Res. 00406-2020 Tribunal Agrario — Titling denied for land within protected area lacking prior ten-year possessionImprocedencia de titular tierras dentro de área silvestre protegida sin poseedor decenal anterior a la declaratoria

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Tribunal Agrario

Resolución Nº 00406 - 2020

Fecha de la Resolución: 06 de Mayo del 2020 a las 10:23

Expediente: 11-000140-0391-AG

Redactado por: Antonio Darcia Carranza

Clase de asunto: Proceso de información posesoria

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Información posesoria agraria
Subtemas:
Concepto y requisitos.
Deber de demostrar posesión decenal anterior a la declaratoria de área silvestre protegida.
Temas (descriptores): Zonas naturales protegidas
Subtemas:
Requisitos para la procedencia de información posesoria.
Temas (descriptores): Refugio de vida silvestre
Subtemas:
Requisitos para la procedencia de información posesoria.
Temas (descriptores): Área forestal protegida
Subtemas:
Requisitos para la procedencia de información posesoria.
Temas (descriptores): Área silvestre protegida
Subtemas:
Requisitos para la procedencia de información posesoria.

Temas estratégicos: Ambiental

Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

*110001400391AG*

 

 

EXPEDIENTE:

	

EXPN1 - 8




PROCESO:

	

INFORMACIÓN POSESORIA




PROMUEVE:

	

JOSE SANTOS CELEUD BRICEÑO GOMEZ

 

 

VOTO N° 406-F-2020

 

TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las diez horas y veintitrés minutos del seis de mayo de dos mil veinte.-

PROCESO DE INFORMACIÓN POSESORIA, promovido por [Nombre1]   , conocido como [Nombre1]   , mayor, soltero, agricultor, vecino de La Esperanza Norte de Juan Díaz de Nicoya, Guanacaste, cédula de identidad número CED1 -   -  . Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por Susana Fallas Cubero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número CED2 -     -  , en su condición de procuradora adjunta; y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica CED3 -    -          - , representado por Carmelina Vargas Hidalgo, mayor, divorciada, abogada, cédula de identidad número CED4 -     -    ,  vecina de San José, en calidad de presidenta ejecutiva con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma. Actúa como apoderado especial judicial del promovente el licenciado Hamrin Abadía Briceño, colegiado catorce mil doscientos diecinueve. Tramitada ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, con sede en Santa Cruz.-

 

RESULTANDO:

 1.- El promovente interpuso las presentes diligencias de información posesoria para que por medio de esta vía se proceda a inscribir en el Registro Público de la Propiedad el terreno que se describe así: " Naturaleza: Terreno de topografía quebrada, dedicado al repasto con tacotal, situado en La Esperanza [Dirección1],  , [Dirección2] ,  , Santa Cruz, provincia de Guanacaste linderos al Norte: [Nombre2]  , Sur: [Nombre1]   ; Este: [Dirección3]  con un frente a ella de quinientos diecinueve metros con diecisiete decímetros, y Oeste: [Nombre2]   y [Nombre1]   , con una superficie de diez hectáreas nueve mil doscientos veintidós metros con cuarenta y siete decímetros cuadrados, la cual se ajusta al plano G-1350596-2009," (folios 1, 8, 11).-

 2.- La Procuraduría General de la República se apersonó al proceso en los términos que corren de folios 33 a 36; a su vez el Instituto de Desarrollo Rural lo hizo en el folio 37, sin manifestar ambos su oposición a las presentes diligencias.-

 3.- El juez Wálter Ávila Quirós, del Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, mediante sentencia 201-2019 de las diez horas y dos minutos del treinta y uno de julio del año dos mil diecinueve, resolvió: “POR TANTO: " Se aprueba la información posesoria. Con las afectaciones a que se refiere el artículo 17 de la Ley de informaciones Posesorias y sin perjuicio de terceros de mejor derecho, se ordena al Señor Registrador del Registro de la Propiedad inscribir, por primera vez, a nombre de [Nombre1]   , conocido como [Nombre1]   , soltero, agricultor, vecino de La Esperanza Norte de Juan Díaz de Nicoya, Guanacaste, con cédula número CED5 -    -   . La finca descrita Naturaleza: Terreno de topografía quebrada, dedicado al repasto con tacotal, situado en La Esperanza Norte, [Dirección4] , [Dirección2] ,  , Santa Cruz, provincia de Guanacaste linderos al Norte: [Nombre2]  , Sur: [Nombre1]   ; Este: [Dirección3]  con un frente a ella de quinientos diecinueve metros con diecisiete decímetros, y Oeste: [Nombre2]   y [Nombre1]   , con una superficie de diez hectáreas nueve mil doscientos veintidós metros con cuarenta y siete decímetros cuadrados, la cual se ajusta al plano G-1350596-2009.- El inmueble objeto de este proceso se estima en la suma de dos millones quinientos mil colones.- El inmueble a titular queda afectado bajo las reservas del artículo 33 de la Ley Forestal y el área contiguo a la quebrada queda prohibido la corta o eliminación de árboles. Además, soporta limitaciones del artículo 4 de la ley de caminos públicos con un derecho de vía de 14 metros. - Sirva la certificación de esta sentencia para inscribir en el Registro de la Propiedad la finca relacionada," (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Santa Cruz en Documentos Asociados archivo del 31/7/19 de las 10:02:39 a.m.).-

 4.- La licenciada Susana Fallas Cubero, en su condición de procuradora adjunta, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Santa Cruz en Bandeja de Escritos archivo del 13/8/19 de las 3:35:33 p.m.).-

5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.-

      Redacta el juez Darcia Carranza,y;

CONSIDERANDO

I.- El Tribunal prohija el elenco de hechos tenidos por probados al ser fiel reflejo de lo acaecido en autos.

II.- No se acepta la conclusión a la que llega el a quo sobre hechos indemostrados, al considerarse existe prueba de ello en el expediente.

III.- La procuradora Susana Fallas apela la sentencia dictada con  fundamento en lo siguiente:   1) El terreno que se pretende titular se encuentra dentro del Parque Nacional Dirlá (Decreto No. 32003-MINAE vigente a partir del 2 de mayo del 2006). El testimonio del transmitente [Nombre2]   es inidóneo (véanse votos números 4694-04 de 14 horas 5 minutos del 30 de junio del 2004, 483-F-07 de 16 horas 15 minutos del 14 de junio del 2007, 926-F-07 de 14 horas 10 minutos del 15 de noviembre del 2007, 806-F-08 de 13 horas 15 minutos del 27 de noviembre del 2008, 7294-12 de 13 horas 37 minutos del 15 de junio del 2012, del Tribunal Agrario). La declaración de los dos testigos restantes es insuficiente: "Los 'requisitos expuestos en esta ley para la titulación de tierras son taxativos, y entre ellos lo es la necesaria demostración de la posesión decenal con tres testigos, a falta de uno sólo de estos, la Información posesoria deberá denegarse... "(Tribunal Agrario, voto No. 586 de 14 horas 5 minutos del 29 de agosto del 2002). "Los requisitos expuestos en esta ley para la titulación de tierras son de obligatorio cumplimiento, y entre ellos lo es la necesaria demostración de /a posesión decenal con tres testigos, a falta de uno sólo de éstos, la información posesoria deberá denegarse. "(Tribunal Agrario, voto No. 0210-F-07 de 13 horas 5 minutos del 9 de marzo del 2007). "La posesión se debe demostrar por un medio probatorio idóneo, como lo son tres testigos que exige la Ley de Informaciones Posesorias. A falta de un testigo, no se puede tener por acreditada la posesión. "(Tribunal Agrario, voto No. 222-F-11 de 15 horas 42 minutos del 8 de marzo del 2011). "aparte de la ausencia de prueba que acredite los datos requeridos por ley para autorizar la titulación, se trata solo de un testigo y el artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias exige sean tres (Tribunal Agrario Voto N° 14344-11 de las 15:04 horas del 20 de diciembre de 2011). "...el artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias exige /a declaración de tres testigos contestes en relación con la posesión decenal anterior a la creación del Parque Nacional Chirripó. "(Tribunal Agrario, voto No. 0033-F-12 de 10 horas del 24 de enero del 2012). "Los requisitos expuestos en esta ley para la titulación de tierras son de obligatorio cumpliendo (sic), y entre ellos lo es la necesaria demostración de la posesión decenal con tres testigos, a falta de uno sólo de éstos, la Información deberá denegarse”. (Tribunal Agrario, voto No. 362-F-12 de 10 horas 40 minutos del 22 de marzo del 2012). Además, el deponente [Nombre3]   no hizo referencia a dicho transmitente. De acuerdo con el Tribunal Agrario debe existir congruencia entre las declaraciones testimoniales, y entre estas y lo indicado en el escrito Inicial y los documentos aportados, para poder hacer valer la posesión transmitida, y para que merezcan la credibilidad del juzgador y los testigos deben Indicar el tiempo de ocupación de los transmitentes que citan, no limitarse a hacer una lista de personas: "Este Tribunal comparte el criterio de a quo en que la promovente no demostró la posesión anterior ejercida antes de la creación del área silvestre protegida, sino tampoco la cadena posesoria. Las versiones de los testigos y de la sociedad promovente no concuerdan en la cadena posesoria": (Voto No. 399-F-17 de 11 horas 50 minutos del 9 de mayo del 2017). "el artículo 6 de la Ley de Informaciones Posesorias es tajante al exigir la acreditación de la posesión con tres testimonios contestes y uniformes.. La posesión por ser un hecho jurídico, por su propia naturaleza y requisitos, debe demostrarse con prueba idónea, como la testifical, por /o que no es factible omitir la misma (Voto No. 162-F-16 de 9 horas 17 minutos del 24 de febrero del 2016). "La insuficiencia de su declaración se debilita aún más cuando se confronta con la prueba documental, pues según escritura No. 416 otorgada ante la Notaria Tatiana Fernández Mora del 25 de octubre del 2002, [Nombre4]   adquiere de [Nombre5], [Nombre6], [Nombre7], [Nombre8], [Nombre9], [Nombre10] , [Nombre11], [Nombre12] , todos [Nombre13] , y no de [Nombre14] . "(Voto No. 8234-16 de 15 horas18 minutos del 31 de agosto del 2016). "Confrontadas dichas declaraciones con la prueba documental aportada y lo manifestado por la Asociación promovente en el escrito inicial, se aprecie no es coherente ni existe claridad para los testigos de la cadena de transmisión de la posesión ni del tiempo en que cada uno de los poseedores estuvo en la finca a titular. Aunado a ello, la posesión de 10 años no fue debidamente demostrada antes de 1977, cuando se da la desafectación, porque hay inconsistencias en cuanto a quienes poseyeron el terreno y en que períodos o momentos antes de esa fecha, según se desprende de las testimoniales. De conformidad con lo anterior no se logró acreditar la cadena de transmitentes ni el tiempo de ejercicio de la posesión del terreno a titular" (voto N° 223-F-2015 de las 07:31 horas del 12 de marzo de 2015). Igual cita otros votos del Tribunal Agrario.

2) El certificado de uso de suelos dice que es de charral y sin embargo los testigos lo describen como de agricultura, pastos y ganadería. El Tribunal Agrario ha considerado que ese tipo de actividades son contrarias a la vocación de terrenos ubicados en áreas silvestres protegidas, como en este caso: "el primer plano catastrado que describe el Inmueble es del 2006, y en él se evidencia que e/ terreno forma parte, como bien lo indicó la Procuradora, de la Reserva Forestal Golfo Dulce, creada desde el año 1979, /o que significa que desde esa fecha debió de haberse conservado el recurso forestal, sin embargo, no ha ocurrido así Aún más se evidencia en el estudio de suelos del TAITA, en donde se indica como "uso actual" "zona vende", indicándose que es un terreno con pendiente ondulada, con erosión leve, estando en una zona de vida bosque muy húmedo tropical. Por lo cual, si el terreno es zona verde, y se encuentra dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, se concluye que la posesión no se ha ejercido de manera sostenible". (Voto No. 931-F-15 de 16 horas 47 minutos del 16 de setiembre del 2015). 'Ve acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias pueden titularse terrenos ubicados dentro de Áreas Silvestres Protegidas si se logra demostrar posesión ecológica con al menos diez años antes de la creación del área" (Voto N° 436-F-2015 de las 16:50 horas del 7 de mayo de 2015). Dice se evidencia la necesidad de cumplir con los dos requisitos expuestos en la ley para poder adquirir este tipo de terrenos siendo estos la posesión decenal anterior a la creación del área silvestre protegida y el ejercicio de la posesión ecológica y al no haberse acreditado en el presente caso el último de los requisitos, lo procedente es revocar la resolución dictada y en su lugar improbar estas diligencias de información posesoria (voto 38-F-13 de las 16:30 horas del 24 de enero de 2013, 1210-F-14 de 17 horas 40 minutos del 19 de abril del 2014).

Los anteriores aspectos no fueron analizados en sentencia y ello acarrearía su nulidad, según precedentes del Tribunal Agrario: "El a-quo (...) Tampoco observa o hace una explicación acerca de la cadena posesoria necesaria, podo que esta falta de fundamentacIón es uno de los aspectos relevantes a evaluar que es la posesión misma, conlleva a la nulidad de la sentencia por falta de fundamentación y resolución de aspectos especiales que la representación estatal solicitó se resolviera y no se hizo (Voto No. 2664-17 de 17 horas 38 minutos del 23 de marzo del 2017).

"El a-quo (...) Tampoco observa o hace una explicación acerca de la cadena posesoria necesaria, podo que esta falta de fundamentacIón es uno de los aspectos relevantes a evaluar que es la posesión misma, conlleva a la nulidad de la sentencia por falta de fundamentación y resolución de aspectos especiales que la representación estatal solicitó se resolviera y no se hizo (Voto No. 2664-17 de 17 horas 38 minutos del 23 de marzo del 2017). 

'El artículo 54 de la Ley de la Jurisdicción Agraria exige a la persona juzgadora resolver todos los puntos que han sido objeto de debate y sometidos a su conocimiento... El vicio apuntado configura violación al debido proceso, dictándose una sentencia omisa al no resolver sobre todo lo peticionado y cuestionado por la Procuraduría.. .Por los motivos aquí expuestos, deberá anularse la sentencia...nd (Voto No. 883-F-15 de 16 horas 15 minutos del 31 de agosto del 2015). 'La sentencia para que sea válida debe resolver todos los aspectos sometidos a análisis en el proceso, máxime sí la representación estatal se está oponiendo a la aprobación de la titulación, debió fundamentarle los motivos por los cuales desatendió o no compartía sus argumentos. Por tal motivo, este Tribunal, no podría entrar a emitir pronunciamiento sobre tales extremos, pues se estaría omitiendo la primera instancia, siendo derecho de las partes que tanto el a-quo como el Tribunal vierta criterio sobre esos aspectos. El artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria exige resolver todos los puntos que han sido objeto de debate, y en este caso de proceso no contencioso sometidos al conocimiento del juzgador o juzgadora.- El vicio apuntado configura violación al debido proceso dictándose una sentencia omisa al no resolver sobre todo lo peticionado y cuestionado por la Procuraduría.- Por todos los motivos aquí expuestos, deberá anularse la sentencia, para remitir el expediente al ad quo para que falle con arreglo a derecho, y proceda a pronunciarse de manera fundamentada y expresa de los fundamentos o motivas de nulidad aducidos por la parte Estatal" (Voto No. 280-F-12 de 13 horas 20 minutos del 8 de marzo del 2012).

En razón de lo expuesto, solicito se remita el expediente al Superior para que con base en lo expuesto, anule la sentencia No. 201-2019, y posteriormente se denieguen las diligencias por Incumplimiento de los requisitos legales (Apelación agregada al escritorio virtual bandeja de escritos el 13 de agosto de 2019 a las 03:35:33)

 

 

IV.- Los artículos 1, 2, 4, 5 6, 7, 9 y 15 de la misma disponen los requisitos que deben cumplirse al plantearse el proceso, como de trámite y de fondo. En ese sentido, el Tribunal ha explicado, la “…Información Posesoria es un trámite de actividad judicial no contenciosa para la formalización de un título registrable sobre un derecho de propiedad que se ha llegado a adquirir por la usucapión, cumpliendo para ello con los requisitos legales correspondientes.  Se exige demostrar la posesión a título de dueño, en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida (artículos 1 de la Ley de Informaciones Posesorias y 856 del Código Civil). El titulante, aparte de carecer de título inscrito o inscribible en el Registro Público, debe manifestar expresamente que la finca no ha sido inscrita en el Registro Público anteriormente. Por razones de interés público, y para evitar una doble inscripción registral sobre un mismo bien, o bien, para tutelar a terceros de mejor derecho que el titulante, la Ley  exige notificar a ciertos sujetos.  También estableció un trámite de oposición dentro de la Información Posesoria, en caso de que alguno de los interesados se sienta perjudicado por la titulación (artículo 8). La Ley de Informaciones Posesorias ordena al Juez tener como partes y por tanto notificarles personalmente desde el inicio de las diligencias, a los colindantes, ello por cuanto la titulación podría abarcar parte de las tierras que les pertenecen.  También se ordena notificar a los condueños o condóminos.  Igualmente, en resguardo de los intereses del Estado, se ordena tener como parte a la Procuraduría General de la República y al Instituto de Desarrollo Agrario, para el resguardo de la propiedad sujeta al dominio público, y de la Propiedad Agraria estatal (artículo 5).  Finalmente, la Ley manda a citar a todos los interesados, mediante la publicación de un Edicto en el Boletín Judicial, que puedan tener un interés legítimo en el proceso.(Ver numeral 5 de la Ley de Informaciones Posesorias) ( ver voto Nº755 de las 9:45 horas del 13 de noviembre del 2003). Se exige  también la existencia de linderos bien señalados (cercas, carriles, etc.). Deben aportarse los siguientes documentos: marca de ganado si la finca se dedica a ganadería; cédula de identidad o documento de identificación respectivo del titulante; el plano catastrado; certificación actualizada del Registro Público que aclare si se han titulado otras fincas por el promovente y cual es su medida; certificación actualizada del Ministerio del Ambiente de Energía sobre si está o no comprendido el terreno dentro de alguna área protegida.  La legislación vigente sobre suelos exige se demuestre el uso del terreno conforme a su aptitud (estudio de suelo). También está obligado el juez, para velar por la protección del recurso hídrico con fines de utilidad pública, de existir nacientes o fuentes de agua, a solicitar el informe respectivo del ente competente para ello (artículos 50 de la Ley Orgánica del Ambiente, inciso 14 del numeral 121 de la Constitución Política, 1, 3 y 17 de la Ley de Aguas N°276 de 27 de agosto de 1942, 33 de la Ley Forestal vigente Nº7575 de 5 de febrero de 1996 y Decreto Ejecutivo N°26237-MINAE de 19 de junio de 1997).

V.- Aparte de lo indicado, el escrito inicial debe contener cada uno de los datos requeridos en el artículo 1º de la Ley de Informaciones Posesorias: Nombre y calidades del promovente; naturaleza, situación, medida y linderos del terreno; nombres y dirección de los colindantes (si son personas jurídicas debe acreditarse su personería actualizada); indicación de sí existen condueños y cargas reales (entre ellas, servidumbres, usufructos, etc.), de haberlos especificar quiénes y cuáles (probar además la constitución de las últimas); tiempo de posesión; descripción de los actos posesorios; extensión de cultivos, zonas boscosas o de pasto; existencia de construcciones y mejoras realizadas; cantidad de apartos de ser ganadera la finca; causa y fecha de adquisición; nombre y apellidos de la persona que transmitió, en caso de tratarse de un modo derivado, así como su domicilio; estimación del inmueble y las diligencias; indicación de tres testigos vecinos del mismo cantón donde se ubique el inmueble, cuando sea necesario de acuerdo con lo indicado en el numerales 4 y 6 de la Ley de Informaciones Posesorias. Debe además necesariamente declararse que: la finca no se encuentra ya inscrita en el Registro Público, se carece de título de dominio inscribible y no se pretende evadir las consecuencias de un juicio sucesorio. De no tenerse la posesión decenal al momento de iniciar la diligencia, puede el promovente sumar la de sus transmitentes, pero además de aclarar eso en el escrito, debe aportar el documento público en el cual conste el traspaso de su derecho. La documental y el resto de la prueba que se debe aportar, vienen a ratificar o probar precisamente lo informado en el escrito. Por ello no resulta procedente se remita al contenido de la documental que acompañe al escrito inicial. En cuanto a la prueba testimonial exigida, en un mínimo de tres,  el legislador impuso el requisito de ser vecinos del cantón donde se ubica el inmueble. Ello con el fin de permitir fuesen realmente personas conocedoras de la situación las que se presentaran a declarar. En otras palabras, se presume los vecinos de la zona son quienes mejor pueden dar fe de los dueños de los terrenos cercanos a los suyos y que sucede en ellos, por frecuentar o vivir en el mismo lugar. Todos estos requisitos y la prueba pertinente para corroborar lo declarado en el memorial inicial están claramente especificados en la normativa citada.

 VI.-  En el caso, valorada la prueba a conciencia y sin sujeción estricta a las normas de derecho común (artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria), el Tribunal no comparte los agravios expresados por la procuradora, por cuanto en el proceso declararon los tres testigos y no dos como lo indica. Fueron testigos los señores [Nombre2]  , [Nombre3]   y [Nombre15]  , por lo que se rechazan los argumentos expuestos por la procuradora en dicho sentido.

 VII.- Señala que el señor [Nombre2]  no debió fungir como testigo por ser inidóneo, lo cual tampoco comparte esta Cámara. El hecho de que este  le haya transmitido una parte del terreno a titular, tal deponente, no lo invalida como testigo, pues más bien viene a aclarar totalmente la forma en la que el promovente adquiere parte de los terrenos a titular por cuanto él propiamente indica, le vendió un pedazo y el otro le fue vendido al titulante por su padre [Nombre16] . Los testigos son contestes en afirmar los terrenos pertenecían a [Nombre16]  y que tienen más de treinta años de conocer los terrenos  según declararon [Nombre3]   y [Nombre15]  , y más de cincuenta años de conocer los terrenos, el seño [Nombre2] , lo cual demuestra totalmente la posesión decenal previa a la creación del Area Silvestre Protegida. [Nombre3] indicó el señor [Nombre16] le vendió al promovente en el año de 1980. [Nombre15]  indicó que el promovente adquirió de [Nombre16]  y de [Nombre2] hace más de treinta años. El señor [Nombre2] indicó el le vendió en el año de 1977 y su padre en el año de 1980, todo lo cual viene a demostrar una posesión directa de más de treinta años por parte del promovente, contrario a lo dicho por la recurrente (ver declaraciones en el expediente físico a los folios 46, 47 y 48). Por otra parte, considera este Tribunal, no hay que perder la perspectiva tal y como lo hace la procuradora, ello por cuanto pareciera se discute toda la finca, cuando en la realidad solo un 20% del área total a titular se encuentra inmersa dentro del área silvestre protegida. Por otra parte, se hace necesario recordar, mientras no se haya comprado o expropiado  los terrenos inmersos dentro de un área silvestre protegida, no forman parte de según lo dispone el transitorio de la Ley de Biodiversidad en su artículo 114, el cual literalmente dice : "... DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS. "...ARTÍCULO 114.-

Refórmanse las siguientes disposiciones de la Ley Forestal, No. 7575, de 13 de febrero de 1996: (...) 2.- El inciso c) del artículo 72, cuyo texto dirá: "Artículo 72.- Modificaciones [...] c) Artículo 37.-Facultades del Poder Ejecutivo Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos." . De lo anteriormente expuesto resulta obvio entonces que mientras no se paguen o expropien los terrenos no forma parte del área silvestre protegida, y máxime en esta caso está bajo la categoría de manejo de Parque Nacional. Esta realmente es una de las dos categorías de manejo que obligatoriamente el Estado tiene que pagar o expropiar, lo cual al parecer no se ha realizado. Lo anterior quiere decir que los terrenos objetos de titulación han estado en manos privadas desde hace muchos años, dentro del comercio de los hombres por lo que no encuentra este Tribunal motivos para no reconocer la posesión privada que se ha ejercido sobre ellos cumpliendo con todos los requisitos para aprobar la titulación de los mismos.

 VIII.- Por último agravia la procuradora que en el Certificado de Uso Conforme de Suelos se indica el terreno es charral y los testigos indican que es de  agricultura, pastos y ganadería. Partiendo de lo expuesto en el  certificado de Uso Conforme de Suelos visible a folio 18 del expediente físico, se indica los terrenos están abandonados en dicho momento por lo que su naturaleza es de charral, ello en fecha 28 de agosto de 2011 (ver folio 18 del expediente físico). Ello nos lleva a la pregunta ¿Qué es un charral? Es una zona de la finca que está en descanso, por menos de 3 años y que no ha sido sembrada. Toda la vegetación ha nacido por regeneración natural y abundan las plantas espinosas y arbustivas, mientras existe poca cantidad de árboles. En este caso particular significa que el titulante tenía la finca antes dedicada  pasturas o agriculturas, y abandonó la actividad por un período corto  y retoma nuevamente la actividad. Antes de que el terreno quedara inmerso dentro de una declaratoria de área silvestre protegida, mucho antes, el señor [Nombre1]   , ya había adquirido la propiedad del terreno por prescripción positiva. Es decir, no puede venir a negarse un derecho que se adquirió ipso iure desde mucho tiempo antes de que se decretara el parque nacional en el 2006, por lo que para formar parte de este debe pagarse o expropiarse, según lo expuesto supra, pues no se trata de bienes del demanio público, sino de bienes privados que están en el comercio de los hombres, por lo que no se puede venir a limitar de tal manera su derecho de propiedad negándole el derecho  a la titulación. Resulta esencial citar jurisprudencia de la Sala Constitucional donde se analiza aspectos generales de la Usucapión, los cuales sirven de fundamento para resolver las presentes diligencias, en virtud de tratarse de un modo de adquisición de derechos reales: “REGIMEN GENERAL DE LA USUCAPION: En principio, debe indicarse que las diligencias de información posesoria reguladas en la Ley de Informaciones Posesorias No. 139 el 14 de julio de 1941 y sus reformas, son un procedimiento judicial no contencioso por medio del cual se formaliza un título de propiedad de bienes inmuebles en el Registro Público. En general, con ese procedimiento se pretende que los poseedores que carecen de título inscribible en el Registro Público, lo obtengan. El artículo 1 de esa ley dispone que para que el poseedor de bienes raíces solicite el otorgamiento de título con base en el procedimiento de información posesoria, deberá demostrar una posesión por más de diez años con las condiciones que señala el artículo 856 del Código Civil, a saber, en calidad de propietario, continua, pública y pacífica. Los anteriores requisitos de tiempo y condición, caracterizan la posesión necesaria para usucapir. Para obtener la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción positiva, además de la posesión en las condiciones indicadas, el artículo 853 del Código Civil señala como requisitos: el título traslativo de dominio y la buena fe. (...) , se desprende que la titulación del bien inmueble tiene como requisito la adquisición de la propiedad. O sea, que se distingue el momento de adquisición de la propiedad por usucapión del momento en que esa situación se hace valer en el procedimiento de información posesoria para obtener un título inscribible en el Registro Público. De ahí que se considere la usucapión como un modo de adquisición de la propiedad y de otros derechos reales poseíbles, y a la titulación como el procedimiento por medio del cual , comprobados los requisitos de la usucapión, se confiere el título de propiedad inscribible. La usucapión es un modo originario de adquirir un derecho real poseíble por el transcurso del tiempo con los requisitos de ley. El efecto jurídico adquisitivo de la usucapión se produce de manera automática con el transcurso del tiempo unido a una posesión hábil que reúna las condiciones fijadas para la posesión ad usucapionem, y a los demás requisitos establecidos por la ley (...)”. (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. NO. 04587-97 de las quince horas cuarenta y cinco minutos del cinco de agosto de mil novecientos noventa y siete. El énfasis no es del original). De análisis anterior resulta claro no se le puede negar su derecho de titular su propiedad ya adquirida previamente a la declaración del parque nacional.

IX.- De lo anteriormente expuesto es obligatorio por parte del Estado comprar o expropiar los terrenos del promovente para que formen parte del parque nacional, mientras, no son parte de él,  según lo dispone la misma Ley Forestal reformada por la Ley de Biodiversidad en su artículo 114, según se expuso anteriormente. En virtud de lo expuesto se confirma la sentencia dictada. Sin embargo, deberá la parte promovente, seguir las recomendaciones dadas por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria en cuanto a mantener la cobertura vegetal para evitar erosión por escorrentía, no cortar árboles en las áreas de protección de la quebrada y tratar de someter el inmueble al pago de servicios ambientales.

  POR TANTO

 Se confirma la sentencia dictada. Conforme a las recomendaciones dadas por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria deberá el promovente mantener la cobertura vegetal para evitar erosión por escorrentía, no cortar árboles en las áreas de protección de la quebrada y someter el inmueble al pago de servicios ambientales.

 

 

 

 

 

	

	

 




	

*BJYGDE4KSXO61*

BJYGDE4KSXO61

[Nombre17]   - JUEZ/A DECISOR/A

	




*5FNHMSFFLAC61*

5FNHMSFFLAC61

[Nombre18]    - JUEZ/A DECISOR/A

	

 

	

*IUEVIE43KI7Y61*

IUEVIE43KI7Y61

[Nombre19]   - JUEZ/A DECISOR/A




 

	

 

	

 

 

EXP: EXPN1

II Circuito Judicial San José, [Dirección5] ,     , [Dirección6]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 22-03-2026 08:35:06.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**CONSIDERING**

**I.** The Tribunal adopts the list of proven facts as an accurate reflection of what occurred in the case file.

**II.** The conclusion reached by the lower court (a quo) regarding unproven facts is not accepted, as it is considered that evidence of them exists in the case file.

**III.** Attorney Susana Fallas appeals the judgment issued on the following grounds: 1) The land sought to be titled is located within the Dirlá National Park (Parque Nacional Dirlá) (Executive Decree No. 32003-MINAE effective as of May 2, 2006). The testimony of the transferor [Nombre2] is inadmissible (see votes numbers 4694-04 of 14 hours 5 minutes of June 30, 2004, 483-F-07 of 16 hours 15 minutes of June 14, 2007, 926-F-07 of 14 hours 10 minutes of November 15, 2007, 806-F-08 of 13 hours 15 minutes of November 27, 2008, 7294-12 of 13 hours 37 minutes of June 15, 2012, of the Agrarian Tribunal). The statement of the two remaining witnesses is insufficient: "The requirements set forth in this law for land titling are exhaustive, and among them is the necessary demonstration of ten-year possession (posesión decenal) with three witnesses; lacking even one of these, the possessory information must be denied..." (Agrarian Tribunal, Vote No. 586 of 14 hours 5 minutes of August 29, 2002). "The requirements set forth in this law for land titling are mandatory, and among them is the necessary demonstration of ten-year possession with three witnesses; lacking even one of these, the possessory information must be denied." (Agrarian Tribunal, Vote No. 0210-F-07 of 13 hours 5 minutes of March 9, 2007). "The possession must be demonstrated by suitable evidentiary means, such as the three witnesses required by the Law of Possessory Information. Lacking one witness, the possession cannot be deemed accredited." (Agrarian Tribunal, Vote No. 222-F-11 of 15 hours 42 minutes of March 8, 2011). "apart from the absence of proof accrediting the data required by law to authorize the titling, there is only one witness and Article 6 of the Law of Possessory Information requires three (Agrarian Tribunal Vote No. 14344-11 of 15:04 hours of December 20, 2011). "...Article 6 of the Law of Possessory Information requires the statement of three witnesses concordant regarding the ten-year possession prior to the creation of the Chirripó National Park." (Agrarian Tribunal, Vote No. 0033-F-12 of 10 hours of January 24, 2012). "The requirements set forth in this law for land titling are mandatory, and among them is the necessary demonstration of ten-year possession with three witnesses; lacking even one of these, the Information must be denied". (Agrarian Tribunal, Vote No. 362-F-12 of 10 hours 40 minutes of March 22, 2012). Furthermore, the deponent [Nombre3] made no reference to said transferor. According to the Agrarian Tribunal, there must be congruence between the witness statements, and between these and what is indicated in the initial brief and the documents provided, in order to assert the transferred possession, and for the witnesses to merit the judge's credibility, they must indicate the occupation time of the transferors they cite, not limit themselves to making a list of persons: "This Tribunal shares the criterion of the lower court that the petitioner did not demonstrate the prior possession exercised before the creation of the protected wilderness area (área silvestre protegida), nor the possessory chain. The versions of the witnesses and the petitioning company do not agree on the possessory chain": (Vote No. 399-F-17 of 11 hours 50 minutes of May 9, 2017). "Article 6 of the Law of Possessory Information is categorical in demanding the accreditation of possession with three concordant and uniform testimonies. Possession, being a legal fact, by its own nature and requirements, must be demonstrated with suitable proof, such as witness testimony, therefore it is not feasible to omit it (Vote No. 162-F-16 of 9 hours 17 minutes of February 24, 2016). "The insufficiency of her statement is further weakened when confronted with the documentary evidence, because according to notarial instrument No. 416 issued before Notary Public Tatiana Fernández Mora on October 25, 2002, [Nombre4] acquires from [Nombre5], [Nombre6], [Nombre7], [Nombre8], [Nombre9], [Nombre10], [Nombre11], [Nombre12], all [Nombre13], and not from [Nombre14]." (Vote No. 8234-16 of 15 hours 18 minutes of August 31, 2016). "Upon confronting said statements with the documentary evidence provided and what was stated by the petitioning Association in the initial brief, it is observed that the chain of transmission of possession is not coherent nor is there clarity for the witnesses regarding the chain of transmission of possession or the time each of the possessors was on the farm to be titled. Coupled with this, the 10-year possession was not duly demonstrated before 1977, when the declassification occurs, because there are inconsistencies as to who possessed the land and in what periods or moments before that date, as inferred from the testimonies. In accordance with the foregoing, the chain of transferors and the time of exercise of possession of the land to be titled could not be accredited" (Vote No. 223-F-2015 of 07:31 hours of March 12, 2015). She also cites other votes of the Agrarian Tribunal.

2) The land-use certificate (certificado de uso de suelos) states it is fallow land (charral) and yet the witnesses describe it as being used for agriculture, pasture, and cattle ranching. The Agrarian Tribunal has considered that such activities are contrary to the vocation of lands located in protected wilderness areas, as in this case: "the first cadastral map describing the Property is from 2006, and it shows that the land forms part, as the Attorney General's Office correctly indicated, of the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce), created since 1979, which means that since that date the forest resource should have been conserved; however, this has not occurred. This is further evidenced in the TAITA soil study, where it is indicated as 'current use' 'green zone,' indicating it is land with undulating slope, with slight erosion, being in a life zone of very humid tropical forest. Therefore, if the land is a green zone, and is located within the Golfo Dulce Forest Reserve, it is concluded that possession has not been exercised in a sustainable manner". (Vote No. 931-F-15 of 16 hours 47 minutes of September 16, 2015). "In accordance with Article 7 of the Law of Possessory Information, lands located within Protected Wilderness Areas can be titled if ecological possession (posesión ecológica) for at least ten years before the area's creation can be demonstrated" (Vote No. 436-F-2015 of 16:50 hours of May 7, 2015). She states the need to comply with the two requirements set forth in the law to acquire this type of land is evident, these being ten-year possession prior to the creation of the protected wilderness area and the exercise of ecological possession, and since the last of these requirements has not been accredited in the present case, the appropriate course is to revoke the issued resolution and instead disapprove these possessory information proceedings (votes 38-F-13 of 16:30 hours of January 24, 2013, 1210-F-14 of 17 hours 40 minutes of April 19, 2014).

The foregoing aspects were not analyzed in the judgment and this would lead to its nullity, according to precedents of the Agrarian Tribunal: "The lower court judge (...) Nor does he observe or provide an explanation regarding the necessary possessory chain, as this lack of reasoning is one of the relevant aspects to evaluate, which is the possession itself, it entails the nullity of the judgment due to lack of reasoning and resolution of special aspects that the state representation requested be resolved and were not (Vote No. 2664-17 of 17 hours 38 minutes of March 23, 2017).

"The lower court judge (...) Nor does he observe or provide an explanation regarding the necessary possessory chain, as this lack of reasoning is one of the relevant aspects to evaluate, which is the possession itself, it entails the nullity of the judgment due to lack of reasoning and resolution of special aspects that the state representation requested be resolved and were not (Vote No. 2664-17 of 17 hours 38 minutes of March 23, 2017).

'Article 54 of the Law of Agrarian Jurisdiction requires the judge to resolve all points that have been the subject of debate and submitted to their knowledge... The defect noted constitutes a violation of due process, issuing an omitted judgment by not resolving everything petitioned and questioned by the Attorney General's Office... For the reasons set forth herein, the judgment must be annulled...' (Vote No. 883-F-15 of 16 hours 15 minutes of August 31, 2015). 'For the judgment to be valid, it must resolve all aspects submitted for analysis in the process, especially if the state representation is opposing the approval of the titling; the judge should have substantiated the reasons why they disregarded or did not share the state's arguments. For this reason, this Tribunal could not issue a ruling on such extremes, as it would be omitting the first instance, it being the right of the parties that both the lower court and the Tribunal render an opinion on those aspects. Article 54 of the Law of Agrarian Jurisdiction requires resolving all points that have been the subject of debate, and in this case of a non-contentious process submitted to the knowledge of the judge.- The defect noted constitutes a violation of due process, issuing an omitted judgment by not resolving everything petitioned and questioned by the Attorney General's Office.- For all the reasons set forth herein, the judgment must be annulled, to return the case file to the lower court so it may rule in accordance with the law, and proceed to rule in a reasoned and express manner on the grounds or reasons for nullity alleged by the State party" (Vote No. 280-F-12 of 13 hours 20 minutes of March 8, 2012).

Based on the foregoing, she requests the case file be sent to the Superior Court so that, based on the above, it annuls judgment No. 201-2019, and subsequently denies the proceedings due to non-compliance with legal requirements (Appeal added to the virtual desk, inbox of filed documents, on August 13, 2019, at 03:35:33)

**IV.** Articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, and 15 of the same law establish the requirements that must be met when filing the process, both procedural and substantive. In this regard, the Tribunal has explained, the "...Possessory Information (Información Posesoria) is a non-contentious judicial proceeding for the formalization of a registrable title over a property right that has been acquired through adverse possession (usucapión), thereby complying with the corresponding legal requirements. It requires demonstrating possession as owner, in a quiet, public, peaceful, and uninterrupted manner (Articles 1 of the Law of Possessory Information and 856 of the Civil Code). The title applicant, apart from lacking an inscribed or inscribable title in the Public Registry, must expressly state that the farm has not been previously inscribed in the Public Registry. For reasons of public interest, and to avoid double registry inscription over the same property, or to protect third parties with better rights than the title applicant, the Law requires notifying certain subjects. It also established an opposition procedure within the Possessory Information, in case any of the interested parties feels harmed by the titling (Article 8). The Law of Possessory Information orders the Judge to consider the adjoining landowners as parties and therefore notify them personally from the beginning of the proceedings, as the titling could encompass part of the lands belonging to them. Joint owners or co-owners are also ordered to be notified. Likewise, in safeguarding the interests of the State, the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) and the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario) are ordered to be considered parties, for the protection of property subject to the public domain, and of State Agrarian Property (Article 5). Finally, the Law mandates citing all interested parties, through the publication of a Notice (Edicto) in the Judicial Bulletin, who may have a legitimate interest in the process. (See numeral 5 of the Law of Possessory Information) (see Vote No. 755 of 9:45 hours of November 13, 2003). The existence of well-marked boundaries (fences, lanes, etc.) is also required. The following documents must be provided: livestock brand if the farm is dedicated to cattle ranching; identity card or respective identification document of the title applicant; the cadastral map; updated certification from the Public Registry clarifying whether other farms have been titled by the petitioner and their measurements; updated certification from the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente de Energía) on whether or not the land is included within any protected area. The current legislation on soils demands demonstrating the use of the land according to its aptitude (soil study). The judge is also obligated, to ensure the protection of water resources for public utility purposes, if springs (nacientes) or water sources exist, to request the respective report from the competent entity for this (Articles 50 of the Organic Environmental Law, subsection 14 of numeral 121 of the Political Constitution, 1, 3, and 17 of the Water Law No. 276 of August 27, 1942, 33 of the current Forestry Law No. 7575 of February 5, 1996, and Executive Decree No. 26237-MINAE of June 19, 1997).

**V.-** Aside from the above, the initial brief must contain each one of the data required in Article 1 of the Law of Possessory Information: Name and qualifications of the petitioner; nature, location, measurement, and boundaries of the land; names and address of the adjoining landowners (if they are legal entities, their updated legal representation must be accredited); indication of whether there are co-owners and encumbrances (among them, easements (servidumbres), usufructs, etc.), if any, specifying who and which ones (also proving the constitution of the latter); time of possession; description of possessory acts; extent of crops, forested or pasture zones; existence of constructions and improvements made; number of livestock units if the farm is for cattle ranching; cause and date of acquisition; full name of the person who transferred, in the case of a derivative mode, as well as their domicile; estimation of the property's value and the proceedings; indication of three witnesses who are residents of the same canton where the property is located, when necessary according to that indicated in numerals 4 and 6 of the Law of Possessory Information. It must also necessarily declare that: the farm is not already inscribed in the Public Registry, there is no inscribable title of ownership, and there is no intent to evade the consequences of a probate proceeding. If the petitioner does not have the ten-year possession at the moment of initiating the proceeding, they may add that of their transferors, but besides clarifying that in the brief, they must provide the public document in which the transfer of their right is recorded. The documents and the rest of the evidence that must be provided, serve to ratify or prove precisely what is informed in the brief. Therefore, it is not appropriate to refer to the content of the documentation accompanying the initial brief. Regarding the required witness evidence, at a minimum of three, the legislator imposed the requirement of being residents of the canton where the property is located. This is to ensure that those who come to testify are truly knowledgeable persons about the situation. In other words, it is presumed the local residents are those who can best attest to the owners of the lands near their own and what happens on them, because they frequent or live in the same place. All these requirements and the pertinent evidence to corroborate what is declared in the initial memorial are clearly specified in the cited regulations.

**VI.-** In the case at hand, having assessed the evidence conscientiously and without strict subjection to the rules of common law (Article 54 of the Law of Agrarian Jurisdiction), the Tribunal does not share the grievances expressed by the attorney, because the three witnesses, and not two as she indicates, testified in the process. The witnesses were Messrs. [Nombre2], [Nombre3], and [Nombre15]; therefore, the arguments put forth by the attorney in this regard are rejected.

**VII.-** She points out that Mr. [Nombre2] should not have served as a witness because he is inadmissible, which this Chamber also does not share. The fact that he transmitted a part of the land to be titled to the petitioner does not invalidate him as a witness, because rather, he comes to fully clarify the manner in which the petitioner acquires part of the lands to be titled, since he himself states that he sold him a piece, and the other piece was sold to the title applicant by his father [Nombre16]. The witnesses are concordant in affirming the lands belonged to [Nombre16] and that they have known the lands for more than thirty years, as declared by [Nombre3] and [Nombre15], and for more than fifty years, as stated by Mr. [Nombre2], which fully demonstrates the ten-year possession prior to the creation of the Protected Wilderness Area (Area Silvestre Protegida). [Nombre3] indicated that Mr. [Nombre16] sold to the petitioner in the year 1980. [Nombre15] indicated that the petitioner acquired from [Nombre16] and from [Nombre2] more than thirty years ago. Mr. [Nombre2] indicated that he sold to him in the year 1977 and his father in the year 1980, all of which demonstrates direct possession of more than thirty years by the petitioner, contrary to what was stated by the appellant (see statements in the physical case file at folios 46, 47, and 48). On the other hand, this Tribunal considers that one must not lose perspective, as the attorney does, because it seems the entire farm is being discussed, when in reality only 20% of the total area to be titled is immersed within the protected wilderness area. Moreover, it is necessary to remember that as long as the lands immersed within a protected wilderness area have not been purchased or expropriated, they do not form part of it, as stipulated in the transitory provision of the Biodiversity Law in its Article 114, which literally states: "... FINAL AND TRANSITORY PROVISIONS. "...ARTICLE 114.-

Reform the following provisions of the Forestry Law, No. 7575, of February 13, 1996: (...) 2.- Subsection c) of Article 72, whose text shall read: "Article 72.- Modifications [...] c) Article 37.- Powers of the Executive Branch The private farms affected according to the provisions of this article, because they are located in national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protective zones, shall be included within the state protected areas only from the moment they have been paid for or legally expropriated, except when they voluntarily submit to the Forest Regime. In the case of forest reserves, protective zones, and wildlife refuges, and if payment or expropriation has not been carried out and while it is being carried out, the areas shall be subjected to an environmental management plan that includes the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and subsequently, to the plan for management, recovery, and restoration of resources." From the foregoing, it is obvious then that as long as the lands are not paid for or expropriated, they do not form part of the protected wilderness area, especially in this case, which is under the management category of National Park. This is truly one of the two categories of management where the State is obligated to pay or expropriate, which apparently has not been done. The foregoing means that the lands subject to titling have been in private hands for many years, within the commerce of men, so this Tribunal finds no reason not to recognize the private possession that has been exercised over them, complying with all the requirements to approve their titling.

**VIII.-** Finally, the attorney grieves that the Land Use Compliance Certificate (Certificado de Uso Conforme de Suelos) indicates the land is fallow land and the witnesses indicate it is for agriculture, pasture, and cattle ranching. Starting from what is stated in the Land Use Compliance Certificate visible at folio 18 of the physical case file, it is indicated the lands are abandoned at that moment, so its nature is fallow land, this being on August 28, 2011 (see folio 18 of the physical case file). This leads us to the question: What is fallow land? It is a zone of the farm that is at rest, for less than 3 years, and that has not been planted. All the vegetation has grown by natural regeneration and spiny and shrubby plants abound, while there is a small quantity of trees. In this particular case, it means the title applicant previously had the farm dedicated to pasture or agriculture, and abandoned the activity for a short period and resumes the activity again. Before the land became immersed within a protected wilderness area declaration, long before, Mr. [Nombre1] had already acquired ownership of the land by adverse possession (prescripción positiva). That is, one cannot come to deny a right that was acquired ipso iure since long before the national park was decreed in 2006; therefore, to form part of this it must be paid for or expropriated, according to what was set forth supra, as these are not assets of the public domain, but private assets that are in the commerce of men, so their property right cannot be limited in such a way by denying them the right to titling. It is essential to cite jurisprudence of the Constitutional Chamber where general aspects of Adverse Possession (Usucapión) are analyzed, which serve as grounds to resolve the present proceedings, by virtue of being a mode of acquisition of real rights: "GENERAL REGIME OF ADVERSE POSSESSION: In principle, it must be indicated that possessory information proceedings regulated in the Law of Possessory Information No. 139 of July 14, 1941, and its reforms, are a non-contentious judicial procedure through which a title of ownership of real property is formalized in the Public Registry. In general, this procedure is intended for possessors who lack an inscribable title in the Public Registry to obtain one. Article 1 of that law provides that for the possessor of real property to request the granting of a title based on the possessory information procedure, they must demonstrate possession for more than ten years under the conditions indicated in Article 856 of the Civil Code, namely, as owner, continuous, public, and peaceful. The foregoing time and condition requirements characterize the possession necessary to acquire by adverse possession. To obtain ownership of real property by adverse possession, in addition to possession under the indicated conditions, Article 853 of the Civil Code indicates the following requirements: a transfer-of-ownership title and good faith. (...) it follows that the titling of the real property has as a requirement the acquisition of ownership. That is, the moment of acquisition of ownership by adverse possession is distinguished from the moment in which that situation is asserted in the possessory information procedure to obtain an inscribable title in the Public Registry.

Hence, adverse possession (usucapión) is considered a mode of acquisition of property and of other possessable rights in rem, and titling as the procedure by which, once the requirements of adverse possession are verified, a registrable title of ownership is conferred. Adverse possession is an original mode of acquiring a possessable right in rem through the passage of time with the requirements of law. The acquisitive legal effect of adverse possession occurs automatically with the passage of time together with a qualified possession that meets the conditions established for possession ad usucapionem, and the other requirements established by law (...).” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. NO. 04587-97 of fifteen hours forty-five minutes of the fifth of August of nineteen ninety-seven. Emphasis not in original). From the foregoing analysis it is clear that his right to title his property, already acquired prior to the declaration of the national park, cannot be denied.

IX.- Based on the foregoing, it is obligatory for the State to purchase or expropriate the petitioner's lands so that they become part of the national park; meanwhile, they are not part of it, as provided by the same Ley Forestal amended by the Ley de Biodiversidad in its Article 114, as stated above. By virtue of the foregoing, the judgment rendered is affirmed. However, the petitioner must follow the recommendations given by the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria regarding maintaining vegetative cover (cobertura vegetal) to prevent erosion by runoff, not cutting trees in the protection areas of the stream (quebrada), and endeavoring to submit the property to the Payment for Environmental Services (Pago de Servicios Ambientales).

  THEREFORE

 The judgment rendered is affirmed. In accordance with the recommendations given by the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, the petitioner must maintain the vegetative cover to prevent erosion by runoff, not cut trees in the protection areas of the stream, and submit the property to the Payment for Environmental Services.







	

	

 



	

*BJYGDE4KSXO61*

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[Nombre17]   - JUDGE

	



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[Nombre18]    - JUDGE

	

 

	

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IUEVIE43KI7Y61

[Nombre19]   - JUDGE



 

	

 

	

 

 

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