Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Se revoca la sentencia número dos mil diecinueve cero cero cero cuatro de las catorce horas y cincuenta y cuatro minutos del catorce de enero del dos mil diecinueve. En su lugar, se aprueba la información posesoria promovida y se ordena al Registro Público inscribir libre de cargas reales y gravámenes, a nombre de [Nombre1] , mayor, abogado, cédula CED8- - , casado una vez, vecino de San José, el inmueble sin inscribir: con naturaleza de potreros, pasto y cobertura boscosa. Sito en [Dirección6] , [Dirección10] Montes de Oro de la provincia de Puntarenas. ... Se decreta, se prohíbe el cambio de uso de suelos en las zonas de bosques y que debe acatarse el plan de manejo de la Zona Protectora Montes de Oro y Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas.
English (translation)The judgment number two thousand nineteen zero zero zero four of fourteen hours and fifty-four minutes of January fourteen, two thousand nineteen is reversed. In its place, the possessory information claim is approved and the Public Registry is ordered to register, free of real charges and encumbrances, in the name of [Nombre1], adult, attorney, identification number CED8- - , married once, resident of San José, the unregistered property: of a pasture, grassland and forest cover nature. Located in [Dirección6], [Dirección10] Montes de Oro, Puntarenas province. ... It is decreed that land-use change is prohibited in forested areas and that the management plan of the Montes de Oro Protective Zone and Peñas Blancas National Wildlife Refuge must be followed.
Granted
Grande Normal Pequeña Tribunal Agrario Resolución Nº 00501 - 2019 Fecha de la Resolución: 25 de Junio del 2019 a las 18:33 Expediente: 16-160013-0642-AG Redactado por: María Rosa Castro García Clase de asunto: Proceso de información posesoria Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con Voto Salvado Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario Tema: Información posesoria agraria Subtemas: Requisitos de acuerdo al régimen de tenencia de la tierra en áreas silvestres protegidas. ¨IV.- Estas diligencias se formulan con la finalidad de inscribir en el Registro Público de la Propiedad un inmueble con naturaleza de potreros, pasto y cobertura boscosa. Sito en [Dirección1] , [Dirección2] cuarto Montes de Oro de la provincia de Puntarenas. Linda al norte: con [Dirección3] conn frente lineal de siete metros; Sur: [Dirección3] con frente lineal de siete metros y en parte quebrada en medio [Nombre1] ; Este: [Dirección3] con frente lineal de siete metros y Oeste: [Nombre1] . Mide: Cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados. Plano catastrado P-1882418-2016 Estimado en inmueble en cinco millones de colones. Lo anterior según escrito inicial y memorial (folios 8 a 11 y 26 a 26, 65), Estudio de suelos (folios 16 a 21) y reconocimiento judicial (folio 781). Dicho bien es parte de área silvestre protegida en cien por ciento en Zona Protectora Montes de Oro Río creada en el año de 1994, por decreto ejecutivo 23142-MIRENEM del 27 de abril de 1994 y en un 30% en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas creado por Ley 7018 del 13 de setiembre de 1985. Conforme se indica en la certificación emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación aportada. (certificación en folio 15). El fundo se encuentra fuera de terrenos o propiedades administradas por el Instituto de Desarrollo Rural ( Prb./memorial en folio 50). Aunado a lo anterior, el promovente no ha inscrito fincas al amparo de la Ley de Informaciones Posesorias, según certificación emitida por el Registro Nacional. (certificación en folio 4). Se verifica, el edicto de ley fue publicado en el Diario Oficial (folio 52). La unica persona colindante quebrada de por medio [Nombre1] se dio por notificada y se encontró conforme mediante escrito de apersonamiento aportado (escrito en folio 24). V- Vistos los agravios contra la pieza apelada señala este Tribunal, cabe citar que las reglas del ordinal 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, establece el sistema de la libre valoración probatoria para los procesos agrarios. Sistema que exige al tribunal estudiar y seleccionar las fuentes de prueba obtenidas, a fin de establecer su eficacia para resolver el conflicto sometido a su conocimiento, a través de la percepción, la representación o reconstrucción y el razonamiento deductivo o inductivo. El tribunal deberá exponer los principios de equidad o de derecho sobre los cuales funda su decisión. Al respecto, la Sala Constitucional ha resuelto: "..., la apreciación de la prueba en conciencia no implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez -como funcionario público que es- se encuentra sujeto al principio de legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un objeto determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derechos constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política, tal y como lo entendió esta Sala en sentencia 3484-94, de las doce horas del ocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en que determinó que las facultades de los jueces de apreciar la prueba en conciencia no resultan contrarias a la obligación del juez de fundamentar sus fallos, principio constitucional que integra el debido proceso... () no resulta inconstitucional el poder otorgado al juez agrario para apreciar en conciencia la prueba y valorarla sin sujeción estricta a las normas del derecho común según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 54 impugnado, siempre y cuando dicte un fallo fundamentado, es decir analice el resultado de la prueba recogida en el proceso y exprese los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio, respetando de tal modo los contenidos mínimos del derecho de defensa" (voto 3657 del 7 de mayo de 2003. Ver en igual sentido votos N° 398 del 6 de junio del 2001 de la Sala Primera. En igual sentido veáse votos No. 206 del 26 de marzo de 1999, N°46 del 26 de abril de 1995; Nª66 del 6 de febrero de 2009 y 364 de 28 de mayo del 2009 del Tribunal Agrario). De igual forma se impone a la persona juzgadora la obligación de emitir una valoración integral de la prueba que conste en el expediente. Aclarado lo anterior y estudiada la sentencia recurrida, encuentra esta instancia medió un análisis erróneo y individualizado de los elementos probatorios, sin entrar a valorar de forma integral lo indicado por las personas testigas y su confrontación con documentos de traspaso aportados para aprovechar la posesión ejercida en el pasado. VI- Visto lo apelado cabe indicar, la sentencia venida en alzada N° 2019000004 las catorce horas y cincuenta y cuatro minutos del catorce de enero de dos mil diecinueve, imprueba el proceso de información posesoria por no tener por demostrada una cadena de transmisión de la posesión decenal anterior a la creación de las áreas silvestres protegidas, que afectaron el terreno, sean la Zona Protectora de Monte de Oro y Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas. Como se citó, tales categorías de manejo se crean por por decreto ejecutivo 23142-MIRENEM del 27 de abril de 1994 y en un 30% en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas creado por Ley 7018 del 13 de setiembre de 1985.Por ello, de conformidad con el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, la persona promovente debe acreditar el ejercicio de la posesión en condición de dueña en lo términos del artículo 856 del Código Civil, con al menos 10 años antes de la afectación del terreno a esa categoría de manejo; sea anterior al año 1985. Para justificar la posesión, acorde con el ordinal 6 de la Ley de Informaciones Posesorias se deben aportar tres testigos. Además, al pretender aprovechar la posesión transmitida, debió adjuntar el título por el cual adquirió el fundo, según regula el artículo 1 Ibídem. VII- Sobre el régimen de tenencia de la tierra en áreas silvestres protegidas, ha de indicarse, independientemente de su categoría de manejo, deben ser entendidas como zonas con un régimen de administración y normativa particular y específica, supeditadas a planes de manejo que aseguran su protección, conservación y uso racional de los recursos naturales. Recae el MINAET su administración, manejo y tutela, salvo ley especial que indique otra situación. El artículo 58 de la Ley de Biodiversidad, las define como zonas geográficas delimitadas, que se forman de terrenos, humedales y porciones de mar, declaradas como tales por representar una significancia especial, un interés de tutela y conservación del ambiente y sus ecosistemas, así como históricos y culturales. Esta norma hace una remisión expresa a la Ley Orgánica del Ambiente sobre la regulación de los requisitos y mecanismos para el establecimiento o reducción de estas áreas. La administración por Ley recae en forma exclusiva sobre el Ministerio de Ambiente, Energía; salvo los Monumentos Naturales. Por su parte, la Ley Forestal prevé que cuando se declare un área silvestre protegida de propiedad estatal, ésta debe pasar en forma inmediata a formar parte del patrimonio natural del Estado, regulado por el artículo 13 de la citada norma que expresamente señala que su administración corresponde al MINAET. Ese conjunto normativo debe interpretarse con lo prescrito en el artículo 58 in fine de la Ley de Biodiversidad, que reconoce los derechos adquiridos por poblaciones indígenas, campesinas, personas físicas o jurídicas, sobre los terrenos que sean declarados áreas silvestres protegidas y sus categorías de manejo. Ello se complementa con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias cuando indica: "Cuando el inmueble al que se refiera la información posesoria esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre." En este caso, debe ser verificado si se demuestra la cadena posesoria desde el año 1975 o antes y hasta la actualidad, sea por un plazo mayor a los diez años anteriores a la afectación de la zona mediante la categoría de manejo que corresponde al Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas ocurrida en 1985, para entender que los derechos adquiridos del promovente de solicitar el reconocimiento de su derecho de propiedad sobre el fundo y expedición de título inscribible. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en voto voto 144-96- de las 16:51 horas del 9 de enero de 1996, resolvió: " En el caso de establecerse reservas forestales, zonas protectoras y refugios nacionales de vida silvestre, se da la opción de que el propietario conserve su tierra, ya que, siguiendo el plan de manejo puede continuar aprovechándola en términos económicos, es decir, las limitaciones impuestas no son de tal magnitud que le impidan explotar su propiedad, por lo que no hacen nugatorio su derecho." Ademas de lo anterior, se debe analizar en esta sede, si se ha cumplido con el ejercicio de la posesión ecológica, a la luz del estudio de suelos, el reconocimiento judicial que al efecto celebró la juzgadora y los testimonios. VIII- Dados los agravios en este caso concreto, valoradas las tres declaraciones a la luz del canon 54 y 61 de la Ley de Jurisdicción Agraria de forma integral con la restante prueba recabada, se tiene por demostrada en esta Instancia el ejercicio de una posesión idónea y en respeto a los recursos naturales, mayor a la decenal anterior al año 1995 por parte del titulante, que aprovechó la posesión ejercida de su transmitente [Nombre2] , que le transmite al titulante y para ello aportó escritura pública de adquisición, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias. Consta en autos (folio 5), así como compraventa del año 1970 donde [Nombre2] adquiere de [Nombre3] y le transmite según el documento una posesión de 28 años que le enajenó [Nombre4] (folio 6). Además se rindió la prueba testimonial el día 29 de junio del 2017. Al respecto declara [Nombre2] ( acta en folio 74) que indicó ser mayor, de 82 años, vecina de Miramar. Conoce a la promovente desde hace 20 o 25 años y el fundo desde hace más de 45 años. Se identifica como la persona que le vende al titulante; que es el único dueño. No saber que se hubiera sacado madera del fundo y mantenerse en estado de conservación, estar cercada la finca, sin construcciones y protegidas las áreas que se ubican aledañas a la quebrada que pasa por los costados. Nunca constarle conflictos con otros o colindantes y reconocerse al titulante como el propietario. Este testimonio acredita el conocimiento del terreno pues la transmitió según la escritura pública al titulante en el 8 de julio de 1993. Por su parte el testigo [Nombre5] (folio 76), declaró conoce el fundo desde hace treinta años. Se le compró por [Nombre2] a una señora que identifica como [Nombre6] , luego se traspasó a [Nombre2], que le vende a el promovente, que se ha mantenido poseyendo como dueño. De forma coincidente cita que no hay construcciones, siempre ha sido poseído de forma pública, pacífica y sin conflictos.No se ha extraído madera. Observa este Tribunal, el conocimiento del terreno que tiene este testigo es del año 1987 dados los años de conocer el terreno, pero reconoce a [Nombre2] como la persona que adquiere y transmite al titulante. En esos aspectos resulta coincidente con lo declarado por la testiga anterior. Respecto a la persona que indica le transmite a [Nombre2] que identifica como [Nombre6] , si bien no coincide con quien aparece en la escritura pública vendiendo a [Nombre2] que es [Nombre3] , ello no es un obstáculo para desvirtuar lo que se indica en ese documento de transmisión. Por otra parte, el testigo [Nombre7] ( folio 77) declara conocer el fundo hacia 20 años, cuando le compra el promovente a [Nombre2], a quien reconoce como la dueña anterior. Asimismo que la posesion ha sido pacífica y sin problemas con nadie. Lo declarado por esta persona acredita su conocimiento del ejercicio de la posesión y la cadena de transmisión de [Nombre2] y el promovente. Lo que debe ser complementado con lo indicado en los documentos que soportan las ventas de 1970 a favor de [Nombre2] a quien se le transmite una posesión de 28 años ( sea desde 1942). Como se indicó, la valoración integral de los tres testimonios se debe hacer respecto a los documentos aportados, de los cuales en su conjunto se deduce que la finca ha estado en posesión de forma continua, ejerciendo actos de cuido, limpieza, cercado de forma pacífica, ininterrumpida y pacífica mucho más que diez años antes de 1985. Para esta Instancia las declaraciones resultan útiles y pertinentes a los efectos de demostrar la posesión decenal anterior al año 1985, acorde con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuando la finca resultó afectada por la declaratoria de área silvestre protegida de 1985 que creó el Refugio de Vida Silvestre citado y posteriormente en 1992 cuando se crea la Zona Protectora mencionada. Nota esta Sede, existe claridad en la cadena posesoria del inmueble que se pide titular según se expuso supra. La omisión de citar a [Nombre4] como transmitente de [Nombre2] por el testigo [Nombre5] no desvirtúa el conocimiento del inmueble, al describir de forma llana y sin confusiones el ejercicio de la posesión por [Nombre2], que según la escritura por la que adquiere compra a [Nombre3] , quien poseyó poe 28 años antes de 1970. Con respecto a la precisión de fechas y poseedores de un fundo sin inscribir y sus nombres, el Tribunal Agrario ha resuelto: " Además, es importante señalar que no es preciso que los testigos sean tan puntuales en cuanto a fechas exactas de posesión de cada uno de los transmitentes, o conozcan a todos éstos, menos aún en casos como el presente en el que el fundo ha tenido tantos dueños, pues lo importante es que exista una referencia a las personas vinculadas con el ejercicio de la posesión durante todos esos años y a la protección que se está haciendo del recurso forestal dadas las exigencias que plantea el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias y al uso conforme del suelo de acuerdo a la certificación de folio 179, entre otros requisitos legales que no han sido objetados por la apelante.-" ( voto N. 874-F-08). Criterio que se ha sostenido en votos posteriores y que comparte esta Cámara. Lo importante a fin de determinar si procede o no una titulación de un terreno ubicado dentro de áreas silvestres protegidas, es el conocimiento que se logre acreditar por parte de los testigos del fundo, sobre la antigüedad suficiente de la cadena posesoria y los actos ejercidos en el inmueble, cuyas declaraciones deben complementarse cos los documentos aportados . Nota esta Sede, lo declarado los testigos y la escritura de venta de 1970, acredita hechos que van más allá del año 1975, Por lo tanto, se tiene por cumplido el requisito del ordinal 6 de la Ley de Informaciones Posesorias respecto a la demostración de la posesión idónea por el plazo legal exigido. IX- Sobre la naturaleza del fundo. Acorde con el estudio de uso de suelos y el reconocimiento judicial realizado por el juzgado de instancia no se tiene por acreditado acto alguno que lesione los recursos naturales capaces de enervar la idoneidad de la posesión exigida por el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias en respecto del ambiente. En el acta de reconocimiento judicial (folio 781 , se consignó haberse encontrado un terreno con cobertura vegetal de conservación en las riberas de la quebrada,, dedicado a pastos y montes con árboles propios de la zona, charrales,, noi haber visto nacientes, vestigio de corta de árboles o construcciones. Por su parte, el estudio de suelos (estudio de uso de suelos folios 16 a 21) consignó ejercerse un uso conforme de suelos observando una finca dedicada a pastos y cobertura boscosa. Y ejercerse un uso conforme de suelos en un cien por ciento. Auando a las declaraciones testimoniales que de forma expresa indicaron no haberse extraído madera del terreno. Todas estas probanzas acreditan el cumplimiento de las exigencias legales a fin de acreditar la posesión idónea en condición de dueño del terreno objeto de este proceso. No encontrando obstáculo alguno que impida a este Tribunal considerar que procede aprobar el proceso planteado. X- Por los motivos expuestos se concluye, en cumplimiento de los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias, Código Civil, Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos y su Reglamento, así como la Ley Forestal, el promovente ha aprovechado la posesión ejercida por su transmitente, desde la década de 1993, que a su ves adquirió en el año 1970 una psoesión anterior de 28 años. Es decir, en un plazo decenal superior anterior de la creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas de 1985 y Zona Protectora Montes de Oro de 1994. Posesión ejercida en forma idónea para usucapir de lo cual aportó documento público, donde consta el traspaso de su derechom, que integrada con las declaraciones de los tres testigos, se acreditó claramente la cadena posesoria y la condición de la posesión apta, acorde con el artículo 863 del Código Civil y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, necesaria para adquirir el derecho a que se le expida título inscribible en el Registro Público de su inmueble. Posesión desarrollado en respecto de los recursos naturales que contiene el terreno. Por ello, se deberá revocar la sentencia recurrida y aprobarse el proceso de información posesoria promovido. Así como ordenarse al Registro Público inscribir libre de cargas reales y gravámenes, a nombre de [Nombre8] , cédula CED1, casado una vez, vecino de San José, el inmueble sin inscribir con naturaleza de potreros, pasto y cobertura boscosa. Sito en [Dirección4] , de la provincia de Puntarenas. Linda al norte: con [Dirección3] conn frente lineal de siete metros; Sur: [Dirección3] con frente lineal de siete metros y en parte quebrada en medio [Nombre1] ; Este: [Dirección3] con frente lineal de siete metros y Oeste: [Nombre1] . Mide: Cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados. Plano catastrado P-1882418-2016 Estimado en inmueble en cinco millones de colones. Se decreta, se prohíbe el cambio de uso de suelos en las zonas de bosques y que debe acatarse el plan de manejo de la Zona Protectora y Refugio Nacional de Vida Silvestre. Se decreta que por colindar la finca al rumbo norte, sur y este con [Dirección5] , el derecho de vía es de catorce metros, de conformidad con el artículo cuatro de la Ley de Caminos Públicos y diecinueve inciso a) de la Ley de Informaciones Posesorias y que debe ser respetado. Area que por ser dominio público, no es parte del fundo a inscribir. Además que por colindar con quebrada sin nombre, queda sujeto a las limitaciones de Ley de Aguas y áreas de protección de Ley Forestal. Queda la presente finca afecta a las reservas de Ley de Aguas, Ley Forestal y Ley de Caminos Públicos, según el artículo diecinueve de la Ley de Informaciones Posesorias. Proceda el Juzgado de instancia a emitir la ejecutoria correspondiente y se le autoriza a hacer las correcciones que sean necesarias a fin de lograr la inscripción registral.¨ ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario Tema: Información posesoria agraria Subtemas: Necesaria demostración con tres testigos sobre la posesión decenal con antelación a la creación del área silvestre protegida. ¨XI-VOTO SALVADO DE LA JUEZA [Nombre1] : No comparto el criterio de mayoría contenido en esta sentencia aprobatoria por cuanto considero la misma debió improbarse y resolverse de la siguiente forma: El artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias reza: “ La justificación de la posesión se acreditará con la declaración de tres testigos, vecinos del cantón donde se halle situado el inmueble…” Los requisitos expuestos en esta ley para la titulación de tierras son de obligatorio cumpliendo, y entre ellos lo es la necesaria demostración de la posesión decenal con tres testigos, al falta de ellos la información posesoria deberá denegarse. En el caso bajo examen, se recibió la declaración de tres testigos, sin embargo cada uno de ellos debió referirse concretamente además del conocimiento del terreno, a la forma de la posesión de los anteriores poseedores, si éstos cuidaron o no el recurso máxime se está dentro del 100% del área silvestre protegida Zona Protectora Montes de Oro, y en un 30,02% dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas creado mediante Ley 7018 del 13 de diciembre de 1985. Además demostrar las condiciones establecidas en el artículo 856 del Código Civil, siendo tales requisitos no sólo referidos al actual poseedor, sino también comprende a la forma de la posesión derivada que se pretende hacer valer, y el tiempo de posesión de cada uno de ellos. Es de mucha importancia hacer referencia a quienes fueron los anteriores poseedores así como el tiempo de posesión de cada uno de ellos para así hacer valer una posesión derivada. Dichas declaraciones testimoniales son obligado requisito según el artículo 6 citado supra, y deben ser coincidentes con la prueba documental, es decir, en el caso concreto con la prueba de contrato de venta entre [Nombre2] y [Nombre3] visible a folio 6, debieron los testigos referirse a que dentro de la cadena posesoria se encontraba este señor [Nombre2], y ninguno hizo referencia al mismo. El testimonio de doña [Nombre3] hace referencia únicamente a que ella era la poseedora y se lo transmitió a [Nombre4] , sin hacer referencia al tiempo de posesión ejercido por ella, ni tampoco indica la persona de la cual adquirió (ver testimonio omiso a folio 74). Por su parte, el testigo señor [Nombre5] a folio 76, quien dijo ser el esposo de doña [Nombre3], manifestó esa finca se había adquirido de una señora [Nombre6] , luego se la compraron y se puso a nombre de su esposa [Nombre3], que fue la dueña por unos cinco años, y luego se la vendió a [Nombre4] , siendo esa última venta hace como unos veinticinco años y desde entonces [Nombre4] se ha mantenido como único dueño. El tercer testigo tampoco hace prueba de la posesión derivada del promovente, pues solo hace referencia a que [Nombre4] adquirió de doña [Nombre3] , y desde entonces ejerce la posesión, sin hacer referencia al tiempo de posesión que le traspasó doña [Nombre3], ni tampoco sobre el transmitente a ésta, señor [Nombre2] como lo pretende hacer valer el apelante.- Ninguno de los testimonios hacen referencia al anterior poseedor [Nombre7] , únicamente el testigo [Nombre5] hace mención a una anterior poseedora llamada [Nombre6] e indica tuvieron su posesión solo por 5 años antes de traspasarlo a [Nombre4] . No hay coincidencia en la cadena posesoria que se indica en los documentos con relación a esta declaración testifical, ni tampoco los otros dos testigos refieren a los transmitentes anteriores a doña [Nombre3]. No se brinda una información completa de todos los participaron en esa cadena posesoria, ni los tiempos de posesión, ni en qué consistirían los actos desarrollados, si fueron de conservación o cuido del recurso, ni la forma que lo realizarían para así verificar el cumplimiento del artículo 7 de Informaciones Posesorias, máxime el inmueble se ubica dentro de Zona Protectora Montes de Oro en un 100% y Refugio de Vida Silvestre Peñas Blancas en un 30,02%. En este mismo sentido véase Voto número 117 y 118 de este Tribunal ambos del año dos mil seis.- La parte recurrente indica que la prueba testimonial se puede complementar con el documento de transmisión de la posesión.- El hecho que se hiciera un documento con fecha cierta, en el que consta el traspaso le hiciera [Nombre2] a doña [Nombre3] y ésta al aquí promovente, ello no hace plena prueba de la posesión decenal ejercida por el transmitente, por cuanto dicho documento público, no da fe de la posesión, sino del negocio jurídico que en ese momento hacen las partes de conformidad con los datos que éstas mismas le suministran, no siendo constancia para el notario los años de posesión que las partes indican han ejercido, pues éste se limita a redactar la escritura correspondiente con base en el dicho de las partes otorgantes de la misma. De allí sea necesario la demostración y coincidencia del tal negocio jurídico con lo expresado por los tres testigos sobre la posesión decenal, lo que no ha sido cumplido por el promovente. Se comparte el criterio del recurrente sobre que debe considerarse la declaración de [Nombre3] , aún siendo esta la transmitente. Nótese la declaración de la citada testiga [Nombre3], es referido a que fue poseedora del inmueble y manifiesta conocer el terreno el cual traspasó al aquí promovente. Este testiga es admisible por cuanto es la persona a quien mejor le consta sobre la existencia de la posesión para usucapir la parte accionante. Si bien es cierto esta testiga está declarando sobre hechos propios, es decir, sobre la existencia de la posesión que alguna vez fuera de ella, no lo está haciendo para obtener su propio beneficio en este proceso, pues su declaración lo es a favor de un tercero, o sea en beneficio del actual poseedor, por lo que este argumento utilizado por la a-quo para improbar la titulación no es compartido, sino que la improbación debió ser por lo dicho al inicio de este considerando.¨ ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Texto de la resolución Firmar Documento EXPEDIENTE: EXPN1 - 0 PROCESO: INFORMACIÓN POSESORIA PROMUEVE: [Nombre1] VOTO N° 501-F-19 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las dieciocho horas y treinta y tres minutos del veinticinco de junio de dos mil diecinueve.- PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA, promovida por [Nombre1] , casada una vez, Biólogo, vecino de San José, Pavas, cédula de identidad CED1 - - . Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Susana Fallas Cubero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad CED2 - - , en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica número CED3 - - - , representado Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, divorciada dos veces, abogada, cédula de identidad CED4 - - , vecina de San Ramón de Alajuela, en su condición de apoderada general judicial. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Puntarenas.- RESULTANDO: 1.- El promovente interpuso proceso de información posesoria con el fin que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que se describe así:"..Terreno de pasto, situado en Zapotal [Dirección1] , cantón cuarto Montes de Oro de la provincia de Puntarenas, linda al Norte: [Dirección2] ; Sur: [Dirección3] y en parte quebrada en medio [Nombre2] ; Este: [Dirección3] y Oeste: [Nombre2] . Mide: Cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados; según plano catastrado P-1882418-2016". ( folio 8). 2.- La Procuraduría General de la República y El Instituto de Desarrollo Rural se apersonaron al proceso. ( folios 43 a 49 y 51 respectivamente).- 3.- La jueza Erika Amador Brenes, del Juzgado Agrario de Puntarenas, mediante sentencia número 2019000004, de las catorce horas y cincuenta y cuatro minutos del catorce de enero de dos mil diecinueve, resolvió: “POR TANTO: ..Se imprueba la información posesoria establecido por [Nombre1] , casada una vez, Biólogo, portador de la cédula de identidad CED5- , vecino de San José, Pavas, del final del [Dirección4] , [Dirección5] . Notifíquese ", (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Puntarenas, sentencia de primera instancia incorporada el 14/06/2018 15:20:50).- 4.- El promovente [Nombre1] , formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Puntarenas, ver escrito incorporado 17/01/2019 a las 04:15:10). 5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se nota la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.- Redacta la jueza Castro García; y, CONSIDERANDO I- Hechos Probados. Se prohíjan los hechos probados numerados uno a cuatro por estar fundados en elementos probatorios que constan en autos. No asi los restantes por ser requisitos del proceso. De importancia en esta instancia, se tienen por acreditado en este asunto los siguientes hechos: 8) La finca objeto de este proceso se ha dedicado a pastos, potreros ,charral y conservación, delimitación y mantenimiento, ejerciéndose un uso conforme de suelos. (Prb./ escrito inicial en folios 8 a 11, declaraciones testimoniales y reconocimiento judicial de folios 74 a 78, estudio de uso de suelos en folios 16 a 21). 9) [Nombre1] adquirió la finca de [Nombre3] por venta suscrita en escritura pública número 47 del 8 de julio de 1993. Y a su vez ésta adquirió el 30 de mayo de 1970 de [Nombre4] una posesión de veintiocho años, por compra venta. (Prb./ escrito inicial en folios 8 a 11, declaraciones testimoniales en folios 74 a 77, escritura de venta a folio 5 y contrato de venta a folio 6). II- Hechos no probados. No se prohíjan los hechos no probados contenidos en la sentencia recurrida, por existir prueba que estableces otra base fáctica. III- Apelación.- La parte promovente apela la sentencia que denegó sus solicitud de obtener titulo inscribible, número 201900004 de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del catorce de enero del dos mil diecinueve, (expediente/escritos/fechas/14/01/2019 14:54:46). Estima el recurrente, existe suficiencia probatoria de naturaleza documental (escrituras diversas), de las cuales se acredita la posesión derivada que ha sido ejercida en forma precedente al año 1975. Detalla, se celebra por [Nombre4] la venta a [Nombre3] el 30 de mayo de 1970, mencionándose que se transmitía la posesión sobre un inmueble situado en Zapotal de Montes de Oro. Con cabida de menos de ocho manzanas. Que adquirió de [Nombre5][Nombre6] hacía 28 años. Luego en 1993, por escritura pública CED6 otorgada ante el Notario Jaime Quintana López, [Nombre3] le vende el derecho de posesión al titulante, derivándole aproximadamente 23 años de posesión. Hacce ver, se acredita el ejercicio de la posesión desde al menos 1942 con ambas escrituras aportadas.- Respecto a las declaraciones testimoniales, reseña que las preguntas no fueron correctamente formuladas. Y debe considerarse son personas de 80 años de edad, que en razón de su edad no precisaban el tiempo. No se advirtió que [Nombre3] no era apta para ser testigo por su condición de transmitente, y de así haberlo estimado debió advertirse. Al respecto aduce, ella no declara sobre hechos propios sino sobre la existencia de la venta. Además de la no extracción de madera; pues el fundo le perteneció.- Reclama la ausencia de valoración integral de la prueba de las declaraciones testificales en relación con la documental. Pues de tales en su conjunto, se concluye que sobre el inmueble existe una posesión desde antes de 1975. Resume la prueba documental adjunta a los autos y así como la de los testigos, que ofrece ante esta instancia. - (Ver recurso de apelación en archivo del 17/01/2019 04:15:10).- IV.- Estas diligencias se formulan con la finalidad de inscribir en el Registro Público de la Propiedad un inmueble con naturaleza de potreros, pasto y cobertura boscosa. Sito en [Dirección6] , cantón cuarto Montes de Oro de la provincia de Puntarenas. Linda al norte: con [Dirección7] conn frente lineal de siete metros; Sur: [Dirección7] con frente lineal de siete metros y en parte quebrada en medio [Nombre2] ; Este: [Dirección7] con frente lineal de siete metros y Oeste: [Nombre2] . Mide: Cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados. Plano catastrado P-1882418-2016 Estimado en inmueble en cinco millones de colones. Lo anterior según escrito inicial y memorial (folios 8 a 11 y 26 a 26, 65), Estudio de suelos (folios 16 a 21) y reconocimiento judicial (folio 781). Dicho bien es parte de área silvestre protegida en cien por ciento en Zona Protectora Montes de Oro Río creada en el año de 1994, por decreto ejecutivo 23142-MIRENEM del 27 de abril de 1994 y en un 30% en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas creado por Ley 7018 del 13 de setiembre de 1985. Conforme se indica en la certificación emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación aportada. (certificación en folio 15). El fundo se encuentra fuera de terrenos o propiedades administradas por el Instituto de Desarrollo Rural ( Prb./memorial en folio 50). Aunado a lo anterior, el promovente no ha inscrito fincas al amparo de la Ley de Informaciones Posesorias, según certificación emitida por el Registro Nacional. (certificación en folio 4). Se verifica, el edicto de ley fue publicado en el Diario Oficial (folio 52). La unica persona colindante quebrada de por medio [Nombre2] se dio por notificada y se encontró conforme mediante escrito de apersonamiento aportado (escrito en folio 24). V- Vistos los agravios contra la pieza apelada señala este Tribunal, cabe citar que las reglas del ordinal 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, establece el sistema de la libre valoración probatoria para los procesos agrarios. Sistema que exige al tribunal estudiar y seleccionar las fuentes de prueba obtenidas, a fin de establecer su eficacia para resolver el conflicto sometido a su conocimiento, a través de la percepción, la representación o reconstrucción y el razonamiento deductivo o inductivo. El tribunal deberá exponer los principios de equidad o de derecho sobre los cuales funda su decisión. Al respecto, la Sala Constitucional ha resuelto: "..., la apreciación de la prueba en conciencia no implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez -como funcionario público que es- se encuentra sujeto al principio de legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un objeto determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derechos constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política, tal y como lo entendió esta Sala en sentencia 3484-94, de las doce horas del ocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en que determinó que las facultades de los jueces de apreciar la prueba en conciencia no resultan contrarias a la obligación del juez de fundamentar sus fallos, principio constitucional que integra el debido proceso... () no resulta inconstitucional el poder otorgado al juez agrario para apreciar en conciencia la prueba y valorarla sin sujeción estricta a las normas del derecho común según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 54 impugnado, siempre y cuando dicte un fallo fundamentado, es decir analice el resultado de la prueba recogida en el proceso y exprese los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio, respetando de tal modo los contenidos mínimos del derecho de defensa" (voto 3657 del 7 de mayo de 2003. Ver en igual sentido votos N° 398 del 6 de junio del 2001 de la Sala Primera. En igual sentido veáse votos No. 206 del 26 de marzo de 1999, N°46 del 26 de abril de 1995; Nª66 del 6 de febrero de 2009 y 364 de 28 de mayo del 2009 del Tribunal Agrario). De igual forma se impone a la persona juzgadora la obligación de emitir una valoración integral de la prueba que conste en el expediente. Aclarado lo anterior y estudiada la sentencia recurrida, encuentra esta instancia medió un análisis erróneo y individualizado de los elementos probatorios, sin entrar a valorar de forma integral lo indicado por las personas testigas y su confrontación con documentos de traspaso aportados para aprovechar la posesión ejercida en el pasado. VI- Visto lo apelado cabe indicar, la sentencia venida en alzada N° 2019000004 las catorce horas y cincuenta y cuatro minutos del catorce de enero de dos mil diecinueve, imprueba el proceso de información posesoria por no tener por demostrada una cadena de transmisión de la posesión decenal anterior a la creación de las áreas silvestres protegidas, que afectaron el terreno, sean la Zona Protectora de Monte de Oro y Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas. Como se citó, tales categorías de manejo se crean por por decreto ejecutivo 23142-MIRENEM del 27 de abril de 1994 y en un 30% en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas creado por Ley 7018 del 13 de setiembre de 1985.Por ello, de conformidad con el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, la persona promovente debe acreditar el ejercicio de la posesión en condición de dueña en lo términos del artículo 856 del Código Civil, con al menos 10 años antes de la afectación del terreno a esa categoría de manejo; sea anterior al año 1985. Para justificar la posesión, acorde con el ordinal 6 de la Ley de Informaciones Posesorias se deben aportar tres testigos. Además, al pretender aprovechar la posesión transmitida, debió adjuntar el título por el cual adquirió el fundo, según regula el artículo 1 Ibídem. VII- Sobre el régimen de tenencia de la tierra en áreas silvestres protegidas, ha de indicarse, independientemente de su categoría de manejo, deben ser entendidas como zonas con un régimen de administración y normativa particular y específica, supeditadas a planes de manejo que aseguran su protección, conservación y uso racional de los recursos naturales. Recae el MINAET su administración, manejo y tutela, salvo ley especial que indique otra situación. El artículo 58 de la Ley de Biodiversidad, las define como zonas geográficas delimitadas, que se forman de terrenos, humedales y porciones de mar, declaradas como tales por representar una significancia especial, un interés de tutela y conservación del ambiente y sus ecosistemas, así como históricos y culturales. Esta norma hace una remisión expresa a la Ley Orgánica del Ambiente sobre la regulación de los requisitos y mecanismos para el establecimiento o reducción de estas áreas. La administración por Ley recae en forma exclusiva sobre el Ministerio de Ambiente, Energía; salvo los Monumentos Naturales. Por su parte, la Ley Forestal prevé que cuando se declare un área silvestre protegida de propiedad estatal, ésta debe pasar en forma inmediata a formar parte del patrimonio natural del Estado, regulado por el artículo 13 de la citada norma que expresamente señala que su administración corresponde al MINAET. Ese conjunto normativo debe interpretarse con lo prescrito en el artículo 58 in fine de la Ley de Biodiversidad, que reconoce los derechos adquiridos por poblaciones indígenas, campesinas, personas físicas o jurídicas, sobre los terrenos que sean declarados áreas silvestres protegidas y sus categorías de manejo. Ello se complementa con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias cuando indica: "Cuando el inmueble al que se refiera la información posesoria esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre." En este caso, debe ser verificado si se demuestra la cadena posesoria desde el año 1975 o antes y hasta la actualidad, sea por un plazo mayor a los diez años anteriores a la afectación de la zona mediante la categoría de manejo que corresponde al Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas ocurrida en 1985, para entender que los derechos adquiridos del promovente de solicitar el reconocimiento de su derecho de propiedad sobre el fundo y expedición de título inscribible. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en voto voto 144-96- de las 16:51 horas del 9 de enero de 1996, resolvió: " En el caso de establecerse reservas forestales, zonas protectoras y refugios nacionales de vida silvestre, se da la opción de que el propietario conserve su tierra, ya que, siguiendo el plan de manejo puede continuar aprovechándola en términos económicos, es decir, las limitaciones impuestas no son de tal magnitud que le impidan explotar su propiedad, por lo que no hacen nugatorio su derecho." Ademas de lo anterior, se debe analizar en esta sede, si se ha cumplido con el ejercicio de la posesión ecológica, a la luz del estudio de suelos, el reconocimiento judicial que al efecto celebró la juzgadora y los testimonios. VIII- Dados los agravios en este caso concreto, valoradas las tres declaraciones a la luz del canon 54 y 61 de la Ley de Jurisdicción Agraria de forma integral con la restante prueba recabada, se tiene por demostrada en esta Instancia el ejercicio de una posesión idónea y en respeto a los recursos naturales, mayor a la decenal anterior al año 1995 por parte del titulante, que aprovechó la posesión ejercida de su transmitente [Nombre3] , que le transmite al titulante y para ello aportó escritura pública de adquisición, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias. Consta en autos (folio 5), así como compraventa del año 1970 donde [Nombre3] adquiere de [Nombre4] y le transmite según el documento una posesión de 28 años que le enajenó [Nombre6] (folio 6). Además se rindió la prueba testimonial el día 29 de junio del 2017. Al respecto declara [Nombre3] ( acta en folio 74) que indicó ser mayor, de 82 años, vecina de Miramar. Conoce a la promovente desde hace 20 o 25 años y el fundo desde hace más de 45 años. Se identifica como la persona que le vende al titulante; que es el único dueño. No saber que se hubiera sacado madera del fundo y mantenerse en estado de conservación, estar cercada la finca, sin construcciones y protegidas las áreas que se ubican aledañas a la quebrada que pasa por los costados. Nunca constarle conflictos con otros o colindantes y reconocerse al titulante como el propietario. Este testimonio acredita el conocimiento del terreno pues la transmitió según la escritura pública al titulante en el 8 de julio de 1993. Por su parte el testigo [Nombre7] (folio 76), declaró conoce el fundo desde hace treinta años. Se le compró por [Nombre3] a una señora que identifica como [Nombre8] , luego se traspasó a [Nombre3], que le vende a el promovente, que se ha mantenido poseyendo como dueño. De forma coincidente cita que no hay construcciones, siempre ha sido poseído de forma pública, pacífica y sin conflictos.No se ha extraído madera. Observa este Tribunal, el conocimiento del terreno que tiene este testigo es del año 1987 dados los años de conocer el terreno, pero reconoce a [Nombre3] como la persona que adquiere y transmite al titulante. En esos aspectos resulta coincidente con lo declarado por la testiga anterior. Respecto a la persona que indica le transmite a [Nombre3] que identifica como [Nombre8] , si bien no coincide con quien aparece en la escritura pública vendiendo a [Nombre3] que es [Nombre4] , ello no es un obstáculo para desvirtuar lo que se indica en ese documento de transmisión. Por otra parte, el testigo [Nombre9] ( folio 77) declara conocer el fundo hacia 20 años, cuando le compra el promovente a [Nombre3], a quien reconoce como la dueña anterior. Asimismo que la posesion ha sido pacífica y sin problemas con nadie. Lo declarado por esta persona acredita su conocimiento del ejercicio de la posesión y la cadena de transmisión de [Nombre3] y el promovente. Lo que debe ser complementado con lo indicado en los documentos que soportan las ventas de 1970 a favor de [Nombre3] a quien se le transmite una posesión de 28 años ( sea desde 1942). Como se indicó, la valoración integral de los tres testimonios se debe hacer respecto a los documentos aportados, de los cuales en su conjunto se deduce que la finca ha estado en posesión de forma continua, ejerciendo actos de cuido, limpieza, cercado de forma pacífica, ininterrumpida y pacífica mucho más que diez años antes de 1985. Para esta Instancia las declaraciones resultan útiles y pertinentes a los efectos de demostrar la posesión decenal anterior al año 1985, acorde con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuando la finca resultó afectada por la declaratoria de área silvestre protegida de 1985 que creó el Refugio de Vida Silvestre citado y posteriormente en 1992 cuando se crea la Zona Protectora mencionada. Nota esta Sede, existe claridad en la cadena posesoria del inmueble que se pide titular según se expuso supra. La omisión de citar a [Nombre6] como transmitente de [Nombre3] por el testigo [Nombre7] no desvirtúa el conocimiento del inmueble, al describir de forma llana y sin confusiones el ejercicio de la posesión por [Nombre3], que según la escritura por la que adquiere compra a [Nombre4] , quien poseyó poe 28 años antes de 1970. Con respecto a la precisión de fechas y poseedores de un fundo sin inscribir y sus nombres, el Tribunal Agrario ha resuelto: " Además, es importante señalar que no es preciso que los testigos sean tan puntuales en cuanto a fechas exactas de posesión de cada uno de los transmitentes, o conozcan a todos éstos, menos aún en casos como el presente en el que el fundo ha tenido tantos dueños, pues lo importante es que exista una referencia a las personas vinculadas con el ejercicio de la posesión durante todos esos años y a la protección que se está haciendo del recurso forestal dadas las exigencias que plantea el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias y al uso conforme del suelo de acuerdo a la certificación de folio 179, entre otros requisitos legales que no han sido objetados por la apelante.-" ( voto N. 874-F-08). Criterio que se ha sostenido en votos posteriores y que comparte esta Cámara. Lo importante a fin de determinar si procede o no una titulación de un terreno ubicado dentro de áreas silvestres protegidas, es el conocimiento que se logre acreditar por parte de los testigos del fundo, sobre la antigüedad suficiente de la cadena posesoria y los actos ejercidos en el inmueble, cuyas declaraciones deben complementarse cos los documentos aportados . Nota esta Sede, lo declarado los testigos y la escritura de venta de 1970, acredita hechos que van más allá del año 1975, Por lo tanto, se tiene por cumplido el requisito del ordinal 6 de la Ley de Informaciones Posesorias respecto a la demostración de la posesión idónea por el plazo legal exigido. IX- Sobre la naturaleza del fundo. Acorde con el estudio de uso de suelos y el reconocimiento judicial realizado por el juzgado de instancia no se tiene por acreditado acto alguno que lesione los recursos naturales capaces de enervar la idoneidad de la posesión exigida por el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias en respecto del ambiente. En el acta de reconocimiento judicial (folio 781 , se consignó haberse encontrado un terreno con cobertura vegetal de conservación en las riberas de la quebrada,, dedicado a pastos y montes con árboles propios de la zona, charrales,, noi haber visto nacientes, vestigio de corta de árboles o construcciones. Por su parte, el estudio de suelos (estudio de uso de suelos folios 16 a 21) consignó ejercerse un uso conforme de suelos observando una finca dedicada a pastos y cobertura boscosa. Y ejercerse un uso conforme de suelos en un cien por ciento. Auando a las declaraciones testimoniales que de forma expresa indicaron no haberse extraído madera del terreno. Todas estas probanzas acreditan el cumplimiento de las exigencias legales a fin de acreditar la posesión idónea en condición de dueño del terreno objeto de este proceso. No encontrando obstáculo alguno que impida a este Tribunal considerar que procede aprobar el proceso planteado. X- Por los motivos expuestos se concluye, en cumplimiento de los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias, Código Civil, Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos y su Reglamento, así como la Ley Forestal, el promovente ha aprovechado la posesión ejercida por su transmitente, desde la década de 1993, que a su ves adquirió en el año 1970 una psoesión anterior de 28 años. Es decir, en un plazo decenal superior anterior de la creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas de 1985 y Zona Protectora Montes de Oro de 1994. Posesión ejercida en forma idónea para usucapir de lo cual aportó documento público, donde consta el traspaso de su derechom, que integrada con las declaraciones de los tres testigos, se acreditó claramente la cadena posesoria y la condición de la posesión apta, acorde con el artículo 863 del Código Civil y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, necesaria para adquirir el derecho a que se le expida título inscribible en el Registro Público de su inmueble. Posesión desarrollado en respecto de los recursos naturales que contiene el terreno. Por ello, se deberá revocar la sentencia recurrida y aprobarse el proceso de información posesoria promovido. Así como ordenarse al Registro Público inscribir libre de cargas reales y gravámenes, a nombre de [Nombre1] , cédula CED7, casado una vez, vecino de San José, el inmueble sin inscribir con naturaleza de potreros, pasto y cobertura boscosa. Sito en [Dirección8] , de la provincia de Puntarenas. Linda al norte: con [Dirección7] conn frente lineal de siete metros; Sur: [Dirección7] con frente lineal de siete metros y en parte quebrada en medio [Nombre2] ; Este: [Dirección7] con frente lineal de siete metros y Oeste: [Nombre2] . Mide: Cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados. Plano catastrado P-1882418-2016 Estimado en inmueble en cinco millones de colones. Se decreta, se prohíbe el cambio de uso de suelos en las zonas de bosques y que debe acatarse el plan de manejo de la Zona Protectora y Refugio Nacional de Vida Silvestre. Se decreta que por colindar la finca al rumbo norte, sur y este con [Dirección9] , el derecho de vía es de catorce metros, de conformidad con el artículo cuatro de la Ley de Caminos Públicos y diecinueve inciso a) de la Ley de Informaciones Posesorias y que debe ser respetado. Area que por ser dominio público, no es parte del fundo a inscribir. Además que por colindar con quebrada sin nombre, queda sujeto a las limitaciones de Ley de Aguas y áreas de protección de Ley Forestal. Queda la presente finca afecta a las reservas de Ley de Aguas, Ley Forestal y Ley de Caminos Públicos, según el artículo diecinueve de la Ley de Informaciones Posesorias. Proceda el Juzgado de instancia a emitir la ejecutoria correspondiente y se le autoriza a hacer las correcciones que sean necesarias a fin de lograr la inscripción registral. XI- VOTO SALVADO DE LA JUEZA [Nombre10] : No comparto el criterio de mayoría contenido en esta sentencia aprobatoria por cuanto considero la misma debió improbarse y resolverse de la siguiente forma: El artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias reza: “ La justificación de la posesión se acreditará con la declaración de tres testigos, vecinos del cantón donde se halle situado el inmueble…” Los requisitos expuestos en esta ley para la titulación de tierras son de obligatorio cumpliendo, y entre ellos lo es la necesaria demostración de la posesión decenal con tres testigos, al falta de ellos la información posesoria deberá denegarse. En el caso bajo examen, se recibió la declaración de tres testigos, sin embargo cada uno de ellos debió referirse concretamente además del conocimiento del terreno, a la forma de la posesión de los anteriores poseedores, si éstos cuidaron o no el recurso máxime se está dentro del 100% del área silvestre protegida Zona Protectora Montes de Oro, y en un 30,02% dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas creado mediante Ley 7018 del 13 de diciembre de 1985. Además demostrar las condiciones establecidas en el artículo 856 del Código Civil, siendo tales requisitos no sólo referidos al actual poseedor, sino también comprende a la forma de la posesión derivada que se pretende hacer valer, y el tiempo de posesión de cada uno de ellos. Es de mucha importancia hacer referencia a quienes fueron los anteriores poseedores así como el tiempo de posesión de cada uno de ellos para así hacer valer una posesión derivada. Dichas declaraciones testimoniales son obligado requisito según el artículo 6 citado supra, y deben ser coincidentes con la prueba documental, es decir, en el caso concreto con la prueba de contrato de venta entre [Nombre4] y [Nombre3] visible a folio 6, debieron los testigos referirse a que dentro de la cadena posesoria se encontraba este señor [Nombre4], y ninguno hizo referencia al mismo. El testimonio de doña [Nombre3] hace referencia únicamente a que ella era la poseedora y se lo transmitió a [Nombre1] , sin hacer referencia al tiempo de posesión ejercido por ella, ni tampoco indica la persona de la cual adquirió (ver testimonio omiso a folio 74). Por su parte, el testigo señor [Nombre7] a folio 76, quien dijo ser el esposo de doña [Nombre3], manifestó esa finca se había adquirido de una señora [Nombre8] , luego se la compraron y se puso a nombre de su esposa [Nombre3], que fue la dueña por unos cinco años, y luego se la vendió a [Nombre1] , siendo esa última venta hace como unos veinticinco años y desde entonces [Nombre1] se ha mantenido como único dueño. El tercer testigo tampoco hace prueba de la posesión derivada del promovente, pues solo hace referencia a que [Nombre1] adquirió de doña [Nombre3] , y desde entonces ejerce la posesión, sin hacer referencia al tiempo de posesión que le traspasó doña [Nombre3], ni tampoco sobre el transmitente a ésta, señor [Nombre4] como lo pretende hacer valer el apelante.- Ninguno de los testimonios hacen referencia al anterior poseedor [Nombre11] , únicamente el testigo [Nombre7] hace mención a una anterior poseedora llamada [Nombre8] e indica tuvieron su posesión solo por 5 años antes de traspasarlo a [Nombre1] . No hay coincidencia en la cadena posesoria que se indica en los documentos con relación a esta declaración testifical, ni tampoco los otros dos testigos refieren a los transmitentes anteriores a doña [Nombre3]. No se brinda una información completa de todos los participaron en esa cadena posesoria, ni los tiempos de posesión, ni en qué consistirían los actos desarrollados, si fueron de conservación o cuido del recurso, ni la forma que lo realizarían para así verificar el cumplimiento del artículo 7 de Informaciones Posesorias, máxime el inmueble se ubica dentro de Zona Protectora Montes de Oro en un 100% y Refugio de Vida Silvestre Peñas Blancas en un 30,02%. En este mismo sentido véase Voto número 117 y 118 de este Tribunal ambos del año dos mil seis.- La parte recurrente indica que la prueba testimonial se puede complementar con el documento de transmisión de la posesión.- El hecho que se hiciera un documento con fecha cierta, en el que consta el traspaso le hiciera [Nombre4] a doña [Nombre3] y ésta al aquí promovente, ello no hace plena prueba de la posesión decenal ejercida por el transmitente, por cuanto dicho documento público, no da fe de la posesión, sino del negocio jurídico que en ese momento hacen las partes de conformidad con los datos que éstas mismas le suministran, no siendo constancia para el notario los años de posesión que las partes indican han ejercido, pues éste se limita a redactar la escritura correspondiente con base en el dicho de las partes otorgantes de la misma. De allí sea necesario la demostración y coincidencia del tal negocio jurídico con lo expresado por los tres testigos sobre la posesión decenal, lo que no ha sido cumplido por el promovente. Se comparte el criterio del recurrente sobre que debe considerarse la declaración de [Nombre3] , aún siendo esta la transmitente. Nótese la declaración de la citada testiga [Nombre3], es referido a que fue poseedora del inmueble y manifiesta conocer el terreno el cual traspasó al aquí promovente. Este testiga es admisible por cuanto es la persona a quien mejor le consta sobre la existencia de la posesión para usucapir la parte accionante. Si bien es cierto esta testiga está declarando sobre hechos propios, es decir, sobre la existencia de la posesión que alguna vez fuera de ella, no lo está haciendo para obtener su propio beneficio en este proceso, pues su declaración lo es a favor de un tercero, o sea en beneficio del actual poseedor, por lo que este argumento utilizado por la a-quo para improbar la titulación no es compartido, sino que la improbación debió ser por lo dicho al inicio de este considerando.- POR TANTO: Se rechaza la prueba para mejor resolver ofrecida en esta instancia por el recurrente. Se revoca la sentencia número dos mil diecinueve cero cero cero cuatro de las catorce horas y cincuenta y cuatro minutos del catorce de enero del dos mil diecinueve. En su lugar, se aprueba la información posesoria promovida y se ordena al Registro Público inscribir libre de cargas reales y gravámenes, a nombre de [Nombre1] , mayor, abogado, cédula CED8- - , casado una vez, vecino de San José, el inmueble sin inscribir: con naturaleza de potreros, pasto y cobertura boscosa. Sito en [Dirección6] , [Dirección10] Montes de Oro de la provincia de Puntarenas. Linda al norte: con [Dirección7] con [Dirección11] lineal de siete metros; Sur: [Dirección7] con frente lineal de siete metros y en parte quebrada en medio [Nombre2] ; Este: [Dirección7] con frente lineal de siete metros y Oeste: [Nombre2] . Mide: Cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados. Plano catastrado P-uno ocho ocho dos cuatro uno ocho -dos mil dieciséis. Estimado el inmueble en cinco millones de colones. Se decreta, se prohíbe el cambio de uso de suelos en las zonas de bosques y que debe acatarse el plan de manejo de la Zona Protectora Montes de Oro y Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas. Se decreta que por colindar la finca al rumbo [Dirección12], y este con calle pública, el derecho de vía es de catorce metros, de conformidad con el artículo cuatro de la Ley de Caminos Públicos y diecinueve inciso a) de la Ley de Informaciones Posesorias y que debe ser respetado. Area que por ser dominio público, no es parte del fundo a inscribir. Además que por colindar con quebrada sin nombre, queda sujeto a las limitaciones de Ley de Aguas y áreas de protección de Ley Forestal. Queda la presente finca afecta a las reservas de Ley de Aguas, Ley Forestal y Ley de Caminos Públicos, según el artículo diecinueve de la Ley de Informaciones Posesorias. Proceda el Juzgado de instancia a emitir la ejecutoria correspondiente y se le autoriza a hacer las correcciones que sean necesarias a fin de lograr la inscripción registral. Voto salvado de la Jueza Alvarado Paniagua. *OTYKBEMOKQY61* OTYKBEMOKQY61 [Nombre12] - JUEZ/A DECISOR/A *OJFJQ9R9LBC61* OJFJQ9R9LBC61 [Nombre13] - JUEZ/A DECISOR/A *XV1RFW3ICOA61* XV1RFW3ICOA61 [Nombre10] - JUEZ/A DECISOR/A Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 07:59:33. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
IV.- These proceedings are brought for the purpose of registering in the Public Property Registry a property with the nature of pastures, grass, and forest cover (cobertura boscosa). Located at [Dirección1], [Dirección2] cuarto Montes de Oro in the province of Puntarenas. It borders to the north: with [Dirección3] with a linear frontage of seven meters; South: [Dirección3] with a linear frontage of seven meters and in part a ravine in between [Nombre1]; East: [Dirección3] with a linear frontage of seven meters and West: [Nombre1]. It measures: Fifty-seven thousand four hundred fifty square meters. Cadastral map P-1882418-2016 Estimated at five million colones. This is according to the initial filing and brief (folios 8 to 11 and 26 to 26, 65), Land-use study (Estudio de suelos) (folios 16 to 21), and judicial inspection (reconocimiento judicial) (folio 781). Said property is wholly within a protected wilderness area (área silvestre protegida) in the Montes de Oro Protective Zone (Zona Protectora) created in 1994, by Executive Decree 23142-MIRENEM of April 27, 1994, and 30% within the Peñas Blancas National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre) created by Law 7018 of September 13, 1985. As indicated in the certification issued by the National System of Conservation Areas provided. (certification at folio 15). The property is not located on lands or properties administered by the Rural Development Institute (INDER) (See/brief at folio 50). In addition to the foregoing, the petitioner has not registered properties under the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), according to a certification issued by the National Registry. (certification at folio 4). It is verified that the legal notice was published in the Official Gazette (folio 52). The only adjoining party across the ravine, [Nombre1], was notified and was in agreement through an appearance filing provided (filing at folio 24). V- Having seen the grievances against the appealed decision, this Tribunal notes that the rules of article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law establish the system of free assessment of evidence (libre valoración probatoria) for agrarian proceedings. This system requires the court to study and select the obtained sources of proof, in order to establish their efficacy for resolving the conflict submitted for its consideration, through perception, representation or reconstruction, and deductive or inductive reasoning. The court must set forth the principles of equity or law upon which it bases its decision. In this regard, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has resolved: "..., the assessment of evidence based on conscience (apreciación de la prueba en conciencia) does not imply resolving in an arbitrary manner, since every judge—as a public official—is subject to the principle of legality, which constitutes an imperative of adaptation of public action, not only to specific norms on a determined subject, but to the entire body of law; therefore, they cannot rule in disregard of constitutional principles and rights, as they are limited by the rules of sound criticism and principles of reasonableness, which, when duly applied, lead to harmony between the jurisdictional assessment and the Political Constitution, as this Chamber understood in judgment 3484-94, at twelve o'clock on July 8, one thousand nine hundred ninety-four, in which it determined that the powers of judges to assess evidence based on conscience are not contrary to the judge's obligation to substantiate their rulings, a constitutional principle that integrates due process... () the power granted to the agrarian judge to assess evidence based on conscience and to weigh it without strict adherence to the rules of common law, as provided in the second paragraph of the challenged article 54, is not unconstitutional, provided they issue a reasoned ruling, that is, analyze the result of the evidence gathered in the proceeding and express the principles of equity or law on which they base their criterion, thus respecting the minimum contents of the right to defense" (vote 3657 of May 7, 2003. See in the same sense votes No. 398 of June 6, 2001, from the First Chamber. In the same sense, see votes No. 206 of March 26, 1999, No. 46 of April 26, 1995; No. 66 of February 6, 2009, and 364 of May 28, 2009, from the Agrarian Tribunal). Likewise, the judging person is imposed the obligation to issue a comprehensive assessment of the evidence contained in the case file. Having clarified the foregoing and having studied the appealed judgment, this instance finds that there was an erroneous and individualistic analysis of the evidentiary elements, without comprehensively assessing what the witnesses indicated and its confrontation with the transfer documents provided to take advantage of the possession (posesión) exercised in the past. VI- Having seen what was appealed, it should be noted that the appealed judgment No. 2019000004, at fourteen hours fifty-four minutes on January fourteenth, two thousand nineteen, rejects the possessory information proceeding for not having demonstrated a chain of transmission of decennial possession prior to the creation of the protected wilderness areas that affected the land, namely the Montes de Oro Protective Zone and the Peñas Blancas National Wildlife Refuge. As cited, such management categories were created by Executive Decree 23142-MIRENEM of April 27, 1994, and 30% within the Peñas Blancas National Wildlife Refuge created by Law 7018 of September 13, 1985. Therefore, in accordance with article 7 of the Possessory Information Law, the petitioner must prove the exercise of possession in the capacity of owner under the terms of article 856 of the Civil Code, with at least 10 years prior to the land's being affected by that management category; that is, before the year 1985. To justify the possession, in accordance with article 6 of the Possessory Information Law, three witnesses must be provided. Furthermore, when seeking to take advantage of the transferred possession, they should have attached the title by which they acquired the property, as regulated by article 1 Ibid. VII- Regarding the land tenure regime in protected wilderness areas, it must be stated that, regardless of their management category, they must be understood as zones with a particular and specific administration and regulatory regime, subject to management plans that ensure their protection, conservation, and rational use of natural resources. Their administration, management, and guardianship fall to MINAE, except where a special law indicates another situation. Article 58 of the Biodiversity Law defines them as delimited geographical areas, made up of lands, wetlands, and portions of sea, declared as such for representing special significance, an interest in the guardianship and conservation of the environment and its ecosystems, as well as historical and cultural ones. This norm makes an express referral to the Organic Environmental Law regarding the regulation of the requirements and mechanisms for establishing or reducing these areas. Their administration by law falls exclusively to the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente, Energía); except for Natural Monuments. For its part, the Forestry Law (Ley Forestal) provides that when a protected wilderness area is declared on state property, it must immediately become part of the natural heritage of the State, regulated by article 13 of the cited norm, which expressly states that its administration corresponds to MINAE. This set of norms must be interpreted along with what is prescribed in the final part of article 58 of the Biodiversity Law, which recognizes the rights acquired by indigenous, peasant populations, natural or legal persons, over lands that are declared protected wilderness areas and their management categories. This is complemented by article 7 of the Possessory Information Law when it states: "When the property to which the possessory information refers is comprised within a protected wilderness area, whatever its management category may be, the titleholder must prove to be the holder of the legal rights to decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created said wilderness area." In this case, it must be verified whether the possessory chain is demonstrated from the year 1975 or earlier until the present, that is, for a period greater than the ten years prior to the zone's being affected by the management category corresponding to the Peñas Blancas National Wildlife Refuge, which occurred in 1985, in order to understand that the petitioner's acquired rights to request recognition of their right of property over the property and issuance of a registrable title exist. In this regard, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, in vote 144-96 at 16:51 hours on January 9, 1996, resolved: "In the case of establishing forest reserves (reservas forestales), protective zones (zonas protectoras), and national wildlife refuges, the option exists for the owner to keep their land, since, following the management plan, they can continue to exploit it in economic terms; that is, the limitations imposed are not of such magnitude that they prevent them from exploiting their property, so they do not render their right nugatory." In addition to the foregoing, it must be analyzed in this venue whether the exercise of ecological possession (posesión ecológica) has been fulfilled, in light of the land-use study, the judicial inspection that the judge held for this purpose, and the testimonies. VIII- Given the grievances in this specific case, the three statements assessed in light of canons 54 and 61 of the Agrarian Jurisdiction Law, comprehensively with the remaining evidence gathered, it is held to be proven in this Instance the exercise of suitable possession respectful of the natural resources, for a period exceeding the decennial period prior to the year 1995 on the part of the titleholder, who took advantage of the possession exercised by their transferor [Nombre2], who transferred to the titleholder and for this purpose provided a public deed of acquisition, in accordance with article 1 of the Possessory Information Law. It is recorded in the case file (folio 5), as well as a purchase-sale from the year 1970 where [Nombre2] acquired from [Nombre3] and transferred, according to the document, a possession of 28 years which [Nombre4] alienated to them (folio 6). Furthermore, testimonial evidence was given on June 29, 2017. In this regard, [Nombre2] testifies (record at folio 74) stating they were an older adult, 82 years old, a resident of Miramar. They have known the promoter for 20 or 25 years and the property for more than 45 years. They identify themselves as the person who sold to the titleholder; stating they are the sole owner. They do not know of any wood having been extracted from the property and it has been maintained in a state of conservation, the farm is fenced, without constructions, and the areas located adjacent to the ravine that runs along the sides are protected. They are not aware of any conflicts with others or adjoining landowners and the titleholder is recognized as the owner. This testimony proves knowledge of the land since they transferred it according to the public deed to the titleholder on July 8, 1993. For their part, witness [Nombre5] (folio 76), testified they have known the property for thirty years. It was bought by [Nombre2] from a woman they identify as [Nombre6], then it was transferred to [Nombre2], who sold to the promoter, who has continued possessing as owner. Coincidentally, they state there are no constructions, and it has always been possessed publicly, peacefully, and without conflicts. Wood has not been extracted. This Tribunal observes that this witness's knowledge of the land is from the year 1987 given the years of knowing the land, but they recognize [Nombre2] as the person who acquired and transferred to the titleholder. In these aspects, it is coincident with what was stated by the previous witness. Regarding the person they indicate transferred to [Nombre2], whom they identify as [Nombre6], although this does not coincide with who appears in the public deed selling to [Nombre2], which is [Nombre3], this is not an obstacle to discrediting what is indicated in that transfer document. On the other hand, witness [Nombre7] (folio 77) testifies to knowing the property for about 20 years, when the promoter bought it from [Nombre2], whom they recognize as the previous owner. Likewise, that the possession has been peaceful and without problems with anyone. What was stated by this person proves their knowledge of the exercise of possession and the transmission chain from [Nombre2] to the promoter. This must be complemented with what is indicated in the documents supporting the sales of 1970 in favor of [Nombre2], to whom a possession of 28 years was transferred (that is, since 1942). As indicated, the comprehensive assessment of the three testimonies must be made with respect to the documents provided, from which as a whole it can be deduced that the farm has been in continuous possession, exercising acts of care, cleaning, and fencing peacefully, uninterruptedly, and peaceably for much more than ten years before 1985. For this Instance, the statements are useful and pertinent for the purposes of demonstrating the decennial possession prior to the year 1985, in accordance with article 7 of the Possessory Information Law, when the farm was affected by the protected wilderness area declaration of 1985 that created the cited Wildlife Refuge and subsequently in 1992 when the mentioned Protective Zone was created. This Court notes that there is clarity in the possessory chain of the property sought to be titled, as set forth supra. The omission to cite [Nombre4] as transferor of [Nombre2] by witness [Nombre5] does not discredit the knowledge of the property, by plainly and without confusion describing the exercise of possession by [Nombre2], who according to the deed by which they acquired purchased from [Nombre3], who possessed it for 28 years before 1970. Regarding the precision of dates and possessors of an unregistered property and their names, the Agrarian Tribunal has resolved: "Furthermore, it is important to point out that it is not necessary for the witnesses to be so precise as to the exact dates of possession of each of the transferors, or to know all of them, even less so in cases like the present one where the property has had so many owners, for the important thing is that there is a reference to the persons linked to the exercise of possession during all those years and to the protection that is being given to the forest resource given the requirements posed by article 7 of the Possessory Information Law and the conforming use of the soil according to the certification at folio 179, among other legal requirements that have not been challenged by the appellant.-" (vote No. 874-F-08). This criterion has been upheld in subsequent votes and is shared by this Chamber. The important thing, in order to determine whether or not the titling of a land located within protected wilderness areas should proceed, is the knowledge that the witnesses are able to prove regarding the property, about the sufficient antiquity of the possessory chain and the acts exercised on the property, whose statements must be complemented with the documents provided. This Court notes that what the witnesses stated and the sale deed from 1970 proves facts that go back beyond the year 1975. Therefore, the requirement of article 6 of the Possessory Information Law is considered fulfilled regarding the demonstration of suitable possession for the legally required period. IX- Regarding the nature of the property. In accordance with the land-use study and the judicial inspection carried out by the trial court, no act whatsoever that harms natural resources capable of nullifying the suitability of the possession required by article 7 of the Possessory Information Law with respect for the environment is held to be proven. In the judicial inspection record (folio 781), it was recorded that a land with conservation vegetation cover on the banks of the ravine was found, dedicated to pastures and woodlands with trees typical of the area, scrublands, and that no springs (nacientes), vestiges of tree cutting, or constructions were seen. For its part, the land-use study (land-use study folios 16 to 21) recorded a conforming use of soils, observing a farm dedicated to pastures and forest cover. And a one hundred percent conforming use of soils was exercised. In addition to the testimonial statements that expressly indicated that wood had not been extracted from the land. All these pieces of evidence prove compliance with the legal requirements in order to prove the suitable possession in the capacity of owner of the land subject to this proceeding. Finding no obstacle whatsoever that prevents this Tribunal from deciding to approve the proposed proceeding. X- For the reasons set forth, it is concluded that, in compliance with the requirements of the Possessory Information Law, Civil Code, Law on Management, Use and Conservation of Soils and its Regulation, as well as the Forestry Law, the promoter has taken advantage of the possession exercised by their transferor, since the decade of 1993, who in turn acquired in the year 1970 a previous possession of 28 years. That is, in a decennial period prior to the creation of the Peñas Blancas National Wildlife Refuge in 1985 and the Montes de Oro Protective Zone in 1994. Possession exercised in a manner suitable for usucapion (usucapir) for which they provided a public document, where the transfer of their right is recorded, which integrated with the statements of the three witnesses, clearly proved the possessory chain and the condition of the suitable possession, in accordance with article 863 of the Civil Code and article 7 of the Possessory Information Law, necessary to acquire the right to be issued a title registrable in the Public Registry for their property. Possession carried out with respect for the natural resources contained on the land. Therefore, the appealed judgment must be revoked and the promoted possessory information proceeding approved. As well as ordering the Public Registry to register free from encumbrances (cargas reales) and liens, in the name of [Nombre8], identity card CED1, married once, resident of San José, the unregistered property with the nature of pastures, grass, and forest cover. Located at [Dirección4], of the province of Puntarenas. It borders to the north: with [Dirección3] with a linear frontage of seven meters; South: [Dirección3] with a linear frontage of seven meters and in part a ravine in between [Nombre1]; East: [Dirección3] with a linear frontage of seven meters and West: [Nombre1]. It measures: Fifty-seven thousand four hundred fifty square meters. Cadastral map P-1882418-2016 Estimated at five million colones. It is decreed that the change of land use (cambio de uso del suelo) in forest areas is prohibited and that the management plan of the Protective Zone and National Wildlife Refuge must be complied with. It is decreed that because the farm borders to the north, south, and east with [Dirección5], the right-of-way is fourteen meters, in accordance with article four of the Public Roads Law and article nineteen subsection a) of the Possessory Information Law, and must be respected. This area, being public domain, is not part of the property to be registered. Furthermore, because it borders an unnamed ravine, it is subject to the limitations of the Water Law and protection areas of the Forestry Law. This property is hereby subject to the reserves of the Water Law, Forestry Law, and Public Roads Law, according to article nineteen of the Possessory Information Law. The Trial Court should proceed to issue the corresponding enforcement order (ejecutoria) and is authorized to make any necessary corrections in order to achieve registration. ... XI-DISSENTING VOTE OF JUDGE [Nombre1]: I do not share the majority criterion contained in this approving judgment, as I consider it should have been rejected and resolved in the following manner: Article 6 of the Possessory Information Law states: "The justification of the possession shall be proven with the declaration of three witnesses, residents of the canton where the property is located..." The requirements set forth in this law for the titling of lands are mandatory, and among them is the necessary demonstration of decennial possession by three witnesses; lacking them, the possessory information must be denied. In the case under examination, the declaration of three witnesses was received; however, each of them should have specifically referred, in addition to knowledge of the land, to the manner of possession of the previous possessors, whether they cared for the resource or not, especially since it is entirely within the protected wilderness area of the Montes de Oro Protective Zone, and 30.02% within the Peñas Blancas National Wildlife Refuge created by Law 7018 of December 13, 1985. Furthermore, they must demonstrate the conditions established in article 856 of the Civil Code, such requirements not only referring to the current possessor but also encompassing the manner of the derived possession that is sought to be enforced, and the time of possession of each of them. It is very important to reference who the previous possessors were, as well as the time of possession of each of them, in order to thus enforce a derived possession. Said testimonial declarations are mandatory requirements according to the cited article 6 supra, and must be coincident with the documentary evidence; that is, in the specific case, with the evidence of the sale contract between [Nombre2] and [Nombre3] visible at folio 6, the witnesses should have referred to the fact that this Mr. [Nombre2] was within the possessory chain, and none did. The testimony of Mrs. [Nombre3] refers only to the fact that she was the possessor and transferred it to [Nombre4], without referring to the time of possession exercised by her, nor indicating the person from whom she acquired it (see testimony omitted at folio 74). For his part, witness Mr. [Nombre5] at folio 76, who said he is the husband of Mrs. [Nombre3], stated that that farm had been acquired from a Mrs. [Nombre6], then they bought it and it was put in the name of his wife [Nombre3], who was the owner for about five years, and then they sold it to [Nombre4], that last sale being about twenty-five years ago, and since then [Nombre4] has remained as sole owner. The third witness also does not prove the derived possession of the promoter, since they only refer to the fact that [Nombre4] acquired from Mrs. [Nombre3] and has exercised possession since then, without referring to the time of possession that Mrs. [Nombre3] transferred to them, nor about her transferor, Mr. [Nombre2], as the appellant seeks to enforce.- None of the testimonies refer to the previous possessor [Nombre7]; only witness [Nombre5] mentions a previous possessor named [Nombre6] and indicates they had their possession for only 5 years before transferring it to [Nombre4]. There is no coincidence in the possessory chain indicated in the documents with respect to this testimonial statement, nor do the other two witnesses refer to the transferors prior to Mrs. [Nombre3]. Comprehensive information is not provided on all who participated in that possessory chain, nor the times of possession, nor what the acts carried out consisted of, whether they were of conservation or care of the resource, nor the manner in which they would have carried them out in order to thus verify compliance with article 7 of the Possessory Information Law, especially since the property is located within the Montes de Oro Protective Zone at 100% and the Peñas Blancas Wildlife Refuge at 30.02%. In this same sense, see Vote numbers 117 and 118 of this Tribunal, both from the year two thousand six.- The appellant argues that the testimonial evidence can be complemented with the document of transmission of possession.- The fact that a document with a certain date was made, in which the transfer [Nombre2] made to Mrs. [Nombre3] and she to the promoter herein is recorded, this does not constitute full proof of the decennial possession exercised by the transferor, since said public document does not attest to the possession, but to the legal transaction that the parties make at that moment in accordance with the data they themselves provide, the years of possession that the parties indicate they have exercised not being a certification for the notary, as the notary is limited to drafting the corresponding deed based on the statements of the parties executing it. Hence, it is necessary to demonstrate and have the coincidence of such a legal transaction with what is expressed by the three witnesses regarding the decennial possession, which has not been fulfilled by the promoter. The criterion of the appellant that the declaration of [Nombre3] should be considered, even though she is the transferor, is shared. Note the declaration of the cited witness [Nombre3] refers to the fact that she was the possessor of the property and states she knows the land which she transferred to the promoter herein. This witness is admissible since she is the person who best knows about the existence of the possession for the moving party to acquire by usucapion. Although it is true that this witness is testifying about her own deeds, that is, about the existence of the possession that was once hers, she is not doing it to obtain her own benefit in this proceeding, for her declaration is in favor of a third party, that is, for the benefit of the current possessor, so this argument used by the lower court to reject the titling is not shared, rather the rejection should have been based on what was stated at the beginning of this recital. Proven facts numbered one through four are adopted as they are based on evidentiary elements contained in the record. Not so the remaining ones, as they are procedural requirements. Of importance in this instance, the following facts are deemed accredited in this matter: 8) The property subject to this proceeding has been used for pasture, grazing land, scrubland (charral) and conservation, delimitation and maintenance, exercising a compliant land use (uso conforme de suelos). (Evid./ initial filing at folios 8 to 11, witness statements and judicial inspection (reconocimiento judicial) at folios 74 to 78, land-use study (estudio de uso de suelos) at folios 16 to 21). 9) [Nombre1] acquired the property from [Nombre3] by sale executed in public deed number 47 of July 8, 1993. And in turn, the latter acquired on May 30, 1970 from [Nombre4] a possession of twenty-eight years, by purchase and sale. (Evid./ initial filing at folios 8 to 11, witness statements at folios 74 to 77, sale deed at folio 5 and sale contract at folio 6). II- Facts not proven. The facts not proven contained in the appealed judgment are not adopted, as there is evidence establishing a different factual basis. III- Appeal.- The petitioner appeals the judgment that denied their request to obtain a registrable title, number 201900004 of fourteen hours fifty-four minutes on January fourteenth, two thousand nineteen, (file/writings/dates/14/01/2019 14:54:46). The appellant considers there is sufficient documentary evidence (various deeds), from which is accredited the derivative possession (posesión derivada) that has been exercised prior to the year 1975. They detail, the sale by [Nombre4] to [Nombre3] on May 30, 1970, is executed, mentioning that possession was being transmitted over a property located in Zapotal de Montes de Oro. With an area of less than eight manzanas. That they acquired from [Nombre5][Nombre6] 28 years prior. Then in 1993, by public deed CED6 granted before Notary Jaime Quintana López, [Nombre3] sells the right of possession to the applicant, deriving approximately 23 years of possession to them. They point out, the exercise of possession is accredited since at least 1942 with both deeds provided.- Regarding the witness statements, they outline that the questions were not correctly formulated. And it should be considered they are persons 80 years of age, who due to their age could not be precise about time. It was not noticed that [Nombre3] was not suitable to be a witness due to her condition as transferor, and if it was so considered, it should have been warned. In this regard they argue, she does not testify about her own acts but about the existence of the sale. In addition to the non-extraction of timber; since the property belonged to her.- They claim the lack of integral assessment of the evidence from the witness statements in relation to the documentary evidence. Since from these as a whole, it is concluded that over the property there exists a possession since before 1975. They summarize the documentary evidence attached to the record and also that of the witnesses, which they offer before this instance. - (See appeal brief in file of 17/01/2019 04:15:10).- IV.- These proceedings are filed with the purpose of registering in the Public Property Registry a property of a nature of grazing land, pasture and forest cover (cobertura boscosa). Located at [Dirección6], fourth canton Montes de Oro of the province of Puntarenas. Bordered on the north: by [Dirección7] with a linear frontage of seven meters; South: [Dirección7] with a linear frontage of seven meters and in part a creek (quebrada) in the middle [Nombre2]; East: [Dirección7] with a linear frontage of seven meters and West: [Nombre2]. It measures: Fifty-seven thousand four hundred fifty square meters. Cadastral map P-1882418-2016. Property estimated at five million colones. The foregoing according to the initial filing and brief (folios 8 to 11 and 26 to 26, 65), Land-use study (folios 16 to 21) and judicial inspection (reconocimiento judicial) (folio 781). Said property is one hundred percent part of a protected wild area in the Zona Protectora Montes de Oro Río created in the year 1994, by Decreto Ejecutivo 23142-MIRENEM of April 27, 1994 and thirty percent in the Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas created by Ley 7018 of September 13, 1985. As indicated in the certification issued by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación provided. (certification at folio 15). The property is located outside of lands or properties administered by the Instituto de Desarrollo Rural (Evid./brief at folio 50). Added to the foregoing, the petitioner has not registered properties under the protection of the Ley de Informaciones Posesorias, according to certification issued by the National Registry. (certification at folio 4). It is verified, the legal edict was published in the Official Gazette (folio 52). The only adjoining person, the creek (quebrada) in the middle, [Nombre2] was deemed notified and was found to be in agreement through the provided appearance brief (brief at folio 24). V- Having seen the grievances against the appealed decision, this Court points out, it should be cited that the rules of ordinal 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria establish the system of free evidentiary assessment for agrarian proceedings. A system that requires the court to study and select the sources of proof obtained, in order to establish their effectiveness to resolve the conflict submitted to its knowledge, through perception, representation or reconstruction, and deductive or inductive reasoning. The court must set forth the principles of equity or law on which it bases its decision. In this regard, the Constitutional Chamber has resolved: "..., the appreciation of evidence according to conscience (apreciación de la prueba en conciencia) does not imply resolving arbitrarily, because every judge -as a public official- is subject to the principle of legality, which constitutes an imperative of adaptation of public action, not only to the specific norms on a determined subject, but to the entire block of legality; therefore, they cannot rule with contempt for constitutional principles and rights, since they are limited by the rules of sound criticism and principles of reasonableness, which properly applied lead to the harmony of jurisdictional appreciation with the Political Constitution, just as this Chamber understood it in judgment 3484-94, of twelve o'clock on July eighth, nineteen ninety-four, in which it determined that the powers of judges to appreciate evidence according to conscience are not contrary to the judge's obligation to ground their rulings, a constitutional principle that integrates due process... () it is not unconstitutional the power granted to the agrarian judge to appreciate evidence according to conscience and assess it without strict subjection to the rules of common law as provided in the second paragraph of the challenged article 54, as long as they issue a reasoned ruling, that is, analyze the result of the evidence gathered in the process and express the principles of equity or law on which they base their criterion, thus respecting the minimum contents of the right of defense" (Voto 3657 of May 7, 2003. See in the same sense Votos N° 398 of June 6, 2001 of the First Chamber. In the same sense see Votos No. 206 of March 26, 1999, N°46 of April 26, 1995; Nª66 of February 6, 2009 and 364 of May 28, 2009 of the Agrarian Court). Similarly, the obligation is imposed on the adjudicator to issue an integral assessment of the evidence contained in the file. Having clarified the foregoing and having studied the appealed judgment, this instance finds there was an erroneous and individualized analysis of the evidentiary elements, without proceeding to integrally assess what was indicated by the witnesses and its confrontation with the transfer documents provided to take advantage of the possession exercised in the past. VI- Having seen what is appealed, it should be indicated, the judgment appealed N° 2019000004 of fourteen hours and fifty-four minutes on January fourteenth, two thousand nineteen, disapproves the possessory information (información posesoria) process because it does not deem demonstrated a chain of transmission of decennial possession prior to the creation of the protected wild areas, which affected the land, namely the Zona Protectora de Monte de Oro and Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas. As cited, such management categories are created by Decreto Ejecutivo 23142-MIRENEM of April 27, 1994 and thirty percent in the Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas created by Ley 7018 of September 13, 1985. Therefore, in accordance with ordinal 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, the petitioner must prove the exercise of possession in the condition of owner under the terms of article 856 of the Civil Code, with at least 10 years before the affectation of the land to that management category; that is, prior to the year 1985. To justify the possession, in accordance with ordinal 6 of the Ley de Informaciones Posesorias, three witnesses must be provided. In addition, when seeking to take advantage of transmitted possession, they must have attached the title by which they acquired the property, as regulated by article 1 Ibid. VII- Regarding the regime of land tenure in protected wild areas, it must be indicated, regardless of their management category, they must be understood as areas with a particular and specific administration and regulatory regime, subject to management plans that ensure their protection, conservation and rational use of natural resources. Their administration, management and stewardship lie with MINAET, unless a special law indicates another situation. Article 58 of the Biodiversity Law defines them as delimited geographic zones, formed by lands, wetlands and portions of sea, declared as such for representing a special significance, an interest of protection and conservation of the environment and its ecosystems, as well as historical and cultural ones. This norm makes an express remission to the Organic Environmental Law regarding the regulation of the requirements and mechanisms for the establishment or reduction of these areas. Administration by Law lies exclusively with the Ministry of Environment, Energy; except for Natural Monuments. For its part, the Ley Forestal provides that when a state-owned protected wild area is declared, it must immediately become part of the natural heritage of the State, regulated by article 13 of the cited norm which expressly states that its administration corresponds to MINAET. This set of norms must be interpreted with what is prescribed in article 58 in fine of the Biodiversity Law, which recognizes the acquired rights of indigenous populations, peasant communities, natural or legal persons, over lands that are declared protected wild areas and their management categories. This is complemented by article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias when it indicates: "When the property to which the possessory information refers is comprised within a protected wild area, whatever its management category, the applicant must demonstrate being the holder of the legal rights over decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree in which that wild area was created." In this case, it must be verified whether the possessory chain is demonstrated from the year 1975 or before and up to the present, that is, for a period greater than ten years prior to the affectation of the zone through the management category corresponding to the Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas occurred in 1985, to understand that the petitioner's acquired rights to request the recognition of their right of ownership over the property and issuance of a registrable title. In this regard, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in Voto 144-96- at 16:51 hours on January 9, 1996, resolved: "In the case of establishing forest reserves, protective zones and national wildlife refuges, the option is given for the owner to conserve their land, since, following the management plan, they can continue exploiting it in economic terms, that is, the imposed limitations are not of such magnitude that they prevent them from exploiting their property, therefore they do not render their right nugatory." In addition to the foregoing, it must be analyzed in this venue, whether the exercise of ecological possession (posesión ecológica) has been complied with, in light of the land-use study, the judicial inspection (reconocimiento judicial) that the judge conducted for that purpose, and the testimonies. VIII- Given the grievances in this specific case, having assessed the three declarations in light of canons 54 and 61 of the Ley de Jurisdicción Agraria integrally with the remaining gathered evidence, this Instance deems demonstrated the exercise of a suitable possession in respect of natural resources, greater than the decennial period prior to the year 1995 by the applicant, who took advantage of the possession exercised by their transferor [Nombre3], who transmits it to the applicant and for this provided a public deed of acquisition, in accordance with article 1 of the Ley de Informaciones Posesorias. It is recorded in the file (folio 5), as well as a purchase-sale from the year 1970 where [Nombre3] acquires from [Nombre4] and transmits to them according to the document a possession of 28 years that [Nombre6] alienated to them (folio 6). Furthermore, the witness evidence was rendered on June 29, 2017. In this regard, [Nombre3] testifies (record at folio 74) who indicated being an adult, 82 years old, resident of Miramar. She knows the petitioner for 20 or 25 years and the property for more than 45 years. She identifies herself as the person who sells to the applicant; who is the only owner. She does not know that timber has been extracted from the property and it is maintained in a state of conservation, the property being fenced, without constructions and the areas located adjacent to the creek (quebrada) that passes along the sides being protected. She never noted conflicts with others or adjoining owners and the applicant is recognized as the owner. This testimony accredits knowledge of the land since she transmitted it according to the public deed to the applicant on July 8, 1993. For his part, witness [Nombre7] (folio 76), testified he has known the property for thirty years. It was bought by [Nombre3] from a lady he identifies as [Nombre8], then it was transferred to [Nombre3], who sells it to the petitioner, who has continued possessing as owner. Coincidentally, he cites that there are no constructions, it has always been possessed publicly, peacefully and without conflicts. No timber has been extracted. This Court observes, this witness's knowledge of the land is from the year 1987 given the years of knowing the land, but he recognizes [Nombre3] as the person who acquires and transmits to the applicant. In these aspects, it coincides with the testimony of the previous witness. Regarding the person he indicates transmits to [Nombre3] who he identifies as [Nombre8], although it does not coincide with who appears in the public deed selling to [Nombre3] who is [Nombre4], this is not an obstacle to invalidate what is indicated in that transmission document. On the other hand, witness [Nombre9] (folio 77) testifies he has known the property for about 20 years, when the petitioner bought from [Nombre3], whom he recognizes as the previous owner. Also that the possession has been peaceful and without problems with anyone. What is declared by this person accredits his knowledge of the exercise of possession and the chain of transmission from [Nombre3] and the petitioner. This must be complemented with what is indicated in the documents supporting the sales of 1970 in favor of [Nombre3] to whom a possession of 28 years is transmitted (that is, since 1942). As indicated, the integral assessment of the three testimonies must be done with respect to the documents provided, from which as a whole it is deduced that the property has been in continuous possession, exercising acts of care, cleaning, fencing in a peaceful, uninterrupted and peaceful manner much more than ten years before 1985. For this Instance, the declarations are useful and pertinent for the purpose of demonstrating the decennial possession prior to the year 1985, in accordance with article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, when the property was affected by the declaration of a protected wild area of 1985 that created the cited Wildlife Refuge and subsequently in 1992 when the mentioned Zona Protectora was created. This Venue notes, there is clarity in the possessory chain of the property requested to be titled as set forth supra. The omission to cite [Nombre6] as transferor of [Nombre3] by witness [Nombre7] does not invalidate the knowledge of the property, by describing plainly and without confusion the exercise of possession by [Nombre3], who according to the deed by which she acquires, buys from [Nombre4], who possessed for 28 years before 1970. Regarding the precision of dates and possessors of an unregistered property and their names, the Agrarian Court has resolved: " Furthermore, it is important to point out that it is not necessary for the witnesses to be so punctual regarding exact dates of possession of each of the transferors, or know all of them, even less in cases like the present one in which the property has had so many owners, since the important thing is that there exists a reference to the persons linked to the exercise of possession during all those years and to the protection that is being made of the forest resource given the requirements posed by article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias and to the compliant land use according to the certification at folio 179, among other legal requirements that have not been objected to by the appellant.-" (Voto N. 874-F-08). A criterion that has been sustained in subsequent rulings and that this Chamber shares. The important thing in order to determine whether or not a titling of land located within protected wild areas proceeds, is the knowledge that can be accredited by the witnesses of the property, regarding the sufficient antiquity of the possessory chain and the acts exercised on the property, whose declarations must be complemented with the documents provided. This Venue notes, what the witnesses testified and the sale deed of 1970, accredits facts that go beyond the year 1975. Therefore, the requirement of ordinal 6 of the Ley de Informaciones Posesorias regarding the demonstration of suitable possession for the required legal term is deemed fulfilled. IX- On the nature of the property. In accordance with the land-use study and the judicial inspection (reconocimiento judicial) performed by the trial court, no act whatsoever has been accredited that harms the natural resources capable of undermining the suitability of the possession required by article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias in respect of the environment. In the judicial inspection record (folio 781), it was recorded having found land with conservation vegetation cover on the banks of the creek (quebrada), used for pasture and woodland with trees typical of the area, scrublands (charrales), no springs (nacientes) were seen, no vestige of tree felling or constructions. For its part, the land-use study (estudio de uso de suelos folios 16 to 21) recorded exercising a compliant land use observing a property used for pasture and forest cover (cobertura boscosa). And exercising a one hundred percent compliant land use. Joined with the witness statements that expressly indicated no timber had been extracted from the land. All these proofs accredit the compliance with the legal requirements in order to prove the suitable possession in the condition of owner of the land subject to this process. Not finding any obstacle whatsoever that prevents this Court from considering that it is appropriate to approve the process filed. X- For the reasons set forth, it is concluded, in compliance with the requirements of the Ley de Informaciones Posesorias, Civil Code, Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos and its Reglamento, as well as the Ley Forestal, the petitioner has taken advantage of the possession exercised by their transferor, since the decade of 1993, who in turn acquired in the year 1970 a prior possession of 28 years. That is, in a decennial term superior prior to the creation of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas of 1985 and Zona Protectora Montes de Oro of 1994. Possession exercised in a suitable manner to usucapt for which they provided a public document, where the transfer of their right is recorded, which integrated with the declarations of the three witnesses, clearly accredited the possessory chain and the condition of apt possession, in accordance with article 863 of the Civil Code and 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, necessary to acquire the right to be issued a registrable title in the Public Registry of their property. Possession developed in respect of the natural resources contained in the land. Therefore, the appealed judgment must be revoked and the possessory information (información posesoria) process promoted must be approved. As well as ordering the Public Registry to register free of encumbrances and liens, in the name of [Nombre1], identity card CED7, married once, resident of San José, the unregistered property with a nature of grazing land, pasture and forest cover (cobertura boscosa). Located at [Dirección8], of the province of Puntarenas. Bordered on the north: by [Dirección7] with a linear frontage of seven meters; South: [Dirección7] with a linear frontage of seven meters and in part a creek (quebrada) in the middle [Nombre2]; East: [Dirección7] with a linear frontage of seven meters and West: [Nombre2]. It measures: Fifty-seven thousand four hundred fifty square meters. Cadastral map P-1882418-2016. Property estimated at five million colones. It is decreed, land-use change (cambio de uso del suelo) is prohibited in forest zones and the management plan of the Zona Protectora and Refugio Nacional de Vida Silvestre must be complied with. It is decreed that because the property adjoins to the north, south and east with [Dirección9], the right of way is fourteen meters, in accordance with article four of the Ley de Caminos Públicos and nineteen subsection a) of the Ley de Informaciones Posesorias and must be respected. An area that, being public domain, is not part of the property to be registered. Also that because it adjoins an unnamed creek (quebrada), it is subject to the limitations of the Water Law and protection areas of the Ley Forestal. This property is hereby affected by the reserves of the Water Law, Ley Forestal and Ley de Caminos Públicos, according to article nineteen of the Ley de Informaciones Posesorias. The trial court shall proceed to issue the corresponding executory order and is authorized to make the necessary corrections in order to achieve registry inscription. XI- DISSENTING VOTE OF JUDGE [Nombre10]: I do not share the majority criterion contained in this approving judgment because I consider it should have been disapproved and resolved in the following manner: Article 6 of the Ley de Informaciones Posesorias reads: "The justification of possession shall be accredited with the declaration of three witnesses, residents of the canton where the property is located…" The requirements set forth in this law for the titling of lands are of mandatory compliance, and among them is the necessary demonstration of decennial possession with three witnesses; failing them, the possessory information must be denied. In the case under examination, the declaration of three witnesses was received; however, each one of them should have referred specifically, in addition to the knowledge of the land, to the manner of possession of the previous possessors, whether they cared for or not for the resource, especially since it is within 100% of the protected wild area Zona Protectora Montes de Oro, and within 30.02% of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas created by Ley 7018 of December 13, 1985. Also demonstrate the conditions established in article 856 of the Civil Code, such requirements being not only referred to the current possessor, but also encompasses the manner of the derivative possession sought to be asserted, and the possession time of each one of them. It is of great importance to reference who the previous possessors were as well as the possession time of each one of them in order to thus assert a derivative possession. Such witness statements are a mandatory requirement according to article 6 cited supra, and must be coincident with the documentary evidence, that is, in the specific case with the evidence of the sale contract between [Nombre4] and [Nombre3] visible at folio 6, the witnesses should have referred to the fact that within the possessory chain was this Mr. [Nombre4], and none referred to him. The testimony of Mrs. [Nombre3] refers only to the fact that she was the possessor and transmitted it to [Nombre1], without referring to the possession time exercised by her, nor does she indicate the person from whom she acquired (see testimony omitted at folio 74). For his part, witness Mr. [Nombre7] at folio 76, who said he was the husband of Mrs. [Nombre3], stated that property had been acquired from a Mrs. [Nombre8], then they bought it and it was put in the name of his wife [Nombre3], who was the owner for about five years, and then she sold it to [Nombre1], that last sale being about twenty-five years ago and since then [Nombre1] has remained as the sole owner. The third witness also does not provide proof of the derivative possession of the petitioner, since he only refers to the fact that [Nombre1] acquired from Mrs. [Nombre3], and since then exercises possession, without referring to the possession time that Mrs. [Nombre3] transferred to him, nor to her transferor, Mr. [Nombre4] as the appellant seeks to assert.- None of the testimonies refer to the previous possessor [Nombre11], only witness [Nombre7] mentions a previous possessor named [Nombre8] and indicates they had their possession for only 5 years before transferring it to [Nombre1]. There is no coincidence in the possessory chain indicated in the documents in relation to this witness declaration, nor do the other two witnesses refer to the transferors prior to Mrs. [Nombre3]. Complete information is not provided on all those who participated in that possessory chain, nor the possession times, nor what the developed acts consisted of, if they were of conservation or care of the resource, nor the manner in which they would carry them out in order to thus verify compliance with article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, especially since the property is located within the Zona Protectora Montes de Oro at 100% and Refugio de Vida Silvestre Peñas Blancas at 30.02%. In this same sense, see Voto number 117 and 118 of this Court both of the year two thousand six.- The appellant party indicates that the witness evidence can be complemented with the possession transmission document.- The fact that a document with a certain date was made, in which the transfer made by [Nombre4] to Mrs. [Nombre3] and by her to the petitioner herein is recorded, this does not provide full proof of the decennial possession exercised by the transferor, because said public document, does not attest to the possession, but rather the legal transaction that the parties make at that moment in accordance with the data that they themselves provide, the years of possession that the parties indicate they have exercised not being a record for the notary, as the notary is limited to drafting the corresponding deed based on the statements of the granting parties of the same. Hence the necessity of the demonstration and coincidence of such legal transaction with what is expressed by the three witnesses regarding the decennial possession, which has not been fulfilled by the petitioner. The appellant's criterion is shared that the declaration of [Nombre3] should be considered, even though she is the transferor. Note the declaration of the cited witness [Nombre3], it refers to the fact that she was possessor of the property and states she knows the land which she transferred to the petitioner herein. This witness is admissible because she is the person who best knows about the existence of the possession for the plaintiff party to usucapt. Although it is true this witness is declaring about her own acts, that is, about the existence of the possession that was once hers, she is not doing so to obtain her own benefit in this process, since her declaration is in favor of a third party, that is, for the benefit of the current possessor, therefore this argument used by the a-quo to disapprove the titling is not shared; rather the disapproval should have been for what was stated at the beginning of this recital.- THEREFORE: The evidence for better resolution offered in this instance by the appellant is rejected. Judgment number two thousand nineteen zero zero zero four of fourteen hours and fifty-four minutes on January fourteenth, two thousand nineteen is revoked. In its place, the possessory information (información posesoria) promoted is approved and the Public Registry is ordered to register free of encumbrances and liens, in the name of [Nombre1], adult, lawyer, identity card CED8- - , married once, resident of San José, the unregistered property: with a nature of grazing land, pasture and forest cover (cobertura boscosa). Located at [Dirección6], [Dirección10] Montes de Oro of the province of Puntarenas. Bordered on the north: by [Dirección7] with [Dirección11] linear of seven meters; South: [Dirección7] with a linear frontage of seven meters and in part a creek (quebrada) in the middle [Nombre2]; East: [Dirección7] with a linear frontage of seven meters and West: [Nombre2]. It measures: Fifty-seven thousand four hundred fifty square meters. Cadastral map P-uno eight eight two four one eight -two thousand sixteen. Property estimated at five million colones. It is decreed that land-use change (cambio de uso del suelo) is prohibited in forest areas and that the management plan for the Zona Protectora Montes de Oro and Refugio Nacional de Vida Silvestre Peñas Blancas must be complied with. It is decreed that because the property borders [Dirección12], and the latter borders a public road, the right-of-way is fourteen meters, in accordance with article four of the Ley de Caminos Públicos and article nineteen, subsection a) of the Ley de Informaciones Posesorias, and must be respected. An area which, being public domain, is not part of the estate to be registered. Furthermore, because it borders an unnamed stream (quebrada sin nombre), it is subject to the limitations of the Ley de Aguas and the protection areas of the Ley Forestal. The present property is hereby affected by the reservations of the Ley de Aguas, Ley Forestal, and Ley de Caminos Públicos, pursuant to article nineteen of the Ley de Informaciones Posesorias. The trial court shall proceed to issue the corresponding executory order and is authorized to make any necessary corrections in order to achieve registration. Dissenting vote of Judge Alvarado Paniagua. [Nombre12] - JUDGE [Nombre13] - JUDGE [Nombre10] - JUDGE Classification prepared by the CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 07:59:33. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República