Res. 00741-2019 Tribunal Agrario — Possessory information allowed despite partial overlap with protected zone if possession predates its creationInformación posesoria procede pese a afectación parcial por zona protectora si se acredita posesión anterior a su creación

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00741 - 2019

Fecha de la Resolución: 13 de Setiembre del 2019 a las 11:26

Expediente: 15-000205-0391-AG

Redactado por: Antonio Darcia Carranza

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Procedente cuando se compruebe posesión decenal anterior a decreto de afectación de área silvestre protegida y acatamiento de recomendaciones técnicas.
Temas (descriptores): Área silvestre protegida
Subtemas:
Procedencia de la información posesoria cuando se compruebe posesión decenal anterior a decreto de afectación y acatamiento de recomendaciones técnicas.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

    

EXPEDIENTE:

	

EXPN2 - 5




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




PROMUEVE:

	

ZAMURI SOCIEDAD ANONIMA

 

   

VOTO N° 741-F-2019

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las once horas y veintiséis minutos del trece de setiembre de dos mil diecinueve.-

PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA, promovida por ZAMURI SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED1 -   -      , representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma [Nombre1]   , mayor, casado, agricultor, vecino de San Antonio de Belén de Heredia, cédula de identidad número CED2 -  -  . Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Lydiana Rodríguez Paniagua, mayor, soltera, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número CED3 -     -    , en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED4 -    -          - , representado por Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, casada, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número CED5 -     -  , en calidad de  apoderada generalísima sin límite de suma. Actúa como apoderado especial judicial de la entidad promovente el licenciado Carlos Francisco Garcia [Nombre1], colegiado cinco mil quinientos veintidós. Tramitada ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, con sede en Santa Cruz.-

 

RESULTANDO:

            1.- La sociedad promovente interpuso las presentes diligencias de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad los terrenos que se describen así: "Terreno de pastos y montaña, situado en Montaña Grande de Lepanto, [Dirección1] ,  ; Provincia de Puntarenas, que según el plano catastrado adjunto N° P-1100823-2006, posee una extensión de UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN METROS DIECISIETE DECÍMETROS CUADRADOS, cuyos linderos son: Norte: [Nombre2]  Sucesores Limitada y en parte [Nombre3]  , Sur: [Nombre3]  , [Dirección2]  con un frente a ella de cuatro metros tres centímetros lineales, [Nombre4]   , [Nombre3]  , [Dirección2]  con un frente a ella de cincuenta y dos metros ochenta y cuatro centímetros lineales, [Nombre5]   y en parte [Nombre6]   Este: Hermanos [Nombre7],  y [Nombre8]  , [Nombre9]  , [Nombre6]  , [Nombre5]   y [Nombre3]     , [Nombre4]    y [Nombre3]  " (folios 30, 31, 38, 41, 53, 55, 59).-

            2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren de folios 69 a 71; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en el folio 88.-

            3.- El juez José Joaquín Piñar Ballestero, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, mediante sentencia 143-2019 de las nueve horas y treinta y tres minutos del trece de junio del año dos mil diecinueve, resolvió: “POR TANTO: " Se IMPRUEBA la información posesoria, conforme a los artículos 7, 8 párrafo 2 y 11 de la Ley de Informaciones Posesorias; 13, 14 y 15 de la Ley Forestal y numerales 261 y 262 del Código Civil, promovida por [Nombre1]   , quien es mayor, casado una vez, agricultor, cédula número CED6  , vecino de San Antonio de Belén de Heredia, en su calidad de presidente con facultades (sic) de apoderado generalísimo de ZAMURI SOCIEDAD ANÓNIMA cédula jurídica CED7  . Se le hace saber a la parte el derecho que le asiste de recurrir este fallo en caso de inconformidad," (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Santa Cruz en Documentos Asociados archivo del 13/6/19 de las 9:33:23 a.m.).-

            4.- El licenciado Carlos Francisco Garcia Zamora, en su condición de apoderado especial de la sociedad promovente formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Santa Cruz en Bandeja de Escritos archivo del 19/6/19 de las 2:56:56 p.m.).-

5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.-

            Redacta el juez Darcia Carranza, y;

CONSIDERANDO

I.-  Se comparten los hechos tenidos por probados al ser fiel reflejo de lo acaecido en autos. De dicha naturaleza téngase los siguientes: 6) El fundo fue adquirido por [Nombre1]   en fecha 6 de diciembre de 1975, trasmitiéndosele por parte del vendedor diez años de posesión  (ver escritura de compraventa a folio 18 y 19 del expediente escrito). 7) La zona protectora Península de Nicoya Sector Lepanto fue creada mediante decreto ejecutivo 22968 el 10 de marzo de 1994 (ver certificación a folio4 del expediente escrito). 8) Sobre el bien se ha ejercido un uso conforme de suelos (ver certificación del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria a folio  5). 

II.- La parte promovente apela el fallo dictado con fundamento en lo siguiente: Considera que la sentencia viola principios fundamentales como el derecho a la propiedad, violenta el principio del debido proceso, el derecho a la defensa y socaba el derecho a la función social de la propiedad, al presentar una serie de inconsecuencias, falta de razonamiento jurídico y mala interpretación de la prueba violentando con ello los principios de la sala critica racional, por lo que a continuación expone los agravios. PRIMERO- A: Fundamenta el señor juez A QUO en su análisis como hecho probado, que la finca a titular por su representada se encuentra en [Dirección3]     ,   de la provincia de Puntarenas, que cuenta con el plano catastrado número: P – 1100823- 2006, y que posee una extensión de 1216881 metros con 17 decímetros cuadrados, plano que establece los linderos de la finca a titular, colindantes estos que se dieron por notificados y renunciaron a oír notificaciones futuras, tal y como consta en el expediente; hecho este que es cierto y consta no solo de las pruebas documentales aportadas sino que es avalada por las restantes pruebas aportadas al expediente y circunstancia esta que fue debidamente aprobada como un hecho cierto en el expediente. B: La finca que se pretende inscribir se encuentra ubicada en aproximadamente un 50% dentro de la Zona Protectora Península de Nicoya sector Lepanto, administrada por el Ministerio de Ambiente y Energía, hecho que quedó debidamente acreditado en el expediente físico, hecho éste que es cierto y quedo debidamente corroborado con las pruebas aportadas y más precisamente de la certificación dada por el Biólogo Luis ángel Mena Aguilar, jefe de subregión Lepanto – Paquera, área de conservación Tempisque, que expresa claramente que el terreno que refiere el plano catastrado objeto de las presentes diligencias se encuentra ubicado cincuenta por ciento dentro de la Zona Protectora Península de Nicoya sector Lepanto, hecho éste que queda debidamente acreditado y probado dentro del mismo expediente. C: El despacho tiene como un hecho aprobado que bajo el expediente: EXPN1 que mi representada pretendió titular el terreno descrito en el plano número: P- 1100823 – 2006, y que en esa oportunidad la información posesoria fue rechazada mediante sentencia: 110 - 2012 por resolución de las 16 horas 24 minutos del 19 de abril del 2012, fundamentando esa sentencia de no aprobación basando como razonamiento el Juez de que no se ejercieron actos de posesión aptos para titular el terreno, hecho que se constata con la prueba documental aportada por la Procuraduría en copias que se adjuntaron al expediente, más precisamente en la certificación de suelo aportada en esa oportunidad. Como vemos la negatoria a la titulación se funda en no explotar el terreno en forma adecuada, tratándose de una zona protegida y utilizó como prueba la certificación de uso de suelo aportada en esa oportunidad, que establecía que no se ha ejercido el uso conforme de suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada. Hecho éste que en su oportunidad no fue constatado por ninguna otra prueba más que en la certificación aducida. Si en esa oportunidad el Juez rechazó la misma basado en dicha certificación de uso de suelo porque en el actual proceso consta certificación de uso de suelo que establece y prueba que se ha ejercido el uso de suelo conforme para la actividad que actualmente realiza el titulante, y establece que hay una zona boscosa y de charral que es de aproximadamente del cincuenta por ciento de la finca que no se explota agropecuariamente sino que se protege y se conserva, ver al respecto certificación del Instituto Nacional de Innovación y Trasferencia de Tecnología Agropecuaria que obra en el expediente físico, con lo cual ya no puede aducirse que no hay protección y regeneración en la zona protegida, y lo que fue objeto de la negatoria de la primera titulación no puede acreditarse en el presente expediente, pues de ser así violenta mi derecho a la propiedad y a la posibilidad de titular el terreno y ser sujeto de crédito y ejercer la función social de la propiedad, hechos estos que deben ser amparados, protegidos e incentivados por el Estado. D: Argumenta el juzgador de primera instancia que el análisis del primer expediente que fue aportado a los autos por la Procuraduría General de la República, que imprueba la titulación del presente terreno en comparación con el estudio de suelos presentado en el presente expediente, se denota una merma considerable del área dedicada a bosque y que por esa razón intuye que no se le está dando el uso de suelo adecuado al terreno, pero ese análisis que realiza el juzgador no se apoya en ningún otro tipo de prueba, máxime que el señor juez realizó una inspección o reconocimiento del terreno y pudo constatar que a la zona protegida se le está dando la protección y uso adecuado, además establece dentro de ese reconocimiento que el 70% aproximadamente de la finca a titular, establece en su reconocimiento, abro comillas, “…el otro 70% aproximadamente (refiriéndose a la finca) está dedicado a la regeneración natural la cual se ubica al sector [Dirección4]   de la propiedad, dicho sector se encuentra debidamente separado con cercas de tres y cuatro hilos del área de pasto, y tiene una topografía quebrada.” Como vemos el mismo juez pudo observar que la promovente tiene delimitada la Zona de Protección del área productiva, llámese terreno para la pastura que es básicamente la zona económicamente rentable. Del análisis del señor juez para sustentar su no aprobación es que la sociedad promovente ha reducido el área boscosa y protegida, cuando de su propio reconocimiento pudo constatar que tal hecho no ocurre en la realidad y la zona protegida está siendo respetada. La zona protegida que establece la certificación del uso de suelo aportado al expediente hace referencia no solo a la zona de bosque sino que también determina una zona de charral que sumando ambas áreas (bosque secundario y charral) nos suman una zona no explotada agropecuariamente de más de un 50% del área a titular. Cuando se habla de zona protegida se habla de zonas o categorías de manejo para cumplir con determinados objetivos de conservación y de gestión y hay terrenos que por su naturaleza o categoría de suelo no son regenerables como bosque sino básicamente su conservación es apta para charral, como apreciamos del estudio de suelo agregado al expediente se habla de bosque secundario y charral que ambos sumados nos dan más del 50% del área a titular, respetando con ello la zona protegida. E: Por último, el juez en su análisis de la prueba testimonial determina que uno de los testigos señor: [Nombre10]   visible a los folios: 358 al 361, manifiesta en su exposición que resulta insuficiente para demostrar el ejercicio de la posesión decenal previa a la creación de la Zona Protectora Península de Nicoya, pues no establece en su testimonio que la finca haya estado bajo posesión porque apenas hace treinta años conoce la finca. Ese análisis que hace el juzgador es miope, sesgado y violatorio del principio de unidad de la prueba, pues considera el señor juez, con la interpretación de dicho testimonio que debe rechazarse la titulación del terreno que realiza su representada. Tendremos en primera instancia que analizar la declaración del indicado testigo para establecer si la misma es clara, precisa y concordante para negar de golpe y porrazo la posibilidad de titular el terreno. Veamos y analicemos detenidamente la declaración realizada por el testigo [Nombre10] ; una vez hecha la prevención de falso testimonio por parte del señor juez, el testigo declara que tiene 48 años y que conoce la propiedad a inscribir desde hace 30 años y que al momento de conocer la propiedad ésta ya le pertenecía a los hermanos [Nombre1] (Hermanos socios de Zamuri S.A) y sabía que ellos se la compraron a un señor de nombre “[Nombre11] ” haciendo referencia al antecesor poseedor del terreno a titular. Con esta declaración queda claro que la finca ya estaba bajo tenencia y posesión antes de los hermanos [Nombre1] por un señor de apellido [Nombre12], si el señor Juez haciendo una unidad de la prueba logra hilar con la prueba aportada a los autos más precisamente la escritura aportada al expediente escritura número: 108 otorgada ante el notario Willy Castro Durán en la ciudad de San Antonio de Belén a las catorce horas del 6 de diciembre de 1975, visible a los folio 68 vuelto y 69 frente del tomo 24 del indicado profesional, se logra constatar que el señor [Nombre12]   vende al señor [Nombre1]   la finca objeto de las presentes diligencias quedando documentalmente probado que éste le transmitió las mejoras y la posesión por el señor [Nombre12]  al señor [Nombre1]  con lo cual podemos constatar que el señor [Nombre1]   entró en posesión real y efectiva del presente terreno en el año de 1975 y este la transmitió a la sociedad Zamuri S.A muchos años antes de que se creara la Zona Protegida Península de Nicoya que lo fue el 10 de marzo de 1994, si unimos la prueba documental con el testimonio del señor [Nombre10]  tenemos claro y probado que el propietario anterior le transmitió la posesión por él ejercida a los hermanos [Nombre1] desde 1975 y estos han sido los poseedores del terreno primero en forma personal y después como socios constituyentes de la sociedad promotora Zamuri S.A. Al no hilar la declaración con la prueba documental el señor juez violó el principio de la unidad de la prueba, al respecto la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en sentencia número 59 de las 14.30 horas del 9 de agosto de 1994 señaló: “El juez no puede analizar los elementos de juicio que aportan las partes al proceso, aislada o individualmente, sino en su conjunto, para darles de acuerdo a la sana critica o a la tarifa legal, el valor correspondiente. En el proceso de análisis que realiza el juzgador, es necesario que examine primeramente las diversas pruebas con las que se pretende demostrar cada uno de los hechos, para luego evaluarlos globalmente, separando las que son favorables a las hipótesis planteadas por las partes, de las desfavorables. Finalmente, debe estudiarlas comparativamente para que la conclusión que adopte constituya una verdadera síntesis de la totalidad de los medios de convicción y consecuentemente, de los hechos que por su medio se manifiestan y por último aplicar a la relación fáctica así lograda la normativa de fondo atinente al caso…Deben tomarse en cuenta hasta los más pequeños detalles y todas las pruebas, para determinar si son o no importantes en la solución de la controversia. En el proceso de valoración de los elementos de juicio, de conformidad con la sana crítica, no basta aplicar la lógica, es también necesario recurrir a las reglas de la experiencia humana suministradas por la sicología, la sociología y la técnica, que son las que verdaderamente dan al juez el conocimiento de la vida y de los hombres y le permiten distinguir con certeza lo que es verdadero de lo que es falso.” .En el presente caso, el juez deniega la titulación porque uno de los testigos hace referencia a que conoce la finca hace treinta años, pero si interpretamos esa declaración en su conjunto tenemos que concluir que la conoce hace treinta años pero eso no significa que no tenga la promovente más de treinta años de poseerla, pero de la misma declaración el testigo refiere que dicha finca fue vendida y traspasada la posesión por el anterior poseedor que dice llamarse “[Nombre11] ” pero si unimos esa declaración al documento de escritura de traslado de dominio que obra en autos en el expediente físico se constata que el señor [Nombre1]  adquirió dicha propiedad en 1975 del señor [Nombre12]   con lo cual queda debidamente probado y acreditado que ese terreno está en tenencia y bajo posesión desde esa fecha originalmente por el señor [Nombre1]  y este al constituirse la sociedad Zamuri S.A aportó dicho bien al patrimonio de la sociedad promotora de estas diligencias y si a eso le agregamos el testimonio de los restantes dos testigos queda totalmente acreditada la tenencia real y efectiva pública, pacífica y sin interrupción, a título de dueño y de buena fe de la sociedad promovente, quien está constituida por los socios [Nombre13], [Nombre1] , [Nombre14] , [Nombre15] y [Nombre1]   , situación que se constata con la certificación de personería que obra en el expediente físico. En conclusión, el señor Juez A Quo imprueba la presente titulación basando su razonamiento en tres puntos básicamente, a) apoyándose en el expediente EXPN1, aduciendo que el terreno que se pretende inscribir en estas diligencias ya fue rechazado anteriormente mediante la sentencia: 110-2012 de las 16.24hrs del 19 de abril del 2012, que se apoyó fundamentalmente en que no se ejercieron actos de posesión aptos para titular, dado que la certificación de uso de suelo dado por el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria establecía que no se ejerció el uso conforme del suelo, porque la zona no era apta para el ganado. Mi representada corrigió de forma inmediata esa situación y no explota ni ha explotado agropecuariamente la zona protegida, y el nuevo estudio de suelo presentado a las presentes diligencias determina que las tierras escarpadas y onduladas que determina la zona protegida están siendo salvaguardadas y se regeneran naturalmente, y están delimitadas a efecto de que no ingresen los semovientes, ver al respecto el estudio de suelo que obra en el expediente físico. Además el mismo Juez en su reconocimiento determina que aproximadamente el 70% de la finca está dedicada a la regeneración natural y dicho sector se encuentra debidamente separado con cerca de tres y cuatro hilos del área de pasto y tiene esa área una topografía quebrada. El juez pudo constatar por su propia experiencia en el reconocimiento que el 70% de la finca se está protegiendo y regenerando de forma natural y no se explota económicamente ni productivamente. En consecuencia, ese razonamiento se cae por su propio peso, no pudiendo fundamentarse en éste hecho para denegar la titularidad porque de hacerlo no se fundamenta en prueba alguna. B) Otro razonamiento que hace el señor juez es que el área de bosque de los dos estudios de suelo presentados demuestra que ha disminuido la proporción de bosque, lo que para su entender significa que no se está salvaguardando el área protegida. En este tipo de estudios de uso de suelos se trabaja con porcentajes aproximados y las medidas no son exactas pero esa diferencia en proporcionalidad no determina con certeza absoluta que existe un mal uso o detrimento del área protegida o que se haya estado explotando el área boscosa, porque como reitero son áreas aproximadas y el área protegida no solo encierra bosque, sino que también áreas de charral y rocosas, y áreas que por su topografía no permiten ningún tipo de maleza o arboleda; pero lo que sí es claro es que el Juez que dicta la sentencia pudo constatar en forma personal que existe una zona que representa el 70% de la finca que no está siendo explotada para la ganadería y que se está cuidando y regenerando naturalmente, ver al respecto el reconocimiento judicial que obra en el expediente digital de fecha 9.30hrs del 24 de abril del 2018 y con ese reconocimiento existe un contrasentido del análisis de la prueba, pues arguye los estudios de suelo en forma comparativa para presumir una desmejora de la zona protegida y el mismo Juez en su reconocimiento determina que existe un 70% de finca que se está regenerando naturalmente, siendo esta una prueba más idónea que la del propio estudio de suelo, pues el mismo Juez fue el que determino dicha circunstancia. Existe un contrasentido de la prueba y del análisis de la misma, siendo razón suficiente para que el Ad Quem revoque la sentencia por un razonamiento erróneo de la prueba, que violenta con ello el debido proceso y la sana critica racional. C) Se fundamenta el señor Juez en que uno de los testigos señor [Nombre10]  , en su testimonio manifiesta que conoce la finca hace 30 años y por ese hecho el Juez imprueba las presentes diligencias pues ese testimonio determina a su entender que mi representada no ostentaba posesión de más de 10 años antes de entrar en vigencia la creación de la Zona Protectora de Península de Nicoya, creada el 10 de marzo 1994, mediante decreto 22968, pero dicha interpretación que hace el Juez deja de lado una serie de pruebas que obran en el expediente que determina con certeza que la promovente adquirió dicho terreno conjuntamente con la posesión en el año de 1975, siendo ésta una presunción et de iure, de que la tenencia, aprovechamiento y explotación de la finca que se pretende titular está en posesión de la familia [Nombre1] desde el año 1975 y aún más atrás del anterior poseedor [Nombre12]  , como lo determina la escritura número CED8 otorgada en la ciudad de San Antonio de Belén, a las 14hrs del 6 de diciembre de 1975, ante el notario Willy Castro Durán, visible al tomo 24 los folios 68 vuelto y 69 frente, certificación de escritura que corre agregada al expediente físico y que es prueba suficiente para establecer con el principio de unión de la prueba que mi representada ha tenido bajo su tenencia y posesión la finca que se pretende titular antes de la creación de la zona protegida. Siendo débiles los argumentos en que se apoya la sentencia del Juez A Quo, solicita a éste tribunal proceda a revocar la sentencia interpelada y se acoja las presentes diligencias y se permita a su representada la titulación del presente terreno (ver apelación incorporada el 19/06/19 a las 02:56:56 bandeja de escritos).

            III.- En el presente asunto considera este Tribunal lleva razón el apelante por una serie de razones que a continuación se expondrá. Este Tribunal en el voto N° 0087-F-10 dictada en el expediente 07-000004-0391- ag, le había indicado al juez ad quo lo siguiente: "... En efecto, en la apelación se alegó existe un vicio de nulidad al dejarle en estado de indefensión, pues se argumenta, el juzgador se extralimitó al impedirle formalizar el título de propiedad por medio de Información Posesoria con base en una interpretación incorrecta del estudio de suelos emitido por el INTA. De los autos se desprende que el Instituto Nacional de Transferencia en Tecnología Agropecuaria certificó que en la finca a titular se ejerce el uso conforme del suelo para la actividad que se realiza, siempre y cuando se cumpla con la realización de actividades a futuro por parte de las personas poseedoras del fundo. Planteó como recomendaciones mejorar el desalojo de las aguas de los caminos y propiciar la regeneración forestal natural en las zonas de repastos en ladera con pendientes superiores a treinta por ciento según mapa de conflicto zonas con marca no conforme; además, recomendó la fertilización química de los repastos del sector clase III, con base en análisis de laboratorio, e incorporar sistemas de riego, para propiciar un mayor desarrollo vegetativo y mayor producción de biomasa. Hizo constar además, que en el sector de bosque del terreno hay una pendiente escarpada y un drenaje excesivo (Estudio de Suelos de folios 29 y 30). De lo anterior se desprende que el INTA indicó expresamente que en el inmueble se cumple con el uso conforme de suelos, requisito dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Uso, Conservación y Manejo de Suelos; sin embargo, hizo una serie de recomendaciones técnicas importantes para optimizar el uso dado al suelo en referencia. Estima el Tribunal, debió el Juzgado, en forma previa a emitir la sentencia, verificar si la parte promovente había realizado acciones tendientes a cumplir con tales recomendaciones y si existe compromiso para la ejecución de éstas. Tal procedimiento es fundamental en forma previa a emitir la sentencia, para poder determinar si en este caso se cumple con los requerimientos de la citada norma y el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesoria, pues sin prejuzgar, considera el Tribunal que tratándose de una finca ubicada parcialmente dentro de la Zona Protectora Península de Nicoya-Sector Lepanto, esa verificación previa adquiere particular relevancia en este caso...". En la sentencia actual venida en apelación de este otro expediente, donde la misma empresa, trata de titular nuevamente el mismo terreno, parece haber una confusión del señor juez, ello por cuanto el mismo a la hora de practicar el reconocimiento del terreno a titular señala en el acta el  mismo se ha dejado en su mayoría a la regeneración natural, al indicar: "...Se toma como referencia el plano catastrado de folio 3, se ingresa al inmueble por el lindero sur por un portón de madera que se ubica entre los vértices uno y dos; por dicho sector se aprecia una zanja seca que sirve de desagüe natural en la época de invierno; dicha zanja es lo que en el plano se dibuja como yurro; sobre el mismo se observan árboles de higuerón y guácimo.- El terreno esta cercado en su mayoría a tres y cuatro hilos de alambres sobre postería mixta.- Por los linderos sur y este la propiedad esta dedicada a pasto de las especies de bracaria y tansania, eso equivale aproximadamente a un 30 % del terreno y cuenta con una topografía plana.- El otro 70 % aproximadamente esta dedicado a la regeneración natural la cuál se ubica al sector norte y oeste de la propiedad, dicho sector se encuentra debidamente separado con cercas de tres y cuatro hilos del área de pasto; y tiene una topografía quebrada.- Por el lindero sur se observa un corral y un galerón en buen estado.- Dentro del terreno no se observan semovientes; y según el representante de la sociedad tiene ya mucho tiempo de no mantener ganado dentro del inmueble; tampoco hay nacientes, quebradas, quemas ni talas de árboles.- El terreno se ajusta a lo descrito en el plano catastrado antes citado, y se encuentra en buen estado de mantenimiento y conservación...". El juez ad quo rechaza nuevamente la información posesoria señalando hay menos áreas de bosque, cuando en realidad a sucedido lo contrario,  pues más de 80 hectáreas, un 70% aproximadamente de las 121 hectáreas que mide el fundo, estaban dedicadas a pastos y en la actualidad se han abandonado las áreas de pastos  y más bien, el inmueble se encuentra en un 70% dedicado a la conservación, es decir, se invirtió la situación y ahora el mayor porcentaje esta dedicado a la conservación, tal y como lo pudo apreciar el mismo juzgador, según el acta de reconocimiento judicial agregado al escritorio virtual a la  bandeja de documentos asociados el 24/04/2018 a las 13:01:23. Lo anteriormente expuesto, se puede extraer como conclusión del análisis comparativo de los certificados de uso conforme de suelos visible  a folios que van del 5 al 11, comparándolo con el anterior visible  a folios 137 a 141   del expediente físico. Sobre tal punto de agravio lleva razón el recurrente, el juez está haciendo una interpretación errónea de la prueba aportada por cuanto se ha dejado el inmueble a la regeneración natural lo cual cumple con las condiciones requeridas dentro de un área inmersa dentro de una zona protectora y en el certificado de uso conforme de suelos se establece claramente se abandonado el terreno a la regeneración natural, estando en alrededor de un 70% en tales condiciones, lo que hace lleve razón el recurrente.

            IV.- Agravia también el recurrente la forma en la que el juez ad quo analiza y valora la prueba en relación a lo dicho por el testigo [Nombre10]  , en su testimonio manifiesta que conoce la finca hace 30 años y por ese hecho el Juez imprueba las presentes diligencias pues ese testimonio determina a su entender que la promovente no ostentaba posesión de más de 10 años antes de entrar en vigencia la creación de la Zona Protectora de Península de Nicoya, creada el 10 de marzo 1994, mediante decreto 22968, pero dicha interpretación que hace el Juez deja de lado una serie de pruebas que obran en el expediente que determina con certeza que la promovente adquirió dicho terreno conjuntamente con la posesión en el año de 1975, siendo ésta una presunción et de iure, de que la tenencia, aprovechamiento y explotación de la finca que se pretende titular está en posesión de la familia [Nombre1] desde al menos desde el año 1975. Sobre tal punto de agravio considera este Tribunal lleva razón el recurrente por cuanto la prueba en agraria se analiza globalmente con todo el elemento probatorio traído al proceso y no de forma individual como lo hace el juzgador en este caso sin confrontarlo con el resto del acervo probatorio existente en autos.- obre el tema de la libre valoración probatoria en materia agraria, este Tribunal ha indicado:“ VI. …La apreciación o valoración probatoria consiste en la actividad de selección que debe realizar el juez, entre las fuentes de prueba obtenidas, a fin de establecer cuáles de ellas son las eficaces para resolver el conflicto sometido a su conocimiento. Dicha selección le permite decidirse por una de las tesis divergentes presentadas por cada parte de la relación procesal. Dicha actividad requiere de varios pasos intelectivos básicos, que ha señalado la doctrina: En la actividad probatoria encontramos siempre tres aspectos básicos que son la percepción, la representación o reconstrucción y el razonamiento deductivo o inductivo. El conocimiento de un hecho por parte del juez no se puede obtener sin que él mismo perciba algo con los propios sentidos y para ello, tal como lo afirma [Nombre16], es inevitable el contacto entre el juez y la realidad acerca de la cual se debe juzgar. El contacto del juez con la observación de los hechos puede hacerse de una forma directa o de un modo indirecto a través de la relación que hacen otras personas de algunas cosas o documentos. Se trata siempre de una operación sensorial, sin la cual sería imposible apreciar el contenido y la fuerza de convicción de una prueba. Una vez percibidos aisladamente los hechos, debe procederse a su reconstrucción histórica, y ésta no puede ser hecha en forma aislada, ya que se requiere que se efectúe en su conjunto y con el cuidado necesario para que no se admitan hechos que alteren la realidad o la hagan cambiar de significado. Son también válidas para la apreciación, las reglas generales de la experiencia…. La percepción de los medios, las condiciones y el lugar en el cual se desarrollaron los hechos, le va a permitir luego desarrollar una labor interpretativa. En efecto, una vez que el juez ha percibido los medios de prueba, debe realizar una i nterpretación de los datos probatorios para darles significado jurídico. En tercer lugar, es necesario que el Juez establezca el grado de eficacia que merezca cada medio de prueba, tanto desde el punto de vista formal (en cuanto a la existencia del medio de prueba en la ley y si se ha producido debidamente) como material (la sinceridad o veracidad de la fuente, para determinar si el testigo no miente, o si el documento ha sido o no alterado). Un cuarto paso consistiría, en verificar si el Juez tiene alguna vinculación legal con algún tipo de prueba (en el sistema de prueba legal o tasada). Ello no se aplicaría cuando el Juez puede apreciar libremente la prueba, como es el caso de la materia agraria. Finalmente, el Juez debe lograr una reconstrucción de los hechos discutidos, tal y como a su criterio fueron sucediendo, tomando y depurando todas las fuentes de prueba, en su conjunto. Se trata de apreciar en conjunto la prueba, de lo cual se deriva el deber de motivación de la sentencia. El Juez agrario entra en contacto con los hechos mediante la percepción u observación “in situ”, directa e inmediata. La convicción del juez agrario es un acto psicológico aplicado a una situación concreta, viva, propia de la realidad agraria. El Juez Agrario debe examinar la credibilidad de lo que dice un testigo, o de una parte, para justipreciar su valor. Pero también debe analizar la experiencia social, el medio -mundo agrario- en donde se desenvuelve el conflicto, e incluso la cultura y el comportamiento del campesino. Por ello debe tenerse en cuenta, por un lado la autenticidad y sinceridad de cada prueba cuando se trate de documentos, confesiones y testimonios; por otro lado, determinar su exactitud y credibilidad. Con ello se garantizan los principios de lealtad y probidad en el resultado del elemento probatorio. Las partes dentro del proceso tienen derecho a conocer todos los factores relevantes que han contribuido a la formación del fallo. Los motivos y fundamentación del fallo son los que permiten el control en la vía jerárquica superior Es decir, el juez agrario se asocia una situación particular (del caso concreto), con situaciones semejantes de la realidad que el juez con su experiencia logra conocer". (Tribunal Agrario, No. 206 de las 14:50 horas del 26 de marzo de 1999). Lo anterior es compartido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia al considerar: "El sistema de la libre valoración de la prueba supera el clásico sistema de la prueba legal así como el de la sana crítica, que rigen en el proceso civil. La forma como ha sido concebido el proceso agrario le permite al juez valorar ampliamente los hechos alegados por las partes. Dicho sistema no es arbitrario, por el contrario en la libre valoración de la prueba la misma deber ser razonada, crítica, basarse en la lógica, la experiencia y la sicología. En la motivación del fallo el juez debe exponer los motivos de convicción que lo llevan a resolver en los términos que lo hace. A diferencia del sistema de tarifa legal, en el cual las pruebas se aprecian con sujeción a reglas legales previas, e incluso la admisibilidad de pruebas debe estar previamente señalado por el Ordenamiento Jurídico, en el sistema de libre apreciación el juez tiene libertad para admitir pruebas conforme a su criterio.” (N° 398-F-01 de las 16 horas del 6 de junio del 2001). Asimismo, sobre este tema ha resuelto: “La Ley de Jurisdicción Agraria, tanto en su artículo 54, para los jueces de instancia, como en el 61, para los jueces de casación, autoriza a valorar el elemento probatorio sin sujeción estricta a las normas de derecho común. En este caso el Juez deberá expresar los principios de equidad o de derecho sobre el cual funde su criterio. Se trata del sistema de la libre valoración y no el de la valoración a conciencia pues esta última es típica de los juzgadores no juristas.” (N°46-F-95 de las 15 horas del 26 de abril de 1995). (VOTO 673-F-2003 de las 11:25 hrs. del 15 de octubre de 2003).-

            VI.- Bajo esa tesitura, considera el Tribunal  lleva razón el apelante en sus agravios. Primero que todo hay que tener presente el fundo a titular se encuentra en un 50% dentro de área silvestre protegida Zona Protectora Península de Nicoya creada según decreto ejecutivo N° 22968 del 10 de marzo de 1994, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias el  titulante tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal por lo menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la respectiva ley o decreto en que se creó la respectiva área silvestre.En este caso particular existe prueba documental referida a documento de compraventa donde [Nombre12]   vende finca a [Nombre1]   en fecha 9 de diciembre de 1975, transmitiéndole más de diez años de posesión sobre el fundo (ver folio 18 del expediente escrito). Tomando en consideración la prueba anteriormente señalada y lo dicho por los testigos  [Nombre17]   , [Nombre18]  , quienes conocen el inmueble a titular desde hace 55 años el primero y 45 años el segundo, se puede concluir que demuestran la existencia de la propiedad en manos privadas desde mucho más de los diez años previos a la declaratoria del área silvestre protegida. En este caso si bien es cierto hay un testigo [Nombre10]  , que dijo conocer el fundo desde treinta años atrás a su declaración en fecha 10 de mayo de 2017, lo cual hace conozca el inmueble desde 1987, ello no hace, analizando toda la prueba en su conjunto, no haya demostrado la posesión decenal previa a la creación del área silvestre protegida, tal y como lo interpreta el juez ad quo, pues el acervo probatorio traído al caso debe valorarse en forma conjunta.  Si se analiza este testimonio en su conjunto con la demás prueba testimonial recabada al efecto, nos permite concluir la finca tiene una existencia desde vieja data pues existe como un fundo en manos privadas desde  muchos años antes de declararse la  Zona Protectora Península de Nicoya Sector Lepanto en fecha 10 de marzo de 1994 según Decreto Ejecutivo N°22968. No se debe perder de vista que el trámite de información posesoria lo que hace es otorgar el título de la usucapión lograda en un tiempo anterior ipso iure, cuando se ha cumplido con los presupuestos del artículo 853 y 856 del Código Civil. En dicho sentido resulta esencial citar jurisprudencia de la Sala Constitucional donde se analiza aspectos generales de la Usucapión, los cuales sirven de fundamento para resolver las presentes diligencias, en virtud de tratarse de un modo de adquisición de derechos reales: “REGIMEN GENERAL DE LA USUCAPION: En principio, debe indicarse que las diligencias de información posesoria reguladas en la Ley de Informaciones Posesorias No. 139 el 14 de julio de 1941 y sus reformas, son un procedimiento judicial no contencioso por medio del cual se formaliza un título de propiedad de bienes inmuebles en el Registro Público. En general, con ese procedimiento se pretende que los poseedores que carecen de título inscribible en el Registro Público, lo obtengan. El artículo 1 de esa ley dispone que para que el poseedor de bienes raíces solicite el otorgamiento de título con base en el procedimiento de información posesoria, deberá demostrar una posesión por más de diez años con las condiciones que señala el artículo 856 del Código Civil, a saber, en calidad de propietario, continua, pública y pacífica. Los anteriores requisitos de tiempo y condición, caracterizan la posesión necesaria para usucapir. Para obtener la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva, además de la posesión en las condiciones indicadas, el artículo 853 del Código Civil señala como requisitos: el título traslativo de dominio y la buena fe. (...) , se desprende que la titulación del bien inmueble tiene como requisito la adquisición de la propiedad. O sea, que se distingue el momento de adquisición de la propiedad por usucapión del momento en que esa situación se hace valer en el procedimiento de información posesoria para obtener un título inscribible en el Registro Público. De ahí que se considere la usucapión como un modo de adquisición de la propiedad y de otros derechos reales poseíbles, y a la titulación como el procedimiento por medio del cual , comprobados los requisitos de la usucapión, se confiere el título de propiedad inscribible. La usucapión es un modo originario de adquirir un derecho real poseíble por el transcurso del tiempo con los requisitos de ley. El efecto jurídico adquisitivo de la usucapión se produce de manera automática con el transcurso del tiempo unido a una posesión hábil que reúna las condiciones fijadas para la posesión ad usucapionem, y a los demás requisitos establecidos por la ley (...)”. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. NO. 04587-97 de las quince horas cuarenta y cinco minutos del cinco de agosto de mil novecientos noventa y siete. El énfasis no es del original).

VII. En el antecedente jurisprudencial de la Sala Constitucional citado, se infiere claramente como principio que LA PROPIEDAD SE ADQUIERE CUANDO SE CONSOLIDA LA USUCAPIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE SI SE INSCRIBE O NO EL INMUEBLE, TODA VEZ LA TITULACIÓN ES SIMPLEMENTE UNA FORMALIZACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD.  Bajo esta inteligencia, no es posible negar una inscripción al terreno objeto de titulación por cuanto se trata de un bien adquirido por usucapión desde hace muchos años, inclusive más de veinte años antes de declararse el área silvestre protegida Reserva Forestal Los Santos.  Nótese cuando se consolidó la usucapión que dio origen al derecho de propiedad, el transmitente de la promovente había ejercido los actos posesorios conforme a los requisitos para adquirir el dominio vigentes en ese momento.  Debe recordarse, como se señaló en los considerandos anteriores, que en esta materia la prueba se valora libremente, sin sujeción estricta a las normas de derecho común (artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria), y tratándose de informaciones posesorias, es obligación de todo juez agrario verificar con certeza que se cumplan los requisitos exigidos por la Ley para poder usucapir.  Efectivamente, y analizando la prueba aportada en conjunto, en cuanto a la posesión decenal, tenemos conforme lo ya señalado la finca existe en manos privadas como fundo particular desde los años cuarenta y se ha demostrado la cadena posesoria de todos los  anteriores trasmitentes desde tales fechas.Con ello, se estaría cumpliendo tanto con lo preceptuado en el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias como por el ordinal 6 de la citada Ley pues en el primer caso se dice: "Cuando el titulante no haya tenido la posesión decenal del inmueble podrá aprovechar la ejercida por sus transmitentes,  pero en este caso deberá presentar documento público en que conste el traspaso de su derecho, aunque no el de anteriores poseedores", (subrayado no es del original) y en el segundo caso: "La justificación de la posesión se acreditará con la declaración de tres testigos, vecinos del cantón donde se halle situado el inmueble, a los cuales se interrogará desde cuándo conocen la finca, si les consta si ha estado sometida por el titulante o por anteriores dueños a posesión durante un período continuo no inferior a 10 años..." (subrayado no es del original), ante lo cual hecho el análisis conjunto de la totalidad del acervo probatorio constante en los autos, no le queda duda alguna a este Tribunal sobre la acreditación de la posesión decenal del promovente, la cual amparada en las normas supracitadas, ha aprovechado la ejercida por sus anteriores transmitentes [Nombre12]   y [Nombre1]  , el primero quien fue el primer poseedor desde los años sesenta para efectos de la titulación que pretende realizar.- Además de lo anterior con la prueba testimonial citada se logra demostrar una posesión de vieja data sobre el fundo a titular de más de cuarenta, entre todos los poseedores en la cadena posesoria trasmitida del inmueble objeto de titulación, ello sin dejar de lado se le trasmiten diez años de posesión anterior por parte del vendedor, es decir desde 1965, lo cual hace el terreno a estado en manos privadas prácticamente desde treinta años antes de la declaratoria del área silvestre protegida, por lo que se dio la usucapión desde muchos años antes de que se decretara la Zona Protectora. Si bien este Tribunal en algunos casos ha declarado una cosa juzgada formal, en este caso no aplica dicho criterio por cuanto se está ante recomendaciones dadas por el Instituto Nacional de Transferencia y Tecnología Agropecuaria, el cual es claro en señalar que se realiza el uso conforme de los suelos según se expone en la certificación visible a folios que van del 5 al 11, y en las observaciones se indica: "...La finca presenta varias clases de tierras desde ligeramente onduladas, tierras fuertemente onduladas y tierras escarpadas. La áreas escarpadas no tienen uso agrícola ni ganadero, con bosque secundario en casi todas las áreas y el resto en regeneración, las áreas fuertemente onduladas están en proceso de regeneración, y en vegetación de charral, cercadas y sin ganado, separadas para conservación. La pareas clase III están en uso de pasturas, con ganado presente, especialmente novillos y terneros, con infraestructura de corral de madera, sin sobrepastoreo...". De lo anteriormente expuesto se desprende claramente se ejerce el uso conforme de los suelos y el cambio realizado en cuanto al uso de los terrenos, cumpliendo con la normativa ambiental.

            VIII.- En razón de todo lo expuesto, llevando razón el recurrente en sus agravios, deberá revocarse la sentencia dictada. En su lugar, se acogen las presentes Diligencias de Información Posesoria, tramitada por ZAMURI SOCIEDAD ANÓNIMA representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo [Nombre1]   , mayor, casado una vez, agricultor, vecino de San Antonio de Belén de Heredia, cédula CED2 -  -  . Se ordena al Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria, inscribir a nombre de ZAMURI SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número CED9 -   -       , el inmueble que de seguido se describe, como finca independiente, y sin perjuicio de terceros con mejor derecho, en los siguientes términos: "Terreno de pastos y montaña, situado en Montaña Grande de Lepanto, [Dirección1] ,  ; Provincia de Puntarenas, que según el plano catastrado adjunto N° P-1100823-2006, posee una extensión de UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN METROS DIECISIETE DECÍMETROS CUADRADOS, cuyos linderos son: Norte: [Nombre2]  Sucesores Limitada y en parte [Nombre3]  , Sur: [Nombre3]  , [Dirección2]  con un frente a ella de cuatro metros tres centímetros lineales, [Nombre4]   , [Nombre3]  , [Dirección2]  con un frente a ella de cincuenta y dos metros ochenta y cuatro centímetros lineales, [Nombre5]   y en parte [Nombre6]   Este: Hermanos [Nombre7], [Nombre7] y [Nombre8]  , [Nombre9]  , [Nombre6]  , [Nombre5]   y [Nombre3]     , [Nombre4]    y [Nombre3]  ",  la cual está destinada en la actualidad a la actividad de conservación y a la restauración forestal por medio de la regeneración natural, en un setenta por ciento, y a pasturas el treinta por ciento del área. Dicho bien ha estado en posesión del promovente en forma pública, pacífica, ininterrumpida y a título de dueño por más de diez años, no tiene construcciones, sobre él no pesan cargas reales, servidumbres ni condueños. El inmueble se encuentra en un cincuenta por ciento dentro del área silvestre protegida  Zona Protectora Península de Nicoya Sector Lepanto de fecha 10 de marzo de 1994, según Decreto Ejecutivo N°22968, administrada por el Ministerio de Ambiente y Energía; por lo que se recomienda dejar a la regeneración natural las áreas que se están regenerando  y no realizar ninguna actividad de explotación forestal o agrícola, en dichas áreas, así como acatar las disposiciones del plan  de manejo del área silvestre protegida dentro de la que se encuentra. El fundo fue estimado en la suma de OCHO MILLONES DE COLONES. El derecho de vía de la calle pública que linda por el rumbo [Dirección5] con el predio es de catorce metros, conforme al artículo 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19 de la Ley de Informaciones Posesorias. El edicto salió publicado en el  Boletín Judicial Número Ciento Cincuenta y Ocho (158) del dieciocho de agosto del 2016.  Las presentes diligencias fueron estimadas en la suma de OCHO MILLONES DE COLONES.

POR TANTO:

Se revoca  la sentencia dictada. En su lugar, se acogen las presentes Diligencias de Información Posesoria, tramitada por ZAMURI SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo [Nombre1]   , mayor, casado una vez, agricultor, vecino de San Antonio de Belén de Heredia, cédula CED2 -  -  . Se ordena al Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria, inscribir a nombre de ZAMURI SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número CED9 -   -       , el inmueble que de seguido se describe, como finca independiente, y sin perjuicio de terceros con mejor derecho, en los siguientes términos: "Terreno de pastos y montaña, situado en Montaña Grande de Lepanto, [Dirección1] ,  ; Provincia de Puntarenas, que según el plano catastrado adjunto N° P-1100823-2006, posee una extensión de UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN METROS DIECISIETE DECÍMETROS CUADRADOS, cuyos linderos son: Norte: [Nombre2]  Sucesores Limitada y en parte [Nombre3]  , Sur: [Nombre3]  , [Dirección2]  con un frente a ella de cuatro metros tres centímetros lineales, [Nombre4]   , [Nombre3]  , [Dirección2]  con un frente a ella de cincuenta y dos metros ochenta y cuatro centímetros lineales, [Nombre5]   y en parte [Nombre6]   Este: Hermanos [Nombre7], [Nombre7] y [Nombre8]  , [Nombre9]  , [Nombre6]  , [Nombre5]   y [Nombre3]     , [Nombre4]    y [Nombre3]  ",  la cual está destinada en la actualidad a la actividad de conservación y a la restauración forestal por medio de la regeneración natural, en un setenta por ciento, y a pasturas el treinta por ciento del área. Dicho bien ha estado en posesión del promovente en forma pública, pacífica, ininterrumpida y a título de dueño por más de diez años, no tiene construcciones, sobre él no pesan cargas reales, servidumbres ni condueños. El inmueble se encuentra en un cincuenta por ciento dentro del área silvestre protegida  Zona Protectora Península de Nicoya Sector Lepanto de fecha 10 de marzo de 1994, según Decreto Ejecutivo N°22968, administrada por el Ministerio de Ambiente y Energía; por lo que se recomienda dejar a la regeneración natural las áreas que se están regenerando  y no realizar ninguna actividad de explotación forestal o agrícola, en dichas áreas, así como acatar las disposiciones del plan  de manejo del área silvestre protegida dentro de la que se encuentra. El fundo fue estimado en la suma de OCHO MILLONES DE COLONES. El derecho de vía de la calle pública que linda por el rumbo [Dirección5] y [Dirección6] con el predio es de catorce metros, conforme al artículo 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19 de la Ley de Informaciones Posesorias. El edicto salió publicado en el  Boletín Judicial Número Ciento Cincuenta y Ocho (158) del dieciocho de agosto del 2016.  Las presentes diligencias fueron estimadas en la suma de OCHO MILLONES DE COLONES.                                                        

 

 

             

 

	

	

 




	

*XSDYIANFEGI61*

XSDYIANFEGI61

[Nombre19]   - JUEZ/A DECISOR/A

	




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UDYSWUSDKAS61

[Nombre20]    - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

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GUMRF1A47DSK61

[Nombre21]   - JUEZ/A DECISOR/A




 

	

 

	

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:17:52.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**FILE:**

EXP2 - 5

**PROCEEDING:**

INFORMACIÓN POSESORIA (POSSESSORY INFORMATION)

**PROMOTED BY:**

ZAMURI SOCIEDAD ANONIMA

**VOTO N° 741-F-2019**

**AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.-** At eleven hours and twenty-six minutes on the thirteenth of September, two thousand nineteen.-

**PROCEEDING FOR INFORMACIÓN POSESORIA (POSSESSORY INFORMATION)**, promoted by **ZAMURI SOCIEDAD ANÓNIMA**, legal identification number CED1 - - , represented by its president with powers of generalísimo (unlimited general agent) without limit of amount [Name1] , of legal age, married, farmer, resident of San Antonio de Belén de Heredia, identity card number CED2 - - . Appearing in the proceeding are the **PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL)**, represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, of legal age, single, attorney, resident of Alajuela, identity card number CED3 - - , in her capacity as deputy attorney general (procuradora adjunta); and the **INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (RURAL DEVELOPMENT INSTITUTE)**, legal identification number CED4 - - , represented by Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, of legal age, married, attorney, resident of Alajuela, identity card number CED5 - - , in her capacity as generalísima (unlimited general agent) without limit of amount. Acting as special judicial attorney for the promoting entity is Licentiate Carlos Francisco Garcia [Name1], bar number five thousand five hundred twenty-two. Processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, with seat in Santa Cruz.-

**WHEREAS:**

1.- The promoting company filed the present proceeding for possessory information (diligencias de información posesoria) so that by this means the following lands may be registered in the Public Property Registry, described as follows: "Pasture and mountain land, located in Montaña Grande de Lepanto, [Address1] , ; Province of Puntarenas, which according to the attached cadastral map (plano catastrado) N° P-1100823-2006, has an area of ONE MILLION TWO HUNDRED SIXTEEN THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY-ONE SQUARE METERS AND SEVENTEEN SQUARE DECIMETERS, whose boundaries are: North: [Name2] Sucesores Limitada and in part [Name3] , South: [Name3] , [Address2] with a frontage of four point zero three linear meters, [Name4] , [Name3] , [Address2] with a frontage of fifty-two point eighty-four linear meters, [Name5] and in part [Name6] East: Hermanos [Name7], and [Name8] , [Name9] , [Name6] , [Name5] and [Name3] , [Name4] and [Name3] " (folios 30, 31, 38, 41, 53, 55, 59).-

2.- The Procuraduría General de la República appeared in the proceeding in the terms set forth on folios 69 to 71; in turn, the Instituto de Desarrollo Rural did so on folio 88.-

3.- Judge José Joaquín Piñar Ballestero, of the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, by means of judgment 143-2019 at nine hours and thirty-three minutes on the thirteenth of June, two thousand nineteen, resolved: "POR TANTO: \" The possessory information (información posesoria) is NOT APPROVED (SE IMPRUEBA), pursuant to articles 7, 8 paragraph 2 and 11 of the Ley de Informaciones Posesorias (Possessory Information Law); 13, 14 and 15 of the Ley Forestal (Forestry Law) and numbers 261 and 262 of the Civil Code, promoted by [Name1] , who is of legal age, married once, farmer, identity card number CED6 , resident of San Antonio de Belén de Heredia, in his capacity as president with powers (sic) of generalísimo (unlimited general agent) of ZAMURI SOCIEDAD ANÓNIMA legal identification number CED7 . The party is informed of the right to appeal this ruling in case of disagreement," (See Virtual Desktop of the Agrarian Court of Santa Cruz in Associated Documents file of 6/13/19 at 9:33:23 a.m.).-

4.- Licentiate Carlos Francisco Garcia Zamora, in his capacity as special attorney for the promoting company, filed an appeal with an express indication of the reasons for which he refutes the thesis of the Court of first instance, (See Virtual Desktop of the Agrarian Court of Santa Cruz in the Filings Inbox file of 6/19/19 at 2:56:56 p.m.).-

5.- In the substantiation of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, and the existence of errors or omissions in the ruling capable of causing its nullity is not noted.-

Drafted by Judge Darcia Carranza, and;

**WHEREAS (CONSIDERANDO)**

**I.-** The facts held as proven are shared, as they are a faithful reflection of what occurred in the record. Of such nature, consider the following: 6) The property (fundo) was acquired by [Name1] on December 6, 1975, with ten years of possession being transferred to him by the seller (see purchase deed at folios 18 and 19 of the written file). 7) The Península de Nicoya Sector Lepanto protective zone (zona protectora) was created by Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 22968 on March 10, 1994 (see certification at folio 4 of the written file). 8) A compliant use of soils (uso conforme de suelos) has been exercised on the property (see certification from the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria at folio 5).

**II.-** The promoting party appeals the ruling rendered based on the following: It considers that the judgment violates fundamental principles such as the right to property, violates the principle of due process, the right to a defense, and undermines the right to the social function of property, by presenting a series of inconsistencies, lack of legal reasoning, and misinterpretation of the evidence, thereby violating the principles of sound rational criticism (sala critica racional), for which it sets forth the grievances below. FIRST- A: In his analysis, the A QUO judge bases as a proven fact that the farm to be titled by his represented party is located in [Address3] , in the province of Puntarenas, that it has cadastral map number: P – 1100823- 2006, and that it has an area of 1,216,881 square meters and 17 square decimeters, a map that establishes the boundaries of the farm to be titled, adjoining landowners who were deemed notified and waived future notifications, as stated in the file; this fact is true and is evidenced not only by the documentary evidence provided but is also endorsed by the remaining evidence provided in the file, and this circumstance was duly approved as a true fact in the file. B: The farm intended to be registered is located approximately 50% within the Zona Protectora Península de Nicoya sector Lepanto, administered by the Ministerio de Ambiente y Energía (Ministry of Environment and Energy), a fact that was duly accredited in the physical file, this fact is true and was duly corroborated with the evidence provided and more precisely from the certification given by Biologist Luis Ángel Mena Aguilar, head of the Lepanto – Paquera subregion, Tempisque conservation area, which clearly states that the land referred to in the cadastral map subject to these proceedings is located fifty percent within the Zona Protectora Península de Nicoya sector Lepanto, a fact that is duly accredited and proven within the same file. C: The office holds as an approved fact that under file: EXP1, my represented party sought to title the land described in map number: P- 1100823 – 2006, and that on that occasion the possessory information was rejected by judgment: 110 - 2012 by ruling at 16 hours 24 minutes on April 19, 2012, that judgment of non-approval being based on the Judge's reasoning that possessory acts suitable for titling the land were not exercised, a fact that is verified with the documentary evidence provided by the Procuraduría in copies attached to the file, more precisely in the soil certification provided on that occasion. As we see, the denial of titling was based on not exploiting the land adequately, as it involves a protected zone, and used as evidence the compliant use of soils certification provided on that occasion, which established that the compliant use of soil for the activity carried out had not been exercised according to the approved methodology. This fact was not verified on that occasion by any evidence other than the adduced certification. If on that occasion the Judge rejected it based on said soil use certification, why in the current proceeding is there a soil use certification that establishes and proves that the compliant use of soil has been exercised for the activity currently carried out by the title applicant, and establishes that there is a wooded and scrubland (charral) zone that is approximately fifty percent of the farm that is not exploited for agriculture but is protected and conserved, see in this regard the certification from the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria contained in the physical file, with which it can no longer be argued that there is no protection and regeneration in the protected zone, and what was the subject of the denial of the first titling cannot be accredited in the present file, because if so, it violates my right to property and to the possibility of titling the land and being a credit subject and exercising the social function of property, facts that must be protected, safeguarded, and incentivized by the State. D: The judge of first instance argues that the analysis of the first file, which was contributed to the record by the Procuraduría General de la República, that does not approve the titling of the present land, in comparison with the soil study presented in the present file, shows a considerable decrease in the area dedicated to forest and that for this reason he intuits that the land is not being given adequate soil use, but this analysis carried out by the judge is not supported by any other type of evidence, especially since the judge conducted an inspection or judicial view (reconocimiento) of the land and was able to verify that the protected zone is being given adequate protection and use; he also established within that judicial view (reconocimiento) that approximately 70% of the farm to be titled, he establishes in his view, I quote, "…the other approximately 70% (referring to the farm) is dedicated to natural regeneration, which is located in the [Address4] sector of the property, said sector is duly separated with three- and four-strand fences from the pasture area, and has broken topography." As we see, the judge himself was able to observe that the promoter has delimited the Protection Zone from the productive area, that is, land for pasture which is basically the economically profitable zone. From the judge's analysis to support his non-approval is that the promoting company has reduced the forested and protected area, when from his own judicial view (reconocimiento) he could verify that such fact does not occur in reality and the protected zone is being respected. The protected zone established by the soil use certification contributed to the file refers not only to the forest zone but also determines a scrubland zone (charral), which adding both areas (secondary forest and scrubland) totals an area not exploited for agriculture of more than 50% of the area to be titled. When speaking of a protected zone, reference is made to management zones or categories to meet certain conservation and management objectives, and there are lands that, by their nature or soil category, are not regenerable as forest but their conservation is basically apt for scrubland (charral), as we see from the soil study added to the file, it speaks of secondary forest and scrubland (charral) which both added together give us more than 50% of the area to be titled, thereby respecting the protected zone. E: Finally, the judge in his analysis of the testimonial evidence determines that one of the witnesses, Mr. [Name10] , appearing at folios: 358 to 361, states in his testimony that it is insufficient to demonstrate the exercise of decennial possession prior to the creation of the Zona Protectora Península de Nicoya, as he does not establish in his testimony that the farm has been under possession because he has only known the farm for thirty years. That analysis made by the judge is myopic, biased, and violative of the principle of unity of evidence, because the judge considers, with the interpretation of said testimony, that the titling of the land carried out by his represented party must be rejected. We must first analyze the statement of the indicated witness to establish whether it is clear, precise, and concordant to abruptly deny the possibility of titling the land. Let us carefully see and analyze the statement made by witness [Name10] ; once the warning regarding false testimony was made by the judge, the witness declares that he is 48 years old and has known the property to be registered for 30 years and that when he came to know the property, it already belonged to the [Name1] brothers (Partner brothers of Zamuri S.A.) and he knew that they bought it from a man named "[Name11]" referring to the predecessor possessor of the land to be titled. With this statement, it is clear that the farm was already under tenure and possession before the [Name1] brothers, by a man with the surname [Name12], if the Judge, carrying out a unity of the evidence, manages to connect this with the evidence contributed to the record, more precisely the deed contributed to the file, deed number: 108 granted before Notary Public Willy Castro Durán in the city of San Antonio de Belén at fourteen hours on December 6, 1975, appearing at folios 68 verso and 69 front of volume 24 of the indicated professional, it is verified that Mr. [Name12] sells to Mr. [Name1] the farm subject to these proceedings, it being documentarily proven that he transferred the improvements and possession of Mr. [Name12] to Mr. [Name1] , with which we can verify that Mr. [Name1] entered into real and effective possession of the present land in the year 1975 and he transferred it to the company Zamuri S.A. many years before the Zona Protectiva Península de Nicoya was created, which was on March 10, 1994. If we unite the documentary evidence with the testimony of Mr. [Name10] , we have it clear and proven that the previous owner transferred the possession exercised by him to the [Name1] brothers since 1975, and they have been the possessors of the land, first personally and later as constituent partners of the promoting company Zamuri S.A. By failing to connect the statement with the documentary evidence, the judge violated the principle of the unity of evidence. In this regard, the First Chamber of the Supreme Court of Justice in judgment number 59 at 14:30 hours on August 9, 1994, stated: "The judge cannot analyze the elements of judgment that the parties contribute to the proceeding, in isolation or individually, but rather as a whole, to give them, according to sound criticism (sana crítica) or the legal tariff, the corresponding value. In the analysis process carried out by the judge, it is necessary to first examine the various pieces of evidence intended to demonstrate each of the facts, to then evaluate them globally, separating those that are favorable to the hypotheses raised by the parties from the unfavorable ones. Finally, they must be studied comparatively so that the conclusion reached constitutes a true synthesis of the totality of the means of conviction and consequently, of the facts manifested through them, and finally apply the substantive law pertinent to the case to the factual relationship thus achieved… Even the smallest details and all evidence must be taken into account to determine whether or not they are important in the resolution of the controversy. In the process of evaluation of the elements of judgment, in accordance with sound criticism (sana crítica), it is not enough to apply logic; it is also necessary to resort to the rules of human experience provided by psychology, sociology, and technique, which are what truly give the judge knowledge of life and of men and allow him to distinguish with certainty what is true from what is false." In the present case, the judge denies the titling because one of the witnesses refers to the fact that he has known the farm for thirty years, but if we interpret that statement as a whole, we must conclude that he has known it for thirty years, but that does not mean that the promoting party has not possessed it for more than thirty years; but from the same statement, the witness relates that said farm was sold and possession was transferred by the previous possessor whom he says is called "[Name11]". But if we unite that statement with the deed document of transfer of ownership that is in the record in the physical file, it is verified that Mr. [Name1] acquired said property in 1975 from Mr. [Name12] , with which it is duly proven and accredited that this land has been in tenure and under possession since that date originally by Mr. [Name1] , and upon the constitution of the company Zamuri S.A., he contributed said property to the patrimony of the company promoting these proceedings, and if we add to that the testimony of the remaining two witnesses, the real and effective tenure, public, peaceful and without interruption, by title of owner and in good faith of the promoting company, which is constituted by partners [Name13], [Name1] , [Name14] , [Name15] and [Name1] , is totally accredited, a situation that is verified with the certification of legal status in the physical file. In conclusion, the A Quo Judge does not approve the present titling based his reasoning on three main points: a) Relying on file EXP1, arguing that the land intended to be registered in these proceedings was already rejected previously by judgment: 110-2012 at 16.24 hrs on April 19, 2012, which was fundamentally based on the fact that possessory acts suitable for titling were not exercised, given that the soil use certification given by the Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria established that the compliant use of soil was not exercised, because the zone was not suitable for cattle. My represented party immediately corrected this situation and does not exploit nor has exploited the protected zone for agriculture, and the new soil study presented in these proceedings determines that the steep and undulating lands that constitute the protected zone are being safeguarded and regenerate naturally, and are delimited so that livestock do not enter, see in this regard the soil study in the physical file. Furthermore, the Judge himself in his judicial view (reconocimiento) determined that approximately 70% of the farm is dedicated to natural regeneration and said sector is duly separated with a three- and four-strand fence from the pasture area, and that area has broken topography. The judge was able to verify through his own experience in the judicial view (reconocimiento) that 70% of the farm is being protected and regenerated naturally and is not exploited economically or productively. Consequently, this reasoning collapses under its own weight, and cannot be based on this fact to deny ownership because by doing so it is not based on any evidence. B) Another reasoning made by the judge is that the forest area from the two soil studies presented shows that the proportion of forest has decreased, which in his understanding means that the protected area is not being safeguarded. In this type of soil use studies, approximate percentages are used, and the measurements are not exact, but this difference in proportionality does not determine with absolute certainty that there is misuse or detriment to the protected area or that the forest area has been exploited, because, as I reiterate, they are approximate areas and the protected area not only encompasses forest, but also scrubland (charral) and rocky areas, and areas that due to their topography do not allow any type of undergrowth or trees; but what is clear is that the Judge who renders the judgment was able to personally verify that there is a zone representing 70% of the farm that is not being exploited for cattle ranching and that is being cared for and regenerated naturally, see in this regard the judicial view (reconocimiento judicial) appearing in the digital file dated 9.30 hrs on April 24, 2018, and with that judicial view (reconocimiento) there is a contradiction in the analysis of the evidence, because it argues the soil studies comparatively to presume a deterioration of the protected zone, and the Judge himself in his judicial view (reconocimiento) determines that there is 70% of the farm that is regenerating naturally, this being evidence more suitable than the soil study itself, because the Judge himself was the one who determined this circumstance. There is a contradiction in the evidence and in the analysis of it, being sufficient reason for the Ad Quem to revoke the judgment for erroneous reasoning of the evidence, thereby violating due process and sound rational criticism. C) The Judge bases his decision on the fact that one of the witnesses, Mr. [Name10] , states in his testimony that he has known the farm for 30 years, and because of this fact, the Judge does not approve these proceedings, as that testimony, in his understanding, determines that my represented party did not hold possession for more than 10 years before the entry into force of the creation of the Zona Protectora de Península de Nicoya, created on March 10, 1994, by Decree 22968, but this interpretation by the Judge disregards a series of pieces of evidence in the file that determine with certainty that the promoting party acquired said land together with possession in the year 1975, this being an et de iure presumption that the tenure, use, and exploitation of the farm intended to be titled has been in the possession of the [Name1] family since the year 1975 and even further back from the previous possessor [Name12] , as determined by deed number CED8 granted in the city of San Antonio de Belén, at 14 hours on December 6, 1975, before Notary Public Willy Castro Durán, appearing in volume 24 at folios 68 verso and 69 front, a deed certification that is attached to the physical file and is sufficient evidence to establish, with the principle of unity of the evidence, that my represented party has had under its tenure and possession the farm intended to be titled prior to the creation of the protected zone. Since the arguments on which the judgment of the A Quo Judge relies are weak, it requests that this Tribunal proceed to revoke the appealed judgment and grant these proceedings and allow his represented party the titling of the present land (see appeal filed on 06/19/19 at 02:56:56 filings inbox).

**III.-** In the present matter, this Tribunal considers the appellant is correct for a series of reasons that will be set forth below. This Tribunal in vote N° 0087-F-10 issued in file 07-000004-0391- ag, had indicated to the ad quo judge the following: "... In effect, in the appeal it was alleged that there is a defect of nullity by leaving the party in a state of defenselessness, as it is argued that the judge exceeded his authority by preventing the formalization of the property title by means of Información Posesoria based on an incorrect interpretation of the soil study issued by INTA. It is evident from the record that the Instituto Nacional de Transferencia en Tecnología Agropecuaria certified that on the farm to be titled, the compliant use of soil (uso conforme del suelo) is exercised for the activity carried out, provided that the carrying out of future activities by the possessors of the property is complied with. It proposed as recommendations to improve the drainage of water from the roads and to promote natural forest regeneration in the pasture areas on slopes with gradients greater than thirty percent according to the conflict map, zones with a non-compliant mark; in addition, it recommended chemical fertilization of the pastures in the class III sector, based on laboratory analysis, and incorporating irrigation systems, to foster greater vegetative development and greater biomass production. It also recorded that in the forest sector of the land there is a steep slope and excessive drainage (Soil Study at folios 29 and 30). From the foregoing, it is evident that INTA expressly indicated that the property complies with the compliant use of soils (uso conforme de suelos), a requirement set forth in Article 58 of the Ley de Uso, Conservación y Manejo de Suelos (Soil Use, Conservation, and Management Law); however, it made a series of important technical recommendations to optimize the use given to the soil in question. The Tribunal considers that the Court should have, prior to rendering the judgment, verified whether the promoting party had carried out actions aimed at complying with such recommendations and whether there is a commitment to execute them. Such a procedure is fundamental prior to rendering the judgment, to be able to determine if in this case the requirements of the cited law and Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias are met, because without prejudging, the Tribunal considers that being a farm located partially within the Zona Protectora Península de Nicoya-Sector Lepanto, this prior verification acquires particular relevance in this case...". In the current judgment under appeal from this other file, where the same company is trying to title the same land again, there seems to be confusion on the part of the judge, because when carrying out the judicial view (reconocimiento) of the land to be titled, he states in the minutes that it has been mostly left to natural regeneration, by indicating: "...The cadastral map at folio 3 is taken as reference, the property is entered through the south boundary through a wooden gate located between vertices one and two; in this sector, a dry ditch is observed that serves as natural drainage in the winter season; said ditch is what is drawn on the map as a yurro (stream); on it, fig and guácimo trees are observed.- The land is mostly fenced with three and four strands of wire on mixed posts.- Along the south and east boundaries, the property is dedicated to pasture of bracaria and tansania species, that is equivalent to approximately 30% of the land and has flat topography.- The other approximately 70% is dedicated to natural regeneration, which is located in the north and west sector of the property; said sector is duly separated with three- and four-strand fences from the pasture area; and has broken topography.- Along the south boundary, a corral and a shed in good condition are observed.- Within the land, no livestock are observed; and according to the representative of the company, it has been a long time since it kept cattle inside the property; there are also no springs (nacientes), streams, burns, or tree felling.- The land conforms to what is described in the aforementioned cadastral map, and is in a good state of maintenance and conservation...". The ad quo judge again rejects the possessory information (información posesoria), pointing out there is less forest area, when in reality the opposite has occurred, because more than 80 hectares, approximately 70% of the 121 hectares that the property measures, were dedicated to pastures and currently the pasture areas have been abandoned and rather, the property is now 70% dedicated to conservation, that is, the situation was reversed and now the greater percentage is dedicated to conservation, as could be appreciated by the same judge, according to the minutes of the judicial inspection (reconocimiento judicial) added to the virtual desktop in the associated documents inbox on 04/24/2018 at 13:01:23. The foregoing can be extracted as a conclusion from the comparative analysis of the certificates of compliant use of soils visible at folios from 5 to 11, comparing it with the previous one visible at folios 137 to 141 of the physical file.

On that point of grievance the appellant is correct; the judge is making an erroneous interpretation of the evidence provided, since the property has been left to natural regeneration, which meets the conditions required within an area immersed in a protective zone (zona protectora), and the certificate of compliant land use (certificado de uso conforme de suelos) clearly establishes that the land has been abandoned to natural regeneration, with approximately 70% in such condition, which means the appellant is correct.

            IV.- The appellant also grieves the manner in which the lower court judge analyzes and assesses the evidence in relation to the testimony of witness [Nombre10], who stated in his testimony that he has known the property for 30 years, and on that basis the Judge rejects these proceedings because that testimony, in his understanding, determines that the petitioner did not hold possession for more than 10 years before the creation of the Zona Protectora de Península de Nicoya, created on March 10, 1994, by decree 22968, but said interpretation by the Judge disregards a series of pieces of evidence in the record that determine with certainty that the petitioner acquired said land together with possession in the year 1975, this being an et de iure presumption that the holding, use, and exploitation of the property sought to be titled has been in the possession of the [Nombre1] family since at least the year 1975. On that point of grievance, this Court considers the appellant is correct, because evidence in agrarian matters is analyzed globally with all the evidentiary elements brought to the proceeding and not individually as the judge does in this case, without confronting it with the rest of the evidentiary body existing in the record.- on the subject of free assessment of evidence (libre valoración probatoria) in agrarian matters, this Court has stated: “VI. …The assessment or weighing of evidence consists of the selection activity that the judge must carry out among the sources of evidence obtained, in order to establish which of them are effective for resolving the dispute submitted to his consideration. Said selection allows him to decide on one of the divergent theses presented by each party in the procedural relationship. This activity requires several basic intellective steps, which legal doctrine has identified: In evidentiary activity we always find three basic aspects: perception, representation or reconstruction, and deductive or inductive reasoning. The judge’s knowledge of a fact cannot be obtained without his perceiving something with his own senses, and for that, as [Nombre16] affirms, contact between the judge and the reality about which judgment must be rendered is inevitable. The judge’s contact with the observation of facts can occur directly or indirectly through the account given by other persons of certain things or documents. It is always a sensory operation, without which it would be impossible to assess the content and persuasive force of evidence. Once facts have been perceived in isolation, their historical reconstruction must proceed, and this cannot be done in an isolated manner, since it must be carried out as a whole and with the necessary care to avoid admitting facts that alter reality or change its meaning. The general rules of experience are also valid for the assessment…. The perception of the means, conditions, and place in which the facts occurred will then allow the judge to carry out interpretive work. Indeed, once the judge has perceived the means of proof, he must interpret the evidentiary data to give them legal significance. Third, it is necessary for the Judge to establish the degree of efficacy each means of proof deserves, both from the formal standpoint (regarding the existence of the means of proof in the law and whether it was properly produced) and the material standpoint (the sincerity or truthfulness of the source, to determine whether the witness is lying, or whether the document has been altered or not). A fourth step would consist of verifying whether the Judge has any legal constraint regarding a type of evidence (in the legal or tariffed evidence system). That would not apply when the Judge can freely assess the evidence, as is the case in agrarian matters. Finally, the Judge must achieve a reconstruction of the disputed facts as, in his opinion, they occurred, taking and refining all sources of evidence as a whole. It involves a global assessment of the evidence, from which the duty to state reasons for the judgment derives. The Agrarian Judge comes into contact with the facts through perception or “in situ” observation, direct and immediate. The conviction of the agrarian judge is a psychological act applied to a concrete, living situation, characteristic of agrarian reality. The Agrarian Judge must examine the credibility of what a witness says, or of a party, to fairly gauge its value. But he must also analyze the social experience, the environment—agrarian world—in which the dispute unfolds, and even the culture and behavior of the rural inhabitant. Therefore, on the one hand, the authenticity and sincerity of each piece of evidence must be taken into account when dealing with documents, confessions, and testimonies; on the other hand, its accuracy and credibility must be determined. This guarantees the principles of loyalty and probity in the outcome of the evidentiary element. Parties to the proceeding have the right to know all the relevant factors that have contributed to forming the decision. The reasons and reasoning of the decision are what allow review by a higher hierarchical body. That is, the agrarian judge associates a particular situation (of the specific case) with similar situations of reality that the judge, through his experience, manages to know.” (Agrarian Court, No. 206 of 14:50 hours on March 26, 1999). The foregoing is shared by the First Chamber of the Supreme Court of Justice when it considers: “The system of free assessment of evidence supersedes the classic legal evidence system as well as that of sound criticism (sana crítica), which govern civil proceedings. The manner in which the agrarian proceeding has been conceived allows the judge to broadly assess the facts alleged by the parties. This system is not arbitrary; on the contrary, in the free assessment of evidence, it must be reasoned, critical, grounded in logic, experience, and psychology. In the reasoning of the decision, the judge must set forth the grounds of conviction that lead him to resolve in the terms he does. Unlike the legal tariff system, in which evidence is assessed subject to prior legal rules, and even the admissibility of evidence must be previously indicated by the Legal System, in the free assessment system the judge has freedom to admit evidence according to his own criteria.” (No. 398-F-01 of 16 hours on June 6, 2001). Likewise, on this subject it has resolved: “The Agrarian Jurisdiction Law, both in Article 54, for trial court judges, and in Article 61, for cassation judges, authorizes the assessment of evidentiary elements without strict subjection to the rules of ordinary law. In this case, the Judge must express the principles of equity or law on which he bases his criterion. This is the free assessment system and not the conscientious assessment system, since the latter is typical of non-jurist adjudicators.” (No. 46-F-95 of 15 hours on April 26, 1995). (VOTO 673-F-2003 of 11:25 hrs. on October 15, 2003).-

            VI.- Under that approach, the Court considers the appellant is correct in his grievances. First of all, it must be kept in mind that the property to be titled is 50% within the protected wilderness area (área silvestre protegida) Zona Protectora Península de Nicoya created by Decreto Ejecutivo N° 22968 of March 10, 1994, so that, in accordance with the provisions of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, the title applicant must demonstrate having exercised decennial possession at least ten years prior to the effective date of the respective law or decree in which the respective wilderness area was created. In this particular case, there is documentary evidence referring to a sale and purchase document where [Nombre12] sells the property to [Nombre1] on December 9, 1975, transferring more than ten years of possession over the property (see folio 18 of the written record). Taking into consideration the aforementioned evidence and what was stated by witnesses [Nombre17] and [Nombre18], who have known the property to be titled for 55 years (the former) and 45 years (the latter), it can be concluded that they demonstrate the existence of the property in private hands since well over ten years prior to the declaration of the protected wilderness area. In this case, although it is true there is a witness [Nombre10] who said he knew the property since thirty years prior to his statement on May 10, 2017, which means he has known the property since 1987, this does not mean, analyzing all the evidence as a whole, that decennial possession prior to the creation of the protected wilderness area has not been proven, as the lower court judge interprets it, because the evidentiary body brought to the case must be assessed jointly. If this testimony is analyzed together with the other testimonial evidence gathered for that purpose, it allows us to conclude that the property has existed since old times, as it exists as a property in private hands since many years before the Zona Protectora Península de Nicoya Sector Lepanto was declared on March 10, 1994 according to Decreto Ejecutivo N° 22968. It must not be lost sight of that the possessory information (información posesoria) proceeding serves to grant the title of the usucapión achieved at an earlier time ipso iure, once the requirements of Articles 853 and 856 of the Civil Code have been met. In this regard, it is essential to cite jurisprudence of the Constitutional Chamber where general aspects of Usucapión are analyzed, which serve as a basis to resolve these proceedings, since it concerns a mode of acquisition of real rights: “GENERAL REGIME OF USUCAPIÓN: In principle, it must be noted that possessory information proceedings regulated in the Ley de Informaciones Posesorias No. 139 of July 14, 1941 and its amendments, are a non-contentious judicial procedure through which a property title for immovable property is formalized in the Public Registry. In general, this procedure is intended for possessors who lack a title registrable in the Public Registry to obtain one. Article 1 of that law provides that for the possessor of real property to request the granting of a title based on the possessory information procedure, he must demonstrate possession for more than ten years with the conditions set forth in Article 856 of the Civil Code, namely, as owner, continuous, public, and peaceful. The foregoing requirements of time and condition characterize the possession necessary to usucapt. To obtain ownership of immovable property by adverse possession (prescripción positiva), in addition to possession under the indicated conditions, Article 853 of the Civil Code specifies as requirements: translative title of ownership and good faith. (…), it follows that the titling of the immovable property has the acquisition of ownership as a requirement. That is, a distinction is made between the moment of acquisition of ownership by usucapión and the moment when that situation is asserted in the possessory information proceeding to obtain a title registrable in the Public Registry. Hence, usucapión is considered a mode of acquisition of ownership and other possessable real rights, and titling is the procedure through which, once the requirements of usucapión are proven, the registrable ownership title is conferred. Usucapión is an original mode of acquiring a possessable real right through the passage of time with the legal requirements. The acquisitive legal effect of usucapión occurs automatically with the passage of time together with a qualified possession that meets the conditions established for possession ad usucapionem, and the other requirements established by law (…)”. (Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice. NO. 04587-97 of fifteen hours forty-five minutes on August fifth, nineteen hundred ninety-seven. Emphasis is not from the original).

VII. In the cited jurisprudential precedent of the Constitutional Chamber, it is clearly inferred as a principle that OWNERSHIP IS ACQUIRED WHEN USUCAPIÓN IS CONSOLIDATED, INDEPENDENTLY OF WHETHER THE PROPERTY IS REGISTERED OR NOT, SINCE TITLING IS SIMPLY A FORMALIZATION OF THE RIGHT OF OWNERSHIP. Under this reasoning, it is not possible to deny registration to the land subject to titling because it concerns a property acquired by usucapión many years ago, even more than twenty years before the protected wilderness area Reserva Forestal Los Santos was declared. Note that when the usucapión giving rise to the right of ownership was consolidated, the petitioner’s transferor had exercised possessory acts in accordance with the requirements for acquiring ownership in force at that time. It must be recalled, as stated in the preceding recitals, that in this area the evidence is freely assessed, without strict subjection to the rules of ordinary law (Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law), and in the case of possessory information, it is the duty of every agrarian judge to verify with certainty that the requirements demanded by the Law for usucapión are met. Indeed, and analyzing the evidence provided as a whole, regarding decennial possession, we have, as already indicated, that the property has existed in private hands as a particular property since the 1940s, and the possessory chain of all prior transferors from such dates has been demonstrated. With this, both the provision of the third paragraph of Article 1 of the Ley de Informaciones Posesorias and Article 6 of said Law would be met, since in the first case it states: “When the title applicant has not had decennial possession of the property, he may take advantage of that exercised by his transferors, but in this case he must present a public document evidencing the transfer of his right, even if not that of prior possessors,” (underlining not in the original) and in the second case: “The justification of possession shall be accredited with the declaration of three witnesses, residents of the canton where the property is located, who shall be questioned as to how long they have known the property, whether it is known to them that it has been subjected by the title applicant or by prior owners to possession for a continuous period of not less than 10 years...” (underlining not in the original), in light of which, having conducted a joint analysis of the entirety of the evidentiary body contained in the record, this Court has no doubt whatsoever about the accreditation of the petitioner’s decennial possession, which, supported by the above-cited rules, has taken advantage of that exercised by his prior transferors [Nombre12] and [Nombre1], the former having been the first possessor since the 1960s for the purposes of the titling being sought.- In addition to the foregoing, with the cited testimonial evidence, it is demonstrated that there has been a long-standing possession over the property to be titled of more than forty years, among all the possessors in the transmitted possessory chain of the property subject to titling, this without neglecting that ten years of prior possession are transferred by the seller, that is, since 1965, which means the land has been in private hands practically since thirty years before the declaration of the protected wilderness area, so that usucapión occurred many years before the Zona Protectora was decreed. Although this Court in some cases has declared formal res judicata, in this case that criterion does not apply because we are faced with recommendations given by the Instituto Nacional de Transferencia y Tecnología Agropecuaria, which is clear in stating that the compliant land use is carried out as set forth in the certification visible on folios 5 through 11, and in the observations it is stated: “...The property presents several land classes, from slightly undulating lands, strongly undulating lands, to steep lands. The steep areas have no agricultural or livestock use, with secondary forest in almost all areas and the rest under regeneration, the strongly undulating areas are in the process of regeneration, and in charral vegetation, fenced and without livestock, set aside for conservation. The Class III areas are in pasture use, with cattle present, especially steers and calves, with wooden corral infrastructure, without overgrazing...”. From the foregoing, it clearly follows that compliant use of the land is exercised, and the change made regarding land use complies with environmental regulations.

            VIII.- By reason of all the foregoing, the appellant being correct in his grievances, the judgment rendered must be overturned. In its place, the present Possessory Information Proceedings (Diligencias de Información Posesoria), processed by ZAMURI SOCIEDAD ANÓNIMA represented by its president with powers of general attorney-in-fact [Nombre1], of legal age, married once, farmer, resident of San Antonio de Belén de Heredia, identity card CED2 - - , are granted. The Public Registry of Immovable Property is ordered to register in the name of ZAMURI SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number CED9 - - , the property described below, as an independent property, and without prejudice to third parties with better right, in the following terms: “Pasture and mountain land, located in Montaña Grande de Lepanto, [Dirección1], ; Province of Puntarenas, which according to the attached cadastral plan N° P-1100823-2006, has an area of ONE MILLION TWO HUNDRED SIXTEEN THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY-ONE SQUARE METERS AND SEVENTEEN SQUARE DECIMETERS, whose boundaries are: North: [Nombre2] Sucesores Limitada and in part [Nombre3], South: [Nombre3], [Dirección2] with a frontage thereto of four linear meters and three centimeters, [Nombre4], [Nombre3], [Dirección2] with a frontage thereto of fifty-two linear meters and eighty-four centimeters, [Nombre5] and in part [Nombre6] East: Hermanos [Nombre7], [Nombre7] and [Nombre8], [Nombre9], [Nombre6], [Nombre5] and [Nombre3], [Nombre4] and [Nombre3]”, which is currently dedicated to the activity of conservation and forest restoration through natural regeneration, over seventy percent, and to pastures over thirty percent of the area. Said property has been in the petitioner’s possession in a public, peaceful, uninterrupted manner and as owner for more than ten years; it has no buildings; there are no encumbrances, easements (servidumbres), or co-owners upon it. The property is fifty percent within the protected wilderness area Zona Protectora Península de Nicoya Sector Lepanto dated March 10, 1994, according to Decreto Ejecutivo N° 22968, administered by the Ministerio de Ambiente y Energía; therefore, it is recommended that the areas that are regenerating be left to natural regeneration and that no forest exploitation or agricultural activity be carried out in said areas, as well as to abide by the provisions of the management plan of the protected wilderness area within which it is located. The property was valued at the sum of EIGHT MILLION COLONES. The right-of-way of the public road that borders the property along the [Dirección5] direction is fourteen meters, in accordance with Article 4 of the Ley General de Caminos Públicos and Article 19 of the Ley de Informaciones Posesorias. The edict was published in the Boletín Judicial Number One Hundred Fifty-Eight (158) of August eighteenth, 2016. The present proceedings were valued at the sum of EIGHT MILLION COLONES.

POR TANTO:

The judgment rendered is overturned. In its place, the present Possessory Information Proceedings, processed by ZAMURI SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its president with powers of general attorney-in-fact [Nombre1], of legal age, married once, farmer, resident of San Antonio de Belén de Heredia, identity card CED2 - - , are granted. The Public Registry of Immovable Property is ordered to register in the name of ZAMURI SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number CED9 - - , the property described below, as an independent property, and without prejudice to third parties with better right, in the following terms: “Pasture and mountain land, located in Montaña Grande de Lepanto, [Dirección1], ; Province of Puntarenas, which according to the attached cadastral plan N° P-1100823-2006, has an area of ONE MILLION TWO HUNDRED SIXTEEN THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY-ONE SQUARE METERS AND SEVENTEEN SQUARE DECIMETERS, whose boundaries are: North: [Nombre2] Sucesores Limitada and in part [Nombre3], South: [Nombre3], [Dirección2] with a frontage thereto of four linear meters and three centimeters, [Nombre4], [Nombre3], [Dirección2] with a frontage thereto of fifty-two linear meters and eighty-four centimeters, [Nombre5] and in part [Nombre6] East: Hermanos [Nombre7], [Nombre7] and [Nombre8], [Nombre9], [Nombre6], [Nombre5] and [Nombre3], [Nombre4] and [Nombre3]”, which is currently dedicated to the activity of conservation and forest restoration through natural regeneration, over seventy percent, and to pastures over thirty percent of the area. Said property has been in the petitioner’s possession in a public, peaceful, uninterrupted manner and as owner for more than ten years; it has no buildings; there are no encumbrances, easements (servidumbres), or co-owners upon it. The property is fifty percent within the protected wilderness area Zona Protectora Península de Nicoya Sector Lepanto dated March 10, 1994, according to Decreto Ejecutivo N° 22968, administered by the Ministerio de Ambiente y Energía; therefore, it is recommended that the areas that are regenerating be left to natural regeneration and that no forest exploitation or agricultural activity be carried out in said areas, as well as to abide by the provisions of the management plan of the protected wilderness area within which it is located. The property was valued at the sum of EIGHT MILLION COLONES. The right-of-way of the public road that borders the property along the [Dirección5] and [Dirección6] directions is fourteen meters, in accordance with Article 4 of the Ley General de Caminos Públicos and 19 of the Ley de Informaciones Posesorias. The edict was published in the Boletín Judicial Number One Hundred Fifty-Eight (158) of August eighteenth, 2016. The present proceedings were valued at the sum of EIGHT MILLION COLONES.

[Nombre19] - JUDGE

[Nombre20] - JUDGE

[Nombre21] - JUDGE

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SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República