Res. 01158-2020 Tribunal Contencioso Administrativo — Denial of Precautionary Measure Against Eviction in State Natural Heritage AreaRechazo de medida cautelar contra desalojo en área de Patrimonio Natural del Estado

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Tribunal Contencioso Administrativo

Resolución Nº 01158 - 2020

Fecha de la Resolución: 09 de Julio del 2020 a las 10:26

Expediente: 20-002884-1027-CA

Redactado por: Karla Gabriela Solís Valverde

Clase de asunto: Medida cautelar

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL


Tipo de contenido: Voto de mayoría
Temas (descriptores): Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo
Subtemas:
Presupuestos para su otorgamiento y consideraciones con respecto a la carga de la prueba.
Temas (descriptores): Carga de la prueba en materia contencioso administrativa
Subtemas:
Corresponde a la parte actora al formular su pretensión.
Sentencias en igual sentido


Texto de la resolución

 

*200028841027CA*

 

EXPEDIENTE:

	

20-002884-1027-CA - 7




PROCESO:

	

MEDIDA CAUTELAR




ACTOR/A:

	

Nombre23709 




DEMANDADO/A:

	

EL ESTADO

 

Resolución N° 1158-2020

 

TRIBUNAL PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, ANEXO A. A las diez horas con veintiséis minutos del nueve de julio del año dos mil veinte.-

 

Medida Cautelar dentro de Proceso de Conocimiento que interpone Nombre23708     y Nombre23709  , contra INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL -en adelante INDER-, EL ESTADO y SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN -en adelante SINAC-. Intervienen como apoderada especial judicial de la parte actora la licenciada Julissa Rodríguez Rojas (poder visible a imagen digital 38 del legajo de medida cautelar), como apoderado especial judicial del INDER el licenciado Natanael José Barrantes Azofeifa (poder visible a imagen digital 450 del legajo de medida cautelar), en representación de El Estado la Procuradora apersonada al proceso licenciada María del Rocío León Yanarella (apersonamiento visible a imagen digital 458 del legajo de medida cautelar) y como apoderada especial judicial del SINAC la licenciada Ariana Sánchez Gutiérrez (poder visible a imagen digital 298 del expediente principal).-

RESULTANDO

1.-Que mediante escrito de demanda presentado el 11 de junio del año 2020, la parte actora interpone proceso de conocimiento con solicitud de medida cautelar con requerimiento de provisionalísima en contra del INDER. (Ver folios digitales 02 al 36 del legajo de medida cautelar).-

2.-Que mediante resolución de este despacho de las nueve horas del doce de junio del año dos mil veinte emitida por este despacho, se rechaza la medida cautelar de manera provisionalísima y se confiere audiencia al INDER para que se refiera a la misma. (Ver folio digital 260 del legajo de medida cautelar).-

3.-Que por escrito recibido el 19 de junio del año en curso, el INDER contesta la audiencia conferida y solicita el rechazo de la medida cautelar. (Ver folios digitales 265 a 289 del legajo de medida cautelar).-

4.-Que mediante resolución de este despacho de las nueve horas y cincuenta y seis minutos del diecinueve de junio de dos mil veinte, se tiene por establecido el presente proceso en contra del INDER, SINAC y de El Estado. (Ver folio digital 287 del expediente judicial).-

5.-Que mediante resolución de este despacho de las diez horas y cincuenta y dos minutos del diecinueve de junio de dos mil veinte, se confiere audiencia a El Estado y al SINAC de la solicitud de medida cautelar presentada por la parte actora. (Ver folio digital 436 del expediente judicial).-

6.-Que por escrito presentado el 06 de julio del año 2020, El Estado contesta la audiencia conferida y solicita el rechazo de la medida cautelar. (Ver folios digitales 459 a 464 del legajo de medida cautelar).-

7.-Que por escrito presentado el 07 de julio del año 2020, el SINAC contesta la audiencia conferida y solicita el rechazo de la medida cautelar. (Ver folios digitales 465 a 468 del legajo de medida cautelar).-

8.-Que en los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se notan causales de nulidad capaces de invalidar lo actuado; y.-

CONSIDERANDO

I.-OBJETO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR. En este asunto la parte promovente solicita: ": ... se impida a toda costa un eventual proceso de desalojo en nuestra contra y se nos tutele el derecho de seguir viviendo en el bien objeto del presente litigio y se nos permita continuar en posesión del mismo para dar atención a todos los bienes y seres vivos que habitan en él, para que no se pierdan y podamos continuar con el ciclo normal de producción, durante todo el período mientras se resuelve todo el proceso principal". (Ver folio digital 26 del legajo de medida cautelar).-

II.-ARGUMENTOS DE LA PARTE PROMOVENTE: En síntesis manifiesta que mediante oficios de fecha 28 de agosto del 2019 emitido por la Junta Directiva del INDER y oficio OTHO-0680-2019 emitido por el Jefe de la Oficina de Desarrollo Territorial Horquetas, le comunican el rechazo de la solicitud de titulación de una parcela y que en el punto 2) del por tanto del oficio de cita, se le indica que agotada la vía administrativa y judicial el accionante aplicará de inmediato el procedimiento de desalojo de predio y su recuperación, señala que es lógico que el INDER tome cartas en el asunto y los desaloje, poniendo en grave riesgo el objeto del proceso, los cultivos y los animales, indica que en la propiedad existen las casas de habitación de toda la familia, que viven menores de edad y que no tienen otro lugar a donde irse. Asimismo, manifiesta que no tiene a donde llevar a los animales y que no podrían arrancar los sembradíos, refieren que por la situación que se vive del Covid-19 sería catastrófico tener que buscar donde vivir, señala que existe un peligro en la demora porque el desalojo será realizado en cualquier momento. (Ver manifestaciones folios digitales 25 a 27 del legajo de medida cautelar).-

III. ARGUMENTOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL: El representante del INDER realiza un recuento de antecedentes del caso concreto, posterior a ello y sobre la apariencia de buen derecho indica que se resolvió conforme a derecho denegando la solicitud de titulación mediante el artículo 37 acuerdo de la Junta Directiva Sesión Ordinaria 22 celebrada el 26 de agosto de 2019, siendo que el predio que se solicito titular no puede ser titulado porque es parte del Patrimonio Natural y que la parte actora no presentó recurso contra dicho acuerdo, indica que la medida cautelar es inviable por ser violatorio al derecho ambiental y al Patrimonio Natural. Refiere que por el Decreto Ejecutivo 4961 se establece la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central y que por el Decreto Ejecutivo 5386 fue reformado el mismo, señala que la época en que adquiere el Instituto la propiedad por la Ley Forestal N°4465 vigente en ese momento, disponía la imposibilidad del Instituto de disponer de esa tierras pues su administración le correspondía a la Dirección General Forestal y según el articulo 32 era parte del Patrimonio Forestal del Estado, manifiesta que para el momento en que la parte actora adquiere un supuesto derecho de posesión, pues alega que fue en el año 2000, para ese año la finca madre en primer lugar era propiedad del lNDER al ser inscrita en el año de 1986 en el Registro Público a nombre del instituto, y que ya desde el momento de la Promulgación de los Decretos Ejecutivos N° 4961, publicado en la Gaceta N° 130 del 11 de julio de 1975 y N° 5386 del 28/10/1975 dichas áreas estaban afectadas por la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, por lo que para el año de 1986 en que se inscribe la finca matricula Placa3972 ubicada en la provincia de Heredia, esta pasó a ser automáticamente parte del Patrimonio Forestal del Estado y en 1996 parte del Patrimonio Natural del Estado, estando imposibilitado el instituto para disponer los predios. Indica que no existe acuerdo de Junta Directiva del lNDER donde se le otorgue algún derecho a la parte actora, sino solamente uno que deniega una titulación en Patrimonio Natural del Estado, manifiesta que la petición no debe ser aceptada, evidenciándose una carencia de buen derecho, aún más cuando no existe una actuación material comprobada de desalojo que esté o haya realizado y notificado a la parte actora, pues ni la misma parte actora logra probarla y su alegato se desacredita por lo manifestado por el Instituto en el oficio INDER-GG~DRT-RDHN-OTHO-0375-2020 y lo resuelto en el por tanto N°2 del artículo 37 de la Sesión Ordinaria 22 celebrada el 26 de agosto de 2019. Sobre el peligro en la demora señala que estamos ante una invasión y ocupación ilegítima sobre una propiedad de una Institución Pública como lo es el INDER y que se acrecienta al ser parte del Patrimonio Natural del Estado, según lo dispone la Ley Forestal artículos 13 al 15, lo que implica que el actor no tiene ningún derecho de estar allí. Refiere que queda claro que el Instituto al día de hoy no ha realizado acción alguna de desalojo contra los actores, por lo que materialmente no existe una actuación del Instituto que este afectando al actor para que proceda la medida cautelar solicitada. Manifiesta que la parte actora no ha logrado demostrar, al menos en grado de probabilidad, la existencia de un daño, actual, o al menos, potencial, que deba ser tutelado aunado a la ponderación superior que ha de tener el interés público en el presente caso. Sobre la ponderación de intereses en juego señala que se ocasionaría mayor daño al acogerse lo pretendido por los actores puesto que se violentan los derechos de la colectividad pues el bien en discusión, si bien es cierto esta inscrito a nombre del INDER el mismo es Patrimonio Natural del Estado, al encontrarse dentro de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central debiendo este bien ser traslado por Ley Forestal al MINAE-SINAC, pues su administración le corresponde a esos entes, ahora bien, si se acoge la medida solicitada por los actores se estaría limitando el uso de un bien público Patrimonio Natural del Estado, que debe ser utilizado para los fines que la ley establece y se estará contraponiendo a lo señalado por la Contraloría General de la República en el informe No DFOE-ED-7-2007. (Ver folios digitales 265 a 289 del legajo de medida cautelar).-                                                                                                   

IV. ARGUMENTOS DE EL ESTADO: La representación de El Estado señala que, no existe una orden de desalojo, de hecho ni siquiera se constata, que el Instituto de Desarrollo Rural haya realizado alguna gestión tendiente a hacer efectivo el desalojo que menciona la parte actora, en la propiedad indicada. Dado lo anterior, señala que la gestión que nos ocupa, resulta ser prematura y, en ese tanto, carente de una de las características de la medida cautelar, sea la urgencia. Respecto al peligro en la demora, considera que tampoco se da, en cuanto, quien acciona, es omiso en indicar cuales son los daños graves y urgentes que fundamentan la presente solicitud. Manifiesta que si bien es cierto, alude a que en el terreno tiene su casa de habitación y algunas actividades agrícolas, que se verían afectados con un desalojo, siendo claro a esta representación que ese acto en si es un proceso odioso que eventualmente podría causar una situación afectiva a quien lo sufre, por el solo hecho de serlo, considera que, en el caso, no se da ese daño en calidad de urgente y grave. Esto dada la premura ya indicada, pero, además, porque en el caso se determina –por el mismo dicho de la parte actora- que posee el bien en forma precaria, pues no tiene titulación del inmueble a su nombre. Situación que hace que no se genere derecho respecto de ese inmueble del que indica se desalojaría. Señala que se visualiza de la lectura simple de la solicitud cautelar, que quien acciona reconoce que su situación en la finca que habita, lo es en condición de precario. En ese sentido, indica que no tiene escritura de propiedad del inmueble y que el proceso de titulación, tal cual lo solicitó, le fue rechazado, situación que hace denotar que, son ocupantes de la finca, precariamente, sin que se tenga derecho alguno sobre esta. Máxime cuando están de por medio terrenos estatales, que por sus características no son sujetos de apropiación particular, por lo que señala se pone en duda la apariencia de buen derecho. Sobre la ponderación de los intereses en juego indica que subsiste por encima del interés de la parte actora, el interés público que reviste en el caso, que sería la protección de bienes de dominio público, que además resultan ser de protección especial, al ser parte del Área Silvestre Protegida, Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central. (Ver folios digitales 459 a 464 del legajo de medida cautelar).-      

V. ARGUMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN: La

apoderada del SINAC manifiesta que la parte actora, olvida que la Administración, ha sido garante de sus derechos, y mediante reiterados oficios e informes emitidos se le ha dejado ver su deber de cumplimiento y que en lo estipulado en la normativa de nuestro país se ha manifestado criterios de sostenibilidad certificados de previo, conforme a los principios de fiscalización y los procedimientos como lo menciona el gestionante se han aportado los criterios y oficios dando respuesta cumpliendo en lo resuelto por la Sala Constitucional, manifiesta que es claro que aún no ha finalizado la tramitación del procedimiento administrativo, por parte de otras instituciones es por ello que los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional expresamente establecen que la Acción no suspende la citada aplicación, pero que en los procesos o procedimientos en que se discute la aplicación de la norma impugnada no debe dictarse resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. (Ver folios digitales 465 a 468 del legajo de medida cautelar).-      

VI. SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. Tal y como ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia (Voto Nº 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre, Voto Nº 6224-2005, de las 15:16 horas del 25 de mayo del 2005). Es decir, la tutela cautelar efectiva constituye un elemento esencial de la tutela judicial efectiva, en este sentido, resulta menester indicar que la naturaleza jurídica de las medidas cautelares está justificada como un instrumento procesal de segundo grado -u instrumento del instrumento procesal- que busca paliar los efectos negativos de la normal y a veces patológica duración de los procesos jurisdiccionales –vacatio u distancia temporis-, haciendo valedero el derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida dispuesta en el numeral 41 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, pues por pronta no puede ser tardada y por cumplida debe ser realizada; con acierto se ha dicho que no se trata de un adelanto de criterio sino de una tutela de situaciones apremiantes que sin el debido respaldo jurisdiccional se convertirián en daños directos para las partes procesales intervinientes. En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Asimismo, la doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Nombre41. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). De conformidad con el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el juez, a la hora de determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, debe verificar que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. Por otro lado, el mismo numeral 21 del Código establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el peligro en la demora o periculum en mora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Por último, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece la obligación del juzgador de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia del particular, por un lado y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Sólo en la concurrencia de estos tres elementos, es decir, de la apariencia de buen derecho, del peligro en la demora y que del análisis de la ponderación de intereses se considere que el daño sufrido por el particular debe tutelarse por encima de los demás intereses en juego, puede proceder el despacho a conceder la medida cautelar solicitada. En términos similares, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (Sección Sexta), en voto numero 301-2012-VI, de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de diciembre del dos mil doce, tuvo la oportunidad de referirse al tema, y en tal sentido estableció: "...La reparabilidad del bien no se satisface, en todos los casos, por un reintegro monetario. De ahí que como derivado de esta corriente, el Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA) abandona de modo expreso un sistema cautelar que tiene como epicentro el acto administrativo, que si bien es una de las manifestaciones formales de la voluntad pública, no es la única. Por el contrario, al considerar el marco amplio del objeto del proceso, la justicia cautelar debe trascender la mera orden suspensiva como sub-especie de las conservativas de contenido negativo, para introducir medidas innovativas, de contenido positivo, sean estas inhibitorias, ordenatorias o sustitutivas, pero siempre valorando, en cada caso, los alcances de los poderes del juez en torno al control de la discrecionalidad administrativa (ordinales 20 y 128 del CPCA). Desde ese plano, se trata de acciones que se encuentran al servicio del proceso principal de fondo, de ahí sus características de provisionalidad e instrumentalidad. En el primer caso, en tanto lo acordado respecto de la cautelar mantendrá una vigencia condicionada a lo que se resuelva en el proceso de fondo. Cabe resaltar que también puede ser cesada o modificada en cualquier momento, ante la variabilidad de las condiciones que originariamente le dieron cabida, o bien, adoptar la que de previo hubiere sido rechazada, tal y como lo estatuye el numeral 29 del Código de rito. En el segundo aspecto (instrumentalidad), la medida cautelar guarda una marcada relación de accesoriedad con la sentencia final, pues en definitiva, sirve de instrumento para mantener la vigencia del objeto del proceso en los términos ya señalados. A lo anterior se añade el carácter de sumaria cognitio, que es propio de estas medidas, pues siendo formas provisionales que propenden a las finalidades señaladas, deben ser resueltas de forma breve para poder cumplir su función. Cabe indicar que estas medidas surgen, en todos los casos a instancia de parte; por tanto, están impregnadas por el principio dispositivo. Sin embargo, esto es así solo respecto del análisis de la necesidad de adoptarlas, pues bien el juzgador, una vez pedidas, puede ordenar las que considere necesarias y adecuadas para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (artículo 19.1 ejusdem). Ahora bien, la adopción de estas medidas se encuentra condicionada a la convergencia de una serie de requisitos y condiciones que han de ser satisfechos en cada caso. Así en efecto lo impone el numeral 21 en relación al 22 de ese Código. De las anteriores normas surgen los siguientes presupuestos: peligro en la demora (periculum in mora), apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y el equilibrio o ponderación de los intereses en juego(...). En síntesis, el juzgador debe tomar en cuenta los criterios que rigen la adopción de este tipo de medidas, entre ellos, la adecuación, sea, la idoneidad de la medida para satisfacer los fines buscados; necesidad, lo que presupone la valoración de los remedios que permitan de mejor manera cumplir con su finalidad y proporcionalidad, ponderando los intereses en juego.-

VII. SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR PROMOVIDA: Tal y como se indicó supra, se requiere la concurrencia de los tres elementos esenciales: apariencia de buen derecho, peligro en la demora y el equilibrio de intereses para que resulte estimatoria una medida cautelar, amén de la instrumentalidad, necesidad y urgencia que debe caracterizarla. Siendo requisito necesario e indispensable que, tanto los presupuestos dichos como las características señaladas, estén presentes en el cuadro fáctico a valorar, para el otorgamiento de la medida que se solicita con la finalidad de proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. De previo al análisis de los presupuestos resulta imperioso verificar la existencia de las características que se deben presentar en toda solicitud de cautela, así las cosas en el caso concreto tenemos que la característica de la urgencia en la especie no se encuentra presente, por lo que de seguido se indica. En primer orden se debe considerar que como medida cautelar la parte actora solicita se impida a toda costa un eventual procedimiento de desalojo, que se le tutele el derecho de seguir viviendo en el bien objeto del presente litigio y que se le permita continuar en posesión del inmueble para dar atención a todos los bienes y seres vivos que habitan en él, para que no se pierdan y puedan continuar con el ciclo normal de producción, durante todo el período mientras se resuelve el proceso principal, sin embargo, no existe en los autos ningún acto formal o conducta material que acredite que la parte actora será desalojada del predio que ocupa actualmente o que se este realizando un procedimiento para este fin, inclusive véase que el INDER al momento de contestar la audiencia cautelar conferida aporta el oficio INDER-GG-DRT-RDHN-OTHO-0375-2020 de fecha 17 de junio del 2020 (visible a imagen digital 330 a 333 del legajo de medida cautelar), donde se indica que no se ha realizado ningún acto material tendiente al desalojo del predio de la parte actora, asimismo, si se observa con detalle el oficio OTHO-0680-2019 de fecha 03 de octubre del 2019 emitido por el INDER (visible a imagen digital 164 a 179 del legajo de medida cautelar), indica en lo de interés que: "2) En caso de que los interesados no hayan ejercido su derecho de impugnación o lo hayan presentado extemporáneamente y se haya agotado la vía administrativa, y en vía judicial no se hayan acogido sus pretensiones, el INDER aplicará de inmediato el procedimiento de desalojo del predio y su recuperación, ya sea en sede administrativa o judicial, según corresponda con fundamento en el artículo 95 del Reglamento a la Ley No 9036 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 29 de abril de 2015" (el resaltado no es del original); y siendo que el INDER a manifestado que no existe actuación material tendiente al desalojo del predio y en acatamiento de lo que establece el oficio OTHO-0680-2019 en el sentido de que el INDER aplicará de inmediato el procedimiento de desalojo del predio y su recuperación, ya sea en sede administrativa o judicial, según corresponda con fundamento en el artículo 95 del Reglamento a la Ley No 9036, no podría el INDER proceder a un desalojo de un predio sin la realización del procedimiento respectivo, situación que de conformidad con la contestación del INDER de la audiencia conferida, y lo indicado en el oficio OTHO-0680-2019 y oficio INDER-GG-DRT-RDHN-OTHO-0375-2020 de fecha 17 de junio del 2020, lo único que ha coordinado al momento de contestar la audiencia de medida cautelar con la asesoría legal es proceder con la ejecución de lo ordenado; véase que incluso la representación estatal también puntualiza el hecho de que no existe por parte del INDER orden de desalojo alguno o actuación que pretenda ejecutar el mismo, nótese que la misma parte gestionante solicita se suspenda cualquier eventual procedimiento de desalojo a realizarse, lo anterior en razón de que no consta como se ha señalado una actuación formal que indique que este se vaya a realizar en cualquier momento y en caso de que fuera una conducta material lo que se vaya a ejecutar, esta requiere prueba para su demostración o al menos indicios determinables que indiquen a la suscrita que definitivamente esa conducta se va a realizar; prueba que no se presenta en la solicitud de cautela requerida, lo anterior, se debe a que de acuerdo con los oficios emitidos por el INDER, el supuesto procedimiento de desalojo no se han materializado en la especie; es decir, se reitera no existe aún una gestión de desalojo administrativa ni judicial en contra de la promovente, por lo que esta Juzgadora no puede suspender bajo esta tesitura cualquier eventual desalojo a realizarse o procedimiento que ni siquiera consta se este llevando acabo, debe tomar en cuenta la parte actora que el oficio OTHO-0680-2019 de fecha 03 de octubre del 2019 emitido por el INDER (visible a imagen digital 164 a 179 del legajo de medida cautelar), indica en lo de interés que: "2)..., el INDER aplicará de inmediato el procedimiento de desalojo del predio y su recuperación, ya sea en sede administrativa o judicial, según corresponda con fundamento en el artículo 95 del Reglamento a la Ley No 9036 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 29 de abril de 2015", es decir, le impone al INDER la realización de un procedimiento de desalojo del predio ya sea en vía administrativa o judicial, es decir, que no podría pretender desalojar a la parte actora sin el procedimiento previo indicado en su mismo oficio, hacer lo contrario por parte del INDER sería en desacato a lo señalado en el artículo de cita: "Artículo 95°- Procedimiento de resolución contractual En el caso de que se resuelva el contrato por vencimiento del plazo, pérdida de la condición migratoria del extranjero o renuncia expresa del arrendatario, la OT correspondiente procederá a declarar resuelto el contrato por aplicación automática de la ley. En los demás supuestos de ley o del contrato de resolución del contrato deberá realizarse el proceso ordinario contenido en los artículos 208 y siguientes de la LGAP. Dentro del procedimiento de resolución contractual deberá determinarse si existe obligación del Inder para el pago de mejoras al arrendatario." (el resaltado no es del original); es decir, que en caso de realizarse un desalojo debe existir de previo un procedimiento para ello, el cual se reitera el INDER manifiesta no se ha realizado, por lo que en apego al principio de la buena fe procesal, en atención a lo que consta en autos y las manifestaciones de la parte demandada, al no existir aún procedimiento para realizar un desalojo ni actuación material tendiente a ello, la medida cautelar requerida resulta prematura y por ende carece de la característica de urgencia, por lo que resulta improcedente y debe rechazarse. No obstante lo anterior y en suma de razones se procede a analizar los presupuestos necesarios para el otorgamiento de una medida cautelar. En primer orden, respecto al presupuesto del Fumus Boni Iuris o Apariencia de Buen Derecho, la doctrina señala que, para la procedencia de la medida cautelar debe mediar "seriedad en la demanda", es decir, una probabilidad de éxito tal, que la misma no resulte a simple vista carente de tal seriedad o en su caso temeraria; es entonces la valoración de esa probable estimación posterior del derecho material del actor en la sentencia, mediante el análisis propio de un proceso sumarísimo que en forma alguna puede o debe, determinar pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, sino y en su lugar, únicamente una aproximación al mismo con los elementos presentes al momento del dictado del fallo que acoge o deniega la medida. Sobre este punto, pacífica ha sido la posición de este Tribunal en el sentido de que, por encontrarnos precisamente en una etapa sumarísima, lo usual es que se exija una apariencia -al menos- de poseer dicho atributo, siendo suficiente el que no resulte la acción a simple vista temeraria o sin ninguna posibilidad de triunfo. Un análisis mayor sobre las probabilidades de éxito de la demanda, genera un peligro de aproximación al fondo de la cuestión que deberá ser resuelta mediante el dictado del fallo correspondiente. Indicado lo anterior, sobre la apariencia de buen derecho para el caso específico, se reconoce el derecho fundamental de la parte actora de discutir en la vía plenaria lo referente a la adjudicación del inmueble objeto del proceso o en su defecto discutir si tiene derecho al pago de las accesiones y mejoras que ha realizado según su propio dicho de buena fe en el inmueble propiedad del INDER, lo anterior, vista la relación jurídico administrativa que existe entre quien acciona y el INDER, donde la parte actora ha ocupado una parcela propiedad del Instituto demandado durante varios años, siendo que fue objeto de una decisión administrativa, donde según su dicho, ha sido inadecuada, bajo ese entendido tiene abierta la posibilidad de accesar por medio de un proceso de conocimiento plenario para que se revise la legalidad de esa conducta administrativa al amparo del artículo 49 constitucional, por lo que es totalmente seria su teoría del caso, al considerar que estas decisiones le han causado un daño moral (ver manifestaciones en escrito de demanda y solicitud de medida cautelar), situación que corresponde su análisis y discusión en el proceso de conocimiento, por ahora basta entonces por señalar que para el caso en concreto se tiene por acreditada esa apariencia de buen derecho, lo anterior sin prejuzgar sobre el fondo del proceso (art. 96 CPCA). En razón de ello resulta inane cualquier pronunciamiento sobre este punto en este momento. Resta valorar entonces, la existencia de los otros presupuestos. Sobre el Periculum in Mora o Peligro en la Mora, consiste en el temor objetivamente fundado y razonable de que la situación jurídica sustancial aducida resulte seriamente dañada o perjudicada en forma grave e irreparable, durante el transcurso del tiempo necesario para dictar sentencia en el proceso principal. Este presupuesto requiere de la presencia de dos elementos: el daño o perjuicio grave y la demora en el proceso de cognición plena, sin dejar de lado claro está, que dentro de este presupuesto se encuentra lo que la doctrina ha calificado como la "Bilateralidad del Periculum in Mora" o como comúnmente se le conoce, la ponderación de los intereses involucrados o "en juego". El presupuesto alude a esos daños que se reprochan o que son susceptibles de producirse, -actual o potencialmente-. Daños que deberán ser establecidos como graves, además de tenerse como derivados de la situación aducida, entendiendo que, las lesiones acusadas al menos deben ser comprobadas a través del principio racional de prueba y con un mínimo de rigor probatorio con carga sobre el interesado, lo que no quiere decir otra cosa que no basta con aducir el daño en los términos dichos, sino que, además de la existencia presente o potencial del mismo, debe ser considerado como un daño "grave". En este punto es -necesario- señalar que, debe mediar un esfuerzo probatorio a cargo de quien pide la tutela cautelar, conforme las circunstancias de cada asunto en particular.  Existe la salvedad de que tal gravedad del daño resulte posible ser determinada prescindiendo, -con diferencia de grado-, del rigor probatorio mencionado, si ésta circunstancia es claramente deducible a partir de los elementos con que se cuente el momento del dictado del fallo correspondiente, pero esta situación es la excepción y no la regla, en el entendido de que el juzgador no se encuentra llamado a suponer donde la parte se encuentra obligada a probar.  En el caso en estudio, tenemos que la parte actora pide como medida cautelar que el Tribunal suspenda un eventual procedimiento de desalojo y resume los daños en: que se pone en grave riesgo el objeto del proceso, los cultivos y los animales, indica además que en la propiedad existen las casas de habitación de toda la familia, que viven menores de edad y que no tienen otro lugar a donde irse, manifiesta que no tiene a donde llevar a los animales y que no podrían arrancar los sembradíos, refiere que por la situación que se vive del Covid-19 sería catastrófico tener que buscar donde vivir, señala que existe un peligro en la demora porque el desalojo será realizado en cualquier momento. Ahora bien, en este sentido es necesario advertir que, el daño grave -necesario de acreditar con carga probatoria para quien lo alega- en este caso recae en el actor, en los términos explicados supra, debe acreditarse y no simplemente esbozarse. Así las cosas en el caso concreto no se acredita el peligro en la demora, en el tanto tal y como se explica en el análisis realizado de la característica de urgencia que se echa de menos en la especie, no existe la más mínima prueba de que algún tipo de desalojo vaya a realizarse por orden de autoridad administrativa o judicial en alguna fecha próxima o eventual, lo único que consta es el oficio OTHO-0680-2019 es que de previo a realizar un desalojo se debe aplicar un procedimiento administrativo o judicial para ello, más no se aporta ningún documento donde se demuestre que ese procedimiento se este realizando o que ya haya concluido, máxime el INDER en su contestación señala que este no se ha ejecutado. Se debe recordar que efectivamente la tutela cautelar debe proteger al administrado frente a conductas formales y materiales de la Administración, pero las conductas materiales como las conductas formales de la Administración deben ser demostradas por la parte actora por los medios de prueba a su alcance. En este caso particular llama la atención de esta Juzgadora que no existan conductas formales de la parte demandada, ya que de acuerdo con el ordenamiento jurídico costarricense todo desalojo debe ser precedido por una conducta administrativa formal previa a la conducta material de desalojo propiamente dicha, esta requiere prueba para su demostración o al menos indicios determinables de que indiquen a la suscrita que definitivamente esa conducta se va a realizar; prueba que no se presenta en la solicitud de cautela requerida. Así las cosas; la accionante debe tomar en consideración que un tribunal no puede tomar decisiones con el simple dicho de la parte, su decisión debe basarse en prueba idónea, precisa y oportuna o al menos indiciaria, por lo que al ser prematura la gestión de cautela requerida no se esta en presencia al menos al momento de la resolución de esta medida cautelar de un daño grave actual o potencial. En suma de razones, también se debe señalar que la prueba de un daño grave resulta ayuno en la resolución de la tutela que ahora nos ocupa y es que, la parte actora refiere daños, pero no los acredita; véase que como prueba de esta gestión cautelar, lo que se aporta son oficios emitidos por INDER, certificaciones de propiedad, fotografías, entre otros oficios emitidos otras administraciones públicas (visibles a folios digitales 42 a 259 del legajo de medida cautelar), pero ninguna de estas pruebas documentales acredita en primer lugar ni la supuesta conducta material o formal de desalojo ni menos aún el daño que señala, claramente las fotografías demuestran la existencia de algunos animales de granja y domésticos, así como la existencia de una planta de papaya y varias de plátano, no obstante, a criterio de esta Juzgadora ninguno de estos documentos o fotografías acreditan el daño actual o potencia de difícil o imposible reparación que establece el numeral 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Por lo que no puede tener este Tribunal por acreditado un daño que la parte gestionante no prueba, no olvide la parte actora que, de conformidad con el artículo 41.1 del Código Procesal Civil, la carga de la prueba es un imperativo de interés de la parte accionante, que consiste en la obligación y responsabilidad de quien alega los hechos, tiene la obligación legal de demostrar su dicho. Lo que en la especie extraña esta Juzgadora, en los términos expuestos. Es condición esencial para que proceda la solicitud de medida cautelar establecer la existencia de esa situación que le causa o puede causarle al petente un daño grave, irreparable y bajo esa inteligencia, si bien es cierto, la denominación de daño grave puede definirse como un concepto jurídico indeterminado, debe quedar de manifiesto que, de no adoptarse la solicitud, la situación denunciada puede causar un deterioro serio, real, de difícil reparación en la situación jurídica de quien la solicita, es precisamente ello, lo que para la especie extraña esta Juzgadora y lo que en definitiva permite no tener por acreditado el daño aludido. Lo anterior obedece a que el daño no solo debe ser alegado sino que además debe ser demostrado, es decir, a pesar de no requerirse plena prueba para su demostración, deben al menos aportarse ciertas probanzas dirigidas a demostrar la lesión que se alega de manera razonable y objetiva, la prueba no debe dirigirse al fondo del proceso, sino al objeto del proceso, demostrar los daños graves que se sufre con la conducta administrativa, lo cual la parte promovente no acredita en la solicitud de medida cautelar, por lo que no puede tener esta Juzgadora por acreditado un daño que no se demuestra de manera razonable y objetivo, de este modo por lo anteriormente expuesto, se echa de menos la existencia de un peligro en la demora, que permita estimar con un grado de probabilidad la configuración de un daño que pueda ser estimado grave, ni tampoco la relación que lo solicitado tendría con el mismo. Bajo este razonamiento, al no comprender la solicitud de medida cautelar el requerimiento de daño grave, priva el interés público sobre el particular de la parte actora, dado que no se aportan elementos de juicio que permitan concluir que la decisión debe ser diferente, en aras de brindar una tutela cautelar efectiva. Corolario de lo expuesto y analizados los autos, estima esta Juzgadora que lo procedente es no otorgar la solicitud de medida cautelar al no cumplirse con la característica de urgencia ni con todos los presupuestos que requiere para su otorgamiento.-

POR TANTO

Con fundamento en lo expuesto, se rechaza la solicitud de medida cautelar promovida por Nombre23708     y Nombre23709  , contra INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, EL ESTADO y SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. Es todo. Notifíquese. Karla Solís Valverde; Jueza Tramitadora.-


*Placa3973*
DZDWPFIUWXK61
KARLA GABRIELA SOLÍS VALVERDE - JUEZ/A TRAMITADOR/A

 

EXP: 20-002884-1027-CA

Goicoechea, Dirección01 , 50 metros oeste del BNCR, frente a Dirección02 . Teléfonos: 2545-0099, 2545-0107, 2545-0158. Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: ...01

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 06:27:45.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

*200028841027CA*

**FILE:**

20-002884-1027-CA - 7

**PROCEEDING:**

PRECAUTIONARY MEASURE

**PLAINTIFF:**

Name23709

**DEFENDANT:**

THE STATE

Resolution No. 1158-2020

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIAL COURT. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ, ANNEX A. At ten hours and twenty-six minutes on the ninth of July in the year two thousand and twenty.

Precautionary Measure within a Plenary Proceeding filed by Name23708 and Name23709, against the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT -hereinafter INDER-, THE STATE, and the NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS -hereinafter SINAC-. Appearing as special judicial attorney-in-fact for the plaintiff is licensed attorney Julissa Rodríguez Rojas (power of attorney visible at digital image 38 of the precautionary measure file), as special judicial attorney-in-fact for INDER is licensed attorney Natanael José Barrantes Azofeifa (power of attorney visible at digital image 450 of the precautionary measure file), representing The State is the Procuradora appearing in the proceeding, licensed attorney María del Rocío León Yanarella (appearance visible at digital image 458 of the precautionary measure file), and as special judicial attorney-in-fact for SINAC is licensed attorney Ariana Sánchez Gutiérrez (power of attorney visible at digital image 298 of the main file).

**WHEREAS**

1.- That by means of a complaint filed on June 11, 2020, the plaintiff files a plenary proceeding with a request for a precautionary measure, including a request for an extremely provisional measure, against INDER. (See digital folios 02 to 36 of the precautionary measure file).

2.- That by means of a resolution from this office at nine o'clock on June twelfth of the year two thousand twenty, issued by this office, the precautionary measure is rejected on an extremely provisional basis and INDER is given a hearing to address it. (See digital folio 260 of the precautionary measure file).

3.- That by a brief received on June 19 of the current year, INDER responds to the granted hearing and requests the rejection of the precautionary measure. (See digital folios 265 to 289 of the precautionary measure file).

4.- That by means of a resolution from this office at nine hours and fifty-six minutes on June nineteenth of two thousand twenty, this proceeding is established against INDER, SINAC, and The State. (See digital folio 287 of the judicial file).

5.- That by means of a resolution from this office at ten hours and fifty-two minutes on June nineteenth of two thousand twenty, The State and SINAC are given a hearing on the request for a precautionary measure filed by the plaintiff. (See digital folio 436 of the judicial file).

6.- That by a brief filed on July 6, 2020, The State responds to the granted hearing and requests the rejection of the precautionary measure. (See digital folios 459 to 464 of the precautionary measure file).

7.- That by a brief filed on July 7, 2020, SINAC responds to the granted hearing and requests the rejection of the precautionary measure. (See digital folios 465 to 468 of the precautionary measure file).

8.- That the prescribed formalities have been observed in the proceedings and no grounds for nullity capable of invalidating what has been done are noted; and.-

**WHEREAS**

I.- SUBJECT OF THE REQUEST FOR PRECAUTIONARY MEASURE. In this matter, the moving party requests: "... that any potential eviction (desalojo) proceeding against us be prevented at all costs and that our right to continue living on the property subject to this litigation be protected and that we be allowed to continue in possession thereof to care for all the property and living beings that inhabit it, so that they are not lost and we can continue with the normal production cycle, during the entire period while the main proceeding is being resolved." (See digital folio 26 of the precautionary measure file).

II.- ARGUMENTS OF THE MOVING PARTY: In summary, they state that through official letters dated August 28, 2019, issued by the Board of Directors of INDER, and official letter OTHO-0680-2019 issued by the Head of the Horquetas Territorial Development Office, they were notified of the rejection of the application for land titling (titulación) of a parcel and that in point 2) of the operative part (por tanto) of the cited official letter, it is indicated that once administrative and judicial channels are exhausted, the plaintiff will immediately apply the procedure for eviction (desalojo) of the property and its recovery; they point out that it is logical that INDER will take action on the matter and evict them, putting the object of the proceeding, the crops, and the animals at serious risk; they indicate that the family homes of everyone are on the property, that minors live there, and that they have no other place to go. Likewise, they state that they have nowhere to take the animals and that they could not uproot the crops; they refer that due to the current Covid-19 situation, it would be catastrophic to have to find a place to live; they point out that there is a danger in the delay (peligro en la demora) because the eviction will be carried out at any moment. (See statements at digital folios 25 to 27 of the precautionary measure file).

III. ARGUMENTS OF THE INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT: The representative of INDER provides a summary of the background of the specific case; subsequent to that and regarding the appearance of good right (apariencia de buen derecho), they indicate that it was resolved in accordance with the law to deny the land titling application through Article 37, agreement of the Board of Directors, Ordinary Session 22 held on August 26, 2019, given that the property sought to be titled cannot be titled because it is part of the Natural Heritage (Patrimonio Natural) and that the plaintiff did not file an appeal against said agreement; they indicate that the precautionary measure is unviable for being a violation of environmental law and Natural Heritage. They refer that Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 4961 established the Cordillera Volcánica Central Forest Reserve and that Executive Decree 5386 amended it; they point out that at the time the Institute acquired the property, by Forest Law (Ley Forestal) No. 4465 in force at that moment, it stipulated the impossibility for the Institute to dispose of these lands since their administration corresponded to the Dirección General Forestal and according to Article 32, they were part of the Forest Heritage of the State (Patrimonio Forestal del Estado); they state that at the moment the plaintiff acquired a supposed right of possession, which they claim was in the year 2000, for that year the mother farm was firstly the property of INDER, having been registered in the year 1986 in the Public Registry in the name of the institute, and that already from the moment of the enactment of Executive Decrees No. 4961, published in La Gaceta No. 130 on July 11, 1975, and No. 5386 of 10/28/1975, said areas were affected by the Cordillera Volcánica Central Forest Reserve, so that in the year 1986 when the farm registration number Plate3972 located in the province of Heredia was registered, it automatically became part of the Forest Heritage of the State and in 1996 part of the Natural Heritage of the State, the institute being unable to dispose of the properties. They indicate that there is no agreement of the Board of Directors of INDER granting any right to the plaintiff, but only one that denies a land titling on Natural Heritage of the State; they state that the petition should not be accepted, evidencing a lack of good right, even more so when there is no proven material act of eviction that is being or has been carried out and notified to the plaintiff, since not even the plaintiff manages to prove it and their allegation is discredited by what was stated by the Institute in official letter INDER-GG~DRT-RDHN-OTHO-0375-2020 and what was resolved in operative part (por tanto) No. 2 of Article 37 of Ordinary Session 22 held on August 26, 2019. Regarding the danger in the delay, they point out that we are facing an invasion and illegitimate occupation of a property of a Public Institution such as INDER, and that it is exacerbated by being part of the Natural Heritage of the State, as provided by the Ley Forestal, Articles 13 to 15, which implies that the plaintiff has no right to be there. They refer that it is clear that the Institute, to date, has not carried out any eviction action against the plaintiffs, so materially there is no action by the Institute that is affecting the plaintiff for the requested precautionary measure to proceed. They state that the plaintiff has not managed to demonstrate, at least to a degree of probability, the existence of a damage, current, or at least potential, that must be protected, coupled with the superior weighting that the public interest must have in this case. Regarding the balancing of interests at stake (ponderación de intereses en juego), they point out that greater damage would be caused if what is sought by the plaintiffs were granted, since the rights of the community are violated because the property in dispute, although it is true it is registered in the name of INDER, the same is Natural Heritage of the State, being located within the Cordillera Volcánica Central Forest Reserve, and this property must be transferred by Forest Law to MINAE-SINAC, since its administration corresponds to those entities; now then, if the measure requested by the plaintiffs is granted, it would be limiting the use of a public good, Natural Heritage of the State, which must be used for the purposes established by law, and it would be counter to what was indicated by the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) in report No. DFOE-ED-7-2007. (See digital folios 265 to 289 of the precautionary measure file).

IV. ARGUMENTS OF THE STATE: The representation of The State points out that there is no eviction order; in fact, it is not even verified that the Institute of Rural Development has carried out any action aimed at effecting the eviction mentioned by the plaintiff on the indicated property. Given the foregoing, they point out that the action before us is premature and, to that extent, lacks one of the characteristics of the precautionary measure, namely urgency. Regarding the danger in the delay, they consider that it also does not exist, insofar as the party filing suit fails to indicate what the serious and urgent damages are that underlie this request. They state that while it is true, there is allusion to having a dwelling and some agricultural activities on the land that would be affected by an eviction, and it is clear to this representation that that act in itself is an odious process that could eventually cause an emotional situation for whoever suffers it, by the mere fact of being so, they consider that, in this case, that damage does not exist as urgent and serious. This is due to the prematurity already indicated, but, additionally, because in the case it is determined – by the plaintiff's own statement – that they possess the property in a precarious manner, since they do not have land titling of the real estate in their name. A situation that means no right is generated regarding that real estate from which they indicate they would be evicted. They point out that it is visualized from a simple reading of the precautionary request that the party filing suit acknowledges that their situation on the farm they inhabit is as a precarious occupant. In that sense, they indicate that they do not have a property deed for the real estate and that the land titling process, as requested, was rejected, a situation that denotes that they are occupants of the farm, precariously, without having any right over it. Especially when state lands are at issue, which by their characteristics are not subject to private appropriation, therefore they point out that the appearance of good right is in doubt. Regarding the balancing of the interests at stake, they indicate that above the interest of the plaintiff subsists the public interest that is present in the case, which would be the protection of public domain goods, which also are of special protection, being part of the Protected Wildlife Area (Área Silvestre Protegida), Cordillera Volcánica Central Forest Reserve. (See digital folios 459 to 464 of the precautionary measure file).

V. ARGUMENTS OF THE NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS: The attorney-in-fact for SINAC states that the plaintiff forgets that the Administration has been a guarantor of their rights, and through repeated official letters and reports issued, their duty of compliance has been made clear to them and that in what is stipulated in our country's regulations, sustainability criteria have been previously certified, in accordance with audit principles and the procedures as mentioned by the petitioner, the criteria and official letters have been provided, giving a response in compliance with what was resolved by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional); she states that it is clear that the processing of the administrative procedure by other institutions has not yet concluded, and it is for that reason that Articles 81 and 82 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) expressly establish that the Action does not suspend the cited application, but that in the processes or procedures in which the application of the challenged rule is discussed, no final resolution shall be issued while the Chamber has not made its pronouncement on the case. (See digital folios 465 to 468 of the precautionary measure file).

VI. ON THE REQUIREMENTS FOR GRANTING A PRECAUTIONARY MEASURE. As has been developed in the jurisprudence of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, precautionary justice responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and complete justice, by preserving the real conditions indispensable for the issuance and execution of the judgment (Ruling No. 7190-1994, at 15:24 on December 6, Ruling No. 6224-2005, at 15:16 on May 25, 2005). That is, effective precautionary protection constitutes an essential element of effective judicial protection; in this sense, it is necessary to indicate that the legal nature of precautionary measures is justified as a second-degree procedural instrument – an instrument of the procedural instrument – that seeks to alleviate the negative effects of the normal and sometimes pathological duration of jurisdictional processes – vacatio or temporis distance – making valid the fundamental right to prompt and complete justice established in Article 41 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, for prompt cannot mean delayed and complete must mean fulfilled; it has rightfully been said that it is not an advance of opinion but rather a protection of pressing situations that, without the proper jurisdictional support, would become direct damages for the intervening procedural parties. In this same sense, Article 19 of the Contentious-Administrative Procedural Code establishes that the purpose of imposing a precautionary measure is to protect and guarantee, provisionally, the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment. Likewise, the doctrine has indicated that precautionary justice does not aim to declare a fact or a responsibility, nor to constitute a legal relationship, nor to execute a mandate and satisfy the right one holds without being discussed, nor to settle a litigation, but rather to prevent the damages that the litigation may bring or that may derive from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Name41. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). In accordance with Article 21 of the Contentious-Administrative Procedural Code, the judge, at the time of determining the admissibility of a request for a precautionary measure, must verify that the claim of the plenary proceeding is not reckless or, palpably, lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine if what the doctrine and jurisprudence have called appearance of good right (apariencia de buen derecho) or fumus boni iuris exists in the case at hand. On the other hand, the same Article 21 of the Code establishes the admissibility of the precautionary measure when the execution or continuation of the conduct submitted to the proceeding produces serious damage or injury, current or potential, a situation that has been defined in the doctrine as the danger in the delay (peligro en la demora) or periculum en mora, that is, that by virtue of the pathological delay of the judicial process, there is a current, real, and objective danger that serious damage will be generated to the moving party (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Finally, Article 22 of the Contentious-Administrative Procedural Code establishes the obligation of the adjudicator to carry out, in light of the principle of proportionality, a balancing of the interests at stake, that is, between the circumstance of the individual on one hand, and the public interest and the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure on the other. Only upon the concurrence of these three elements, that is, the appearance of good right, the danger in the delay, and that from the analysis of the balancing of interests, it is considered that the damage suffered by the individual must be protected above the other interests at stake, can the office proceed to grant the requested precautionary measure. In similar terms, the Contentious-Administrative and Civil Treasury Trial Court (Sixth Section), in ruling number 301-2012-VI, at ten hours and forty-five minutes on December twenty-first of two thousand twelve, had the opportunity to refer to the topic, and in that sense established: "...The reparability of the legally protected interest is not satisfied, in all cases, by monetary reimbursement. Hence, as a derivative of this current, the Contentious-Administrative Procedural Code (hereinafter CPCA) expressly abandons a precautionary system that has the administrative act as its epicenter, which while one of the formal manifestations of public will, is not the only one. On the contrary, upon considering the broad framework of the object of the proceeding, precautionary justice must transcend the mere suspensory order as a sub-species of conservatory measures of negative content, to introduce innovative measures, of positive content, be they inhibitory, mandatory, or substitutive, but always assessing, in each case, the scope of the judge's powers regarding the control of administrative discretion (Articles 20 and 128 of the CPCA). From that perspective, these are actions that are at the service of the main proceeding on the merits, hence their characteristics of provisionality and instrumentality. In the first case, insofar as what is agreed regarding the precautionary measure will maintain a validity conditioned on what is resolved in the merits proceeding. It is worth highlighting that it can also be lifted or modified at any time, given the variability of the conditions that originally gave rise to it, or else, one that was previously rejected can be adopted, just as Article 29 of the Procedural Code stipulates. In the second aspect (instrumentality), the precautionary measure maintains a marked relationship of accessoriness with the final judgment, because ultimately, it serves as an instrument to maintain the validity of the object of the proceeding in the terms already indicated. Added to the above is the character of sumaria cognitio, which is inherent to these measures, because being provisional forms that tend toward the indicated purposes, they must be resolved briefly in order to fulfill their function. It should be indicated that these measures arise, in all cases, at the request of a party; therefore, they are imbued with the party presentation principle. However, this is only so regarding the analysis of the necessity to adopt them, because the adjudicator, once requested, can order those deemed necessary and adequate to protect and guarantee, provisionally, the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment (Article 19.1 ejusdem). Now then, the adoption of these measures is conditioned on the convergence of a series of requirements and conditions that must be satisfied in each case. This is indeed imposed by Article 21 in relation to Article 22 of that Code. From the above norms, the following requirements arise: danger in the delay (periculum in mora), appearance of good right (fumus boni iuris), and the equilibrium or balancing of the interests at stake (...). In synthesis, the adjudicator must take into account the criteria that govern the adoption of this type of measures, among them, adequacy, i.e., the suitability of the measure to satisfy the purposes sought; necessity, which presupposes the assessment of the remedies that best allow fulfilling its purpose; and proportionality, balancing the interests at stake.

VII. ON THE PRECAUTIONARY MEASURE SOUGHT: As indicated supra, the concurrence of the three essential elements is required: appearance of good right, danger in the delay, and the balancing of interests for a precautionary measure to be granted, in addition to the instrumentality, necessity, and urgency that must characterize it. It being a necessary and indispensable requirement that both the said requirements and the indicated characteristics be present in the factual scenario to be assessed, for the granting of the measure requested for the purpose of protecting and guaranteeing, provisionally, the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment. Prior to the analysis of the requirements, it is imperative to verify the existence of the characteristics that must be present in every request for protective measures, thus in the specific case we have that the characteristic of urgency is not present in the species, for the reasons indicated below. First, it must be considered that as a precautionary measure, the plaintiff requests that any potential eviction proceeding be prevented at all costs, that their right to continue living on the property subject to this litigation be protected, and that they be allowed to continue in possession of the real estate to care for all the goods and living beings that inhabit it, so that they are not lost and they can continue with the normal production cycle, during the entire period while the main proceeding is resolved; however, there is no evidence in the record of any formal act or material conduct to prove that the plaintiff will be evicted from the property they currently occupy or that a procedure for this purpose is being carried out; even see that INDER, at the time of responding to the granted precautionary hearing, provides official letter INDER-GG-DRT-RDHN-OTHO-0375-2020 dated June 17, 2020 (visible at digital image 330 to 333 of the precautionary measure file), where it is indicated that no material act aimed at the eviction of the plaintiff's property has been carried out; likewise, if official letter OTHO-0680-2019 dated October 3, 2019, issued by INDER (visible at digital image 164 to 179 of the precautionary measure file) is observed in detail, it indicates in the relevant part that: "2) In the event that the interested parties have not exercised their right of appeal or have filed it extemporaneously and administrative channels have been exhausted, and in judicial channels their claims have not been upheld, INDER will immediately apply the procedure for eviction of the property and its recovery, whether in administrative or judicial venue, as applicable, based on Article 95 of the Regulation (Reglamento) to Law No. 9036 published in the Official Gazette La Gaceta on April 29, 2015" (highlighting not from the original); and given that INDER has stated that there is no material act aimed at the eviction of the property and in compliance with what official letter OTHO-0680-2019 establishes in the sense that INDER will immediately apply the procedure for eviction of the property and its recovery, whether in administrative or judicial venue, as applicable, based on Article 95 of the Reglamento a la Ley No 9036, INDER could not proceed with an eviction of a property without carrying out the respective procedure, a situation that, in accordance with INDER's response to the granted hearing, and what is indicated in official letter OTHO-0680-2019 and official letter INDER-GG-DRT-RDHN-OTHO-0375-2020 dated June 17, 2020, the only thing it has coordinated, at the time of responding to the precautionary measure hearing, with the legal advisory office is to proceed with the execution of what was ordered; it is even seen that the state representation also points out the fact that there is no eviction order whatsoever from INDER or action intended to execute the same; it is noted that the managing party itself requests that any eventual eviction procedure to be carried out be suspended; the foregoing because, as has been indicated, there is no record of a formal act indicating that this will be carried out at any moment, and in the event that it is a material conduct that is going to be executed, this requires proof for its demonstration or at least determinable indications that show the undersigned that this conduct will definitively be carried out; proof that is not presented in the requested protective request; the foregoing is because, according to the official letters issued by INDER, the supposed eviction procedure has not materialized in the species; that is, it is reiterated, there still exists no administrative or judicial eviction action against the moving party, therefore this Adjudicator cannot, under this reasoning, suspend any eventual eviction to be carried out or procedure that there is not even a record is being conducted; the plaintiff must take into account that official letter OTHO-0680-2019 dated October 3, 2019, issued by INDER (visible at digital image 164 to 179 of the precautionary measure file), indicates in the relevant part that: "2)..., INDER will immediately apply the procedure for eviction of the property and its recovery, whether in administrative or judicial venue, as applicable, based on Article 95 of the Reglamento a la Ley No 9036 published in the Official Gazette La Gaceta on April 29, 2015," that is, it imposes on INDER the carrying out of an eviction procedure for the property, either in administrative or judicial channels; that means it could not seek to evict the plaintiff without the prior procedure indicated in its own official letter; to do otherwise by INDER would be in contempt of what is indicated in the cited article: "Article 95°- Contract termination procedure In the event that the contract is terminated due to expiration of the term, loss of the migratory status of the foreigner, or express resignation of the lessee, the corresponding OT will proceed to declare the contract terminated by automatic application of the law. In the other cases of law or contract for termination of the contract, the ordinary process contained in Articles 208 and following of the LGAP must be carried out. Within the contract termination procedure, it must be determined whether there is an obligation of Inder for the payment of improvements to the lessee." (highlighting not from the original); that is, should an eviction be carried out, there must be a prior procedure for it, which, it is reiterated, INDER states has not been carried out; therefore, adhering to the principle of procedural good faith, in consideration of what is evident in the record and the statements of the defendant party, since there is still no procedure to carry out an eviction nor material act aimed at it, the requested precautionary measure is premature and therefore lacks the characteristic of urgency, meaning it is inadmissible and must be rejected. Notwithstanding the foregoing, and for the sake of additional reasoning, we proceed to analyze the necessary requirements for the granting of a precautionary measure. First, regarding the requirement of Fumus Boni Iuris or Appearance of Good Right, the doctrine indicates that for the admissibility of the precautionary measure, there must be "seriousness in the complaint," that is, a probability of success such that it is not, at first glance, lacking in such seriousness or, where applicable, reckless; it is therefore the assessment of that probable subsequent acceptance of the plaintiff's material right in the judgment, through the analysis specific to a summary proceeding that in no way can or should determine a pronouncement on the merits of the matter raised, but rather and instead, only an approximation to it with the elements present at the time of issuing the ruling that grants or denies the measure. On this point, the position of this Court has been uniform in the sense that, because we find ourselves precisely at a summary stage, it is usual that an appearance - at least - of possessing said attribute is required, it being sufficient that the action does not appear at first glance reckless or without any possibility of success. A greater analysis of the probabilities of success of the complaint generates a danger of approaching the merits of the question that must be resolved through the issuance of the corresponding ruling.

Having stated the foregoing, regarding the appearance of good right (apariencia de buen derecho) for the specific case, the fundamental right of the plaintiff to discuss in a full proceeding (vía plenaria) the matter of the adjudication of the property subject to the proceeding or, failing that, to discuss whether they have a right to payment for the accessions and improvements (accesiones y mejoras) they have made, according to their own statement, in good faith on the property owned by INDER, is recognized; the foregoing, in view of the legal-administrative relationship that exists between the party bringing the action and INDER, where the plaintiff has occupied a parcel owned by the defendant Institute for several years, and was the subject of an administrative decision, which according to their statement has been inadequate; under that understanding, they have the open possibility of accessing through a full proceeding for the legality of that administrative conduct to be reviewed under the protection of Article 49 of the Constitution, so their theory of the case is entirely serious, in considering that these decisions have caused them moral damage (see statements in the complaint and request for provisional remedy), a situation whose analysis and discussion corresponds to the proceeding on the merits; for now it suffices to state that for this specific case, this appearance of good right is deemed established, without prejudging the merits of the proceeding (Art. 96 CPCA). For that reason, any pronouncement on this point at this moment is unnecessary. It remains then to assess the existence of the other prerequisites.

Regarding the Periculum in Mora or Danger in the Delay (Peligro en la Mora), this consists of the objectively founded and reasonable fear that the claimed substantive legal situation will be seriously damaged or harmed in a grave and irreparable manner during the time necessary to render judgment in the principal proceeding. This prerequisite requires the presence of two elements: the grave damage or harm and the delay in the full proceeding, without neglecting, of course, that within this prerequisite lies what the doctrine has described as the "Bilaterality of the Periculum in Mora" or, as it is commonly known, the balancing of the interests involved or "at stake." The prerequisite alludes to those harms that are reproached or that are susceptible to occurring —currently or potentially—. Harms that must be established as grave, in addition to being considered as derived from the claimed situation, understanding that the alleged injuries must at least be verified through the rational principle of proof and with a minimum of evidentiary rigor with the burden on the interested party, which means nothing other than that it is not enough to claim the harm in the stated terms, but that, in addition to the present or potential existence thereof, it must be considered a "grave" harm. At this point it is necessary to state that an evidentiary effort must be made by the party requesting provisional relief (tutela cautelar), according to the circumstances of each particular matter. There is the exception that such gravity of harm may be determined without—with a difference in degree—the mentioned evidentiary rigor, if this circumstance is clearly deducible from the elements available at the time of issuing the corresponding ruling, but this situation is the exception and not the rule, in the understanding that the judge is not called to suppose where the party is obligated to prove.

In the case under study, we have that the plaintiff requests as a provisional remedy that the Court suspend an eventual eviction (desalojo) procedure and summarizes the harms as follows: that the subject matter of the proceeding, the crops, and the animals are placed at serious risk; they also indicate that the living quarters of the entire family are on the property, that minors live there, and that they have no other place to go; they state that they have nowhere to take the animals and that they could not uproot the crops; they refer that due to the current Covid-19 situation, it would be catastrophic to have to find a place to live; they note that there is a danger in the delay because the eviction will be carried out at any moment. Now, in this sense it is necessary to warn that the grave harm—which must be established with the evidentiary burden on the party alleging it—here falls on the plaintiff, and in the terms explained above, it must be proven and not simply sketched out. Thus, in the specific case, the danger in the delay is not established, insofar as, just as explained in the analysis of the characteristic of urgency that is lacking in this matter, there is not the slightest proof that any type of eviction will be carried out by order of an administrative or judicial authority on any near or eventual date; the only thing on record is official letter OTHO-0680-2019 stating that, prior to carrying out an eviction, an administrative or judicial proceeding must be applied for that purpose, but no document is provided demonstrating that such proceeding is being carried out or has already concluded, especially since INDER, in its response, indicates that this has not been executed. It must be recalled that indeed provisional relief must protect the individual against formal and material conduct of the Administration, but both the material conduct and the formal conduct of the Administration must be demonstrated by the plaintiff through the means of proof at their disposal. In this particular case, it draws this Judge’s attention that there are no formal conducts by the defendant, since in accordance with the Costa Rican legal system, every eviction must be preceded by formal administrative conduct prior to the material conduct of the eviction itself; this requires proof for its demonstration or at least determinable indications that indicate to the undersigned that such conduct will definitely take place; proof that is not presented in the request for relief made. Thus, the plaintiff must take into consideration that a court cannot make decisions based merely on the party’s statement; its decision must be based on suitable, precise, and timely proof, or at least circumstantial evidence, so that, the management of relief requested being premature, there is not, at least at the time of resolving this provisional remedy, a current or potential grave harm.

In sum, it must also be noted that proof of a grave harm is lacking in the resolution of the relief that now occupies us, and that the plaintiff refers to harms but does not prove them; see that as proof of this request for relief, what is provided are official letters issued by INDER, property certifications, photographs, among other official letters issued by other public agencies (visible at digital folios 42 to 259 of the provisional remedy file), but none of these documentary proofs establishes, in the first place, either the alleged material or formal conduct of eviction or, even less, the harm they indicate; clearly the photographs demonstrate the existence of some farm and domestic animals, as well as the existence of a papaya plant and several banana plants; however, in the opinion of this Judge, none of these documents or photographs prove the current or potential harm, of difficult or impossible reparation, established in Article 21 of the Contentious-Administrative Procedural Code. Therefore, this Court cannot deem established a harm that the petitioning party does not prove; let the plaintiff not forget that, in accordance with Article 41.1 of the Civil Procedural Code, the burden of proof is an imperative of the interest of the plaintiff, consisting of the obligation and responsibility that whoever alleges the facts has the legal obligation to demonstrate their statement. Which, in this matter, this Judge finds lacking, in the stated terms. It is an essential condition for the request for a provisional remedy to proceed to establish the existence of that situation that causes or may cause the petitioner a grave, irreparable harm, and under that understanding, while it is true that the denomination of grave harm can be defined as an indeterminate legal concept, it must be apparent that, if the request is not adopted, the denounced situation may cause a serious, real deterioration, of difficult reparation, in the legal situation of the party requesting it; it is precisely this that this Judge finds lacking in this matter and that ultimately makes it impossible to deem the alleged harm established. The foregoing is due to the fact that harm must not only be alleged but also demonstrated, i.e., even though full proof is not required for its demonstration, at least some evidence must be provided aimed at demonstrating the alleged injury in a reasonable and objective manner; the evidence must not be directed at the merits of the proceeding, but at the subject matter of the proceeding, to demonstrate the grave harms suffered due to the administrative conduct, which the promoting party does not establish in the request for a provisional remedy, so this Judge cannot deem established a harm that is not demonstrated in a reasonable and objective manner; thus, given the foregoing, the existence of a danger in the delay is lacking, which would allow estimating with a degree of probability the configuration of a harm that could be considered grave, nor the relationship that the requested measure would have with it. Under this reasoning, since the request for a provisional remedy does not meet the requirement of grave harm, the public interest prevails over the particular interest of the plaintiff, given that no elements of judgment are provided to allow the conclusion that the decision should be different, in the interest of providing effective provisional relief. As a corollary of the foregoing and having analyzed the record, this Judge considers it appropriate not to grant the request for a provisional remedy, since neither the characteristic of urgency nor all the prerequisites required for granting it are met.-

THEREFORE

Based on the foregoing, the request for a provisional remedy (medida cautelar) brought by Nombre23708 and Nombre23709 against INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, EL ESTADO, and SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN is denied. That is all. Let be notified. Karla Solís Valverde; Processing Judge.-

*Placa3973*
DZDWPFIUWXK61
KARLA GABRIELA SOLÍS VALVERDE - PROCESSING JUDGE

EXP: 20-002884-1027-CA

Goicoechea, Dirección01, 50 meters west of BNCR, in front of Dirección02. Telephones: 2545-0099, 2545-0107, 2545-0158. Fax: 2241-5664 and 2545-0006. Electronic mail: ...01

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