribunal for the issuance of the pertinent judgment as detailed in the Sistema Escritorio Virtual. However, in the order of 11 hours 30 minutes on November 29, 2017, this Tribunal cautioned the defendant to complete the stamps for the special judicial power of attorney it granted to Bustillos Lemaire, as well as to provide the final agreement of the Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, in which they approved acquiescing (allanarse) to the claims of this lesividad proceeding. In response to the preceding caution, on December 7, 2017, the president of the defendant association provided the required fiscal stamps only (images 486 to 494 of the scanned digital court file in a single PDF document).

14.- In resolution No. 153-2017-VI issued at 14 hours 30 minutes on December 12, 2017, this Tribunal rejected the acquiescence (allanamiento) formulated by the defendant association for lack of representation for such purposes and returned the file for processing so that the procedures established in the procedural law governing this jurisdiction could be completed, prior to the issuance of the judgment on the merits (images 495 to 504 of the scanned digital court file in a single PDF document).

15.- The preliminary hearing continued on September 3, 2018, with only the presence of the defendant and the active coadjuvant. There, the defendant association requested a reasonable period of time to adopt the necessary agreements to conclude this proceeding by acquiescence (allanamiento); to which the procedural judge agreed, suspending the case until December 31, 2018, warning that, if not done, a new hearing would be convened (Digital recording of the hearing in the Sistema de Escritorio Virtual and minutes visible at images 531 and 532 of the scanned digital court file in a single PDF document).

16.- In a writing filed on February 13, 2019, the representative of the defendant association presented a copy of the agreement adopted by its Asamblea General, authorizing the acquiescence (allanamiento) in this proceeding (images 546 to 549 of the scanned digital court file in a single PDF document).

17.- The preliminary hearing continued on June 26, 2019, with only the presence of the defendant and the active coadjuvant. There, the procedural judge ordered that, because the defendant had totally acquiesced (se allanó totalmente) to the claims of the plaintiff entity, this matter must be transmitted to the Tribunal that by turn corresponded, for the issuance of the respective judgment (Digital recording of the hearing in the Sistema de Escritorio Virtual and minutes visible at images 575 and 576 of the scanned digital court file in a single PDF document).

18.- The respective court file was transmitted to this Tribunal on July 8 of this year for the issuance of the pertinent judgment, as detailed in the Sistema Escritorio Virtual, in which the entire court file appears scanned in a single PDF document. In the proceedings, no nullities are observed that need to be corrected or that cause defenselessness. This matter also conforms to the provisions of the Reglamento sobre Expediente Judicial Electrónico ante el Poder Judicial, approved by Corte Plena, in Article XXXI of session No. 22-13, held on May 20, 2013. After deliberation, this judgment is issued within the period established in Article 114, subparagraph 4) of the CPCA and numeral 82, subparagraph 5) of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio of this jurisdiction, drafted by Judge Rapporteur Abarca Gómez and with the affirmative vote of Judge Fernández Brenes and Judge Garita Navarro.

CONSIDERANDO

I.- On acquiescence (allanamiento) as a method of terminating proceedings. The procedural reform embodied in the CPCA advocates for more agile and efficient justice, with shorter timeframes for processing and resolving matters, grounded on four ideological pillars, all of constitutional basis, namely: distribution of functions enabling the Poder Judicial to control public conduct (Articles 9, 49, 153), subjection of the State to the Law in fulfilling its functions or exercising its powers (Article 11 -principle of legality in its dual aspect-), universal control of administrative functions, eliminating any possibility of areas exempt from jurisdictional review of public action (Article 49), and as a corollary to these principles, effective judicial protection (Articles 41 and 49). All these maxims converge to achieve prompt and complete justice, always bearing in mind that the purpose of this jurisdiction is to guarantee the legality of administrative functions and the protection of legal situations that may be affected within the framework of legal-administrative relations. For such purposes, it establishes a common proceeding composed of a series of interlinked stages, each with a clearly established purpose or rationale, aimed at refining the process. But, in turn, the CPCA regulates mechanisms that facilitate resolution of the dispute through early forms of terminating proceedings, namely, withdrawal (desistimiento) (113), total or partial acquiescence (allanamiento) (114), extra-procedural satisfaction (satisfacción extraprocesal) (115), equivalency of administrative resolution (equiparación de resolución administrativa) (116), settlement (transacción) (117), and compliance with omitted conduct (cumplimiento de conducta omitida) (118). In the specific case of acquiescence (allanamiento), the referenced Code establishes requirements that determine its admissibility. As a first aspect, when the party expressing the acquiescence (allanamiento) is a Public Administration, the presentation of the agreement or resolution adopted for such purposes by the competent body is imposed as a sine qua non requirement. When the representation of the Public Administration corresponds to the Procuraduría General de la República (in the cases provided in canon 16 ibidem), such requirement must come from the Procurador(a) General de la República. Likewise, by virtue of the implications of this figure, the intention of acquiescence (allanamiento) must be express and unequivocal, so that the desire to accept the plaintiff's claims can be clearly and convincingly deduced. Moreover, that manifestation must specify whether the acquiescence (allanamiento) is total or partial to establish the complete or fragmented termination of the proceedings. On the other hand, subparagraph 4) of Article 114 of that same legal body stipulates that the mere statement of accepting the plaintiff's claims does not automatically presuppose the granting of the requested relief. Indeed, according to that provision: "In the event of acquiescence (allanamiento), the Tribunal, without further procedure, shall issue judgment, which shall be rendered in accordance with the plaintiff's claims, unless it infringes upon the legal order." The above is a logical derivation of the legality control that this Jurisdicción Contencioso Administrativa must perform by constitutional mandate. It could not be otherwise, for in keeping with this purpose of control, the judge cannot sanction acquiescences (allanamientos) that, in substance, entail or imply substantial infringements of the legal order or distortions of the public interest, as that would translate into the abandonment of that legality control and the endorsement of public conduct contrary to law, to the benefit of a third party. Thus, upon the manifestation of acquiescence (allanamiento), the judge must weigh whether what is fundamentally sought and constitutes the object of the proceeding conforms to that parameter of juridicity, in which case the proceeding will be terminated, or conversely, rule as appropriate in law to fulfill that purpose of protecting the legal order. Furthermore, it is clear that when there are co-defendants, the proceeding must continue with respect to those who have not acquiesced (allanado), when so appropriate given the object under debate.

II.- On the specific case. In the present matter, the INDER brings this lesividad proceeding so that, in its core, the judgment declares the absolute nullity of the agreement adopted by its Junta Directiva in Article 161, of session 023-04, of June 21, 2004, solely with respect to the titling of the farm Partido de Limón, folio real registration number No. Placa3448 in favor of the defendant Association, corresponding to the Catastral Map L-0645227-2000. As a consequence, it also requests that it be declared absolutely null and void: a) Public deed No. 47 issued at 10 hours before notaries Randy Anthony Gordon Cruickshank and Eduardo Newton Cruickshank Smith, acting in the protocol of the former and visible on folio 42 vuelto of volume 5 of said protocol, solely with respect to the titling of the farm Partido de Limón, folio real registration number No. Placa3448 in favor of the defendant Association, corresponding to the catastrophe map L -0645227-2000. b) The registration entry for the farm of Partido de Limón, folio real registration number No Placa3448. c) Any entry that arises from the registration of the property registered in the Registro Nacional, Provincia de Limón, folio real registration number No. Placa3448.

The defendant association fully acquiesced to all that was sought by the plaintiff entity and submitted the resolution adopted on December 4, 2018 by its Extraordinary General Assembly to that effect, on the condition that it not be ordered to pay costs because it had acted in good faith. However, after careful analysis, the Tribunal finds that the normative prerequisites required to terminate this lesividad proceeding by virtue of the acquiescence (allanamiento) expressed by the defendant association are not present. This is so for the following reasons. As we have explained, we are in a lesividad proceeding in which INDER seeks to annul one of its own acts that declared rights in favor of the defendant association. Taking into account that the act whose annulment is sought in this case was issued in the year 2004, the provision of Transitional Provision III of the CPCA must be applied, according to which the regime for challenging administrative acts that had become final in the administrative channel before the entry into force of said Code shall be governed by the legislation in force at that time, namely, the now-repealed Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (hereinafter LRJCA). It is therefore necessary to bear in mind that, generally speaking, lesividad constitutes a jurisdictional mechanism by which the Administration seeks the elimination of one of its own acts that generates favorable effects or declares rights in favor of an administered party. From that standpoint, in this type of dispute, lesividad is of a subjective nature, insofar as it seeks the annulment of a conduct that grants a subjective right or, in general, a benefit to a person. Although the validity of a specific (and not general) public conduct is analyzed, that favorable content and that review require the participation of the recipient of that specific conduct, so that they may exercise their right of defense and adversarial proceedings regarding claims that seek to alter their legal situation. This proceeding was regulated in Articles 35 and 37(3) of the LRJCA (and today by numeral 34 of the CPCA), a norm that established the prior elements and procedural regulations for this figure, in relation to numerals 173(6) and 183 of the Ley General de la Administración Pública (hereinafter LGAP). From the perspective of procedural prerequisites, subjective, objective, procedural, and temporal conditions are imposed. As to the subjective aspect, active standing is granted to the Administration that authored the challenged act, while the passive party with standing is the recipient of the effects of the conduct declared lesiva, that is, whoever obtains its benefits. In its objective aspect, we must note that lesividad constitutes a mechanism for the juridical elimination of administrative acts—favorable or declaratory of rights—that are substantially non-conforming with the legal system; that is, acts that suffer from some level of invalidity, whether absolute or relative, in any of its typologies, in accordance with the provisions of Articles 128, 158, 165 and concordant articles of the LGAP. Regarding the procedural order, the Administration must declare that conduct lesiva to the public interests, which must be established within a framework of internal actions of the administration that are essential for filing the action. Indeed, it is required that the supreme highest head of the respective Public Administration declare the lesividad of the act, whether due to injury to economic, fiscal, or other interests deriving from the public interest, for which purpose they must have a supporting legal-technical opinion to sustain that determination. Unlike other figures for eliminating public conduct (such as the ex officio nullity provided for in Article 173 LGAP), it does not require a hearing for the third party, as these are internal actions of the Administration aimed at verifying the express existence of administrative will issued by the highest head, in the sense of seeking the elimination of the act. It is within the judicial proceeding that the third party may present their defense arguments, so that the absence of their participation within the administrative phase for the declaration of lesividad in no way curtails their right to due process or administrative procedure. Now, when the act emanates from the State, that is, from the Central Administration, the lawsuit may only be filed by the Procuraduría General de la República upon prior request of the supreme highest head and prior internal declaration of lesividad, with details of the grounds for that opinion. The foregoing also applies when the lesivo act emanates from the Legislative and Judicial Branches, as well as from the Tribunal Supremo de Elecciones, insofar as they exercise administrative functions. Such representation is also required in the case of acts of the Judicial Branch issued in the exercise of its administrative function, as is the case of acts issued by the Consejo Superior, whose lesividad must be declared by the Corte Plena. In the case of decentralized public administrations, it must be declared by the supreme highest body of the administrative hierarchy. It must be clarified that the annulment claim may not be raised by way of counterclaim. Finally, regarding the temporal dimension, Article 35 of the LRJCA established a period of four years counted from the date on which it was issued to declare the act lesivo to the public interests in the administrative venue. Subsequently, numeral 37(3) of the same Law established a period of two months counted from the said declaration for the public entity to file the administrative contentious action. The exception to these temporal regulations is configured in the protection of public domain, in which case the lesividad action is not subject to any time limit in application of the general clause of imprescriptibility of that type of property, as derived from canon 261 of the Civil Code (as recognized by the current regulations in Article 34(2) of the CPCA). Thus, in matters of public domain, the time limit for declaring lesividad in the procedural norms of reference is inapplicable, which means that it may be ordered at any time. Finally, we must note that, currently, Article 34 of the CPCA establishes a period of one year counted from the next business day following its issuance (not its notification) to declare the act lesivo to the public interests in the administrative venue. The foregoing, except in cases where the act suffers from absolute nullity and continues to produce effects, in which case, pursuant to what is regulated by ordinal 34(1) of the CPCA, that internal declaration may be made as long as such effects persist. In such hypothesis, the year is counted from the cessation thereof and the judgment that orders the eventual nullity shall do so only for the annulment and future inapplicability of the annulled conduct. After that declaration (and not from the expiration of that first year), a period of one year is granted to file the administrative contentious action as a fatal statute of limitations period, as established by Article 39(e) of the CPCA. The exception to these temporal regulations is configured in the protection of public domain, in which case the lesividad action is not subject to any time limit, as derived from Article 34(2) of the CPCA, and in tax matters, since ordinal 41(2) of the CPCA establishes that the maximum period to initiate the proceeding shall be the same as that provided by the legal system as the statute of limitations period for the respective substantive right under discussion, a regulation that expressly applies even in the lesividad proceeding.

III.- As indicated, in the case before us the plaintiff entity seeks, in essence, that the absolute nullity be declared of the resolution adopted by the Board of Directors of the plaintiff entity in Article 161 of session 023-04 held on June 21, 2004, only with respect to the titling of lot 2002, block 9A of the BIRF-2764-CR Titling Program and which is registered in the National Registry, Partido de Limón, real folio registration number Placa3448, in favor of the defendant association here. The lawsuit is filed by INDER, as author of the challenged act, and is brought against the person in favor of whom the beneficial effects of the act arise (in this case, the beneficiary of the titling and current registered owner of the property), so that, in terms of the subjective scope (both active and passive), the referred requirements are met. Nor is any deficiency observed in the objective element, given that the resolution whose annulment is sought constitutes, without a doubt, an act declaratory of rights, in this case, of property ownership and its attributes. However, we consider that the procedural element is not satisfied because the internal declaration of lesividad by the supreme administrative head and the supporting legal opinion for the annulment sought were not provided to the record. While in fact 13 of the complaint the plaintiff entity states that the resolution adopted in Article 161 of the cited session 023-04 (whose annulment is sought) was declared lesivo to the public interests by the supreme head of that public entity, through a resolution adopted in Article 5 of ordinary session 011-2013 held on March 18, 2013; the truth is that upon review of this latter administrative conduct (visible in images 143 to 155 of the digital judicial file scanned into a single PDF file), it is not observed that the declaration made therein covers the act challenged here. Let us examine. Article 5 of the cited ordinary session 011-2013 indeed declares lesivo to the public interests various resolutions relating to 24 files, of which only four correspond to the titling of properties under the BIRF-2764-CR Titling Program. Of these, two files correspond to titlings carried out in favor of the defendant association here, but they refer to lot 2011 of block 8A (which corresponds to the property registered in the National Registry, Partido de Limón, real folio registration number Placa26018) and to lot 2001 of block 9A (which corresponds to the property registered in the National Registry, Partido de Limón, real folio registration number Placa25891). As can be seen, none of those properties corresponds to the one titled to the defendant association in the resolution whose annulment is sought in this proceeding. Thus, with the documentation that appears in the record and contrary to what the plaintiff entity asserts, it is the opinion of this Tribunal that the resolution adopted by the Board of Directors of the plaintiff entity in Article 161 of session 023-04 held on June 21, 2004, only with respect to the titling of lot 2002, block 9A of the BIRF-2764-CR Titling Program and which is registered in the National Registry, Partido de Limón, real folio registration number Placa3448 in the name of the defendant association, was not declared lesivo to the public interests in Article 5 of ordinary session 011-2013. This conclusion is reinforced in the operative part of the referred Article 5 of ordinary session 011-2013, which declares lesivo Article 161 of the cited session 023-04 but only with respect to two of the properties registered in the name of the defendant association in the National Registry, Partido de Limón, namely, those with real folio registration numbers Placa25891 and Placa26018; which clearly do not correspond to the property that is the subject of this proceeding. By virtue of the foregoing, we consider that in this case there is no act of the supreme head of INDER that declares Article 161 of session 023-04 held on June 21, 2004, with respect to the titling of lot 2002, block 9A of the BIRF-2764-CR Titling Program and which is registered in the National Registry, Partido de Limón, real folio registration number Placa3448 in favor of the plaintiff, lesivo to the public interests. The non-compliance with this indispensable requirement for the admissibility of the lesividad proceeding constitutes an infringement of the legal system that prevents this Tribunal from admitting the acquiescence (allanamiento) requested by the defendant association; which must be rejected because not all the prerequisites established in Article 114 of the CPCA are present. As a consequence thereof, the early termination of the proceeding by that means is not admitted, and therefore, once this ruling is final, the file must be returned to the processing judge so that the proceeding continues with the ordinary processing.

IV.- For further amplification, let the processing judge take note that in a brief filed on August 3, 2015, Nombre28548 expressed its interest in participating in the proceeding as an interested third party and formulated a claim aimed at having the environmental services payment contract number LM-01-222-0062-2011 entered into by that entity with the defendant association considered valid (images 444 to 454 of the digital judicial file scanned into a single file in PDF format). Subsequently, by order issued at 14 hours 28 minutes on April 27, 2016, the processing judge ordered, among other aspects, that said body be accorded instrumental legal personality as an interested third party, in accordance with numeral 15 of the CPCA, but said nothing regarding the claim formulated. This is an issue whose examination has not been addressed by the processing judge either in writing or in the various preliminary hearings (to which Nombre28548 did not even appear) and which, we consider, must be clarified and resolved prior to the issuance of judgment in this case.

POR TANTO

Because the prerequisites required by numeral 114 of the Código Procesal Contencioso Administrativo are not present, the acquiescence (allanamiento) formulated by the defendant association is rejected. Once this ruling is final, return the file to the processing judge, so that it may continue with the ordinary processing.

Cynthia Abarca Gómez

Silvia Consuelo Fernández Brenes       José Roberto Garita Navarro

EXPEDIENTE: 13-005326-1027-CA

PROCESO DE LESIVIDAD

ACTOR: EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

DEMANDADA: LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE

COADYUVANTE ACTIVO: EL ESTADO

TERCERO INTERESADO: EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmado por:

CYNTHIA ABARCA GOMEZ, JUEZ/A DECISOR/A

ROBERTO GARITA NAVARRO, JUEZ/A DECISOR/A

SILVIA FERNÁNDEZ BRENES, JUEZ/A DECISOR/A

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 07:55:51.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República