Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)CONSIDERANDO
V) CRITERIO DE ESTE JUZGADOR: Como se indicó líneas arriba, para este Juzgador la demanda no resulta desde ningún punto de vista irrazonable ni carente de seriedad, como para no poder ser abordada por el fondo en un proceso de conocimiento. [...] Respecto al peligro en la demora, si bien, con la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo se vino a solucionar en mucho, aquellos procesos que tardaban años e incluso décadas, hoy día por más esfuerzos que se han realizado los procesos aunque duran menos por las bondades de la oralidad, hay que cumplir con diferentes etapas, señalamientos en contraposición con agendas bastantes saturadas, etc, que hacen que los procesos duren un tiempo menor y razonable, pero tiempo al fin. Para la parte actora el daño resulta inminente, haciendo ver que se trata de una construcción cuyo valor supera los cuatro millones de dólares, lo cual asegura será una perdida millonaria grave dentro del patrimonio de su representado. [...] Así las cosas, al analizar en conjunto las posiciones de las partes, es la conclusión de este juzgador que ha de prevalecer el interés particular, frente a los intereses públicos o de terceros interesados; sin embargo por la particularidad del asunto, y al estar de por medio el interés público en la protección y cuido del ambiente, es necesario que en el siguiente apartado, se indique la forma en que ha de mantener, la suspensión de la conducta administrativa aquí cuestionada, veamos:
VI) DISPOSICIÓN INNOVATIVA Y RESOLUCIÓN DEL CASO: [...] como medida cautelar innovativa, se dispone -a parte de suspender la demolición de la construcción ya decretada en autos-, el deber de la parte actora de NO disposición y/o aprovechamiento de las edificaciones objeto de la medida cautelar, lo que quiere decir, que NO podrán ser ocupadas por ninguna persona o empresa, hasta que por el fondo en el proceso de conocimiento respectivo se disponga lo contrario.
English (translation)V) CRITERION OF THIS JUDGE: As indicated above, for this Judge the claim is by no means unreasonable or lacking in seriousness, such that it could not be addressed on the merits in a plenary proceeding. [...] Regarding the danger in delay, although with the entry into force of the Administrative Contentious Procedure Code the problem of proceedings that took years or even decades was largely solved, today, despite all efforts, even if proceedings last less time thanks to the advantages of orality, different stages must be completed, hearings scheduled against quite saturated agendas, etc., which means that proceedings last a shorter and reasonable time, but still time. For the plaintiff the damage is imminent, pointing out that it is a building whose value exceeds four million dollars, which he states will be a serious multi-million dollar loss to his client's assets. [...] Thus, analyzing the parties' positions as a whole, this judge concludes that the private interest must prevail over the public interest or that of affected third parties; however, due to the particularity of the matter, and since the public interest in protecting and caring for the environment is at stake, it is necessary in the following section to indicate how the suspension of the challenged administrative conduct is to be maintained, let us see:
VI) INNOVATIVE ORDER AND RESOLUTION OF THE CASE: [...] as an innovative interim measure, it is ordered —in addition to staying the demolition of the construction already ordered in the case— that the plaintiff must NOT dispose of and/or exploit the buildings subject to the interim measure, that is, they may NOT be occupied by any person or company, including the plaintiff company, until the main proceedings decide otherwise on the merits.
Interim measure granted
Grande Normal Pequeña Tribunal Contencioso Administrativo Resolución Nº 00424 - 2019 Fecha de la Resolución: 16 de Agosto del 2019 a las 16:25 Expediente: 19-004925-1027-CA Redactado por: Rodrigo Huertas Durán Clase de asunto: Medida cautelar ante causam Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Costas del proceso contencioso administrativo Subtemas: Improcedencia de condena al actor al pago de las causadas con la medida cautelar. Temas (descriptores): Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo Subtemas: Generalidades, requisitos esenciales y características estructurales. Improcedencia de condena en costas. Sentencias en igual sentido Texto de la resolución TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Correo Electrónico ...01 Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A (Antiguo edificio Motorola) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPEDIENTE: 19-004925-1027-CA PROCESO: MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM PROMOVENTE: CORPORACIÓN ULSAN S.A DEMANDADO: EL ESTADO (Tribunal Ambiental Administrativo) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N°424-2019-T TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, ANEXO A, Goicoechea, al ser las dieciséis horas veinticinco minutos del día dieciséis de Agosto del año dos mil diecinueve.- Solicitud de medida cautelar ante causam, interpuesta por la representación de la CORPORACIÓN ULSAN S.A en contra del EL ESTADO (Tribunal Ambiental Administrativo) .- RESULTANDO I) La presente solicitud de medida cautelar fue interpuesta el día veinticuatro de Julio del año dos mil, diecinueve; por medio de la cual la representación de la Corporación Ulsan S.A solicita lo siguiente: "(...) 1. suspender provisionalmente los efectos del siguiente acto administrativo: A) RESOLUCIÓN FINAL N°811-19-TAA de las diez horas veinte minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil diecinueve dictada POR EL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO dentro del expediente administrativo número 158-17-02-TAA. 2. Ordenar a la Municipalidad de San Carlos la no ejecución inmediata de RESOLUCIÓN N°811-19-TAA de las diez horas veinte minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil diecinueve dictada por el TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, la cual le fue notificada el día 27 de junio del 2019 y hay tiempo de ejecutarla hasta el día 27 de Julio del 2019 (...)". (ver escrito de interposición de fecha 24/07/2019).- II) Por resolución dictada al ser las dieciséis horas cinco minutos del día veinticuatro de Julio del presente año, este Tribunal admitió en carácter de provisionalísima la medida cautelar gestionada, y dispuso a lo que interesa lo siguiente: "(...) Se ordena en este acto la suspensión inmediata de la RESOLUCIÓN NÚMERO 811-19-TAA de las diez horas veinte minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil diecinueve dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo, dictada dentro del expediente administrativo número 158-17-02-TAA. Lo anterior hasta que este Tribunal tenga mayores elementos de juicio para resolver definitivamente la procedencia o no de esta medida cautelar.(...)". Ordenando además comunicarle a la Municipalidad de San Carlos esa disposición (ver resolución del 24/07/2019).- III) Por medio del escrito fechado siete de Agosto del presente año, la representación Estatal contestó de forma negativa la presente gestión cautelar, y dentro de sus pretensiones formula las que de seguido se transcriben de forma literal: " III. PETITORIA Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho expuestos, esta Representación solicita rechazar la medida cautelar solicitada por la parte accionante en este proceso contra el Estado. Ahora bien, de considerar ese Tribunal que debe otorgarse la medida cautelar pretendida, solicito de forma concomitante que al conceder la suspensión de los efectos de la resolución 811-19-TAA se ordene a COORPORACIÓN (sic) ULSAN S.A. no ejercer ningún tipo de aprovechamiento de las edificaciones objeto de la medida cautelar, es decir, que no se permita el uso de la infraestructura, ni el ingreso o permanencia de personas y, se mantenga la suspensión de la eficacia del contrato 04217. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por resolución 324-VEC-2019 del Departamento de Proveeduría del Poder Judicial (prueba de la actora número 3), la cual supeditó el reinicio de la contratación 04217 hasta tanto no se demuestre administrativa o judicialmente que el local en forma parcial o total no será derribado; se garantice el uso, gozo y disfrute del mismo y que ello no afecte el rango de protección de nacientes de agua protegidas. Por la forma en que está planteada la medida y como se contesta esta audiencia, solicito a ese Tribunal resolver esta cautelar prescindiendo de la audiencia oral que establece el inciso 2) del artículo 24 del CPCA.". (ver escrito fechado 07/08/2019).- IV) En los procedimientos se han observado las formalidades de Ley y no se notan vicios u omisiones que sean capaces de invalidar lo actuado o pueda generar indefensión para alguna de las partes. CONSIDERANDO I) GENERALIDADES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. Tal y como ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia. (Resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). Teniendo claro lo anterior, el juzgador con observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la norma procesal indicada, debe determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, verificando al efecto que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Bajo la misma línea de pensamiento, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece la obligación del juzgador de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia del particular, por un lado y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Adicionalmente y del mismo numeral 22 citado, se exige que la medida cautelar resulte instrumental y provisional.- II) REQUISITOS ESENCIALES PARA ADMITIR UNA MEDIDA CAUTELAR. Al respecto se ha dicho que el cumplimiento de la tutela cautelar, como derecho fundamental derivado del numeral 41 constitucional que es el derecho a obtener justicia pronta y cumplida, el órgano jurisdiccional debe valorar para su efectiva materialización, además del cumplimiento de los presupuestos conocidos en doctrina como Apariencia de Buen Derecho (Fumus Boni Iuris), Peligro en la demora (Periculum in Mora), así como la ponderación de intereses en juego, los cuales se detallarán adelante, la verificación sobre la presencia o existencia de las que se han dado en llamar, características estructurales de la medida cautelar. Refiere lo anterior a la instrumentalidad, la provisionalidad, la urgencia y la summaria cognitio o sumariedad del procedimiento. Tanto los presupuestos indicados como las características señaladas, han de estar presentes para el otorgamiento de la medida que se ha solicitado con la finalidad de proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. En lo que respecta a los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la medida cautelar, encontramos los siguientes: a) Apariencia de Buen Derecho: para la procedencia de la medida cautelar debe mediar "seriedad en la demanda", es decir, una probabilidad de éxito tal, que la demanda no resulte a simple vista palmariamente carente de seriedad, o en su caso que sea temeraria. Para la doctrina, no es otra cosa que la probable estimación posterior del derecho material del actor en la sentencia, mediante el análisis propio de un proceso sumarísimo que en forma alguna puede o debe, determinar pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, sino y en su lugar, únicamente una aproximación al mismo con los elementos presentes al momento del dictado del fallo que acoge o deniega la medida; b) Peligro en la Mora: consiste en el temor objetivamente fundado y razonable de que la situación jurídica sustancial aducida resulte seriamente dañada o perjudicada en forma grave e irreparable, durante el transcurso del tiempo necesario para dictar sentencia en el proceso principal. Este presupuesto requiere la presencia de dos elementos: el daño o perjuicio grave y la demora en el proceso de conocimiento, sin dejar de lado claro está, que dentro de este presupuesto se encuentra lo que la doctrina ha denominado como la "Bilateralidad del Periculum in Mora" o como comúnmente se le conoce, la ponderación de los intereses en juego. El presupuesto alude a la característica que habrán de encontrarse en los daños que se reprochen, son susceptibles de producirse, -actual o potencialmente-, de no adoptarse la medida que se requiere. Daños que deberán ser establecidos como graves, además de tenerse como derivados de la situación aducida. Las lesiones acusadas al menos deben ser comprobadas a través del principio racional de prueba por lo que no basta con aducir el daño en los términos dichos, sino que habrá de acreditarse las circunstancias para ser considerado un daño y que el mismo sea grave. En ese sentido, debe enfatizarse que no basta con alegar la existencia del daño o perjuicio, grave, actual o potencial, sino que debe probarse, lo cual, como se refirió líneas arriba, es una carga procesal que le corresponde asumir a la parte interesada en probar su dicho, artículo 317 del Código Procesal Civil. Sobre la demora en el proceso de conocimiento: Este presupuesto refiere a la situación que se genera con ocasión de los procesos jurisdiccionales que requieren para su desarrollo y posterior fenecimiento, la realización de una serie de actos a través de los cuales se garantiza no sólo el debido proceso, sino la emisión de un fallo que si no se pude llevar a cabo con prontitud al menos que sea justo. El ponerle fin a un proceso de conocimiento demanda tiempo y es precisamente donde la tutela cautelar adquiere especial relevancia, por cuanto mientras llega esa decisión del caso se esta evitando graves daños, que en el caso de darse haría nugatorio el derecho que se reclama. Con la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, se vino a solucionar en mucho, aquellos procesos que tardaban años e incluso décadas, hoy día por más esfuerzos que se han realizado los procesos aunque duran menos, por las bondades de la oralidad, hay que cumplir con diferentes etapas, señalamientos, en contraposición con agendas bastantes saturadas, etc, que hacen que los procesos duren un tiempo razonable, pero tiempo al fin. Sobre la bilateralidad del periculum in mora: Bajo esta denominación se alude a la ponderación de los intereses en juego, vinculado ello con el interés público que sea susceptible de encontrarse en necesidad de ser protegido, frente al interés de terceros y por supuesto al interés de quien acude por medio de una medida cautelar, debiendo valorarse comparativamente los mismos, imponiéndose la denegatoria de la medida cuando el perjuicio sufrido o susceptible de ser producido a la colectividad o terceros, sea superior al que podría experimentar el solicitante de la medida.- III) CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA MEDIDA CAUTELAR: Tal y como fuera señalado, además de los presupuestos ya indicados, es necesario que la medida que vaya adoptarse, estructuralmente cuente con las siguientes características: la instrumentalidad lo que significa que guardan una marcada relación de accesoriedad con la sentencia final, pues en definitiva, sirven de instrumento para mantener la vigencia del objeto del proceso en los términos planteados, la provisionalidad, que no es otra cosa que lo acordado respecto de la cautelar, se mantendrá en vigencia y condicionado a lo que se resuelva en el proceso de fondo. Cabe resaltar que también puede ser cesada o modificada en cualquier momento, ante la variabilidad de las condiciones que originariamente le dieron cabida, o bien, adoptar la que de previo hubiere sido rechazada, tal y como lo establece el numeral 29 del Código Procesal Contencioso Administrativo, por lo que su eficacia se agota al momento de dictarse la sentencia de mérito, o lo que es lo mismo tiene efectos supeditados a la disposición adoptada en el proceso principal; la urgencia para evitar el peligro en la mora, así como la sumaria cognitio <esto es>, que este tipo de medidas son adoptadas en virtud de una cognición sumarísima efectuada por el órgano jurisdiccional sin entrar a prejuzgar sobre el mérito del asunto, que de forma alguna podría sustituir las etapas del proceso de conocimiento. Partiendo del anterior marco normativo de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto.- IV) SOBRE EL CASO BAJO ESTUDIO. Estudiados los autos a la luz de los elementos probatorios y argumentos esbozados por ambas partes, este Despacho considera que si concurren -en los términos que se dirán- los elementos para dictar la medida cautelar solicitada por la representación de la Corporación Ulsan S.A. Veamos a lo que interesa para la resolución de la presente gestión cautelar, que indicó la representación de la Corporación Ulsan S.A; informa que lo que la resolución N°811-19-TAA dictada al ser las diez horas veinte minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil diecinueve, por el Tribunal Ambiental Administrativo dentro del expediente administrativo número 158-17-02-TAA, la cual dispuso, para lo que interesa en el presente asunto: - Ordena en el plazo de un mes, proceder con la demolición de todas las edificaciones que se encuentran dentro del área de protección de la "naciente 1" ubicada en las coordenadas latitud 256.806 y longitud 488.775 tal como dispone el Anexo 2 del informe de inspección TAA-DT-080-18. - Ordena a FIDUCIARIA DE INVERSIÓN AHORRO COOCIQUE S.A. cédula jurídica CED12802 y a CORPORACIÓN ULSAN S.A. cédula jurídica CED12800 - reforestar el área afectada y realizar un plan de reforestación. - Ordenar a la Municipalidad de San Carlos la ejecución inmediata de la resolución final N°811-19-TAA de las diez horas veinte minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil diecinueve dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo. Es consideración de la representación actora, que con sustento en la imagen que aporta, el radio de protección de la supuesta naciente; la cual afirma que fue declarada sin estudios técnicos; correspondiente a 200 metros, de forma tal que que los edificios por demoler no solo implica el de su representada (en propiedad de fideicomiso) sino que también incluye caminos públicos municipales (avenida 15, calles 6 y 8), la Escuela Cooperativa Urcozon, propiedades vecinas entre las que colindan casas de habitación y comercios, el balneario Municipal entre otras más. Informa que en el año 2016 el Poder Judicial inició la Contratación Directa N°2016CD-000024-PROVEX resultó adjudicada su representada, donde el objeto de dicho contrato administrativo fue el arrendamiento de local para alojar los despachos de la reforma procesal laboral y civil de San Carlos. Agrega que el día 18 de mayo del 2018 fiduciaria de inversión ahorro COOCIQUE S.A. y CORPORACIÓN ULSAN S.A. firmaron el contrato de Fideicomiso de Garantía y Administración N°103-17 donde Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada R.L (COOCIQUE, R.L) le otorgó un crédito a Corporación Ulsan S.A. por la suma aproximada de $1,200,000 (un millón doscientos mil dólares), esto con la finalidad de que junto con los recursos de su representada se construyera dicho edificio en la finca matrícula folio real Placa2446 donde se alojarían los despachos del Poder Judicial de la Reforma Procesal Laboral y Civil de San Carlos. Que se fijó como parte de la garantía de pago el precio de arrendamiento fijado por el Poder Judicial en la Contratación Directa N°2016CD-000024-PROVEX correspondiente a la suma mensual de $38.950 (treinta y ocho mil novecientos cincuenta dólares). Que el día 20 de octubre del 2017 el Tribunal Ambiental Administrativo mediante la resolución 1349-17.TAA, dio inicio a un proceso ordinario administrativo en contra de la sociedades Fiduciaria de Inversión Ahorro Coocique S.A. y Corporación Ulsan S.A. por supuesta afectación de un área de protección de una naciente no declarada en la finca matricula folio real Placa2446. Que el día 21 de Junio del 2017 el genero Ignacio Campos Rodríguez de la Unidad Hidrológica Tárcoles- Pacífico Central de la Oficina San Ramón de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía mediante el informe de inspección DA-UHTPCOER-0078-2018 dispuso a pesar de que no era posible dictaminar afirmativamente que el cuerpo de aguda denominado "sin nombre n°1" era una naciente, se iba a determinar de esa forma, y que lo mismo se determinó en el Informe DA-UHTPCOSR-0079-2018. Agrega que el día 12 de octubre de 2018 el Tribunal Ambiental Administrativo mediante el acta N°76 , realizó visita in-situ; en dicha visita, nuevamente, no se pudo acreditar que el cuerpo de agua llamado en el proceso como "sin nombre n°1", efectivamente era una naciente, y que solo se realizaron observaciones de campo sin Estudios Hidrogeológicos. Manifiesta que el día 27 de mayo del 2019 el Tribunal Ambiental Administrativo dictó la resolución N°311 -19-TAA de las diez horas veinte minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil diecinueve y dispuso, para lo que interesa en el presente asunto, que: "En el plazo de un mes, se debía proceder con la demolición de todas las edificaciones que se encuentran dentro del área de protección de la "naciente 1" tal como dispone el Anexo 2 del informe de inspección TAA-DT-080-18 (visible de folio 72 a 74 vuelto del expediente administrativo). Ordenar a FIDUCIARIA DE INVERSIÓN AHORRO COOCIQUE S.A. cédula jurídica CED12802 y a CORPORACIÓN ULSAN S.A. cédula jurídica CED12800 reforestar el área afectada y realizar un plan de reforestación. En caso de que FIDUCIARIA DE INVERSIÓN AHORRO COOCIQUE S.A. y CORPORACIÓN ULSAN S.A. no realizaran dicha demolición o no les fuera posible hacerla, debía la Municipalidad de San Carlos en el plazo de un mes, en ejecución sustitutiva de dicha resolución; demoler todas las edificaciones que se encuentran dentro del área de protección de la "naciente 1". Informan que el día 27 de junio del 2019, la Municipalidad de San Carlos fue notificada de la resolución resolución N°811-1 9-TAA, empezando a correr el plazo del mes, es decir, al día 27 de julio se estará iniciando, a más tardar con la demolición de todas las edificaciones dentro del rango de protección del cuerpo de agua denominado "naciente n°1. Agrega que el día 03 de Julio del 2019, el Departamento de Proveeduría del Poder Judicial dictó la resolución Número 324-VEC-2019 por medio de la cual se dispuso la suspensión del contrato de la Contratación Directa N°2016CD-000024-PROVEX hasta por 6 meses a partir de la notificación de dicha resolución, esto en razón del dictado de la resolución final N°811-19-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo, disponiendo que la única forma que el reinicio de la contratación administrativa se diera, será porque la administración o adjudicante se garantizara el uso, goce y disfrute del edificio. Informa que el día 10 de julio del 2019 el Doctor Allan Astorga Gättgens, Consultor Ambiental SETENA CI - O84 - 1998 y Geólogo, C.G.C.R. No. 112, a solicitud de CORPORACIÓN ULSAN S.A. y bajo fe de juramento el estudio hidrogeológico AAG 10-01-2019/ 01 (VER PRUEBA N°4) donde dispuso que a nivel científico existía un alto grado de probabilidad que la naciente "naciente n°1" contenida en la RESOLUCIÓN N°811-1 9-TAA, en realidad no lo sea y que más bien se trate de un flujo sub-superficial o salida de agua de un pequeño acuífero colgado. Agrega que existe información hidrogeológica; por medio de la cual se conoce el sentido del movimiento del agua subterránea, se concluye que el edificio construido no representa ningún tipo de afectación a la eventual naciente dado que el mismo se localiza al norte, es decir gradiente hidráulico abajo. En consideración de todo esto, concluye que la medida de demoler la obra se considera innecesaria y sin el debido sustento científico. Con relación a la Apariencia de Buen Derecho considera que la resolución final número 811-19-TAA dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo carece de fundamento técnico -ambiental ya que afirma fue dictada sin existir estudios Hidrogeológico que así la declare y acredite. Asegura que su representada acudirá al proceso ordinario a discutir técnica y científicamente si el cuerpo de agua denominado "naciente n°1" se configura como una naciente permanente o no, ya que del expediente administrativo, que declara la naciente, ni si quiera existe un estudio hidrogeológico que lo respalde. Considera que su teoría del caso se encuentra razonablemente motivada, y por ello no la consideran temeraria. Con relación a la Ponderación de Intereses en Juego, a su consideración a quien más se perjudican son a todos los propietarios de las fincas y edificaciones que están dentro del radio de protección de la supuesta naciente, incluida su representada, a la Municipalidad de San Carlos, ya que afirma que dentro del radio de protección se localiza el Balneario Municipal y los caminos públicos correspondientes a la Dirección2106 , y en igual sentido al centro Educativo "Escuela Cooperativa Urcozon" que según informa alberga más de 300 alumnos. Y que de igual manera, tal como indica el estudio hidrogeológico, actualmente dicha edificación (más cercana al cuerpo de agua) no representa un peligro o afectación a la posible naciente y por consiguiente una afectación ambiental actual y potencial. Con relación al Peligro en la Demora; hace ver que ésta medida cautelar es de extrema necesidad y urgencia por cuanto la resolución N°811-19-TAA ordena demoler todas las edificaciones que se encuentran en el radio de protección de la "naciente N°1. Agrega que demoler todas las edificaciones dentro del radio de protección, sin duda alguna implica una afectación grave y generalizada, no solo de los intereses de su representada, sino también los de todos los vecinos y los de la corporación municipal, que conforme a la sana crítica racional, propiamente las reglas de la lógica y la experiencia, dejar personas sin casa, demoler un centro educativo (escuela), alterar y demoler vías públicas sin duda alguna provoca un peligro actual, real y objetivo, no solo individual, sino también generalizado. Que no suspender los efectos del acto administrativo en cuestión, provocará que no se pueda alojar los despachos de la reforma procesal laboral y civil de San Carlos, aspecto urgente para dicho circuito judicial, por cuanto conforme a la Contratación Directa N°2016CD-000024-PROVEX existe un interés público que satisfacer, por cuanto actualmente no existen despachos para tales fines. Agrega que de igual manera dicho acto administrativo provocará un peligro y daño grave en la esfera particular de su representada, esto por cuanto, si el acto administrativo N°811-19-TAA -el cual enfatiza carece de sustento técnico- se ejecuta por parte del Tribunal Ambiental y la Municipalidad de San Carlos, implicará la demolición de una edificación cuyo valor supera los $4,000,000 (cuatro millones de dólares), lo que asegura implicaría una perdida económica grave dentro del patrimonio de su representada, dado que dicho edificio fue construido con recursos mixtos, productos del peculio de su representada y del financiamiento de COOCIQUE. Asegura además que provocará que la Contratación Directa N°2016CD-000024-PROVEX no pueda ser reanudada y que por el contrario se resuelva dicho contrato administrativo, el cual a su vez, conforme a la cláusula tercera del contrato de fideicomiso, es la garantía de pago del crédito adquirido por su representada con Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada R.L (COOCIQUE, R.L); provocando con esto que su representada entre en mora y sea ejecutada. En sustento de lo anterior, la representación de la Corporación Ulsan S.A, aporta como prueba documental la siguiente: "1. Contrato de Fideicomiso de Garantía y Administración N°103-17 donde COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD QUESADA R.L (COOCIQUE, R.L) le otorgó un crédito a CORPORACIÓN ULSAN S.A. por la suma aproximada de $1,200,0o0 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL DÓLARES). 2. Expediente administrativo número 158-17-02-TAA del TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. 3.RESOLUCIÓN N° 324-VEC-2019 del DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA DEL PODER JUDICIAL. 4. Estuvo hidrogeológico AAG 10-01-2019/ 01 rendido por el DR. ALLAN ASTORGA GÄTTGENS, Consultor Ambiental SETENA CI - 084 - 1998 y Geólogo, C.G.C.R. No.112. 5. Poder Especial Judicial y personería jurídica de CORPORACIÓN ULSAN." Por su parte la representación de Estatal, para lo que resulta de interés para la resolución de esta gestión cautelar ha indicado lo siguiente: Considera que la resolución 811-19-TAA se encuentra ajustada a derecho (principio de legalidad artículos 11 Constitucional y 11 de la LGAP) y se fundamenta en el criterio técnico rendido por los órganos competentes como son la Dirección de Agua y el SINAC. Destaca que dentro del procedimiento administrativo realizado en el Tribunal Ambiental Administrativo, se analizaron todos los hechos y pruebas ofrecidas por los órganos técnicos competentes Legalmente para dictaminar si existe o no una naciente, en consecuencia, existe un amplio criterio técnico -ver el expediente administrativo 158-17-02-TAA- vertido tanto el SINAC como la Dirección de Aguas quienes realizaron inspecciones de campo realizadas en el sitio. Considera que no se configura, no se demuestra la probabilidad de acogimiento de la demanda principal, haciendo ver que de tenerse por acreditado este presupuesto, solicita el rechazo de la misma por considerar que no se cumplen con los presupuestos de peligro en la demora ni la ponderación de los intereses en juego. Con relación al Peligro en la Demora, considera que en este caso es inexistente, ya que no se fundamentó el daño grave ni se demostró la urgencia en la adopción de la medida cautelar solicitada. A la representación Estatal le resulta importante el señalar que el código procesal contencioso administrativo en este presupuesto (art 21 CPCA) en particular y la jurisprudencia misma ha señalado que este daño debe ser acreditado, no es que se deja de manera laxa su acreditación, existe la obligación de quien pide la tutela cautelar de demostrar la existencia de este daño. Agrega que no basta con que la conducta produzca una lesión a la esfera jurídica del justiciable, sino que esta lesión tiene que revestir una especial relevancia y es la gravedad. Es consideración de la representación Estatal que la accionante se limitó simplemente a dar una serie de apreciaciones subjetivas, ya que no aportó ningún tipo de prueba que acredite su dicho. Afirma que el daño alegado sobre el no alojamiento de los Despachos judiciales no se debe al actuar administrativo sino a las actuaciones ilegales que realizó la CORPORACION ULSAN S.A; daño auto-producido. Agrega que como se desprenden de las pruebas aportadas por la promovente, no se acredita su dicho. El contrato de configuración de fideicomiso fue por la suma aproximada a los $1200000 dólares y no los $4000 000 que indicó sin aportar pruebas que lo sustenten. Considera que no se configura el presupuesto de peligro en la demora, y en consecuencia la solicitud de medida cautelar debe de ser rechazada. Con relación a la Ponderación de los Intereses en Juego; considera que debe de prevalecer el interés público de protección de las nacientes sobre el interés económico de la parte promovente; que el resguardo a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado exigido por la Constitución Política, así como su uso racional y sostenible de los recursos naturales son interese públicos superiores. Agrega que el principio precautorio en materia ambiental o principio in dubio pro natura, implica que todas las actuaciones de la administración pública en temas sensibles al ambiente, sean realizadas con el celo adecuado para evitar riesgos y daños graves e irreversibles; lo que quiere decir que existe una obligación por parte de los poderes públicos, de adoptar aquellas medidas destinadas a evitar, mitigar o corregir los efectos adversos para el ambiente que generan las actividades o acciones humanas. Agrega que el posible daño en la esfera patrimonial que señala la accionante es consecuencia de una situación o actitud antijurídica de la propia CORPORACIÓN ULSAN S.A., quien, a sabiendas de las limitaciones legales de su terreno por tratarse de nacientes, decidió invadir su área de protección sin respetar las restricciones que le exige el ordenamiento jurídico vigente (Nadie puede alegar ignorancia de la Ley). Es consideración de la representación Estatal que por argumentos esgrimidos, debe prevalecer el interés público de proteger la naciente permanente sobre el interés privado de la promovente, en consecuencia, solicita que así se decrete y se rechace la medida cautelar. Por todo lo anterior pretende que se rechace la gestión cautelar, pero si el Tribunal considera que debe de otorgarse la medida cautelar peticionada, solicita concomitantemente lo siguiente: " (...) que al conceder la suspensión de los efectos de la resolución 811-19-TAA se ordene a COORPORACIÓN ULSAN S.A. no ejercer ningún tipo de aprovechamiento de las edificaciones objeto de la medida cautelar, es decir, que no se permita el uso de la infraestructura, ni el ingreso o permanencia de personas y, se mantenga la suspensión de la eficacia del contrato 04217. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por resolución 324-VEC-2019 del Departamento de Proveeduría del Poder judicial (prueba de la actora número 3), la cual supeditó el reinicio de la contratación 04217 hasta tanto no se demuestre administrativa o judicialmente que el local en forma parcial o total no será derribado, se garantice el uso, gozo y disfrute del mismo y que ello no afecte el rango de protección de nacientes de agua protegidas.(...)". V) CRITERIO DE ESTE JUZGADOR: Como se indicó líneas arriba, para este Juzgador la demanda no resulta desde ningún punto de vista irrazonable ni carente de seriedad, como para no poder ser abordada por el fondo en un proceso de conocimiento. Existen situaciones que al no ser propias de abordar en esta etapa cautelar, no se entraran a tocar profundamente, sin embargo si se deben de citar en respaldo de este pronunciamiento. Tanto las resoluciones administrativas aquí cuestionadas, como las manifestaciones de las partes, están enfocadas a defender sus diferentes posturas. En este caso existe una disconformidad de parte de la representación de la corporación accionante al afirmar que la administración sin estudios técnicos, declaró un radio de protección de una supuesta naciente, que afectaría no solo a su representada; sino además a la propia Municipalidad de San Carlos, al incluir el radio de protección, caminos públicos municipales, un centro educativo denominado "Escuela Cooperativa Urcozon" propiedades vecinas como casas de habitación y comercios, así como el Balneario Municipal entre otros. Donde asegura que en la visita al campo solo se realizaron observaciones en el sitio, sin estudios Hidrogeológicos. Para la parte actora existe seguridad que el edificio construido no representa ningún tipo de afectación a la eventual naciente dado que la misma se localiza al norte, es decir gradiente hidráulico abajo, considerando con ello que la medida de demoler la obra es innecesaria y sin el debido sustento científico. Las anteriores manifestaciones las realiza basado en la declaración Jurada realizada en fecha 10 de Julio del 2019 por parte del Doctor Allan Astorga Gättgens, en su calidad de Consultor Ambiental de SETENA CI-084-1998 y Geólogo C.G.CR N°112 a solicitud de la representación actora. Para la representación accionante su gestión principal dentro del proceso de conocimiento será discutir técnica y científicamente si el cuerpo de agua denominado "naciente n°1" se configura como una naciente permanente o no, ya que asegura, que del expediente administrativo que declara la naciente, ni siquiera existe un estudio hidrogeológico que lo respalde. Hace ver que le sorprende que los funcionarios intervinientes en el expediente administrativo declaran un cuerpo de agua como naciente con la "simple observación visita in situ", sin ni siquiera realizar el estudio hidrogeológico, con el agravante de que se ordena en vía administrativa la demolición de todas las edificaciones que se encuentran en el área de protección. Por su parte la representación Estatal considera que en este caso dentro del procedimiento administrativo realizado por el Tribunal Ambiental Administrativo, se analizaron todos los hechos y pruebas ofrecidas por los órganos técnicos competentes legalmente para dictaminar si existe o no una naciente, por lo que a su consideración existe un amplio criterio técnico vertido tanto por el SINAC como la Dirección de Aguas, quienes realizaron inspecciones de campo en el sitio. Hace ver que dentro del expediente administrativo la representación accionante, no aportó prueba ante el Tribunal Ambiental Administrativo que acreditara la inexistencia de daño ambiental por invasión de las áreas de protección de las nacientes sin nombre N°1 y N°2 determinada en los informes técnicos que citó, los cuales a su consideración son categóricos en señalar el cambio de condiciones que se les hizo a las nacientes debido al movimiento de tierra. Para la representación Estatal en este caso no se configura ni se demuestra la probabilidad de acogimiento de la demanda principal. Ahora bien, Para este Tribunal resulta ser más que obvio que en este caso existen posiciones totalmente contrapuestas, siendo estas las que precisamente se deberán abordar en el proceso de fondo y no a través de una medida cautelar, lo cual como se ha indicado la particularidad de este asunto es perfectamente revisable en esta vía; y por medio de esta determinar cual de las posturas es la correcta. Resulta prematuro en este estadio procesal, considerar si resultará o no procedente la causa principal, que asegura la representación accionante que presentará, ya que el determinar si en realidad todas estas disposiciones administrativas contaban con todo el respaldo técnico y/o científico como para disponer no solo la demolición de las estructuras, sino propiamente con el procedimiento declarativo de las nacientes, que es precisamente lo que reclama la representación accionante. Por medio de este asunto se está cuestionando la conducta administrativa y el Tribunal Contencioso Administrativo para eso fue creado para revisarla, y determinar en el procedimiento respectivo si la misma es conforme al ordenamiento Jurídico y fue dictada respetando o no todos y cada uno de los derechos de la corporación aquí representada (ver artículo 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo), pero eso es algo que solo se podrá determinar en un proceso de conocimiento, nadie por medio de una medida cautelar podría asegurar las resultas del proceso de fondo, ya que la técnica jurídica; así como las pruebas que la fundamentarán podría ser incluso distinta, a la que hoy día se ofrecen, pero lo que si puede asegurar es que un órgano jurisdiccional en este caso delegado en la Jurisdicción Contencioso Administrativo, sí puede conocer de este asunto, y por tal motivo el elemento o requisito analizado debe de ser aprobado. Aunado a ello no podemos dejar de lado, que la competencia de esta jurisdicción, derivada tanto de lo establecido en el artículo 49 Constitucional como de lo establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo, que posibilita ejercer un control plenario de la legalidad de la función administrativa, lo cual implica declarar la disconformidad jurídica de aquellas conductas formales o materiales, que resulten contrarias al bloque de legalidad. La apariencia de buen derecho en sí, es un juicio de probabilidades que hace el Juez del resultado eventual del proceso, lo cual al encontrarnos ante una medida cautelar, y mas aún como la presente que es ante causam, es prematuro advertir la procedencia de la misma o no, por cuanto como ya se ha indicado los argumentos y probanzas que fundamentarán la causa de conocimiento podrían ser distintos a los ofrecidos en esta etapa temprana. Es más, ni siquiera a estas alturas el suscrito se podría aventurar a poner en duda este requisito, en aplicación del principio constitucional que garantiza que cualquier persona que se sienta afectada por una actuación administrativa, puede buscar reparación en esta Jurisdicción, siendo además reconocido el acceso a la Justicia como un derecho fundamental (artículos 41 y 49 de la Constitución Política). Dicho esto, y al menos prima facie y sin prejuzgar sobre el asunto, y sin que ni siquiera se esté determinando las probabilidades de éxito de la demanda, lo cierto es que ésta bien podría ser analizada en el proceso de conocimiento; por lo que se tiene por acreditado el presupuesto analizado. Respecto al peligro en la demora, si bien, con la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo se vino a solucionar en mucho, aquellos procesos que tardaban años e incluso décadas, hoy día por más esfuerzos que se han realizado los procesos aunque duran menos por las bondades de la oralidad, hay que cumplir con diferentes etapas, señalamientos en contraposición con agendas bastantes saturadas, etc, que hacen que los procesos duren un tiempo menor y razonable, pero tiempo al fin. Para la parte actora el daño resulta inminente, haciendo ver que se trata de una construcción cuyo valor supera los cuatro millones de dólares, lo cual asegura será una perdida millonaria grave dentro del patrimonio de su representado. La representación Estatal, con respecto al valor de la construcción afirma que de las pruebas aportadas por la promovente no se acredita su dicho, y que del contrato de configuración de fideicomiso fue por la suma aproximada del millón doscientos mil dólares ($1.200.000,oo), y no los $4.000.000,oo que indicó sin aportar prueba. Ahora con respecto a la postura estatal, es indispensable el recordar que la parte actora en todo momento ha hecho ver que la inversión de la construcción de interés fue mixta, y en donde informó y comprobó por medio del contrato de fideicomiso aportado, que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada (COOCIQUE RL), le otorgó un crédito por la suma aproximada de $1.200.000 (un millón doscientos mil dólares) y que junto con los recursos de su representada se construyó el edificio. Partiendo de lo anterior, y si nos remitimos a la prueba aportada por la representación de la parte actora identificada como número CED12803, la misma corresponde a la resolución Número 324-VE-2019 del Departamento de Proveeduría del Poder Judicial, en ella a lo que interesa para el análisis de este presupuesto, se destaca lo siguiente: "(...) I.- Mediante lo Contratación Directa N° 20l6CD-000024-PROVEX. Contrato N° Placa2447, se adjudicó a la empresa Corporación Ulsan S.A.. cédula jurídica CED12801° el Contrato de Arrendamiento de local para alojar despachos de la reforma laboral y civil de San Carlos por un momo mensual de $38.950.50.(...) (la negrita y subrayado es nuestro). Nótese que el contrato de alquiler que se le adjudicó a la empresa actora, establece un monto mensual por la suma de $38.950.50 (treinta y ocho mil novecientos cincuenta dólares con cincuenta centavos); que al tipo de cambio del día de hoy en que se conoce por el fondo esta gestión cautelar, representa la suma aproximada de veintidós millones cientos sesenta y dos mil colones; suma que obviamente representa que la construcción que pretende alquilar el Poder Judicial para albergar las instalaciones que requiere, es de muy alta valía; que si recordamos nos encontramos ante una determinación administrativa que ordena su demolición, y en ese caso resulta más que acertado el pensar que la materialización de la ejecución del acto administrativo cuestionado, si genera un daño en la parte actora, y de dimensiones de gravedad; y por tanto tutelable por medio de este tipo de gestiones, al menos en cuanto a la demolición de su construcción. Ahora bien, independientemente que las construcción y el procedimiento administrativo este a derecho o no -lo cual restaría de ser analizado en el procedimiento respectivo- en este caso se debe de ser cauto; por cuanto existe prueba que viene a respaldar el temor de la representación de la empresa actora. Con esta prueba queda claro que dicha actuación administrativa en caso de ejecutarse, puede producir en grado de probabilidad, una afectación a su patrimonio, lo cual al parecer se trata de una obra totalmente lista para el fin que fue construida; por lo que efectivamente se produce un daño grave en la esfera patrimonial de quien gestiona. Es de destacar que la conducta administrativa que cuestiona la representación de la empresa actora, es una situación que quedará pendiente de conocer en el proceso respectivo, y determinar en el; cual de las posturas es la correcta, debiendo tomar nota la parte actora que si hoy día se ha determinado una afectación a su patrimonio, es algo distinto y totalmente independiente a lo que por el fondo se disponga; ya que en caso de improcedencia de la demanda principal, no le quedará más remedio que asumir las consecuencias de demolición, aunque esta afecte su patrimonio. Dicho lo anterior, se considera que en este caso se le debe dar una tutela no solo pronta sino efectiva, independientemente por ahora de lo que por el fondo se resolverá en el proceso de conocimiento; siendo así, téngase por superado el elemento analizado. Teniendo acreditados los dos primeros presupuestos, la decisión recae sobre la ponderación de los intereses en juego y la afectación al interés público o de terceros interesados. Para determinar este tercer elemento este juzgador acude a la revisión preliminar de aspectos como lo son las razones de la demolición, y las consecuencias de la misma. Respecto de las razones que motivaron la demolición, considera este juzgador que aunque se trata de aspectos valorables por parte de una administración en este caso representada por el Tribunal Ambiental Administrativo, no ve esta autoridad que con ello se produzca una afectación ni al servicio público brindado ni que con ello se vea afectado el interés público. Obviamente si se determina que se está en presencia de una naciente permanente, y que la misma está siendo afectada por la construcción realizada por la parte actora -que recordando, también es objeto de impugnación su retiro de afectación, ya que se asegura que se afectan bienes de la propia municipalidad- necesariamente el interés particular hasta este momento tutelado deberá ser desplazado por el interés público, pero de la prueba echa llegar al expediente en este estadio procesal no esta del todo claro y más bien pareciera ser que la controversia en sí está encaminada precisamente a determinar si con la edificación se han violentado o no normas ambientales, no solo de la construcción de la parte actora; sino un radio de doscientos metros, que como bien lo ha indicado la propia representación accionante, podría (lo cual no es un asunto de análisis en esta causa) afectar propiedades que se encuentren en ese radio. Propiamente en cuanto al posible daño ambiental que reclama la representación Estatal, es de destacar que por medio de la resolución dictada al ser las dieciséis horas cinco minutos del día veinticuatro de Julio del año dos mil diecinueve; este Tribunal admitió en carácter de provisionalísima la gestión presentada, ordenado la suspensión inmediata de los efectos de los actos administrativos por medio de los cuales se dispuso la demolición de las obras; por lo que haciendo un simple cálculo da como resultado que han transcurrido cerca de veintidós días desde que se ha suspendido la ejecución de la demolición, y durante todo ese tiempo al parecer no se ha generado ningún contratiempo, ni tampoco ninguna afectación al interés público; al menos eso es lo que se podría presumir al no existir ningún solo elemento de prueba en ese sentido, como para acreditar lo contrario (artículos 29.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 41.1.2 del Código Procesal Civil). Es más, al parecer la propia representación Estatal estaría de acuerdo en desplazar la ejecución de la demolición, condicionada a la no disposición y aprovechamiento de las instalaciones, manteniéndose suspendido la eficacia del contrato 04217, lo anterior amparado en lo dispuesto por resolución 324-VEC-2019 emitida por el Departamento de Proveeduría del Poder judicial (prueba de la actora número 3), la cual supeditó el reinicio de la contratación 04217 hasta tanto no se demuestre administrativa o judicialmente que el local en forma parcial o total no será derribado, se garantice el uso, gozo y disfrute del mismo y que ello no afecte el rango de protección de nacientes de agua protegidas. Dicho lo anterior y hasta tanto no sea demostrada en sede jurisdiccional cual de las posturas es la correcta, la balanza en esta oportunidad se inclina por tener por cumplido este requisito. Así las cosas, al analizar en conjunto las posiciones de las partes, es la conclusión de este juzgador que ha de prevalecer el interés particular, frente a los intereses públicos o de terceros interesados; sin embargo por la particularidad del asunto, y al estar de por medio el interés público en la protección y cuido del ambiente, es necesario que en el siguiente apartado, se indique la forma en que ha de mantener, la suspensión de la conducta administrativa aquí cuestionada, veamos: VI) DISPOSICIÓN INNOVATIVA Y RESOLUCIÓN DEL CASO: De conformidad con el numeral 20, 21, y 23 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se dispone en esta acto, el mantener suspendidos los efectos, de la RESOLUCIÓN NÚMERO 811-19-TAA de las diez horas veinte minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo, dentro del expediente administrativo número 158-17-02-TAA. Lo anterior durante el tiempo que sea necesario, y hasta la tramitación y resolución del proceso de conocimiento respectivo, el cual deberá interponer la representación de la COORPORACIÓN ULSAN S.A, dentro del plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución, y bajo este mismo número (19-004925-1027-CA), bajo el apercibimiento de que en caso de omisión la medida cautelar aquí decretada será levantada y se le condenará al pago de los daños y perjuicios causados los cuales se liquidarán por el trámite de ejecución de sentencia. Ahora bien, una vez analizada la pretensión de la representación Estatal, y revisada la prueba que consta en autos, se hace necesario el condicionar la presente determinación, en el siguiente sentido. De la prueba que ha aportado la representación actora y lo que se ha podido evidenciar de los autos, obviamente existe una necesidad de suspender la materialización del acto administrativo aquí cuestionado, ya que el mismo está encaminado a la demolición de una obra de gran valía, y por su valor la misma le produciría grandes entradas por concepto de renta a la representación de la empresa actora, y de eso se tiene total claridad. Sin embargo a falta de prueba en ese sentido, no pudo evidenciar este Tribunal, cual sería la consecuencia de la parte actora de no poder utilizar y por tanto disponer de las construcciones, bueno de eso no se tiene prueba. No se sabe que impacto va a provocar en las finanzas de la sociedad actora, el no poder disponer de sus instalaciones, y el no percibir la renta a la que está dispuesto el reconocerle el Poder Judicial para albergar las instalaciones que requiere, por medio de la contratación directa que resultó adjudicada a la empresa accionante. Se reitera, se tiene claridad del impacto y grave daño el tener que demoler esas construcciones, y de ahí que se tuviera por superado los presupuestos cautelares, pero lo que no se tiene claridad a falta de prueba en ese sentido es el impacto por no poder disponer de esas instalaciones para el fin de su construcción. En este caso se deberá analizar dos situaciones puntuales. La primera de ellas es que se está discutiendo un posible impacto ambiental por las cercanías de esta construcción a una supuesta naciente (esto recordando es un asunto de fondo); pero que en el caso de determinar en el proceso de conocimiento que en efecto sí existe esa cercanía, el uso de esas instalaciones por el plazo de tiempo necesaria para resolver el asunto principal, se podría ver afectado el medio ambiente en mayor escala, lo que no se podría permitir de forma cautelar o previa (de todas formas es algo de fondo). La segunda sería basado en la determinación número 324-VEC-2019 del Departamento de Proveeduría del Poder Judicial (que recordando no es parte de este asunto, ya que la representación Estatal en este caso representa los intereses de Tribunal Ambiental Administrativo y no del Poder Judicial); por medio de la cual claramente dispuso y condicionó (a lo que interesa) el Reinicio de la contratación, hasta que se demuestre administrativa o judicialmente que el local en forma total o parcial no será derribado; lo cual obviamente es un asunto de fondo, pero esa determinación, descarta que exista una necesidad de extremada urgencia por parte del Poder Judicial para la ocupación de las instalaciones, basta con remitirnos a la resolución número 324-VEC-2019, donde más bien se determina la suspensión del contrato por seis meses, lo que descartaría un daño para el Poder Judicial como se pretende hacer ver; al afirmar que se provocará que no se pueda alojar los despachos de la reforma procesal laboral y civil de San Carlos, aspecto urgente para dicho circuito judicial. Siendo así, como medida cautelar innovativa, se dispone -a parte de suspender la demolición de la construcción ya decretada en autos-, el deber de la parte actora de NO disposición y/o aprovechamiento de las edificaciones objeto de la medida cautelar, lo que quiere decir, que NO podrán ser ocupadas por ninguna persona o empresa, hasta que por el fondo en el proceso de conocimiento respectivo se disponga lo contrario. En caso de incumplimiento a lo aquí decretado, no solamente será motivo suficiente de levantar la medida cautelar aquí decretada, sino que esto configuraría una desobediencia a la autoridad, con las consecuencias que ello conlleva, en el caso de determinarse. VII) SOBRE LAS COSTAS: A consideración de este Tribunal, en la forma que acontecieron los hechos en sede administrativa, le dio la oportunidad a la parte aquí representada de acudir a esta sede jurisdiccional, con el fin de defender sus derechos e intereses. Nótese que por medio de una gestión cautelar, no es procedente analizar el fondo del asunto, y por consiguiente, si la parte que gestiona lleva no no lleva razón, es algo que solo se podrá determinar en la causa principal. Sin embargo, y pese a ello, no se pude perder de vista que la razón en esta gestión cautelar se ha determinado el cumplimiento de los presupuestos cautelares; y dentro de lo cual se determino, que cuanta con la apariencia de buen derecho necesaria para acudir a este vía, en resguardo de sus intereses y derechos, y de ahí que se tuviera por superado el presupuesto de Apariencia de Buen Derecho. Aunado a ello, en tema de costas en este tipo de gestiones, existen varios pronunciamientos del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que hasta tanto no se tenga una dirección en un sentido distinto, este Tribunal considera que se debe de emitir el anterior pronunciamiento sin condenatoria en costas, precisamente por el tipo de procesos. (ver entre otras la RESOLUCIÓN 009-TA-11, 010-TA-11. SENTENCIA Nº 90 -2011 bis TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Anexo A del Segundo Circuito Judicial de San José, Dirección01 , a las trece horas treinta minutos del dieciséis de marzo de dos mil once). Siendo así, se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas. POR TANTO En los términos que se dirán se declara con lugar la gestión cautelar gestionada. Se ordena en este acto el mantener suspendidos los efectos de la resolución NÚMERO 811-19-TAA de las diez horas veinte minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil diecinueve dictada por el Tribunal Ambiental Administrativo, dictada dentro del expediente administrativo número 158-17-02-TAA.; por medio de la cual se ordena la demolición de las construcciones de la empresa accionante. Tome en consideración la representación de la CORPORACIÓN ULSAN S.A, que en este asunto se ha determinado el conceder la presente gestión cautelar, condicionada, a la emisión de una medida cautelar innovativa, que a parte de mantener la suspensión de la demolición de la construcción ya decretada en autos-, su deber de NO disposición y/o aprovechamiento de las edificaciones objeto de la medida cautelar, lo que quiere decir, que NO podrán ser ocupadas por ninguna persona o empresa; lo cual obviamente incluye a la empresa accionante, hasta que por el fondo en el proceso de conocimiento respectivo se disponga lo contrario. En caso de incumplimiento a lo aquí decretado, no solamente será motivo suficiente de levantar la medida cautelar aquí decretada, sino que esto configuraría una desobediencia a la autoridad, con las consecuencias que ello conlleva, en el caso de determinarse. Deberá tomar en consideración además la representación accionante que según las reglas del artículo 26 párrafo segundo Código Procesal Contencioso Administrativo, deberá presentar la demanda de conocimiento en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución, y bajo este mismo número (19-004925-1027-CA), bajo el apercibimiento de que en caso de omisión la medida cautelar aquí decretada será levantada y se le condenará al pago de los daños y perjuicios causados los cuales se liquidarán por el trámite de ejecución de sentencia. Se resuelve este asunto, sin especial condenatoria en costas. NOTIFÍQUESE. Lic. Rodrigo Huertas Durán. Juez.- *6YQ6J02TVRY61* 6YQ6J02TVRY61 RODRIGO HUERTAS DURÁN - JUEZ/A DECISOR/A Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 21-02-2026 08:54:21. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Email ...01 Second Judicial Circuit of San José, Anexo A (Former Motorola building) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPEDIENTE: 19-004925-1027-CA PROCEEDING: MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM APPLICANT: CORPORACIÓN ULSAN S.A RESPONDENT: EL ESTADO (Tribunal Ambiental Administrativo) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N°424-2019-T TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ, ANEXO A, Goicoechea, at sixteen hours twenty-five minutes on the sixteenth of August of the year two thousand nineteen.- Application for medida cautelar ante causam, filed by the representative of CORPORACIÓN ULSAN S.A against EL ESTADO (Tribunal Ambiental Administrativo).- RESULTANDO I) The present application for a medida cautelar was filed on the twenty-fourth of July of the year two thousand nineteen; by means of which the representative of Corporación Ulsan S.A requests the following: "(...) 1. provisionally suspend the effects of the following administrative act: A) RESOLUCIÓN FINAL N°811-19-TAA of ten hours twenty minutes on the twenty-seventh of May of the year two thousand nineteen, issued BY THE TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO within administrative file number 158-17-02-TAA. 2. Order the Municipalidad de San Carlos not to immediately execute RESOLUCIÓN N°811-19-TAA of ten hours twenty minutes on the twenty-seventh of May of the year two thousand nineteen, issued by the TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, which was notified to it on the 27th of June 2019 and there is time to execute it until the 27th of July 2019 (...)". (see filing brief dated 24/07/2019).- II) By ruling issued at sixteen hours five minutes on the twenty-fourth of July of this year, this Tribunal admitted the requested medida cautelar on an extremely provisional basis, and ordered, as relevant, the following: "(...) It is ordered at this time the immediate suspension of RESOLUCIÓN NÚMERO 811-19-TAA of ten hours twenty minutes on the twenty-seventh of May of the year two thousand nineteen, issued by the Tribunal Ambiental Administrativo, issued within administrative file number 158-17-02-TAA. The foregoing until this Tribunal has greater elements of judgment to definitively resolve the appropriateness or not of this medida cautelar.(...)". Also ordering that this provision be communicated to the Municipalidad de San Carlos (see ruling of 24/07/2019).- III) By means of the brief dated seventh of August of this year, the State representative responded negatively to the present protective application, and among its claims, it formulates those transcribed literally below: " III. PETITORIA Based on the factual and legal arguments set forth, this Representative requests that the medida cautelar sought by the plaintiff in this proceeding against the State be denied. However, should this Tribunal consider that the intended medida cautelar must be granted, I concomitantly request that upon granting the suspension of the effects of resolution 811-19-TAA, COORPORACIÓN (sic) ULSAN S.A. be ordered not to exercise any type of use of the buildings subject to the medida cautelar, that is, that the use of the infrastructure not be permitted, nor the entry or stay of persons, and that the suspension of the enforceability of contract 04217 be maintained. The foregoing, in accordance with the provisions of resolution 324-VEC-2019 of the Departamento de Proveeduría del Poder Judicial (evidence of the plaintiff number 3), which conditioned the resumption of contract 04217 until such time as it is demonstrated administratively or judicially that the premises, in whole or in part, will not be demolished; that the use, enjoyment, and possession thereof is guaranteed and that this does not affect the protection zone of protected water springs. Due to the manner in which the medida is formulated and how this hearing is answered, I request that this Tribunal resolve this protective matter without the oral hearing established in subsection 2) of article 24 of the CPCA." (see brief dated 07/08/2019).- IV) In the proceedings, the formalities of Law have been observed and no defects or omissions capable of invalidating what has been done or causing defenselessness to any of the parties are noted. CONSIDERANDO I) GENERALITIES FOR THE GRANTING OF A MEDIDA CAUTELAR. As developed by the Sala Constitucional, protective justice responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and fulfilled justice, by preserving the real conditions indispensable for the issuance and execution of the judgment. (Resolution 7190-1994, of 15:24 hours on 6 December). In this same sense, article 19 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes that the purpose of imposing a medida cautelar is to protect and guarantee, provisionally, the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment. The doctrine has indicated that protective justice does not have the purpose of declaring a fact or liability, nor of constituting a legal relationship, nor of executing a mandate and satisfying a right held without dispute, nor of settling a lawsuit, but rather of preventing the damages that the litigation may entail or that may derive from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). Having clarified the foregoing, the adjudicator, observing the provisions of article 21 of the indicated procedural norm, must determine the appropriateness of an application for a medida cautelar, verifying to that effect that the claim in the main proceeding is not reckless (temeraria) or, manifestly, lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine whether, in the case at hand, what the doctrine and case law have called appearance of good right or fumus boni iuris exists. The norm under analysis also establishes the appropriateness of the medida cautelar when the execution or continuation of the conduct subject to the proceeding produces serious damages or harm, current or potential, a situation that has been defined in the doctrine as periculum in mora or danger in delay, that is, that by virtue of the pathological delay of the judicial proceeding, a current, real, and objective danger exists that serious damage will be caused to the applicant (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Along the same line of thought, article 22 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes the obligation of the adjudicator to carry out, in light of the principle of proportionality, a balancing of the competing interests, that is, between the circumstance of the individual, on the one hand, and the public interest and the interests of third parties that may be affected by the adoption of the medida cautelar, on the other. Additionally, and from the same Article 22 cited, it is required that the medida cautelar be instrumental and provisional.- II) ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR ADMITTING A MEDIDA CAUTELAR. In this regard, it has been said that the fulfillment of protective relief, as a fundamental right derived from Article 41 of the Constitution, which is the right to obtain prompt and fulfilled justice, requires the jurisdictional body to assess for its effective materialization, in addition to the fulfillment of the presuppositions known in doctrine as Appearance of Good Right (Fumus Boni Iuris), Danger in Delay (Periculum in Mora), as well as the balancing of competing interests, which will be detailed below, the verification of the presence or existence of what have been called the structural characteristics of the medida cautelar. The foregoing refers to instrumentality, provisionality, urgency, and summaria cognitio or summary nature of the proceeding. Both the indicated presuppositions and the characteristics mentioned must be present for the granting of the medida that has been requested for the purpose of protecting and guaranteeing, provisionally, the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment. Regarding the necessary presuppositions for granting the medida cautelar, we find the following: a) Appearance of Good Right: for the appropriateness of the medida cautelar, there must be "seriousness in the lawsuit," that is, a probability of success such that the lawsuit is not, at first glance, manifestly lacking in seriousness, or, where applicable, that it is reckless (temeraria). For the doctrine, this is nothing other than the probable later acceptance of the substantive right of the plaintiff in the judgment, through the analysis proper to an extremely summary proceeding that cannot, in any way, determine a pronouncement on the merits of the matter raised, but rather, in its place, only an approximation to it with the elements present at the time of issuing the decision that grants or denies the medida; b) Danger in Delay: consists of the objectively founded and reasonable fear that the substantial legal situation alleged will be seriously damaged or harmed in a grave and irreparable manner, during the course of the time necessary to issue judgment in the main proceeding. This presupposition requires the presence of two elements: the grave damage or harm and the delay in the main proceeding, without neglecting, of course, that within this presupposition is what the doctrine has called the "Bilaterality of Periculum in Mora" or, as it is commonly known, the balancing of the competing interests. This presupposition alludes to the characteristic that the damages complained of must be susceptible to occurring—currently or potentially—if the medida requested is not adopted. Damages that must be established as grave, in addition to being considered derived from the situation alleged. The injuries claimed must at least be proven through the rational principle of evidence, so it is not enough to allege the damage in those terms; rather, the circumstances must be accredited for it to be considered a damage and for that damage to be grave. In this sense, it must be emphasized that it is not enough to allege the existence of the damage or harm, grave, current, or potential, but it must be proven, which, as stated above, is a procedural burden that the interested party must assume to prove its claim, article 317 of the Código Procesal Civil. Regarding the delay in the main proceeding: This presupposition refers to the situation generated on the occasion of jurisdictional processes that, for their development and subsequent conclusion, require the carrying out of a series of acts through which not only due process is guaranteed, but also the issuance of a judgment that, even if it cannot be carried out promptly, is at least fair. Bringing a main proceeding to an end takes time, and it is precisely where protective relief acquires special relevance, because while that decision arrives, grave damages are being avoided, which, if they were to occur, would render the right claimed nugatory. With the entry into force of the Código Procesal Contencioso Administrativo, much has been done to resolve those processes that lasted years and even decades; today, however much efforts have been made, although processes last less, due to the benefits of oral proceedings, different stages must be completed, scheduling of hearings, in contrast to quite saturated dockets, etc., which cause processes to last a reasonable time, but time nonetheless. Regarding the bilaterality of periculum in mora: This designation alludes to the balancing of the competing interests, linked with the public interest that may need to be protected, versus the interest of third parties and, of course, the interest of the person who comes forward by means of a medida cautelar, the same having to be comparatively assessed, imposing the denial of the medida when the harm suffered or susceptible to being caused to the community or third parties is greater than that which the applicant for the medida could experience.- III) STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE MEDIDA CAUTELAR: As previously stated, in addition to the already indicated presuppositions, it is necessary that the medida to be adopted structurally possesses the following characteristics: instrumentality, which means they have a marked relationship of accessoriness with the final judgment, since ultimately, they serve as an instrument to maintain the validity of the object of the proceeding in the terms presented; provisionality, which is nothing other than the fact that what is agreed upon regarding the protective matter will remain in force and conditioned upon what is resolved in the main proceeding. It should be noted that it can also be lifted or modified at any time, given the variability of the conditions that originally gave rise to it, or the one that was previously rejected may be adopted, as established in Article 29 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, so its efficacy is exhausted at the moment the judgment on the merits is issued, or what is the same, it has effects subject to the provision adopted in the main proceeding; urgency to avoid the danger in delay, as well as summaria cognitio, that is, that this type of medida is adopted by virtue of an extremely summary cognition carried out by the jurisdictional body without prejudging the merits of the matter, which in no way could replace the stages of the main proceeding. Based on the foregoing normative framework of analysis and the elements required for granting a medida cautelar, we proceed to study the specific case.- IV) REGARDING THE CASE UNDER STUDY. Having studied the case file in light of the evidentiary elements and arguments put forward by both parties, this Office considers that the elements for issuing the medida cautelar requested by the representative of Corporación Ulsan S.A. do concur—in the terms to be stated. Let us see, regarding what is relevant for the resolution of the present protective application, what the representative of Corporación Ulsan S.A indicated; it informs that resolution N°811-19-TAA issued at ten hours twenty minutes on the twenty-seventh of May of the year two thousand nineteen, by the Tribunal Ambiental Administrativo within administrative file number 158-17-02-TAA, ordered, for what is relevant in this matter: - Orders, within a period of one month, to proceed with the demolition of all buildings located within the protection area of "spring 1 (naciente 1)" located at coordinates latitude 256,806 and longitude 488,775 as provided in Anexo 2 of the inspection report TAA-DT-080-18. - Orders FIDUCIARIA DE INVERSIÓN AHORRO COOCIQUE S.A. legal identification number CED12802 and CORPORACIÓN ULSAN S.A. legal identification number CED12800 to reforest the affected area and to carry out a reforestation plan. - Orders the Municipalidad de San Carlos the immediate execution of final resolution N°811-19-TAA of ten hours twenty minutes on the twenty-seventh of May of the year two thousand nineteen, issued by the Tribunal Ambiental Administrativo. It is the consideration of the plaintiff's representative that, based on the image it provides, the protection radius of the alleged spring (naciente), which it asserts was declared without technical studies, corresponds to 200 meters, in such a way that the buildings to be demolished not only include that of its represented party (held in trust property) but also includes municipal public roads (avenida 15, calles 6 and 8), the Escuela Cooperativa Urcozon, neighboring properties among which residential houses and businesses border, the Municipal swimming facility (balneario Municipal), among others. It informs that in 2016 the Poder Judicial initiated Contratación Directa N°2016CD-000024-PROVEX, its represented party was the successful bidder, where the object of said administrative contract was the leasing of premises to house the offices of the labor and civil procedural reform of San Carlos. It adds that on 18 May 2018, fiduciaria de inversión ahorro COOCIQUE S.A. and CORPORACIÓN ULSAN S.A. signed the Guarantee and Administration Trust Agreement (contrato de Fideicomiso de Garantía y Administración) N°103-17, where Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada R.L (COOCIQUE, R.L) granted a loan to Corporación Ulsan S.A. for the approximate sum of $1,200,000 (one million two hundred thousand dollars), this for the purpose that, together with the resources of its represented party, said building would be constructed on the property registered under real folio number Placa2446, where the Poder Judicial offices of the Labor and Civil Procedural Reform of San Carlos would be housed. That the lease price set by the Poder Judicial in Contratación Directa N°2016CD-000024-PROVEX, corresponding to the monthly sum of $38,950 (thirty-eight thousand nine hundred fifty dollars), was fixed as part of the payment guarantee. That on 20 October 2017, the Tribunal Ambiental Administrativo, by means of resolution 1349-17.TAA, initiated an ordinary administrative proceeding against the companies Fiduciaria de Inversión Ahorro Coocique S.A. and Corporación Ulsan S.A. for the alleged affectation of a protection area of an undeclared spring (naciente) on the property registered under real folio number Placa2446. That on 21 June 2017, Mr. Ignacio Campos Rodríguez of the Tárcoles-Central Pacific Hydrological Unit of the San Ramón Office of the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía, by means of inspection report DA-UHTPCOER-0078-2018, ordered that, despite it not being possible to affirmatively rule that the body of water called "sin nombre n°1" was a spring (naciente), it was going to be determined as such, and that the same was determined in Report DA-UHTPCOSR-0079-2018. It adds that on 12 October 2018, the Tribunal Ambiental Administrativo, by means of Minutes N°76, conducted an on-site visit; in said visit, again, it could not be proven that the body of water called in the process "sin nombre n°1" was indeed a spring (naciente), and that only field observations were made without Hydrogeological Studies. It states that on 27 May 2019, the Tribunal Ambiental Administrativo issued resolution N°311-19-TAA of ten hours twenty minutes on the twenty-seventh of May of the year two thousand nineteen and ordered, for what is relevant in this matter, that: "Within a period of one month, the demolition of all buildings located within the protection area of 'spring 1 (naciente 1)' must proceed, as provided in Anexo 2 of the inspection report TAA-DT-080-18 (visible from folio 72 to 74 reverse of the administrative file). Order FIDUCIARIA DE INVERSIÓN AHORRO COOCIQUE S.A. legal identification number CED12802 and CORPORACIÓN ULSAN S.A. legal identification number CED12800 to reforest the affected area and to carry out a reforestation plan. In the event that FIDUCIARIA DE INVERSIÓN AHORRO COOCIQUE S.A. and CORPORACIÓN ULSAN S.A. do not carry out said demolition or it is not possible for them to do so, the Municipalidad de San Carlos must, within a period of one month, in substitute execution of said resolution, demolish all buildings located within the protection area of 'spring 1 (naciente 1)'." They inform that on 27 June 2019, the Municipalidad de San Carlos was notified of resolution N°811-19-TAA, the one-month period beginning to run, meaning that on 27 July, at the latest, the demolition of all buildings within the protection zone of the body of water called "spring No. 1 (naciente n°1)" will commence. It adds that on 3 July 2019, the Departamento de Proveeduría del Poder Judicial issued Resolution Número 324-VEC-2019, by means of which the suspension of the contract for Contratación Directa N°2016CD-000024-PROVEX was ordered for up to 6 months from the notification of said resolution, this due to the issuance of final resolution N°811-19-TAA of the Tribunal Ambiental Administrativo, providing that the only way for the resumption of the administrative contract to occur would be because the administration or the awarded party guaranteed the use, enjoyment, and possession of the building. It informs that on 10 July 2019, Doctor Allan Astorga Gättgens, SETENA Environmental Consultant CI - O84 - 1998 and Geologist, C.G.C.R. No. 112, at the request of CORPORACIÓN ULSAN S.A. and under oath, rendered hydrogeological study AAG 10-01-2019/ 01 (SEE EVIDENCE N°4) where he determined that, scientifically, there was a high degree of probability that the spring (naciente) "spring No. 1 (naciente n°1)" contained in RESOLUCIÓN N°811-19-TAA is not actually one and that, rather, it is a sub-surface flow or water outlet from a small perched aquifer. It adds that hydrogeological information exists, by means of which the direction of groundwater movement is known, and it is concluded that the constructed building does not represent any type of affectation to the eventual spring (naciente) given that it is located to the north, that is, down hydraulic gradient. Considering all this, it concludes that the measure of demolishing the work is considered unnecessary and without due scientific support. Regarding the Appearance of Good Right, it considers that final resolution number 811-19-TAA, issued by the Tribunal Ambiental Administrativo, lacks technical-environmental foundation, since it affirms it was issued without Hydrogeological studies existing that would so declare and accredit it. It assures that its represented party will go to the ordinary proceeding to discuss technically and scientifically whether the body of water called "spring No. 1 (naciente n°1)" is configured as a permanent spring (naciente) or not, given that in the administrative file, which declares the spring (naciente), not even a hydrogeological study exists to support it. It considers that its theory of the case is reasonably motivated, and therefore they do not consider it reckless (temeraria). Regarding the Balancing of Competing Interests, in its consideration, those most harmed are all the owners of the properties and buildings that are within the protection radius of the alleged spring (naciente), including its represented party, and the Municipalidad de San Carlos, since it affirms that within the protection radius, the Municipal Swimming Facility (Balneario Municipal) and the public roads corresponding to Dirección2106 are located, and similarly, the "Escuela Cooperativa Urcozon" educational center, which, according to it, houses more than 300 students. And that equally, as the hydrogeological study indicates, currently said building (nearest to the body of water) does not represent a danger or affectation to the possible spring (naciente), and consequently, no current and potential environmental affectation. Regarding the Danger in Delay, it points out that this medida cautelar is of extreme necessity and urgency because resolution N°811-19-TAA orders the demolition of all buildings located within the protection radius of "spring N°1 (naciente N°1)." It adds that demolishing all the buildings within the protection radius undoubtedly implies a grave and widespread affectation, not only of its represented party's interests, but also those of all the neighbors and those of the municipal corporation, which according to sound rational criticism, properly the rules of logic and experience, leaving people homeless, demolishing an educational center (school), altering and demolishing public roads undoubtedly provokes a current, real, and objective danger, not only individual but also generalized. That not suspending the effects of the administrative act in question will result in the impossibility of housing the offices of the labor and civil procedural reform of San Carlos, an urgent matter for said judicial circuit, since according to Contratación Directa N°2016CD-000024-PROVEX, a public interest exists to be satisfied, because currently there are no offices for such purposes. It adds that, similarly, said administrative act will provoke a danger and grave damage in the particular sphere of its represented party, this because, if administrative act N°811-19-TAA—which it emphasizes lacks technical support—is executed by the Tribunal Ambiental and the Municipalidad de San Carlos, it will entail the demolition of a building whose value exceeds $4,000,000 (four million dollars), which it assures will imply a serious economic loss within its represented party's patrimony, given that said building was constructed with mixed resources, products of the private funds of its represented party and financing from COOCIQUE. It also assures that it will cause Contratación Directa N°2016CD-000024-PROVEX to be impossible to resume and that, on the contrary, said administrative contract will be terminated, which in turn, according to the third clause of the trust agreement (contrato de fideicomiso), constitutes the payment guarantee for the loan acquired by its represented party from Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada R.L (COOCIQUE, R.L); thereby causing its represented party to fall into default and be subject to enforcement. In support of the foregoing, the representative of Corporación Ulsan S.A provides the following documentary evidence: "1. Guarantee and Administration Trust Agreement (Contrato de Fideicomiso de Garantía y Administración) N°103-17 where COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA COMUNIDAD DE CIUDAD QUESADA R.L (COOCIQUE, R.L) granted a loan to CORPORACIÓN ULSAN S.A. for the approximate sum of $1,200,000 (ONE MILLION TWO HUNDRED THOUSAND DOLLARS). 2. Administrative file number 158-17-02-TAA of the TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. 3. RESOLUCIÓN N° 324-VEC-2019 of the DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA DEL PODER JUDICIAL. 4. Hydrogeological study AAG 10-01-2019/ 01 rendered by DR. ALLAN ASTORGA GÄTTGENS, SETENA Environmental Consultant CI - 084 - 1998 and Geologist, C.G.C.R. No.112. 5. Special Judicial Power of Attorney and legal status of CORPORACIÓN ULSAN." For its part, the State representative, regarding what is of interest for the resolution of this protective application, has indicated the following: It considers that resolution 811-19-TAA is in accordance with the law (principle of legality, Articles 11 of the Constitution and 11 of the LGAP) and is based on the technical opinion rendered by the competent bodies, such as the Dirección de Agua and SINAC. It emphasizes that during the administrative proceeding carried out in the Tribunal Ambiental Administrativo, all the facts and evidence offered by the technically competent bodies legally empowered to rule on whether or not a spring (naciente) exists were analyzed; consequently, a broad technical opinion exists—see administrative file 158-17-02-TAA—provided by both SINAC and the Dirección de Aguas, who conducted field inspections carried out at the site. It considers that the probability of success of the main lawsuit is not established or demonstrated, pointing out that even if this presupposition were considered accredited, it requests its rejection, considering that the presuppositions of danger in delay and balancing of competing interests are not met. Regarding the Danger in Delay, it considers that it is non-existent in this case, since the grave damage was not substantiated, nor was the urgency in adopting the requested medida cautelar demonstrated. The State representative finds it important to point out that the Código Procesal Contencioso Administrativo, in this particular presupposition (Art. 21 CPCA), and case law itself, have indicated that this damage must be accredited; it is not that its accreditation is left lax; the person seeking protective relief has the obligation to demonstrate the existence of this damage. It adds that it is not enough that the conduct produces an injury to the legal sphere of the person seeking justice, but this injury must be of special relevance, and that is its gravity. It is the consideration of the State representative that the plaintiff merely limited itself to giving a series of subjective assessments, since it did not provide any type of proof to accredit its claim. It affirms that the damage alleged regarding the non-housing of the Judicial offices is not due to the administrative action but rather to the illegal actions carried out by CORPORACION ULSAN S.A; a self-inflicted damage. It adds that, as can be inferred from the evidence provided by the applicant, its claim is not accredited. The trust agreement was for the approximate sum of $1,200,000 dollars and not the $4,000,000 indicated without providing supporting evidence. It considers that the requirement of danger in delay is not met, and consequently the request for a precautionary measure must be rejected. Regarding the Balancing of Interests at Stake; it considers that the public interest of protecting the springs (nacientes) must prevail over the economic interest of the moving party; that the safeguarding of a healthy and ecologically balanced environment required by the Political Constitution, as well as the rational and sustainable use of natural resources, are superior public interests. It adds that the precautionary principle in environmental matters or the in dubio pro natura principle implies that all actions of the public administration on environmentally sensitive matters be carried out with the appropriate zeal to avoid serious and irreversible risks and damages; which means that there is an obligation on the part of public authorities to adopt those measures aimed at avoiding, mitigating, or correcting the adverse effects on the environment generated by human activities or actions. It adds that the possible damage to the patrimonial sphere indicated by the plaintiff is a consequence of an unlawful situation or attitude of CORPORACIÓN ULSAN S.A. itself, which, knowingly aware of the legal limitations of its land due to the existence of springs (nacientes), decided to invade their protection area without respecting the restrictions required by the current legal system (No one can claim ignorance of the Law). It is the State representation’s consideration that for the arguments put forward, the public interest of protecting the permanent spring (naciente permanente) must prevail over the private interest of the moving party; consequently, it requests that this be so ordered and the precautionary measure be rejected. For all the foregoing, it seeks to have the precautionary petition rejected, but if the Court considers that the requested precautionary measure should be granted, it concomitantly requests the following: "(...) that upon granting the suspension of the effects of resolution 811-19-TAA, COORPORACIÓN ULSAN S.A. be ordered not to exercise any type of use of the buildings subject to the precautionary measure, that is, that the use of the infrastructure not be permitted, nor the entry or permanence of persons, and that the suspension of the effectiveness of contract 04217 be maintained. The foregoing, in accordance with the provisions of resolution 324-VEC-2019 of the Procurement Department of the Judicial Branch (plaintiff's evidence number 3), which made the resumption of contract 04217 conditional until it is demonstrated administratively or judicially that the premises will not be partially or totally demolished, that the use, enjoyment, and benefit of the same is guaranteed, and that this does not affect the protection range of protected water springs (nacientes de agua protegidas).(...)". V) CRITERION OF THIS JUDGE: As indicated above, for this Judge, the claim is in no way unreasonable or lacking in seriousness, such that it could not be addressed on the merits in a plenary proceeding. There are situations that, not being appropriate to address at this precautionary stage, will not be delved into deeply; however, they must be cited in support of this ruling. Both the administrative resolutions challenged here and the parties' statements are focused on defending their different positions. In this case, there is disagreement on the part of the representation of the plaintiff corporation, stating that the administration, without technical studies, declared a protection radius for an alleged spring (naciente), which would affect not only its represented party but also the Municipality of San Carlos itself, by including within the protection radius municipal public roads, an educational center called "Escuela Cooperativa Urcozon," neighboring properties such as dwelling houses and businesses, as well as the Municipal Baths, among others. It asserts that during the field visit, only on-site observations were made, without Hydrogeological studies. For the plaintiff, there is certainty that the constructed building does not represent any type of impact on the potential spring (naciente) given that it is located to the north, that is, down the hydraulic gradient, thereby considering that the measure to demolish the work is unnecessary and without proper scientific support. The foregoing statements are made based on the Sworn Declaration made on July 10, 2019, by Doctor Allan Astorga Gättgens, in his capacity as Environmental Consultant of SETENA CI-084-1998 and Geologist C.G.CR N°112, at the request of the plaintiff's representation. For the plaintiff's representation, its main action within the plenary proceeding will be to discuss technically and scientifically whether the body of water called "spring No. 1" (naciente n°1) constitutes a permanent spring (naciente permanente) or not, since it assures that in the administrative file declaring the spring (naciente), there is not even a hydrogeological study to support it. It points out with surprise that the officials involved in the administrative file declare a body of water as a spring (naciente) by "mere on-site visit observation," without even carrying out a hydrogeological study, aggravated by the fact that the demolition of all buildings located in the protection area is ordered through administrative channels. For its part, the State representation considers that in this case, within the administrative procedure carried out by the Administrative Environmental Tribunal, all the facts and evidence offered by the technically and legally competent bodies to determine whether or not a spring (naciente) exists were analyzed; therefore, in its view, there is ample technical criteria provided by both SINAC and the Water Directorate, who conducted field inspections at the site. It points out that within the administrative file, the plaintiff's representation did not provide evidence before the Administrative Environmental Tribunal to prove the nonexistence of environmental damage due to the invasion of the protection areas of the unnamed springs (nacientes) No. 1 and No. 2, as determined in the technical reports cited, which in its consideration are categorical in pointing out the change of conditions made to the springs (nacientes) due to earthworks (movimiento de tierra). For the State representation, in this case, the likelihood of success of the main claim is neither configured nor demonstrated. Now then, for this Court it is more than obvious that in this case there are totally opposing positions, these being precisely what must be addressed in the merits proceeding and not through a precautionary measure, which, as has been indicated, the particularity of this matter is perfectly reviewable in this channel; and through this, determine which of the positions is correct. It is premature at this procedural stage to consider whether the main cause, which the plaintiff's representation assures it will file, will be admissible or not, since determining whether in reality all these administrative provisions had all the technical and/or scientific backing to order not only the demolition of the structures but also the declaratory procedure of the springs (nacientes) itself, is precisely what the plaintiff's representation claims. Through this matter, the administrative conduct is being questioned, and the Administrative Contentious Court was created for that purpose: to review it, and determine in the respective proceeding if it is in accordance with the Legal System and was issued respecting or not each and every one of the rights of the corporation here represented (see Article 1 of the Administrative Contentious Procedure Code), but that is something that can only be determined in a plenary proceeding; no one, through a precautionary measure, could guarantee the outcome of the merits proceeding, since the legal technique, as well as the evidence that will support it, could even be different from that offered today; but what can be assured is that a jurisdictional body, in this case delegated to the Administrative Contentious Jurisdiction, can indeed hear this matter, and for that reason, the element or requirement analyzed must be approved. Added to this, we cannot set aside that the competence of this jurisdiction, derived both from what is established in Article 49 of the Constitution and from what is established in the Administrative Contentious Procedure Code, enables the exercise of full control over the legality of the administrative function, which implies declaring the legal non-conformity of those formal or material conducts that are contrary to the legality framework. The appearance of good law itself is a judgment of probabilities made by the Judge regarding the eventual outcome of the proceeding, which, being before a precautionary measure, and even more so one that is ante causam, as in the present case, it is premature to anticipate its admissibility or not, since, as already indicated, the arguments and proofs that will support the plenary cause could be different from those offered at this early stage. Moreover, not even at this point could the undersigned venture to cast doubt on this requirement, in application of the constitutional principle that guarantees that any person who feels affected by an administrative action may seek redress in this Jurisdiction, with access to Justice also being recognized as a fundamental right (Articles 41 and 49 of the Political Constitution). That said, and at least prima facie and without prejudging the matter, and without even determining the probabilities of success of the claim, the truth is that it could well be analyzed in the plenary proceeding; therefore, the analyzed requirement is deemed satisfied. Regarding the danger in delay, although with the entry into force of the Administrative Contentious Procedure Code, those proceedings that took years and even decades were largely solved, today, despite the efforts made, proceedings, although they take less time due to the benefits of orality, must still comply with different stages, scheduling against quite saturated agendas, etc., which means that proceedings take a shorter and reasonable time, but time nonetheless. For the plaintiff, the damage is imminent, pointing out that it concerns a construction whose value exceeds four million dollars, which it assures will be a serious millionaire loss within its represented party's patrimony. The State representation, regarding the value of the construction, affirms that the evidence provided by the moving party does not prove its claim, and that the trust agreement was for the approximate sum of one million two hundred thousand dollars ($1,200,000.00), and not the $4,000,000.00 indicated without providing evidence. Now, regarding the state position, it is essential to remember that the plaintiff has consistently pointed out that the investment in the construction in question was mixed, and where it reported and proved through the submitted trust agreement that the Savings and Credit Cooperative of the Community of Ciudad Quesada (COOCIQUE RL) granted it a loan for the approximate sum of $1,200,000 (one million two hundred thousand dollars) and that the building was constructed together with its represented party's own resources. Starting from the above, and if we refer to the evidence provided by the plaintiff's representation, identified as number CED12803, this corresponds to Resolution Number 324-VE-2019 of the Procurement Department of the Judicial Branch; in it, what is relevant for the analysis of this requirement, the following stands out: "(...) I.- Through Direct Contracting No. 20l6CD-000024-PROVEX. Contract No. Placa2447, the Contract for Lease of premises to house offices of the labor and civil reform of San Carlos was awarded to the company Corporación Ulsan S.A., legal ID CED12801°, for a monthly amount of $38,950.50.(...) (bold and underline are ours). Note that the rental contract awarded to the plaintiff company establishes a monthly amount of $38,950.50 (thirty-eight thousand nine hundred fifty dollars and fifty cents); which at today's exchange rate, on which this precautionary petition is being heard on the merits, represents the approximate sum of twenty-two million two hundred sixty-two thousand colones; a sum that obviously represents that the construction which the Judicial Branch intends to lease to house the required facilities is of very high value; if we recall, we are faced with an administrative determination that orders its demolition, and in that case, it is more than accurate to think that the materialization of the execution of the challenged administrative act does generate damage to the plaintiff, and of grave dimensions; and therefore, protectable through this type of petition, at least regarding the demolition of its construction. Now then, regardless of whether the construction and the administrative procedure are lawful or not —which would remain to be analyzed in the respective proceeding— in this case, caution must be exercised, as there is evidence that supports the fear of the plaintiff company's representation. With this evidence, it is clear that said administrative action, if executed, may probably cause an impact on its patrimony, which appears to be a work completely ready for the purpose for which it was built; therefore, serious damage is indeed produced in the patrimonial sphere of the party petitioning. It should be noted that the administrative conduct challenged by the plaintiff company's representation is a situation that will remain pending to be heard in the respective proceeding, and to determine therein which of the positions is correct; the plaintiff must take note that if today an impact on its patrimony has been determined, it is something different and totally independent from what is decided on the merits; since in the event the main claim is unfounded, it will have no other remedy than to assume the consequences of demolition, even if this affects its patrimony. That said, it is considered that in this case, not only prompt but also effective protection must be granted, regardless, for now, of what will be decided on the merits in the plenary proceeding; thus, the analyzed element is deemed satisfied. Having established the first two requirements, the decision falls on the balancing of the interests at stake and the impact on the public interest or that of interested third parties. To determine this third element, this judge resorts to a preliminary review of aspects such as the reasons for the demolition and its consequences. Regarding the reasons that motivated the demolition, this judge considers that although these are aspects assessable by an administration, represented in this case by the Administrative Environmental Tribunal, this authority does not see that this would cause an impact either to the public service provided or to the public interest. Obviously, if it is determined that we are in the presence of a permanent spring (naciente permanente), and that it is being affected by the construction carried out by the plaintiff —remembering that its removal from the impact assessment is also subject to challenge, since it is assured that the municipality's own assets are affected— the particular interest protected up to this point must necessarily be displaced by the public interest; but from the evidence brought to the record at this procedural stage, it is not entirely clear, and rather it appears that the controversy itself is precisely aimed at determining whether environmental regulations have been violated with the building, not only regarding the plaintiff's construction, but also a radius of two hundred meters, which as the plaintiff's representation itself has well indicated, could (which is not a matter for analysis in this cause) affect properties within that radius. Specifically regarding the possible environmental damage claimed by the State representation, it should be noted that through the resolution issued at four five p.m. on July twenty-fourth, two thousand nineteen; this Court admitted the presented petition as provisionalísima, ordering the immediate suspension of the effects of the administrative acts by which the demolition of the works was ordered; so a simple calculation results in approximately twenty-two days having elapsed since the execution of the demolition was suspended, and during all that time, apparently, no setback has occurred, nor any impact on the public interest; at least that is what could be presumed given the absence of any single piece of evidence in that sense to prove the contrary (Articles 29.1 of the Administrative Contentious Procedure Code and 41.1.2 of the Civil Procedure Code). Moreover, apparently the State representation itself would agree to postpone the execution of the demolition, conditioned on the non-disposal and non-use of the facilities, maintaining the effectiveness of contract 04217 suspended, the foregoing based on what is provided by resolution 324-VEC-2019 issued by the Procurement Department of the Judicial Branch (plaintiff's evidence number 3), which made the resumption of contract 04217 conditional until it is demonstrated administratively or judicially that the premises will not be partially or totally demolished, that the use, enjoyment, and benefit of the same is guaranteed, and that this does not affect the protection range of protected water springs (nacientes de agua protegidas). Having said the above, and until it is demonstrated in the jurisdictional venue which of the positions is correct, the scale on this occasion tips in favor of considering this requirement fulfilled. Thus, upon analyzing the parties' positions together, it is this judge's conclusion that the particular interest must prevail over the public interests or those of interested third parties; however, due to the particularity of the matter, and since the public interest in the protection and care of the environment is at stake, it is necessary that in the following section, the manner in which the suspension of the challenged administrative conduct is to be maintained be indicated, let us see: VI) INNOVATIVE ORDER AND RESOLUTION OF THE CASE: In accordance with numerals 20, 21, and 23 of the Administrative Contentious Procedure Code, it is ordered at this proceeding to keep suspended the effects of RESOLUTION NUMBER 811-19-TAA of ten twenty a.m. on May twenty-seventh, two thousand nineteen, issued by the Administrative Environmental Tribunal, within administrative file number 158-17-02-TAA. The foregoing for as long as necessary, and until the processing and resolution of the respective plenary proceeding, which the representation of COORPORACIÓN ULSAN S.A must file within a period of 15 days counted from the day following the notification of this resolution, and under this same number (19-004925-1027-CA), under warning that in case of omission, the precautionary measure decreed herein will be lifted and it will be condemned to pay the damages and losses caused, which will be settled through the judgment execution procedure. Now then, having analyzed the State representation's claim, and reviewed the evidence on record, it becomes necessary to condition this determination in the following sense. From the evidence provided by the plaintiff's representation and what has been evidenced from the records, there is obviously a need to suspend the materialization of the administrative act challenged herein, since it is aimed at the demolition of a work of great value, and due to its value, it would generate large income from rent for the plaintiff company's representation, and this is totally clear. However, in the absence of evidence in that sense, this Court could not evidence what the consequence for the plaintiff would be of not being able to use and therefore dispose of the constructions; well, there is no evidence of that. The impact that not being able to dispose of its facilities and not receiving the rent that the Judicial Branch is willing to recognize to house the required facilities, through the direct contracting awarded to the plaintiff company, will cause on the plaintiff company's finances is unknown. It is reiterated, the impact and grave damage of having to demolish those constructions is clear, and hence it was deemed that the precautionary requirements were met; but what is not clear, in the absence of evidence in that sense, is the impact of not being able to dispose of those facilities for the purpose of their construction. In this case, two specific situations must be analyzed. The first is that a possible environmental impact is being discussed due to the proximity of this construction to an alleged spring (naciente) (this, remembering, is a merits issue); but if it were determined in the plenary proceeding that such proximity indeed exists, the use of those facilities for the time necessary to resolve the main matter could cause a greater impact on the environment, which could not be permitted as a precautionary or preliminary measure (in any case, it is a merits issue). The second would be based on determination number 324-VEC-2019 of the Procurement Department of the Judicial Branch (which, remembering, is not part of this matter, since the State representation in this case represents the interests of the Administrative Environmental Tribunal and not the Judicial Branch); by means of which it clearly ordered and conditioned (for what is relevant) the Resumption of the contract, until it is demonstrated administratively or judicially that the premises will not be partially or totally demolished; which is obviously a merits issue, but that determination rules out that there is a need of extreme urgency on the part of the Judicial Branch for the occupancy of the facilities; it suffices to refer to resolution number 324-VEC-2019, where the suspension of the contract for six months is rather determined, which would rule out damage to the Judicial Branch as is sought to be portrayed; by affirming that it will cause the inability to house the offices of the labor and civil procedural reform of San Carlos, an urgent aspect for said judicial circuit. Thus, as an innovative precautionary measure, it is ordered —apart from suspending the demolition of the construction already decreed in the record— the duty of the plaintiff NOT to dispose of and/or use the buildings subject to the precautionary measure, meaning that they MAY NOT be occupied by any person or company, until the contrary is ordered on the merits in the respective plenary proceeding. In case of non-compliance with what is decreed herein, it will not only be sufficient cause to lift the precautionary measure decreed herein, but it will also constitute disobedience to authority, with the consequences that this entails, if determined. VII) ON COSTS: In this Court's consideration, the way the events occurred in the administrative venue gave the opportunity to the party represented herein to come to this jurisdictional venue in order to defend its rights and interests. Note that through a precautionary petition, it is not appropriate to analyze the merits of the matter, and consequently, whether the petitioning party is right or not is something that can only be determined in the main cause. However, and despite this, one cannot lose sight that in this precautionary petition, the fulfillment of the precautionary requirements has been determined as the basis; and within this it was determined that it has the appearance of good law necessary to resort to this avenue, in safeguarding its interests and rights, and hence it was deemed that the requirement of Appearance of Good Law was satisfied. Added to this, regarding the issue of costs in this type of petition, there are several pronouncements from the Administrative Contentious Court of Appeals, such that until there is a direction in a different sense, this Court considers that the foregoing pronouncement should be issued without a special award of costs, precisely due to the type of proceeding. (See, among others, RESOLUTION 009-TA-11, 010-TA-11. JUDGMENT No. 90 -2011 bis ADMINISTRATIVE CONTENTIOUS AND CIVIL TREASURY COURT OF APPEALS. Annex A of the Second Judicial Circuit of San José, Address01, at one thirty p.m. on March sixteenth, two thousand eleven). Thus, this matter is resolved without a special award of costs. THEREFORE In the terms to be stated, the precautionary petition filed is granted. It is ordered at this proceeding to keep suspended the effects of RESOLUTION NUMBER 811-19-TAA of ten twenty a.m. on May twenty-seventh, two thousand nineteen, issued by the Administrative Environmental Tribunal, within administrative file number 158-17-02-TAA; by which the demolition of the plaintiff company's constructions is ordered. Let the representation of CORPORACIÓN ULSAN S.A. take into consideration that in this matter, it has been determined to grant this precautionary petition, conditioned upon the issuance of an innovative precautionary measure, which, apart from maintaining the suspension of the demolition of the construction already decreed in the record, establishes its duty of NO disposal and/or use of the buildings subject to the precautionary measure, meaning that they MAY NOT be occupied by any person or company; which obviously includes the plaintiff company, until the contrary is ordered on the merits in the respective plenary proceeding. In case of non-compliance with what is decreed herein, it will not only be sufficient cause to lift the precautionary measure decreed herein, but it will also constitute disobedience to authority, with the consequences that this entails, if determined. Furthermore, the plaintiff's representation must take into consideration that according to the rules of Article 26, second paragraph of the Administrative Contentious Procedure Code, it must file the plenary claim within a period of 15 days, counted from the day following the notification of this resolution, and under this same number (19-004925-1027-CA), under the warning that in case of omission, the precautionary measure decreed herein will be lifted and it will be condemned to pay the damages and losses caused, which will be settled through the judgment execution procedure. This matter is resolved without a special award of costs. NOTIFY. Lic. Rodrigo Huertas Durán. Judge.- *6YQ6J02TVRY61* 6YQ6J02TVRY61 RODRIGO HUERTAS DURÁN - DECISION-MAKING JUDGE It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 21-02-2026 08:54:21. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República