Res. 00140-2020 Tribunal Agrario — Possession requirements for titling in Los Santos Forest ReserveRequisitos de posesión para titular en Reserva Forestal Los Santos

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00140 - 2020

Fecha de la Resolución: 20 de Febrero del 2020 a las 18:46

Expediente: 17-000064-1129-AG

Redactado por: María Rosa Castro García

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Requisitos de acuerdo al régimen de tenencia de la tierra en áreas silvestres protegidas.
Titulación de área dentro de zona protectora.
Temas (descriptores): Zonas naturales protegidas
Subtemas:
Requisitos para titulación de finca mediante información posesoria agraria.
Temas (descriptores): Área silvestre protegida
Subtemas:
Requisitos para titulación de finca mediante información posesoria agraria.

Temas estratégicos: Ambiental

Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

    

EXPEDIENTE:

	

EXPN1 - 2




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




PROMUEVE:

	

[Nombre1] AUGUSTO GONZALEZ OPINA

 

   

VOTO N° 140-F-2020

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las dieciocho horas y cuarenta y seis minutos del veinte de febrero de dos mil veinte.-

            INFORMACIÓN POSESORIA promovida por [Nombre1]  , mayor, casado, comerciante, vecino de Pérez Zeledón, cédula de residencia número CED1           . Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por su procuradora adjunta Susana Fallas Cubero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número CED2 -     -  ; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED3 -    -          - , representado por su apoderada general judicial, Marjorie Madrigal Muñoz, mayor, divorciada, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número CED4 -     -  . Actúa como apoderado especial judicial del promovente, el licenciado David Salazar Mora, carné diecisiete mil quinientos setenta y cuatro. Tramitada ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón.-

                                                            RESULTANDO:

            1.- El promovente interpuso el proceso para que se inscriba en el Registro Público Inmobiliario el terreno que se describe así: " Terreno de Árboles y pasto, situada en SIBERIA de Páramo, [Dirección1]  , Pérez Zeledón, cantón diecinueve de la provincia de San José, linda al norte con: [Dirección2] , sur: [Nombre2]  , este: [Nombre2]  , y oeste: [Nombre3]  , mide MIL METROS cuadrados, según el plano número SJ- Un Millón OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE- DOS MIl DIECISÉIS." (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Pérez Zeledón, Bandeja de Escritos; 06/09/17 de las 14:39:22).-

            2.- El Instituto de Desarrollo Rural y la Procuraduría General de la República se apersonaron al proceso, (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Pérez Zeledón, Bandeja de Escritos; 21/06/18 de las 10:00:05; y 07/08/19 de las 04:06:31).-

            3.- El juez Jorge Bolaños Gonzáles, del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón, en sentencia N° 2019000108 de las quince horas y cincuenta minutos del diez de setiembre del dos mil diecinueve, resolvió: "POR TANTO: SE RECHAZAN las presentes diligencias de INFORMACIÓN POSESORIA promovidas por [Nombre1]   . Firme esta resolución, téngase por terminado el proceso y archívese el expediente," (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Pérez Zeledón, [Dirección3]   ; 10/09/19 de las 15:50:38).-

4.- La parte actora apela con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de primera instancia, (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Pérez Zeledón, [Dirección4]  , 27/09/19 de las 07:35:33).

5.-  En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se nota la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.-    

            Redacta la jueza Castro García;y,

CONSIDERANDO

            I- Hechos Probados. Se prohíjan los hechos probados contenidos en la sentencia apelada número 1, 3, 8 y 9, por ajustarse a los elementos de prueba constantes en autos. No se avalan los hechos restantes por no constituir técnicamente hechos, sino requisitos legales del proceso. De importancia en esta instancia, se tiene por acreditado en este asunto los siguientes hechos: 10) La finca objeto de este proceso se ha dedicado a casa, mantenimiento de árboles y plantas diversas propias del lugar y mantenimiento de cercas y se ha ejercido el uso conforme de suelos. (Prb./ resguardo de grabación de declaraciones testimoniales de [Nombre4]  , [Nombre5]  , y [Nombre6]  en disco compacto parte del expediente digital, estudio de uso de suelos en imagen 26 a 28, reconocimiento judicial en video 1 de disco compacto). 11) [Nombre1]   adquirió la posesión y mejoras de la finca mediante venta suscrita en escritura pública de las diez horas treinta minutos del once de julio del' dos mil catorce. Donde le transmite [Nombre2]   . A su vez, éste adquirió de su madre [Nombre7]  en 1998. Quien enajenó de [Nombre8]  que estuvo en posesión por diez años aproximadamente. Mismo que recibió la posesión de [Nombre9]  que estuvo en posesión por 15 años en forma aproximada. A quien le vendió [Nombre10] , primer poseedor reconocido como dueño desde el año 1950 y 1951 (prb/ resguardo de grabación de declaraciones testimoniales de [Nombre4]  , [Nombre5]  , y [Nombre6]  en disco compacto parte del expediente digital, escritura número CED5 en imagen 23 a 24).

II-Hechos no probados. No se prohíjan los hechos de esta naturaleza por existir prueba que acredita lo contrario a lo ahí consignado.

            III- Apelación. El promovente recurre la sentencia denegatoria de este proceso número 2019000108 de las 15:50 horas del 10 de septiembre del 2019 (imagen 118 a 125 expediente digital modo pdf). Se centra su reclamo en el reproche de haber comprobado que la finca ha estado en posesión desde antes del 28 de octubre de 1965. Pues la posesión ejercida sobre el terreno data del año 1950. Aduce no se valoró integralmente la prueba que consta en autos. Se refirió a lo declarado por los tres testigos e indica que de su análisis no se deduce lo indicado en la sentencia, respecto a la falta de demostración de los actos posesorios o desde cuándo se ejercieron. Reprocha, las tres personas hacen mención de los períodos de posesión de cada uno de los que han sido dueños del terreno. Que por cuestiones lógicas de su edad no recuerdan fechas exactas.  Lo cual no conlleva a pensar que estén faltando a la verdad o media una insuficiencia probatoria. No es posible restarles credibilidad e indicar falazmente que se desestiman sus testimonios sin razonar adecuadamente los motivos. Reclama, se ha acreditado una posesión superior a los 10 años antes de la creación del área silvestre protegida, se ha apegado a los requisitos legales que exigen las leyes especiales para obtener la titulación y garantizar el derecho constitucional a la propiedad privada. Afirma, el informe del MINAE hace ver que el terreno se ubica dentro de la franja de dos kilómetros contiguos a la [Dirección5] . Sin embargo la prohibición o afectación que tenían esas áreas, se encuentra derogada e invoca la legislación emitida y la línea jurisprudencial respecto a la titulación de terrenos ubicados dentro de áreas forestales protegidas que ha emitido el Tribunal Agrario. Que ha exigido el cumplimiento de la protección del recurso forestal, la posesión ecológica y la demostración de una posesión decenal anterior al respectivo ley o decreto de afectación. Todo demostrado en el proceso a efecto de contar con título inscribible en el Registro Público. Cita diversos votos de este Tribunal, de los que extracta parcialmente su contenido. Que desarrollan el tema del deber de la demostración de la posesión del fundo en las condiciones citadas. Por lo que solicita se revoque lo resuelto.

            IV- Estas diligencias se formulan con la finalidad de inscribir en el Registro Público de la Propiedad un inmueble con naturaleza de terreno de árboles y pasto. Sito en Páramo, [Dirección6]    , [Dirección7]  de San José. Linda al norte con calle pública con frente lineal de 34,78 metros lineales, al sur y este con [Nombre2]  Ilama y oeste con [Nombre3]  Beita. Área de mil metros cuadrados. Plano SJ- Un Millón ochocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve- dos mil dieciséis. Estimado en seis millones de colones. Lo anterior acorde con lo mencionado en el escrito inicial, así como el plano aportado (expediente digital imagen 2 a 8, plano en imagen 9 de expediente digital modo pdf, reconocimiento judicial en video 1 en disco compacto parte del expediente digital, estudio de suelos en imagen 26 a 28). Dicho bien es parte de área silvestre protegida Reserva Forestal Los Santos creada en el año 1975, conforme se indica en la certificación emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación aportada (imagen 12 misma ubicación anterior). El fundo se encuentra fuera de terrenos o propiedades administradas por el Instituto de Desarrollo Rural según certificación del ente (imagen 67 a 68). Se verifica, el edicto de ley fue publicado en el Diario Oficial y el titulante no ha inscrito bienes al amparo de la Ley de Informaciones Posesorias (imagen 51 y 38 a 20 expediente digital modo pdf). Los colindantes [Nombre3]   y [Nombre11]    se apersonaron y se encontraron conformes mediante escritos de apersonamiento aportados y autenticados por el Licenciado David Salazar Mora (escritos en imágenes 13 y 14 expediente digital modo pdf). En igual orden de verificación del cumplimiento de requisitos legales y vistos los agravios contra la pieza apelada referidos a la falta de valoración probatoria acorde con las reglas del ordinal 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, cabe acotar en forma primaria que el artículo citado establece el sistema de la libre valoración probatoria para los procesos agrarios. Sistema que exige al tribunal estudiar y seleccionar las fuentes de prueba obtenidas, a fin de establecer su eficacia para resolver el conflicto sometido a su conocimiento, a través de la percepción, la representación o reconstrucción y el razonamiento deductivo o inductivo. El tribunal deberá exponer los principios de equidad o de derecho sobre los cuales funda su decisión. Al respecto, la Sala Constitucional ha resuelto: "..., la apreciación de la prueba en conciencia no implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez -como funcionario público que es- se encuentra sujeto al principio de legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un objeto determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derechos constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política, tal y como lo entendió esta Sala en sentencia 3484-94, de las doce horas del ocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en que determinó que las facultades de los jueces de apreciar la prueba en conciencia no resultan contrarias a la obligación del juez de fundamentar sus fallos, principio constitucional que integra el debido proceso... () no resulta inconstitucional el poder otorgado al juez agrario para apreciar en conciencia la prueba y valorarla sin sujeción estricta a las normas del derecho común según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 54 impugnado, siempre y cuando dicte un fallo fundamentado, es decir analice el resultado de la prueba recogida en el proceso y exprese los principios de equidad o de derecho en que basa su criterio, respetando de tal modo los contenidos mínimos del derecho de defensa" (voto 3657 del 7 de mayo de 2003. Ver en igual sentido votos N° 398 del 6 de junio del 2001 de la Sala Primera. En igual sentido veáse votos No. 206 del 26 de marzo de 1999, N°46 del 26 de abril de 1995; Nª66 del 6 de febrero de 2009 y  364 de 28 de mayo del 2009 del Tribunal Agrario). De igual forma, se impone a la persona juzgadora la obligación de emitir una valoración integral de la prueba que conste en el expediente. Aclarado lo anterior y estudiada la sentencia recurrida, encuentra esta instancia medió un análisis parcial de los elementos probatorios sin la debida integración, pues se centró en razonar extractos de lo declarado los testigos, sin profundizar en el contenido total de los testimonios, ni confrontarlos con el resto del acervo probatorio, como lo exigen los modernos sistemas procesales. Lleva razón el recurrente en el alegato central de sus reproches.  

            V- Visto lo apelado cabe indicar, la sentencia venida en alzada N. 2019000108 de las 15:50 horas del diez de octubre del 2019, imprueba el proceso de información posesoria al no tener por probada la cadena de posesión, ni la antigüedad necesaria de ley. Sea la demostración de la posesión decenal sobre el inmueble a titular con anterioridad al decreto ejecutivo No. 5389-A del 12 de octubre de 1975. Como se citó en el considerando anterior el inmueble ya descrito que es objeto de este proceso, se ubica dentro de la Reserva Forestal Los Santos, creada por el decreto ejecutivo N. 5389-A del 12 de octubre de 1975, según consigna la certificación CED6. (imagen 12 de expediente digital modo pdf). Por ello, de conformidad con el ordinal 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, la sociedad titulante debe acreditar el ejercicio de la posesión en condición de dueña en los términos del artículo 856 del Código Civil, con al menos 10 años antes de la afectación del terreno a esa categoría de manejo; sea anterior al año 1965. Para justificar la posesión, acorde con el ordinal 6 de la Ley de Informaciones Posesorias se deben aportar tres testigos.

            VI- Sobre el régimen de tenencia de la tierra en áreas silvestres protegidas, ha de indicarse, independientemente de su categoría de manejo, deben ser entendidas como zonas con un régimen de administración y normativa particular y específica, supeditadas a planes de manejo que aseguran su protección, conservación y uso racional de los recursos naturales. Recae el MINAET su administración, manejo y tutela, salvo Ley especial que indique otra situación. El artículo 58 de la Ley de Biodiversidad, las define como zonas geográficas delimitadas, que se forman de terrenos, humedales y porciones de mar, declaradas como tales por representar una significancia especial, un interés de tutela y conservación del ambiente y sus ecosistemas, así como históricos y culturales. Esta norma hace una remisión expresa a la Ley Orgánica del Ambiente sobre la regulación de los requisitos y mecanismos para el establecimiento o reducción de estas áreas. La administración por Ley recae en forma exclusiva sobre el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, salvo los Monumentos Naturales. Por su parte, la Ley Forestal prevé que cuando se declare un área silvestre protegida de propiedad estatal, ésta debe pasar en forma inmediata a formar parte del patrimonio natural del Estado, regulado por el artículo 13 de la citada norma que expresamente señala que su administración corresponde al MINAET. Ese conjunto normativo debe interpretarse a la luz de lo prescrito en el artículo 58 in fine de la Ley de Biodiversidad, que reconoce los derechos adquiridos por poblaciones indígenas, campesinas, personas físicas o jurídicas, sobre los terrenos que sean declarados áreas silvestres protegidas y sus categorías de manejo. Ello se complementa con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias cuando indica : "Cuando el inmueble al que se refiera la información posesoria esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre."  En este caso, dados los reproches de apelación, debe ser verificado si se demuestra la cadena posesoria desde el año 1965 o antes. Sea por un plazo mayor a los diez años anteriores a la afectación de la zona mediante la categoría de manejo Reserva Forestal Los Santos ocurrida en 1975, para entender que los derechos adquiridos del promovente de solicitar el reconocimiento de su derecho de propiedad sobre el fundo, debe serle reconocido. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en voto 144-96- de las 16:51 horas del 9 de enero de 1996, resolvió: " En el caso de establecerse reservas forestales, zonas protectoras y refugios nacionales de vida silvestre, se da la opción de que el propietario conserve su tierra, ya que, siguiendo el plan de manejo puede continuar aprovechándola en términos económicos, es decir, las limitaciones impuestas no son de tal magnitud que le impidan explotar su propiedad, por lo que no hacen nugatorio su derecho."  Lineamiento propio del principio del Desarrollo Sostenible. Además de lo anterior, se debe analizar en esta sede, si se ha cumplido con el ejercicio de la posesión ecológica, a la luz del estudio de suelos,  el reconocimiento judicial que al efecto celebró la persona juzgadora y los  testimonios vertidos en el subjúdice.

    VII- Dado el agravio en este caso concreto, valoradas las tres declaraciones a la luz del canon 54 y 61 de la Ley de Jurisdicción Agraria de forma integral con la restante prueba recabada, se tiene por demostrada en esta Instancia el ejercicio de una posesión idónea y en respeto a los recursos naturales, mayor a la decenal anterior al año 1965 por parte del titulante, que aprovechó la posesión ejercida de su transmitente y los anteriores,  para lo cual aportó escritura pública de adquisición a su favor, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias. Escritura pública de venta del 11 de julio del 2014, donde [Nombre12]    vende el fundo en cuestión a [Nombre1]    (imagen 24 a 25 de expediente digital modo pdf). Consta en autos (expediente digital en disco compacto parte integral del expediente) se rindió la prueba testimonial el día 11 de febrero del 2019. Recibiéndose a la testiga [Nombre4]  , quien citó tener 78 años de edad. Vivir en Siberia. No ser familiar del promovente. Citó, conocer la finca desde hace muchos años, aproximadamente cuando ella tenía 10 años. Describió a los que había conocido como dueños e indicó que el primero era de [Nombre10] ; sin saber con certeza los años en que poseyó. Saber que luego fue de [Nombre9] ; que estuvo unos 15 años en el sitio. Posteriormente entró en posesión [Nombre8]  que se la vendió a [Nombre7] su mamá. Indicó [Nombre8] la poseyó diez años aproximadamente; aunque mencionó no recordar exactamente el tiempo exacto. Señaló, luego doña [Nombre13] estuvo por menos tiempo que el anterior. Continuó indicando que en forma posterior fue de [Nombre2] que le vende a [Nombre1]  en el año 2014. Sabe son mil metros y tiene una cabaña con luz.  A las preguntas del abogado indica que los colindantes son [Nombre3] y [Nombre2], además de calle pública. Afirmó, no ha visto ni sabe que haya nacientes en el fundo a titular. No hay bosque, no hay ganado, es de topografía irregular. Sabe que [Nombre2] le vendió a [Nombre1]. Nunca ha habido problemas de posesión por la finca, ocupantes o terceros en ningún momento. Señaló, [Nombre1] nunca ha tenido problemas con nadie por el terreno y la finca nunca ha sido abandonado por él o los anteriores dueños. La comunidad lo reconoce como propietario. Afirmó,  nunca se ha sacado madera del terreno, la que existe es la que ha habido. No conoce exista otro dueño. (video número 4 de disco compacto parte integral del expediente. De esta testiga se deduce por esta Cámara que conoce la finca desde 1951, pues afirmó tener 78 años y haberla conocido cuando tenía 10 años de edad. La cadena posesoria descrita cita a la primera persona que le consta era el dueño y que identifica como [Nombre10]  lo cual ocurrió en 1951. Luego se cita a [Nombre14]  que indica fue propietario por 15 años, para entrar en posesión en fecha posterior [Nombre15]  que estimó estuvo en esa condición unos 10 años. Luego [Nombre13] que estuvo un periodo menor que [Nombre8]. Para concluir la cadena posesoria con [Nombre2] que en el año 2014 le transmite al promovente.  Estima esta Instancia esta testiga acredita que la propiedad ha estado sometida a posesión en condición de dueños y dueña de los citados de forma continua, pacífica desde el año 1951 y hasta la actualidad. Sin que se hubiere consignado daño alguno a los recursos naturales o conflictos posesorios. Por su parte ,  el testigo [Nombre5]   mencionó tener 81 años, no ser familiar del titulante. Conoce el lote que indica es de mil metros. Describió que la finca primero era de [Nombre10], sin recordar por cuanto lo tuvo; pero si sabe es el dueño primario. Señaló se lo traspasó a quién identifica como [Nombre16]; sea [Nombre9] . Mismo que se lo transmitió a [Nombre17] o [Nombre8] ;  que al tiempo se lo donó a [Nombre7]. Luego, explica, ella se lo donó a [Nombre18] conocido como [Nombre2], que luego se lo vendió a [Nombre1] hace unos 8 años. Indicó, la propiedad la conoce desde el año 1950 cuando era de [Nombre10]. A las preguntas del abogado indica que conoce como colindantes a [Nombre3]  y [Nombre2]  por los lados y calle pública. Afirmó, no hay nacientes o quebradas. Con bosque y tiene cabaña. No hay ganado. Su topografía no es muy plana. Nunca ha habido problemas de posesión por la finca, ocupantes o terceros en ningún momento por [Nombre1] o Anteriores. Señalo, ni los anteriores dueños o [Nombre1] nunca ha tenido problemas con nadie por el terreno y la finca nunca ha sido abandonado por él o los anteriores. Afirmó, lo reconoce como propietario. Afirmó,  nunca se ha percatado se hubiera extraído madera del terreno. No conoce exista otro dueño. (video número 5 de disco compacto parte integral del expediente. Observa esta Cámara, que este testigo conoce el fundo desde la década de 1950, describe la misma cadena posesoria referida por la anterior deponente. Así como que la propiedad ha estado desde esa fecha bajo dominio posesorio de los que indica han sido sus dueños y dueña. Igualmente conoce de la ausencia de conflictos por la posesión del fundo, que ha sido continua, pública y en condición de titulares. En igual sentido depuso el testigo [Nombre6]   mencionó contar con 81 años,  vivir en Siberia no ser familiar del titulante, solo conocido. Sobre el fundo indica la ha cuidado bien, tiene una cabaña y una persona que le cuida la parcela. Indica [Nombre2] le vendió a [Nombre1] en el 2014. Le consta que ha tenido varios dueños, era una finca grande y el primero era de [Nombre10]  en los años cincuenta. Luego se lo traspasó a [Nombre9] , que le enajenó a su hijo [Nombre8] , que le vendió a [Nombre7]. Luego, se vende a [Nombre2]. A las preguntas del abogado indica que conoce como colindantes a [Nombre3]  y [Nombre2]  por los lados y calle pública. Indicó el área es de mil metros. Afirmó, no hay nacientes o quebradas dentro de la parcela. Tiene bosque. No hay ganado solo es para visitarlo. Su topografía no es muy plana. Nunca ha habido problemas de posesión por la finca con precaristas. Señalo, ni los anteriores dueños o [Nombre1] nunca ha tenido problemas con nadie por el terreno y la finca nunca ha sido abandonado por él o los anteriores. Ni existe otro dueño. Reconoce al titulante como el dueño. Sabe que no se ha extraído madera (video número 6 de disco compacto parte integral del expediente. Observa esta Cámara, esta declaración concuerda en todos los aspectos de la cadena posesoria con las anteriores y tiene conocimiento del fundo y sus poseedores desde la década de 1950. Describió la misma cadena posesoria y con tal se reafirma que el inmueble se ha sometido a dominio privado por la diversas personas reseñadas desde la fecha citada. En igual orden, se conoce de la ausencia de conflictos por la posesión del fundo, detallada como un dominio continua, público y en condición de titulares.Para esta Instancia esas declaraciones resulta útiles y pertinentes a los efectos de demostrar la posesión decenal anterior al año 1975, acorde con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, cuando la finca resultó afectada por la declaratoria de área silvestre protegida, mediante el decreto N. SJ-1779828-2014 que creó la Reserva Forestal Los Santos. Con respecto a la precisión de fechas de los poseedores de un fundo sin inscribir, el Tribunal Agrario ha resuelto: " Además, es importante señalar que no es preciso que los testigos sean tan puntuales en cuanto a fechas exactas de posesión de cada uno de los transmitentes, o conozcan a todos éstos, menos aún en casos como el presente en el que el fundo ha tenido tantos dueños, pues lo importante es que exista una referencia a las personas vinculadas con el ejercicio de la posesión durante todos esos años y a la protección que se está haciendo del recurso forestal dadas las exigencias que plantea el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias y al uso conforme del suelo de acuerdo a la certificación de folio 179, entre otros requisitos legales que no han sido objetados por la apelante.-" (voto N. 874-F-08). Criterio que se ha sostenido en votos posteriores y que comparte esta Cámara. Lo importante a fin de determinar si procede o no una titulación de un terreno ubicado dentro de áreas silvestres protegidas, es el conocimiento que se logre acreditar por parte de los testigos del fundo, sobre la antigüedad suficiente de la cadena posesoria y los actos ejercidos en el inmueble. Nota esta Sede, lo declarado todas las personas testigas acreditan hechos que van más allá del año 1965, al mencionar que en los años de 1950, sabían que el terreno era de [Nombre10]  y concordar en la cadena posesoria de forma cronológica y concordante. Al tenor del sistema de libre valoración probatoria y las reglas de la sana crítica racional, se concluye de su contenido, el conocimiento del fundo y de la cadena posesoria data desde la década de los años 50, como se citó, pues identificaron a las personas que fueron poseedoras en condición de dueñas de un largo período de tiempo. Por ello, los reproches del ente procurador ante la audiencia final otorgada por el despacho, referido a la falta de precisión exacta de los testigos, no resulta de recibo. Pues del análisis de todas las deposiciones y la valoración integral de la prueba realizada por este Tribunal, se acredita un conocimiento mayor del terreno que el exigido por ley. En otro orden, se constata el titulante adquirió la posesión y mejoras de la finca mediante venta en julio del 2014, cuya escritura de traspaso número trescientos veintiuno, se confeccionó a las 10:30 horas del 11 de julio del 2014. Posesión vendida, según el documento, por [Nombre11]   , y en el cuerpo del documento se citó por el vendedor: “Que adquirí la propiedad descrita por medio de mi madre [Nombre7]  , viuda una vez, del hogar, cédula CED7-    -    , vecina de Nivel de Páramo de Pérez Zeledón, [Dirección8]     , quien me traspasó la posesión ejercida por ella y los anteriores poseedores de más de cincuenta años, mediante escritura número veintiocho, del tomo cuarenta y dos, visible al folio doce vuelto y trece frente, del Licenciado Miguel Salazar Gamboa, otorgada en Pérez Zeledón a las ocho horas del primero de agosto de mil novecientos noventa y ocho, testimonio original que he tenido a mi vista y del cual el Notario guardo copia en mi protocolo de referencias..“. Lo cual concuerda con el dicho de las personas testigas ya referidas supra en cuanto el inmueble se encuentra sometido a posesión desde la década de los años 50 de forma continua, pública y pacífica. Por lo que no posible acoger el reproche de la Procuraduría en el escrito de contestación de audiencia final, cuando alega que el área de los 2 kilómetros contiguos a la [Dirección9] con cobertura de robledales estuvo declarada Parque Nacional entre los años 1945 y 1973 y que los testigos manifestaron conocer el terreno apenas desde 1950 y 1951. Aunado a que los deponentes se limitaron a hacer una lista de ocupantes sin indicar cuanto tiempo estuvo en el terreno cada uno de ellos, pues analizados los elementos de prueba, en específico la compra venta y contrastarla de forma integral con los testimonios citados, encuentra valor probatorio lo indicado en esa escritura pública y resulta útil a fin de demostrar la transmisión de la posesión por parte de la cadena de transmisión de la posesión desde al menos 1951que aprovecha el titulante. No siendo de recibo por este Tribunal que la afectación es a partir de 1945; dada la derogatoria citada. En el caso en estudio, acorde con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe demostrarse mediante prueba testimonial una posesión ejercida al menos diez años antes al año 1975, fecha en que se creó la Reserva Forestal Los Santos y se afectaron las fincas existentes dentro de sus límites, al menos desde el año 1965, y que la misma se ha ejercido acorde con la protección de los recursos naturales existentes en el fundo.  Tal y como fue analizado, esa posesión fue acreditada aún desde la década de los años 50 por los testigos. Cuyas declaraciones resultan contestes en la cadena posesoria,  el origen y modo de la misma y resultan idóneos para acreditar dicha posesión en un plazo decenal anterior al año 1975. Los testimonios describen una cadena posesoria diáfana y coincidente con la escritura pública aportada a los autos por el promovente-. Por lo tanto,  se tiene por cumplido el requisito del ordinal 6 de la Ley de Informaciones Posesorias respecto a la demostración de la posesión idónea por el plazo legal exigido. Dicha comprobación se complementa con el estudio de uso de suelos y el reconocimiento judicial realizado por el juzgado de instancia. En el reconocimiento judicial del 11 de febrero 8 del año 2019 (reconocimiento judicial en expediente electrónico en disco compacto video 1) se observó que la finca se encontraba delimitada con alambre de púas, con una construcción de casa de habitación de madera en perfecto estado. Con vegetación de frutales propios de la zona y especies forestales, sin vestigios de corta o tala, o cultivos. (videos 1 y 2 de disco compacto parte del expediente). De esta probanza deduce este Tribunal que el lugar está delimitado, contiene vegetación de la zona y no se han lesionado los recursos del suelo o forestales. Por su parte, el estudio de suelos (imagen 26 a 28 de expediente digital modo pdf) se hizo constar el ejercicio de uso de suelos conforme en un cien por ciento. Anotó haberse encontrado un área con jardín, diversas plantas y árboles. Además una construcción. En el acápite de recomendaciones se citó que el uso desplegado en la finca protege el suelo, pues reduciendo la degradación por erosión. Todas estas probanzas acreditan el cumplimiento de las exigencias legales a fin de acreditar la posesión idónea en condición de dueño del terreno objeto de este proceso. No encontrando obstáculo alguno que impida a este Tribunal considerar que procede revocar lo resuelto en la sentencia apelada y aprobar el proceso planteado.

VIII- En la tramitación del proceso ante la audiencia final, el ente procurador alegó (imagen 107 a 113 expediente digital modo pdf), que el inmueble que se pretende titular se sitúa en la franja de dos kilómetros contigua a la [Dirección10] , para la protección de la especie de robles cuya afectación al dominio público indica,  es previa a la creación de la Reserva Forestal Los Santos. Alega, el artículo sexto de la Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939 disponía: "No podrán enajenarse baldíos situados en una zona... de 2000 metros de ancho a cada lado del trazado de la [Dirección11] ." ; es decir que desde 1939 tales áreas solo podían poseerse, mediante contratos de arrendamiento. Indica, la posesión apta para usucapir es la ejercida en calidad de persona propietaria, conforme al numeral 856 del Código Civil, no de arrendatario y no es posible modificar en forma unilateral la naturaleza de su título y al respecto cita votos 607-F-2004 y 934-F-2006 del Tribunal Agrario. Agrega, la Ley Nº 197 de 29 de agosto de 1945 reformó la Ley General de Terrenos Baldíos, adicionando el elemento de los robles y declarando Parque Nacional los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la [Dirección12]  del resto del trazado por construir que tengan robles. Por otro lado,  la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961 reiteró dicha afectación en el artículo 7 inciso a), al señalar: "Mientras el Estado por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Desarrollo Agrario, atendiendo razones de conveniencia nacional no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo dominio privado, los siguientes: ...Los comprendidos en una zona de dos mil metros a ambos lados del trazado de la [Dirección12]  en las zonas donde existan robles; ...". Señala la apelante, que esa norma se derogó el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley Nº 5385 de 30 de octubre de 1973, sin embargo, dos años después se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, (afectación vigente), resultando insuficiente el plazo de dos años para la consolidar la prescripción positiva o usucapión (artículo 860 del Código Civil). Se citan diversas resoluciones de la Sala Primera, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Agrario, que sostienen su alegato del impedimento el ejercicio de la posesión a título de dueño durante los 34 años previos a 1973 y considerar valida la ocupación para efectos de usucapir. Señaló, debía  de considerarse que el Derecho derogado supervive para regular los hechos o situaciones acontecidos o nacidos bajo su vigencia, conocido como el fenómeno de supervivencia del derecho abolido o ultraactividad de las normas derogadas. Citó en sus alegatos, en esa misma línea de pensamiento, durante la afectación a dominio público de la franja de 2000 metros de ancho a ambos lados de la [Dirección12]  cesó la posibilidad de ejercer derechos de posesión privada sobre esos terrenos. El área de los 2 kilómetros contiguos a la Interamericana con cobertura de robledales estuvo declarada Parque Nacional entre los años 1945 y 1973. Menciona la representante del ente procurador que la Sala Constitucional en el voto No. [Telf1] de 11 horas 20 minutos del 25 de enero del 2017, se declara incompetente para conocer el fondo de lo planteado en la acción de inconstitucionalidad, indicando que debe ser resuelto por el "Intérprete último" de la jurisdicción ordinaria, es decir la Sala Primera, la cual en voto No. 256-F-SI-2015 de 9 horas del 6 de marzo del 2015 estableció que son de aplicación las normas anteriores a la declaratoria de área silvestre protegida que contengan afectaciones al dominio público previas. Al respecto este Tribunal ha resuelto sobre los mismos reclamos en voto 866-F-19 de las once horas y veintitrés minutos del veinticinco de octubre de dos mil diecinueve: “El primer reproche versa sobre la imposibilidad legal de poseer en condición de dueño la finca objeto de este proceso, luego de la afectación a parque nacional la zona en 1961, y posterior a la derogatoria, a partir de la creación de la Reserva Forestal Los Santos en 1975; dados los efectos de las normas legales invocadas en el recurso y citadas en este considerando. Lo cual se rechaza. Consta en el subjúdice la finca a titularse se localiza en la Reserva Forestal Los Santos, creada por Decreto Ejecutivo Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, según certificación del MINAE y plano (imagen 156 y 154 expediente digital modo pdf). En tal documento se indica que se ubica en un cien por ciento dentro de esa área silvestre protegida citada y en la franja de los dos mil metros contiguos a la [Dirección13]  creada para la protección de especie de robles creada por Ley 2825 del 14 de octubre de 1961. De acuerdo a lo expuesto, si se parte de que el inmueble fue afectado al dominio público a partir de la vigencia del decreto que creó la Reserva Forestal Los Santos, Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, la posesión a acreditar debió remontarse al menos al año 1965. Como primer aspecto respecto a la afectación de la categoría de Parque Nacional de 1961 y Reserva Forestal de 1975 en el caso en concreto, si se parte de que el inmueble fue afectado al dominio público a partir de la vigencia del decreto que creó la Reserva Forestal Los Santos, Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, la posesión a acreditar debió remontarse al menos al año 1965. La apelante esgrime que la afectación al dominio público opera no desde un decenio anterior a 1975, puesto es un terreno que tiene robles y que se localiza en una zona de [Dirección14]   a ambos lados del trazado de la [Dirección15] , tal y como lo disponía el inciso a) del artículo 7º de la Ley de Tierras y Colonización, derogado el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley Nº 5385 de 30 de octubre de 1973. Sin embargo, señala la recurrente, dos años después se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975. De igual forma y para dar fundamento legal a su posición, cita normas legales anteriores que imponían limitaciones de posesión a los terrenos ubicados en ese sector. Este Tribunal considera que al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, que permitió en forma expresa la titulación de inmuebles con bosque, ubicados dentro de áreas protegidas, se produjo una desafectación del dominio público, y se  permitió ejercer la posesión idónea apta para titular, en la condiciones del artículo 856 el Código Civil, poseyendo en carácter de dueño, debiéndose acreditar una posesión decenal anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida. Dicha posesión, debió haber sido ejercida a título de dueño. Lo cual estima la recurrente no se produjo, debido a que conforme a los artículos 6 y 62 de la Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939 -ya derogada-, la posesión sobre estas áreas de terreno, se ejercía solo a través de un contrato de arrendamiento y tal posesión no es apta para usucapir. Observa esta Cámara, tales normas derogadas establecían: "No podrán enajenarse baldíos situados en una zona ... de 2000  metros de ancho a cada lado del cazado de la [Dirección16] ."; y: "El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamiento mediante contrato y por un plazo de cuatro años, prorrogable a voluntad de las partes, las fajas de terreno de que se habla en el artículo 6º en una extensión no mayor de doscientos cincuenta hectáreas, si se dedican a la cría o engorde de ganado, y no mayor de ciento veinticinco hectáreas, sí se destinan a cultivos agrícolas... ". A lo cual agrega que, según la Ley Nº 197 de 29 de agosto de 1945 que reformó la Ley General de Terrenos Baldíos, se adicionó el elemento de los robles, declarando Parque Nacional los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la [Dirección17]  del resto del trazado por construir que tengan robles. Este Tribunal con respecto a ese aspecto ha resuelto: “De acuerdo a la relación de normas citada, la posesión en carácter de arrendamiento pudo haberse dado hasta la derogatoria de la Ley General de Terrenos Baldíos, lo cual aconteció el 29 de agosto de 1945. Es decir, después de esa fecha, sí se pudo haber entrado a poseer esos terrenos en el carácter de dueño. Ahora bien, en esa fecha se declaró Parque Nacional a los terrenos comprendidos en la zona de [Dirección14]   a ambos lados de la [Dirección12]  del resto del trazado por construir que tengan robles. La categoría de Parque Nacional se mantuvo hasta que entró en vigencia la Ley de Tierras y Colonización, en la que se declaró a los terrenos ubicados en ese sector y que tuvieran robles, como de dominio público. Lo anterior significa que durante el período durante el cual esa área, dentro de la que está comprendido el inmueble a titular, constituyó parque nacional, dada su protección absoluta, no pudieron ejercerse actos posesorios agrarios hasta la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961. Después de esa fecha, la categoría de parque nacional varió, pudiendo poseerse esos terrenos en forma decenal hasta que se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Ejecutivo Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, situación que se dio en este caso, según el análisis que se hiciera de la prueba testimonial y documental aportada al proceso. Ciertamente, la Ley de Tierras y Colonización declaró de dominio público esas áreas, haciendo la salvedad de aquellas que estuvieran bajo dominio privado, como sucede en este caso; aunado a ello, tal declaratoria la hizo mediante un inciso que ya fue derogado. En consecuencia, no se comparten los razonamientos de la representante del Estado” (ver Votos 306-F-10 y 1044-F-10).­ Como se expuso, este inmueble forma parte de la Reserva Forestal Los Santos y bajo la inteligencia del artículo 6 y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, debe acreditarse una posesión mediante prueba testimonial con una antelación mínima de 10 años a la afectación legal a esos terrenos con la creación de la categoría de manejo citada, lo que ocurrió en el año 1975.  Para justificar la posesión, acorde con el ordinal 6 de la Ley de Informaciones Posesorias se deben aportar tres testigos. Además, al pretender aprovechar la posesión transmitida debió aportar el título por el cual adquirió el fundo, según regula el artículo 1 de la Ley de Informaciones Posesorias. La pretensión de esta información posesoria está vinculada al régimen de tenencia de tierra dentro áreas silvestres protegidas.” En virtud de esos razonamientos los alegatos de la Procuraduría General de la República han de ser rechazados por las razones legales expuestas. La propiedad del promovente no debe verse obstaculizada en virtud de una posición respecto a la perpetuidad de normas legales derogadas, cuando el mismo Estado emite normas recientes que establecen de forma expresa la posibilidad de obtener titulo inscribible siempre y cuando las personas promoventes han acreditado el cumplimiento de cada uno de los requisitos de orden legal y ambiental. Lo anterior en ejercicio del derecho constitucional a la propiedad privada. Que en este caso ha sido ejercida en respeto de los recursos naturales inmersos en la finca que se solicita titular por parte del promovente.  

                          IX - Por los motivos expuestos se concluye, en cumplimiento de los requisitos de la Ley de Informaciones Posesorias, Código Civil, Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos y su Reglamento, así como la Ley Forestal, [Nombre1]   ha aprovechado la posesión ejercida por sus transmitentes, desde la década de 1950, en un plazo decenal superior anterior de la creación de la Reserva Forestal Los Santos. Posesión ejercida en forma idónea para usucapir, de lo cual aportó documento público, donde consta el traspaso de su derecho y mediante los tres testigos, se acreditó claramente la cadena posesoria y la condición de la posesión apta, acorde con el artículo 863 del Código Civil y 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, necesaria para adquirir el derecho a que se le expida título inscribible en el Registro Público de su inmueble. Posesión desarrollada en respeto de los recursos naturales que contiene el terreno. Por ello, se deberá revocar la sentencia recurrida y aprobarse el proceso de información posesoria promovido. Así como ordenarse al Registro Público inscribir libre de cargas reales y gravámenes,  a nombre de [Nombre1]   , mayor, casado una vez, comerciante, cédula de residencia número CED8           , vecino de Pérez Zeledón, el inmueble sin inscribir con naturaleza de terreno de árboles y pasto. Sito en Páramo, [Dirección6]    , [Dirección7]  de San José. Linda al norte con calle pública con frente lineal de treinta y cuatro metros con setenta y ocho decímetros lineales, al sur y este con [Nombre2]  Ilama y oeste con [Nombre3]  Beita. Área de mil metros cuadrados. Plano SJ- Un Millón ochocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve- dos mil dieciséis. Estimado en seis millones de colones. Se decreta, se prohíbe el cambio de uso de suelos en las zonas de bosques y que debe acatarse el plan de manejo de la Reserva Forestal Los Santos. Se decreta que por colindar la finca al rumbo norte con calle pública, el derecho de vía es de catorce metros, de conformidad con el artículo cuatro de la Ley de Caminos Públicos y diecinueve inciso a) de la Ley de Informaciones Posesorias y que debe ser respetado. Área que por ser dominio público, no es parte del fundo a inscribir. Queda la presente finca afecta a las reservas de Ley de Aguas, Ley Forestal y Ley de Caminos Públicos, según el artículo diecinueve de la Ley de Informaciones Posesorias. Proceda el Juzgado de instancia a emitir la ejecutoria correspondiente y se le autoriza a hacer las correcciones que sean necesarias a fin de lograr la inscripción registral.

 

POR TANTO:

Se revoca la sentencia N. 2019000108 de las quince horas cincuenta minutos del diez de octubre del 2019. En su lugar, se aprueba el proceso de información posesoria promovido. Se ordena al Registro Público inscribir libre de cargas reales y gravámenes, a nombre de [Nombre1]   , mayor, casado una vez, comerciante, de nacionalidad colombiana, cédula de residencia número CED8           , vecino de Pérez Zeledón, el inmueble sin inscribir que se describe: Naturaleza de terreno de árboles, pasto y cabaña. Sito en Páramo, [Dirección6]    , [Dirección18] diecinueve de San José. Linda al norte con calle pública con frente lineal de treinta y cuatro metros con setenta y ocho decímetros lineales, al sur y este con [Nombre2]  Ilama y oeste con [Nombre3]  Beita. Área de mil metros cuadrados. Plano SJ- Un Millón ochocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve- dos mil dieciséis. Estimado en seis millones de colones. Se decreta, se prohíbe el cambio de uso de suelos en las zonas de bosques y debe acatarse el plan de manejo de la Reserva Forestal Los Santos. Se decreta que por colindar la finca al rumbo norte con calle pública, el derecho de vía es de catorce metros, de conformidad con el artículo cuatro de la Ley de Caminos Públicos y diecinueve inciso a) de la Ley de Informaciones Posesorias y que debe ser respetado. Área que por ser dominio público, no es parte del fundo a inscribir. Queda la presente finca afecta a las reservas de Ley de Aguas, Ley Forestal y Ley de Caminos Públicos, según el artículo diecinueve de la Ley de Informaciones Posesorias. Proceda el Juzgado de instancia a emitir la ejecutoria correspondiente y se le autoriza a hacer las correcciones que sean necesarias a fin de lograr la inscripción registral.

 

	

	

 




	

*9PKAGFL47QNI61*

9PKAGFL47QNI61

[Nombre19]    - JUEZ/A DECISOR/A

	




*DBWJ4VBOCVA61*

DBWJ4VBOCVA61

[Nombre20]   - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

*ABVWBS8OAHU61*

ABVWBS8OAHU61

[Nombre21]   - JUEZ/A DECISOR/A




 

	

 

	

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:35:31.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**FILE:**

**EXP1 - 2**

**PROCEEDING:**

**INFORMACIÓN POSESORIA**

**PROMOTED BY:**

**[Name1] AUGUSTO GONZALEZ OPINA**

**VOTE N° 140-F-2020**

**AGRARIAN TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.-** At eighteen hours and forty-six minutes on the twentieth of February two thousand twenty.-

**INFORMACIÓN POSESORIA** promoted by [Name1] , of legal age, married, merchant, resident of Pérez Zeledón, residency identification card number ID1 . Appearing in the proceeding are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC, represented by its deputy attorney Susana Fallas Cubero, of legal age, married, attorney, resident of San José, identity card number ID2 - - ; and the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT, legal identification number ID3 - - , represented by its general judicial attorney-in-fact, Marjorie Madrigal Muñoz, of legal age, divorced, attorney, resident of Alajuela, identity card number ID4 - - . Acting as special judicial attorney-in-fact for the promoter is Licenciado David Salazar Mora, bar number seventeen thousand five hundred seventy-four. Processed before the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón.-

**WHEREAS:**

1.- The promoter filed the proceeding to have the following described land registered in the Public Real Estate Registry: "Terreno de Árboles y pasto, located in SIBERIA de Páramo, [Address1] , Pérez Zeledón, canton nineteen of the province of San José, bounded on the north by: [Address2] , south: [Name2] , east: [Name2] , and west: [Name3] , measuring ONE THOUSAND square meters, according to plan number SJ- One Million EIGHT HUNDRED EIGHTY-EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY-NINE- TWO THOUSAND SIXTEEN." (See Virtual Desk of the Agrarian Court of Pérez Zeledón, Filing Tray; 09/06/17 at 14:39:22).-

2.- The Institute of Rural Development and the Office of the Attorney General of the Republic appeared in the proceeding, (See Virtual Desk of the Agrarian Court of Pérez Zeledón, Filing Tray; 06/21/18 at 10:00:05; and 08/07/19 at 04:06:31).-

3.- Judge Jorge Bolaños Gonzáles, of the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón, in judgment N° 2019000108 at fifteen hours and fifty minutes on the tenth of September of two thousand nineteen, resolved: "THEREFORE: THE present proceedings of INFORMACIÓN POSESORIA promoted by [Name1] ARE DISMISSED. Once this resolution is final, let the proceeding be terminated and the file archived," (See Virtual Desk of the Agrarian Court of Pérez Zeledón, [Address3] ; 09/10/19 at 15:50:38).-

4.- The plaintiff appeals with an express indication of the reasons why it challenges the thesis of the Court of first instance, (See Virtual Desk of the Agrarian Court of Pérez Zeledón, [Address4] , 09/27/19 at 07:35:33).

5.- In the substantiation of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, and the existence of errors or omissions capable of producing the nullity of the judgment is not noted.-

Drafted by Judge Castro García; and,

**WHEREAS**

**I- Proven Facts.** The proven facts contained in the appealed judgment numbers 1, 3, 8, and 9 are endorsed, as they conform to the evidence elements in the case file. The remaining facts are not endorsed because they do not technically constitute facts, but rather legal requirements of the proceeding. Of importance at this instance, the following facts are deemed accredited in this matter: 10) The property subject to this proceeding has been dedicated to a house, the maintenance of trees and various local plants, and the maintenance of fences, and its use has been exercised in accordance with land-use plans (uso conforme de suelos). (Proof/ recording backup of the testimonial statements of [Name4] , [Name5] , and [Name6] on compact disc part of the digital file, land-use study (estudio de uso de suelos) in image 26 to 28, judicial inspection (reconocimiento judicial) in video 1 on compact disc). 11) [Name1] acquired the possession and improvements of the property through a sale executed by public deed at ten hours thirty minutes on the eleventh of July of two thousand fourteen. Where [Name2] conveys them to him/her. In turn, he/she acquired from his/her mother [Name7] in 1998. Who transferred from [Name8] who was in possession for approximately ten years. The same who received the possession from [Name9] who was in possession for approximately 15 years. To whom [Name10] sold it, the first possessor recognized as owner since the year 1950 and 1951 (proof/ recording backup of the testimonial statements of [Name4] , [Name5] , and [Name6] on compact disc part of the digital file, deed number ID5 in image 23 to 24).

**II- Facts not proven.** The facts of this nature are not endorsed, as evidence exists that proves the contrary of what was recorded there.

**III- Appeal.** The promoter appeals the judgment denying this proceeding, number 2019000108 at 15:50 hours on September 10, 2019 (image 118 to 125 digital file pdf mode). Its complaint focuses on the reproach of having proven that the property has been in possession since before October 28, 1965. For the possession exercised over the land dates back to the year 1950. It argues that the evidence in the case file was not comprehensively assessed. It referred to what was declared by the three witnesses and indicates that what was stated in the judgment, regarding the lack of demonstration of possessory acts or from when they were exercised, cannot be deduced from its analysis. It reproaches that the three persons mention the periods of possession of each of those who have been owners of the land. That for logical reasons of their age, they do not remember exact dates. Which does not lead one to think that they are failing to tell the truth or that there is an evidentiary insufficiency. It is not possible to detract from their credibility and falsely indicate that their testimonies are dismissed without adequately reasoning the grounds. It claims that a possession exceeding 10 years prior to the creation of the protected wilderness area (área silvestre protegida) has been accredited, that the legal requirements demanded by special laws to obtain title and guarantee the constitutional right to private property have been met. It affirms that the MINAE report indicates the land is located within the two-kilometer strip adjoining the [Address5] . However, the prohibition or encumbrance that those areas had is repealed and it invokes the issued legislation and the line of jurisprudence regarding the titling of lands located within protected forest areas issued by the Agrarian Tribunal. Which has demanded compliance with the protection of forest resources, ecological possession (posesión ecológica), and the demonstration of a ten-year possession prior to the respective law or decree of encumbrance. All demonstrated in the proceeding in order to have a registrable title in the Public Registry. It cites various votes of this Tribunal, from which it partially extracts their content. Which develop the topic of the duty to demonstrate the possession of the property under the cited conditions. Therefore, it requests that the resolution be revoked.

**IV-** These proceedings are formulated with the purpose of registering in the Public Property Registry a real estate property with the nature of a land of trees and pasture. Located in Páramo, [Address6] , [Address7] of San José. Bounded on the north by a public street with a linear frontage of 34.78 linear meters, on the south and east by [Name2] Ilama, and west by [Name3] Beita. Area of one thousand square meters. Plan SJ- One Million eight hundred eighty-eight thousand four hundred eighty-nine- two thousand sixteen. Estimated at six million colones. The foregoing is in accordance with what is mentioned in the initial filing, as well as the plan provided (digital file image 2 to 8, plan in image 9 of digital file pdf mode, judicial inspection (reconocimiento judicial) in video 1 on compact disc part of the digital file, land-use study (estudio de suelos) in image 26 to 28). Said property is part of the protected wilderness area (área silvestre protegida) Los Santos Forest Reserve created in 1975, as indicated in the certification issued by the National System of Conservation Areas provided (image 12 same previous location). The property is outside of lands or properties administered by the Institute of Rural Development according to certification from the entity (image 67 to 68). It is verified that the legal edict was published in the Official Gazette and the title applicant has not registered any properties under the Ley de Informaciones Posesorias (image 51 and 38 to 20 digital file pdf mode). The adjoining owners [Name3] and [Name11] appeared and were in agreement through appearance filings provided and authenticated by Licenciado David Salazar Mora (filings in images 13 and 14 digital file pdf mode). In the same order of verifying compliance with legal requirements and having seen the grievances against the appealed decision referring to the lack of evidentiary assessment according to the rules of article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria), it is pertinent to note primarily that the cited article establishes the system of free assessment of evidence for agrarian proceedings. A system that requires the court to study and select the sources of evidence obtained in order to establish their efficacy to resolve the dispute submitted for its consideration, through perception, representation or reconstruction, and deductive or inductive reasoning. The court must set forth the principles of equity or law upon which it bases its decision. In this regard, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has resolved: "..., the assessment of evidence in conscience does not imply resolving arbitrarily, because every judge -as a public official that they are- is subject to the principle of legality, which constitutes an imperative of adequacy of public action, not only to the specific norms on a determined subject but to the entire block of legality; therefore, they cannot rule in contempt of constitutional principles and rights, as they are limited by the rules of sound critique and principles of reasonableness, which, duly applied, lead to the harmony of the jurisdictional assessment with the Political Constitution, as this Chamber understood in judgment 3484-94, at twelve hours on July eighth, nineteen ninety-four, in which it determined that the faculties of judges to assess evidence in conscience are not contrary to the judge's obligation to substantiate their rulings, a constitutional principle that constitutes due process... () the power granted to the agrarian judge to assess evidence in conscience and value it without strict subjection to the norms of common law, as provided in the second paragraph of the challenged article 54, is not unconstitutional, provided they issue a reasoned ruling, that is, they analyze the result of the evidence collected in the proceeding and express the principles of equity or law on which they base their criterion, thus respecting the minimum contents of the right of defense" (vote 3657 of May 7, 2003. See similarly votes N° 398 of June 6, 2001 of the First Chamber (Sala Primera). Similarly, see votes No. 206 of March 26, 1999, N°46 of April 26, 1995; Nª66 of February 6, 2009, and 364 of May 28, 2009 of the Agrarian Tribunal). Likewise, the obligation to issue a comprehensive assessment of the evidence in the case file is imposed on the adjudicator. Having clarified the foregoing and studied the appealed judgment, this instance finds that there was a partial analysis of the evidentiary elements without proper integration, as it focused on reasoning excerpts from what the witnesses declared, without delving into the total content of the testimonies, nor confronting them with the rest of the evidentiary body, as modern procedural systems require. The appellant is correct in the central argument of its reproaches.

**V-** Having seen what is appealed, it is appropriate to indicate, judgment N. 2019000108 at 15:50 hours on October tenth, 2019, which has been brought on appeal, disapproves the *información posesoria* proceeding by not holding the chain of possession nor the necessary legal antiquity as proven. That is, the demonstration of the ten-year possession over the real estate to be titled prior to executive decree No. 5389-A of October 12, 1975. As cited in the preceding whereas clause, the already described real estate that is the subject of this proceeding is located within the Los Santos Forest Reserve, created by executive decree N. 5389-A of October 12, 1975, as recorded in certification ID6. (image 12 of digital file pdf mode). Therefore, in accordance with article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, the applying party must prove the exercise of possession in the condition of owner in the terms of article 856 of the Civil Code, for at least 10 years before the encumbrance of the land to that management category; that is, prior to 1965. To justify the possession, in accordance with article 6 of the Ley de Informaciones Posesorias, three witnesses must be provided.

**VI-** Regarding the land tenure regime in protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), it must be stated, regardless of their management category, they must be understood as zones with a particular and specific administrative and normative regime, subject to management plans that ensure their protection, conservation, and rational use of natural resources. Their administration, management, and guardianship rests with MINAET, unless a special Law indicates another situation. Article 58 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) defines them as delimited geographic zones, consisting of lands, wetlands, and portions of sea, declared as such because they represent special significance, an interest for the guardianship and conservation of the environment and its ecosystems, as well as historical and cultural ones. This norm makes an express referral to the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) regarding the regulation of the requirements and mechanisms for the establishment or reduction of these areas. The administration by Law falls exclusively upon the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, except for Natural Monuments. For its part, the Forestry Law (Ley Forestal) provides that when a state-owned protected wilderness area (área silvestre protegida) is declared, it must immediately become part of the State's natural heritage, regulated by article 13 of the aforementioned norm, which expressly states that its administration corresponds to MINAET. This normative set must be interpreted in light of what is prescribed in article 58 *in fine* of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), which recognizes the acquired rights of indigenous populations, peasant communities, and natural or legal persons over lands that are declared protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) and their management categories. This is complemented by article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias when it states: "When the real estate to which the *información posesoria* refers is comprised within a protected wilderness area (área silvestre protegida), whatever its management category, the title applicant must demonstrate that they are the holder of legal rights over a ten-year possession, exercised at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created that wilderness area (área silvestre)." In this case, given the reproaches of appeal, it must be verified whether the possessory chain from 1965 or earlier is demonstrated. That is, for a period greater than the ten years prior to the encumbrance of the zone through the Los Santos Forest Reserve management category that occurred in 1975, to understand that the promoter's acquired rights to request recognition of their property right over the property must be recognized. In this regard, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice, in vote 144-96- at 16:51 hours on January 9, 1996, resolved: "In the case of establishing forest reserves, protective zones, and national wildlife refuges, there is the option for the owner to conserve their land, since, following the management plan, they can continue to use it in economic terms, that is, the imposed limitations are not of such magnitude that they prevent them from exploiting their property, therefore, they do not render their right nugatory." A guideline proper to the principle of Sustainable Development. In addition to the foregoing, it must be analyzed in this venue whether compliance with the exercise of ecological possession (posesión ecológica) has been met, in light of the land-use study (estudio de suelos), the judicial inspection (reconocimiento judicial) held for this purpose by the adjudicator, and the testimonies given in the *subjúdice*.

**VII-** Given the grievance in this specific case, having assessed the three statements in light of canons 54 and 61 of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria) in an integral manner with the remaining evidence collected, the exercise of a suitable possession, respectful of natural resources, exceeding the ten-year period prior to 1965 by the title applicant, who took advantage of the possession exercised by their transferor and previous ones, is deemed demonstrated in this Instance. For this, they provided the public deed of acquisition in their favor, in accordance with article 1 of the Ley de Informaciones Posesorias. Public deed of sale of July 11, 2014, where [Name12] sells the property in question to [Name1] (image 24 to 25 of digital file pdf mode). It is recorded in the case file (digital file on compact disc, an integral part of the file) that the testimonial evidence was given on February 11, 2019. Receiving the witness [Name4] , who stated being 78 years old. Living in Siberia. Not being a relative of the promoter. She stated knowing the property for many years, approximately since she was 10 years old. She described those she had known as owners and indicated that the first was [Name10] ; without knowing with certainty the years in which he possessed it. Knowing that it was later owned by [Name9] ; who was on the site for about 15 years. Subsequently, [Name8] entered into possession, who sold it to [Name7], her mother. She indicated [Name8] possessed it for approximately ten years; although she mentioned not remembering exactly the exact time. She pointed out, then Lady [Name13] was there for less time than the previous one. She continued indicating that later it was owned by [Name2], who sells it to [Name1] in 2014. She knows it is one thousand meters and has a cabin with electricity. In response to the attorney's questions, she indicates that the adjoining owners are [Name3] and [Name2], in addition to a public street. She affirmed she has not seen nor knows that there are springs (nacientes) on the property to be titled. There is no forest, there is no cattle, its topography is irregular. She knows that [Name2] sold to [Name1]. There have never been possession problems over the property, no occupants or third parties at any time. She pointed out, [Name1] has never had problems with anyone over the land and the property has never been abandoned by him/her or the previous owners. The community recognizes him/her as owner. She affirmed, timber has never been extracted from the land, what exists is what has always been there. She does not know of any other owner existing. (video number 4 on compact disc, integral part of the file. From this witness, this Chamber deduces that she has known the property since 1951, as she affirmed being 78 years old and having known it since she was 10 years old. The possessory chain described cites the first person she knows was the owner and whom she identifies as [Name10] , which occurred in 1951. Then [Name14] is cited, who she indicates was owner for 15 years, for [Name15] to later enter into possession, which she estimated was in that condition for about 10 years. Then [Name13], who was there for a period shorter than [Name8]. To conclude the possessory chain with [Name2], who in 2014 transfers it to the promoter. This Instance considers this witness proves that the property has been subject to possession in the condition of owners by those cited continuously, peaceably from 1951 to the present. Without any damage to natural resources or possessory conflicts having been recorded. On her part, the witness [Name5] mentioned being 81 years old, not being a relative of the title applicant. He knows the lot, which he says is one thousand meters. He described that the property first belonged to [Name10], without remembering for how long he had it; but he knows he is the primary owner. He pointed out he transferred it to whom he identifies as [Name16]; that is, [Name9] . Who transmitted it to [Name17] or [Name8] ; who later gave it to [Name7]. Then, he explains, she gave it to [Name18] known as [Name2], who later sold it to [Name1] about 8 years ago. He indicated he has known the property since 1950 when it belonged to [Name10]. In response to the attorney's questions, he indicates he knows the adjoining owners to be [Name3] and [Name2] on the sides and a public street. He affirmed there are no springs (nacientes) or streams. With forest, and it has a cabin. There is no cattle. Its topography is not very flat. There have never been possession problems over the property, no occupants or third parties at any time by [Name1] or previous owners. He pointed out, neither the previous owners nor [Name1] have ever had problems with anyone over the land, and the property has never been abandoned by him/her or the previous ones. He affirmed, he/she is recognized as the owner. He affirmed he has never noticed that timber has been extracted from the land. He does not know of any other owner existing. (video number 5 on compact disc, integral part of the file. This Chamber observes that this witness has known the property since the 1950s, describes the same possessory chain referred to by the previous deponent. As well as that the property has been, since that date, under the possessory dominion of those he indicates have been its owners. He is also aware of the absence of conflicts over the possession of the property, which has been continuous, public, and in the condition of titleholders. The witness [Name6] testified in the same vein, mentioning being 81 years old, living in Siberia, not being a relative of the title applicant, only an acquaintance. Regarding the property, he indicates it has been well cared for, it has a cabin and a person who cares for the parcel. He indicates [Name2] sold to [Name1] in 2014. He knows for a fact that it has had several owners, it was a large property and the first was [Name10] in the fifties. Later, he transferred it to [Name9] , who conveyed it to his son [Name8] , who sold it to [Name7]. Then, it is sold to [Name2]. In response to the attorney's questions, he indicates he knows the adjoining owners to be [Name3] and [Name2] on the sides and a public street. He indicated the area is one thousand meters. He affirmed there are no springs (nacientes) or streams within the parcel. It has forest. There is no cattle, it is only for visiting. Its topography is not very flat. There have never been possession problems over the property by squatters. He pointed out, neither the previous owners nor [Name1] have ever had problems with anyone over the land, and the property has never been abandoned by him/her or the previous ones. Nor does any other owner exist. He recognizes the title applicant as the owner. He knows that timber has not been extracted (video number 6 on compact disc, integral part of the file. This Chamber observes this statement agrees in all aspects of the possessory chain with the previous ones and has knowledge of the property and its possessors since the 1950s. He described the same possessory chain, and with it, it is reaffirmed that the real estate has been subjected to private dominion by the various persons outlined since the cited date. In the same order, the absence of conflicts over the possession of the property is known, detailed as continuous, public dominion and in the condition of titleholders. For this Instance, these statements are useful and pertinent for the purposes of demonstrating the ten-year possession prior to 1975, in accordance with article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, when the property was encumbered by the declaration of protected wilderness area (área silvestre protegida) through decree N. SJ-1779828-2014 that created the Los Santos Forest Reserve. Regarding the precision of dates of the possessors of an unregistered property, the Agrarian Tribunal has resolved: "Furthermore, it is important to point out that it is not necessary for the witnesses to be so punctual regarding the exact dates of possession of each of the transferors, or to know all of them, even less so in cases like the present one where the property has had so many owners, since what is important is that there exists a reference to the persons linked to the exercise of possession during all those years and to the protection being carried out of the forest resource, given the requirements set forth in article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, and to the land-use in accordance with the land-use plan (uso conforme del suelo) as per the certification on folio 179, among other legal requirements that have not been objected to by the appellant.-" (vote N. 874-F-08). A criterion that has been sustained in subsequent votes and that this Chamber shares. What is important in order to determine whether or not the titling of a land located within protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) proceeds is the knowledge that the witnesses of the property manage to prove regarding the sufficient antiquity of the possessory chain and the acts carried out on the real estate. This Venue notes, what was declared by all the witness persons proves facts that go beyond the year 1965, by mentioning that in the 1950s, they knew the land belonged to [Name10] and agreeing on the possessory chain in a chronological and concordant manner. Under the system of free evidentiary assessment and the rules of rational sound critique, it is concluded from its content that knowledge of the property and the possessory chain dates back to the 1950s, as cited, for they identified the persons who were possessors in the condition of owners over a long period of time. Therefore, the reproaches of the Attorney General's Office (ente procurador) at the final hearing (audiencia final) granted by the court, referring to the lack of exact precision of the witnesses, are untenable. For from the analysis of all the depositions and the comprehensive assessment of the evidence carried out by this Tribunal, a knowledge of the land greater than that required by law is proven. In another order, it is verified that the title applicant acquired the possession and improvements of the property through a sale in July 2014, whose transfer deed number three hundred twenty-one was executed at 10:30 hours on July 11, 2014. Possession sold, according to the document, by [Name11] , and in the body of the document, the seller stated: "That I acquired the described property through my mother [Name7] , a widow once, of the household, ID card ID7- - , resident of Nivel de Páramo de Pérez Zeledón, [Address8] , who transferred to me the possession exercised by her and the preceding possessors for more than fifty years, through deed number twenty-eight, of volume forty-two, visible on folios twelve verso and thirteen recto, of Licenciado Miguel Salazar Gamboa, executed in Pérez Zeledón at eight hours on the first of August of nineteen ninety-eight, original testimony which I have had before me and of which the Notary keeps a copy in my reference protocol...". Which agrees with the statements of the witness persons already referred to supra, in that the real estate has been subject to possession since the 1950s in a continuous, public, and peaceable manner. Therefore, it is not possible to accept the reproach of the Attorney General's Office (Procuraduría) in the final hearing response filing, when it alleges that the area of the 2 kilometers adjacent to the [Address9] with oak groves coverage was declared a National Park between 1945 and 1973 and that the witnesses stated they only came to know the land in 1950 and 1951. In addition to the fact that the deponents limited themselves to making a list of occupants without indicating how much time each of them was on the land, for, having analyzed the evidence elements, specifically the purchase-sale, and contrasted it in an integral manner with the cited testimonies, what is indicated in that public deed holds evidentiary value and is useful for demonstrating the transmission of possession through the chain of transmission of possession from at least 1951, which the title applicant benefits from. The argument that the encumbrance is from 1945 is not accepted by this Tribunal, given the cited repeal. In the case under study, in accordance with article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, a possession exercised at least ten years prior to 1975—the date on which the Los Santos Forest Reserve was created and the properties existing within its limits were encumbered—must be demonstrated by means of testimonial evidence, at least since 1965, and that it has been exercised in accordance with the protection of the natural resources existing on the property. As was analyzed, that possession was proven even from the 1950s by the witnesses.

Whose declarations are consistent in the chain of possession, its origin and manner, and are suitable to prove such possession for a ten-year period prior to 1975. The testimonies describe a clear chain of possession coinciding with the public deed submitted to the record by the petitioner. Therefore, the requirement of subsection 6 of the Ley de Informaciones Posesorias regarding the demonstration of suitable possession for the required legal period is deemed fulfilled. Said verification is complemented by the land-use study (estudio de uso de suelos) and the judicial inspection conducted by the trial court. At the judicial inspection on February 11, 2019 (judicial inspection in electronic file on compact disc video 1), it was observed that the property was fenced with barbed wire, with a wooden dwelling house in perfect condition. With fruit-tree vegetation typical of the area and forest species, without any traces of cutting or felling, or crops. (videos 1 and 2 of compact disc part of the file). From this evidence, this Court infers that the place is fenced, contains local vegetation, and the soil or forest resources have not been harmed. As for the land-use study (soil study) (image 26 to 28 of digital file in pdf format), it was recorded that the land use was exercised in one hundred percent conformity. It noted having found an area with a garden, various plants and trees. Also a building. In the recommendations section, it was cited that the use carried out on the property protects the soil, by reducing degradation through erosion. All this evidence proves compliance with the legal requirements in order to prove suitable possession as the owner of the land subject to this proceeding. Finding no obstacle whatsoever that prevents this Court from considering that it should revoke the ruling in the appealed judgment and approve the proceeding filed.

VIII- During the proceeding before the final hearing, the attorney general's office argued (image 107 to 113 digital file in pdf format) that the property sought to be titled is located in the two-kilometer strip contiguous to the [Dirección10], for the protection of the oak species, whose encumbrance to the public domain it indicates is prior to the creation of the Reserva Forestal Los Santos. It argues that Article 6 of the Ley General de Terrenos Baldíos No. 13 of January 10, 1939, provided: "Baldíos located in a zone... of 2000 meters in width on each side of the route of the [Dirección11] may not be alienated."; that is, since 1939 such areas could only be possessed through lease contracts. It indicates that possession suitable for usucaption (usucapir) is that exercised in the capacity of owner, pursuant to section 856 of the Civil Code (Código Civil), not as a tenant, and it is not possible to unilaterally modify the nature of one's title, and in this regard it cites votes 607-F-2004 and 934-F-2006 of the Agrarian Court (Tribunal Agrario). It adds that Law No. 197 of August 29, 1945, reformed the Ley General de Terrenos Baldíos, adding the element of the oaks and declaring as a National Park (Parque Nacional) the lands comprised within the two-thousand-meter zone on both sides of the [Dirección12] of the rest of the route yet to be built that have oaks. On the other hand, the Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961, reiterated said encumbrance in Article 7 subsection a), by stating: "While the State, of its own will or by indication of the Ministry of Agriculture or the Institute of Agrarian Development, on grounds of national convenience, does not determine the lands that must remain under its domain, the following shall be considered inalienable and not susceptible to acquisition by denouncement or possession, except those already under private domain: ...Those comprised in a two-thousand-meter zone on both sides of the route of the [Dirección12] in areas where oaks exist; ...". The appellant points out that this norm was repealed on November 9, 1973, by Law No. 5385 of October 30, 1973; however, two years later the Reserva Forestal Los Santos was created, by Decree No. 5389-A of October 28, 1975, (encumbrance in force), making the two-year period insufficient to consolidate positive prescription or usucaption (usucapión) (article 860 of the Civil Code). Various resolutions of the First Chamber (Sala Primera), the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice, and the Agrarian Court are cited, which support its argument of the impediment to exercising possession under title of owner during the 34 years prior to 1973, and considering the occupation valid for usucaption purposes. It indicated that repealed law must be considered as surviving to regulate the facts or situations that occurred or arose under its validity, known as the phenomenon of survival of abolished law or ultra-activity of repealed norms. In its arguments, along the same line of thought, it cited that during the encumbrance to the public domain of the 2000-meter-wide strip on both sides of the [Dirección12], the possibility of exercising private possessory rights over those lands ceased. The area of the 2 kilometers contiguous to the Interamericana with oak forest cover (cobertura de robledales) was declared a National Park between the years 1945 and 1973. The representative of the attorney general's office mentions that the Constitutional Chamber, in vote No. [Telf1] of 11 hours 20 minutes on January 25, 2017, declared itself incompetent to hear the merits of the action of unconstitutionality, indicating that it must be resolved by the "Ultimate Interpreter" of the ordinary jurisdiction, that is, the First Chamber, which in vote No. 256-F-SI-2015 of 9 hours on March 6, 2015, established that the norms prior to the declaration of the protected wilderness area (área silvestre protegida) that contain prior encumbrances to the public domain are applicable. In this regard, this Court has resolved on the same claims in vote 866-F-19 of eleven hours and twenty-three minutes on October twenty-fifth, two thousand nineteen: “The first objection deals with the legal impossibility of possessing as owner the property subject to this proceeding, after the encumbrance of the zone as a national park in 1961, and after its repeal, following the creation of the Reserva Forestal Los Santos in 1975; given the effects of the legal norms invoked in the appeal and cited in this recital. Which is rejected. It is on record in the sub judice that the property to be titled is located in the Reserva Forestal Los Santos, created by Decreto Ejecutivo No. 5389-A of October 28, 1975, according to certification from MINAE and the plan (image 156 and 154 digital file in pdf format). In said document, it is indicated that it is located one hundred percent within that cited protected wilderness area and in the two-thousand-meter strip contiguous to the [Dirección13] created for the protection of oak species created by Law 2825 of October 14, 1961. According to the foregoing, if we start from the premise that the property was encumbered to the public domain upon the entry into force of the decree that created the Reserva Forestal Los Santos, No. 5389-A of October 28, 1975, the possession to be proved had to date back to at least 1965. As a first aspect regarding the encumbrance of the National Park category of 1961 and the Forest Reserve (Reserva Forestal) of 1975 in this specific case, if we start from the premise that the property was encumbered to the public domain upon the entry into force of the decree that created the Reserva Forestal Los Santos, No. 5389-A of October 28, 1975, the possession to be proved had to date back to at least 1965. The appellant argues that the encumbrance to the public domain operates not from a decade prior to 1975, since it is a land that has oaks and is located in a [Dirección14] zone on both sides of the route of the [Dirección15], as provided in subsection a) of Article 7 of the Ley de Tierras y Colonización, repealed on November 9, 1973, by Law No. 5385 of October 30, 1973. However, the appellant points out, two years later the Reserva Forestal Los Santos was created, by Decree No. 5389-A of October 28, 1975. Likewise, and to give legal basis to its position, it cites prior legal norms that imposed possession limitations on lands located in that sector. This Court considers that upon the entry into force of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which expressly allowed the titling of properties with forest, located within protected areas (áreas protegidas), a disencumbrance (desafectación) from the public domain occurred, and it was allowed to exercise suitable possession fit for titling, under the conditions of article 856 of the Civil Code, possessing in the capacity of owner, requiring proof of possession for a decade prior to the entry into force of the law or decree that created the protected area. Said possession must have been exercised under title of owner. The appellant considers this did not occur, because according to Articles 6 and 62 of the Ley General de Terrenos Baldíos No. 13 of January 10, 1939 – already repealed – possession over these areas of land was exercised only through a lease contract, and such possession is not suitable for usucaption. This Chamber observes that those repealed norms established: "Baldíos located in a zone ... of 2000 meters in width on each side of the route of the [Dirección16] may not be alienated."; and: "The Executive Branch may lease by contract and for a term of four years, extendable at the will of the parties, the strips of land referred to in Article 6 in an area not greater than two hundred fifty hectares, if they are used for raising or fattening cattle, and not greater than one hundred twenty-five hectares, if they are used for agricultural cultivation...". To which it adds that, according to Law No. 197 of August 29, 1945, which reformed the Ley General de Terrenos Baldíos, the element of the oaks was added, declaring as a National Park the lands comprised in the two-thousand-meter zone on both sides of the [Dirección17] of the rest of the route yet to be built that have oaks. With respect to that aspect, this Court has resolved: “According to the list of norms cited, possession in the capacity of tenant could have occurred until the repeal of the Ley General de Terrenos Baldíos, which occurred on August 29, 1945. That is, after that date, it was indeed possible to begin possessing those lands in the capacity of owner. However, on that date, the lands comprised in the [Dirección14] zone on both sides of the [Dirección12] of the rest of the route yet to be built that have oaks were declared a National Park. The National Park category remained until the entry into force of the Ley de Tierras y Colonización, in which lands located in that sector that had oaks were declared as public domain. The foregoing means that during the period in which that area, within which the property to be titled is comprised, constituted a national park, given its absolute protection, agrarian possessory acts could not be exercised until the entry into force of the Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961. After that date, the national park category varied, allowing those lands to be possessed for a ten-year period until the Reserva Forestal Los Santos was created, by Decreto Ejecutivo No. 5389-A of October 28, 1975, a situation that occurred in this case, according to the analysis made of the testimonial and documentary evidence submitted to the proceeding. Certainly, the Ley de Tierras y Colonización declared those areas as public domain, making the exception of those that were under private domain, as occurs in this case; coupled with that, it made such declaration through a subsection that has since been repealed. Consequently, the reasoning of the State's representative is not shared” (see Votes 306-F-10 and 1044-F-10). As stated, this property forms part of the Reserva Forestal Los Santos, and under the interpretation of Articles 6 and 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, possession must be proved by testimonial evidence with a minimum of 10 years prior to the legal encumbrance of those lands with the creation of the cited management category, which occurred in 1975. To justify possession, in accordance with subsection 6 of the Ley de Informaciones Posesorias, three witnesses must be provided. Furthermore, when seeking to avail oneself of transmitted possession, one had to submit the title by which the property was acquired, as regulated by Article 1 of the Ley de Informaciones Posesorias. The claim of this possessory information (información posesoria) is linked to the land tenure regime within protected wilderness areas.” By virtue of that reasoning, the arguments of the Procuraduría General de la República must be rejected for the legal reasons stated. The petitioner's property must not be hindered by virtue of a position regarding the perpetuity of repealed legal norms, when the State itself issues recent norms that expressly establish the possibility of obtaining a registrable title as long as the petitioners have proven compliance with each of the legal and environmental requirements. This, in exercise of the constitutional right to private property. Which in this case has been exercised with respect for the natural resources immersed in the property that the petitioner requests to have titled.

IX - For the reasons stated, it is concluded, in compliance with the requirements of the Ley de Informaciones Posesorias, the Civil Code, the Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos and its Reglamento, as well as the Ley Forestal, that [Nombre1] has availed himself of the possession exercised by his transferors, since the 1950s, for a ten-year period prior to the creation of the Reserva Forestal Los Santos. Possession exercised in a manner suitable for usucaption, for which he provided a public document recording the transfer of his right, and through the three witnesses, the possessory chain and the condition of suitable possession were clearly proven, in accordance with article 863 of the Civil Code and Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, necessary to acquire the right to have a registrable title issued in the Public Registry (Registro Público) for his property. Possession developed with respect for the natural resources the land contains. Therefore, the appealed judgment must be revoked and the possessory information proceeding filed must be approved. As well as ordering the Public Registry to register, free of liens and encumbrances, in the name of [Nombre1], of legal age, married once, merchant, residency identification number CED8, resident of Pérez Zeledón, the unregistered property with the nature of land of trees and pasture. Located in Páramo, [Dirección6], [Dirección7] of San José. Bounded on the north by a public road with a linear frontage of thirty-four linear meters and seventy-eight linear decimeters, on the south and east by [Nombre2] Ilama and on the west by [Nombre3] Beita. Area of one thousand square meters. Plan SJ- One Million eight hundred eighty-eight thousand four hundred eighty-nine- two thousand sixteen. Valued at six million colones. It is decreed that land-use change (cambio de uso de suelos) is prohibited in the forest zones and that the management plan of the Reserva Forestal Los Santos must be observed. It is decreed that since the property bounds a public road on its north side, the right-of-way is fourteen meters, in accordance with article four of the Ley de Caminos Públicos and nineteen subsection a) of the Ley de Informaciones Posesorias, and that it must be respected. An area which, being public domain, is not part of the property to be registered. This property remains subject to the reservations of the Ley de Aguas, the Ley Forestal, and the Ley de Caminos Públicos, according to article nineteen of the Ley de Informaciones Posesorias. Let the trial court proceed to issue the corresponding execution order and it is authorized to make any necessary corrections to achieve registry registration.

THEREFORE:

The judgment No. 2019000108 of fifteen hours fifty minutes on October tenth, 2019, is revoked. Instead, the possessory information proceeding filed is approved. The Public Registry is ordered to register, free of liens and encumbrances, in the name of [Nombre1], of legal age, married once, merchant, of Colombian nationality, residency identification number CED8, resident of Pérez Zeledón, the unregistered property described as follows: Nature of land of trees, pasture, and cabin. Located in Páramo, [Dirección6], [Dirección18] nineteen of San José. Bounded on the north by a public road with a linear frontage of thirty-four linear meters and seventy-eight linear decimeters, on the south and east by [Nombre2] Ilama and on the west by [Nombre3] Beita. Area of one thousand square meters. Plan SJ- One Million eight hundred eighty-eight thousand four hundred eighty-nine- two thousand sixteen. Valued at six million colones. It is decreed that land-use change is prohibited in the forest zones and the management plan of the Reserva Forestal Los Santos must be observed. It is decreed that since the property bounds a public road on its north side, the right-of-way is fourteen meters, in accordance with article four of the Ley de Caminos Públicos and nineteen subsection a) of the Ley de Informaciones Posesorias, and that it must be respected. An area which, being public domain, is not part of the property to be registered. This property remains subject to the reservations of the Ley de Aguas, the Ley Forestal, and the Ley de Caminos Públicos, according to article nineteen of the Ley de Informaciones Posesorias. Let the trial court proceed to issue the corresponding execution order and it is authorized to make any necessary corrections to achieve registry registration.

*9PKAGFL47QNI61*
9PKAGFL47QNI61
[Nombre19] - JUEZ/A DECISOR/A

*DBWJ4VBOCVA61*
DBWJ4VBOCVA61
[Nombre20] - JUEZ/A DECISOR/A

*ABVWBS8OAHU61*
ABVWBS8OAHU61
[Nombre21] - JUEZ/A DECISOR/A

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 22-03-2026 08:35:31.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República