Res. 00865-2019 Tribunal Agrario — Requirements to Title Forested Land Within Río Macho Forest ReserveRequisitos para titular terrenos boscosos dentro de Reserva Forestal Río Macho

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00865 - 2019

Fecha de la Resolución: 25 de Octubre del 2019 a las 10:57

Expediente: 17-000134-0699-AG

Redactado por: María Rosa Castro García

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Requisitos de acuerdo al régimen de tenencia de la tierra en áreas silvestres protegidas.
Titulación de área dentro de zona protectora.
Temas (descriptores): Zonas naturales protegidas
Subtemas:
Requisitos para titulación de finca mediante información posesoria agraria.
Temas (descriptores): Área silvestre protegida
Subtemas:
Requisitos para titulación de finca mediante información posesoria agraria.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

*170001340699AG*

 

 

EXPEDIENTE:

	

EXPN2 - 1




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




PROMUEVE:

	

[Nombre1] MIGUEL TORRES CAMACHO

 

 

VOTO N° 865-F-19

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las diez horas y cincuenta y siete minutos del veinticinco de octubre de dos mil diecinueve.-

  PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA promovido por [Nombre1]   , mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Cartago, cédula de identidad  CED1 -   -  . Interviene como parte interesada la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA representada por la licenciada Susana Fallas Cubero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad CED2 -     -  , en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica número CED3 -    -          - , representado por Marjorie Mayela Madrigal Muñoz, mayor, casada, abogada, vecina de San Ramón, Alajuela, cédula de identidad CED4 -     -  , colegiado veintiún mil trescientos cuarenta y dos, en su condición de  apoderada general judicial. Actúa como apoderado especial judicial de la parte promovente, el licenciado Juan Pablo Navarro Solano, cédula de identidad CED5 -   -    . Tramitado ante el Juzgado Agrario de Cartago.-

RESULTANDO:

 1.- La parte promovente interpuso proceso de información posesoria con el fin que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que se describe así: "Terreno con una casa, bodega, cultivos y bosque primario, situado en [Dirección1] ,  : San Isidro, Cantón 08: El Guarco de la Provincia 03: Cartago. Mide: tres hectáreas cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro metros con setenta y cinco decímetros cuadrados. [Nombre2] al Norte: con [Nombre3]  ; Sur: con [Nombre4]  ; y Este: con calle pública con un frente a ella de cuarenta y tres metros con cincuenta y seis centímetros lineales, y [Nombre5]  . Ambos en parte; y Oeste: camino público con un frente a él de doscientos cincuenta y seis metros con diecisiete centímetros lineales" (Ver escritorio virtual  del Juzgado Agrario de Cartago, documentos asociados, escrito demanda  incorporado 07/11/2017 10:33:41 y sentencia de primera instancia incorporada el  12/06/2019 11:02:44).-

 2.- El Instituto de Desarrollo Rural y la Procuraduría General de la República, se apersonaron al proceso (ver escritorio virtual  del Juzgado Agrario de Cartago, documentos asociados, expediente digital incorporado el   26/02/2018 10:36:26 y 05/03/2018 11:53:14 respectivamente)-.

 3- El licenciado  Edgar Eduber Calvo Solano, juez del Juzgado Agrario de Cartago  en sentencia 2019000107, de las once horas y dos minutos del doce de junio de dos mil diecinueve., resolvió: " POR TANTO: Se rechazan las presentes diligencias de Información Posesoria promovidas por [Nombre1]    (ver escritorio virtual del Juzgado Agrario de Cartago, documentos asociados,  sentencia de primera instancia incorporada el   12/06/2019 11:02:44 )-.

 4.- El promovente [Nombre1]  , interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se fundamenta para refutar la tesis del juzgado de instancia, (Ver escritorio virtual  del del Juzgado Agrario de Cartago, escrito incorporado el 18/06/2019 10:20:58).-

 5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se nota la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.-

   Redacta la jueza Castro García;y,

CONSIDERANDO:

  I-HECHOS PROBADOS:  Se prohíjan los hechos probados de la sentencia venida en alzada numero 1 a 6 por sustentarse en los elementos probatorios que constan en autos. No se avalan el setimo y octavo por existir prueba que arroja otra realidad. De importancia, se tiene por acreditados en este asunto por esta Sede los siguientes hechos: 9) La finca objeto de este proceso se ha dedicado a vivienda, cultivos de fresa y mora, mantenimiento de cercas y carriles (prb/testimonios resguardos en audios de audiencia, reconocimiento judicial en imagen 70 a 71, estudio de suelos a folio imagen 122 a 127, todo en expediente modo pdf, testimonios resguardos en audios de audiencia de [Nombre6]   3-190-690, [Nombre7]    3-161-832 y [Nombre8]   3-178-814).10) El promovente adquirió la posesión y mejoras de la finca a inscribir mediante escritura pública de contrato de donación donde su padre [Nombre9]   que le dona a [Nombre1]   el día 2 de julio de 1990 (Prb/copias de escritura en imagen 118 a 120 expediente modo pdf y testimonios resguardos en audios de audiencia de [Nombre6]   3-190-690, [Nombre7]    3-161-832 y [Nombre8]   3-178-814); 11) Las personas colindantes [Nombre3]  , [Nombre10][Nombre5]   y [Nombre4]   se dieron por notificados y se encontraron conformes mediante escritos de apersonamiento autenticados por el letrado Juan Pablo Navarro Solano (imagen 116 de expediente digital modo pdf); 12) El anterior dueño [Nombre9]   dedicó el terreno a cultivos de mora, fresas y papas, vivienda  y protección de suelo, además de mantenimiento de la finca en sus cercas y zonas verdes desde al menos 1954. (pbr/escrito inicial imagen 113 a 115, memorial en imagen 106, testimonios resguardos  en audios de audiencia, reconocimiento judicial en imagen 70 a 71, estudio de suelos a folio imagen 122 a 127, todo en expediente modo pdf).

 II- Apelación. La parte promovene apela la denegatoria del proceso y expone como agravio que se ha rechazado este proceso fundamentándose que los tres testigos no pudieron acreditar la posesión de la finca antes del 4 de febrero de 1954: lo cual no es cierto. Aduce, las tres personas declarantes son de edad avanzada y dieron fe que el primer poseedor del fundo fue [Nombre9]  , que arribó al lugar en 1950, lo que concuerda con la escritura otorgada ante el Notario Alvaro Torres y con la certificación del Juzgado Civil de Hacienda de fecha 10 horas del 18 de junio de 1955. Esboza, [Nombre9] primero hizo el "denuncio" de la finca y se le otorgó el derecho de poseer desde 1950, y así le donó la finca al promovente. Hace notar, en este caso como en pocos, existe una certificación del Juzgado Civil de Hacienda donde se autoriza la posesión. Pero como lo han indicado los tres testigos, [Nombre9] llegó en 1950. Al respecto [Nombre6]   indica que [Nombre9] llegó en 1950 y estuvo hasta 199o cuando le heredó al promovente El testigo [Nombre7]    declara que conoce la propiedad desde 1958, pero que a esa fecha el primer dueño era [Nombre9] quien estuvo de 1950 a 1990; momento en que le dona a [Nombre1]. El testigo [Nombre8]  depuso  tener 70 años, conocer la finca desde que recuerda; sea en 1950 aproximadamente y que el primer dueño fue [Nombre9]. Reclama una errada valoración de la testimonial, pues ninguno citó en sus declaraciones lo que se indica en la pieza apelada. Explica, [Nombre7]   nunca indicó ". .. que Don [Nombre9] poseyó el terreno desde el año 1958 ..."' [sic].  Ni [Nombre6]  indicó que [Nombre9] fue el primer dueño de la finca y estuvo desde 1950 a 1990. Aunado a que [Nombre11]  citó que el primer dueño fue [Nombre9] desde que recuerda, o sea tiene conocimiento que desde 1950 de ese hecho. Reprocha,  la sentencia no analiza que el fundo solo ha tenido dos dueños, [Nombre9]  quien ingresó  en 1950 y que en 1990 la donó al promovente. Ni siquiera se valora que los testigos tienen pleno conocimiento de los hechos por ser vecinos de [Nombre9] y del promovente. Estima, basta que los testigos hayan manifestado que el primer poseedor fue  [Nombre9] desde 1950 para haber aprobado estas diligencias. Acusa, en el fallo  hace una análisis subjetivo de toda la prueba testimonial, ya que por la expectativa de vida de los costarricenses es imposible presentar testigos que den fe que [Nombre9] ingresó en 1950 a la finca, ya que no hay nadie con edad suficiente para decirlo, sino que los testigos de este expediente han hablado sobre la historia de la heredad y a todos les consta que el primer poseedor fue [Nombre9] y su ingreso en 1950. Reclama,  se debe estudiar que la sentencia indica que "... El denuncio se hizo ante el Juzgado Civil de Hacienda, donde mediante auto firme de las 9 horas con 45 minutos del treinta de mayo de 1955, se le autorizó a entrar en posesión del terreno que aquí se pretende titular. ", que califica de subjetiva . Pues lógicamente [Nombre9] hizo el denuncio cuando ya estaba poseyendo la finca y con la prueba testimonial se acreditó fehacientemente que ingresó a la misma en 1950. No es posible tomar el documento aportado para decir que ese demuestra el inicio de la posesión, ya que analizarlo así es totalmente subjetivo.( Ver escritorio virtual  del del Juzgado Agrario de Cartago, escrito incorporado el 18/06/2019 10:20:58)

 III. EL TRÁMITE DE LA INFORMACIÓN POSESORIA: Mediante el trámite de Información Posesoria, la persona  poseedora de un fundo agrario sin inscribir en el Registro Público de la Propiedad, que carezca de título inscribible, previo al cumplimiento de una serie de requisitos formales -entre los cuales cabe mencionar: la publicación de un edicto, notificación de los colindantes, notificación de los entes estatales Instituto de Desarrollo Agrario y la Procuraduría General de la República- obtiene título inscribible ante el Registro  Público. Para tal efecto debe la persona interesada cumplir con ciertos requisitos sustanciales o de fondo, a saber, el ejercicio de una posesión agraria o agro-ambiental, ejercida como dueño, en forma quieta, pública, pacífica, continua y por un plazo mínimo de diez años. Si no se cumplen esos requisitos, la diligencia no podrá ser aprobada (artículos 853-856 Código Civil, Ley de Informaciones Posesorias). Al tratarse de terrenos sin inscribir cubiertos de bosque, de conformidad con el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias, para poder aprobar la titulación de estos terrenos, se debe demostrar haber ejercido posesión ecológica sobre dichos bienes, y haber protegido los recursos naturales y la existencia de carriles. La norma citada otorga la posibilidad a los particulares, de inscribir bienes cubiertos por bosques ubicados en terrenos no titulados, que se encuentren dentro o fuera de áreas silvestres protegidas. Lo anterior, siempre y cuando se hubieran cumplido los requisitos legales exigidos en los diversos cuerpos normativos aplicables. (al respecto ver Nº 51 de las 15 horas 15 minutos del 26 de mayo de 1995 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).  El artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias, que fue modificado al emitirse la vigente Ley Forestal 7575, autorizó en forma expresa la titulación de bienes inmuebles boscosos mediante el presente trámite. Al respecto, el Tribunal Agrario ha resuelto al respecto: “Dicha norma, en lo referente a las propiedades con bosque, ubicadas fuera de las áreas silvestres protegidas, señala: "... Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios." Igualmente ese numeral indica La constitucionalidad de dicha norma y de la interpretación dada en algún momento por este Tribunal fue cuestionada de constitucionalidad, gestión que generó la emisión del voto de la Sala Constitucional 4587-97, precisamente citado por la recurrente. En dicho voto la Sala declaró la constitucionalidad de la norma, manteniendo su vigencia. Ante tal situación, lo procedente en este caso es confirmar lo resuelto por el Juzgador, al haber acreditado el promovente el cumplimiento de los requisitos que dispone ese artículo, a saber: la posesión decenal, protección del recurso natural y la delimitación del inmueble mediante cercas o carriles limpios”. (Voto 573-F-09). De igual forma, la Sala Constitucional ha denegado el cuestionamiento de inconstitucionalidad contra el artículo sétimo de la Ley de Informaciones Posesorias realizada en dos ocasiones por el Tribunal Agrario. Una de ellas tramitado bajo expediente EXPN1, quedando vigente tal norma y sus efectos. Además, al respecto ver Voto 217-001142 de las 11:20 hora del 25 de enero del 2017 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que rechazó la consulta de constitucionalidad de la Procuraduría General de la República de la interpretación del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias del Tribunal Agrario sobre la temática de esta información posesoria. Estima esta Cámara el ordinal séptimo de la Ley de Informaciones Posesorias desafectó la  demanialidad de los terrenos no inscritos cubiertos de bosques y autorizó en forma expresa a particulares la posibilidad de titular terrenos con cobertura boscosa, siempre que  sean cumplidos todos  los requisitos legales y tal norma se encuentra en plena vigencia y en el caso de terrenos ubicados dentro de áreas silvestres protegidas deberá acreditarse la posesión ejercida, con una antelación de diez años antes de la creación de esa área silvestre protegida, independientemente de su categoría de manejo. Tal norma se encuentra en plena vigencia y en el caso de terrenos ubicados dentro de áreas silvestres protegidas deberá acreditarse la posesión ejercida, con una antelación de diez años antes de la creación de esa área silvestre protegida, independientemente de su categoría de manejo. Como se expuso, este inmueble forma parte de la Reserva Forestal Rio Macho y bajo la inteligencia del artículo 6 y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe acreditarse una posesión mediante prueba testimonial con una antelación mínima de 10 años a la afectación legal a esos terrenos con la creación de la categoría de manejo citada, lo que ocurrió en el año 1964. Para justificar la posesión, acorde con el ordinal 6 de la Ley de Informaciones Posesorias se deben aportar tres testigos. Además, al pretender aprovechar la posesión transmitida debió aportar el título por el cual adquirió el fundo, según regula el artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias. La pretensión de esta información posesoria está vinculada al régimen de tenencia de tierra dentro áreas silvestres protegidas. Sobre el régimen de tenencia de la tierra en áreas silvestres protegidas, ha de indicarse, independientemente de su categoría de manejo, deben ser entendidas como zonas con un régimen de administración y normativa particular y específica, supeditadas a planes de manejo que aseguran su protección, conservación y uso racional de los recursos naturales. Recae el MINAET su administración, manejo y tutela, salvo Ley especial que indique otra situación. El artículo 58 de la Ley de Biodiversidad, las define como zonas geográficas delimitadas, que se forman de terrenos, humedales y porciones de mar, declaradas como tales por representar una significancia especial, un interés de tutela y conservación del ambiente y sus ecosistemas, así como históricos y culturales. Esta norma hace una remisión expresa a la Ley Orgánica del Ambiente sobre la regulación de los requisitos y mecanismos para el establecimiento o reducción de estas áreas. La administración por Ley recae en forma exclusiva sobre el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, salvo los Monumentos Naturales. Por su parte, la Ley Forestal prevé que cuando se declare un área silvestre protegida de propiedad estatal, ésta debe pasar en forma inmediata a formar parte del patrimonio natural del Estado, regulado por el artículo 13 de la citada norma que expresamente señala que su administración corresponde al MINAET. Ese conjunto normativo debe interpretarse con lo prescrito en el artículo 58 in fine de la Ley de Biodiversidad, que reconoce los derechos adquiridos por poblaciones indígenas, campesinas, personas físicas o jurídicas, sobre los terrenos que sean declarados áreas silvestres protegidas y sus categorías de manejo. Ello se complementa con el citado artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que indica: "Cuando el inmueble al que se refiera la información posesoria esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre."  En este caso, se debe de analizar dado lo agraviado, si se demuestra la cadena posesoria diez años antes de 1964 o antes y hasta la actualidad, para entender que los derechos adquiridos del promovente de solicitar el reconocimiento de su derecho de propiedad sobre el fundo, debe serle reconocidos. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en voto 144-96- de las  16:51 horas del 9 de enero de 1996, resolvió: " En el caso de establecerse reservas forestales, zonas protectoras y refugios nacionales de vida silvestre, se da la opción de que el propietario conserve su tierra, ya que, siguiendo el plan de manejo puede continuar aprovechándola en términos económicos, es decir, las limitaciones impuestas no son de tal magnitud que le impidan explotar su propiedad, por lo que no hacen nugatorio su derecho." Además de considerar lo anterior, debe ser verificado por la persona juzgadora que analiza el caso si se ha cumplido con el ejercicio de la posesión ecológica, a la luz del estudio de suelos,  el reconocimiento judicial que al efecto se celebra y la valoración integral de todos los elementos que consten en autos.

 IV- Estas diligencias se formulan con la finalidad de inscribir a nombre del promovente [Nombre1]   , mayor, casado una vez, agricultor, portador de la cédula de identidad número CED6  , y vecino de Macho Gaff de El Guarco, provincia de Cartago, el inmueble sin inscribir, cuya naturaleza es: finca con una casa, bodega, cultivos y bosque primario. Sito en [Dirección1] ,  : San Isidro, cantón 08: El Guarco de la provincia 03: Cartago. Cabida: tres hectáreas cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro metros con setenta y cinco decímetros cuadrados. [Nombre2] al Norte: con [Nombre3]  ; Sur: con [Nombre4]  ; y Este: con calle pública con un frente a ella de cuarenta y tres metros con cincuenta y seis centímetros lineales, y [Nombre5]  ; ambos en parte; y Oeste: camino público con un frente a él de doscientos cincuenta y seis metros con diecisiete centímetros lineales. Plano catastrado número C-614078-2000. Se estimó el inmueble a titular en la suma de diez millones de colones y este proceso en el valor de un millón de colones. Y de conformidad con lo manifestado por el titulante (memorial visible a imágenes 97 a 99 de expediente digital modo pdf). Dicho terreno se encuentra dentro del área silvestre protegida bajo categoría de manejo de Reserva Forestal, denominada: Reserva Forestal Río Macho. Creada según decreto 1-A del 23 de enero de 1964 y sus reformas. (certificación del Minaet y plano en imagen 121 y 129 expediente digital modo pdf). El estudio de suelos constante en autos (imagen 122 a 125 expediente digital modo pdf), detalló de la existencia de cultivos anuales de fresa con fertirriego y coberturas de plásticos. Presencia de zonas de barbecho en proceso de siembra de fresa. Zona de gran belleza escénica. Expresamente se mencionó no observarse deterioro del recurso suelo. Presencia de cercas perimetrales con árboles acceso de calle pública. Servicio de electricidad y agua potable. Linderos con árboles de ciprés, aguacatillo, roble y mora. Presencia de infraestructuras pequeñas para actividades agrícolas y habitacionales de no más de 200 metros. Jardines de gran belleza y diversidad de plantas ornamentales. Como recomendaciones se citaron: brindar el mantenimiento de las aguas pluviales y su respectiva evacuación de las aguas de los caminos. Fertilizar los cultivos con base en análisis químicos de suelos. Utilizar variedades adaptadas a las condiciones de la zona utilizar obras de conservación de suelos como la siembra a contorno de la pendiente se certificó el uso conforme de suelo en un 100 por ciento. El Juzgado practicó reconocimiento judicial el día 29 de mayo del 2018 (imagen 71 a 70 misma ubicación anterior), del que se levantó un acta, en la que consignó haberse observado un fundo “ en su totalidad se encuentra deslindado en todos sus linderos con cercas de postes muertos y alambre de púas a tres hilos. El terreno es de topografía irregular, con pendientes suaves. El terreno se encuentra dividido en apartos, en algunas partes hay alambre de púas en otros sectores se usó cercas electrificadas. De igual manera la mayor parte del terreno se encuentra listo para el cultivo de fresas. La mayor parte del sector sur del terreno se encuentra cultivado de fresas, y se vio algunos almácigos listos para la siembra y al menos una hectárea de terreno ya preparado para ser cultivado. En el lugar hay una casa de habitación en la cual habita el titulante, es una casa de cemento en buen estado de conservación. También hay un pequeño establo. En general el terreno se encuentra limpio y bien cuidado". El día 29 de mayo del 2018 se recibieron las declaraciones testimoniales. El declarante [Nombre11]   (minuto 07:19 grabación de testimonios en carpeta digital), afirmó tener 70 años vivir en Macho Gaff y ser agricultor. Describió que desde que recuerda la finca era de [Nombre9], papá de [Nombre1] que la tuvo desde que tiene memoria y se la transmitió en el año 90 aproximadamente a su hijo. Sobre las actividades que se han realizado en el terreno, describió que se ha sembrado mora fresas y papa por el promovente y se ha cultivado y que [Nombre9] al inicio también la dedicaba a carbón que era lo que se hacía en la zona y luego a agricultura. Depuso estar cerca colindar con [Nombre10]    el estado calle pública y vertilia, no conocer de conflictos posesorios haber heredado el terreno de su padre no existir nacientes qué identificará [Nombre1] como el dueño. Con este testimonio se logra constatar que dada la edad del testigo al momento de vertir su testimonio, conoce el fundo desde 1948, fecha en que nace y que ha tenido conciencia de la cadena posesoria del fundo al ser oriundo de esa población. Por lo que se logra deducir que es un testigo idóneo a fin de demostrar que antes de 1954 el terreno ha sido poseído en condición de dueños por el núcleo familiar de [Nombre9] , a quien identificó como el dueño original y la cadena posesoria hasta la actualidad. Citando que en 1990 se enajenó el fundo objeto de este proceso a su hijo el aquí promovente. La fecha de esa donación coincide con la escritura de donación aportada a los autos, en donde coincide la información en fecha, situación y beneficiario de la donación. (imagen 118 a 119 de expediente digital modo pdf). Además del dicho de este declarante se demuestra una posesión pacífica, pública, continua y en  condición de dueños. En forma coincidente declara [Nombre6]   (minuto 01:12 grabación de testimonios en carpeta digital), que mencionó contar con 66 años, ser vecino de Macho Gaff y conocer la finca por más de 60 años. Describió, el primer dueño que conoció fue al padre del promovente [Nombre9]. Que la tuvo como desde 1950 al año 1990 y por alrededor de 40 años. Después se le transmite a [Nombre1] que la ha mantenido hasta el día de hoy. Indicó, la propiedad se había dedicado antes a montaña, charral, tacotal, agricultura y potrero. Se encuentra cercada. No han existido conflictos por la posesión de la finca. [Nombre1] es el dueño de la heredad y vive en el lugar. Observa este Tribunal, que al igual que el anterior testimonio, esa persona tiene raigambre en el lugar y le consta que desde la década de los años 1950 el dueño era [Nombre9] . Si bien era un niño, pues nace en el año 1952, al crecer en el lugar en aplicación de la lógica común puede comprender que personas ejercer la posesión de una propiedad y en que condición dadas las vivencias que va experimentando. Resulta concordante las fechas de posesión y transmisión del fundo por parte de [Nombre9]  a su hijo el aquí promovente. Esas dos declaraciones se deben integrar con la escritura de donación ya referida aportada a los autos. Que considerada en forma integral y a la luz de las reglas de la libre valoración probatoria (artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria) convencen a esta Instancia del cumplimiento de la posesión en los términos que la normativa civil exige en la idoneidad de la misma y los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias. Cabe acotarse al respecto, el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria establece el sistema de la libre valoración probatoria para los procesos agrarios. Sistema que exige al tribunal estudiar y seleccionar las fuentes de prueba obtenidas, a fin de establecer su eficacia para resolver el conflicto sometido a su conocimiento, a través de la percepción, la representación o reconstrucción y el razonamiento deductivo o inductivo. El tribunal deberá exponer los principios de equidad o de derecho sobre los cuales funda su decisión. Al respecto, la Sala Constitucional ha resuelto: "..., la apreciación de la prueba en conciencia no implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez -como funcionario público que es- se encuentra sujeto al principio de legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un objeto determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derechos constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política, tal y como lo entendió esta Sala en sentencia 3484-94, de las doce horas del ocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en que determinó que las facultades de los jueces de apreciar la prueba en conciencia no resultan contrarias a la obligación del juez de fundamentar sus fallos, principio constitucional que integra el debido proceso... () no resulta inconstitucional el poder otorgado al juez agrario para apreciar en conciencia la prueba y valorarla sin sujeción estricta a las normas del derecho común según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 54 impugnado, siempre y cuando dicte un fallo fundamentado, es decir analice el resultado de la prueba recogida en el proceso y exprese los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio, respetando de tal modo los contenidos mínimos del derecho de defensa" (voto 3657 del 7 de mayo de 2003. Ver en igual sentido votos N° 398 del 6 de junio del 2001 de la Sala Primera. En igual orden veáse votos No. 206 del 26 de marzo de 1999, N°46 del 26 de abril de 1995; Nª66 del 6 de febrero de 2009 y 364 de 28 de mayo del 2009 del Tribunal Agrario). De tal forma, se impone a la persona juzgadora la obligación de emitir una valoración integral de la prueba que conste en el expediente. Así las cosas, respecto al testimonio de [Nombre7]    (minuto 04:04 de grabación de testimonios en carpeta digital), se le da validez al contrastar lo descrito por los deponentes anteriores y el documento de escritura pública citado. Si bien este testigo declaró tener 75 años, citó que llegó al lugar en 1958. Momento en que estaba en esa finca [Nombre9] ; a quien conoció como el primer dueño. En esa condición se mantuvo desde la década de los 50 a la década de los 90, cuando le traspasó la finca a su hijo el promovente. Declaró, desde 1990 al día de hoy se encuentra como dueño [Nombre12]  ; hijo del primero. Identifica a los colindantes. Contesta no hay nacientes. La casa que se encuentra en la finca la habita [Nombre1]. Además que existe otra casa no utilizada en donde vivía el padre de [Nombre1]. A pesar de que conoce el fundo en 1958 su declaración no se contradice y es omisa en cuanto los actos de posesión, la cadena posesoria y el modo en el ejercicio del dominio. Cabe anotar que la Reserva Forestal Río Macho se creó por decreto del 23 de enero de 1964.(certificación CED7 imagen 121 y 129). Acorde con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el promovente debe demostrar una posesión al menos diez años antes de la creación de dicha área silvestre protegida. Al ser valorada en forma integral la prueba testimonial citada por esta instancia, se estima se logra acreditar el plazo de ley de posesión para acoger su petición de expedir titulo inscribible al promovente. En la audiencia final (imagen 119 a 124 expediente digital modo pdf) dada a este proceso, la Procuraduría expone que acorde con el escrito inicial se citó por el promovente se ingresó a la finca en 1948, cuando el fundo era parque nacional desde 1945 a 1973 y que posteriormente se convirtió en Reserva Forestal desde 1964 a la fecha. Además que [Nombre6]  conoce el fundo desde 1952, [Nombre7]   apenas desde 1958 por lo que no acredita la posesión decenal antes de la creación de la reserva forestal y [Nombre11] no cita desde cuando lo conoce o recuerda a [Nombre9] , y nació en 1949. Refiere el ente Procurador que [Nombre7]   depuso en un terreno colindante tramitada por el hermano del promovente que fue rechazada en todas las instancias, dada la insuficiencia testimonial y documentos que también se aportaron a los autos como la escritura de 1990 y la certificación del Juzgado Civil de Hacienda en donde [Nombre9]  realiza el denuncio del fundo de las 10:28 horas de 1955. Afirma, en ese proceso se concluyó que ese testigo conoció el fundo en 1958. Transcribe parcialmente parte del voto de ese proceso en donde se concluye que los testigos conocen el terreno en los años 1963, 1958 y 1967 y donde declararon [Nombre13]   , [Nombre14]   y [Nombre7]   . Por lo que solicita la Procuraduría el rechazo de este proceso. Cabe mencionarse por esta Sede, que los alegatos del ente estatal no resultan de recibo, primero por no ser esos testigos los mismos del subjúdice salvo [Nombre7]  , y ser valorada la prueba de forma integral bajo las reglas de la libre valoración. Pues en esta materia no existe la superada prueba legal tasada y la falta de unos años de uno de los testigos, no resulta suficiente para desvirtuar la declaración de los otros dos, que emitieron un testimonio coherente y sin contradicción aún con [Nombre7]  . La cadena posesoria, actos de posesión y constatación del ejercicio del dominio en condición de dueños de [Nombre9]  y su hijo el promovente desde vieja data se acredita. No se encuentra conforme esta Sede con la valoración probatoria que se hace en la sentencia recurrida, pues no fue integral ni razonada a profundidad. Lleva razón el recurrente cuando señala que los testigos no indicaron lo que se incluyó en el fallo apelado, y que no se puede tener como año de ingreso al terreno por [Nombre9] el año en que se emite la sentencia del Juzgado Civil de Hacienda en 1955. Pues se interpreta que el denuncio se realizó ante ese despacho y que por auto de las 9 horas con 45 minutos del treinta de mayo de 1955, se le autorizó a entrar en posesión del terreno que aquí se pretende titular. Por lo que tuvo como probado que [Nombre9]  ingresó hasta ese momento. Para esta Cámara, dadas las declaraciones testimoniales no se entiende que [Nombre9] ingresara hasta el año 1955, sino que su permanencia en el lugar es muy anterior a ese momento. Dado lo declarado por los testigos. Un aspecto es la fecha en que se hacen las gestiones posesorias ante las autoridades de las épocas y otra diversa la realidad material de la permanencia de [Nombre9]  en la finca; máxime las dificultades de acceso, difíciles vías de comunicación y realidad de la zona en el siglo pasado. Por lo que el razonamiento de la resolución recurrida no es compartido por este Tribunal. Luego de la escucha a viva voz de los testimonios resguardados en audio, se observa por esta Cámara que los testigos expusieron de forma creíble lo que les constaba y conocen como parte de la historia de vida y de la población a la que han pertenecido desde tempranas edades. Por lo que mantienen un vínculo social y personal con el lugar, que les permite construir la historia de lo acontecido respecto a la posesión de [Nombre9]  y su familia con la finca y en forma posterior, la transmisión a [Nombre1]   en los años 1990. Deben aplicarse las reglas de la libre valoración en la apreciación del acervo probatorio y en el caso específico comprender la posición de esos testigos respecto al entorno en el cual nacen y crecen, que les permite fijar y construir la sucesión cronológica de los hechos que narraron. La permanencia de los mismos desde corta edad y desde el año 1954, no es causa para restarle credibilidad a esas declaraciones, pues sus testimonios se califican de honestos, claros, congruentes y coherentes. No son personas que hubieran vivido o nacido en el pueblo en donde se asienta la finca a titular por corto tiempo durante su infancia y se retiraran de la zona, como para considerar que sus declaraciones no son pertinentes o útiles. Todas estas pruebas valoradas en forma conjunta conducen a concluir que el titulante logra demostrar la posesión ejercida al menos diez años antes de la creación del área silvestre protegida, sea en 1954, en donde se encuentra inmersa la finca a titular, la sucesión de la cadena posesoria y los periodos o fechas aproximadas en que cada uno ejerció la posesión, hasta llegar a la posesión adquirida por el promovente.      

V-Respecto al ejercicio de la posesión ecológica cabe señalar que ese requerimiento se constata, según lo describen los testigos respecto a la forma en que ha sido ejercida la posesión respecto a la protección, pues no citan medie daños a los recursos naturales a lo largo de todos estos años, por quienes la han ostentado en condición de dueños. Todos indican que el uso de suelo ha sido el mismo. En el reconocimiento judicial, cuyo resultado ya se citó en el considerando anterior, no se anotó existieran vestigios de lesiones a ningún elemento natural y el ejercicio de la actividad agrícola no ha lesionado el recurso suelo, dado lo certificado y anotado en forma expresa en el Estudio de Suelos ya citado supra. Tampoco se demostró extracción de madera, por lo que se demuestra el respeto a la prohibición legal del cambio de uso de suelo del bosque. Como se refirió, lo anterior encuentra fundamento fáctico, en el resultado de lo indicado en el Estudio de Suelos. En el informe de [Nombre15] visible traído a los autos por el ente procurador se anotó que el fundo se encuentra dentro de la Reserva Forestal Río Macho y los [Dirección2]       que estuvo cubierta de bosque de roble antes de los procesos de cambio de uso de suelo. Para este Tribunal, esas afirmaciones generales sin detalles de fechas ni ubicaciones temporales del cambio de uso de suelo que se señala, carecen del valor de desvirtuar el ejercicio de la posesión idónea del núcleo familiar del promovente. Pues los testigos citan actos de cultivos desde vieja data y desde siempre de fresas y mora. No se cita que hubieran eliminado bosque para tales fines o se extrajera madera para comerciar. Tampoco se adjunta denuncia alguna o apercibimiento al respecto por autoridad administrativa o judicial alguna en ninguna fecha, por lo que no es posible entender que el promovente o su padre realizaran un cambio de uso de suelos. Por lo que para esta Cámara todos estos elementos logran demostrar que se ha cumplido con el ejercicio de una posesión en respecto de los recursos naturales existentes en el fundo. (artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias.)

VI- El otro tema mencionado por ese oficio es que esa finca se sitúa a [Dirección3]      y que era Parque Nacional. Al respecto, este órgano judicial reseña que la demanialidad de terrenos con robles localizados en una zona de [Dirección4] mil metros a ambos lados del trazado de la [Dirección5] , se había establecido en el inciso a) del artículo 7º de la Ley de Tierras y Colonización. Norma que fue derogada el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley Nº 5385 de 30 de octubre de 1973. Dicha norma derogatoria estableció: “Artículo 1º.- Derógase el inciso a) del artículo 7º de la Ley de Tierras y Colonización, Nº 2825 de 14 de octubre de 1961. Derógase asimismo el artículo 10 de la citada ley, que declara Parque Nacional la zona de dos mil metros a ambos lados del trazado de la [Dirección5] , en donde existan robles y que estableció el régimen restrictivo a que quedaron sujetas dichas áreas.”. Se estima, también que al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, se permitió en forma expresa la titulación de inmuebles con bosque, ubicados dentro de áreas protegidas, bajo cualquier categoría de manejo y ello desafectó del dominio público y se permitió ejercer la posesión idónea apta para titular, en la condiciones del artículo 856 el Código Civil, poseyendo en carácter de dueño, debiéndose acreditar una posesión decenal anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida.­ En el sentido expuesto, en este caso operó una posesión apta para pretender titular el fundo que se ha poseído, pues operó la desafectación del dominio público citada y el promovente demostró haber ejercido la posesión durante el plazo requerido por ley, aprovechando la posesión ejercida de su transmitente desde al menos 1954. El denuncio se hizo ante el Juzgado Civil de Hacienda, donde mediante auto firme de las 9 horas con 45 minutos del treinta de mayo de 1955, se le autorizó a entrar en posesión del terreno que aquí se pretende titular. De manera que debemos tener como acreditado que el señor [Nombre9]  debió entrar antes o en 1954 cuando se interpusieron las diligencias de denuncio.            

VII- Con sustento en lo expuesto, con fundamento en el artículo 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria, 856 del Código Civil, y Ley de Informaciones Posesorias deberá aprobarse la solicitud de [Nombre1]   de expedir título inscribible de la finca objeto de este proceso. Pues se ha constatado por esta instancia, la acreditación de la cadena posesoria y modo de la posesión, que supera el plazo decenal requerido para titular mediante estas diligencias. Al aprovechar la posesión ejercida de su transmitente para completar el plazo decenal de ley, fue aportado a los autos el contrato traslativo de dominio de posesión. De lo arrojado por las declaraciones, el reconocimiento judicial y la certificación de suelos, se comprueba que la finca ha sido poseída en respeto de los recursos naturales, acreditándose la posesión ecológica sobre el terreno y las condiciones requeridas por el artículo 856 del Código Civil. Por lo anterior, se estima se ha probado se está en presencia de un fundo apto para adquirir por usucapión, en virtud del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, según ya se razonó en considerandos anteriores.

POR TANTO:   

 Se revoca la sentencia apelada. En su lugar, SE APRUEBAN las presentes diligencias de información posesoria. En consecuencia, libre de gravámenes y cargas reales, sin condueños y sin perjuicio de terceros de mejor derechos, proceda el Registro Público, Sección Propiedad Inmueble, a inscribir a nombre de [Nombre1]   , mayor, casado una vez, agricultor, portador de la cédula de identidad número CED6  , y vecino de Macho Gaff de El Guarco, provincia de Cartago, el inmueble que se describe así: el inmueble sin inscribir. Naturaleza: finca con una casa, bodega, cultivos de fresa y árboles de diversar especies. Sito en [Dirección1] ,  : San Isidro, cantón 08: El Guarco de la provincia 03: Cartago. Cabida: tres hectáreas cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro metros con setenta y cinco decímetros cuadrados. [Nombre2] al Norte: con [Nombre3]  ; Sur: con [Nombre4]  ; y Este: con [Dirección6]  con un frente a ella de [Dirección7]   metros [Dirección8]     , y [Nombre5]  ; ambos en parte; y Oeste: [Dirección9]  con un frente a él de [Dirección10]    metros [Dirección11]  centímetros lineales. Plano catastrado número C-614078-2000. Se estimó el inmueble a titular en la suma de diez millones de colones y este proceso en el valor de un millón de colones. Queda afecto el inmueble a las reservas en cuanto a derechos de vía que disponen los artículos 4 de la Ley General de Caminos Públicos y 19 inciso a) de la Ley de Informaciones Posesorias, así como a la afectación de las reservas de la Ley Forestal, que impide la extracción de recurso forestal, eliminación o destrucción de bosques y cambio de uso de suelo. Además que el derecho de vía de la colindancia oeste es de 14 metros de ancho, según el artículo 4 de la Ley de Caminos Públicos, limitaciones que deben pesar como gravamen sobre el inmueble por parte del Registro Público, al momento inscribirse el bien. Firme esta resolución, expídase la ejecutoria correspondiente por el despacho de instancia que está autorizado a realizar las correcciones necesarias a fin de la inscripción de la ejecutoria en el Registro de la Propiedad.

 

	

	

 




	

*RFJI69SRX7461*

RFJI69SRX7461

[Nombre16]    - JUEZ/A DECISOR/A

	




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0R1WHJEAMQY61

[Nombre17]   - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

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NJGKCQ8KWV461

[Nombre18]   - JUEZ/A DECISOR/A




 

	

 

	

 

 

EXP: EXPN2

II Circuito Judicial San José, [Dirección12] ,     , [Dirección13]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:36:00.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

RESULTANDO:
1.- The petitioner filed possessory information proceedings (proceso de información posesoria) with the purpose of having the following property registered in his name in the Public Registry of Property: "Land with a house, warehouse, crops and primary forest, located at [Address1], district: San Isidro, Canton 08: El Guarco of the Province 03: Cartago. Measuring: three hectares, four thousand four hundred forty-four square meters and seventy-five square decimeters. [Name2] to the North: with [Name3]; South: with [Name4]; and East: with a public road with a frontage of forty-three linear meters and fifty-six centimeters, and [Name5]. Both in part; and West: a public road with a frontage of two hundred fifty-six linear meters and seventeen centimeters" (See virtual desktop of the Juzgado Agrario de Cartago, associated documents, complaint filed 11/07/2017 10:33:41 and first-instance judgment filed 06/12/2019 11:02:44).
2.- The Instituto de Desarrollo Rural and the Procuraduría General de la República appeared in the proceedings (see virtual desktop of the Juzgado Agrario de Cartago, associated documents, digital file filed 02/26/2018 10:36:26 and 03/05/2018 11:53:14 respectively).
3.- Licenciado Edgar Eduber Calvo Solano, judge of the Juzgado Agrario de Cartago, in judgment 2019000107, at eleven hours and two minutes on June twelfth, two thousand nineteen, resolved: "POR TANTO: These possessory information proceedings (Información Posesoria) filed by [Name1] are rejected (see virtual desktop of the Juzgado Agrario de Cartago, associated documents, first-instance judgment filed 06/12/2019 11:02:44).
4.- The petitioner [Name1] filed an appeal expressly stating the grounds on which he refutes the lower court's position (See virtual desktop of the Juzgado Agrario de Cartago, brief filed 06/18/2019 10:20:58).
5.- The legal requirements have been observed in the processing of this matter, and no errors or omissions capable of causing the nullity of the ruling are noted.
Drafted by Judge Castro García; and,

CONSIDERANDO:

I-PROVEN FACTS: The proven facts numbered 1 through 6 of the appealed judgment are adopted, as they are supported by the evidentiary elements in the record. The seventh and eighth are not upheld because there is evidence showing a different reality. Importantly, the following facts are deemed accredited in this matter by this Court: 9) The property subject to these proceedings has been dedicated to housing, strawberry and blackberry crops, maintenance of fences and paths (prb/testimonies archived in hearing audio, judicial inspection at images 70 to 71, soil study at folio images 122 to 127, all in the PDF-mode file, testimonies archived in hearing audio of [Name6] 3-190-690, [Name7] 3-161-832 and [Name8] 3-178-814). 10) The petitioner acquired the possession and improvements of the property to be registered through a public deed of a gift contract in which his father [Name9] donated to [Name1] on July 2, 1990 (Prb/copies of deed at images 118 to 120 PDF-mode file and testimonies archived in hearing audio of [Name6] 3-190-690, [Name7] 3-161-832 and [Name8] 3-178-814); 11) The adjoining landowners [Name3], [Name10][Name5] and [Name4] were notified and expressed their conformity through appearance briefs authenticated by attorney Juan Pablo Navarro Solano (image 116 of digital file in PDF mode); 12) The previous owner [Name9] dedicated the land to blackberry, strawberry and potato crops, housing and soil protection, in addition to maintaining the property's fences and green areas since at least 1954. (pbr/initial brief images 113 to 115, memorial at image 106, testimonies archived in hearing audio, judicial inspection at images 70 to 71, soil study at folio images 122 to 127, all in the PDF-mode file).

II- Appeal. The petitioner appeals the denial of the proceedings and alleges as a grievance that this process was rejected on the grounds that the three witnesses could not prove possession of the property before February 4, 1954: which is not true. He argues that the three witnesses are elderly and attested that the first possessor of the land was [Name9], who arrived at the place in 1950, which is consistent with the deed executed before Notary Alvaro Torres and with the certification from the Juzgado Civil de Hacienda dated 10 hours on June 18, 1955. He outlines that [Name9] first made the "denuncio" of the property and was granted the right to possess it since 1950, and thus donated the property to the petitioner. He points out that in this case, as in few others, there is a certification from the Juzgado Civil de Hacienda authorizing the possession. But as the three witnesses have indicated, [Name9] arrived in 1950. In this regard, [Name6] indicates that [Name9] arrived in 1950 and remained until 1990 when he bequeathed it to the petitioner. Witness [Name7] states that he has known the property since 1958, but that at that time the first owner was [Name9] who was there from 1950 to 1990; at which time he donated to [Name1]. Witness [Name8] testified to being 70 years old, knowing the property for as long as he remembers, which is approximately since 1950, and that the first owner was [Name9]. He claims an erroneous assessment of the testimonial evidence, since none stated in their testimony what is indicated in the appealed ruling. He explains that [Name7] never stated "... that Don [Name9] possessed the land since 1958..." [sic]. Nor did [Name6] state that [Name9] was the first owner of the property and was there from 1950 to 1990. Coupled with the fact that [Name11] stated that the first owner was [Name9] for as long as he remembers, meaning he has knowledge of that fact since 1950. He reproaches that the judgment does not analyze that the land has only had two owners, [Name9] who entered in 1950 and who in 1990 donated it to the petitioner. It does not even value the fact that the witnesses have full knowledge of the facts because they are neighbors of [Name9] and the petitioner. He deems that it would have been sufficient for the witnesses to have stated that the first possessor was [Name9] since 1950 for these proceedings to have been approved. He accuses that the ruling makes a subjective analysis of all the testimonial evidence, since given the life expectancy of Costa Ricans it is impossible to present witnesses who can attest that [Name9] entered the property in 1950, as there is no one old enough to say so; rather, the witnesses in this file have spoken about the history of the estate and all verify that the first possessor was [Name9] and his entry in 1950. He claims that the judgment's statement that "... The denuncio was made before the Juzgado Civil de Hacienda, where by a final order at 9 hours and 45 minutes on May thirtieth, 1955, he was authorized to enter into possession of the land sought to be titled here" must be examined, which he qualifies as subjective. Because logically [Name9] made the denuncio when he was already possessing the property, and the testimonial evidence has convincingly proven that he entered it in 1950. It is not appropriate to take the submitted document to say that it proves the beginning of the possession, as analyzing it that way is completely subjective. (See virtual desktop of the Juzgado Agrario de Cartago, brief filed 06/18/2019 10:20:58)

III. THE POSSESSORY INFORMATION PROCEEDINGS: Through the possessory information proceedings (Información Posesoria), a person possessing an agrarian property not registered in the Public Registry of Property, who lacks a registrable title, upon fulfilling a series of formal requirements—among which are: publication of an edict, notification of adjoining landowners, notification of the state entities Instituto de Desarrollo Agrario and the Procuraduría General de la República—obtains a registrable title before the Public Registry. To that end, the interested person must meet certain substantive or fundamental requirements, namely, the exercise of agrarian or agro-environmental possession (posesión agraria or agro-ambiental), exercised as owner, in a quiet, public, peaceful, continuous manner and for a minimum period of ten years. If these requirements are not met, the proceedings cannot be approved (articles 853-856 Código Civil, Ley de Informaciones Posesorias). When dealing with unregistered forest-covered land, pursuant to article seven of the Ley de Informaciones Posesorias, in order to approve the titling of such land, it must be demonstrated that ecological possession (posesión ecológica) has been exercised over the property, and that natural resources have been protected and paths exist. The cited rule grants individuals the possibility of registering forest-covered properties located on untitled land, whether inside or outside protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas). The foregoing, provided that the legal requirements established in the various applicable regulatory bodies have been met. (see in this regard Decision No. 51 at 15 hours and 15 minutes on May 26, 1995, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice). Article seven of the Ley de Informaciones Posesorias, which was amended upon the issuance of the current Ley Forestal 7575, expressly authorized the titling of forested real estate through these proceedings. Regarding this, the Tribunal Agrario has resolved: "Said norm, regarding properties with forest located outside protected wilderness areas, states: '... Properties located outside these areas that have forests may only be titled if the petitioner demonstrates being the holder of legal rights of decennial possession, exercised for at least ten years, and having protected that natural resource, with the understanding that the property must be duly demarcated and with clean fences or paths.' Likewise, that paragraph indicates The constitutionality of said norm and the interpretation given at some point by this Court were challenged on constitutional grounds, a proceeding that gave rise to the issuance of Constitutional Chamber Decision 4587-97, precisely cited by the appellant. In that decision, the Chamber declared the constitutionality of the norm, maintaining its validity. Given that situation, the proper course in this case is to confirm the trial judge's resolution, since the petitioner proved compliance with the requirements established in that article, namely: decennial possession, protection of natural resources, and delimitation of the property by means of clean fences or paths." (Decision 573-F-09). Similarly, the Constitutional Chamber has denied the challenge of unconstitutionality against article seven of the Ley de Informaciones Posesorias brought on two occasions by the Tribunal Agrario. One of them processed under file EXPN1, leaving said norm and its effects in force. Additionally, on this point see Decision 217-001142 at 11:20 hours on January 25, 2017, of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, which rejected the constitutional consultation by the Procuraduría General de la República regarding the interpretation of article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias by the Tribunal Agrario on the subject matter of this possessory information. This Chamber considers that the seventh paragraph of the Ley de Informaciones Posesorias detached the public-domain character (demanialidad) of unregistered forest-covered land and expressly authorized individuals to title properties with forest cover, provided all legal requirements are met, and this norm is fully in force, and in the case of land located within protected wilderness areas, possession exercised must be proven to predate the creation of that protected wilderness area by at least ten years, regardless of its management category. This norm is fully in force, and in the case of land located within protected wilderness areas, possession exercised must be proven to predate the creation of that protected wilderness area by at least ten years, regardless of its management category. As stated, this property is part of the Reserva Forestal Rio Macho, and under the interpretation of articles 6 and 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, possession must be proven through testimonial evidence dating back at least 10 years before the legal encumbrance on those lands with the creation of the cited management category, which occurred in 1964. To justify possession, in accordance with article 6 of the Ley de Informaciones Posesorias, three witnesses must be provided. Furthermore, by seeking to take advantage of the transmitted possession, he had to provide the title by which he acquired the land, as regulated by article 1 of the Ley de Informaciones Posesorias. The claim in this possessory information is linked to the land tenure regime within protected wilderness areas. Regarding the land tenure regime in protected wilderness areas, it must be indicated that, regardless of their management category, they must be understood as zones with a particular and specific administration regime and regulations, subject to management plans that ensure their protection, conservation, and rational use of natural resources. Their administration, management, and guardianship fall to MINAET, unless a special law indicates otherwise. Article 58 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) defines them as delimited geographic zones, formed by land, wetlands, and portions of the sea, declared as such because they represent special significance, an interest in the protection and conservation of the environment and its ecosystems, as well as historical and cultural aspects. This norm makes express reference to the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) regarding the regulation of requirements and mechanisms for the establishment or reduction of these areas. Administration by law falls exclusively to the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones), except for Natural Monuments. In turn, the Forest Law (Ley Forestal) provides that when a state-owned protected wilderness area is declared, it must immediately become part of the State's natural heritage, regulated by article 13 of the cited norm, which expressly states that its administration corresponds to MINAET. This regulatory framework must be interpreted in conjunction with what is prescribed in article 58 in fine of the Biodiversity Law, which recognizes the acquired rights of indigenous populations, peasant communities, natural or legal persons over land declared as protected wilderness areas and their management categories. This is complemented by cited article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias which states: "When the property to which the possessory information refers is located within a protected wilderness area, regardless of its management category, the person seeking title must demonstrate being the holder of legal rights over decennial possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created that wilderness area." In this case, given what is being appealed, an analysis must be made as to whether the possessory chain is demonstrated for ten years prior to 1964 or earlier and up to the present, in order to find that the petitioner's acquired rights to request recognition of his property right over the land must be recognized. In this regard, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, in decision 144-96 at 16:51 hours on January 9, 1996, resolved: "In the case of establishing forest reserves, protection zones, and national wildlife refuges, the option is given for the owner to keep his land, since, following the management plan, he can continue to use it economically; that is, the imposed limitations are not of such magnitude that they prevent him from exploiting his property, and therefore do not render his right nugatory." In addition to considering the foregoing, the adjudicator analyzing the case must verify whether the exercise of ecological possession has been fulfilled, in light of the soil study, the judicial inspection conducted for that purpose, and the comprehensive assessment of all elements in the record.

IV- These proceedings are filed with the purpose of registering in the name of the petitioner [Name1], of legal age, married once, farmer, bearer of identification card number CED6, and resident of Macho Gaff, El Guarco, Cartago province, the unregistered property, whose nature is: property with a house, warehouse, crops, and primary forest. Located at [Address1], district: San Isidro, Canton 08: El Guarco, Province 03: Cartago. Area: three hectares, four thousand four hundred forty-four square meters and seventy-five square decimeters. [Name2] to the North: with [Name3]; South: with [Name4]; and East: with a public road with a frontage of forty-three linear meters and fifty-six centimeters, and [Name5]; both in part; and West: a public road with a frontage of two hundred fifty-six linear meters and seventeen centimeters. Cadastral map number C-614078-2000. The property to be titled was valued at ten million colones and this proceeding at one million colones. And in accordance with what was stated by the title applicant (memorial visible at images 97 to 99 of the digital file in PDF mode). Said land is located within the protected wilderness area under the Forest Reserve management category, named: Reserva Forestal Río Macho. Created pursuant to decree 1-A of January 23, 1964, and its amendments. (certification from Minaet and map at images 121 and 129 of the digital file in PDF mode). The soil study contained in the record (images 122 to 125 of the digital file in PDF mode) detailed the existence of annual strawberry crops with fertigation and plastic covers. Presence of fallow areas in the process of planting strawberries. Area of great scenic beauty. It was expressly mentioned that no deterioration of the soil resource was observed. Presence of perimeter fences with trees, access to a public road. Electricity and potable water service. Boundaries with cypress, aguacatillo, oak, and blackberry trees. Presence of small infrastructure for agricultural and residential activities of no more than 200 meters. Gardens of great beauty and diversity of ornamental plants. The recommendations cited were: provide maintenance for rainwater and its respective drainage from the roads. Fertilize crops based on chemical soil analyses. Use varieties adapted to the area's conditions, use soil conservation works such as contour planting along the slope. Compliant soil use was certified at 100 percent. The trial court conducted a judicial inspection on May 29, 2018 (image 71 to 70, same previous location), from which a record was drawn up, in which it noted having observed a property "in its entirety is demarcated on all its boundaries with fences of dead posts and three-strand barbed wire. The terrain is of irregular topography, with gentle slopes. The land is divided into paddocks; in some parts there is barbed wire, in other sectors electric fences were used. Likewise, most of the land is ready for strawberry cultivation. Most of the southern sector of the land is cultivated with strawberries, and some seedlings ready for planting were seen, as well as at least one hectare of land already prepared for cultivation. At the site there is a dwelling house in which the title applicant lives; it is a concrete house in a good state of repair. There is also a small stable. In general, the land is clean and well cared for." On May 29, 2018, testimonial statements were received. The witness [Name11] (minute 07:19 testimony recording in digital folder) stated he was 70 years old, lived in Macho Gaff, and was a farmer. He described that for as long as he remembers, the property was [Name9]'s, [Name1]'s father, who had it for as long as he can recall and transferred it around 1990 to his son. Regarding the activities carried out on the land, he described that blackberry, strawberry, and potato have been planted by the petitioner and it has been cultivated, and that initially [Name9] also used it for charcoal production, which was what was done in the area, and later for agriculture. He stated he is a near neighbor, bordering with [Name10], the state, a public road, and Vertilia; he knows of no possessory conflicts; he inherited his own land from his father; there are no springs; he would identify [Name1] as the owner. With this testimony, it is possible to verify that given the witness's age at the time of giving his testimony, he has known the land since 1948, the year he was born, and has been aware of the possessory chain of the property as a native of that community. Therefore, it is possible to deduce that he is a suitable witness for the purpose of demonstrating that prior to 1954, the land was possessed in an owner capacity by the family nucleus of [Name9], whom he identified as the original owner, and the possessory chain up to the present. He cited that in 1990 the property subject to these proceedings was conveyed to his son, the petitioner here. The date of that gift coincides with the deed of gift provided in the record, where the information coincides regarding date, situation, and beneficiary of the gift. (images 118 to 119 of the digital file in PDF mode). In addition, from this witness's statement, peaceful, public, continuous possession exercised as owner is demonstrated. Coincidingly, [Name6] testified (minute 01:12 testimony recording in digital folder), who stated he was 66 years old, a resident of Macho Gaff, and had known the property for more than 60 years. He described the first owner he knew was the petitioner's father, [Name9]. He had it from about 1950 to 1990 and for about 40 years. After that, it was transferred to [Name1], who has maintained it to the present day. He indicated the property was previously dedicated to mountain, fallow land, brushland, agriculture, and pasture. It is fenced. There have been no conflicts over the possession of the property. [Name1] is the owner of the estate and lives there. This Court observes that, as with the previous testimony, this person is rooted in the place and can attest that since the 1950s, the owner was [Name9]. Even though he was a child, having been born in 1952, growing up in the place, applying common logic, he can understand that persons exercised possession of a property and under what condition, given the experiences he underwent. The dates of possession and transfer of the property by [Name9] to his son, the petitioner here, are consistent. These two statements must be integrated with the aforementioned deed of gift provided in the record. Considered comprehensively and in light of the rules of free assessment of evidence (free valoración probatoria) (article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law), this Instance is convinced of compliance with the possession in the terms required by civil regulations regarding its suitability and the requirements of the Ley de Informaciones Posesorias. It is pertinent to add in this regard, article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law establishes the system of free assessment of evidence for agrarian proceedings. A system that requires the court to study and select the sources of evidence obtained in order to establish their efficacy to resolve the conflict submitted for its consideration, through perception, representation or reconstruction, and deductive or inductive reasoning. The court must set out the principles of equity or law on which it bases its decision. In this regard, the Constitutional Chamber has resolved: "..., the assessment of evidence according to conscience does not imply resolving in an arbitrary manner, since every judge—as a public official— is subject to the principle of legality, which constitutes an imperative of adaptation of public action, not only to the specific norms on a determined subject matter, but to the entire body of legality; therefore, he cannot rule in disregard of constitutional principles and rights, since he is limited by the rules of sound criticism and principles of reasonableness, which, properly applied, lead to harmony between the jurisdictional assessment and the Political Constitution, as this Chamber held in judgment 3484-94, at twelve o'clock on July eighth, nineteen ninety-four, in which it determined that the powers of judges to assess evidence according to conscience are not contrary to the judge's obligation to base his rulings, a constitutional principle that integrates due process... () the power granted to the agrarian judge to assess evidence according to conscience and evaluate it without strict subjection to common law rules, as provided in the second paragraph of the challenged article 54, is not unconstitutional, provided that he issues a reasoned ruling, that is, he analyzes the result of the evidence gathered in the process and expresses the principles of equity or law on which he bases his criterion, thus respecting the minimum content of the right of defense" (decision 3657 of May 7, 2003. See, in the same sense, decisions No. 398 of June 6, 2001, of the First Chamber. In the same order, see decisions No. 206 of March 26, 1999, No. 46 of April 26, 1995; No. 66 of February 6, 2009, and 364 of May 28, 2009, of the Tribunal Agrario). Thus, the adjudicator is obligated to issue a comprehensive assessment of the evidence in the file. Therefore, regarding the testimony of [Name7] (minute 04:04 of testimony recording in digital folder), it is given validity upon contrasting it with what was described by the previous deponents and the cited public deed document. Although this witness testified to being 75 years old, he stated he arrived at the place in 1958. At that time, [Name9] was on that property, whom he knew as the first owner. He remained in that condition from the 1950s to the 1990s, when he transferred the property to his son, the petitioner. He declared that from 1990 to the present day, [Name12], son of the former, has been the owner. He identifies the adjoining landowners. He answers there are no springs. The house on the property is inhabited by [Name1]. Furthermore, there is another unused house where [Name1]'s father lived. Even though he knew the property in 1958, his statement does not contradict and is not lacking regarding the acts of possession, the possessory chain, and the manner in which ownership is exercised. It is worth noting that the Reserva Forestal Río Macho was created by decree on January 23, 1964 (certification CED7 images 121 and 129). Pursuant to article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, the petitioner must demonstrate possession at least ten years prior to the creation of said protected wilderness area. When the testimonial evidence cited by this instance is assessed comprehensively, it is deemed that the statutory period of possession is successfully demonstrated to grant the petitioner's request to issue a registrable title.

At the final hearing (image 119 to 124 of the digital case file in pdf format) held in this proceeding, the Procuraduría states that, according to the initial pleading, the petitioner asserted entry onto the property occurred in 1948, when the estate was a national park from 1945 to 1973 and subsequently became a Forest Reserve (Reserva Forestal) from 1964 to date. Furthermore, that [Nombre6] has known the estate since 1952, [Nombre7] only since 1958 and therefore fails to prove decennial possession before the creation of the forest reserve, and [Nombre11] does not state since when he knew or remembers [Nombre9], and was born in 1949. The Procuraduría entity notes that [Nombre7] gave evidence regarding an adjacent parcel processed by the petitioner’s brother that was rejected at all instances, given insufficient testimonial evidence and documents that were also submitted to the case file, such as the 1990 deed and the certification from the Juzgado Civil de Hacienda in which [Nombre9] filed the denouncement (denuncio) of the estate at 10:28 a.m. in 1955. It affirms that in that proceeding it was concluded that said witness knew the estate in 1958. It partially transcribes part of the opinion (voto) from that proceeding in which it is concluded that the witnesses knew the land in the years 1963, 1958, and 1967 and where [Nombre13], [Nombre14], and [Nombre7] gave evidence. Therefore, the Procuraduría requests the rejection of this proceeding. It should be noted by this Court that the state entity’s arguments are not admissible, first because those witnesses are not the same witnesses in the case under review except for [Nombre7], and because the evidence is assessed comprehensively under the rules of free evaluation. For in this matter the outdated system of legally prescribed proof does not exist, and the lack of a few years from one of the witnesses is not sufficient to undermine the statements of the other two, who provided coherent and uncontradicted testimony, even with that of [Nombre7]. The chain of possession (cadena posesoria), acts of possession, and verification of the exercise of dominion in the capacity of owners by [Nombre9] and his son, the petitioner, since long ago is proven. This Court does not agree with the evidentiary assessment made in the appealed judgment, as it was neither comprehensive nor reasoned in depth. The appellant is correct in pointing out that the witnesses did not state what was included in the appealed decision, and that the year the judgment of the Juzgado Civil de Hacienda was issued in 1955 cannot be taken as the year [Nombre9] entered the land. For it is interpreted that the denouncement (denuncio) was filed before that office and that by an order (auto) issued at 9:45 a.m. on May 30, 1955, he was authorized to enter into possession of the land sought to be titled here. Therefore, it was deemed proven that [Nombre9] entered only at that time. For this Chamber, given the testimonial statements, it is not understood that [Nombre9] entered only until the year 1955, but rather that his presence in the place is long prior to that moment. Given what was stated by the witnesses. One aspect is the date on which possessory proceedings were undertaken before the authorities of the time, and quite another is the material reality of [Nombre9]’s permanence on the property; especially given the access difficulties, difficult communication routes, and reality of the area in the last century. Therefore, the reasoning of the appealed decision is not shared by this Tribunal. After listening to the live witness testimonies preserved in audio, this Chamber observes that the witnesses credibly set forth what they personally knew and what they know as part of the life history and the population to which they have belonged since early ages. Therefore, they maintain a social and personal link with the place, which allows them to construct the history of what happened regarding the possession of [Nombre9] and his family with the property and, subsequently, the transfer to [Nombre1] in the 1990s. The rules of free evaluation must be applied in assessing the body of evidence and, in the specific case, understanding the position of those witnesses regarding the environment in which they were born and grew up, which allows them to establish and construct the chronological succession of the events they recounted. Their permanence from a young age and since 1954 is not a cause to detract from the credibility of those statements, for their testimonies are qualified as honest, clear, congruent, and coherent. They are not persons who would have lived or been born in the town where the property to be titled is situated for a short time during their childhood and then left the area, such that their statements could be considered irrelevant or useless. All this evidence, assessed jointly, leads to the conclusion that the applicant manages to demonstrate possession exercised at least ten years before the creation of the protected wilderness area (área silvestre protegida), that is, in 1954, within which the property to be titled is immersed, the succession of the chain of possession (cadena posesoria), and the periods or approximate dates on which each exercised possession, up to the possession acquired by the petitioner.

V- Regarding the exercise of ecological possession (posesión ecológica), it should be noted that this requirement is confirmed, as described by the witnesses regarding the manner in which possession has been exercised with respect to protection, for they do not mention any damage to natural resources occurring throughout all these years by those who have held it in the capacity of owners. All state that the land use has been the same. In the judicial inspection (reconocimiento judicial), the result of which was already cited in the preceding recital (considerando), it was not noted that there existed vestiges of injury to any natural element, and the exercise of agricultural activity has not harmed the soil resource, given what was certified and expressly noted in the Soil Study (Estudio de Suelos) already cited above. Neither was timber extraction demonstrated, thus demonstrating respect for the legal prohibition of land-use change (cambio de uso del suelo) of forest. As stated, the foregoing finds factual basis in the result indicated in the Soil Study (Estudio de Suelos). In [Nombre15]’s report, visible and brought to the case file by the Procuraduría entity, it was noted that the estate is located within the Río Macho Forest Reserve (Reserva Forestal Río Macho) and the [Dirección2], which was covered by oak forest before the land-use change (cambio de uso del suelo) processes. For this Tribunal, those general statements, without details of dates or temporal locations of the land-use change (cambio de uso del suelo) indicated, lack the value of undermining the exercise of suitable possession by the petitioner’s family nucleus. For the witnesses cite acts of cultivation of strawberries and blackberries since long ago and forever. It is not cited that they had eliminated forest for such purposes or extracted timber for trade. Neither is any complaint or warning in this regard by any administrative or judicial authority at any date attached, so it is not possible to understand that the petitioner or his father carried out a land-use change (cambio de uso del suelo). Therefore, for this Chamber, all these elements succeed in demonstrating that possession has been exercised with respect for the natural resources existing on the estate. (Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias.)

VI- The other topic mentioned by that official communication is that this property is situated at [Dirección3] and that it was a National Park. In this regard, this judicial body notes that the public domain status (demanialidad) of lands with oaks located in an area of [Dirección4] thousand meters on both sides of the [Dirección5] route had been established in subsection a) of Article 7 of the Ley de Tierras y Colonización. A provision that was repealed on November 9, 1973, by Law (Ley) No. 5385 of October 30, 1973. Said repealing law established: “Article 1.- Subsection a) of Article 7 of the Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 of October 14, 1961, is hereby repealed. Article 10 of the cited law is also hereby repealed, which declares a National Park the area of two thousand meters on both sides of the [Dirección5] route, where oaks exist, and which established the restrictive regime to which said areas were subjected.” It is also considered that when Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias came into force, it expressly permitted the titling of real estate with forest, located within protected areas, under any management category, and this removed the property from the public domain (desafectó del dominio público) and allowed the exercise of suitable possession eligible for titling, under the conditions of Article 856 of the Civil Code (Código Civil), possessing in the capacity of owner, requiring proof of decennial possession prior to the effectiveness of the law or decree that created the protected area. In the sense expressed, in this case suitable possession operated to seek titling of the estate that has been possessed, since the aforementioned removal from the public domain (desafectación del dominio público) occurred and the petitioner demonstrated having exercised possession for the period required by law, taking advantage of the possession exercised by his transferor since at least 1954. The denouncement (denuncio) was made before the Juzgado Civil de Hacienda, where, by a final order (auto) at 9:45 a.m. on May 30, 1955, he was authorized to enter into possession of the land sought to be titled here. Therefore, we must accept as proven that Mr. [Nombre9] must have entered before or in 1954 when the denouncement (denuncio) proceedings were filed.

VII- Based on the foregoing, and on Articles 1 and 2 of the Ley de Jurisdicción Agraria, 856 of the Civil Code (Código Civil), and the Ley de Informaciones Posesorias, the petition of [Nombre1] to issue a registrable title (título inscribible) for the property that is the subject of this proceeding shall be granted. For this instance has verified the proof of the chain of possession (cadena posesoria) and the manner of possession, which exceeds the decennial period required for titling through these proceedings. By taking advantage of the possession exercised by his transferor to complete the decennial period required by law, the contract transferring possession was submitted to the case file. From what was yielded by the statements, the judicial inspection (reconocimiento judicial), and the soil certification, it is proven that the property has been possessed with respect for natural resources, thereby proving ecological possession (posesión ecológica) over the land and the conditions required by Article 856 of the Civil Code (Código Civil). Therefore, it is deemed proven that this is an estate eligible for acquisition by usucapion (usucapión), by virtue of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, as already reasoned in prior recitals (considerandos).

THEREFORE:

The appealed judgment is reversed. In its place, these possessory information proceedings (diligencias de información posesoria) ARE APPROVED. Consequently, free of liens and burdens (libre de gravámenes y cargas reales), without co-owners, and without prejudice to third parties with superior rights, the Public Registry (Registro Público), Real Property Section (Sección Propiedad Inmueble), shall proceed to register in the name of [Nombre1], of legal age, married once, farmer, holder of identity card number CED6, and resident of Macho Gaff, El Guarco, province of Cartago, the real property described as follows: unregistered real property. Nature: property with one house, warehouse, strawberry crops, and trees of various species. Located at [Dirección1], : San Isidro, canton 08: El Guarco of province 03: Cartago. Area: three hectares four thousand four hundred forty-four square meters and seventy-five square decimeters. Boundaries: North: with [Nombre3]; South: with [Nombre4]; and East: with [Dirección6] with a frontage to it of [Dirección7] meters [Dirección8], and [Nombre5]; both in part; and West: [Dirección9] with a frontage to it of [Dirección10] meters [Dirección11] linear centimeters. Survey plan (Plano catastrado) number C-614078-2000. The real property to be titled was valued at the sum of ten million colones and this proceeding at the value of one million colones. The real property is subject to the reservations regarding rights-of-way (derechos de vía) provided in Articles 4 of the Ley General de Caminos Públicos and 19, subsection a) of the Ley de Informaciones Posesorias, as well as to the encumbrance of the reservations of the Ley Forestal, which prohibits the extraction of forest resources, the elimination or destruction of forests, and land-use change (cambio de uso del suelo). Furthermore, the right-of-way (derecho de vía) of the western boundary is 14 meters wide, according to Article 4 of the Ley de Caminos Públicos, limitations that must encumber the real property as a lien (gravamen) by the Public Registry (Registro Público) at the time of registering the property. Once this decision is final (firme), let the corresponding judgment execution order (ejecutoria) be issued by the trial court, which is authorized to make the necessary corrections for registration of the judgment execution order (ejecutoria) in the Property Registry (Registro de la Propiedad).

*RFJI69SRX7461*

RFJI69SRX7461

[Nombre16] - DECIDING JUDGE

*0R1WHJEAMQY61*

0R1WHJEAMQY61

[Nombre17] - DECIDING JUDGE

*NJGKCQ8KWV461*

NJGKCQ8KWV461

[Nombre18] - DECIDING JUDGE

EXP: EXPN2

II Circuito Judicial San José, [Dirección12], , [Dirección13] de Goicoechea opposite the Hospital Hotel La Católica parking lot. Telephones: [Telf1]. Fax: [Telf2] or [Telf3]. Email: [...]

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 03-22-2026 08:36:00.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República