Res. 00033-2020 Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV — Annulment of Land Titling on State Natural HeritageNulidad de titulación de lote en Patrimonio Natural del Estado

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV

Resolución Nº 00033 - 2020

Fecha de la Resolución: 14 de Abril del 2020 a las 10:10

Expediente: 13-005627-1027-CA

Redactado por: José Iván del Socorro Salas Leitón

Clase de asunto: Proceso de lesividad

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Sentencias en igual sentido


Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Procesal Contencioso Administrativo

Tema: Proceso de lesividad

Subtemas:

Nulidad absoluta del acuerdo tomado por el Instituto de Desarrollo Rural que ordeno la titulación de una parcela que forma parte del Patrimonio Natural del Estado a favor de un particular.

Tema: Motivación del acto administrativo

Subtemas:

Omisión constituye una violación al derecho de defensa del administrado.

Tema: Bien demanial

Subtemas:

Nulidad absoluta del acuerdo tomado por el Instituto de Desarrollo Rural que ordeno la titulación de una parcela que forma parte del Patrimonio Natural del Estado a favor de un particular.

Tema: Patrimonio natural

Subtemas:

Nulidad absoluta del acuerdo tomado por el Instituto de Desarrollo Rural que ordeno la titulación de una parcela propiedad del Estado a favor de un particular.

"V.- DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO: El proceso de lesividad tiene como objeto, que en sentencia se anule el acuerdo tomado por la Junta Directiva del INDER en el artículo 56, de la sesión 022-05, celebrada el 03 de mayo del 2005, en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Puntarenas, folio real No. 146022-000, por considerar que se hizo sin que el beneficiado cumpliera con los requisitos que le exigía la normativa aplicable, y que a raíz de ello se anulen los actos conexos tales como la escritura mediante la que se materializó la titulación del bien a favor del señor Rosales Ramírez y la inscripción registral. En cuanto a la nulidad del acto administrativo, esta Sección del Tribunal ha reiterado en sus sentencias, entre otras, la No. 64-2016 de las nueve horas del doce de julio de dos mil dieciséis: "...Conforme con el artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP) la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste. Manifestando a continuación, que será inválido el acto administrativo sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico, precisando que las infracciones insustanciales no invalidarán el acto. Lo que significa que en un acto administrativo se pueden presentar dos tipos de infracciones: sustanciales e insustanciales, siendo las primeras de ellas las que determinan la invalidez del acto, que se manifiesta, dependiendo de la gravedad de la violación cometida, en nulidad relativa o absoluta y, las insustanciales que no producen la invalidez del acto, pero si responsabilidad disciplinaria del servidor agente. En tal sentido, la validez del acto administrativo se verifica con el cumplimiento y presencia en forma perfecta de los elementos que lo constituyen, tanto formales como sustanciales. Estos elementos a que hacemos referencia, la doctrina nacional, como la LGAP, los distingue entre formales y sustanciales. Entre los elementos formales se encuentran el sujeto, procedimiento y la forma, y en los sustanciales o materiales se tiene el motivo, el contenido y el fin. El primer elemento formal del acto administrativo es el sujeto. Corresponde al autor del acto. Es el funcionario público, órgano o ente administrativo que dicta un acto administrativo, el cual debe a su vez contar con una serie de requisitos, tales como: investidura, competencia y titularidad. La investidura es el nombramiento o la elección de una persona en un cargo o empleo público (en tal sentido artículos 111 y siguientes de la LGAP). Es la potestad para actuar a nombre y por cuenta del Estado y dirigir a éste el efecto de su conducta. Esta puede darse por elección o nombramiento. Se hace efectiva con la toma de posesión del cargo. Eduardo Ortiz define a la competencia "como la medida exacta de la cantidad de medios legalmente autorizados en favor del Estado, dentro de un caso concreto para perseguir un fin determinado". La competencia significa la cantidad de poderes y deberes dispuestos en favor de un determinado ente administrativo. La competencia es el complejo de facultades y poderes atribuido a un determinado órgano administrativo con relación a los demás, pues el fundamento de la competencia radica en la pluralidad de órganos que integran la Administración Pública y la distribución de las distintas funciones entre ellas (artículos 59 y 129 LGAP). Finalmente la titularidad, implica que el funcionario público no sólo debe ser competente, sino además debe ser el titular de la competencia. Por titular se ha entendido aquel que ejerce un cargo, profesión u oficio, por derecho propio o nombramiento definitivo, con la plenitud de requisitos y estabilidad, a diferencia del llamado a ocuparlo provisionalmente. El segundo elemento formal del acto administrativo es el procedimiento. La Administración Pública cuenta con la facultad de emitir actos administrativos en forma unilateral, que incluso pueden llegar a anular o revocar derechos subjetivos de los particulares. Este poder de auto tutela ha sido limitado por el ordenamiento jurídico. Ese límite lo constituye la obligación de la Administración Pública de seguir un procedimiento para emitir el acto administrativo. El procedimiento administrativo es una serie concatenada de actos procedimentales tendentes a un fin. El procedimiento administrativo tiene por objeto fundamental la averiguación de la verdad real del motivo que va a servir de base al acto administrativo final. El procedimiento se trata del modo de producción de un acto (artículos 214, 216, 224, 225, 308 y 320 LGAP). Ahora bien, en el caso que tal procedimiento tenga por objeto la imposición de una sanción, o de alguna manera un acto de gravamen, sea que imponga una obligación o la pérdida de una condición o derecho, se requiere que el acto de inicio de tal procedimiento sea debidamente comunicado al afectado. Esta comunicación se logra de dos maneras: notificación o publicación. Se comunican por publicación los actos generales y por notificación los concretos –artículo 240 Ley General de la Administración Pública-, sin embargo, cuando se ignore o esté equivocado el lugar para notificaciones al interesado por culpa de éste, deberá comunicársele el acto por publicación, en cuyo caso la comunicación se tendrá por hecha cinco días después de ésta última (artículo 242 LGAP). La notificación es el modo de comunicar al afectado o destinatario del acto final, de manera directa y personal, el inicio del procedimiento, lo que constituye un requisito fundamental para la seguridad jurídica y el debido proceso sustancial. La notificación es un deber jurídico de la Administración, cuya finalidad es asegurar el verdadero, real e íntegro conocimiento por parte de los afectados del establecimiento de un procedimiento administrativo en su contra y de sus consecuencias. Indudablemente, la debida notificación constituye una manifestación más de los elementos que integran el debido proceso, los que ha definido la Sala Constitucional de la siguiente manera: a) hacer traslado de cargos al afectado, lo cual implica comunicar en forma individualizada, concreta y oportuna los hechos que se imputan; b) permitirle el acceso irrestricto al expediente administrativo, c) concederle un plazo razonable para la preparación de su defensa, d) concederle la audiencia y permitirle aportar toda prueba que considere oportuna para respaldar su defensa; e) fundamentar las resoluciones que pongan fin al procedimiento; f) reconocer su derecho a recurrir contra la resolución sancionatoria” (Voto número 5469-95 de las dieciocho horas tres minutos del cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco). Valga señalar que al tenor del artículo 223 LGAP, solo causará la nulidad de lo actuado, la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento, entendiendo como tal, la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión. Se tiene entonces, que los vicios del procedimiento son los causados al inobservarse la debida ritualidad de éste, en tanto con la omisión o ausencia de esa formalidad se impida o cambie la decisión final o que se cause indefensión. El tercer elemento formal del acto administrativo es la forma, que es la manera como se exterioriza o manifiesta el acto administrativo. De conformidad con el artículo 134 de la LGAP, el acto administrativo deberá expresarse por escrito, salvo que su naturaleza o las circunstancias exijan forma diversa (ver 136 LGAP y 146 Constitución Política). Deriva de este elemento formal, la obligación de la Administración de justificar adecuadamente sus decisiones, por medio de la motivación de sus actos, en tanto la motivación significa la explicación, fundamentación o justificación que la Administración brinda en el dictado de un acto administrativo. Se ha dicho que “Motivar un acto administrativo es reconducir la decisión que en el mismo se contiene a una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. Por ello motivar un acto obliga a fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración se parte y a incluir tales hechos en el supuesto de una norma jurídica; y, en segundo lugar, a razonar como tal norma jurídica impone la resolución que se adopta en la parte dispositiva del acto.” (Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández; “Curso de Derecho Administrativo”, Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, 1997, p. 556). La Sala Constitucional ha manifestado: "En cuanto a la motivación de los actos administrativos se debe entender como la fundamentación que deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, tomando en cuenta los motivos de hecho y de derecho, y el fin que se pretende con la decisión. En reiterada jurisprudencia, este tribunal ha manifestado que la motivación de los actos administrativos es una exigencia del principio constitucional del debido proceso así como del derecho de defensa e implica una referencia a hechos y fundamentos de derecho, de manera que el administrado conozca los motivos por los cuales ha de ser sancionado o por los cuales se le deniega una gestión que afecta sus intereses o incluso sus derechos subjetivos." (Voto 7924-99). Respecto de los elementos materiales o sustanciales del acto administrativo, tenemos que el motivo (artículo 133 LGAP) es el presupuesto jurídico, el hecho condicionante que da génesis al acto administrativo. De tal manera que el motivo del acto administrativo constituye el supuesto o el hecho condicionante de la emisión de un acto administrativo, en otros términos, constituye la razón de ser del acto administrativo, lo que obliga o permite su emisión. Puede consistir en un acto o un hecho jurídico previsto por la norma jurídica. En tanto que el contenido del acto, constituye el efecto jurídico o la parte dispositiva del acto, lo que manda, ordena o dispone. Es el cambio que introduce en el mundo jurídico. Es la parte del acto que dispone una sanción, una autorización, permiso, concesión (artículo 132 LGAP). El último de los elementos sustanciales o materiales es el Fin. La Administración Pública tiene un cometido único, la satisfacción del interés público. Esa satisfacción del interés público se logra de diversas maneras, siendo una de ellas a través de la emisión de actos administrativos que actúan las competencias específicas asignadas al órgano u ente administrativo y que le han sido asignadas, precisamente para actuar y satisfacer el interés público incito en la competencia conferida. En principio se entiende que, todo acto administrativo, como resultado concreto de una competencia genérica, tiende a la satisfacción del interés común. Por ello se afirma, que el fin del acto administrativo en consecuencia será la satisfacción del interés público, que constituye el fin general de todo acto administrativo y a su vez, el fin específico será la satisfacción del interés público que está a cargo de esa competencia (artículo 131 LGAP). Dispone el artículo 166 LGAP: “Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente.” Advirtiendo, como nos los recuerda Garrido Falla que "la noción de acto administrativo es indudablemente una consecuencia de la sumisión de la Administración Pública a un régimen de derecho" y que el "principio general, tantas veces aludido, de la legalidad de la actuación administrativa se resuelve, a la vista de cada concreto acto administrativo, en una cuestión de pura técnica jurídica, cuyo empleo se hace entonces indispensable para determinar con rigor qué actos administrativos son legalmente válidos y cuáles no...". De esta forma de acuerdo a la Ley General de la Administración Pública, habrá nulidad absoluta del acto administrativo cuando falte uno o varios de los elementos del acto administrativo, sea, motivo, contenido o fin, circunstancia que habrá de determinarse en cada caso concreto. Ahora, la motivación, técnicamente no constituye uno de los elementos conformadores del acto, sin embargo por tratarse la motivación del acto, de las explicaciones y justificaciones técnico-lógicas del porque la Administración actúa en un determinado sentido, el no motivar de manera debida un acto administrativo, dicha omisión constituye una violación al derecho de defensa del Administrado. En el presente asunto se acusa que el acuerdo que se pide anular padece de un vicio de nulidad absoluta por falta de motivo, situación que se analizará de seguido.

VI.- DEL FUNDAMENTO DE LA DEMANDA Y SU VALORACIÓN POR PARTE DE ESTE TRIBUNAL: Sin perjuicio de la literalidad de sus argumentaciones, las cuales han sido estudiadas en su totalidad por este Tribunal, se procede al análisis del presente asunto. La representación del INDER planteó el proceso de lesividad solicitando que por ser lesivo al interés público, se anule el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 56, de la sesión 022-05, de fecha 3 de mayo del 2005, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la parcela No. 000-14 del Bloque 145 del Proyecto de Titulación Coto Brus. Y por conexidad, se anule la escritura pública No. 2 del Tomo No. 8 otorgada ante el Notario Jimmy Meza Lázarus, del 29 de junio de 2005, en la que se formalizó y protocolizó la titulación emitida por el IDA, así como el asiento registral que generó, a saber, la finca del Partido de Puntarenas, folio real No. 146022-000 a nombre del señor Rosales Ramírez Gerardo, correspondiente al plano catastrado P-0869458-2003. Solicitud que presentó con base en lo siguiente: Que a esa Junta se le recomendó autorizar el traspaso y titulación de la parcela 000-14 del bloque 145 del "Proyecto Coto Brus", a favor de Gerardo Rosales Ramírez, supuestamente porque éste cumplió con los requisitos que establecía el "Reglamento para la Titulación de Tierras es Reservas Nacionales", y por ello en la sesión ordinaria No. 022-05 celebrada el día 3 de mayo de 2005, en el artículo 56 se autorizó su titulación, dando origen a la finca del Partido de Puntarenas, folio real No. 146022-000 correspondiente al plano catastrado P-0869458-2003; sin embargo acusó que tal cumplimiento no se dio en razón de dos vicios: 1) Que en razón de que el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente y el 13 de la Ley Forestal, establecen respectivamente que las Áreas Silvestres Protegidas y el Patrimonio Natural del Estado; los administra el Minae, los solicitantes debían aportar una certificación emitida por el MINAE en la que se indicara que el terreno a titular no se ubicaba dentro de una área silvestre protegida o conformara parte del patrimonio natural del Estado, requisito que era esencial e infranqueable para la validez del trámite, pues el artículo 10.b) del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, exigía del interesado, presentar una certificación del MINAE en la que se indicara que el terreno a titular según el plano catastrado, no estaba dentro de un área de conservación o formara parte del patrimonio natural del Estado. Que en el caso presente, se aportó la certificación SINAC-DS-OFAU-C-5103 del 01 de diciembre de 2003, en la que se indicó que la parcela constituye parcialmente patrimonio natural del Estado y no obstante ello, se recomendó su titulación, contraviniendo con ello el artículo 13 de la Ley Forestal y 10.b) del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, lo que generó un vicio de nulidad absoluta evidente y manifiesta. 2)Que el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso de Suelos No. 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, del 21 de marzo de 2001; exigía de los gestionantes de una información posesoria ante el IDA; la presentación de un estudio adecuado de suelos, en la que se indicara que el ejercicio de la posesión se había hecho cumpliendo con el uso adecuado de suelos, sin embargo el señor Rosales Ramírez no lo aportó, lo que generó otro vicio de nulidad absoluta. Que en razón de los vicios indicados, conforme a lo que disponen los artículo 133, 158, 166 y 167, al estar el motivo para la titulación debidamente regulado, al incumplirse con esos requisitos, se generaron vicios de nulidad del acto por no existir entonces el motivo tal y como había sido tomado en cuenta para su dictado y en segundo lugar se violentaron normas prohibitivas pues se tituló patrimonio natural del Estado lo cual es imposible conforme a lo que dispone 13, 14, 15, 33 y 34 de la Ley Forestal, y por ende conforme a lo que señala el artículo 129 constitucional, los actos y convenios contra las leyes prohibitivas; son nulos [...]

Con base en los hechos alegados y la prueba acreditada, esta Cámara es del criterio que el proceso de lesividad se debe acoger en razón de lo que se indica de seguido. La Junta Directiva del INDER, por acuerdo tomado en el artículo 56, de la sesión 022-05, del 3 de mayo del 2005, adjudicó al señor Gerardo Rosales Ramírez, la parcela No. 145-000-14 y que dio paso a la inscripción registral de la finca del Partido de Puntarenas, folio real No. 146022-000. Ahora, la representación del INDER acudió en proceso de lesividad solicitando se anule dicho acuerdo bajo el alegato de que se dieron 2 incumplimientos que generaron en él, vicios de nulidad absoluta, a saber, no se consideró por parte del INDER que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en su Certificación No. SINAC-DS-OFAU-C-5103-2003 del 01 de diciembre de 2003, advirtió que en la parcela a titular conforme al plano catastrado No. P-0869458-2003, constituía parcialmente patrimonio natural del Estado, y además que el interesado omitió presentar el estudio de uso de suelos conforme, según lo exigía el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso de Suelos, No. 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT. Tesis que fue apoyada por la representación del SINAC como tercero interesado y del Estado como coadyuvante activo. Aunado a que la representación estatal alegó también que el decreto que sustentó el acuerdo mediante el que se tituló la parcela fue declarado inconstitucional lo que afectó la validez y eficacia de lo actuado. Efectivamente la Cámara considera que lo actuado se realizó en violación al ordenamiento jurídico, que lo afectó de un vicio de nulidad absoluta evidente y manifiesta en razón de lo siguiente: 1) Se tituló Patrimonio Natural del Estado, bien de dominio público: El presente asunto pretende la nulidad de los actos y contratos que permitieron que la finca conformada por Patrimonio Natural saliera del dominio del Estado, y pasara a manos de particulares. Por ello esta Cámara analizó la prueba referida a los antecedentes de lo actuado, con el afán de determinar y precisar, si estuvo dentro del dominio del Estado o alguna de sus instituciones o si está cubierta de bosque, aspectos que tienen respuesta afirmativa por lo siguiente: El día 11 de diciembre de 2003, el señor Gerardo Rosales Ramírez, presentó solicitud ante el Instituto de Desarrollo Agrario, para que la parcela 000-14 del boque 145 del Proyecto de Titulación Coto Brus, situada en Río Bonito, Distrito Corredores, Cantón Corredores de Provincia de Puntarenas, con una cabida de 56ha 3197.90 Mts2, y como prueba aportó una escritura rendida ante el Notario Roy Faustino Jiménez Rodríguez quien hizo constar que ante él compareció el 01 de julio de 2001 señor Rosales Ramírez y adquirió de la señora Berta Badilla Soto el derecho de posesión por 17 años de una finca sin inscribir con una cabida de 40 hectáreas ubicada en Río Bonito del Distrito de Corredores, Cantón Corredores, y que describió como finca para uso agrícola de tacocal y montaña. Además de un documento privado suscrito entre el señor Rosales Ramírez y el señor José Ángel Castro Baguardia, de fecha 07 de octubre de 1983, en el que el primero adquirió del segundo un derecho de posesión por la suma de 20 mil colones la finca sin inscribir ubicada en Río Bonito distrito Corredores, Cantón Corredores con una cabida de 30 hectáreas y que describió terreno sembrado de pasto, resto tacotal y montañadedicada al repasto, parte de la montaña dedicada a la agricultura y a la conservación de la flora y la fauna. Es decir, en ambos documentos se constata que en el inmueble o parcela solicitada, existió siempre montaña. Esa condición de patrimonio natural se indicó expresamente en la certificación emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación No. SINAC-DS-OFAU-C-5103-2003 del 01 de diciembre de 2003, en la que advirtió que en la parcela a titular conforme al plano catastrado No. P-0869458-2003, constituía parcialmente patrimonio natural del Estado, sin embargo en el acuerdo que se impugna tal situación no fue considerada [...]

De manera que al tratarse de un inmueble cubierto de bosque, y estar dentro del dominio del Estado, formaba parte del patrimonio natural del Estado, lo que impedía su titulación a favor de particulares conforme a lo que disponen los artículo 14, 15, 16, 33 y 34 de la Ley Forestal. Y es que la Ley Forestal en el ordinal 14, determina que los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural de Estado, “…serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.” De manera que la posesión por particulares no causa derecho alguno a favor de particulares, siendo imprescriptible la acción reinvindicatoria del Estado. Así, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, al disponer en su Artículo 56 de la Sesión 022-05 del 03 de mayo del 2005, titular a favor del señor Gerardo Rosales Ramírez la parcela 000-14 del Bloque No. 145 del Proyecto de Titulación de Coto Brus, y que se describe en el plano catastrado P-0869458-2003 al constituye patrimonio natural del Estado, y por ende un bien de dominio público, el cual por su naturaleza resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio del ser humano; al no considerar la advertencia supra señalada, actuó de manera contraria al ordenamiento jurídico, siendo ello un vicio de manera absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo No. 56 tomado en la sesión 022-05 celebrada el día 03 de mayo de 2005, por lo cual se debe anular. El segundo incumplimiento que se acusó como causante de un vicio de nulidad absoluta en lo actuado, es que el señor Rosales Ramírez no aportó el Certificado de Uso de Suelo, tal y como se lo exigía el artículo 58 del "Reglamento a la Ley de Uso de Suelos" Decreto No. 29375-MAG-MINAE-S- HACIENDA-MOPT del 21 de marzo de 2001, el cual señala: "En toda información posesoria o que se presente ante el IDA o ante los Tribunales de Justicia, con el fin de inscribir en el Registro Público de la Propiedad, el interesado, además de los requisitos que exige la normativa común, deberá de demostrar, con un estudio adecuado de suelos, que ha ejercido la posesión cumpliendo con el uso conforme de suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada y ejecutándolas con las mejores prácticas de manejo, según la mejor tecnología disponible en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43 y 64 de la ley 7779 y su reglamento". En criterio de este Tribunal, de haberse aportado ´por el interesado esa certificación, el resultado de la gestión hubiese sido necesariamente denegatoria, pues por la naturaleza de patrimonio natural del inmueble el uso no hubiese resultado conforme. En esta línea de pensamiento, el artículo 158 de la LGAP indica que la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituye un vicio de este. De forma que si el citado artículo exigía tal certificación, y el interesado no la aportó, resultaba improcedente titular la parcela No. 000-14 del bloque 145 del proyecto de titulación Coto Brus a nombre del señor Rosales Ramírez, omisión que genera también un vicio de nulidad absoluta en lo actuado. Un tercer punto que generó en criterio de esta Cámara una nulidad absoluta, evidente y manifiesta en lo actuado, fue que la Sala Constitucional por resolución No. 2063-2007, de las 14 horas 40 minutos del 14 de febrero de 2007, dispuso: “Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la acción. En consecuencia, se anula el Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales, aprobado por acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en sesión 055-02 del doce de agosto del dos mil dos, y publicado en La Gaceta 173, del diez de setiembre del dos mil dos. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas que se anulan, sea el doce de agosto del dos mil dos, y el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y seis, respectivamente. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado que derive de esta inconstitucionalidad (...)”. Ahora bien, teniendo por acreditado que el acuerdo de la Junta Directiva del IDA, artículo 56, tomado en la sesión 022-05 del 03 de mayo de 2005, por el cual se le tituló al señor Rosales Ramírez la parcela 000-14 del bloque 145 del Proyecto de Titulación Coto Brus; se sustentó en el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, Decreto Ejecutivo No. 28746-MINAE-MAG publicado en La Gaceta número 173 del diez de setiembre del dos mil dos, al haberse declarado inconstitucional dicha norma, con efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas que se anulan, sea al 12 de agosto de 2002; el acuerdo de la Junta Directiva del IDA No. artículo 56, tomado en la sesión 022-05 del 03 de mayo de 2005, devino en insubsistente al tenor de lo que dispone el artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo que constituye una causa mas para decretar su nulidad absoluta y por conexidad los restantes actos y contratos posteriores. En cuanto a los alegatos del señor Rosales Ramírez indicar que éste, básicamente afirmó que su actuación lo fue de buena fe y que si hubo errores u omisiones en la tramitología, tal circunstancia es responsabilidad del INDER y que la presentación del estudio de suelos no era requisito al momento en que se tramitó su solicitud de titulación; indicarle que, si bien la omisión de la Junta Directiva del INDER al no haber tomado en consideración la advertencia que se le hizo la Oficina de Atención al Usuario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía en la certificación No. SINAC-DS-OFAU-C-5103 del 01 de diciembre del 2003, en cuanto a que el inmueble a titular constituía parcialmente Patrimonio Natural del Estado y según artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal 7575 del 16 de abril de 1996, no era adjudicable; tal omisión no justifica que el actor alegue un derecho adquirido sobre en inmueble adjudicado, pues no se puede adquirir un derecho de forma contraria al ordenamiento jurídico y menos aún, cuando la norma omitida señala que los bienes calificados como Patrimonio Natural del Estado, son imprescriptibles, inembargables e inalienables, es decir, como bienes de dominio público están fuera del comercio de los hombres, por lo que cualquier acto administrativo que disponga su titularización particular, deviene nulo de manera absoluta de pleno derecho. Y es que la calificación de un terreno como Patrimonio Natural del Estado, tiene como una lógica consecuencia jurídica, su afectación como bien de dominio público, de manera que a partir del momento en que se así se calificó, los terrenos se vieron afectos a un especial régimen jurídico distinto al que tenían previo a tal acontecimiento. Y es precisamente esa circunstancia -sea, que actualmente formen parte del Patrimonio Natural del Estado-, la que impide al Instituto de Desarrollo Rural, ---hoy INDER---, a otorgar títulos de propiedad a particulares, en razón de la inalienabilidad característica de los bienes de dominio público. (En esta línea, ver sentencias emitidas por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Nos. 1070-F-S1-2010, 1088-F-S1-2011 y 1675-F-51-2012, así como sentencias de la Sala Constitucional Nos. 17659-2008, 21258-2010 y 16938-2011, entre otras) y en ese tanto, no es posible que los particulares ejerzan sobre tales bienes, algún tipo de posesión o propiedad. De lo que deriva además, que tampoco es viable el adquirir la propiedad por usucapión o prescripción positiva, aunque hubieran estado por más de diez años en tales terrenos. Corolario de lo expuesto se acoge la demanda de lesividad y por ende se dispone: 1) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 de la Ley General de la Administración Pública, se declara la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo de la Junta Directiva del IDA contenido en el artículo 56 de la Sesión No. 022-05, de 3 de mayo de 2005, únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor del señor Gerardo Rosales Ramírez y descrita en el plano catastrado No. P-0869458-2003. 2) Al haberse inscrita la finca del Partido de Puntarenas bajo el Sistema de Folio Real No. 146022-000 técnica y jurídicamente en forma indebida por conexidad, se anula tanto la escritura pública No. 2 del Tomo 8 otorgada ante el Notario Jimmy Meza Lázarus, referido a la formalización y protocolización de la titulación ilegítima que emitiera el IDA a favor del señor Gerardo Rosales Ramírez sobre la finca descrita en el plano catastrado No. P-0869458-2003 que genero la finca del Partido de Puntarenas No. 146022-000 y se ordena al Archivo Nacional anotar la anulación del instrumento notarial referido en la matriz del protocolo referido y al Registro Nacional la anulación de su asiento registral. 3) Se ordena una vez firme la presente sentencia, desalojar a los ocupantes del inmueble objeto de este proceso y ponerlo en posesión del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y deberá la Procuraduría General de la República, por medio de la Notaría del Estado, confeccionar una escritura donde protocolice, en lo conducente, las piezas de esta sentencia, a efectos de que se proceda al cambio de naturaleza e inscripción de la finca descrita en el plano catastrado P-0869458-2003 a nombre del Estado en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. Asimismo, deben el MINAET y el SINAC, confeccionar los rótulos necesarios que permitan identificar el inmueble como patrimonio natural del Estado. 4) De conformidad con los artículos 199, 200, 211, 212 y 213 de la misma Ley General deberá el jerarca del INDER iniciar de manera inmediata los procedimientos internos de mérito a fin de establecer la responsabilidad pecuniaria y/o disciplinaria de los funcionarios que participaron en las acciones u omisiones que llevaron a acciones contrarias a legalidad en el procedimiento de titulación referido. Sobre lo actuado y sus resultados, deberá rendir informe a Contraloría General de la República, con copia a este Tribunal en el plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia. 5) Se ordenó mantener las medidas cautelares dictadas por este Tribunal mediante resolución No. 122-2014, de las 11 horas del 24 de enero de 2014, hasta la firmeza de esta sentencia".

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Otras Referencias: Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 56, de la sesión 022-05, de fecha 3 de mayo del 2005.

Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas
Texto de la resolución

EXPEDIENTE:

	

13-005627-01027-CA




PROCESO:

	

Proceso de Lesividad




ACTOR:

	

Instituto de Desarrollo Rural




DEMANDADO:

	

Nombre112494 

VOTO No. 033-2020-IV

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las diez horas del catorce de abril del dos mil veinte.

Proceso de lesividad establecido por el Instituto de Desarrollo Rural, en adelante el INDER cédula jurídica CED3194, representado por los licenciados Rodrigo Cervantes Barrantes  carne CED12889 y Erick Jiménez Trejos carné CED9416, como apoderados especiales judiciales contra el señor Nombre112494  , quien es mayor, casado, Licenciado en Enfermería, cédula de identidad número CED89040, vecino de Puntarenas, representado por el Licenciado Filadelfo Silva Silva, carné CED23087. Interviene el Sistema de Áreas de Conservación (SINAC) como tercer interesado, representado por la Licenciada Maureen Solís Retana carné CED23087 y el Estado como coadyuvante activo representado por la Licenciada Susana Fallas Cubero carne CED7620.

RESULTANDO:

I.- En fecha 20 de agosto de 2013, la representación del INDER formuló la demanda para que en sentencia se acojan las pretensiones que fueron ratificadas en la audiencia preliminar de la siguiente manera: "1. Que se tenga por interpuesta la presente demanda. 2. Que en razón de ser lesivos a los intereses públicos se anule el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 56, de la sesión 022-05, de fecha 3 de mayo del 2005, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Puntarenas, folio real No. 146022-000 a favor de Nombre112494  , de calidades indicadas, correspondiente al plano catastrado P-0869458-2003 3. Por conexidad, que se anule la escritura pública emitida por el Instituto de Desarrollo Agrario, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de PUNTARENAS, folio real No. 146022-000, a favor de Nombre112494   de calidades indicadas, correspondiente al plano catastrado P-0869458-2003. 4. Por conexidad, que se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita bajo sistema de Folio Real Partido de Puntarenas, folio real No. 146022-000 emitido por el Registro Nacional. 5. Por conexidad, se anule cualquier inscripción que depare de la inscripción del inmueble inscritos en el Registro Nacional, Provincia de Puntarenas Folio Real matrícula número Placa20342. 6. Que se condene al demandado al pago de ambas costas de este juicio." (Ver expediente judicial en versión digital).

2.- Habiéndose otorgado el traslado de la demanda, la representación del señor Nombre112494   por escrito recibido el 16 de diciembre de 2013, contestó de forma negativa la demanda y en su defensa opuso la excepción de prescripción, sine actione agit y caducidad. (Ver expediente judicial en versión digital).

3.- Por escrito recibido el 13 de abril de 2013, la representación estatal se apersonó al proceso como coadyuvante activo y la representación del SINAC por escrito recibido el 16 de agosto de 2019, como tercero interesado. (Ver expediente judicial en versión digital).

4.- Por resolución No. 122-2014-T de las 11:00 horas del 24 de enero de 2014, se ordenó anotar la presente demanda en el asiento registral de la finca del Partido de Puntarenas Folio Real No. Placa20343. (Ver expediente digital).

5.- La audiencia preliminar se celebró el día 19 de agosto de 2019, con asistencia de la representación del INDER, del Estado, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el accionado Nombre112494  , y habiendo tenido los hechos controvertidos, las pretensiones precisadas y la admisión de la prueba documental y no existiendo prueba pericial, ni testimonial que evacuar; se otorgó a las partes oportunidad para que formularan sus conclusiones y remitió el expediente al Tribunal de Juicio para el dictado de la sentencia. (Ver expediente judicial en versión digital).

6.- El expediente fue turnado a la Sección Cuarta del Tribunal en fecha 20 de marzo del año en curso. Esta resolución se dicta, previa deliberación. No se notan causales de nulidad capaces de invalidar lo actuado.

Redacta el Juez Salas Leitón;

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL PROCESO Y ALEGATO DE LAS PARTES: La representación del INDER accionó solicitando que en sentencia se declare la nulidad del acuerdo tomado por su Junta Directiva en el artículo 56, de la sesión 022-05, de fecha 3 de mayo del 2005, en lo que se refiere a la titulación de la parcela 145-000-14 a favor del señor Nombre112494  , y que dio paso de la finca Partido de Puntarenas, folio real No. 146022-000, por considerar que de manera contraria la ley se adjudicó y tituló terreno que forma parte del Patrimonio Natural del Estado, y que a raíz de ello se anulen los actos conexos tales como la escritura mediante la que se materializó la titulación del bien a favor del señor Nombre112494  y la inscripción registral. Al respecto indicó: A) Sobre los programas de titulación: Que la existencia de grandes extensiones del territorio nacional donde los campesinos carecían de título de propiedad lo que les impedía accesar a préstamos, hizo que el Instituto de Desarrollo Agrario -IDA-, antes Instituto de Tierras y Colonización -ITCO-, hoy Instituto de Desarrollo Rural -INDER-, impulsara una serie de Programas de Titulación en Reservas Nacionales, con fundamento en lo dispuesto en la "Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales" No. 7599 del 9 de agosto de 1996; la "Ley de Tierras y Colonización" No. 2825 del 14 de octubre de 1961, artículos 11 y 12 y la "Ley de Creación del Instituto de Desarrollo Agrario" No 6735 artículo 32 inciso a). Que la labor del IDA dentro de esos programas se orientó a declarar zonas de titulación en áreas donde las personas se encontraban en posesión de la tierra, pero carecían de título de propiedad, procediéndose a realizar el levantamiento y catastro de las fincas que no se encontraban inscritas en el Registro Público y a inscribir el título respectivo, debiendo pagar los beneficiarios los costos por la titulación y agrimensura, dichos costos fueron muy inferiores al promedio del mercado para titular tierras, y debían ser cancelados al IDA como máximo a un año plazo. Que dentro de esos Programas de Titulación, se encontró el denominado: "Programa de Titulación Coto Brus" creado mediante el Decreto Ejecutivo No. 3216-G del 2 de octubre de 1973, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 9 de noviembre de 1973, y se inscribió en el Registro Nacional a nombre del IDA un área de 157.308 has, con el Folio Real Matrícula número Placa20344, con el objeto de cumplir con los respectivos proyectos de titulación (artículo 7 del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales). Reiteró la representación del INDER, que los traspasos de las áreas a titular se justificaron en la tenencia de las fincas sin inscribir por parte de poseedores (artículos 2 y 4 del Reglamento para la titulación) pero que se trató de una ficción legal, mediante la cual se le traspasó al IDA una extensa área geográfica que abarcaba en forma indistinta terrenos inscritos, sin inscribir, propiedad del Estado y de particulares, con poseedores o sin estos, de ahí que los traspasos se hacían sin perjuicio de los derechos ya inscritos sobre porciones determinadas dentro del perímetro general de la zona respectiva, ni de los derechos de información posesoria en trámite en el momento de publicarse en la Gaceta el Decreto al que se refiere el artículo 7 del "Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales", o los que se inscribirían en el futuro, ni de las porciones destinadas al uso público. Que esos traspasos tenían por objetivo darle al IDA, un instrumento para que pudiera segregarlos y traspasarlos, también bajo una ficción legal, y así inscribir predios a favor de los poseedores que hubiesen poseído esos terrenos bajo las condiciones que establecía el ordenamiento jurídico con la finalidad de facilitar la obtención de crédito (artículo 10 del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales). Que se consideró que la causa de adquisición de esos terrenos era la posesión ejercida por los poseedores y no los traspasos o ventas hechas por el IDA, ya que el Instituto lo único que recibía a cambio era el costo de la confección de los planos correspondientes y no el precio en sí de los predios, en tal sentido, no se daba un acuerdo entre cosa y precio, y el Instituto no podía traspasar los terrenos al mejor oferente, sino que tenía que traspasarlos al poseedor que le demostrara haber cumplido con los requisitos legales, limitándose a constatar esos requisitos (artículo 10 del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales). Que la Sala Constitucional mediante la resolución 04587-97 de las 15:45 horas del 05 de agosto de 1997 al referirse a la información posesoria en lo que interesa indicó: "se distingue el momento de adquisición de la propiedad por usucapión del momento que esa situación se hace valer en el procedimiento de información posesoria para obtener un título inscribible en el Registro Público. De ahí que se considere la usucapión como un modo de adquisición de la propiedad y de otros derechos reales posibles, y a la titulación como el procedimiento por medio del cual, comprobados los requisitos de la usucapión se confiere el título de propiedad inscribible". Que analógicamente, esta distinción que hace la Sala es válida también en los procesos de titulación realizados por el IDA, por lo que la naturaleza jurídica de los actos en los proyectos de titulación realizados por el IDA eran meramente declarativos, se limitaban a reconocer el derecho de propiedad adquirido por una persona por medio de la figura de la usucapión, para su inscripción en el Registro Público y no actos constitutivos del derecho de propiedad. Que en el caso de la parcela inscrita a nombre del señor Nombre112494 , consta en el expediente que se aportó como prueba, haber poseído los terrenos, lo cual evidenció la preexistencia de la tenencia posesoria de las parcela con anterioridad al acuerdo de Junta Directiva de su traspaso (tomado en artículo 56 de la Sesión Ordinaria No. 022-05 celebrada el 3 de mayo del 2005). B) Argumentos de fondo que fundamentan el proceso de lesividad: Que en el proceso de titulación de la parcela 145-000-14 a favor de Nombre112494  , del "Proyecto Coto Brus", autorizado por la Junta Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 56, de la sesión 022-05, de fecha 3 de mayo del 2005, y que dio origen a la inscripción en el Registro Público de la finca Partido de Puntarenas, folio real No. Placa20342 correspondiente al plano catastrado Placa20345; se incumplió con los requisitos normativos previstos en la "Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales" No. 7599 del 29 de abril de 1996; el "Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales" publicado en la Gaceta 173 del 10 de septiembre del 2002, en concordancia con la "Ley Forestal" No. 7575 del 5 de febrero de 1996 y el "Reglamento a la Ley de Uso de Suelos" No. 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, lo cual generó vicios de nulidad absoluta en el acto administrativo, por afectación al interés público, por constituir el inmueble parte del Patrimonio Natural del Estado, situación que se debe revertir anulando dicho acto, con fundamento en lo siguiente: 1) Que un primer vicio se da por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del "Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales", el cual establece que se titularían las tierras que no estuviesen bajo la administración del MINAET, ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 de la "Ley Orgánica del Ambiente" y 13 de la "Ley Forestal" que señalan que las áreas silvestres protegidas y el Patrimonio Natural del Estado, son administradas por el MINAE. Que por ello el inciso b) del artículo 10 del "Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales", exigía del solicitante presentar una "certificación original extendida por el MINAE en donde conste que el terreno a titular según plano catastrado no está afectado o inmerso dentro de áreas de conservación, Patrimonio Natural del Estado", lo cual era un requisito esencial e infranqueable para la validez del trámite ante el IDA, y su posterior titulación; sin embargo a folio 46 del expediente de titulación consta la certificación emitida por el Ministerio del Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Oficina de Atención al Usuario, No. SINAC-DS-OFAU-C-5103 del 01 de diciembre del 2003, según la cual el inmueble mencionado constituye parcialmente patrimonio natural del Estado según artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal 7575 del 16 de abril de 1996, y pese a dicha indicación, se recomendó su titulación en evidente violación a lo dispuesto en la indicada normativa, por lo que en este caso se generó un vicio de nulidad absoluta evidente y manifiesta. 2) Que un segundo vicio se dio porque el 21 de marzo de 2001, se aprobó el "Reglamento a la Ley de Uso de Suelos" No. 29375-MAG-MINAE-S- HACIENDA-MOPT, el cual exige en su artículo 58: "En toda información posesoria o que se presente ante el IDA o ante los Tribunales de Justicia, con el fin de inscribir en el Registro Público de la Propiedad, el interesado, además de los requisitos que exige la normativa común, deberá de demostrar, con un estudio adecuado de suelos, que ha ejercido la posesión cumpliendo con el uso conforme de suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada y ejecutándolas con las mejores prácticas de manejo, según la mejor tecnología disponible en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3,6, 12, 13,19,26,2741,43 y 64 de la ley 7779 y su reglamento" Que en dicho artículo se exige que en toda información posesoria que se presente ante el IDA, el titulante deberá aportar obligatoriamente un estudio en el que se demuestre un uso adecuado de suelos en los que ha ejercido la posesión; normativa que entró en vigencia con anterioridad a la titulación de la parcela 145-000-14 a favor del señor Nombre112494  , de ahí que el estudio era obligatorio; sin embargo no se aportó,  por lo que su incumplimiento generó un vicio de nulidad absoluta. Que así las cosas, si bien a la Junta Directiva del IDA se le recomendó autorizar el traspaso de la parcela a nombre del señor Nombre112494 , bajo el supuesto de que se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos por el "Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales", siendo éste el motivo de los actos administrativos; lo cierto es que de la documentación que se aportó como prueba, se constató que el IDA incurrió en una serie de incumplimientos dentro del procedimiento de titulación de ese predio, que produjo la nulidad del acto administrativo de traspaso. Que así las cosas, la causal de nulidad de la titulación de la parcela reside en el incumplimiento de requisitos establecidos en la Ley y en el Reglamento para el dictado del acto administrativo, y por otro lado en la inobservancia de normas prohibitivas. C) Fundamento de derecho: a. Incumplimiento de requisitos para el dictado del acto como causal de nulidad absoluta: Que el artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública, dispone que la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste, artículo que en relación con el 166 de la misma ley que establece que habrá nulidad absoluta del acto cuando falte totalmente uno o varios elementos constitutivos real o jurídicamente, y el artículo 167 que dispone que habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin en cuyo caso la nulidad será absoluta. Que todos estos artículos relacionados permiten concluir que la falta de requisitos esenciales para la titulación de la parcela de referencia, produce la nulidad absoluta de dicho acto administrativo. Que por su parte, el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública, al referirse al motivo como elemento de validez del acto administrativo dispone que éste tiene que ser legítimo y existir tal  y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto. Que en el caso de las titulaciones de tierras en reservas nacionales, el motivo se encontraba regulado, por lo que el incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o el reglamento respectivo como sucedió en el caso que nos ocupa, constituyen en sí vicios de nulidad del acto por no existir tal y como había sido tomado en cuenta para su dictado. b. Incumplimiento de normas prohibitivas como causal de nulidad absoluta: El artículo 129 de la Constitución Política, establece que los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa. Que los artículos 13,14, 15, 33 y 34 de la "Ley Forestal", corresponden a normas prohibitivas, y que por tanto el acto administrativo que autorizó el traspaso de la parcela a favor del demandado es contrario a tales normas, toda vez que mediante dicho acto se autorizó la titulación de terrenos que forman parte del "Patrimonio Natural del Estado", lo cual contraviene sin lugar a dudas, el artículo 13 de la Ley Forestal, que declara que el Patrimonio Natural del Estado a los terrenos forestales y bosques en reservas nacionales y los somete a la administración del MINAE. Que por su parte, el artículo 14 de esta misma ley establece que tales bienes inmuebles son inembargables e inalienables de ese patrimonio natural. Que la posesión de éstos por los particulares no les genera derecho alguno y no se pueden inscribir por información posesoria, siendo imprescriptible la acción reivindicatoria del Estado. Que el artículo 15 también de esa ley, se refiere a los impedimentos de la Administración Pública de traspasar, entregar o dar en arrendamiento inmuebles rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes hayan sido clasificados por el MINAE, y que finalmente los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal que declaran áreas de protección, siendo la consecuencia de la contravención de los artículos relacionados, la nulidad absoluta. D) AFECTACIÓN AL INTERÉS PÚBLICO: Que teniendo claridad en los argumentos que fundamentan la causal de nulidad de los actos administrativos que autorizaron el traspaso de la parcela tantas veces mencionada a favor del demandado, es importante analizar el cómo dicha causal de nulidad afecta el interés público. Que la nulidad del acto administrativo (debido al incumplimiento de requisitos esenciales y por ser contrario a normas prohibitivas), por el que se produjo la titulación del inmueble que se discute aquí, lesiona el interés público toda vez que a través de dicho acto nulo de forma absoluta, se titulan terrenos que forman parte del Patrimonio Natural del Estado. Que según el artículo 28 de la Constitución Política, las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley. Que la titulación del Patrimonio Natural del Estado, daña el orden público, al impedir el disfrute del derecho que tiene toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en los términos del artículo 50 de la Constitución Política, la cual es a su vez una norma de orden público. Que a lo anterior debe adicionarse, que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho fundamental de tercera generación, que surge con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y por su parte, la Declaración de Lisboa de 1988 emitida dentro del marco de la "Conferencia Internacional sobre garantías del Derecho Humano al Ambiente", exhortó a reconocer el derecho que tiene una persona a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a la vez sugirió a los estados crear mecanismos jurídicos que hagan posible que cada individuo pueda ejercer y exigir sin impedimentos, el derecho a habitar en un medio ambiente saludable para el desarrollo de su vida. E) SOBRE LOS HECHOS: Que en el marco del "Programa de Titulación Proyecto Coto Brus", el señor Nombre112494 , presentó solicitud de titulación de la parcela 145-000-14 descrita en el plano catastrado No. P-0869458-2003, ubicada en Distrito 01, Corredor, Cantón 10 Corredores de la Provincia de Puntarenas, con una medida de quinientos sesenta y tres mil ciento noventa y siete metros con noventa decímetros cuadrados, correspondiente a la finca Partido de Puntarenas Folio Real número 146022-000. Que conforme a la certificación No. SINAC-DS-OFAU-C-5103-2003, del 01 de diciembre del 2003, emitida con anterioridad a la titulación del inmueble y aportada por el propio interesado; el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE indicó que el inmueble correspondiente al plano catastrado antes referido, se ubica "FUERA DE CUALQUIER ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA SEA CUAL SEA SU CATEGORÍA DE MANEJO ADMINISTRADA POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA. SIN EMBARGO CONSTITUYE PARCIALMENTE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO SEGÚN ARTÍCULOS 13, 14 Y 15 DE LA LEY FORESTAL Placa12929 16 DE ABRIL DE 1996."; sin indicar el porcentaje de Patrimonio Natural del Estado que ocupa la finca. Que tampoco consta en el expediente, que el demandado presentara el estudio de uso conforme de suelo del INTA, o bien de algún profesional privado debidamente acreditado para realizar dicho estudio, ni que se haya presentado informe alguno del Instituto Geográfico Nacional. Que a pesar de que en el proceso de titulación de la finca no se cumplió con los requisitos que fundamentara su inscripción; la Junta Directiva del IDA por acuerdo tomado en artículo 56 de la Sesión Ordinaria No 022-05 celebrada el 3 de mayo del 2005, autorizó la segregación y traspaso de la parcela lo que se materializó en escritura pública. Que en el Informe No DFOE-PGAA-20-2008 del 27 de agosto del 2008, denominado "Resultado de estudios de titulación de tierras en reservas nacionales en terrenos pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado" la Contraloría General de la República le indicó que dicho al INDER que el estudio permitió determinar que en el marco de contenido de los diferentes proyectos de titulación y en contravención a lo señalado en los artículos 13, 14,15 y 33 de la Ley Forestal No. 7575 del 5 de febrero de 1996 el IDA tituló propiedades con cobertura parcial o totalmente boscosa o que poseían características de uso suelo y topográficas que les otorgaban la categoría de terrenos de aptitud forestal y de áreas de protección, y por lo tanto, no podían salir de la Administración del Estado, ni ser susceptibles de titular a favor de los solicitantes por ser parte del Patrimonio Natural, y por no concurrir, ni haberse aportado todos y cada uno los requisitos necesarios para proceder de conformidad con el bloque de legalidad vigente en aquel momento para que fuera procedente la titulación de tratamiento, ordenándole al IDA lo siguiente: "a. Realizar los procedimientos administrativos y las acciones que en derecho procedan ante las instancias correspondientes, a efecto de que se inicie un proceso de recuperación de las tierras tituladas por el IDA que pertenecen al Patrimonio Natural del Estado y que corresponden a los 15 casos que se detallan en este documento. b. Ordenar que se realice un análisis completo a las titulaciones efectuadas por el IDA, que no formaron parte de la muestra analizada por esta Contraloría General en este estudio, con el fin de determinar aquellos casos de titulaciones en terrenos propiedad del Patrimonio Natural del Estado y, de proceder, se realicen los procedimientos para recuperar las tierras." Que en razón de lo ordenado por el órgano contralor, por acuerdo tomado por la Junta Directiva del INDER en artículo 5 Sesión Ordinaria 011-2013 del 18 de marzo del 2013, se declaró lesivo a los intereses públicos el acto administrativo dictado mediante el acuerdo número 56 de la Sesión Ordinaria número 022-05 celebrada el 3 de mayo de 2004 de la Junta Directiva de esta Institución, que dio origen al título de propiedad inscrito en el Registro de la Propiedad, Partido de Puntarenas, matrícula de folio real número Placa20342 a favor de Nombre112494  , por haber sido otorgado en detrimento del patrimonio natural del Estado. Por su parte la representación del señor Nombre112494  indicó: Que habiendo presentado la documentación requerida, con todos los requisitos que le solicitó la Institución y siendo que nunca se le previno de supuestos defectos; fue beneficiado en uno de los programas impulsados en aquel momento por el INDER y de manera legal y transparente y amparado al marco fáctico legal del momento y que a la fecha se encuentra vigente, se inscribió la tierra a su nombre con anuencia y con pleno conocimiento de los representantes del INDER. Que si se dieron anomalías en la inscripción del inmueble no fue de su culpa y que de haberse dado inconsistencias, ello es resorte exclusivo de los personeros de la actora, por lo que no se le debe endilgar falta alguna y se le debe respetar dicha inscripción. Que el IDA en su momento tenía la obligación haberle prevenido de este supuesto error si es que fue un error, toda vez que en el tiempo de inscripción del inmueble en litigio esos requisitos no eran exigidos por lo que no se le puede aplicar una norma actual retroactivamente en su perjuicio y que de ser cierto lo señalado por la actora, fue negligencia de sus funcionarios de haber dejado pasar ese supuesto error y en el momento procesal oportuno, en el que se le debió haber prevenido de alguna situación anómala por lo cual no es su responsabilidad y fue un error de la administración por lo que no se le puede culpar de esa situación. Que todo fue una falla de los personeros de la parte actora. Que la inscripción es resorte exclusivo de la Administración actora ya que esa falta de cuidado obedece posiblemente a la impericia de sus funcionarios del momento de no haber tenido ese cuidado y haberle hecho conocer en el momento, y no es sino muchos años después de haberle inscrito el inmueble se le quiere despojar del mismo lo que es completamente ilegal y no es su responsabilidad la negligencia e impericia de la administración. Que el proceso llevado ante la Contraloría General de la República referente a este tema, no concluyó a pesar de que le hizo frente al mismo y el ente contralor dispuso archivar dicho procedimiento administrativo. Que creyendo que ya había finalizado ese problema, sorpresivamente recibió esta demanda en su contra lo cual es injusto y antijurídico, la cual se encuentra prescrita y caduca. Que la argumentación que alega la actora es espuria en cuanto alega que supuestamente incumplió con requisitos lo que nos es cierto, y si hubo un error, este es exclusivamente de la actora. Que se demostró hasta la saciedad la posesión por más de 50 años que la ejerció su antecesor en forma pública, pacífica sin interrupción a título de dueño y de buena fe y la adquirió del poseedor anterior por medio de documento público y a la fecha la ha ejercido durante más de 32 años en las condiciones anteriormente apuntadas y en ningún momento dicha posesión se ha ejercido en terrenos demaniales o del Estado lo cual se evidencia y acredita con la documentación que aportó. Que la Sala Constitucional en la resolución que citó la parte actora ya le dio la razón, en que la causa de a adquisición fue por usucapión, lo cual no es ajeno al este caso, sumado los años de posesión de sus antecesores, más la ejercida por él, suman un tiempo de más de 50 años. Que el acto de inscripción no es nulo, porque las normas vigentes alegadas por la parte actora no encuadran dentro del caso que nos ocupa. Que nunca incumplió requisitos para la inscripción del terreno, ya que el IDA en su momento no se las solicitó y nunca fue su culpa, de ese tipo de situaciones. Que el acto de inscripción no es nulo porque no se puede retrotraer en su perjuicio normas vigentes a la usucapión y adquisición por más de 50 años. Que ha sido respetuoso en cuanto a la conservación de la flora y fauna del terreno. La representación estatal como coadyuvante activo indicó: A) NULIDAD DEL REGLAMENTO PARA LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN RESERVAS NACIONALES: Que la Junta Directiva del INDER tomó el acuerdo No. 56 de la sesión ordinaria No. 022-05 respecto al expediente No. 18 relativo a la parcela 14 bloque 145, cuyo traspaso originó la finca No. 6-146022-000, asociada al plano catastrado No. P-869458-2003 (56 ha 3197.90 m2), y que proviene de la finca No. 6-18777-000 a nombre del señor Nombre112494 . Que dicho trámite de titulación se realizó con fundamento en el "Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales", aprobado mediante acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario y publicado en La Gaceta No. 173 del 10 de setiembre del 2002; sin embargo dicho Reglamento fue anulado por la sentencia No. 2063-2007 de la Sala Constitucional con efectos "retroactivos a la fecha de vigencia de las normas que se anulan, sea el doce de agosto del dos mil dos. Por lo anterior el acto administrativo dictado mediante el acuerdo número No. 56 de la sesión ordinaria No. 022-05 devino en nulo de manera absoluto, por lo que esa Junta Directiva en su sesión ordinaria de No. 011-2013 del 18 de marzo de 2013, artículo 5, el INDER lo declaró lesivo a los intereses públicos. Que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en los votos números 1070-F-S1-2010 y 1088-F-S1-2011 confirmó el criterio de que la nulidad (y anulación) del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales vició las titulaciones que fueron hechas con sustento en esa norma. Sobre ese punto el Tribunal indicó: "...En este sentido, se tiene que la titulación que en forma ilegítima efectuó la Junta Directiva del IDA, del inmueble en discordia, a favor de la codemandada se sustentó en el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario y publicado en La Gaceta número 173 del diez de setiembre del dos mil dos. Posteriormente mediante Voto No. 02063-07 la Sala Constitucional anuló por inconstitucional dicho reglamento. Por los efectos declarativos y retroactivos que esa declaratoria produce, es evidente que la conducta administrativa que se fundamentó en la norma declarada inconstitucional, deviene nula por conexidad. "Esta Sala es del criterio, que el alcance dado por el Tribunal, a los distintos pronunciamientos constitucionales, es el correcto..." (Voto No. 1070-F-51-2010 considerando VII. El destacado no pertenece al original). "...El voto de la Sala Constitucional fue apreciado de manera correcta por los juzgadores de instancia, ya que en el fallo se consideró, que el acuerdo de la Junta Directiva del IDA, artículo 32, tomado en la sesión 016-04 del 13 de mayo de 2003, fue dictado con fundamento en la normativa que la Sala aludida declaró inconstitucional, siendo este uno de los motivos ponderados en la sentencia, para acoger la demanda en lo relativo a declarar la nulidad del citado acuerdo, y con la consecuente nulidad de los restantes actos y contratos posteriores, que permitieron trasladar el dominio de la finca objeto de este proceso, a nombre de un particular..."(Voto No. 1088-F-S1-2011). Ese "reglamento", utilizado como fundamento de la "titulación" en favor del demandado, fue anulado precisamente por falta de competencia del Instituto de Desarrollo Agrario para emitirlo y por la inexistencia de presupuestos legales que lo sustentaran: "...por cuanto la Ley que supuestamente sustenta esta reglamentación en modo alguno faculta al Estado a titular las reservas nacionales dentro del proyecto de titulación del Instituto de Desarrollo Agrario...sino únicamente a la promoción de la tenencia de la tierra para fines exclusivamente agrícolas (artículo 1 de la Ley de Tierras y Colonización), mediante los contratos de adjudicación de tierras" (sentencia constitucional No. 2063-2007). Que el artículo 1 del Reglamento anulado indicaba: "El presente instrumento jurídico tiene como finalidad reglamentar lo establecido en la Ley de Tierras y Colonización relativo a la titulación de tierras en las Reservas Nacionales...", sin embargo, la Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 de 14 de octubre de 1961, no regula la titulación de tierras, sólo se ocupa de la parcelación en los artículos 49 a 81, y de la colonización en los numerales 82 a 91, razón por la cual, el Instituto de Desarrollo Agrario carecía de competencia para titular en favor del demandado el terreno descrito en el plano catastrado No. P-869458-2003 y ese vicio es suficiente para anular el acto administrativo. Que la titulación o procedimiento para obtener un título de dominio inscribible, cimentado en el ejercicio de la posesión ad usucapionem, con los requisitos que enumera el Código Civil, es diversa de la parcelación y colonización: ''requisitos de tiempo y condición, caracterizan la posesión necesaria para usucapir. (...) la titulación del bien inmueble tiene como requisito la adquisición de la propiedad. O sea, que se distingue el momento de adquisición de la propiedad por usucapión del momento en que esa situación se hace valer (...) para obtener un título inscribible en el Registro Público. De ahí que se considere la usucapión como un modo de adquisición de la propiedad y de otros derechos reales poseibles, y a la titulación como el procedimiento por medio del cual, comprobados los requisitos de la usucapión, se confiere el título de propiedad inscribible." (Voto No. 4587-1997 de la Sala Constitucional, la negrita no es del original). Que la parcelación y la colonización son, en cambio, modos contractuales, derivativos, de adquirir la propiedad del ente público agrario, que se asientan en otros presupuestos. E inclusive la colonización puede tener regímenes de tenencia de la tierra distintos de la propiedad, como el arrendamiento, con opción de compra o sin ella, aparcería o usufructo (artículo 83 y numerales 49 a 91 de la Ley No. 2825). La adjudicación es consustancial a los contratos de parcelación o asignación de tierras, y de colonización (Ley No. 2825, artículos 49 inciso e), 55, 60, 64, 65, 68 inciso 4) y 69; Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, votos números 229-F-90 de 15 horas del 20 de julio de 1990, reiterado en muchas ocasiones y 649-C-2001, considerando V; Tribunal Agrario, votos 555-1993, 119-1995, 105-2001, 395-2002 y 542-2002). Ningún artículo de la Ley de Tierras y Colonización autorizaba al Instituto de Desarrollo Agrario a titular, ni mucho menos a emitir un Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales. Que el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales invadió la competencia del Poder Legislativo al crear un procedimiento administrativo especial y sumario para la titulación, excluyente del judicial previsto en la Ley de· Informaciones Posesorias, No. 139 de 14 de julio de 1941, que sólo el legislador podría instituir. Que al reformar las reglas de titulación, autorizándola en terrenos inscritos, a nombre del IDA (artículo 7° del Reglamento y 1 de la Ley de Informaciones Posesorias). Toda la normativa que en el pasado autorizó la titulación administrativa, ante el ITCO o IDA, hoy insubsistente, tuvo rango de ley: Ley de Informaciones Posesorias Administrativas No. 3971 de 11 de octubre de 1967, Ley de Informaciones Posesorias No. 4545 de 20 de marzo de 1970 y Ley de Titulación Múltiple de Tierras No. 5064 de 22 de agosto de 1972. B) TITULACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO: Que por otra parte, la certificación No. SINAC-DS-OFAUC-5103-2003 indica que el terreno descrito por el plano catastrado No. P-869458-2003 "CONSTITUYE PARCIALMENTE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. Que en ese plano se describe el inmueble como de montaña en parte y los bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal de la finca No. 6-18777-000, inscrita a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, constituyen Patrimonio Natural del Estado según el artículo 13 de la Ley Forestal que indica: "El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública." Y que en esa condición no podían ser permutados, cedidos, enajenados de ninguna manera, entregados ni dados en arrendamiento, pues ello lo prohíben los artículos 13, 14 y 15 de esta ley. Que ello fue confirmado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en sus votos No. 1070-F-S1-2010 y 1088-F-S1-2011, referidos a la anulación de titulaciones del IDA sobre terrenos del Patrimonio Natural del Estado. Indicó al respecto esa Sala: "...VIII- Refiere el IDA, que el Tribunal no valoró que fue el MINAET quien le traspasó los terrenos, en el año 2000; y esta situación los hace entender, que dichos terrenos, no estaban dentro de las categorías que establece la Ley Forestal, como conformación del patrimonio natural del Estado. Al haberse demostrado en esta sede, que el inmueble objeto de este proceso está cubierto de bosque en su mayoría, se concluye que la propia normativa anulada por inconstitucionalidad, impedía el traspaso del terreno a favor del IDA. En igual sentido, la Ley Forestal en el ordinal 14, determina que los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural de Estado, "...serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley. "Pese al fundamento apuntado por el IDA, en el sentido de que el MINAET le traspasó los terrenos, lo cual aduce, los indujo a error, esta situación no los exime de su obligación de apeqar su conducta al marco de legalidad vigente, por lo que agravio no es de recibo. En igual sentido, lo indicado respecto a que el Tribunal no consideró que el terreno ha estado en posesión de particulares, no resulta un reclamo atendible ante esta Sala, por ser la Ley Forestal clara, en el sentido de que se trata de bienes inalienables, cuya posesión por particulares no causará derecho alguno a su favor, siendo imprescriptible la acción reinvindicatoria del Estado..."(Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto No. 1070-F-S1-2010). Que el artículo 10 del "Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales" permitía únicamente el traspaso de tierras "que no estén sujetas a la administración por parte del MINAE y requería "certificación original extendida por el MINAE en donde conste que el terreno a titular según el plano catastrado no está afectado o inmerso dentro del "patrimonio natural del Estado", mientras que, con vista de la certificación No. SINAC-DS-OFAU-C-5103-2003 es claro que no se cumplieron esos requisitos, al indicar que "CONSTITUYE PARCIALMENTE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO", administrado por el MINAE, según el artículo 13 de la Ley Forestal. Que la citada certificación constituye plena prueba de conformidad con el artículo 370 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al presente caso por mandato del artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Que la propiedad pública de los terrenos de bosque, forestales o con esa aptitud, vinculados a la persecución de fines de interés general, es una poderosa arma de conservación: "la propiedad forestal se concibe fundamentalmente para conservar, no para producir, ni ser parte del comercio de los hombres". (Sala Constitucional, voto No. 4587-1997). Que el deber de proteger y preservar la integridad del ambiente (principio de tutela ambiental a cargo del Estado) comprende la riqueza forestal (Sala Constitucional, votos números 2233-1993 y 6836-1993). Que el régimen tutelar contemplado en la Ley Forestal para el Patrimonio Natural del Estado implica que no cabe la corta, el aprovechamiento forestal ni el cambio de uso del suelo; y solo pueden autorizarse labores de investigación, capacitación y ecoturismo (artículos 1; párrafo 2°, 3 inciso a), 14, 15, 18, 58 incisos a) y b) y 61 inciso e). Que en el informe presentado por Costa Rica a la IV Conferencia de las Partes que suscribieron el Convenio sobre la Diversidad Biológica, se señaló (en 1998) que entre las principales causas de la pérdida de biodiversidad; el avance de la frontera agrícola en sitios no aptos para este tipo de uso y las políticas de incentivos agropecuarios que han conducido a la deforestación. Que la enajenación indebida de terrenos del Patrimonio Natural del Estado modifica el destino que la Ley Forestal ha previsto para esos bienes públicos, en pugna con el artículo 50 constitucional y el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", aprobado por Ley No. 7907 de 3 de setiembre de 1999, que garantizan el derecho a un ambiente adecuado; con el principio de la tutela del derecho ambiental a cargo del Estado (entre otros, votos de la Sala Constitucional números 3341-1996 y 9193-2000) y con el artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Ley No. 7416 de 30 de junio de 1994), que contempla el deber del Estado de administrar los recursos "importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación" (inciso e). Finalmente la representación del SINAC como tercero interesado señaló: TITULACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO: Que la certificación No. SINAC-DS-OFAU-C-5103-2003 indica que el terreno del plano P-869458-2003 a nombre del IDA en posesión del accionado, describe un inmueble que constituye parcialmente patrimonio natural del Estado, conforme a los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal No. 7575 del 16 de abril de 1996. Que el artículo 13 de esa Ley expresamente señala que el Patrimonio Natural del Estado está constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y las pertenecientes a las municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública y que en tal condición no podrían ser permutados, cedidos, enajenados, de ninguna manera entregados ni dados en arrendamiento, según dicha ley. Finalmente la representación del SINAC, citó lo señalado por la Sala Primera en su voto 1070-2010, en el que indicó que los terrenos forestales y bosques que constituyen el Patrimonio Natural del Estado, serán inembargables e inalienables y su posesión por parte de particulares no le causa derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. Y que en consecuencia dichos inmuebles no pueden ser inscribibles en el Registro Público de manera privativa. Alegatos que fueron reiterados por todas las partes en la audiencia preliminar.

II.- HECHOS PROBADOS: De relevancia para efectos del presente proceso se tienen los siguientes hechos demostrados: 1) Que el IDA con base en los artículos 11 y12 de la Ley de Tierras y Colonización No. 2825 del 14 de octubre de 1961, 32.a de la Ley de Creación del IDA NO. 6735 y la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservan Nacionales, No. 7599 del 9 de agosto de 1996 impulsó una serie de Programas de Titulación en Reservas Nacionales; se creó el Programa de Titulación Coto Brus por Decreto Ejecutivo No. 3216-G del 02 de octubre de 1973, publicado en la Gaceta del 9 de noviembre de 1973 y para los efectos se inscribió a su nombre la finca No. 6-18777-000. con una área de 157.308 hectáreas. (Hecho no controvertido). 2) Que el plano No. P-0869458-2003, del 10 de julio de 2003, describió un inmueble en posesión del señor Nombre112494 , con una área de 56ha3197.90 m2, que fue una segregación de la finca No. 6-018777-000, propiedad del IDA cédula jurídica CED14411, con las siguientes características:  Levantamiento polar. Poligonal abierta. Error angular estimado 001. Error lineal estimado 001 Distancia frente a calle pública del vértice 1 al 7 de 492.80 m. Afectado par ley Forestal 7575 artículo 33. Y dicho plano se inscribió sin perjuicio de los derechos del Estado para todos los efectos de las limitaciones que las leyes de aguas y caminos y zona marítimo terrestre establecen.Con base en dicho plano, por nota del 11 de diciembre de 2003, el señor Nombre112494  , presentó solicitud ante el Instituto de Desarrollo Agrario, para que se le otorgara escritura pública de esa porción de terreno, situado en Río Bonito, Distrito Corredores, Cantón Corredores de Provincia de Puntarenas, con una cabida de 56ha 3197.90 Mts2, la que dijo haber adquirido de la señora Nombre112495  , el día 01 de julio de 2001, por la suma de 1 millón de colones y que sumando la posesión anterior la ha poseído por mas de 20 años y que a esa fecha había ejercido actos de posesión en forma quieta, publica, pacifica, ininterrumpida y a titulo de dueño. Además adjuntó como prueba una escritura rendida ante el Notario Roy Faustino Jiménez Rodríguez quien hizo constar que ante él compareció el 01 de julio de 2001 señor Nombre112494  y adquirió de la señora Nombre112495   el derecho de posesión por 17 años de una finca sin inscribir con una cabida de 40 hectáreas ubicada en Río Bonito del Distrito de Corredores, Cantón Corredores, y que describió como finca para uso agrícola de tacocal y montaña. Además de un documento privado suscrito entre el señor Nombre112494  y el señor José Ángel Castro Baguardia, de fecha 07 de octubre de 1983, en el que el primero adquirió del segundo un derecho de posesión por la suma de 20 mil colones la finca sin inscribir ubicada en Río Bonito distrito Corredores, Cantón Corredores con una cabida de 30 hectáreas y que describió terreno sembrado de pasto, resto tacotal y montaña dedicada al repasto, parte de la montaña dedicada a la agricultura y a la conservación de la flora y la fauna. (Ver imágenes 283, 363, 364, 372, 373 y 374 del expediente judicial digital). 3) La Oficina de Atención al Usuario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, en la certificación que aportó el señor Nombre112494 ,  No. SINAC-DS-OFAU-C-5103-2003 del 01 de diciembre de 2003 emitida por el señor Arnoldo Luna Sancho señaló: "Efectuado el estudio en las hojas cartográficas respectivas del mapa básico de Costa Rica escala 1:50.000, se ha determinado con base en la ubicación consignada en el plano catastrado número P-0869558-2003 a nombre de I.D.A. en posesión del señor Nombre112494 , que este describe un inmueble que se ubica fuera de cualquier área silvestre protegida sea cual sea su categoría de manejo administrada por el ministerio del ambiente y energía. sin embargo constituye parcialmente patrimonio natural del estado según artículos 13, 14 y 15 de la ley forestal 7575 del 16 de abril de 1996--- es parte de finca inscrita al folio real 6018777-000, según consta en el plano". (Ver imagen 367 del expediente judicial digital). 4) El 10 de junio de 2004 el Funcionario Spencer Alpizar Barrantes Técnico de la Oficina Regional de Piedras Blancas, sin considerar en lo que se indicó en la certificación indicada, manifestó que por cumplirse con todos los requerimientos legales, recomendaba la titulación del bloque 145 la parcela No. 000-14 a favor del señor Nombre112494 . (Ver imágenes 361 y 362 del expediente digital). 5) La Junta Directiva del IDA hoy INDER, en el artículo 56 de la sesión 022-05 celebrada el día 13 de junio de 2005, indicó: "ARTÍCULO CINCUENTA Y SEIS: El coordinador de Programas de Titulación mediante el oficio STA-145-05 de fecha 09 de junio 2005, presenta solicitud para segregar y traspasar 15 lote o parcela, del Proyecto Coto Brus entrega 143, sito en Corredor, Corredores, de la provincia de Puntarenas, por reunir los requisitos y condiciones legales exigidos para que se les extienda el correspondiente título de supletorio de dominio. Analizado dicho caso: ACUERDO No. 56 1- En cumplimiento a las políticas institucionales y con la recomendación de la oficina regional de RÍO CLARO según oficio OSPB-816-2004 y el visto bueno de la Dirección Regional de BRUNCA según oficio DRB-B-715-2004 y la revisión de los requisitos exigidos para el tramite de titulación por parte del Coordinador Agrario Regional y de conformidad con el Acuerdo de Junta Directiva descrito en el Artículo XXI, Sesión 065-00 del 11 de setiembre del 2000, y habiéndose cumplido con todos los requisitos que establece el reglamento para la titulación de tierras en Reservas Nacionales publicado en el diario oficial La Gaceta No. 173 del 10 de setiembre del 200 amparo de la ley de Tierras y Colonización No. 2825 del 14 de octubre de 196 ley de creación del Instituto de Desarrollo Agrario No. 6735 del 29 de marzo se autoriza segregar y traspasar 15 lote parcela que a continuación describo se le extienda el correspondiente título supletorio de dominio." (Ver imagen 377 del expediente  judicial digital). 6) El día 29 de junio de 2005, el señor Marco Aurelio Bolaños en su carácter de apoderado generalísimo del IDA y el señor Nombre112494  comparecieron ante el Notario Jimmy Meza Lázarus, con base en las disposiciones estipuladas en el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales Publicado en la Gaceta No. 173 del 10 de setiembre de 2002, y en ejecución del acuerdo supra indicado, por escritura No. 2 del Tomo No. 8, del indicado Notario, de la finca del Partido de Puntarenas a Folio Real No. 18777-000 a nombre del INDER, se segregó y tituló la parcela No. 000-14 del Bloque 145 del Proyecto Coto Brus, a nombre del señor Nombre112494 . Titulación que quedó inscrita en el Registro Público el día 19 de abril de 2006 bajo el sistema de Folio Real del Partido de Puntarenas Matrícula Placa20342. (Ver folios 284, 285, 286 y 287 del expediente judicial digital). 7) Por oficio FOE-PGAA-0578 del 27 de agosto de 2008, la Contraloría General de la República le remitió al señor , Presidente Ejecutivo del IDA, el Informe DFOE-PGAA-20-2008 referido al estudio que como parte de los planes operativos para el año 2008, realizó ese órgano sobre 200 entregas de títulos que realizó el IDA en reservas nacionales, en los que se analizó el cumplimiento técnico y legal, requeridos para dicho acto. Se acusó en dicho estudio: A) Que el IDA otorgó las parcelas en reservas nacionales con base en: 1) La Ley de Titulación Múltiple de Tierras No. 5064 del 22 de agosto de 1972. 2) La Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales No.7599 del 29 de abril de 1996 y el Reglamento Interno que para los efectos emitió el IDA No. 55 denominado "Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales", publicado en la Gaceta No. 173 del 10 de setiembre de 2002; normas que fueron declaradas inconstitucionales por voto No. 595-92 del 3 de marzo de 1992; No. 2988-99 del 23 de abril de 1999; No. 8560-2001 del 28 de agosto de 2001 y el 8457-2007 del 13 de junio de 2007. B) Que el Proyecto de Titulación No. 10 denominado Puriscal-Parrita fue creado al amparo de la Ley de Titulación Múltiple de Tierras No. 5064 del 22 de agosto de 1972 y al Decreto No. Placa20346 del 17 de abril de 1974 constituido por 267,239 hectáreas. Ley que fue declarada inconstitucional por voto No. 592-92 y el Decreto fue derogado por Decretos No. 34415-MAG del 10 de abril de 2008 y 34654-MGP del 7 de julio de 2008. C) Que el IDA tituló propiedades parcial o totalmente boscosa, con características de uso de suelo y topografía con aptitud forestal o áreas de protección y por ende no podían salir de la administración del Estado por constituir parte del Patrimonio Natural del Estado, violando lo dispuesto en los artículos 13, 14, 15 y 33 de la Ley Forestal No. 7575 del 5 de febrero de 1996. Tierras que por su naturaleza son imprescriptibles, inalienables e inembargables, no pudiendo inscribirse registralmente en el Registro Público mediante la figura de la información posesoria. D) Que la Procuraduría General de la República, indicó en su Dictamen C-146-2008 del 5 de mayo de 2008 que el IDA no tenía competencia para titular tierras en reservas nacionales mediante información posesoria administrativa.  E) Que se omitió con la presentación de la certificación de uso de suelos, según lo exigía los artículos 26 y 27 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 7779 del 30 de abril de 1998 y su Reglamento. E) Por lo anterior, la Contraloría le ordenó al IDA realizar las gestiones administrativas y judiciales para recuperar las tierras tituladas por el IDA y que pertenecen al Patrimonio Natural del Estado.  (Ver imágenes del 346 al 358 del expediente judicial digital). 8) La Junta Directiva del INDER en el artículo No. 5 de la Sesión Ordinaria 011-2013, celebrada el 18 de Marzo de 2013, declaró lesivo a los intereses públicos el artículo No. 56 de la Sesión Ordinaria No. 022-05 celebrada el 3 de mayo de 2005, mediante el cual se autorizó el traspasó de la parcela No. 000-14 del bloque 145, la cual quedó inscrita el 19 de abril de 2006 bajo el sistema de Folio Real del Partido de Puntarenas Matrícula Placa20342 y descrita en el plano P-0869458-2003, según el cual tiene un área de 56 hectáreas 3197 metros con 90 decímetros cuadrados y es terreno de montaña y potrero. Que en el expediente de titulación consta que se presentó la certificación del MINAET estableciendo que el terreno se ubica fuera de cualquier Área Silvestre Protegida, sin embargo en la misma se dice que constituye parcialmente patrimonio natural del Estado según los Artículos 13,14 y 15 de la Ley Forestal 7675 del 16 de abril de 1996. En el expediente de la titulación, no consta que se haya presentado el estudio de uso conforme de suelos del INTA. En el expediente no consta informe del Instituto Geográfico Nacional, y se encomendó a los Licenciados Rodrigo Cervantes y Eric Jiménez a presentar el proceso de lesividad. (Ver imágenes 374, 375 y 376 del expediente judicial digital). 9) El día 20 de agosto de 2013, se presentó el presente proceso de lesividad, solicitando se declare la nulidad del artículo 56 tomado en la sesión de la Junta Directiva del INDER en la sesión ordinaria No. 22-05 celebrada el día 3 de mayo de 2005, alegando que es lesivo al interés público en razón que esa institución en el acuerdo señalado, tituló terrenos que por su naturaleza constituye Patrimonio Natural del Estado y además el señor Nombre112494  omitió presentar el estudio de uso de suelo del INTA, o de una profesional privado acreditado para realizarlo. (Ver expediente judicial digital). 10) Mediante Informe SINAC-ACOSA-PNE-AD-044-2016, del 24 de abril del 2015, dando respuesta a lo solicitado por la Licenciada Evelyn Aguilar Méndez con ocasión del presente proceso;  el Licenciado Joel García Medina, del Patrimonio Natural del Estado, ACOSA-PNE-OT, luego del estudio correspondiente concluyó: "...El Programa de PNE-ACOSA concluye y recomienda que se proceda a indicar dentro de la cabida de 56ha 3197.9 m2 del inmueble con plano catastrado 60869458-2003 ubicado en Distrito Corredores del cantón de Corredores, Provincia de Puntarenas, Hoja Cartográfica IGN Cañas Gordas Escala 1:50000. Entre las coordenadas bajo el sistema de proyección CRTM05, Placa20340 Placa20341, existen 50 ha 5797 M2 aproximadamente de elementos que podrían calificar como Patrimonio Naturl del estado es decir el 89.8% del área se encuentra afectada...". (Ver imágenes de la 91 a la 104 del expediente judicial digital).

III.- HECHOS NO PROBADOS: 1) Que el señor Nombre112494  haya inducido a error a la Administración del INDER con tal de que le fuera adjudicada la parcela según acuerdo de esa Junta en el artículo 56, de la sesión 022-05, del 03 de mayo del 2005, en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Puntarenas, folio real No. 146022-000. (No se tiene prueba en tal sentido).

IV.- SOBRE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD: La representación del señor Nombre112494  opuso la excepción de prescripción y caducidad sin profundizar. Por tratarse de excepciones que tienen la virtud de poner fin al proceso, se deben analizar dichas excepciones de previo. Al respecto debe tener presente el actor, que el objeto del presente proceso es que se declare por parte de este Tribunal la nulidad absoluta del acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 56, de la sesión 022-05, de fecha 03 de mayo del 2005, en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Puntarenas, folio real No. 146022-000 a favor del señor Nombre112494   y demás actos conexos. El proceso entonces que conoce el Tribunal lo es de lesividad, bajo el alegato de que parte del terreno que se inscribió constituye parte del Patrimonio Natural del Estado, el cual constituye dominio público y como tal la gestión del Estado para su recuperación resulta imprescriptible. En este sentido la Sala I indicó: "...En igual sentido, lo indicado respecto a que el Tribunal no consideró que el terreno ha estado en posesión de particulares, no resulta un reclamo atendible ante esta Sala, por ser la Ley Forestal clara, en el sentido de que se trata de bienes inalienables, cuya posesión por particulares no causará derecho alguno a su favor, siendo imprescriptible la acción reinvindicatoria del Estado..."(Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto No. 1070-F-S1-2010). Por lo anterior técnicamente resulta inoponible tal excepción, razón por la cual se rechaza. Sobre la caducidad, indicar que conforme al artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la lesividad referente a la tutela de bienes de dominio público no estará sujeta a plazo. Así las cosas y entratándose de un proceso de lesividad referido a la recuperación del Patrimonio Natural del Estado como bien de dominio público, la lesividad no está entonces sujeta a plazo de caducidad y por ende también dicha excepción no resulta oponible, razón por la cual se rechaza también.

V.- DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO: El proceso de lesividad tiene como objeto, que en sentencia se anule el acuerdo tomado por la Junta Directiva del INDER en el artículo 56, de la sesión 022-05, celebrada el 03 de mayo del 2005, en lo que se refiere a la titulación de la finca Partido de Puntarenas, folio real No. Placa20342, por considerar que se hizo sin que el beneficiado cumpliera con los requisitos que le exigía la normativa aplicable, y que a raíz de ello se anulen los actos conexos tales como la escritura mediante la que se materializó la titulación del bien a favor del señor Nombre112494  y la inscripción registral. En cuanto a la nulidad del acto administrativo, esta Sección del Tribunal ha reiterado en sus sentencias, entre otras, la No. 64-2016 de las nueve horas del doce de julio de dos mil dieciséis: "...Conforme con el artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP) la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste. Manifestando a continuación, que será inválido el acto administrativo sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico, precisando que las infracciones insustanciales no invalidarán el acto. Lo que significa que en un acto administrativo se pueden presentar dos tipos de infracciones: sustanciales e insustanciales, siendo las primeras de ellas las que determinan la invalidez del acto, que se manifiesta, dependiendo de la gravedad de la violación cometida, en nulidad relativa o absoluta y, las insustanciales que no producen la invalidez del acto, pero si responsabilidad disciplinaria del servidor agente. En tal sentido, la validez del acto administrativo se verifica con el cumplimiento y presencia en forma perfecta de los elementos que lo constituyen, tanto formales como sustanciales. Estos elementos a que hacemos referencia, la doctrina nacional, como la LGAP, los distingue entre formales y sustanciales. Entre los elementos formales se encuentran el sujeto, procedimiento y la forma, y en los sustanciales o materiales se tiene el motivo, el contenido y el fin. El primer elemento formal del acto administrativo es el sujeto. Corresponde al autor del acto. Es el funcionario público, órgano o ente administrativo que dicta un acto administrativo, el cual debe a su vez contar con una serie de requisitos, tales como: investidura, competencia y titularidad. La investidura es el nombramiento o la elección de una persona en un cargo o empleo público (en tal sentido artículos 111 y siguientes de la LGAP). Es la potestad para actuar a nombre y por cuenta del Estado y dirigir a éste el efecto de su conducta. Esta puede darse por elección o nombramiento. Se hace efectiva con la toma de posesión del cargo. Nombre28  define a la competencia "como la medida exacta de la cantidad de medios legalmente autorizados en favor del Estado, dentro de un caso concreto para perseguir un fin determinado". La competencia significa la cantidad de poderes y deberes dispuestos en favor de un determinado ente administrativo. La competencia es el complejo de facultades y poderes atribuido a un determinado órgano administrativo con relación a los demás, pues el fundamento de la competencia radica en la pluralidad de órganos que integran la Administración Pública y la distribución de las distintas funciones entre ellas (artículos 59 y 129 LGAP). Finalmente la titularidad, implica que el funcionario público no sólo debe ser competente, sino además debe ser el titular de la competencia. Por titular se ha entendido aquel que ejerce un cargo, profesión u oficio, por derecho propio o nombramiento definitivo, con la plenitud de requisitos y estabilidad, a diferencia del llamado a ocuparlo provisionalmente. El segundo elemento formal del acto administrativo es el procedimiento. La Administración Pública cuenta con la facultad de emitir actos administrativos en forma unilateral, que incluso pueden llegar a anular o revocar derechos subjetivos de los particulares. Este poder de auto tutela ha sido limitado por el ordenamiento jurídico. Ese límite lo constituye la obligación de la Administración Pública de seguir un procedimiento para emitir el acto administrativo. El procedimiento administrativo es una serie concatenada de actos procedimentales tendentes a un fin. El procedimiento administrativo tiene por objeto fundamental la averiguación de la verdad real del motivo que va a servir de base al acto administrativo final. El procedimiento se trata del modo de producción de un acto (artículos 214, 216, 224, 225, 308 y 320 LGAP). Ahora bien, en el caso que tal procedimiento tenga por objeto la imposición de una sanción, o de alguna manera un acto de gravamen, sea que imponga una obligación o la pérdida de una condición o derecho, se requiere que el acto de inicio de tal procedimiento sea debidamente comunicado al afectado. Esta comunicación se logra de dos maneras: notificación o publicación. Se comunican por publicación los actos generales y por notificación los concretos –artículo 240 Ley General de la Administración Pública-, sin embargo, cuando se ignore o esté equivocado el lugar para notificaciones al interesado por culpa de éste, deberá comunicársele el acto por publicación, en cuyo caso la comunicación se tendrá por hecha cinco días después de ésta última (artículo 242 LGAP). La notificación es el modo de comunicar al afectado o destinatario del acto final, de manera directa y personal, el inicio del procedimiento, lo que constituye un requisito fundamental para la seguridad jurídica y el debido proceso sustancial. La notificación es un deber jurídico de la Administración, cuya finalidad es asegurar el verdadero, real e íntegro conocimiento por parte de los afectados del establecimiento de un procedimiento administrativo en su contra y de sus consecuencias. Indudablemente, la debida notificación constituye una manifestación más de los elementos que integran el debido proceso, los que ha definido la Sala Constitucional de la siguiente manera: a) hacer traslado de cargos al afectado, lo cual implica comunicar en forma individualizada, concreta y oportuna los hechos que se imputan; b) permitirle el acceso irrestricto al expediente administrativo, c) concederle un plazo razonable para la preparación de su defensa, d) concederle la audiencia y permitirle aportar toda prueba que considere oportuna para respaldar su defensa; e) fundamentar las resoluciones que pongan fin al procedimiento; f) reconocer su derecho a recurrir contra la resolución sancionatoria” (Voto número 5469-95 de las dieciocho horas tres minutos del cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco). Valga señalar que al tenor del artículo 223 LGAP, solo causará la nulidad de lo actuado, la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento, entendiendo como tal, la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión. Se tiene entonces, que los vicios del procedimiento son los causados al inobservarse la debida ritualidad de éste, en tanto con la omisión o ausencia de esa formalidad se impida o cambie la decisión final o que se cause indefensión. El tercer elemento formal del acto administrativo es la forma, que es la manera como se exterioriza o manifiesta el acto administrativo. De conformidad con el artículo 134 de la LGAP, el acto administrativo deberá expresarse por escrito, salvo que su naturaleza o las circunstancias exijan forma diversa (ver 136 LGAP y 146 Constitución Política). Deriva de este elemento formal, la obligación de la Administración de justificar adecuadamente sus decisiones, por medio de la motivación de sus actos, en tanto la motivación significa la explicación, fundamentación o justificación que la Administración brinda en el dictado de un acto administrativo. Se ha dicho que “Motivar un acto administrativo es reconducir la decisión que en el mismo se contiene a una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. Por ello motivar un acto obliga a fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración se parte y a incluir tales hechos en el supuesto de una norma jurídica; y, en segundo lugar, a razonar como tal norma jurídica impone la resolución que se adopta en la parte dispositiva del acto.” (Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández; “Curso de Derecho Administrativo”, Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, 1997, p. 556). La Sala Constitucional ha manifestado: "En cuanto a la motivación de los actos administrativos se debe entender como la fundamentación que deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, tomando en cuenta los motivos de hecho y de derecho, y el fin que se pretende con la decisión. En reiterada jurisprudencia, este tribunal ha manifestado que la motivación de los actos administrativos es una exigencia del principio constitucional del debido proceso así como del derecho de defensa e implica una referencia a hechos y fundamentos de derecho, de manera que el administrado conozca los motivos por los cuales ha de ser sancionado o por los cuales se le deniega una gestión que afecta sus intereses o incluso sus derechos subjetivos." (Voto 7924-99). Respecto de los elementos materiales o sustanciales del acto administrativo, tenemos que el motivo (artículo 133 LGAP) es el presupuesto jurídico, el hecho condicionante que da génesis al acto administrativo. De tal manera que el motivo del acto administrativo constituye el supuesto o el hecho condicionante de la emisión de un acto administrativo, en otros términos, constituye la razón de ser del acto administrativo, lo que obliga o permite su emisión. Puede consistir en un acto o un hecho jurídico previsto por la norma jurídica. En tanto que el contenido del acto, constituye el efecto jurídico o la parte dispositiva del acto, lo que manda, ordena o dispone. Es el cambio que introduce en el mundo jurídico. Es la parte del acto que dispone una sanción, una autorización, permiso, concesión (artículo 132 LGAP). El último de los elementos sustanciales o materiales es el Fin. La Administración Pública tiene un cometido único, la satisfacción del interés público. Esa satisfacción del interés público se logra de diversas maneras, siendo una de ellas a través de la emisión de actos administrativos que actúan las competencias específicas asignadas al órgano u ente administrativo y que le han sido asignadas, precisamente para actuar y satisfacer el interés público incito en la competencia conferida. En principio se entiende que, todo acto administrativo, como resultado concreto de una competencia genérica, tiende a la satisfacción del interés común. Por ello se afirma, que el fin del acto administrativo en consecuencia será la satisfacción del interés público, que constituye el fin general de todo acto administrativo y a su vez, el fin específico será la satisfacción del interés público que está a cargo de esa competencia (artículo 131 LGAP). Dispone el artículo 166 LGAP: “Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente.” Advirtiendo, como nos los recuerda Nombre111027  que "la noción de acto administrativo es indudablemente una consecuencia de la sumisión de la Administración Pública a un régimen de derecho" y que el "principio general, tantas veces aludido, de la legalidad de la actuación administrativa se resuelve, a la vista de cada concreto acto administrativo, en una cuestión de pura técnica jurídica, cuyo empleo se hace entonces indispensable para determinar con rigor qué actos administrativos son legalmente válidos y cuáles no...". De esta forma de acuerdo a la Ley General de la Administración Pública, habrá nulidad absoluta del acto administrativo cuando falte uno o varios de los elementos del acto administrativo, sea, motivo, contenido o fin, circunstancia que habrá de determinarse en cada caso concreto. Ahora, la motivación, técnicamente no constituye uno de los elementos conformadores del acto, sin embargo por tratarse la motivación del acto, de las explicaciones y justificaciones técnico-lógicas del porque la Administración actúa en un determinado sentido, el no motivar de manera debida un acto administrativo, dicha omisión constituye una violación al derecho de defensa del Administrado. En el presente asunto se acusa que el acuerdo que se pide anular padece de un vicio de nulidad absoluta por falta de motivo, situación que se analizará de seguido.

VI.- DEL FUNDAMENTO DE LA DEMANDA Y SU VALORACIÓN POR PARTE DE ESTE TRIBUNAL: Sin perjuicio de la literalidad de sus argumentaciones, las cuales han sido estudiadas en su totalidad por este Tribunal, se procede al análisis del presente asunto. La representación del INDER planteó el proceso de lesividad solicitando que por ser lesivo al interés público, se anule el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 56, de la sesión 022-05, de fecha 3 de mayo del 2005, únicamente en lo que se refiere a la titulación de la parcela No. 000-14 del Bloque 145 del Proyecto de Titulación Coto Brus. Y por conexidad, se anule la escritura pública No. 2 del Tomo No. 8 otorgada ante el Notario Jimmy Meza Lázarus, del 29 de junio de 2005, en la que se formalizó y protocolizó la titulación emitida por el IDA, así como el asiento registral que generó, a saber, la finca del Partido de Puntarenas, folio real No. 146022-000 a nombre del señor Nombre112494  , correspondiente al plano catastrado P-0869458-2003. Solicitud que presentó con base en lo siguiente: Que a esa Junta se le recomendó autorizar el traspaso y titulación de la parcela 000-14 del bloque 145 del "Proyecto Coto Brus", a favor de Nombre112494  , supuestamente porque éste cumplió con los requisitos que establecía el "Reglamento para la Titulación de Tierras es Reservas Nacionales", y por ello en la sesión ordinaria No. 022-05 celebrada el día 3 de mayo de 2005, en el artículo 56 se autorizó su titulación, dando origen a la finca del Partido de Puntarenas, folio real No. Placa20342 correspondiente al plano catastrado P-0869458-2003; sin embargo acusó que tal cumplimiento no se dio en razón de dos vicios: 1) Que en razón de que el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente y el 13 de la Ley Forestal, establecen respectivamente que las Áreas Silvestres Protegidas y el Patrimonio Natural del Estado; los administra el Minae, los solicitantes debían aportar una certificación emitida por el MINAE en la que se indicara que el terreno a titular no se ubicaba dentro de una área silvestre protegida o conformara parte del patrimonio natural del Estado, requisito que era esencial e infranqueable para la validez del trámite, pues el artículo 10.b) del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, exigía del interesado, presentar una certificación del MINAE en la que se indicara que el terreno a titular según el plano catastrado, no estaba dentro de un área de conservación o formara parte del patrimonio natural del Estado. Que en el caso presente, se aportó la certificación SINAC-DS-OFAU-C-5103 del 01 de diciembre de 2003, en la que se indicó que la parcela constituye parcialmente patrimonio natural del Estado y no obstante ello, se recomendó su titulación, contraviniendo con ello el artículo 13 de la Ley Forestal y 10.b) del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, lo que generó un vicio de nulidad absoluta evidente y manifiesta. 2) Que el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso de Suelos No. 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, del 21 de marzo de 2001; exigía de los gestionantes de una información posesoria ante el IDA; la presentación de un estudio adecuado de suelos, en la que se indicara que el ejercicio de la posesión se había hecho cumpliendo con el uso adecuado de suelos, sin embargo el señor Nombre112494  no lo aportó, lo que generó otro vicio de nulidad absoluta. Que en razón de los vicios indicados, conforme a lo que disponen los artículo 133, 158, 166 y 167, al estar el motivo para la titulación debidamente regulado, al incumplirse con esos requisitos, se generaron vicios de nulidad del acto por no existir entonces el motivo tal y como había sido tomado en cuenta para su dictado y en segundo lugar se violentaron normas prohibitivas pues se tituló patrimonio natural del Estado lo cual es imposible conforme a lo que dispone 13, 14, 15, 33 y 34 de la Ley Forestal, y por ende conforme a lo que señala el artículo 129 constitucional, los actos y convenios contra las leyes prohibitivas; son nulos. El alegato de la representación del SINAC como tercero interesado indicó que la certificación SINAC-DS-OFAU-C-5103-2003 que el terreno que describe el plano P-869458-000 a nombre del IDA constituye parcialmente patrimonio natural del Estado y conforme al artículo 13 de la Ley Forestal los bosques y terrenos que cnstituyen Patrimonio Natural del Estado, dichos terrenos no pueden ser permutados, cedidos o enajenados de ninguna manera. Por su parte la representación del Estado, como coadyuvante activo también señaló que, según la certificación SINAC-DS-OFAU-C-5103-2003, la parcela titulada constituye Patrimonio Natural del Estado, con lo que se violó el artículo 13, 14, y 15 de la Ley Forestal, lo cual vició de nulidad absoluta el acuerdo de adjudicación, situación que fue reiterada por la Sala Primera en sus votos No. 1070-F-S1-2010 y el 1088-F-S1-2011. Pero además esa representación agregó un argumento, no expuesto, ni por la representación del INDER, ni por la del SINAC, señalando que la titulación que se hizo al señor Nombre112494 , mediante el acuerdo que se pide anular, se hizo con fundamento en el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales aprobado por la Junta Directiva del IDA el día 12 de agosto de 2002 y publicado en la Gaceta No. 173 del 10 de setiembre de 2002, el cual fue anulado por la sentencia de la Sala Constitucional No. 2063-2007, con efectos retroactivos a la fecha de vigencia de la norma que se anulan, sea el 12 de agosto de 2002, por lo que el acuerdo No. 56 de la sesión ordinaria No. 022-05 está viciado de una nulidad sobrevenida. Que la Sala Primera en sus votos 1070-F-S1-2010 y el 1088-F-S1-2011 confirmó que la nulidad (y anulación) del Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, vició de nulidad las titulaciones que se hicieron con sustento en él. Ello por cuanto la Sala Constitucional lo anuló, porque el IDA hoy INDER, carecía de competencia para emitirlo y porque la Ley que supuestamente sustentó esa reglamentación en modo alguno facultó al Estado a titular reservas nacionales y patrimonio natural del Estado y por ende el IDA en dicho Reglamento invadió competencias del Poder Legislativo, y por ende carecía de competencia para titular la parcela del bloque 145, No. 000-14 del Proyecto de Titulación Coto Brus a nombre del señor Nombre112494  , vicio que es suficiente para anular el acto de adjudicación. El alegato de la representación del señor Nombre112494  fue que adquirió el derecho de posesión sobre el inmueble de su antecesora, quien lo hizo de manera pública, pacífica y en calidad de dueño, por más de 50 años y a la fecha la ha ejercido durante más de 32 años en las mismas condiciones y que en ningún momento dicha posesión se ha ejercido en terrenos demaniales o del Estado, de manera que la causa de la adquisición de la nuda propiedad lo fue por usucapión según lo indicó la Sala Constitucional en el voto que citó la representación estatal. Que con su solicitud de titulación presentó toda la documentación y requisitos legales exigidos y el IDA no le previno defecto u omisión alguna. Que habiendo presentado todos los requisitos legales y fácticos sin que le previnieran defecto alguno; el INDER le tituló la parcela a su nombre y se procedió con su inscripción. Que era el IDA quien debía verificar con el cumplimiento de los requisitos, y que de haberse dado inconsistencias, omisiones o anomalías, ello fue resorte exclusivo de los personeros del INDER, por lo que no se le debe endilgar falta o culpa alguna y se le debe respetar dicha inscripción. Que no es sino muchos años después de haberse inscrito el inmueble, que se le quiere despojar del mismo, lo que es completamente ilegal ya que no fue su responsabilidad de la negligencia e impericia con que actuó la administración otorgante. Que al momento de la inscripción del inmueble, los requisitos supuestamente omitidos no eran exigidos, por lo que no se le puede aplicar retroactivamente en las exigencias de una norma posterior, en su perjuicio. Con base en los hechos alegados y la prueba acreditada, esta Cámara es del criterio que el proceso de lesividad se debe acoger en razón de lo que se indica de seguido. La Junta Directiva del INDER, por acuerdo tomado en el artículo 56, de la sesión 022-05, del 3 de mayo del 2005, adjudicó al señor Nombre112494  , la parcela No. 145-000-14 y que dio paso a la inscripción registral de la finca del Partido de Puntarenas, folio real No. 146022-000. Ahora, la representación del INDER acudió en proceso de lesividad solicitando se anule dicho acuerdo bajo el alegato de que se dieron 2 incumplimientos que generaron en él, vicios de nulidad absoluta, a saber, no se consideró por parte del INDER que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en su Certificación No. SINAC-DS-OFAU-C-5103-2003 del 01 de diciembre de 2003, advirtió que en la parcela a titular conforme al plano catastrado No. P-0869458-2003, constituía parcialmente patrimonio natural del Estado, y además que el interesado omitió presentar el estudio de uso de suelos conforme, según lo exigía el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Uso de Suelos, No. 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT. Tesis que fue apoyada por la representación del SINAC como tercero interesado y del Estado como coadyuvante activo. Aunado a que la representación estatal alegó también que el decreto que sustentó el acuerdo mediante el que se tituló la parcela fue declarado inconstitucional lo que afectó la validez y eficacia de lo actuado. Efectivamente la Cámara considera que lo actuado se realizó en violación al ordenamiento jurídico, que lo afectó de un vicio de nulidad absoluta evidente y manifiesta en razón de lo siguiente: 1) Se tituló Patrimonio Natural del Estado, bien de dominio público: El presente asunto pretende la nulidad de los actos y contratos que permitieron que la finca conformada por Patrimonio Natural saliera del dominio del Estado, y pasara a manos de particulares. Por ello esta Cámara analizó la prueba referida a los antecedentes de lo actuado, con el afán de determinar y precisar, si estuvo dentro del dominio del Estado o alguna de sus instituciones o si está cubierta de bosque, aspectos que tienen respuesta afirmativa por lo siguiente: El día 11 de diciembre de 2003, el señor Nombre112494  , presentó solicitud ante el Instituto de Desarrollo Agrario, para que la parcela 000-14 del boque 145 del Proyecto de Titulación Coto Brus, situada en Río Bonito, Distrito Corredores, Cantón Corredores de Provincia de Puntarenas, con una cabida de 56ha 3197.90 Mts2, y como prueba aportó una escritura rendida ante el Notario Roy Faustino Jiménez Rodríguez quien hizo constar que ante él compareció el 01 de julio de 2001 señor Nombre112494  y adquirió de la señora Nombre112495   el derecho de posesión por 17 años de una finca sin inscribir con una cabida de 40 hectáreas ubicada en Río Bonito del Distrito de Corredores, Cantón Corredores, y que describió como finca para uso agrícola de tacocal y montaña. Además de un documento privado suscrito entre el señor Nombre112494  y el señor José Ángel Castro Baguardia, de fecha 07 de octubre de 1983, en el que el primero adquirió del segundo un derecho de posesión por la suma de 20 mil colones la finca sin inscribir ubicada en Río Bonito distrito Corredores, Cantón Corredores con una cabida de 30 hectáreas y que describió terreno sembrado de pasto, resto tacotal y montaña dedicada al repasto, parte de la montaña dedicada a la agricultura y a la conservación de la flora y la fauna. Es decir, en ambos documentos se constata que en el inmueble o parcela solicitada, existió siempre montaña. Esa condición de patrimonio natural se indicó expresamente en la certificación emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación No. SINAC-DS-OFAU-C-5103-2003 del 01 de diciembre de 2003, en la que advirtió que en la parcela a titular conforme al plano catastrado No. P-0869458-2003, constituía parcialmente patrimonio natural del Estado, sin embargo en el acuerdo que se impugna tal situación no fue considerada. Dicha condición se terminó de acreditar en el Informe SINAC-ACOSA-PNE-AD-044-2016, del 24 de abril del 2015, en el que se concluyó: "...El Programa de PNE-ACOSA concluye y recomienda que se proceda a indicar dentro de la cabida de 56ha 3197.9 m2 del inmueble con plano catastrado 60869458-2003 ubicado en Distrito Corredores del cantón de Corredores, Provincia de Puntarenas, Hoja Cartográfica IGN Cañas Gordas Escala 1:50000. Entre las coordenadas bajo el sistema de proyección CRTM05, Placa20340 Placa20341, existen 50 ha 5797 M2 aproximadamente de elementos que podrían calificar como Patrimonio Natural del estado es decir el 89.8% del área se encuentra afectada...". De manera que al tratarse de un inmueble cubierto de bosque, y estar dentro del dominio del Estado, formaba parte del patrimonio natural del Estado, lo que impedía su titulación a favor de particulares conforme a lo que disponen los artículo 14, 15, 16, 33 y 34 de la Ley Forestal. Y es que la Ley Forestal en el ordinal 14, determina que los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural de Estado, “…serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.” De manera que la posesión por particulares no causa derecho alguno a favor de particulares, siendo imprescriptible la acción reinvindicatoria del Estado. Así, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, al disponer en su Artículo 56 de la Sesión 022-05 del 03 de mayo del 2005, titular a favor del señor Nombre112494   la parcela 000-14 del Bloque No. 145 del Proyecto de Titulación de Coto Brus, y que se describe en el plano catastrado P-0869458-2003 al constituye patrimonio natural del Estado, y por ende un bien de dominio público, el cual por su naturaleza resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio del ser humano; al no considerar la advertencia supra señalada, actuó de manera contraria al ordenamiento jurídico, siendo ello un vicio de manera absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo No. 56 tomado en la sesión 022-05 celebrada el día 03 de mayo de 2005, por lo cual se debe anular. El segundo incumplimiento que se acusó como causante de un vicio de nulidad absoluta en lo actuado, es que el señor Nombre112494  no aportó el Certificado de Uso de Suelo, tal y como se lo exigía el artículo 58 del "Reglamento a la Ley de Uso de Suelos" Decreto No. 29375-MAG-MINAE-S- HACIENDA-MOPT del 21 de marzo de 2001, el cual señala: "En toda información posesoria o que se presente ante el IDA o ante los Tribunales de Justicia, con el fin de inscribir en el Registro Público de la Propiedad, el interesado, además de los requisitos que exige la normativa común, deberá de demostrar, con un estudio adecuado de suelos, que ha ejercido la posesión cumpliendo con el uso conforme de suelo para la actividad que realiza de acuerdo con la metodología aprobada y ejecutándolas con las mejores prácticas de manejo, según la mejor tecnología disponible en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43 y 64 de la ley 7779 y su reglamento". En criterio de este Tribunal, de haberse aportado ´por el interesado esa certificación, el resultado de la gestión hubiese sido necesariamente denegatoria, pues por la naturaleza de patrimonio natural del inmueble el uso no hubiese resultado conforme. En esta línea de pensamiento, el artículo 158 de la LGAP indica que la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituye un vicio de este. De forma que si el citado artículo exigía tal certificación, y el interesado no la aportó, resultaba improcedente titular la parcela No. 000-14 del bloque 145 del proyecto de titulación Coto Brus a nombre del señor Nombre112494 , omisión que genera también un vicio de nulidad absoluta en lo actuado. Un tercer punto que generó en criterio de esta Cámara una nulidad absoluta, evidente y manifiesta en lo actuado, fue que la Sala Constitucional por resolución No. 2063-2007, de las 14 horas 40 minutos del 14 de febrero de 2007, dispuso: “Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la acción. En consecuencia, se anula el Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales, aprobado por acuerdo de Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en sesión 055-02 del doce de agosto del dos mil dos, y publicado en La Gaceta 173, del diez de setiembre del dos mil dos. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas que se anulan, sea el doce de agosto del dos mil dos, y el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y seis, respectivamente. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del Estado que derive de esta inconstitucionalidad (...)”. Ahora bien, teniendo por acreditado que el acuerdo de la Junta Directiva del IDA, artículo 56, tomado en la sesión 022-05 del 03 de mayo de 2005, por el cual se le tituló al señor Nombre112494  la parcela 000-14 del bloque 145 del Proyecto de Titulación Coto Brus; se sustentó en el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, Decreto Ejecutivo No. 28746-MINAE-MAG publicado en La Gaceta número 173 del diez de setiembre del dos mil dos, al haberse declarado inconstitucional dicha norma, con efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas que se anulan, sea al 12 de agosto de 2002; el acuerdo de la Junta Directiva del IDA No. artículo 56, tomado en la sesión 022-05 del 03 de mayo de 2005, devino en insubsistente al tenor de lo que dispone el artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo que constituye una causa mas para decretar su nulidad absoluta y por conexidad los restantes actos y contratos posteriores. En cuanto a los alegatos del señor Nombre112494  indicar que éste, básicamente afirmó que su actuación lo fue de buena fe y que si hubo errores u omisiones en la tramitología, tal circunstancia es responsabilidad del INDER y que la presentación del estudio de suelos no era requisito al momento en que se tramitó su solicitud de titulación; indicarle que, si bien la omisión de la Junta Directiva del INDER al no haber tomado en consideración la advertencia que se le hizo la Oficina de Atención al Usuario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía en la certificación No. SINAC-DS-OFAU-C-5103 del 01 de diciembre del 2003, en cuanto a que el inmueble a titular constituía parcialmente Patrimonio Natural del Estado y según artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal 7575 del 16 de abril de 1996, no era adjudicable; tal omisión no justifica que el actor alegue un derecho adquirido sobre en inmueble adjudicado, pues no se puede adquirir un derecho de forma contraria al ordenamiento jurídico y menos aún, cuando la norma omitida señala que los bienes calificados como Patrimonio Natural del Estado, son imprescriptibles, inembargables e inalienables, es decir, como bienes de dominio público están fuera del comercio de los hombres, por lo que cualquier acto administrativo que disponga su titularización particular, deviene nulo de manera absoluta de pleno derecho. Y es que la calificación de un terreno como Patrimonio Natural del Estado, tiene como una lógica consecuencia jurídica, su afectación como bien de dominio público, de manera que a partir del momento en que se así se calificó, los terrenos se vieron afectos a un especial régimen jurídico distinto al que tenían previo a tal acontecimiento. Y es precisamente esa circunstancia -sea, que actualmente formen parte del Patrimonio Natural del Estado-, la que impide al Instituto de Desarrollo Rural, ---hoy INDER---, a otorgar títulos de propiedad a particulares, en razón de la inalienabilidad característica de los bienes de dominio público. (En esta línea, ver sentencias emitidas por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Nos. 1070-F-S1-2010, 1088-F-S1-2011 y 1675-F-51-2012, así como sentencias de la Sala Constitucional Nos. 17659-2008, 21258-2010 y 16938-2011, entre otras) y en ese tanto, no es posible que los particulares ejerzan sobre tales bienes, algún tipo de posesión o propiedad. De lo que deriva además, que tampoco es viable el adquirir la propiedad por usucapión o prescripción positiva, aunque hubieran estado por más de diez años en tales terrenos. Corolario de lo expuesto se acoge la demanda de lesividad y por ende se dispone: 1) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 de la Ley General de la Administración Pública, se declara la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo de la Junta Directiva del IDA contenido en el artículo 56 de la Sesión No. 022-05, de 3 de mayo de 2005, únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor del señor Nombre112494   y descrita en el plano catastrado No. P-0869458-2003. 2) Al haberse inscrita la finca del Partido de Puntarenas bajo el Sistema de Folio Real No. 146022-000 técnica y jurídicamente en forma indebida por conexidad, se anula tanto la escritura pública No. 2 del Tomo 8 otorgada ante el Notario Jimmy Meza Lázarus, referido a la formalización y protocolización de la titulación ilegítima que emitiera el IDA a favor del señor Nombre112494   sobre la finca descrita en el plano catastrado No. P-0869458-2003 que genero la finca del Partido de Puntarenas No. 146022-000 y se ordena al Archivo Nacional anotar la anulación del instrumento notarial referido en la matriz del protocolo referido y al Registro Nacional la anulación de su asiento registral. 3) Se ordena una vez firme la presente sentencia, desalojar a los ocupantes del inmueble objeto de este proceso y ponerlo en posesión del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y deberá la Procuraduría General de la República, por medio de la Notaría del Estado, confeccionar una escritura donde protocolice, en lo conducente, las piezas de esta sentencia, a efectos de que se proceda al cambio de naturaleza e inscripción de la finca descrita en el plano catastrado P-0869458-2003 a nombre del Estado en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. Asimismo, deben el MINAET y el SINAC, confeccionar los rótulos necesarios que permitan identificar el inmueble como patrimonio natural del Estado. 4) De conformidad con los artículos 199, 200, 211, 212 y 213 de la misma Ley General deberá el jerarca del INDER iniciar de manera inmediata los procedimientos internos de mérito a fin de establecer la responsabilidad pecuniaria y/o disciplinaria de los funcionarios que participaron en las acciones u omisiones que llevaron a acciones contrarias a legalidad en el procedimiento de titulación referido. Sobre lo actuado y sus resultados, deberá rendir informe a Contraloría General de la República, con copia a este Tribunal en el plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia. 5) Se ordenó mantener las medidas cautelares dictadas por este Tribunal mediante resolución No. 122-2014, de las 11 horas del 24 de enero de 2014, hasta la firmeza de esta sentencia.

VII.- EXCEPCIONES: La representación del señor Nombre112494  opuso las excepciones de caducidad, prescripción y la que denominó sine actione agit. En cuanto a las dos primera ya la Cámara se refirió por lo que por innecesario nos manifestaremos al respecto en este apartado. Respecto de la mal llamada "sine actione agit", aténgase el representante del actor a lo que dice la Sala Primera en su voto 317-2008: "En torno a la expresión genérica “sine actione agit", a la luz de lo señalado por la doctrina procesalista, en la actualidad, no configura defensa alguna. Tuvo su origen y fundamento en el derecho romano, principalmente en el segundo período del Derecho Formulario, cuando el actor sólo podía llevar a juicio al demandado si el Pretor le otorgaba la fórmula-acción. Hacía referencia a la inexistencia de esa “fórmula” para acudir ante el Pretor.  Este sistema arcaico de acceso a la justicia fue superado. Por lo tanto, no sólo por razones históricas, sino también constitucionales, resulta inoponible e inaceptable. Además, tal expresión no comprende las defensas de falta de derecho, de interés, y de legitimación, como se ha querido establecer.  La defensa de “sine actione agit”  tuvo una finalidad propia, con ella nunca se atacó el derecho material, lo cual sí hacen las tres indicadas excepciones. Lo que se combatía con ella, se reitera, era la válida constitución de la relación procesal." Como se colige de lo anterior, tal "instituto", mal incorporado en nuestro sistema procesal como una excepción genérica comprensiva de las excepciones de falta de derecho, de interés y de legitimación, no tiene ninguna virtud denegatoria del Derecho de Fondo, sino ---como lo rescata la Sala---, sobre la forma procesal que se debía emplear para constituir y declarar lo reclamado en épocas antiguas y ni siquiera necesario en la actualidad; dado lo cual entiéndase rechazada la misma.

VIII.- COSTAS: El artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que las costas procesales y personales se imponen al vencido por el solo hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas que desconociera la parte contraria. En este caso, la parte accionada resultó vencida, sin embargo en razón del cuadro fáctico es claro que hubo motivo mas que suficiente para litigar, razón por la que se falla sin especial condenatoria en costas.

POR TANTO:

Se rechazan las excepciones de caducidad, prescripción y sine actione agit. Se declara con lugar la demanda de lesividad incoada por el Instituto de Desarrollo Rural contra el señor Nombre112494  , y en consecuencia: 1) Se anula el artículo 56 de la Sesión No. 022-05, de 3 de mayo de 2005, referido a la titulación de la parcela No. 000-14 del Bloque No. 145 del Proyecto de Titulación Coto Brus a favor del señor Nombre112494   y que describe el plano catastrado No. P-0869458-2003. 2) Se anula la escritura pública No. 2 del Tomo 8 otorgada ante el Notario Jimmy Meza Lázarus, referida a la formalización y protocolización de la titulación de la finca descrita en el plano catastrado No. P-0869458-2003 y que generó la finca del Partido de Puntarenas No. 146022-000. Se ordena al Archivo Nacional anotar la anulación del instrumento notarial referido en la matriz del protocolo referido. 3) Se ordena al Registro Público Nacional la anulación del asiento registral de la propiedad del Partido de Puntarenas No. 146022-000. 4) Firme la presente sentencia, deberá la representación estatal, gestionar el desalojo de los ocupantes del inmueble objeto de este proceso y ponerlo en posesión del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y deberá la Procuraduría General de la República, por medio de la Notaría del Estado, confeccionar una escritura donde protocolice, en lo conducente, las piezas de esta sentencia, a efectos de que se proceda al cambio de naturaleza e inscripción de la finca descrita en el plano catastrado P-0869458-2003 y se titule a nombre del Estado en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. Asimismo, deben el MINAET y el SINAC, confeccionar los rótulos necesarios que permitan identificar el inmueble como patrimonio natural del Estado. 5) De conformidad con los artículos 199, 200, 211, 212 y 213 de la Ley General de la Administración Pblica deberá la Junta Directiva del INDER ordenar el inicio de manera inmediata, de los procedimientos internos de mérito a fin de establecer la responsabilidad pecuniaria y/o disciplinaria de los funcionarios que participaron en las acciones u omisiones que llevaron a acciones contrarias a legalidad en el procedimiento de titulación referido. Sobre lo actuado y sus resultados, deberá rendir informe a Contraloría General de la República, con copia a este Tribunal en el plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia. 6) Se ordena mantener la medida cautelar dictada por este Tribunal mediante resolución No. 122-2014, de las 11 horas del 24 de enero de 2014, hasta la firmeza de esta sentencia. Se falla sin especial condenatoria en costas. Remítase copia de la presente sentencia al Archivo Nacional y al Registro Público de la Propiedad Inmueble para lo de su competencia, acá ordenado. NOTIFÍQUESE. José Iván Salas Leitón. Nombre111098  . Nombre22563  . Jueces.

 

 




- Código Verificador -
*SANQUTMEWD461*
SANQUTMEWD461



 

Documento firmado por:

JOSE IVAN SALAS LEITON, JUEZ/A DECISOR/A
Nombre22563  , JUEZ/A DECISOR/A
Nombre111098   , JUEZ/A DECISOR/A

 

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 09:19:44.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV

Resolución Nº 00033 - 2020

Date of Resolution: April 14, 2020 at 10:10 a.m.

Case File: 13-005627-1027-CA

Drafted by: José Iván del Socorro Salas Leitón

Type of Matter: Proceso de lesividad

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Rulings in the same vein


Content of Interest:

Type of content: Voto de mayoría

Branch of Law: Administrative Litigation Procedural Law

Topic: Proceso de lesividad

Subtopics:

Absolute nullity of the agreement made by the Instituto de Desarrollo Rural that ordered the titling of a parcel forming part of the State's Natural Heritage in favor of an individual.

Topic: Motivation of the administrative act

Subtopics:

Omission constitutes a violation of the administered party's right of defense.

Topic: Public domain assets (bien demanial)

Subtopics:

Absolute nullity of the agreement made by the Instituto de Desarrollo Rural that ordered the titling of a parcel forming part of the State's Natural Heritage in favor of an individual.

Topic: Natural heritage (patrimonio natural)

Subtopics:

Absolute nullity of the agreement made by the Instituto de Desarrollo Rural that ordered the titling of a parcel owned by the State in favor of an individual.

"V.- ON THE NULLITY OF THE ADMINISTRATIVE ACT: The purpose of the proceso de lesividad is for the judgment to annul the agreement made by the Board of Directors of INDER in article 56 of session 022-05, held on May 3, 2005, with regard to the titling of the property Partido de Puntarenas, real estate folio No. 146022-000, on the grounds that it was done without the beneficiary meeting the requirements demanded by the applicable regulations, and that, as a result, the related acts such as the deed by which titling of the property in favor of Mr. Rosales Ramírez was materialized and the registry entry be annulled. As for the nullity of the administrative act, this Section of the Tribunal has reiterated in its judgments, among others, No. 64-2016 at nine o'clock on July twelfth, two thousand sixteen: \"...Pursuant to article 158 of the Ley General de la Administración Pública (LGAP), the lack or defect of any requirement of the administrative act, expressly or implicitly demanded by the legal order, shall constitute a defect thereof. It then states that an administrative act substantially in conflict with the legal order shall be invalid, specifying that insubstantial infractions shall not invalidate the act. This means that in an administrative act there may be two types of infractions: substantial and insubstantial, the former being those that determine the invalidity of the act, which manifests, depending on the gravity of the violation committed, as relative or absolute nullity, and the insubstantial infractions that do not produce the invalidity of the act, but do generate disciplinary liability for the acting official. In that sense, the validity of an administrative act is verified by the perfect compliance and presence of its constituent elements, both formal and substantial. These elements to which we refer, in national doctrine, as well as the LGAP, are distinguished between formal and substantial. Among the formal elements are the subject, the procedure, and the form, and among the substantial or material ones are the motivo (motive), the content, and the end. The first formal element of the administrative act is the subject. It corresponds to the author of the act. It is the public official, administrative body, or entity that issues an administrative act, which must in turn possess a series of requirements, such as: investiture, competence, and titularity. Investiture is the appointment or election of a person to a public office or position (in that sense, articles 111 and following of the LGAP). It is the power to act in the name and on behalf of the State and to direct the effect of its conduct to it. This may arise from election or appointment. It becomes effective with the assumption of the position. Eduardo Ortiz defines competence \"as the exact measure of the amount of means legally authorized in favor of the State, within a specific case, to pursue a determined end.\" Competence signifies the amount of powers and duties arranged in favor of a specific administrative entity. Competence is the complex of faculties and powers attributed to a specific administrative body in relation to others, since the foundation of competence lies in the plurality of bodies that make up the Public Administration and the distribution of different functions among them (articles 59 and 129 LGAP). Finally, titularity implies that the public official must not only be competent but must also be the holder of the competence. The holder has been understood as the one who exercises a position, profession, or office, by their own right or definitive appointment, with full requirements and stability, as opposed to the one called to occupy it provisionally. The second formal element of the administrative act is the procedure. The Public Administration has the power to issue administrative acts unilaterally, which can even annul or revoke subjective rights of individuals. This power of self-tutelage has been limited by the legal order. That limit is constituted by the obligation of the Public Administration to follow a procedure for issuing the administrative act. The administrative procedure is a concatenated series of procedural acts aimed at an end. The fundamental purpose of the administrative procedure is the ascertainment of the real truth of the motivo (motive) that will serve as the basis for the final administrative act. The procedure is the mode of production of an act (articles 214, 216, 224, 225, 308, and 320 LGAP). Now, where such a procedure aims to impose a sanction or, in some way, an act of burden, whether it imposes an obligation or the loss of a condition or right, it is required that the act initiating such procedure be duly communicated to the affected party. This communication is achieved in two ways: notification or publication. General acts are communicated by publication and specific ones by notification – article 240 Ley General de la Administración Pública -, however, when the place for notifications to the interested party is unknown or is wrong due to their fault, the act must be communicated to them by publication, in which case the communication shall be deemed made five days after the latter (article 242 LGAP). Notification is the means of communicating to the affected party or addressee of the final act, directly and personally, the initiation of the procedure, which constitutes a fundamental requirement for legal certainty and substantive due process. Notification is a legal duty of the Administration, whose purpose is to ensure the true, real, and complete knowledge by the affected parties of the establishment of an administrative procedure against them and its consequences. Undoubtedly, proper notification constitutes yet another manifestation of the elements that make up due process, which the Constitutional Chamber has defined as follows: a) to serve notice of charges on the affected party, which implies communicating the imputed facts in an individualized, specific, and timely manner; b) to allow unrestricted access to the administrative case file; c) to grant a reasonable period for the preparation of their defense; d) to grant them the hearing and allow them to contribute all evidence they deem appropriate to support their defense; e) to provide reasons for the resolutions that terminate the procedure; f) to recognize their right to appeal against the sanctioning resolution\" (Voto número 5469-95 at eighteen hours and three minutes on October fourth, nineteen ninety-five). It is worth noting that according to article 223 LGAP, only the omission of substantial procedural formalities shall cause the nullity of what was performed, understanding as such, the formality whose correct execution would have prevented or changed the final decision in important aspects, or whose omission caused defenselessness. Thus, procedural defects are those caused by failing to observe the due ritual of the procedure, insofar as the omission or absence of that formality prevents or changes the final decision or causes defenselessness. The third formal element of the administrative act is the form, which is the manner in which the administrative act is externalized or manifested. In accordance with article 134 of the LGAP, the administrative act must be expressed in writing, unless its nature or the circumstances demand a different form (see article 136 LGAP and article 146 of the Political Constitution). From this formal element derives the obligation of the Administration to properly justify its decisions, through the motivation of its acts, insofar as motivation means the explanation, foundation, or justification that the Administration provides in the issuance of an administrative act. It has been said that \"To state the reasons for an administrative act is to redirect the decision contained therein to a rule of law that authorizes such decision or from whose application it arises. Therefore, stating the reasons for an act first requires establishing the facts from which consideration is taken, and including such facts within the premise of a legal norm; and second, to reason how such legal norm imposes the resolution adopted in the operative part of the act.\" (Eduardo García de Enterría and Tomás Ramón Fernández; \"Curso de Derecho Administrativo\", Volume I, Editorial Civitas, Madrid, 1997, p. 556). The Constitutional Chamber has stated: \"As for the motivation of administrative acts, it should be understood as the foundation that public authorities must provide for the content of the act they issue, taking into account the factual and legal grounds, and the end sought with the decision. In repeated case law, this tribunal has stated that the motivation of administrative acts is a requirement of the constitutional principle of due process as well as the right of defense, and implies a reference to facts and legal grounds, so that the administered party knows the reasons for which they are to be sanctioned or for which a petition affecting their interests or even their subjective rights is denied.\" (Voto 7924-99). Regarding the material or substantial elements of the administrative act, we have that the motivo (motive) (article 133 LGAP) is the legal precondition, the conditioning fact that gives rise to the administrative act. Such that the motivo (motive) of the administrative act constitutes the premise or the conditioning fact for the issuance of an administrative act; in other words, it constitutes the reason for being of the administrative act, what obligates or allows its issuance. It may consist of an act or a legal fact provided for by the legal norm. Meanwhile, the content of the act constitutes the legal effect or the operative part of the act, what it commands, orders, or provides. It is the change it introduces into the legal world. It is the part of the act that orders a sanction, an authorization, permit, or concession (article 132 LGAP). The last of the substantial or material elements is the End. The Public Administration has a single task, the satisfaction of the public interest. This satisfaction of the public interest is achieved in various ways, one of them being through the issuance of administrative acts that implement the specific competences assigned to the administrative body or entity, and which have been assigned precisely to act upon and satisfy the public interest inherent in the conferred competence. In principle, it is understood that every administrative act, as a concrete result of a generic competence, tends toward the satisfaction of the common interest. Therefore, it is affirmed that the end of the administrative act will consequently be the satisfaction of the public interest, which constitutes the general end of every administrative act, and in turn, the specific end will be the satisfaction of the public interest that is the responsibility of that competence (article 131 LGAP). Article 166 LGAP provides: \"There shall be absolute nullity of the act when one or several of its constituent elements are totally lacking, in fact or in law.\" Noting, as Garrido Falla reminds us that \"the notion of the administrative act is undoubtedly a consequence of the submission of the Public Administration to a rule of law\" and that the \"general principle, so often alluded to, of the legality of administrative action is resolved, in view of each specific administrative act, into a matter of pure legal technique, the use of which then becomes indispensable to determine with rigor which administrative acts are legally valid and which are not...\". Thus, according to the Ley General de la Administración Pública, there shall be absolute nullity of the administrative act when one or several of the elements of the administrative act are lacking, be it the motivo (motive), content, or end, a circumstance that must be determined in each specific case. Now, technically, motivation does not constitute one of the conforming elements of the act; however, since the motivation of the act is the technical-logical explanations and justifications for why the Administration acts in a certain way, failure to properly state the reasons for an administrative act, such omission constitutes a violation of the administered party's right of defense. In the present case, it is claimed that the agreement sought to be annulled suffers from a defect of absolute nullity due to lack of motivo (motive), a situation that will be analyzed below.

VI.- ON THE BASIS OF THE COMPLAINT AND ITS ASSESSMENT BY THIS TRIBUNAL: Without prejudice to the literalness of its arguments, which have been studied in their entirety by this Tribunal, we proceed to the analysis of the present case. The representation of INDER filed the proceso de lesividad requesting that, because it is harmful to the public interest, the agreement taken by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in article 56, of session 022-05, dated May 3, 2005, be annulled, solely with regard to the titling of parcel No. 000-14 of Block 145 of the Coto Brus Titling Project. And by connection, that public deed No. 2 of Volume No. 8, granted before Notary Jimmy Meza Lázarus, on June 29, 2005, in which the titling issued by the IDA was formalized and protocolized, be annulled, as well as the registry entry it generated, namely, the property Partido de Puntarenas, real estate folio No. 146022-000 in the name of Mr. Rosales Ramírez Gerardo, corresponding to the cadastral map P-0869458-2003. A request they made based on the following: That said Board was recommended to authorize the transfer and titling of parcel 000-14 of block 145 of the \"Coto Brus Project\", in favor of Gerardo Rosales Ramírez, supposedly because he met the requirements established by the \"Reglamento para la Titulación de Tierras es Reservas Nacionales\", and therefore in ordinary session No. 022-05 held on May 3, 2005, in article 56, its titling was authorized, originating the property Partido de Puntarenas, real estate folio No. 146022-000 corresponding to cadastral map P-0869458-2003; however, they claimed that such compliance did not occur due to two defects: 1) Because article 32 of the Ley Orgánica del Ambiente and article 13 of the Ley Forestal establish, respectively, that the Áreas Silvestres Protegidas and the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) are administered by Minae, the applicants were required to provide a certification issued by MINAE indicating that the land to be titled was not located within a protected wild area or forming part of the State's natural heritage, a requirement that was essential and impassable for the validity of the procedure, since article 10.b) of the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales required the interested party to present a certification from MINAE indicating that the land to be titled, according to the cadastral map, was not within a conservation area or forming part of the State's natural heritage. That in the present case, certification SINAC-DS-OFAU-C-5103 of December 1, 2003 was provided, in which it was indicated that the parcel partially constitutes State natural heritage, and despite that, its titling was recommended, thereby contravening article 13 of the Ley Forestal and article 10.b) of the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, which generated an evident and manifest defect of absolute nullity. 2) That article 58 of the Reglamento a la Ley de Uso de Suelos No. 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, of March 21, 2001; required those managing a possessory information (información posesoria) before the IDA, to present an adequate soil study, indicating that the exercise of possession had been carried out in compliance with proper land use (uso adecuado de suelos); however, Mr. Rosales Ramírez did not provide it, which generated another defect of absolute nullity. That due to the indicated defects, pursuant to articles 133, 158, 166, and 167, since the motivo (motive) for titling was duly regulated, failing to meet those requirements generated defects of nullity of the act because the motivo (motive) as it had been taken into account for its issuance did not exist, and secondly, prohibitive norms were violated because State natural heritage was titled, which is impossible pursuant to articles 13, 14, 15, 33, and 34 of the Ley Forestal, and therefore, pursuant to constitutional article 129, acts and agreements contrary to prohibitive laws are null and void [...]

Based on the facts alleged and the evidence credited, this Chamber is of the opinion that the proceso de lesividad must be granted for the reasons stated below. The Board of Directors of INDER, by agreement taken in article 56 of session 022-05 of May 3, 2005, adjudicated parcel No. 145-000-14 to Mr. Gerardo Rosales Ramírez, which led to the registry entry of the property Partido de Puntarenas, real estate folio No. 146022-000. Now, the representation of INDER came forward in a proceso de lesividad requesting that said agreement be annulled under the claim that 2 instances of non-compliance occurred that generated defects of absolute nullity therein, namely, INDER did not consider that the Sistema Nacional de Áreas de Conservación in its Certification No. SINAC-DS-OFAU-C-5103-2003 of December 1, 2003, warned that the parcel to be titled, according to cadastral map No. P-0869458-2003, partially constituted State natural heritage, and furthermore, that the interested party omitted to present the land-use study (estudio de uso de suelos) as required by article 58 of the Reglamento a la Ley de Uso de Suelos, No. 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT. A thesis that was supported by the representation of SINAC as an interested third party and by the State as an active coadjuvant. Coupled with the fact that the State representation also argued that the decree that supported the agreement by which the parcel was titled was declared unconstitutional, which affected the validity and efficacy of what was performed. Indeed, the Chamber considers that what was performed was carried out in violation of the legal order, which affected it with an evident and manifest defect of absolute nullity for the following reasons: 1) State Natural Heritage was titled, a public domain asset (bien de dominio público): The present case seeks the nullity of the acts and contracts that allowed the property made up of Natural Heritage to leave the domain of the State and pass into the hands of private individuals. Therefore, this Chamber analyzed the evidence relating to the background of what was performed, with the aim of determining and specifying whether it was within the domain of the State or any of its institutions or whether it is covered by forest (bosque), aspects that have an affirmative answer for the following reasons: On December 11, 2003, Mr. Gerardo Rosales Ramírez filed a petition before the Instituto de Desarrollo Agrario, for parcel 000-14 of block 145 of the Coto Brus Titling Project, located in Río Bonito, Corredores District, Corredores Canton in the Province of Puntarenas, with an area of 56ha 3197.90 Mts2, and as proof he provided a deed issued before Notary Roy Faustino Jiménez Rodríguez who certified that on July 1, 2001, Mr. Rosales Ramírez appeared before him and acquired from Mrs. Berta Badilla Soto the possession right for 17 years over an unregistered property with an area of 40 hectares located in Río Bonito, Corredores District, Corredores Canton, and which he described as a property for agricultural use of scrubland (tacotal) and mountain (montaña). Also, a private document signed between Mr. Rosales Ramírez and Mr. José Ángel Castro Baguardia, dated October 7, 1983, in which the former acquired from the latter a possession right for the sum of 20 thousand colones over the unregistered property located in Río Bonito, Corredores District, Corredores Canton, with an area of 30 hectares, and which he described as land planted with pasture, the rest scrubland (tacotal) and mountain (montaña), dedicated to grazing, part of the mountain (montaña) dedicated to agriculture and the conservation of flora and fauna. That is, in both documents it is confirmed that on the requested property or parcel, mountain (montaña) always existed. That condition of natural heritage was expressly indicated in the certification issued by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación No. SINAC-DS-OFAU-C-5103-2003 of December 1, 2003, in which it warned that the parcel to be titled, according to cadastral map No. P-0869458-2003, partially constituted State natural heritage; however, in the agreement being challenged, such situation was not considered [...]

Thus, since it involved a property covered by forest (bosque), and being within the domain of the State, it formed part of the State's natural heritage, which prevented its titling in favor of private individuals pursuant to articles 14, 15, 16, 33, and 34 of the Ley Forestal. And the Ley Forestal, in section 14, determines that forest lands and forests that constitute the State's natural heritage, \"...shall be unattachable and inalienable; their possession by private individuals shall not cause any right in their favor and the State's reivindicatory action over these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry through possessory information (información posesoria), and both the invasion and occupation of them shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law.\" So possession by private individuals does not cause any right in favor of private individuals, the State's reivindicatory action being imprescriptible. Thus, the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, by ordering in its Article 56 of Session 022-05 of May 3, 2005, to title parcel 000-14 of Block No. 145 of the Coto Brus Titling Project in favor of Mr. Gerardo Rosales Ramírez, described in cadastral map P-0869458-2003, as it constitutes State natural heritage, and therefore a public domain asset (bien de dominio público), which by its nature is unattachable, imprescriptible, inalienable, and outside the commerce of human beings; by not considering the aforementioned warning, acted contrary to the legal order, this being an absolute, evident, and manifest defect of agreement No. 56 taken in session 022-05 held on May 3, 2005, which must therefore be annulled. The second instance of non-compliance accused as causing a defect of absolute nullity in what was performed is that Mr. Rosales Ramírez did not provide the Certificado de Uso de Suelo, as required by article 58 of the \"Reglamento a la Ley de Uso de Suelos\" Decreto No. 29375-MAG-MINAE-S- HACIENDA-MOPT of March 21, 2001, which states: \"In any possessory information (información posesoria) presented before the IDA or before the Courts of Justice, for the purpose of registering in the Public Property Registry, the interested party, in addition to the requirements demanded by general regulations, must demonstrate, with an adequate soil study, that they have exercised possession complying with the proper use of soil (uso conforme de suelo) for the activity they carry out, in accordance with the approved methodology and executing them with the best management practices, according to the best available technology, in compliance with articles 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43, and 64 of law 7779 and its regulations.\" In this Tribunal's view, had the interested party provided that certification, the result of the process would have necessarily been denial, because due to the natural heritage nature of the property, the use would not have been proper. In this line of thought, article 158 of the LGAP indicates that the lack or defect of any requirement of the administrative act, expressly or implicitly demanded by the legal order, constitutes a defect thereof. So if the cited article required such certification, and the interested party did not provide it, it was improper to title parcel No. 000-14 of block 145 of the Coto Brus titling project in the name of Mr. Rosales Ramírez, an omission that also generates a defect of absolute nullity in what was performed. A third point that, in this Chamber's view, generated an absolute, evident, and manifest nullity in what was performed was that the Constitutional Chamber, by resolution No. 2063-2007, at 14 hours 40 minutes on February 14, 2007, ordered: “The action is PARTIALLY GRANTED. Consequently, the Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales, approved by agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, in session 055-02 of August twelfth, two thousand two, and published in La Gaceta 173, of September tenth, two thousand two, is annulled. This judgment has declarative and retroactive effects to the effective date of the norms that are annulled, namely August twelfth, two thousand two, and April sixteenth, nineteen ninety-six, respectively. The foregoing, without prejudice to the State's patrimonial liability deriving from this unconstitutionality (...)\". Now, having established that the agreement of the Board of Directors of the IDA, article 56, taken in session 022-05 of May 3, 2005, by which parcel 000-14 of block 145 of the Coto Brus Titling Project was titled to Mr. Rosales Ramírez, was based on the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales approved by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, Decreto Ejecutivo No. 28746-MINAE-MAG published in La Gaceta number 173 of September tenth, two thousand two, once said norm was declared unconstitutional, with declarative and retroactive effects to the effective date of the norms that are annulled, namely August 12, 2002, the agreement of the Board of Directors of the IDA No. article 56, taken in session 022-05 of May 3, 2005, became insubsistent pursuant to article 88 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, which constitutes one more cause to decree its absolute nullity and, by connection, the remaining subsequent acts and contracts. As for the allegations of Mr. Rosales Ramírez, indicate that he basically affirmed that he acted in good faith and that if there were errors or omissions in the procedural steps, such circumstance is the responsibility of INDER, and that the presentation of the soil study was not a requirement at the time his titling petition was processed; point out to him that, although the omission of the Board of Directors of INDER in not taking into consideration the warning made by the User Service Office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio del Ambiente y Energía in certification No. SINAC-DS-OFAU-C-5103 of December 1, 2003, regarding the fact that the property to be titled partially constituted State Natural Heritage and according to articles 13, 14, and 15 of Ley Forestal 7575 of April 16, 1996, was not adjudicable; such omission does not justify the plaintiff alleging an acquired right over an adjudicated property, because a right cannot be acquired contrary to the legal order and even less so, when the omitted norm states that assets classified as State Natural Heritage are imprescriptible, unattachable, and inalienable, that is, as public domain assets (bienes de dominio público) they are outside the commerce of men, and therefore any administrative act that orders their particular titling is absolutely null and void by operation of law. And it is that the classification of land as State Natural Heritage has, as a logical legal consequence, its affectation as a public domain asset (bien de dominio público), so that from the moment it was so classified, the lands were subject to a special legal regime different from what they had prior to such event. And it is precisely that circumstance - namely, that they currently form part of the State's Natural Heritage - that prevents the Instituto de Desarrollo Rural, ---now INDER---, from granting property titles to private individuals, due to the inalienability characteristic of public domain assets (bienes de dominio público).

(In this regard, see judgments handed down by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, Nos. 1070-F-S1-2010, 1088-F-S1-2011 and 1675-F-51-2012, as well as judgments of the Constitutional Chamber Nos. 17659-2008, 21258-2010 and 16938-2011, among others) and to that extent, it is not possible for private individuals to exercise any type of possession or ownership over such property. From which it further follows that it is also not feasible to acquire ownership by usucapion or adverse possession (prescripción positiva), even if they had been on such lands for more than ten years. As a corollary of the foregoing, the action for declaration of injury to public interests (demanda de lesividad) is upheld, and therefore it is ordered: 1) In accordance with the provisions of Articles 199 and 200 of the General Public Administration Act (Ley General de la Administración Pública), the absolute, evident and manifest nullity of the agreement of the IDA Board of Directors contained in Article 56 of Session No. 022-05 of May 3, 2005 is declared, solely insofar as it refers to the titling of a farm in favor of Mr. Gerardo Rosales Ramírez and described in cadastral map No. P-0869458-2003. 2) Since the farm of the Puntarenas District was registered under the Real Estate Folio System No. 146022-000 technically and legally improperly by reason of connection (conexidad), the public deed No. 2 of Volume 8 granted before Notary Jimmy Meza Lázarus, regarding the formalization and protocolization of the illegitimate titling issued by the IDA in favor of Mr. Gerardo Rosales Ramírez on the farm described in cadastral map No. P-0869458-2003 that generated the farm of the Puntarenas District No. 146022-000 is annulled, and the National Archive is ordered to note the annulment of the notarial instrument referred to in the matrix of the referenced protocol and the National Registry is ordered to annul its registry entry. 3) It is ordered, once this judgment becomes final, to evict the occupants of the property that is the subject of this proceeding and place it in the possession of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAET), and the Office of the Attorney General of the Republic, through the State Notary Office, must prepare a deed in which it protocolizes, as appropriate, the relevant parts of this judgment, so that the change of nature and registration of the farm described in cadastral map P-0869458-2003 may be carried out in the name of the State in the Public Registry of Immovable Property. Likewise, MINAET and SINAC must prepare the necessary signs to identify the property as State Natural Heritage (patrimonio natural del Estado). 4) In accordance with Articles 199, 200, 211, 212 and 213 of the same General Act, the head of INDER must immediately initiate the appropriate internal procedures in order to establish the pecuniary and/or disciplinary liability of the officials who participated in the actions or omissions that led to actions contrary to legality in the referenced titling procedure. On the actions taken and their results, a report must be rendered to the Comptroller General of the Republic, with a copy to this Court within a period of three months from the date this judgment becomes final. 5) It was ordered to maintain the precautionary measures issued by this Court through resolution No. 122-2014, at 11:00 hours on January 24, 2014, until this judgment becomes final."

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Other References: Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in Article 56, of Session 022-05, dated May 3, 2005.

Legislative and Doctrinal Citations Related Judgments
Text of the resolution

FILE:

13-005627-01027-CA

PROCEEDING:

Action for Declaration of Injury to Public Interests (Proceso de Lesividad)

PLAINTIFF:

Institute of Rural Development

DEFENDANT:

Nombre112494

VOTE No. 033-2020-IV

CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, FOURTH SECTION, SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Goicoechea, at ten o'clock on April fourteenth, two thousand twenty.

Action for declaration of injury to public interests (proceso de lesividad) brought by the Institute of Rural Development, hereinafter INDER, legal identity card CED3194, represented by attorneys Rodrigo Cervantes Barrantes, bar number CED12889, and Erick Jiménez Trejos, bar number CED9416, as special judicial representatives against Mr. Nombre112494, who is of legal age, married, holds a Bachelor's degree in Nursing, identity card number CED89040, resident of Puntarenas, represented by Attorney Filadelfo Silva Silva, bar number CED23087. The National System of Conservation Areas (SINAC) intervenes as an interested third party, represented by Attorney Maureen Solís Retana, bar number CED23087, and the State intervenes as an active coadjuvant, represented by Attorney Susana Fallas Cubero, bar number CED7620.

WHEREAS:

I.- On August 20, 2013, the representation of INDER filed the complaint so that in the judgment the claims that were ratified at the preliminary hearing be upheld as follows: "1. That this complaint be deemed filed. 2. That because it is injurious to public interests, the agreement adopted by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in Article 56, of Session 022-05, dated May 3, 2005, be annulled solely insofar as it refers to the titling of the farm of the Puntarenas District, real estate folio No. 146022-000 in favor of Nombre112494, of the indicated particulars, corresponding to cadastral map P-0869458-2003. 3. By reason of connection (conexidad), that the public deed issued by the Institute of Agrarian Development be annulled solely insofar as it refers to the titling of the farm of the PUNTARENAS District, real estate folio No. 146022-000, in favor of Nombre112494 of the indicated particulars, corresponding to cadastral map P-0869458-2003. 4. By reason of connection (conexidad), that the registry entry of registration of the farm registered under the Real Estate Folio System of the Puntarenas District, real estate folio No. 146022-000 issued by the National Registry be annulled. 5. By reason of connection (conexidad), that any registration derived from the registration of the property registered in the National Registry, Province of Puntarenas, Real Estate Folio registration number Placa20342 be annulled. 6. That the defendant be ordered to pay the costs of both parties in this lawsuit." (See court file in digital version).

2.- Having granted the transfer of the complaint, the representation of Mr. Nombre112494, by written submission received on December 16, 2013, answered the complaint negatively and in his defense raised the exceptions of statute of limitations (prescripción), sine actione agit, and expiration (caducidad). (See court file in digital version).

3.- By written submission received on April 13, 2013, the State representation appeared in the proceedings as an active coadjuvant, and the representation of SINAC, by written submission received on August 16, 2019, as an interested third party. (See court file in digital version).

4.- By resolution No. 122-2014-T at 11:00 hours on January 24, 2014, it was ordered to note this complaint in the registry entry of the farm of the Puntarenas District, Real Estate Folio No. Placa20343. (See digital file).

5.- The preliminary hearing was held on August 19, 2019, with the attendance of the representation of INDER, the State, the National System of Conservation Areas (SINAC) and the defendant Nombre112494, and having established the disputed facts, the precise claims and the admission of documentary evidence, and there being no expert or testimonial evidence to present; the parties were given the opportunity to formulate their conclusions, and the file was sent to the Trial Tribunal for the issuance of the judgment. (See court file in digital version).

6.- The file was assigned to the Fourth Section of the Tribunal on March 20 of the current year. This resolution is issued after deliberation. No causes of nullity capable of invalidating the proceedings are noted.

Drafted by Judge Salas Leitón;

WHEREAS:

I.- OBJECT OF THE PROCEEDING AND ALLEGATIONS OF THE PARTIES: The representation of INDER brought the action requesting that the judgment declare the nullity of the agreement adopted by its Board of Directors in Article 56, of Session 022-05, dated May 3, 2005, insofar as it refers to the titling of parcel 145-000-14 in favor of Mr. Nombre112494, and which gave rise to the farm of the Puntarenas District, real estate folio No. 146022-000, on the grounds that, contrary to law, land that forms part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) was adjudicated and titled, and that as a result thereof, the related acts, such as the deed through which the titling of the property in favor of Mr. Nombre112494 was materialized and the registry inscription, be annulled. In this regard it stated: A) On the titling programs: That the existence of large extensions of national territory where peasants lacked title of ownership, which prevented them from accessing loans, led the Institute of Agrarian Development -IDA-, formerly the Institute of Lands and Colonization -ITCO-, today the Institute of Rural Development -INDER-, to promote a series of Titling Programs in National Reserves, based on the provisions of the "Law on Titling of Lands Located in National Reserves" No. 7599 of August 9, 1996; the "Law on Lands and Colonization" No. 2825 of October 14, 1961, Articles 11 and 12, and the "Law Creating the Institute of Agrarian Development" No. 6735, Article 32, subsection a). That the work of the IDA within those programs was directed at declaring titling zones in areas where people were in possession of the land but lacked title of ownership, proceeding to carry out the survey and cadastre of the farms that were not registered in the Public Registry and to register the respective title, the beneficiaries having to pay the costs for the titling and surveying, these costs being much lower than the average market rate for titling lands, and had to be paid to the IDA within a maximum period of one year. That within those Titling Programs was the so-called: "Coto Brus Titling Program" created by Executive Decree No. 3216-G of October 2, 1973, published in the Official Gazette La Gaceta of November 9, 1973, and an area of 157,308 hectares was registered in the National Registry in the name of the IDA, with Real Estate Folio Registration Number Placa20344, for the purpose of fulfilling the respective titling projects (Article 7 of the Regulations for the Titling of Lands in National Reserves). The representation of INDER reiterated that the transfers of the areas to be titled were justified by the tenure of unregistered farms by possessors (Articles 2 and 4 of the Regulations for Titling), but that it was a legal fiction by which a large geographic area was transferred to the IDA that indistinctly encompassed registered lands, unregistered lands, property of the State and of private individuals, with or without possessors, hence the transfers were made without prejudice to the rights already registered over specific portions within the general perimeter of the respective zone, nor to the rights of possessory information (información posesoria) in process at the time of publication in the Gazette of the Decree referred to in Article 7 of the "Regulations for the Titling of Lands in National Reserves," or those that would be registered in the future, nor to the portions destined for public use. That these transfers had the objective of giving the IDA an instrument so that it could segregate and transfer them, also under a legal fiction, and thus register properties in favor of the possessors who had possessed those lands under the conditions established by the legal system, with the purpose of facilitating the obtaining of credit (Article 10 of the Regulations for the Titling of Lands in National Reserves). That it was considered that the cause for acquiring those lands was the possession exercised by the possessors and not the transfers or sales made by the IDA, since the Institute only received in return the cost of preparing the corresponding maps and not the price itself of the properties; in that sense, there was no agreement between thing and price, and the Institute could not transfer the lands to the best offeror, but had to transfer them to the possessor who demonstrated that he had met the legal requirements, merely verifying those requirements (Article 10 of the Regulations for the Titling of Lands in National Reserves). That the Constitutional Chamber, through resolution 04587-97 at 3:45 p.m. on August 5, 1997, when referring to possessory information (información posesoria) indicated in what is relevant: "a distinction is made between the moment of acquiring ownership by usucapion and the moment that situation is asserted in the possessory information proceeding to obtain an inscribable title in the Public Registry. Hence, usucapion is considered a mode of acquiring ownership and other possible real rights, and titling as the procedure by which, having verified the requirements of usucapion, the inscribable title of ownership is conferred." That analogously, this distinction made by the Chamber is also valid in the titling processes carried out by the IDA, so the legal nature of the acts in the titling projects carried out by the IDA were merely declaratory; they were limited to recognizing the ownership right acquired by a person through the figure of usucapion, for its registration in the Public Registry, and not constitutive acts of the ownership right. That in the case of the parcel registered in the name of Mr. Nombre112494, it appears in the file provided as evidence that he had possessed the lands, which demonstrated the pre-existence of possessory tenure of the parcel prior to the Board of Directors' agreement for its transfer (taken in Article 56 of Ordinary Session No. 022-05 held on May 3, 2005). B) Substantive arguments that underpin the action for declaration of injury to public interests (proceso de lesividad): That in the titling process of parcel 145-000-14 in favor of Nombre112494, of the "Coto Brus Project," authorized by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in Article 56, of Session 022-05, dated May 3, 2005, and which gave rise to the registration in the Public Registry of the farm of the Puntarenas District, real estate folio No. Placa20342 corresponding to cadastral map Placa20345; the regulatory requirements provided in the "Law on Titling of Lands in National Reserves" No. 7599 of April 29, 1996, were breached; the "Regulations for the Titling of Lands in National Reserves" published in Gazette 173 of September 10, 2002, in conjunction with the "Forestry Law" No. 7575 of February 5, 1996, and the "Regulations to the Land Use Act" No. 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, which generated defects of absolute nullity in the administrative act, due to affecting the public interest, as the property constitutes part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), a situation that must be reversed by annulling said act, based on the following: 1) That a first defect arises from non-compliance with the provisions of Article 10 of the "Regulations for the Titling of Lands in National Reserves," which establishes that lands not under the administration of MINAET would be titled, in compliance with the provisions of Article 32 of the "Organic Environmental Act" and 13 of the "Forestry Law" which state that protected wild areas and the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) are administered by MINAE. That therefore, subsection b) of Article 10 of the "Regulations for the Titling of Lands in National Reserves" required the applicant to submit an "original certification issued by MINAE stating that the land to be titled according to the cadastral map is not affected by or immersed within conservation areas, State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado)," which was an essential and insurmountable requirement for the validity of the proceeding before the IDA, and its subsequent titling; however, at folio 46 of the titling file is the certification issued by the Ministry of Environment and Energy, National System of Conservation Areas, User Service Office, No. SINAC-DS-OFAU-C-5103 of December 1, 2003, according to which the aforementioned property partially constitutes State Natural Heritage (patrimonio natural del Estado) according to Articles 13, 14 and 15 of Forestry Law 7575 of April 16, 1996, and despite that indication, its titling was recommended in evident violation of the provisions of the indicated regulations, so in this case a defect of absolute, evident and manifest nullity was generated. 2) That a second defect occurred because on March 21, 2001, the "Regulations to the Land Use Act" No. 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT was approved, which requires in its Article 58: "In all possessory information (información posesoria) presented before the IDA or before the Courts of Justice, in order to register in the Public Registry of Property, the interested party, in addition to the requirements demanded by common regulations, must demonstrate, with an adequate soil study, that it has exercised possession in compliance with the conforming land use for the activity it carries out in accordance with the approved methodology and executing them with the best management practices, according to the best available technology in compliance with the provisions of Articles 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43 and 64 of Law 7779 and its regulations." That in said article it is required that in all possessory information (información posesoria) presented before the IDA, the titleholder must obligatorily provide a study demonstrating adequate land use in which possession has been exercised; regulations that came into effect prior to the titling of parcel 145-000-14 in favor of Mr. Nombre112494, hence the study was mandatory; however, it was not provided, so its non-compliance generated a defect of absolute nullity. That thus, although the Board of Directors of the IDA was recommended to authorize the transfer of the parcel in the name of Mr. Nombre112494, under the assumption that compliance with the requirements established by the "Regulations for the Titling of Lands in National Reserves" had been verified, this being the motive of the administrative acts; the truth is that from the documentation provided as evidence, it was confirmed that the IDA incurred a series of non-compliances within the titling procedure of that property, which produced the nullity of the administrative act of transfer. That thus, the cause of nullity of the titling of the parcel resides in the non-compliance with requirements established in the Law and in the Regulations for the issuance of the administrative act, and on the other hand in the disregard of prohibitive norms. C) Legal Foundation: a. Non-compliance with requirements for the issuance of the act as a cause of absolute nullity: That Article 158 of the General Public Administration Act (Ley General de la Administración Pública) provides that the lack or defect of any requirement of the administrative act expressly or implicitly demanded by the legal system shall constitute a defect thereof, an article that in relation to Article 166 of the same law establishes that there shall be absolute nullity of the act when one or more constitutive elements are totally lacking in fact or in law, and Article 167 that provides that there shall be relative nullity of the act when one of its constitutive elements is imperfect, unless the imperfection prevents the fulfillment of the purpose, in which case the nullity shall be absolute. That all these related articles allow the conclusion that the lack of essential requirements for the titling of the reference parcel produces the absolute nullity of said administrative act. That for its part, Article 133 of the General Public Administration Act (Ley General de la Administración Pública), referring to the motive as an element of validity of the administrative act, provides that it must be legitimate and exist as it has been taken into account to issue the act. That in the case of land titling in national reserves, the motive was regulated, so the non-compliance with the requirements established in the respective law or regulation, as occurred in the case at hand, constitutes in themselves defects of nullity of the act because it does not exist as it had been taken into account for its issuance. b. Non-compliance with prohibitive norms as a cause of absolute nullity: Article 129 of the Political Constitution establishes that acts and agreements contrary to prohibitive laws shall be null, if such laws do not provide otherwise. That Articles 13, 14, 15, 33 and 34 of the "Forestry Law" correspond to prohibitive norms, and that therefore the administrative act that authorized the transfer of the parcel in favor of the defendant is contrary to such norms, since through said act the titling of lands that form part of the "State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado)" was authorized, which undoubtedly contravenes Article 13 of the Forestry Law, which declares that forest lands and forests in national reserves are State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) and subjects them to the administration of MINAE. That for its part, Article 14 of this same law establishes that such immovable property is unseizable and inalienable from that natural heritage. That the possession thereof by private individuals does not generate any right for them and cannot be registered by possessory information (información posesoria), the claim action of the State being imprescriptible. That Article 15 also of that law refers to the impediments of the Public Administration to transfer, deliver or lease rural properties owned by it or under its administration, without them first having been classified by MINAE, and that finally Articles 33 and 34 of the Forestry Law declare protection areas, the consequence of the contravention of the related articles being absolute nullity. D) AFFECTATION OF PUBLIC INTEREST: Having clarity in the arguments that underpin the cause of nullity of the administrative acts that authorized the transfer of the parcel so many times mentioned in favor of the defendant, it is important to analyze how said cause of nullity affects the public interest. That the nullity of the administrative act (due to non-compliance with essential requirements and for being contrary to prohibitive norms), by which the titling of the property discussed here occurred, injures the public interest since through said act, absolutely null, lands that form part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) are titled. That according to Article 28 of the Political Constitution, private actions that do not harm morality or public order, or that do not harm a third party, are beyond the action of the law. That the titling of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) harms public order by preventing the enjoyment of the right that every person has to a healthy and ecologically balanced environment, in the terms of Article 50 of the Political Constitution, which is in turn a norm of public order. That to the above must be added that the right to a healthy and ecologically balanced environment is a fundamental third-generation right, which arises with the Universal Declaration of Human Rights in 1948, and for its part, the Lisbon Declaration of 1988 issued within the framework of the "International Conference on Guarantees of the Human Right to the Environment," urged the recognition of the right that a person has to live in a healthy and ecologically balanced environment, and at the same time suggested that states create legal mechanisms that make it possible for each individual to exercise and demand without impediments the right to inhabit a healthy environment for the development of his life. E) ON THE FACTS: That within the framework of the "Coto Brus Project Titling Program," Mr. Nombre112494 submitted an application for titling of parcel 145-000-14 described in cadastral map No. P-0869458-2003, located in District 01, Corredor, Canton 10 Corredores of the Province of Puntarenas, with a measurement of five hundred sixty-three thousand one hundred ninety-seven square meters and ninety square decimeters, corresponding to the farm of the Puntarenas District, Real Estate Folio number 146022-000. That pursuant to certification No. SINAC-DS-OFAU-C-5103-2003, of December 1, 2003, issued prior to the titling of the property and provided by the interested party himself; the National System of Conservation Areas of MINAE indicated that the property corresponding to the aforementioned cadastral map is located "OUTSIDE ANY PROTECTED WILD AREA REGARDLESS OF ITS MANAGEMENT CATEGORY ADMINISTERED BY THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY. HOWEVER, IT PARTIALLY CONSTITUTES STATE NATURAL HERITAGE ACCORDING TO ARTICLES 13, 14 AND 15 OF FORESTRY LAW Placa12929 OF APRIL 16, 1996."; without indicating the percentage of State Natural Heritage that the farm occupies. That neither does the file show that the defendant presented the study of conforming land use from INTA, or from any duly accredited private professional to carry out said study, nor that any report from the National Geographic Institute was presented. That even though the titling process of the farm did not meet the requirements that would underpin its registration; the Board of Directors of the IDA, by agreement taken in Article 56 of Ordinary Session No. 022-05 held on May 3, 2005, authorized the segregation and transfer of the parcel, which was materialized in a public deed. That in Report No. DFOE-PGAA-20-2008 of August 27, 2008, called "Results of studies of land titling in national reserves on lands belonging to the State Natural Heritage," the Comptroller General of the Republic indicated to INDER that the study allowed determining that within the content framework of the different titling projects and in contravention of the provisions of Articles 13, 14, 15 and 33 of Forestry Law No. 7575 of February 5, 1996, the IDA titled properties with partial or total forest cover (cobertura boscosa) or that possessed land-use and topographical characteristics that gave them the category of lands of forestry aptitude and protected areas, and therefore, could not leave the Administration of the State nor be susceptible to being titled in favor of the applicants for being part of the Natural Heritage, and for not concurring, nor having provided, each and every one of the requirements necessary to proceed in accordance with the legality framework in force at that time for the titling of the treatment to be appropriate, ordering the IDA the following: "a. Carry out the administrative procedures and actions that are appropriate in law before the corresponding instances, in order to initiate a process of recovery of the lands titled by the IDA that belong to the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) and that correspond to the 15 cases detailed in this document. b. Order that a complete analysis be carried out of the titlings made by the IDA that were not part of the sample analyzed by this Comptroller General in this study, in order to determine those cases of titlings on lands that are property of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) and, if appropriate, the procedures to recover the lands be carried out." That by reason of what was ordered by the oversight body, by agreement taken by the Board of Directors of INDER in Article 5 of Ordinary Session 011-2013 of March 18, 2013, the administrative act issued through agreement number 56 of Ordinary Session number 022-05 held on May 3, 2004, of the Board of Directors of this Institution, which gave rise to the title of ownership registered in the Property Registry, Puntarenas District, real estate folio registration number Placa20342 in favor of Nombre112494, was declared injurious to public interests, for having been granted to the detriment of the State Natural Heritage (patrimonio natural del Estado). For his part, the representation of Mr. Nombre112494 stated: That having submitted the required documentation, with all the requirements that the Institution asked of him and since he was never warned of supposed defects; he was a beneficiary in one of the programs promoted at that time by INDER and in a legal and transparent manner and protected by the factual-legal framework of the time, which is currently in force, the land was registered in his name with the consent and full knowledge of the representatives of INDER. That if anomalies occurred in the registration of the property, it was not his fault, and that if inconsistencies occurred, that is the exclusive responsibility of the officials of the plaintiff, so no fault should be attributed to him and that registration should be respected. That the IDA at the time had the obligation to have warned him of this supposed error if it was an error, since at the time of registration of the property in litigation those requirements were not required, so a current rule cannot be applied retroactively to his detriment, and that if what the plaintiff states is true, it was negligence of its officials to have let that supposed error pass, and at the appropriate procedural moment, in which he should have been warned of some anomalous situation, therefore it is not his responsibility and it was an error of the administration, so he cannot be blamed for that situation. That it was all a failure of the officials of the plaintiff.

That the registration is the exclusive responsibility of the plaintiff Administration, since that lack of care is possibly due to the incompetence of its officials at the time for not having exercised that care and made it known at the time, and it is not until many years after having registered the property that it seeks to dispossess him of it, which is completely illegal, and the Administration's negligence and incompetence are not his responsibility. That the process brought before the Comptroller General of the Republic regarding this matter did not conclude, despite his having faced it, and the controlling body ordered the administrative proceeding archived. That believing that problem had already concluded, he surprisingly received this lawsuit against him, which is unjust and unlawful, and which is time-barred and expired. That the argument put forth by the plaintiff is spurious in alleging that he supposedly failed to comply with requirements, which is not true, and if there was an error, it is exclusively the plaintiff's. That the possession exercised by his predecessor for more than 50 years was demonstrated ad nauseam, exercised publicly, peacefully, without interruption, as owner and in good faith, and he acquired it from the prior possessor by means of a public document, and to date he has exercised it for more than 32 years under the conditions noted above, and at no time has said possession been exercised on public domain or State lands, which is evidenced and accredited by the documentation he provided. That the Constitutional Chamber, in the ruling cited by the plaintiff, already ruled in his favor, in that the cause of acquisition was by usucapión (adverse possession), which is not alien to this case, adding the years of possession of his predecessors, plus those exercised by him, totaling a period of more than 50 years. That the act of registration is not null, because the norms in force alleged by the plaintiff do not fit within the case at hand. That he never failed to comply with requirements for the registration of the land, since the IDA at the time did not request them of him, and it was never his fault, regarding that type of situation. That the act of registration is not null because norms in force cannot be applied retroactively to his detriment regarding usucapión (adverse possession) and acquisition for more than 50 years. That he has been respectful regarding the conservation of the flora and fauna of the land. The State representation as active coadjuvant indicated: A) NULLITY OF THE REGLAMENTO PARA LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN RESERVAS NACIONALES: That the Board of Directors of INDER adopted agreement No. 56 of ordinary session No. 022-05 regarding file No. 18 relative to parcel 14 block 145, whose transfer originated farm No. 6-146022-000, associated with cadastral survey No. P-869458-2003 (56 ha 3197.90 m2), and which comes from farm No. 6-18777-000 in the name of Mr. Nombre112494. That said titling process was carried out based on the "Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales", approved by agreement of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario and published in La Gaceta No. 173 of September 10, 2002; however, said Reglamento was annulled by judgment No. 2063-2007 of the Constitutional Chamber with effects "retroactive to the effective date of the norms that are annulled, that is, the twelfth of August two thousand two. Therefore, the administrative act issued through agreement number No. 56 of ordinary session No. 022-05 became absolutely null, so that Board of Directors, in its ordinary session No. 011-2013 of March 18, 2013, article 5, INDER declared it harmful to public interests. That the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in rulings numbers 1070-F-S1-2010 and 1088-F-S1-2011 confirmed the criterion that the nullity (and annulment) of the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales vitiated the titlings that were made based on that norm. On that point the Court indicated: "...In this sense, it is held that the titling that the Board of Directors of the IDA illegitimately carried out, of the property in dispute, in favor of the co-defendant, was based on the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales approved by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario and published in La Gaceta number 173 of September tenth, two thousand two. Subsequently, through Voto No. 02063-07 the Constitutional Chamber annulled said reglamento for being unconstitutional. Due to the declaratory and retroactive effects that said declaration produces, it is evident that the administrative conduct based on the norm declared unconstitutional becomes null by connectivity. 'This Chamber is of the criterion that the scope given by the Court to the various constitutional pronouncements is correct...' (Voto No. 1070-F-51-2010 considerando VII. The highlighting does not belong to the original). '...The ruling of the Constitutional Chamber was correctly assessed by the lower court judges, since the judgment considered that the agreement of the Board of Directors of the IDA, article 32, adopted in session 016-04 of May 13, 2003, was issued based on the regulations that the aforementioned Chamber declared unconstitutional, this being one of the reasons weighed in the judgment to grant the claim regarding declaring the nullity of said agreement, and with the consequent nullity of the remaining subsequent acts and contracts that allowed the transfer of ownership of the farm subject to this process to a private individual's name...' (Voto No. 1088-F-S1-2011). That 'reglamento,' used as the basis for the 'titling' in favor of the defendant, was annulled precisely for lack of competence of the Instituto de Desarrollo Agrario to issue it and for the non-existence of legal prerequisites to support it: '...since the Law that supposedly supports this regulation in no way empowers the State to title national reserves within the titling project of the Instituto de Desarrollo Agrario... but only the promotion of land tenure for exclusively agricultural purposes (article 1 of the Ley de Tierras y Colonización), through land adjudication contracts' (constitutional judgment No. 2063-2007). That article 1 of the annulled Reglamento stated: 'The present legal instrument has the purpose of regulating what is established in the Ley de Tierras y Colonización regarding the titling of lands in the Reservas Nacionales...', however, the Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 of October 14, 1961, does not regulate the titling of lands; it only deals with parceling in articles 49 to 81, and colonization in numerals 82 to 91, for which reason the Instituto de Desarrollo Agrario lacked competence to title in favor of the defendant the land described in cadastral survey No. P-869458-2003, and that defect is sufficient to annul the administrative act. That the titling or procedure to obtain an inscribible title of ownership, based on the exercise of possession ad usucapionem, with the requirements listed in the Civil Code, is different from parceling and colonization: 'time and condition requirements characterize the possession necessary to usucapt (...). The titling of the real property has as a requirement the acquisition of ownership. That is, the moment of acquisition of ownership by usucapión (adverse possession) is distinguished from the moment in which that situation is asserted (...) to obtain a title inscribible in the Public Registry. Hence, usucapión (adverse possession) is considered a mode of acquiring ownership and other possessable real rights, and titling as the procedure by which, having proven the requirements of usucapión (adverse possession), the inscribible title of ownership is conferred.' (Voto No. 4587-1997 of the Constitutional Chamber, boldface not in the original). That parceling and colonization are, instead, contractual, derivative modes of acquiring ownership from the public agrarian entity, based on other prerequisites. And furthermore, colonization can have land tenure regimes other than ownership, such as lease, with or without purchase option, sharecropping, or usufruct (article 83 and numerals 49 to 91 of Law No. 2825). Adjudication is consubstantial to the contracts of parceling or allocation of lands, and colonization (Law No. 2825, articles 49 subsection e), 55, 60, 64, 65, 68 subsection 4) and 69; First Chamber of the Supreme Court of Justice, rulings numbers 229-F-90 of 3:00 p.m. July 20, 1990, reiterated on many occasions, and 649-C-2001, considerando V; Tribunal Agrario, rulings 555-1993, 119-1995, 105-2001, 395-2002 and 542-2002). No article of the Ley de Tierras y Colonización authorized the Instituto de Desarrollo Agrario to title, much less to issue a Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales. That the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales invaded the competence of the Legislative Branch by creating a special and summary administrative procedure for titling, excluding the judicial procedure provided for in the Ley de Informaciones Posesorias, No. 139 of July 14, 1941, which only the legislator could institute. That by reforming the titling rules, authorizing it on lands registered in the name of the IDA (article 7 of the Reglamento and 1 of the Ley de Informaciones Posesorias). All the regulations that in the past authorized administrative titling before the ITCO or IDA, now no longer in force, had the rank of law: Ley de Informaciones Posesorias Administrativas No. 3971 of October 11, 1967, Ley de Informaciones Posesorias No. 4545 of March 20, 1970, and Ley de Titulación Múltiple de Tierras No. 5064 of August 22, 1972. B) TITLING OF THE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO (Natural Heritage of the State): That on the other hand, certification No. SINAC-DS-OFAUC-5103-2003 indicates that the land described by cadastral survey No. P-869458-2003 "PARTIALLY CONSTITUTES PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO." That in said survey the property is described as mountainous in part, and the forests and forest lands or lands with forest aptitude of farm No. 6-18777-000, registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, constitute Patrimonio Natural del Estado (Natural Heritage of the State) according to article 13 of the Ley Forestal which states: "The patrimonio natural del Estado shall be constituted by the forests and forest lands of the farms registered in its name and those belonging to autonomous institutions and other bodies of the Public Administration." And that in that condition they could not be swapped, transferred, alienated in any way, handed over, or leased, since articles 13, 14 and 15 of said law prohibit it. That this was confirmed by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in its Votos No. 1070-F-S1-2010 and 1088-F-S1-2011, referring to the annulment of titlings by the IDA over lands of the Patrimonio Natural del Estado. Said Chamber indicated in this regard: "...VIII- The IDA states that the Court did not assess that it was MINAET that transferred the lands to it in the year 2000; and this situation leads them to understand that said lands were not within the categories established by the Ley Forestal as forming part of the patrimonio natural del Estado. Having been demonstrated in this venue that the property subject to this process is mostly covered by forest, it is concluded that the very regulations annulled for unconstitutionality prevented the transfer of the land in favor of the IDA. In the same sense, the Ley Forestal in article 14 determines that forest lands and forests that constitute the patrimonio natural del Estado '...shall be unattachable and inalienable; their possession by private individuals shall not create any right in their favor, and the State's reivindicatory action for these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry through información posesoria, and both the invasion and occupation of them shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law.' Despite the basis pointed out by the IDA, in the sense that MINAET transferred the lands to it, which it alleges led them into error, this situation does not exempt them from their obligation to conform their conduct to the framework of legality in force, so the grievance is not receivable. In the same sense, the statement that the Court did not consider that the land has been in the possession of private individuals is not a claim deserving attention before this Chamber, as the Ley Forestal is clear in the sense that these are inalienable goods, the possession of which by private individuals shall not create any right in their favor, the State's reivindicatoria action being imprescriptible..." (First Chamber of the Supreme Court of Justice, voto No. 1070-F-S1-2010). That article 10 of the "Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales" only allowed the transfer of lands "that are not subject to administration by MINAE" and required "an original certification issued by MINAE stating that the land to be titled according to the cadastral survey is not affected by or immersed within the 'patrimonio natural del estado'," while, in view of certification No. SINAC-DS-OFAU-C-5103-2003, it is clear that those requirements were not met, as it indicates that it "PARTIALLY CONSTITUTES PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO," administered by MINAE, according to article 13 of the Ley Forestal. That the cited certification constitutes full proof in accordance with article 370 of the Código Procesal Civil, of supplementary application to the present case by mandate of article 220 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. That the public ownership of forest lands, or those with such aptitude, linked to the pursuit of general interest purposes, is a powerful conservation tool: "forest property is conceived fundamentally to conserve, not to produce, nor to be part of men's commerce." (Sala Constitucional, voto No. 4587-1997). That the duty to protect and preserve the integrity of the environment (principle of environmental protection by the State) includes forest wealth (Sala Constitucional, Votos numbers 2233-1993 and 6836-1993). That the protective regime contemplated in the Ley Forestal for the Patrimonio Natural del Estado implies that logging, forest use, and land-use change (cambio de uso del suelo) are not permitted; and only research, training, and ecotourism activities may be authorized (articles 1; 2nd paragraph, 3 subsection a), 14, 15, 18, 58 subsections a) and b) and 61 subsection e). That in the report presented by Costa Rica to the IV Conference of the Parties that signed the Convention on Biological Diversity, it was pointed out (in 1998) that among the main causes of biodiversity loss are the advance of the agricultural frontier in sites unsuitable for this type of use and agricultural incentive policies that have led to deforestation. That the improper transfer of lands of the Patrimonio Natural del Estado modifies the purpose that the Ley Forestal has provided for those public goods, in conflict with article 50 of the Constitution and article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, "Protocol of San Salvador," approved by Law No. 7907 of September 3, 1999, which guarantee the right to an adequate environment; with the principle of environmental law protection by the State (among others, Votos of the Sala Constitucional numbers 3341-1996 and 9193-2000) and with article 8 of the Convention on Biological Diversity (Law No. 7416 of June 30, 1994), which contemplates the State's duty to manage resources "important for the conservation of biological diversity, whether within or outside protected areas, to ensure their conservation" (subsection e). Finally, the representation of SINAC as an interested third party indicated: TITLING OF THE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO: That certification No. SINAC-DS-OFAU-C-5103-2003 indicates that the land of survey P-869458-2003 in the name of the IDA in possession of the defendant describes a property that partially constitutes patrimonio natural del estado, in accordance with articles 13, 14 and 15 of Ley Forestal No. 7575 of April 16, 1996. That article 13 of that Law expressly states that the Patrimonio Natural del Estado is constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, of farms registered in its name and those belonging to municipalities, autonomous institutions and other bodies of the Public Administration, and that in such condition they could not be swapped, transferred, alienated, in any way handed over or leased, according to said law. Finally, the representation of SINAC cited what was stated by the First Chamber in its Voto 1070-2010, in which it indicated that forest lands and forests that constitute the Patrimonio Natural del Estado shall be unattachable and inalienable, and their possession by private individuals does not create any right in their favor, and the State's reivindicatoria action for these lands is imprescriptible. And that consequently, said properties cannot be privately registered in the Public Registry. Allegations that were reiterated by all parties at the preliminary hearing.

II.- PROVEN FACTS: Of relevance for the purposes of this process, the following demonstrated facts are held: 1) That the IDA, based on articles 11 and 12 of the Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 1961, 32.a of the Law Creating the IDA No. 6735, and the Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales, No. 7599 of August 9, 1996, promoted a series of Titling Programs in Reservas Nacionales; the Coto Brus Titling Program was created by Decreto Ejecutivo No. 3216-G of October 2, 1973, published in La Gaceta of November 9, 1973, and for these purposes farm No. 6-18777-000 was registered in its name, with an area of 157,308 hectares. (Uncontested fact). 2) That survey No. P-0869458-2003, of July 10, 2003, described a property in possession of Mr. Nombre112494, with an area of 56 ha 3197.90 m2, which was a segregation from farm No. 6-018777-000, property of the IDA, legal ID number CED14411, with the following characteristics: Polar survey. Open polygonal. Estimated angular error 001. Estimated linear error 001. Distance facing public street from vertex 1 to 7 of 492.80 m. Affected by Ley Forestal 7575 article 33. And said survey was registered without prejudice to the rights of the State for all effects of the limitations established by water and road laws and the maritime-terrestrial zone. Based on said survey, by note of December 11, 2003, Mr. Nombre112494 filed a request before the Instituto de Desarrollo Agrario for it to grant him a public deed for that portion of land, located in Río Bonito, Distrito Corredores, Cantón Corredores of the Province of Puntarenas, with an area of 56 ha 3197.90 M2, which he said he had acquired from Mrs. Nombre112495 on July 1, 2001, for the sum of 1 million colones, and that adding the prior possession, he has possessed it for more than 20 years, and that by that date he had exercised acts of possession in a quiet, public, peaceful, uninterrupted manner and as owner. He also attached as proof a deed executed before Notary Roy Faustino Jiménez Rodríguez, who attested that on July 1, 2001, Mr. Nombre112494 appeared before him and acquired from Mrs. Nombre112495 the right of possession for 17 years of an unregistered farm with an area of 40 hectares located in Río Bonito of the Distrito de Corredores, Cantón Corredores, and which he described as a farm for agricultural use of brushland and mountain. In addition, a private document executed between Mr. Nombre112494 and Mr. José Ángel Castro Baguardia, dated October 7, 1983, in which the former acquired from the latter a right of possession for the sum of 20 thousand colones of the unregistered farm located in Río Bonito, distrito Corredores, Cantón Corredores, with an area of 30 hectares and which he described as land planted with pasture, the rest brushland and mountain dedicated to grazing, part of the mountain dedicated to agriculture and the conservation of flora and fauna. (See images 283, 363, 364, 372, 373 and 374 of the digital judicial file). 3) The User Service Office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio del Ambiente y Energía, in the certification provided by Mr. Nombre112494, No. SINAC-DS-OFAU-C-5103-2003 of December 1, 2003, issued by Mr. Arnoldo Luna Sancho, stated: "Having carried out the study on the respective cartographic sheets of the basic map of Costa Rica, scale 1:50,000, it has been determined based on the location recorded in cadastral survey number P-0869558-2003 in the name of I.D.A. in possession of Mr. Nombre112494, that it describes a property located outside any protected wilderness area, whatever its management category administered by the ministry of environment and energy. however, it partially constitutes patrimonio natural del estado according to articles 13, 14 and 15 of ley forestal 7575 of April 16, 1996--- it is part of a farm registered under folio real 6018777-000, as stated in the survey." (See image 367 of the digital judicial file). 4) On June 10, 2004, official Spencer Alpizar Barrantes, Technician of the Piedras Blancas Regional Office, without considering what was indicated in the aforementioned certification, stated that since all legal requirements were met, he recommended the titling of block 145, parcel No. 000-14, in favor of Mr. Nombre112494. (See images 361 and 362 of the digital file). 5) The Board of Directors of the IDA, today INDER, in article 56 of session 022-05 held on June 13, 2005, indicated: "ARTICLE FIFTY-SIX: The Coordinator of Titling Programs, through official communication STA-145-05 dated June 9, 2005, presents a request to segregate and transfer 15 lots or parcels from the Coto Brus Project, delivery 143, located in Corredor, Corredores, of the province of Puntarenas, as they meet the legal requirements and conditions demanded for the corresponding título de supletorio de dominio (suppletory title of ownership) to be issued to them. Having analyzed said case: AGREEMENT No. 56 1- In compliance with institutional policies and with the recommendation of the regional office of RÍO CLARO according to official communication OSPB-816-2004 and the approval of the Regional Directorate of BRUNCA according to official communication DRB-B-715-2004, and the review of the requirements demanded for the titling process by the Regional Agrarian Coordinator, and in accordance with the Board of Directors Agreement described in Article XXI, Session 065-00 of September 11, 2000, and having fulfilled all the requirements established by the reglamento para la titulación de tierras en Reservas Nacionales published in the official newspaper La Gaceta No. 173 of September 10, 200, under the protection of the Ley de Tierras y Colonización No. 2825 of October 14, 196, the law creating the Instituto de Desarrollo Agrario No. 6735 of March 29, it is authorized to segregate and transfer 15 lots or parcels described below, to be issued the corresponding título supletorio de dominio." (See image 377 of the digital judicial file). 6) On June 29, 2005, Mr. Marco Aurelio Bolaños, in his capacity as general attorney-in-fact of the IDA, and Mr. Nombre112494 appeared before Notary Jimmy Meza Lázarus, based on the provisions stipulated in the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales published in La Gaceta No. 173 of September 10, 2002, and in execution of the agreement indicated above, by deed No. 2 of Volume No. 8 of said Notary, from farm of the Partido de Puntarenas under Folio Real No. 18777-000 in the name of INDER, parcel No. 000-14 of Block 145 of the Coto Brus Project was segregated and titled in the name of Mr. Nombre112494. Titling that was registered in the Registro Público on April 19, 2006, under the Folio Real system of the Partido de Puntarenas, Matrícula Placa20342. (See folios 284, 285, 286 and 287 of the digital judicial file). 7) By official communication FOE-PGAA-0578 of August 27, 2008, the Contraloría General de la República sent Mr. [Sic], Executive President of the IDA, Report DFOE-PGAA-20-2008 referring to the study that, as part of the operational plans for the year 2008, that body carried out on 200 title deliveries made by the IDA in national reserves, in which the technical and legal compliance required for said act was analyzed. Said study noted: A) That the IDA granted the parcels in national reserves based on: 1) Ley de Titulación Múltiple de Tierras No. 5064 of August 22, 1972. 2) Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales No. 7599 of April 29, 1996, and the Internal Reglamento issued by the IDA for these purposes, No. 55, called "Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales," published in La Gaceta No. 173 of September 10, 2002; rules that were declared unconstitutional by Voto No. 595-92 of March 3, 1992; No. 2988-99 of April 23, 1999; No. 8560-2001 of August 28, 2001, and 8457-2007 of June 13, 2007. B) That Titling Project No. 10 called Puriscal-Parrita was created under the protection of Ley de Titulación Múltiple de Tierras No. 5064 of August 22, 1972, and Decreto No. Placa20346 of April 17, 1974, consisting of 267,239 hectares. Law that was declared unconstitutional by Voto No. 592-92 and the Decreto was repealed by Decretos No. 34415-MAG of April 10, 2008, and 34654-MGP of July 7, 2008. C) That the IDA titled properties partially or totally forested, with land-use characteristics and topography with forest aptitude or protection areas, and therefore they could not leave the State's administration as they constitute part of the Patrimonio Natural del Estado, violating the provisions of articles 13, 14, 15 and 33 of Ley Forestal No. 7575 of February 5, 1996. Lands that by their nature are imprescriptible, inalienable, and unattachable, and cannot be registrally registered in the Registro Público through the mechanism of información posesoria. D) That the Procuraduría General de la República indicated in its Opinion C-146-2008 of May 5, 2008, that the IDA did not have competence to title lands in national reserves through administrative información posesoria. E) That the presentation of the land-use certification was omitted, as required by articles 26 and 27 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 7779 of April 30, 1998, and its Reglamento. E) Therefore, the Contraloría ordered the IDA to carry out the administrative and judicial actions to recover the lands titled by the IDA that belong to the Patrimonio Natural del Estado. (See images 346 to 358 of the digital judicial file). 8) The Board of Directors of INDER, in article No. 5 of Ordinary Session 011-2013, held on March 18, 2013, declared harmful to public interests article No. 56 of Ordinary Session No. 022-05 held on May 3, 2005, through which the transfer of parcel No. 000-14 of block 145 was authorized, which was registered on April 19, 2006, under the Folio Real system of the Partido de Puntarenas, Matrícula Placa20342, and described in survey P-0869458-2003, according to which it has an area of 56 hectares 3197 square meters with 90 square decimeters and is mountain and pasture land. That in the titling file it is recorded that the certification from MINAET was presented, establishing that the land is located outside any Protected Wilderness Area; however, the same states that it partially constitutes patrimonio natural del estado according to Articles 13, 14 and 15 of Ley Forestal 7675 of April 16, 1996. In the titling file, it is not recorded that the conforming land-use study from INTA was presented. In the file, there is no report from the Instituto Geográfico Nacional, and Licenciados Rodrigo Cervantes and Eric Jiménez were entrusted to file the lesivity process. (See images 374, 375 and 376 of the digital judicial file). 9) On August 20, 2013, the present lesivity process was filed, requesting that the nullity of article 56 adopted in the session of the Board of Directors of INDER in ordinary session No. 22-05 held on May 3, 2005, be declared, alleging that it is harmful to the public interest because that institution, in the indicated agreement, titled lands that by their nature constitute Patrimonio Natural del Estado, and furthermore Mr. Nombre112494 omitted to present the land-use study from INTA, or from a private professional accredited to carry it out. (See digital judicial file). 10) Through Report SINAC-ACOSA-PNE-AD-044-2016, of April 24, 2015, responding to what was requested by Licenciada Evelyn Aguilar Méndez on the occasion of the present process, Licenciado Joel García Medina, from Patrimonio Natural del Estado, ACOSA-PNE-OT, after the corresponding study concluded: "...The PNE-ACOSA Program concludes and recommends proceeding to indicate that within the area of 56 ha 3197.9 m2 of the property with cadastral survey 60869458-2003 located in Distrito Corredores of the cantón of Corredores, Province of Puntarenas, Cartographic Sheet IGN Cañas Gordas Scale 1:50000, between the coordinates under the CRTM05 projection system, Placa20340 Placa20341, there exist approximately 50 ha 5797 M2 of elements that could qualify as Patrimonio Natural del estado, that is, 89.8% of the area is affected..."

(See images 91 to 104 of the digital judicial file).

III. FACTS NOT PROVEN: 1) That Mr. Nombre112494 induced the Administration of INDER into error in order to have the parcel adjudicated to him according to that Board's agreement in article 56, of session 022-05, of May 3, 2005, regarding the titling of the property Partido de Puntarenas, real folio No. 146022-000. (There is no evidence to that effect).

IV. ON THE OBJECTION OF STATUTE OF LIMITATIONS AND LAPSE: The representation of Mr. Nombre112494 raised the objection of statute of limitations and lapse without elaborating. Since these are objections that have the capacity to terminate the proceeding, these objections must be analyzed beforehand. In this regard, the plaintiff must bear in mind that the purpose of this proceeding is for this Court to declare the absolute nullity of the agreement made by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in article 56, of session 022-05, dated May 3, 2005, regarding the titling of the property Partido de Puntarenas, real folio No. 146022-000 in favor of Mr. Nombre112494 and other related acts. The proceeding that the Court is hearing, then, is one of lesividad (action for annulment of an administrative act detrimental to the public interest), under the allegation that part of the registered land constitutes part of the State's Natural Heritage, which constitutes public domain and as such, the State's action for its recovery is imprescriptible. In this sense, Chamber I stated: "...In the same vein, the assertion that the Court did not consider that the land has been in the possession of private individuals is not a claim receivable before this Chamber, because the Ley Forestal is clear in the sense that these are inalienable goods, whose possession by private individuals will not create any right in their favor, the State's reivindicatory action being imprescriptible..." (First Chamber of the Supreme Court of Justice, vote No. 1070-F-S1-2010). Therefore, technically, such an objection is unenforceable, which is why it is rejected. Regarding lapse, it should be noted that according to article 34 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the lesividad action concerning the protection of public domain property is not subject to any time limit. Given this, and since this is a lesividad proceeding concerning the recovery of the State's Natural Heritage as a public domain property, the lesividad action is therefore not subject to a lapse period and consequently, this objection is also unenforceable, which is why it is also rejected.

V. ON THE NULLITY OF THE ADMINISTRATIVE ACT: The purpose of the lesividad proceeding is for the judgment to annul the agreement made by the Board of Directors of INDER in article 56, of session 022-05, held on May 3, 2005, regarding the titling of the property Partido de Puntarenas, real folio No. Placa20342, on the grounds that it was done without the beneficiary meeting the requirements demanded by the applicable regulations, and that as a result, the related acts be annulled, such as the public deed through which the titling of the property was materialized in favor of Mr. Nombre112494 and the registration entry. Regarding the nullity of the administrative act, this Section of the Court has reiterated in its judgments, among others, No. 64-2016 of nine o'clock on July twelve, two thousand and sixteen: "...In accordance with article 158 of the Ley General de la Administración Pública (hereinafter LGAP), the lack or defect of any requirement of the administrative act, expressly or implicitly demanded by the legal system, will constitute a flaw in it. It continues by stating that an administrative act substantially incompatible with the legal system will be invalid, specifying that insubstantial violations will not invalidate the act. This means that two types of violations can occur in an administrative act: substantial and insubstantial. The former determine the invalidity of the act, which manifests itself, depending on the severity of the violation committed, as relative or absolute nullity, and the latter do not produce the invalidity of the act, but do produce disciplinary liability for the agent officer. In this sense, the validity of the administrative act is verified by the perfect fulfillment and presence of the elements that constitute it, both formal and substantial. National doctrine, like the LGAP, distinguishes these elements we refer to between formal and substantial. Among the formal elements are the subject, the procedure, and the form; and among the substantial or material elements are the motive (motivo), the content, and the purpose (fin). The first formal element of the administrative act is the subject. This corresponds to the author of the act. It is the public official, body, or administrative entity that issues an administrative act, which must in turn meet a series of requirements, such as: investiture (investidura), competence (competencia), and tenure (titularidad). Investiture is the appointment or election of a person to a public office or employment (in this sense, articles 111 and following of the LGAP). It is the power to act in the name and on behalf of the State and to direct the effect of one's conduct towards it. This can occur by election or appointment. It becomes effective upon taking office. Nombre28 defines competence 'as the exact measure of the quantity of means legally authorized in favor of the State, within a specific case to pursue a specific purpose.' Competence means the set of powers and duties assigned to a specific administrative entity. Competence is the complex of faculties and powers attributed to a specific administrative body in relation to others, as the foundation of competence lies in the plurality of bodies that make up the Public Administration and the distribution of different functions among them (articles 59 and 129 LGAP). Finally, tenure implies that the public official must not only be competent but must also be the tenure holder (titular) of that competence. The term 'tenure holder' has been understood to mean one who exercises a position, profession, or office, by their own right or permanent appointment, with the full set of requirements and stability, as opposed to one called to occupy it provisionally. The second formal element of the administrative act is the procedure. The Public Administration has the faculty to issue administrative acts unilaterally, which can even annul or revoke subjective rights of private individuals. This power of self-tutelage has been limited by the legal system. This limit is the obligation of the Public Administration to follow a procedure to issue the administrative act. The administrative procedure is a concatenated series of procedural acts aimed at an end. The fundamental purpose of the administrative procedure is the investigation of the real truth of the motive that will serve as the basis for the final administrative act. The procedure concerns the mode of producing an act (articles 214, 216, 224, 225, 308, and 320 LGAP). Now, in the event that such a procedure aims at imposing a sanction, or in some way an act of burden, that is, one that imposes an obligation or the loss of a condition or right, it is required that the act initiating such a procedure be duly communicated to the affected party. This communication is achieved in two ways: notification (notificación) or publication (publicación). General acts are communicated by publication, and specific ones by notification – article 240 Ley General de la Administración Pública – however, when the place for notifications to the interested party is unknown or incorrect due to their fault, the act must be communicated to them by publication, in which case the communication will be deemed made five days after the latter (article 242 LGAP). Notification is the way to communicate the initiation of the procedure to the affected party or recipient of the final act, in a direct and personal manner, which constitutes a fundamental requirement for legal certainty and substantive due process (debido proceso sustancial). Notification is a legal duty of the Administration, the purpose of which is to ensure the true, real, and complete knowledge by the affected parties of the establishment of an administrative proceeding against them and its consequences. Undoubtedly, proper notification constitutes another manifestation of the elements that make up due process, which the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has defined as follows: a) providing the affected party with a statement of charges, which implies communicating the imputed facts in an individualized, specific, and timely manner; b) allowing them unrestricted access to the administrative file; c) granting them a reasonable period to prepare their defense; d) granting them a hearing and allowing them to provide any evidence they deem appropriate to support their defense; e) providing grounds for the resolutions that conclude the procedure; f) recognizing their right to appeal the sanctioning resolution" (Vote number 5469-95 of eighteen hours and three minutes on October fourth, nineteen ninety-five). It should be noted that according to article 223 LGAP, only the omission of substantial formalities of the procedure will cause the nullity of the actions taken, understanding as such any formality whose proper execution would have prevented or changed the final decision in important aspects, or whose omission caused defenselessness (indefensión). It is understood, then, that procedural flaws are those caused by not observing the proper ritual of the procedure, insofar as the omission or absence of that formality prevents or changes the final decision or causes defenselessness. The third formal element of the administrative act is the form, which is the manner in which the administrative act is externalized or manifested. In accordance with article 134 of the LGAP, the administrative act must be expressed in writing, unless its nature or the circumstances demand a different form (see 136 LGAP and 146 Political Constitution). Deriving from this formal element is the Administration's obligation to adequately justify its decisions, through the motivation (motivación) of its acts, insofar as motivation means the explanation, reasoning, or justification that the Administration provides in issuing an administrative act. It has been said that 'To state the grounds for (motivar) an administrative act is to trace the decision contained therein back to a rule of law that authorizes such a decision or from whose application it arises. Therefore, stating the grounds for an act requires, first, establishing the facts from which one proceeds and including such facts in the premise of a legal norm; and, second, reasoning how such a legal norm imposes the resolution adopted in the operative part of the act.' (Eduardo García de Enterría and Tomás Ramón Fernández; 'Curso de Derecho Administrativo', Volume I, Editorial Civitas, Madrid, 1997, p. 556). The Constitutional Chamber has stated: 'Regarding the motivation of administrative acts, it must be understood as the reasoning that public authorities must provide for the content of the act they issue, taking into account the motives of fact and of law, and the purpose sought with the decision. In reiterated jurisprudence, this court has stated that the motivation of administrative acts is a requirement of the constitutional principle of due process as well as the right of defense and implies a reference to facts and legal grounds, so that the administered party knows the reasons for which they are to be sanctioned or for which a petition affecting their interests or even their subjective rights is denied.' (Vote 7924-99). Regarding the material or substantial elements of the administrative act, we have that the motive (article 133 LGAP) is the legal presupposition, the determining fact that gives rise to the administrative act. In such a way that the motive of the administrative act constitutes the premise or determining fact for the issuance of an administrative act; in other words, it constitutes the reason for being of the administrative act, that which obliges or permits its issuance. It may consist of an act or a legal fact provided for by the legal norm. Meanwhile, the content of the act constitutes the legal effect or the operative part of the act, what it commands, orders, or provides. It is the change it introduces into the legal world. It is the part of the act that orders a sanction, an authorization, a permit, or a concession (article 132 LGAP). The last of the substantial or material elements is the Purpose. The Public Administration has a single purpose: the satisfaction of the public interest. This satisfaction of the public interest is achieved in various ways, one of which is through the issuance of administrative acts that execute the specific competences assigned to the administrative body or entity and that have been assigned to it precisely to act and satisfy the public interest inherent in the conferred competence. In principle, it is understood that any administrative act, as a concrete result of a generic competence, tends toward the satisfaction of the common interest. Therefore, it is affirmed that the purpose of the administrative act will consequently be the satisfaction of the public interest, which constitutes the general purpose of every administrative act and, in turn, the specific purpose will be the satisfaction of the public interest that is the responsibility of that competence (article 131 LGAP). Article 166 LGAP provides: 'There shall be absolute nullity of an act when one or more of its constituent elements are totally lacking, in reality or legally.' Noting, as Nombre111027 reminds us, that 'the notion of the administrative act is undoubtedly a consequence of the submission of the Public Administration to a rule of law regime' and that the 'general principle, so often alluded to, of the legality of administrative action resolves itself, in view of each specific administrative act, into a question of pure legal technique, the use of which becomes then indispensable to determine with rigor which administrative acts are legally valid and which are not...". In this way, according to the Ley General de la Administración Pública, absolute nullity of the administrative act will exist when one or more of the elements of the administrative act are missing, that is, motive, content, or purpose, a circumstance that must be determined in each specific case. Now, the motivation (motivación), technically, does not constitute one of the constituent elements of the act; however, because the motivation of the act involves the technical-logical explanations and justifications for why the Administration acts in a certain way, not properly stating grounds for an administrative act, that omission constitutes a violation of the right of defense of the Administered party. In the present matter, it is alleged that the agreement sought to be annulled suffers from a flaw of absolute nullity due to lack of motive, a situation that will be analyzed below.

VI. ON THE GROUNDS OF THE COMPLAINT AND ITS ASSESSMENT BY THIS COURT: Without prejudice to the literalness of its arguments, which have been studied in their entirety by this Court, the analysis of the present matter proceeds. The representation of INDER filed the lesividad proceeding requesting that, because it is detrimental to the public interest, the agreement made by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in article 56, of session 022-05, dated May 3, 2005, be annulled, solely with respect to the titling of parcel No. 000-14 of Block 145 of the Coto Brus Titling Project. And by connection, that public deed No. 2 of Volume No. 8 issued before Notary Jimmy Meza Lázarus, of June 29, 2005, in which the titling issued by the IDA was formalized and protocolized, be annulled, as well as the resulting registration entry, namely, the property Partido de Puntarenas, real folio No. 146022-000 in the name of Mr. Nombre112494, corresponding to cadastral survey P-0869458-2003. This request was filed based on the following: That the Board was recommended to authorize the transfer and titling of parcel 000-14 of block 145 of the "Coto Brus Project", in favor of Nombre112494, supposedly because he fulfilled the requirements established by the "Reglamento para la Titulación de Tierras es Reservas Nacionales", and for this reason, in ordinary session No. 022-05 held on May 3, 2005, in article 56, its titling was authorized, giving rise to the property Partido de Puntarenas, real folio No. Placa20342 corresponding to cadastral survey P-0869458-2003; however, it alleged that such fulfillment did not occur due to two flaws: 1) That because article 32 of the Ley Orgánica del Ambiente and article 13 of the Ley Forestal establish, respectively, that Protected Wildlife Areas (Áreas Silvestres Protegidas) and the State's Natural Heritage are administered by MINAE, the applicants were required to provide a certification issued by MINAE indicating that the land to be titled was not located within a protected wildlife area or forming part of the State's Natural Heritage, a requirement that was essential and insurmountable for the validity of the process, as article 10.b) of the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales required the interested party to present a certification from MINAE indicating that the land to be titled, according to the cadastral survey, was not within a conservation area or forming part of the State's Natural Heritage. That in this case, certification SINAC-DS-OFAU-C-5103 of December 1, 2003, was provided, indicating that the parcel partially constitutes the State's Natural Heritage, and despite this, its titling was recommended, thereby contravening article 13 of the Ley Forestal and article 10.b) of the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, which generated a flaw of absolute nullity that was evident and manifest. 2) That article 58 of the Reglamento a la Ley de Uso de Suelos No. 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, of March 21, 2001, required those managing an information regarding possession (información posesoria) before the IDA to present an adequate soil study, indicating that the exercise of possession had been carried out in compliance with the appropriate land-use (uso adecuado de suelos); however, Mr. Nombre112494 did not provide it, which generated another flaw of absolute nullity. That due to the indicated flaws, in accordance with articles 133, 158, 166, and 167, given that the motive for the titling was duly regulated, the failure to meet those requirements generated flaws of nullity of the act because the motive, as it had been considered for its issuance, did not exist, and secondly, prohibitive norms were violated because State's Natural Heritage was titled, which is impossible according to articles 13, 14, 15, 33, and 34 of the Ley Forestal, and therefore, according to constitutional article 129, acts and contracts contrary to prohibitive laws are null. The argument of the representation of SINAC as an interested third party indicated that certification SINAC-DS-OFAU-C-5103-2003 stated that the land described in survey P-869458-000 in the name of IDA partially constitutes State's Natural Heritage and according to article 13 of the Ley Forestal, the forests and lands that constitute State's Natural Heritage cannot be exchanged, transferred, or alienated in any way. For its part, the representation of the State, as an active co-plaintiff, also pointed out that, according to certification SINAC-DS-OFAU-C-5103-2003, the titled parcel constitutes State's Natural Heritage, which violated articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal, thus vitiating the adjudication agreement with absolute nullity, a situation reiterated by the First Chamber in its votes No. 1070-F-S1-2010 and 1088-F-S1-2011. But in addition, that representation added an argument, not presented by the INDER representation nor by that of SINAC, pointing out that the titling made to Mr. Nombre112494, through the agreement sought to be annulled, was based on the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales approved by the IDA Board of Directors on August 12, 2002, and published in La Gaceta No. 173 of September 10, 2002, which was annulled by the Constitutional Chamber's judgment No. 2063-2007, with retroactive effect to the date of validity of the annulled norm, i.e., August 12, 2002, so that agreement No. 56 of ordinary session No. 022-05 is vitiated by a supervening nullity. That the First Chamber, in its votes 1070-F-S1-2010 and 1088-F-S1-2011, confirmed that the nullity (and annulment) of the Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales vitiated with nullity the titlings made based on it. This is because the Constitutional Chamber annulled it, since the IDA, now INDER, lacked the competence to issue it and because the Law that supposedly supported that regulation in no way empowered the State to title national reserves and State's Natural Heritage, and therefore, in said Regulation, the IDA invaded the competences of the Legislative Power, and consequently lacked the competence to title the parcel of block 145, No. 000-14 of the Coto Brus Titling Project in the name of Mr. Nombre112494, a flaw that is sufficient to annul the act of adjudication. The argument of the representation of Mr. Nombre112494 was that he acquired the right of possession over the real estate from his predecessor, who did so in a public, peaceful manner, and in the capacity of owner, for more than 50 years, and to date he has exercised it for more than 32 years under the same conditions, and that at no time was said possession exercised on public domain lands (terrenos demaniales) or State lands, so that the cause of acquiring the naked property (nuda propiedad) was by usucapion (usucapión), as the Constitutional Chamber indicated in the vote cited by the State representation. That with his titling application, he presented all the required documentation and legal requirements, and the IDA did not notify him of any defect or omission. That having presented all the legal and factual requirements without being notified of any defect, INDER titled the parcel in his name and proceeded with its registration. That it was the IDA that had to verify compliance with the requirements, and that if inconsistencies, omissions, or anomalies occurred, that was the exclusive responsibility of INDER officials, so no fault or blame should be attributed to him, and said registration must be respected. That it is only many years after the real estate was registered that they seek to dispossess him of it, which is completely illegal since the negligence and lack of skill with which the granting administration acted were not his responsibility. That at the time of registering the real estate, the supposedly omitted requirements were not required, so later requirements cannot be applied retroactively to his detriment. Based on the alleged facts and the credited evidence, this Chamber is of the opinion that the lesividad proceeding must be accepted for the reasons set forth below. The Board of Directors of INDER, by agreement taken in article 56, of session 022-05, of May 3, 2005, adjudicated parcel No. 145-000-14 to Mr. Nombre112494, which led to the registration entry of the property Partido de Puntarenas, real folio No. 146022-000. Now, the representation of INDER came in a lesividad proceeding requesting that said agreement be annulled under the allegation that 2 non-compliances occurred that generated flaws of absolute nullity in it, namely, it was not considered by INDER that the National System of Conservation Areas, in its Certification No. SINAC-DS-OFAU-C-5103-2003 of December 1, 2003, warned that the parcel to be titled according to cadastral survey No. P-0869458-2003, partially constituted State's Natural Heritage, and furthermore, that the interested party omitted to present the appropriate land-use study, as required by article 58 of the Reglamento a la Ley de Uso de Suelos, No. 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT. This thesis was supported by the representation of SINAC as an interested third party and the State as an active co-plaintiff. Added to this, the State representation also alleged that the decree that supported the agreement through which the parcel was titled was declared unconstitutional, which affected the validity and effectiveness of what was done. Indeed, the Chamber considers that what was done was carried out in violation of the legal system, which affected it with a flaw of absolute nullity that is evident and manifest, for the following reasons: 1) State's Natural Heritage, a public domain asset, was titled: The present matter seeks the nullity of the acts and contracts that allowed the property made up of State's Natural Heritage to leave the State's domain and pass into private hands. Therefore, this Chamber analyzed the evidence referring to the background of what was done, with the aim of determining and specifying whether it was within the domain of the State or one of its institutions or whether it is covered by forest cover (cubierta de bosque), aspects that have an affirmative answer for the following reasons: On December 11, 2003, Mr. Nombre112494 filed an application before the Institute of Agrarian Development for parcel 000-14 of block 145 of the Coto Brus Titling Project, located in Río Bonito, Corredores District, Corredores Canton, of Puntarenas Province, with an area of 56ha 3197.90 Mts2, and as evidence provided a deed given before Notary Roy Faustino Jiménez Rodríguez, who certified that on July 1, 2001, Mr. Nombre112494 appeared before him and acquired from Mrs. Nombre112495 the right of possession for 17 years of an unregistered property with an area of 40 hectares located in Río Bonito, Corredores District, Corredores Canton, and which he described as a property for agricultural use of overgrown scrubland (tacotal) and mountain. Also a private document signed between Mr. Nombre112494 and Mr. José Ángel Castro Baguardia, dated October 7, 1983, in which the former acquired from the latter a right of possession for the sum of 20 thousand colones of the unregistered property located in Río Bonito, Corredores district, Corredores Canton, with an area of 30 hectares, and which he described as land planted with pasture, the rest overgrown scrubland and mountain dedicated to grazing, part of the mountain dedicated to agriculture and to the conservation of flora and fauna. That is to say, in both documents it is verified that on the requested real estate or parcel, mountain always existed. That condition of State's Natural Heritage was expressly indicated in the certification issued by the National System of Conservation Areas No. SINAC-DS-OFAU-C-5103-2003 of December 1, 2003, which warned that the parcel to be titled according to cadastral survey No. P-0869458-2003 partially constituted State's Natural Heritage; however, in the challenged agreement, this situation was not considered. This condition was finally accredited in Report SINAC-ACOSA-PNE-AD-044-2016, of April 24, 2015, which concluded: "...The PNE-ACOSA Program concludes and recommends proceeding to indicate that within the area of 56ha 3197.9 m2 of the real estate with cadastral survey 60869458-2003 located in Corredores District, Corredores canton, Puntarenas Province, IGN Cartographic Sheet Cañas Gordas Scale 1:50000. Between the coordinates under the CRTM05 projection system, Placa20340 Placa20341, there are approximately 50 ha 5797 M2 of elements that could qualify as State's Natural Heritage, meaning 89.8% of the area is affected...". Therefore, since it is a real estate covered by forest cover, and being within the State's domain, it formed part of the State's Natural Heritage, which prevented its titling in favor of private individuals according to the provisions of articles 14, 15, 16, 33, and 34 of the Ley Forestal. And it is that the Ley Forestal, in section 14, determines that forest lands and forests that constitute the State's Natural Heritage, "…shall be unattachable and inalienable; their possession by private individuals shall not cause any right in their favor and the State's reivindicatory action for these lands is imprescriptible. Consequently, they cannot be registered in the Public Registry through information regarding possession (información posesoria) and both the invasion and the occupation thereof shall be sanctioned in accordance with the provisions of this law." Thus, possession by private individuals does not cause any right in favor of private individuals, the State's reivindicatory action being imprescriptible. As such, the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, by providing in its Article 56 of Session 022-05 of May 3, 2005, to title in favor of Mr. Nombre112494 parcel 000-14 of Block No. 145 of the Coto Brus Titling Project, described in cadastral survey P-0869458-2003, as it constitutes State's Natural Heritage, and therefore a public domain asset, which by its nature is unattachable, imprescriptible, inalienable, and outside human commerce; by not considering the aforementioned warning, acted contrary to the legal system, this being a flaw in an absolute, evident, and manifest manner in agreement No. 56 taken in session 022-05 held on May 3, 2005, for which reason it must be annulled.

The second breach alleged as causing a defect of absolute nullity in the proceedings is that Mr. Nombre112494 did not submit the Land-Use Certificate (Certificado de Uso de Suelo), as required by Article 58 of the "Reglamento a la Ley de Uso de Suelos," Decreto No. 29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT of March 21, 2001, which states: "In any possessory information or information submitted before the IDA or before the Courts of Justice, for the purpose of recording in the Public Property Registry, the interested party, in addition to the requirements demanded by common regulations, must demonstrate, with an adequate soil study, that they have exercised possession in compliance with the conforming soil use (uso conforme de suelo) for the activity they carry out in accordance with the approved methodology and executing them with the best management practices, according to the best available technology, in compliance with the provisions of Articles 3, 6, 12, 13, 19, 26, 27, 41, 43, and 64 of Ley 7779 and its implementing regulation." In this Court's view, had the interested party submitted that certification, the result of the procedure would have necessarily been adverse, because due to the natural heritage (patrimonio natural) character of the property, the use would not have been conforming. In this line of thought, Article 158 of the LGAP indicates that the absence or defect of any requirement of the administrative act, expressly or implicitly required by the legal system, constitutes a defect thereof. Thus, if the cited article required such certification, and the interested party did not submit it, titling parcel No. 000-14 of block 145 of the Coto Brus titling project in the name of Mr. Nombre112494 was improper, an omission that also generates a defect of absolute nullity in the proceedings. A third point that generated, in this Chamber's view, an absolute, evident, and manifest nullity in the proceedings, was that the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), by resolution No. 2063-2007, at 14:40 on February 14, 2007, ordered: "The action is PARTIALLY GRANTED. Consequently, the Regulation for Titling in National Reserves (Reglamento para la Titulación en Reservas Nacionales), approved by agreement of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in session 055-02 of August twelve, two thousand two, and published in La Gaceta 173, of September ten, two thousand two, is annulled. This ruling has declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled rules, that is, August twelve, two thousand two, and April sixteen, nineteen ninety-six, respectively. The foregoing, without prejudice to the State's patrimonial liability arising from this unconstitutionality (...)". Now, taking as established that the agreement of the IDA Board of Directors, Article 56, adopted in session 022-05 of May 3, 2005, by which parcel 000-14 of block 145 of the Coto Brus Titling Project was titled to Mr. Nombre112494, was based on the Regulation for the Titling of Lands in National Reserves (Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales) approved by the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, Executive Decree No. 28746-MINAE-MAG published in La Gaceta number 173 of September ten, two thousand two; having that rule been declared unconstitutional, with declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled rules, that is, to August 12, 2002; the agreement of the IDA Board of Directors No. Article 56, adopted in session 022-05 of May 3, 2005, became without effect pursuant to the provisions of Article 88 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), which constitutes one more cause to decree its absolute nullity and, by connection, the remaining subsequent acts and contracts. As for the arguments of Mr. Nombre112494, he basically affirmed that he acted in good faith and that if there were errors or omissions in the processing, such circumstance is the responsibility of INDER and that the presentation of the soil study was not a requirement at the time his titling application was processed; he is advised that, although the omission of the INDER Board of Directors in failing to take into consideration the warning given by the User Service Office of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy in certification No. SINAC-DS-OFAU-C-5103 of December 1, 2003, to the effect that the property to be titled partially constituted Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) and pursuant to Articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal 7575 of April 16, 1996, was not subject to allocation; such omission does not justify the plaintiff claiming a vested right over an allocated property, since one cannot acquire a right contrary to the legal system and even less so when the omitted rule states that assets classified as Natural Heritage of the State are imprescriptible, unattachable, and inalienable, that is, as public domain assets (bienes de dominio público) they are outside the commerce of men, so any administrative act that orders their private titling becomes absolutely null and void by operation of law. And the classification of a land as Natural Heritage of the State has, as a logical legal consequence, its affectation as a public domain asset, such that from the moment it was so classified, the lands became subject to a special legal regime distinct from the one they had prior to such event. And it is precisely that circumstance—namely, that they currently form part of the Natural Heritage of the State—that prevents the Institute of Rural Development, ---today INDER---, from granting property titles to private parties, due to the inalienability characteristic of public domain assets. (In this line, see rulings issued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, Nos. 1070-F-S1-2010, 1088-F-S1-2011 and 1675-F-51-2012, as well as rulings of the Constitutional Chamber Nos. 17659-2008, 21258-2010 and 16938-2011, among others) and therefore, it is not possible for private parties to exercise any type of possession or ownership over such assets. From which it also follows that acquiring ownership by adverse possession (usucapión) or positive prescription is not viable either, even if they had been on such lands for more than ten years. As a corollary of the foregoing, the action for judicial review based on harm to the State interest (lesividad) is upheld and therefore it is ordered: 1) In accordance with the provisions of Articles 199 and 200 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), the absolute, evident, and manifest nullity of the agreement of the IDA Board of Directors contained in Article 56 of Session No. 022-05, of May 3, 2005, is declared, solely as it refers to the titling of a farm in favor of Mr. Nombre112494 and described in the cadastral map (plano catastrado) No. P-0869458-2003. 2) After the registration of the property of the Canton of Puntarenas (Partido de Puntarenas) under the Folio Real System No. 146022-000 was technically and legally improperly made due to connection, both the public deed (escritura pública) No. 2 of Volume 8 executed before Notary Jimmy Meza Lázarus, referring to the formalization and protocolization of the illegitimate titling issued by the IDA in favor of Mr. Nombre112494 for the property described in cadastral map No. P-0869458-2003, which generated the property of the Canton of Puntarenas No. 146022-000, are annulled, and the National Archive (Archivo Nacional) is ordered to record the annulment of the referenced notarial instrument in the matrix of the referenced protocol and the National Registry (Registro Nacional) to cancel its registry entry. 3) Once this judgment is final, it is ordered to evict the occupants of the property object of this proceeding and to place it in the possession of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAET); and the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República), through the State Notary (Notaría del Estado), must prepare a deed protocolizing, as pertinent, the pieces of this judgment, for the purpose of proceeding with the change of nature and registration of the property described in cadastral map P-0869458-2003 in the name of the State in the Public Registry of Immovable Property (Registro Público de la Propiedad Inmueble). Likewise, MINAET and SINAC must create the necessary signs to identify the property as natural heritage of the State. 4) In accordance with Articles 199, 200, 211, 212, and 213 of the same General Law of Public Administration, the head of INDER must immediately initiate the appropriate internal procedures to establish the pecuniary and/or disciplinary liability of the officials who participated in the actions or omissions that led to actions contrary to legality in the referenced titling procedure. A report on the proceedings and their results must be submitted to the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), with a copy to this Court, within three months from the date this judgment becomes final. 5) It was ordered to maintain the precautionary measures issued by this Court by resolution No. 122-2014, at 11:00 on January 24, 2014, until this judgment becomes final.

VII.- EXCEPTIONS: The representative of Mr. Nombre112494 raised the exceptions of expiration (caducidad), prescription (prescripción), and what he called sine actione agit. As for the first two, the Chamber has already addressed them, so it is unnecessary to comment on them in this section. Regarding the misnamed "sine actione agit," let the plaintiff's representative adhere to what the First Chamber stated in its vote 317-2008: "Regarding the generic expression 'sine actione agit', in light of what procedural doctrine points out, currently, it does not constitute any defense. It had its origin and foundation in Roman law, mainly in the second period of Formulary Law, when the plaintiff could only bring the defendant to trial if the Praetor granted them the formula-action. It referred to the nonexistence of that 'formula' to appear before the Praetor. This archaic system of access to justice was superseded. Therefore, not only for historical reasons but also constitutional ones, it is unopposable and unacceptable. Furthermore, such an expression does not encompass the defenses of lack of right, lack of interest, and lack of standing, as has been sought to establish. The defense of 'sine actione agit' had its own purpose; with it, the material right was never attacked, which the three indicated exceptions do. What was contested with it, it is reiterated, was the valid constitution of the procedural relationship." As inferred from the foregoing, such "institute," improperly incorporated into our procedural system as a generic exception encompassing the exceptions of lack of right, lack of interest, and lack of standing, has no virtue in denying the substantive right, but rather—as the Chamber highlights—regarding the procedural form that had to be used to constitute and declare what was claimed in ancient times and is not even necessary today; given which, it is understood as rejected.

VIII.- COSTS: Article 193 of the Code of Contentious Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo) establishes that procedural and personal costs are imposed on the losing party by the mere fact of being so. Waiver of this condemnation is only viable when, in the Court's judgment, there was sufficient reason to litigate or when the judgment is rendered based on evidence unknown to the opposing party. In this case, the defendant was unsuccessful; however, given the factual scenario, it is clear that there was more than sufficient reason to litigate, which is why judgment is rendered without special condemnation in costs.

THEREFORE (POR TANTO):

The exceptions of expiration, prescription, and sine actione agit are rejected. The action for judicial review based on harm to the State interest (lesividad) filed by the Institute of Rural Development against Mr. Nombre112494 is granted, and consequently: 1) Article 56 of Session No. 022-05, of May 3, 2005, referring to the titling of parcel No. 000-14 of Block No. 145 of the Coto Brus Titling Project in favor of Mr. Nombre112494 and which cadastral map No. P-0869458-2003 describes, is annulled. 2) Public deed No. 2 of Volume 8 executed before Notary Jimmy Meza Lázarus, referring to the formalization and protocolization of the titling of the property described in cadastral map No. P-0869458-2003 and which generated property of the Canton of Puntarenas No. 146022-000, is annulled. The National Archive is ordered to record the annulment of the referenced notarial instrument in the matrix of the referenced protocol. 3) The National Public Registry (Registro Público Nacional) is ordered to cancel the registry entry of property of the Canton of Puntarenas No. 146022-000. 4) Once this judgment is final, the state representation must manage the eviction of the occupants of the property object of this proceeding and place it in the possession of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAET); and the Office of the Attorney General, through the State Notary, must prepare a deed protocolizing, as pertinent, the pieces of this judgment, for the purpose of proceeding with the change of nature and registration of the property described in cadastral map P-0869458-2003 and titling it in the name of the State in the Public Registry of Immovable Property. Likewise, MINAET and SINAC must create the necessary signs to identify the property as natural heritage of the State. 5) In accordance with Articles 199, 200, 211, 212, and 213 of the General Law of Public Administration, the INDER Board of Directors must order the immediate initiation of the appropriate internal procedures to establish the pecuniary and/or disciplinary liability of the officials who participated in the actions or omissions that led to actions contrary to legality in the referenced titling procedure. A report on the proceedings and their results must be submitted to the Comptroller General of the Republic, with a copy to this Court, within three months from the date this judgment becomes final. 6) It is ordered to maintain the precautionary measure issued by this Court by resolution No. 122-2014, at 11:00 on January 24, 2014, until this judgment becomes final. Judgment is rendered without special condemnation in costs. Let a copy of this judgment be sent to the National Archive and to the Public Registry of Immovable Property for their respective competence, as ordered here. LET IT BE NOTIFIED. José Iván Salas Leitón. Nombre111098. Nombre22563. Judges.





- Código Verificador -
*SANQUTMEWD461*
SANQUTMEWD461



 

Documento firmado por:

JOSE IVAN SALAS LEITON, JUEZ/A DECISOR/A
Nombre22563, JUEZ/A DECISOR/A
Nombre111098, JUEZ/A DECISOR/A

 

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 09:19:44.

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