Res. 00686-2020 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón — Forest restitution ordered despite criminal acquittalRestitución del bosque procede aun con absolutoria penal

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón

Resolución Nº 00686 - 2020

Fecha de la Resolución: 31 de Julio del 2020 a las 14:50

Expediente: 15-200128-0591-PE

Redactado por: Francisco Lemus Víquez

Clase de asunto: Recurso de apelación penal

Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



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Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: Derecho Penal

Tema: Restitución de las cosas objeto del hecho punible

Subtemas:

Restitución del bosque puede ser ordenada de oficio y pese a absolutoria penal.
Falta de audiencia al titular de una propiedad forestal privada objeto de un delito ambiental no imposibilita la restitución del bosque a su estado original.

Tema: Restitución del bosque a su estado original

Subtemas:

Validez de ordenarla de oficio y pese a absolutoria penal.
Falta de audiencia al titular de una propiedad forestal privada objeto de un delito ambiental no imposibilita la restitución del bosque a su estado original.

Tema: Principio de irreductibilidad del bosque

Subtemas:

Restitución del bosque puede ser ordenada de oficio y pese a absolutoria penal.

"II.- [...] Se declara con lugar el motivo, por lo que se dirá. En lo medular, la inconformidad del impugnante gravita en que el fallo de instancia incurrió en un vicio de falta de fundamentación respecto del rechazo de su petición para que se restituyeran las cosas al estado que tenían antes del hecho. Para la solución del caso, es importante adelantar que, sobre la restitución de las cosas a su estado original en materia penal ambiental, la jurisprudencia patria ha establecido: «El tema en cuestión ya ha sido objeto de pronunciamientos por esta Cámara, entre otros en las sentencias No. 193-02, de las 9:00 horas, del 8 de marzo del 2002 y No. 450-03, de las 8:48 horas, del 22 de mayo del 2003. En el último fallo se dispuso sobre el particular: "Independientemente de la pena principal o accesoria que establece cada tipo penal para la conducta delictiva, la comisión del delito conlleva una serie de consecuencias civiles, tal como lo establecen los artículos 103 del Código Penal, 123 y 124 de las Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, entre ellas la restitución del objeto material del delito. Precisamente, uno de los alcances de la sentencia penal es ordenar la restitución al ofendido en el ejercicio pleno de su derecho lesionado, que tiene la naturaleza de un derecho fundamental por su regulación en el artículo 41 de la Constitución Política que establece que "Ocurriendo a las leyes, todos han encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales…" (Sentencia 346-98 de 9:30 hrs del 03-04-98 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia), lo cual comprende entre otros aspectos la restitución del objeto material del delito (Sentencia 511-2000 de las 9:20 hrs. del 19-5-00 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). El artículo 123 de las Reglas Vigentes Sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, en sus dos primeros párrafos establece que: "Deberá el condenado restituir al ofendido, con abono de todo deterioro o menoscabo, la cosa objeto del hecho punible, y si no pudiere hacerlo, estará obligado a satisfacer su valor conforme a estimación pericial referida a la fecha de la infracción. Si tal estimación no fuese posible hacerla por haber sido destruida o haber desaparecido la cosa, los jueces fijarán el valor respectivo, ateniéndose a los datos del juicio. La restitución se ordenará aun cuando la cosa se hallare en poder de un tercero, dejando a salvo los derechos que la ley civil confiere a este."; todo lo cual puede ordenarse de oficio por ser imperativa la regulación del artículo 103, 123 y 124 antes citados, y no requiere que se haya instaurado la acción civil resarcitoria, como bien lo ha establecido la jurisprudencia en el sentido que “... el reclamo de los daños y perjuicios provenientes del delito debe hacerse por medio de la acción civil resarcitoria, porque así lo condiciona la normativa procesal; sin embargo esa misma condición no existe cuando se trata de la restitución del objeto material del delito. Ello es así, conforme lo ha interpretado anteriormente esta misma Sala, porque la restitución no constituye una forma de indemnización en sentido estricto." (Sentencia Nº 52-F 10:35 hrs. 31 enero 1990 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, reiterado en Voto # 604-F-91, de 9:25 horas del 7 de noviembre de 1.991 y en Sentencia 511-2000 de 9:20 hrs. del 19-5-2000). El derecho al medio ambiente, calificado como un derecho humano de la tercera generación, ha sido reconocido en Costa Rica como un derecho fundamental, pues el artículo 50 de la Constitución Política cuando dispone que: " Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado ." y le otorga a los particulares y al Estado el derecho y el deber de garantizar y defender ese derecho en nombre de todos los habitantes, por lo que la comisión del delito convierte a la colectividad en víctima u ofendida con el hecho y desde esa perspectiva adquiere el derecho a la reparación del daño causado. Tratándose de un delito de Infracción a la Ley de Uso y Conservación de Suelos ( No. 7779 de 309 abril de 1998) el artículo 52 de dicha ley establece que: "Quien contamine o deteriore el recurso suelo, independientemente de la existencia de culpa o dolo o del grado de participación, será responsable de indemnizar, en la vía judicial que corresponda, y de reparar los daños causados al ambiente.", de donde se deriva una regulación específica que obliga al infractor a indemnizar los daños y perjuicios o a reparar los daños causados. Desde la perspectiva procesal, el artículo 140 y 466 del Código Procesal Penal obligan al Juez a disponer la restitución de las cosas al estado anterior al delito, lo cual omite el fallo recurrido como bien lo apunta la Procuraduría en su gestión, por lo que establecido en la sentencia la autoría del hecho por parte del imputado y la lesión al medio ambiente por la apertura de un camino en el bosque hasta el río, es procedente ordenar la restitución del área afectada al estado anterior al hecho, a fin de que el infractor no derive provecho de la ilicitud realizada y se logre restaurar el medio ambiente alterado con su acción en pro de la tutela de los intereses de la colectividad. En sentido similar ha resuelto este Tribunal lo siguiente: "En cuanto a la condición impuesta en sí, esta corte de casación la encuentra racional y proporcionada a los hechos generadores de la condena penal. Obsérvese que el § 28 de la Constitución Política establece la imposibilidad de intervención legal ante acciones privadas que no causen daño, de donde deriva que el límite de la reacción estatal viene marcado por la magnitud o gravedad de la lesión o peligro causados. En el presente caso, en que el daño es el cambio del uso del suelo del bosque para dedicarlo a agricultura, la reacción estatal tiene su límite en la reparación del daño, que de todas formas no se completará en los tres años de ejecución condicional de la pena, puesto que el bosque es producto de años y años de nacimiento, desarrollo y muerte de muchos seres vegetales y animales; sin embargo, la exclusión de los cultivos y de todo elemento con que se ha sustituido el bosque, así como el restablecimiento de especies vegetales en la medida adecuada para regenerar lo destruido, son un principio para la reparación que en algunos años se alcanzará. Debe quedar claro que la protección del suelo de los bosques consagrada en los §§ 2, 6, 10.c, 19 y 38.f de la Ley Forestal, 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Ambiente, 53 y 54 de la Ley de Biodiversidad, no termina o se suspende cuando por actos de seres humanos (incendios provocados, talas ilegales, etc.) o por hechos de la naturaleza (inundaciones, terremotos, incendios, etc.) el bosque viene a menos; antes por el contrario, ante esas situaciones se impone al Estado mayor agresividad en la recuperación y conservación del bosque. Pensar que el deber de protección del suelo forestal y de otros elementos del bosque termina por cualquiera de los hechos indicados, se traduciría en la promoción de actividades ilícitas lesivas del medio ambiente, para sustituir la ecología por explotaciones agrícolas o de otra naturaleza, con lo que no habría protección verdadera; es decir, el espacio ocupado por los bosques es irreductible por esas vías (principio de irreductibilidad del bosque). De este modo, cualquiera que lesione el bosque con tala o incendios con el propósito de cambiar el destino del terreno, o cualquiera que pretenda obtener provecho de desastres naturales que dañen el suelo forestal, debe comprender que no hay forma posible de cambiar el destino del suelo, y que el Estado hará cuanto sea para recuperar el bosque. Esto es, en el caso de autos deben desaparecer la actividad agrícola del lugar donde corresponde regenerar el bosque, ya sea que lo haga el condenado en cumplimiento de la cláusula por la que se le otorga casi como incentivo el beneficio de ejecución condicional de la pena, ya sea por la acción del Estado; los funcionarios responsables de la ejecución verán por la eficacia del fallo de mérito. No hay desproporción o abuso en la condición impuesta por el juzgador. Esta forma de resolver por parte del juez de juicio, reafirma el valor normativo de laConstitución Política, que en sus §§ 50 y 74 garantizan a la humanidad entera, con carácter de irrenunciable, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Amén de lo anterior, la disposición judicial en este caso guarda identidad con la disposición legislativa adoptada en § 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, N° 7779 de 30 de abril de 1.998…" (Sentencia [Telf1], de 11:54 hrs. del 5 de mayo del 2003 con redacción del Juez [Nombre1] . Este criterio fue reiterado en sentencia 2003-396). Referido al caso que nos ocupa, la sentencia no contempló la restitución de las cosas al estado anterior como ordena la normativa citada, no obstante, por provenir el fallo de un procedimiento abreviado y por ser la restitución una consecuencia directa de la comisión del delito y no requerir acción civil, lo propio es acoger el recurso de casación planteado y resolver en esta sede disponiendo la restitución del área de bosque afectada a su estado anterior a los hechos. Por tratarse de la construcción de una trocha o camino en la montaña, que implicó infracción a varias normas, no presenta las mismas características que en casos de levantamiento de una infraestructura en que ordenar la demolición constituye una solución, por ello no se observa viable la destrucción del camino; de igual forma no resulta atinente imponer el pago de los daños y perjuicios, toda vez que ello siempre permitiría el uso del camino a cambio del pago con provecho al infractor, por lo que la restitución en este caso debe orientarse hacia la conservación del área de bosque y en atención a ello se dispone el cierre del camino y se prohíbe el uso en cualquiera de las formas posibles y se ordena la restitución del bosque mediante la siembra de especies propias para tal fin, cuyo cumplimiento podrá vigilarse por las autoridades administrativas o de ejecución". En el caso en estudio quedó  demostrado que se invadió un área de protección, mediante la construcción de una serie de obras, que deben ser derribadas o destruidas en aras de mantener el equilibrio de la naturaleza. No se requiere la comisión de un hecho delictivo para que los tribunales, aún de oficio, decreten la restitución de las cosas al estado anterior a su modificación. Nótese que el propio artículo 103 del Código Penal únicamente exige un hecho punible, cuyos alcances se limitan a un injusto penal. En esta causa se acreditó la existencia del injusto, pues la acción de ordenar las construcciones, cuyo derribo ahora se acuerda, resultaban violatorias de la Ley Forestal. Además, no había una norma que autorizara dichas acciones, con lo cual la acción también resultaba antijurídica. De tal forma que era obligación del juzgador ordenar el derribo o destrucción de la serie de obras que se mencionan en el fallo, pues estas fueron construidas en un área de protección. Consecuentemente, no es atendible el reproche formulado.» (cf. Tribunal de Casación Penal de San José, Voto 450-2003 de las 11:48 horas del 22 de mayo de 2003 y Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, Voto N° 2014-032 de las 14:57 horas del 28 de enero de 2014). Se sigue que, el Tribunal juzgador en una causa por un delito ambiental, inclusive, de oficio, debe pronunciarse en resolución fundada -condena u absolución- sobre el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo, con base en los arts. 140, 142 y 361 inciso d) del Código Procesal Penal. En caso de delitos forestales, como el que nos ocupa, también se ha analizado que los jueces penales están obligados a resolver sobre la restitución, en virtud del principio de irreductibilidad del bosque, el cual establece la necesaria reparación de los daños causados al ambiente, de manera que “...no hay opción para dejar de ordenar que los terrenos de bosque objeto del delito de cambio de uso vuelvan a ser bosque”, de conformidad con los arts. 50 y 74 de la Constitución Política; 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 2, 6, 10 inciso c), 19 y 38 inciso f) de la Ley Forestal; 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Ambiente, y 53 y 54 de la Ley de Biodiversidad (cf. voto [Telf2] del antiguo Tribunal de Casación Penal de Guadalupe, de las 12:00 horas, del 08 de mayo de 2003, integrado por [Nombre2] , Salazar Murillo y [Nombre3] ). Asimismo, la circunstancia de que eventualmente el dueño de la propiedad forestal sea un particular y no la persona imputada, eso en nada impide la restitución oficiosa del bosque al estado precedente del hecho punible, si existe base probatoria y legal para disponerlo, por tratarse de un tema de interés público en tutela del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es decir, la falta de audiencia en un proceso penal al titular de una propiedad forestal privada objeto de un delito ambiental, no imposibilita la restitución del bosque a su estado original, por la sencilla razón de que en tal supuesto no existe un interés legítimo de oposición, lo que iría en detrimento de la protección constitucional y legal de los recursos naturales, al tenor de los arts. 50 Constitucional; 1, 19 y concordantes de la Ley Forestal. Una posición similar, también ha sostenido el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Segunda, en resolución número 2015-291, de las 13:50 horas, del 15 de mayo de [Placa1]: «. […] Debe tenerse presente que como ya lo indicó esta Cámara de Apelación, con una integración parcialmente diferente, "en Costa Rica el régimen de propiedad sobre bienes inmuebles tiene una serie de restricciones que devienen, justamente, de la regulación que ha hecho la Constitución Política, en su artículo 50, del Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado. En tutela de ese Derecho Fundamental, el Estado costarricense ha impuesto restricciones al derecho de propiedad, así como a algunos de aquellos derechos derivados o relacionados con el mismo . Como consecuencia de lo anterior se aprecia, por ejemplo, la exclusión absoluta de ejercicio de aquel derecho patrimonial para particulares, que se hace respecto del denominado patrimonio natural del Estado, es decir, los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a nombre de dicho Estado y de las pertenecientes a las municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública; inmuebles para los cuales la propia ley declara su condición de inalienables e inembargables, e incluso estipula que se trata de bienes sobre los cuales los particulares, incluso cuando los posean, no podrán consolidar derecho alguno, verbigracia por vía de usucapión o prescripción positiva (así se infiere de la lectura sistemática de los artículos 50 de la Constitución Política, y de los numerales 13 y 14 de la Ley Forestal). Con distinta intensidad, pero también derivadas del derecho fundamental que tutela el artículo 50 de la Ley Fundamental de la República de Costa Rica, se pueden tener como otro ejemplo las limitaciones que se imponen al régimen de la propiedad privada en terrenos con cobertura boscosa, para el cual son bien conocidas, entre otras: (1.) las prohibiciones para el cambio en el uso de suelos, (2.-) la obligatoria solicitud y concesión de permisos para cortar el bosque, y la restricción de esa acción mediante criterios de proporcionalidad, (3.-) la necesaria conformación de planes de manejo, de obligatoria aprobación previa por la Administración Forestal del Estado, si lo que se pretende un particular es aprovechar un bosque ubicado en una propiedad inmueble (artículo 19 de la Ley Forestal). Para sumar más ejemplos de limitación al derecho de propiedad sobre inmuebles se tiene, justamente, la declaratoria de áreas de protección junto a nacientes, en las riberas de los ríos, quebradas y arroyos, así como también de los lagos y embalses naturales y artificiales, así como en las áreas de recarga y en los acuíferos de los manantiales (artículo 33 de la Ley Forestal). Para esas zonas, aún cuando estén ubicadas en terrenos de dominio particular, existen prohibiciones de aprovechamiento, de tala o eliminación de árboles y, en lo que resulta relevante para la adecuada resolución de este tema, también existe una prohibición de invadir (ergo, de construir) tanto en zonas de conservación, como en las zonas de protección indicadas (art 58 de la Ley Forestal). De esta prohibición legal puede derivarse, con certeza, que nadie podría esgrimir legítimamente un derecho con el fin de aprovechar los recursos forestales, o para invadir esos espacios ubicados en una zona de protección. Para el caso concreto en estudio, quiere decir entonces que ningún tercero podría verse afectado en sus derechos legítimos mediante una orden de derribo dictada en virtud del delito juzgado en autos, por la razón de que, irrefutablemente, en aquellas zona de protección, dada la prohibición aludida, no existe ninguna posibilidad de reivindicación de derechos o de una expectativa de derechos legítimos, que pudiese evitar el derribo del inmueble a que se ha hecho mención." (Cfr. resolución número 2014-292, de las 11:00 horas del 10 de julio de 2014). Con fundamento en esas mismas consideraciones, no puede ningún tercero alegar un derecho legítimo para impedir u obstaculizar que dichas áreas sean restauradas, en razón del régimen de restricción legal del derecho de propiedad.» En la sentencia bajo estudio, esta Cámara verifica que la Jueza de mérito dictó una absolutoria por in dubio pro a favor del acusado. Respecto de la solicitud de la PGR para que se ordenara la restitución de las cosas al estado que tenían antes del hecho, resolvió que lo rechazaba, porque no se contaba con elementos suficientes y porque la representación del Estado no trajo ni se sabe quién es aun el propietario real del inmueble objeto del delito en cuestión (cf. archivo digital 152001280591PE-28052019011550-2_Multi--0, contador 00:11:16 en adelante). Esta argumentación es inválida."

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Texto de la resolución
                          PODER JUDICIAL                                                          
TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN                          
           Tel: 2456-9069                        [...]@                   Fax: 24569029    
__________________________________________________________________________________________
Exp: 15-200128-0591-PE
Res: 2020-00686
          TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN PRIMERA. San Ramón, a las catorce horas cincuenta minutos del treinta y uno de julio de dos mil veinte.
          RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1]   , costarricense, documento de identidad número CED1, por el delito de CAMBIO DE USO DEL SUELO en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Francisco Lemus Víquez, José Asdrúbal Quirós Pereira y Adriana Escalante Moncada. Se apersonan en apelación de sentencia, el Procurador Penal Andrés Alfaro Ramírez y los licenciados Xinia Campos Campos y Primo Ramón Chacón Barquero, ambos en calidad de defensores particular del imputado [Nombre1]   .
                                                        RESULTANDO:

          1.- Que mediante sentencia oral número 318-P-2019 de las trece horas quince minutos del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, el Tribunal de Juicio de Puntarenas, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 1,30,45, y art 61 de la ley forestal, 360,361,363,364,365, y 366 del Código Procesal Penal. Este Tribunal Unipersonal Absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre1]   , por el delito de CAMBIO DE USO DE SUELO en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Se resuelve este asunto sin especial condena en costas, son los gastos del proceso a cargo del Estado. Se declara sin lugar la Acción Civil Resarcitoria interpuesta por el Ministerio Publico. Se rechaza la medida cautelar solicitada por el Ministerio Publico y la Procuraduría General de la República. Una vez firme la sentencia sáquese del sistema. Es todo. Al ser las trece horas treinta y dos minutos del veintiocho de mayo del año en curso, finaliza la presente sentencia. Quedan notificadas las partes, así como el imputado. (Fs) Licda. Nancy Fernández Rodríguez. Se hace constar que el presente asunto quedó debidamente grabado en audio y video en la Sala de Juicios N° 8 de Puntarenas y quedó registrada bajo el número de expediente 15-200128-0591-PE . Es todo. Fs) Diego Delgadillo Garcia , Técnico Judicial".                                     

          2.- Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Andrés Alfaro Ramírez, interpuso recurso de apelación de sentencia.

          3.- Que verificada la deliberación respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Apelación de Sentencia del III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, procedió a conocer del recurso.
          4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
          Redacta el Juez de Apelación de Sentencia Lemus Víquez; y,
CONSIDERANDO:

          I.- El Procurador Penal, Andrés Alfaro Ramírez, interpone recurso de apelación de sentencia contra la resolución número 318-P-2019, dictada por el Tribunal de Puntarenas.

II.- En un único motivo, alega falta de fundamentación respecto de la solicitud de restitución de cosas al estado anterior, por infracción a los arts. 140 y 142 del Código Procesal Penal. Señala que en este asunto la sentencia absolvió al imputado, en aplicación del principio in dubio pro reo, tal y como lo solicitó la Fiscalía y dicha representación. Si embargo, menciona que la Procuraduría, en su condición de representante judicial del Estado-Víctima y protector de los recursos naturales, solicitó de forma fundada al Tribunal de instancia que ordenara la restitución de las cosas al estado anterior, por cuanto en sentencia se tuvo por acreditado que durante el mes de diciembre de 2014, en la propiedad con plano catastrado P-892505-90, ubicada en [Dirección1]     , se realizaron labores de socola y tala de 568 árboles de diferentes especies y con diámetros superiores a los 15 centímetros, los cuales se encontraban ubicados en un área de bosque, que luego de haber realizado dicha tala, se procedió a plantar en el sitio talado, árboles de teca, lo que constituye un cambio de uso de suelo. Agrega que, en conclusiones de debate, argumentó que la restitución de las cosas al estado anterior podía darse aun y cuando se estuviera solicitando y dictando la absolutoria del imputado, debiendo soportarla el propietario del inmueble afectado. No obstante, aduce, el fallo en cuestión se limitó a explicar la absolutoria del endilgado y sobre la petición referida simplemente indicó: “Se rechaza la solicitud presentada por la Procuraduría acerca de la restitución de las cosas a su estado anterior, indicando la Juzgadora que no se cuenta con los suficientes elementos para interponerla, y además que no se trajo al proceso penal el propietario registral del bien inmueble afectado.” Sobre esta justificación de la juzgadora, indica que el nombre y calidades de la dueña registral del inmueble, fue un aspecto que se supo hasta en el contradictorio, y es por eso, que no se trajo al proceso con anterioridad. Sostiene que no comparte lo resuelto por la A quo, toda vez que la restitución de las cosas a su estado anterior debe ordenarse, por comprobarse que estaban plantados árboles de la especie de teca en un área de bosque. Cuestiona que la sentencia no explica por qué a pesar de que reconoce la existencia de las plantaciones en un sitio de bosque, es decir, que existió un delito, se rechazaba la solicitud de restitución de cosas al estado anterior. En apoyo, cita un extracto del voto 2010-341, emitido por el antiguo Tribunal de Casación Penal. Asimismo, sobre la procedencia del derribo de obras ubicadas dentro de áreas de protección basadas en una solicitud de restitución de las cosas al estado anterior, invoca en apoyo el voto 199-2014, emitido por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San Ramón, y el voto 2014-292, emitido por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Afirma que acorde con estos pronunciamientos, la falta de notificación al propietario registral de un fundo sobre un proceso judicial relacionado con un ilícito cometido dentro de ese inmueble no constituye impedimento alguno para el dictado de la orden de restitución de las cosas a su estado anterior, contrario a lo que se resolvió en el fallo apelado. En cuanto al agravio, manifiesta que la resolución recurrida violenta el deber de fundamentación jurídica y de análisis de la prueba, afectándose el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva del ambiente, toda vez que se rechaza de manera infundada la solicitud planteada por la PGR, consistente en la restitución de cosas al estado anterior, por lo que se incurre en la violación de los arts. 39, 41 y 50 de la Constitución Política, sobre el principio del debido proceso legal y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrada. Solicita se declare con lugar el recurso, y se declare la ineficacia de la sentencia y el debate que le dio origen, únicamente sobre el rechazo de la restitución de cosas al estado anterior, y se ordene el reenvío para una nueva sustanciación, o bien, por economía procesal, se ordene la restitución de las cosas a su estado anterior, disponiéndose la eliminación de los árboles de la especie de teca cultivados en zona de bosque. Se declara con lugar el motivo, por lo que se dirá. En lo medular, la inconformidad del impugnante gravita en que el fallo de instancia incurrió en un vicio de falta de fundamentación respecto del rechazo de su petición para que se restituyeran las cosas al estado que tenían antes del hecho. Para la solución del caso, es importante adelantar que, sobre la restitución de las cosas a su estado original en materia penal ambiental, la jurisprudencia patria ha establecido: «El tema en cuestión ya ha sido objeto de pronunciamientos por esta Cámara, entre otros en las sentencias No. 193-02, de las 9:00 horas, del 8 de marzo del 2002 y No. 450-03, de las 8:48 horas, del 22 de mayo del 2003. En el último fallo se dispuso sobre el particular: "Independientemente de la pena principal o accesoria que establece cada tipo penal para la conducta delictiva, la comisión del delito conlleva una serie de consecuencias civiles, tal como lo establecen los artículos 103 del Código Penal, 123 y 124 de las Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, entre ellas la restitución del objeto material del delito. Precisamente, uno de los alcances de la sentencia penal es ordenar la restitución al ofendido en el ejercicio pleno de su derecho lesionado, que tiene la naturaleza de un derecho fundamental por su regulación en el artículo 41 de la Constitución Política que establece que "Ocurriendo a las leyes, todos han encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales…" (Sentencia 346-98 de 9:30 hrs del 03-04-98 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia), lo cual comprende entre otros aspectos la restitución del objeto material del delito (Sentencia 511-2000 de las 9:20 hrs. del 19-5-00 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). El artículo 123 de las Reglas Vigentes Sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, en sus dos primeros párrafos establece que: "Deberá el condenado restituir al ofendido, con abono de todo deterioro o menoscabo, la cosa objeto del hecho punible, y si no pudiere hacerlo, estará obligado a satisfacer su valor conforme a estimación pericial referida a la fecha de la infracción. Si tal estimación no fuese posible hacerla por haber sido destruida o haber desaparecido la cosa, los jueces fijarán el valor respectivo, ateniéndose a los datos del juicio. La restitución se ordenará aun cuando la cosa se hallare en poder de un tercero, dejando a salvo los derechos que la ley civil confiere a este."; todo lo cual puede ordenarse de oficio por ser imperativa la regulación del artículo 103, 123 y 124 antes citados, y no requiere que se haya instaurado la acción civil resarcitoria, como bien lo ha establecido la jurisprudencia en el sentido que “... el reclamo de los daños y perjuicios provenientes del delito debe hacerse por medio de la acción civil resarcitoria, porque así lo condiciona la normativa procesal; sin embargo esa misma condición no existe cuando se trata de la restitución del objeto material del delito. Ello es así, conforme lo ha interpretado anteriormente esta misma Sala, porque la restitución no constituye una forma de indemnización en sentido estricto." (Sentencia Nº 52-F 10:35 hrs. 31 enero 1990 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, reiterado en Voto # 604-F-91, de 9:25 horas del 7 de noviembre de 1.991 y en Sentencia 511-2000 de 9:20 hrs. del 19-5-2000). El derecho al medio ambiente, calificado como un derecho humano de la tercera generación, ha sido reconocido en Costa Rica como un derecho fundamental, pues el artículo 50 de la Constitución Política cuando dispone que: " Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado ." y le otorga a los particulares y al Estado el derecho y el deber de garantizar y defender ese derecho en nombre de todos los habitantes, por lo que la comisión del delito convierte a la colectividad en víctima u ofendida con el hecho y desde esa perspectiva adquiere el derecho a la reparación del daño causado. Tratándose de un delito de Infracción a la Ley de Uso y Conservación de Suelos ( No. 7779 de 309 abril de 1998) el artículo 52 de dicha ley establece que: "Quien contamine o deteriore el recurso suelo, independientemente de la existencia de culpa o dolo o del grado de participación, será responsable de indemnizar, en la vía judicial que corresponda, y de reparar los daños causados al ambiente.", de donde se deriva una regulación específica que obliga al infractor a indemnizar los daños y perjuicios o a reparar los daños causados. Desde la perspectiva procesal, el artículo 140 y 466 del Código Procesal Penal obligan al Juez a disponer la restitución de las cosas al estado anterior al delito, lo cual omite el fallo recurrido como bien lo apunta la Procuraduría en su gestión, por lo que establecido en la sentencia la autoría del hecho por parte del imputado y la lesión al medio ambiente por la apertura de un camino en el bosque hasta el río, es procedente ordenar la restitución del área afectada al estado anterior al hecho, a fin de que el infractor no derive provecho de la ilicitud realizada y se logre restaurar el medio ambiente alterado con su acción en pro de la tutela de los intereses de la colectividad. En sentido similar ha resuelto este Tribunal lo siguiente: "En cuanto a la condición impuesta en sí, esta corte de casación la encuentra racional y proporcionada a los hechos generadores de la condena penal. Obsérvese que el § 28 de la Constitución Política establece la imposibilidad de intervención legal ante acciones privadas que no causen daño, de donde deriva que el límite de la reacción estatal viene marcado por la magnitud o gravedad de la lesión o peligro causados. En el presente caso, en que el daño es el cambio del uso del suelo del bosque para dedicarlo a agricultura, la reacción estatal tiene su límite en la reparación del daño, que de todas formas no se completará en los tres años de ejecución condicional de la pena, puesto que el bosque es producto de años y años de nacimiento, desarrollo y muerte de muchos seres vegetales y animales; sin embargo, la exclusión de los cultivos y de todo elemento con que se ha sustituido el bosque, así como el restablecimiento de especies vegetales en la medida adecuada para regenerar lo destruido, son un principio para la reparación que en algunos años se alcanzará. Debe quedar claro que la protección del suelo de los bosques consagrada en los §§ 2, 6, 10.c, 19 y 38.f de la Ley Forestal, 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Ambiente, 53 y 54 de la Ley de Biodiversidad, no termina o se suspende cuando por actos de seres humanos (incendios provocados, talas ilegales, etc.) o por hechos de la naturaleza (inundaciones, terremotos, incendios, etc.) el bosque viene a menos; antes por el contrario, ante esas situaciones se impone al Estado mayor agresividad en la recuperación y conservación del bosque. Pensar que el deber de protección del suelo forestal y de otros elementos del bosque termina por cualquiera de los hechos indicados, se traduciría en la promoción de actividades ilícitas lesivas del medio ambiente, para sustituir la ecología por explotaciones agrícolas o de otra naturaleza, con lo que no habría protección verdadera; es decir, el espacio ocupado por los bosques es irreductible por esas vías (principio de irreductibilidad del bosque). De este modo, cualquiera que lesione el bosque con tala o incendios con el propósito de cambiar el destino del terreno, o cualquiera que pretenda obtener provecho de desastres naturales que dañen el suelo forestal, debe comprender que no hay forma posible de cambiar el destino del suelo, y que el Estado hará cuanto sea para recuperar el bosque. Esto es, en el caso de autos deben desaparecer la actividad agrícola del lugar donde corresponde regenerar el bosque, ya sea que lo haga el condenado en cumplimiento de la cláusula por la que se le otorga casi como incentivo el beneficio de ejecución condicional de la pena, ya sea por la acción del Estado; los funcionarios responsables de la ejecución verán por la eficacia del fallo de mérito. No hay desproporción o abuso en la condición impuesta por el juzgador. Esta forma de resolver por parte del juez de juicio, reafirma el valor normativo de laConstitución Política, que en sus §§ 50 y 74 garantizan a la humanidad entera, con carácter de irrenunciable, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Amén de lo anterior, la disposición judicial en este caso guarda identidad con la disposición legislativa adoptada en § 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, N° 7779 de 30 de abril de 1.998…" (Sentencia 2003-0366, de 11:54 hrs. del 5 de mayo del 2003 con redacción del Juez Dall'anese Ruiz. Este criterio fue reiterado en sentencia 2003-396). Referido al caso que nos ocupa, la sentencia no contempló la restitución de las cosas al estado anterior como ordena la normativa citada, no obstante, por provenir el fallo de un procedimiento abreviado y por ser la restitución una consecuencia directa de la comisión del delito y no requerir acción civil, lo propio es acoger el recurso de casación planteado y resolver en esta sede disponiendo la restitución del área de bosque afectada a su estado anterior a los hechos. Por tratarse de la construcción de una trocha o camino en la montaña, que implicó infracción a varias normas, no presenta las mismas características que en casos de levantamiento de una infraestructura en que ordenar la demolición constituye una solución, por ello no se observa viable la destrucción del camino; de igual forma no resulta atinente imponer el pago de los daños y perjuicios, toda vez que ello siempre permitiría el uso del camino a cambio del pago con provecho al infractor, por lo que la restitución en este caso debe orientarse hacia la conservación del área de bosque y en atención a ello se dispone el cierre del camino y se prohíbe el uso en cualquiera de las formas posibles y se ordena la restitución del bosque mediante la siembra de especies propias para tal fin, cuyo cumplimiento podrá vigilarse por las autoridades administrativas o de ejecución". En el caso en estudio quedó  demostrado que se invadió un área de protección, mediante la construcción de una serie de obras, que deben ser derribadas o destruidas en aras de mantener el equilibrio de la naturaleza. No se requiere la comisión de un hecho delictivo para que los tribunales, aún de oficio, decreten la restitución de las cosas al estado anterior a su modificación. Nótese que el propio artículo 103 del Código Penal únicamente exige un hecho punible, cuyos alcances se limitan a un injusto penal. En esta causa se acreditó la existencia del injusto, pues la acción de ordenar las construcciones, cuyo derribo ahora se acuerda, resultaban violatorias de la Ley Forestal. Además, no había una norma que autorizara dichas acciones, con lo cual la acción también resultaba antijurídica. De tal forma que era obligación del juzgador ordenar el derribo o destrucción de la serie de obras que se mencionan en el fallo, pues estas fueron construidas en un área de protección. Consecuentemente, no es atendible el reproche formulado.» (cf. Tribunal de Casación Penal de San José, Voto 450-2003 de las 11:48 horas del 22 de mayo de 2003 y Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, Voto N° 2014-032 de las 14:57 horas del 28 de enero de 2014). Se sigue que, el Tribunal juzgador en una causa por un delito ambiental, inclusive, de oficio, debe pronunciarse en resolución fundada -condena u absolución- sobre el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo, con base en los arts. 140, 142 y 361 inciso d) del Código Procesal Penal. En caso de delitos forestales, como el que nos ocupa, también se ha analizado que los jueces penales están obligados a resolver sobre la restitución, en virtud del principio de irreductibilidad del bosque, el cual establece la necesaria reparación de los daños causados al ambiente, de manera que “...no hay opción para dejar de ordenar que los terrenos de bosque objeto del delito de cambio de uso vuelvan a ser bosque”, de conformidad con los arts. 50 y 74 de la Constitución Política; 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; 2, 6, 10 inciso c), 19 y 38 inciso f) de la Ley Forestal; 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Ambiente, y 53 y 54 de la Ley de Biodiversidad (cf. voto 2003-0396 del antiguo Tribunal de Casación Penal de Guadalupe, de las 12:00 horas, del 08 de mayo de 2003, integrado por Dall’Anese Ruiz, Salazar Murillo y Arce Víquez). Asimismo, la circunstancia de que eventualmente el dueño de la propiedad forestal sea un particular y no la persona imputada, eso en nada impide la restitución oficiosa del bosque al estado precedente del hecho punible, si existe base probatoria y legal para disponerlo, por tratarse de un tema de interés público en tutela del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es decir, la falta de audiencia en un proceso penal al titular de una propiedad forestal privada objeto de un delito ambiental, no imposibilita la restitución del bosque a su estado original, por la sencilla razón de que en tal supuesto no existe un interés legítimo de oposición, lo que iría en detrimento de la protección constitucional y legal de los recursos naturales, al tenor de los arts. 50 Constitucional; 1, 19 y concordantes de la Ley Forestal. Una posición similar, también ha sostenido el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Segunda, en resolución número 2015-291, de las 13:50 horas, del 15 de mayo de 2015: «III. […] Debe tenerse presente que como ya lo indicó esta Cámara de Apelación, con una integración parcialmente diferente, "en Costa Rica el régimen de propiedad sobre bienes inmuebles tiene una serie de restricciones que devienen, justamente, de la regulación que ha hecho la Constitución Política, en su artículo 50, del Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado. En tutela de ese Derecho Fundamental, el Estado costarricense ha impuesto restricciones al derecho de propiedad, así como a algunos de aquellos derechos derivados o relacionados con el mismo . Como consecuencia de lo anterior se aprecia, por ejemplo, la exclusión absoluta de ejercicio de aquel derecho patrimonial para particulares, que se hace respecto del denominado patrimonio natural del Estado, es decir, los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a nombre de dicho Estado y de las pertenecientes a las municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública; inmuebles para los cuales la propia ley declara su condición de inalienables e inembargables, e incluso estipula que se trata de bienes sobre los cuales los particulares, incluso cuando los posean, no podrán consolidar derecho alguno, verbigracia por vía de usucapión o prescripción positiva (así se infiere de la lectura sistemática de los artículos 50 de la Constitución Política, y de los numerales 13 y 14 de la Ley Forestal). Con distinta intensidad, pero también derivadas del derecho fundamental que tutela el artículo 50 de la Ley Fundamental de la República de Costa Rica, se pueden tener como otro ejemplo las limitaciones que se imponen al régimen de la propiedad privada en terrenos con cobertura boscosa, para el cual son bien conocidas, entre otras: (1.) las prohibiciones para el cambio en el uso de suelos, (2.-) la obligatoria solicitud y concesión de permisos para cortar el bosque, y la restricción de esa acción mediante criterios de proporcionalidad, (3.-) la necesaria conformación de planes de manejo, de obligatoria aprobación previa por la Administración Forestal del Estado, si lo que se pretende un particular es aprovechar un bosque ubicado en una propiedad inmueble (artículo 19 de la Ley Forestal). Para sumar más ejemplos de limitación al derecho de propiedad sobre inmuebles se tiene, justamente, la declaratoria de áreas de protección junto a nacientes, en las riberas de los ríos, quebradas y arroyos, así como también de los lagos y embalses naturales y artificiales, así como en las áreas de recarga y en los acuíferos de los manantiales (artículo 33 de la Ley Forestal). Para esas zonas, aún cuando estén ubicadas en terrenos de dominio particular, existen prohibiciones de aprovechamiento, de tala o eliminación de árboles y, en lo que resulta relevante para la adecuada resolución de este tema, también existe una prohibición de invadir (ergo, de construir) tanto en zonas de conservación, como en las zonas de protección indicadas (art 58 de la Ley Forestal). De esta prohibición legal puede derivarse, con certeza, que nadie podría esgrimir legítimamente un derecho con el fin de aprovechar los recursos forestales, o para invadir esos espacios ubicados en una zona de protección. Para el caso concreto en estudio, quiere decir entonces que ningún tercero podría verse afectado en sus derechos legítimos mediante una orden de derribo dictada en virtud del delito juzgado en autos, por la razón de que, irrefutablemente, en aquellas zona de protección, dada la prohibición aludida, no existe ninguna posibilidad de reivindicación de derechos o de una expectativa de derechos legítimos, que pudiese evitar el derribo del inmueble a que se ha hecho mención." (Cfr. resolución número 2014-292, de las 11:00 horas del 10 de julio de 2014). Con fundamento en esas mismas consideraciones, no puede ningún tercero alegar un derecho legítimo para impedir u obstaculizar que dichas áreas sean restauradas, en razón del régimen de restricción legal del derecho de propiedad.» En la sentencia bajo estudio, esta Cámara verifica que la Jueza de mérito dictó una absolutoria por in dubio pro a favor del acusado. Respecto de la solicitud de la PGR para que se ordenara la restitución de las cosas al estado que tenían antes del hecho, resolvió que lo rechazaba, porque no se contaba con elementos suficientes y porque la representación del Estado no trajo ni se sabe quién es aun el propietario real del inmueble objeto del delito en cuestión (cf. archivo digital 152001280591PE-28052019011550-2_Multi--0, contador 00:11:16 en adelante). Esta argumentación es inválida. En primer término, porque no se justifica o aclara a qué se refiere con que no se contaba con elementos suficientes para ordenar la restitución. Sobre este aspecto, se observa que la sentencia no estableció hechos probados de relevancia, solo que el acusado no contaba con antecedentes penales (cf. minuta visible a folio 177). Tampoco se colige del análisis probatorio que tuviera por acreditado la existencia del hecho punible de cambio de uso de suelo, en los términos descritos en la acusación (cf. folio 45 vuelto), entiéndase: la tala de 568 árboles de diez especies diferentes, cada uno con un diámetro superior a quince centímetros, para la plantación de árboles de Teca en un área de bosque de aproximadamente 2,33 hectáreas, sin contarse con autorización de la Administración Forestal del Estado, en la propiedad con plano catastrado P-892505-90. Mejor dicho, la sentencia eludió todo análisis intelectivo para determinar si la prueba incorporada al juicio era suficiente para acreditar la existencia del hecho y pronunciarse sobre la restitución de las cosas a su estado original. En segundo término, porque no se explica cuál era la esencialidad de que se trajera al proceso al titular registral del inmueble en disputa, considerando que en caso de un delito ambiental en una zona boscosa privada no tiene legitimidad procesal de oposición para que se restablezca el bosque a su estado anterior al hecho. En tercer término, porque no es cierto que de acuerdo con la prueba recibida en el juicio se desconociera quién era el dueño de la propiedad en litigio. Más bien, en este punto, el fallo es contradictorio, porque en el análisis de fondo, determinó que, conforme a la prueba ofrecida por la defensa, consistente en un informe registral, la persona propietaria del inmueble plano catastrado P-892505-90 era una señora de nombre [Nombre2]   (cf. contador 00:06:00 en adelante), lo que así se corrobora a folio 166 vuelto del expediente. En síntesis, la denegatoria del fallo de la solicitud de la PGR para que se restituyeran las cosas a su estado original, se encuentra viciada por falta de fundamentación, toda vez que en un delito forestal como el que aquí nos ocupa, era irrelevante que la propiedad en cuestión estuviera a nombre de un tercero y que a este no se le hubiera dado traslado del proceso, puesto que no le asiste derecho de oposición a que se restituya el bosque a su estado original. Adicionalmente, la sentencia fue omisa en analizar si conforme a la prueba evacuada era posible establecer la existencia del hecho generador del daño ambiental: cambio de uso de suelo mediante tala ilegal de bosque por siembra de árboles de teca, presupuesto esencial para decidir el extremo en litigio, y que imposibilita a este Tribunal enmendar el tema objeto de controversia en esta sede. En consecuencia, de conformidad con el art. 465 del Código Procesal Penal, se declara con lugar el reclamo, se anula parcialmente el fallo y se ordena el reenvío al tribunal de origen para que, con distinta integración, y previa audiencia a las partes, resuelva en definitiva lo concerniente a la restitución de las cosas al estado que tenían antes del hecho. Lo anterior, sin perjuicio de que se de audiencia al propietario registral, del terreno con plano catastrado P-892505-90 para una mejor sustanciación del asunto. En lo demás, se mantiene incólume la sentencia.

                                                                  POR TANTO:

          Se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la República. Se anula parcialmente el fallo y se ordena el reenvío al tribunal de origen para que, con distinta integración, y previa audiencia a las partes, resuelva en definitiva lo concerniente a la restitución de las cosas al estado que tenían antes del hecho. Lo anterior, sin perjuicio de que se de audiencia al propietario registral, del terreno con plano catastrado P-892505-90 para una mejor sustanciación del asunto.  En lo demás, se mantiene incólume la sentencia. Notifíquese.       

         

                                                 

Francisco Lemus Víquez

 

 

 

 

Adriana Escalante Moncada                    José Asdrúbal Quirós Pereira                                                     

Jueces de Apelación de Sentencia

 

 

 

 

 

Expediente Nº 15-200128-0591-PE

Contra: [Nombre1]  

Delito: Cambio del uso del suelo

En perjuicio de: Los recursos naturales

[Nombre3]

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-02-2026 12:34:05.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón

Resolution No. 00686 - 2020

Date of Resolution: July 31, 2020 at 14:50

Case File: 15-200128-0591-PE

Drafted by: Francisco Lemus Víquez

Type of matter: Criminal appeal

Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL



Related Judgments


Content of Interest:

Strategic Topics: Environmental

Content type: Majority vote

Branch of Law: Criminal Law

Topic: Restitution of things object of the punishable act

Subtopics:

Restitution of the forest may be ordered ex officio and despite a criminal acquittal.
Lack of hearing for the owner of a private forest property subject to an environmental crime does not prevent the restitution of the forest to its original state.

Topic: Restitution of the forest to its original state

Subtopics:

Validity of ordering it ex officio and despite a criminal acquittal.
Lack of hearing for the owner of a private forest property subject to an environmental crime does not prevent the restitution of the forest to its original state.

Topic: Principle of lifetime tenure of the forest (principio de irreductibilidad del bosque)

Subtopics:

Restitution of the forest may be ordered ex officio and despite a criminal acquittal.

"II.- [...] The ground is granted, for the reasons to be stated. At its core, the appellant's disagreement centers on the fact that the trial court's judgment incurred in a defect of lack of reasoning regarding the denial of his petition for restitution of things to the state they had before the act. For the resolution of the case, it is important to note that, regarding the restitution of things to their original state in criminal environmental matters, national jurisprudence has established: "The issue in question has already been the subject of pronouncements by this Chamber, among others in judgments No. 193-02, at 9:00 a.m., on March 8, 2002 and No. 450-03, at 8:48 a.m., on May 22, 2003. In the latter judgment, the following was ordered on the matter: "Regardless of the principal or accessory penalty established by each criminal offense for the criminal conduct, the commission of the crime entails a series of civil consequences, as established in articles 103 of the Criminal Code (Código Penal), 123 and 124 of the Rules in Force on Civil Liability of the 1941 Criminal Code, including the restitution of the material object of the crime. Precisely, one of the scopes of the criminal judgment is to order restitution to the offended party in the full exercise of their injured right, which has the nature of a fundamental right due to its regulation in Article 41 of the Political Constitution which establishes that 'Seeking recourse to the laws, everyone must find reparation for the injuries or damages they have received in their person, property, or moral interests...' (Judgment 346-98 at 9:30 a.m. on 03-04-98, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia), which includes, among other aspects, the restitution of the material object of the crime (Judgment 511-2000 at 9:20 a.m. on 19-5-00 of the Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). Article 123 of the Rules in Force on Civil Liability of the 1941 Criminal Code, in its first two paragraphs, establishes that: 'The convicted person must restitute to the offended party, with allowance for any deterioration or diminution, the thing object of the punishable act, and if unable to do so, shall be obligated to pay its value according to expert appraisal as of the date of the infraction. If such appraisal is not possible because the thing has been destroyed or disappeared, the judges shall fix the respective value, adhering to the data of the trial. Restitution shall be ordered even if the thing is in the possession of a third party, without prejudice to the rights that civil law confers upon said third party.'; all of which may be ordered ex officio because the regulation of the aforementioned articles 103, 123, and 124 is mandatory, and it does not require that the civil action for damages has been filed, as jurisprudence has well established in the sense that '... the claim for damages arising from the crime must be made through the civil action for damages, because procedural rules so condition it; however, that same condition does not exist when it comes to the restitution of the material object of the crime. This is so, as this same Chamber has previously interpreted, because restitution does not constitute a form of indemnification in the strict sense.' (Judgment No. 52-F 10:35 a.m., January 31, 1990, of the Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, reiterated in Voto # 604-F-91, at 9:25 a.m. on November 7, 1991, and in Judgment 511-2000 at 9:20 a.m. on 19-5-2000). The right to the environment, classified as a third-generation human right, has been recognized in Costa Rica as a fundamental right, since Article 50 of the Political Constitution provides that: 'Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment.' and grants individuals and the State the right and the duty to guarantee and defend that right on behalf of all inhabitants, so the commission of the crime turns the community into the victim or the party offended by the act, and from that perspective acquires the right to reparation of the damage caused. In the case of a crime of Infraction to the Law on Use and Conservation of Soils (Ley de Uso y Conservación de Suelos) (No. 7779 of April 30, 1998), Article 52 of said law establishes that: 'Whoever contaminates or damages the soil resource, regardless of the existence of fault or intent or the degree of participation, shall be responsible for indemnifying, through the corresponding judicial channel, and for repairing the damages caused to the environment.', from which a specific regulation is derived that obligates the offender to indemnify damages and losses or to repair the damages caused. From a procedural perspective, Articles 140 and 466 of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal) obligate the Judge to order the restitution of things to the state prior to the crime, which the appealed judgment omits, as the Procuraduría rightly points out in its submission; therefore, since the judgment established the authorship of the act by the accused and the injury to the environment due to the opening of a path in the forest down to the river, it is appropriate to order the restitution of the affected area to the state prior to the act, so that the offender does not derive benefit from the illegality committed and to restore the environment altered by their action in protection of the interests of the community. In a similar sense, this Court has resolved the following: 'Regarding the condition imposed itself, this Court of Cassation finds it rational and proportionate to the facts giving rise to the criminal conviction. It should be noted that § 28 of the Political Constitution establishes the impossibility of legal intervention regarding private actions that do not cause damage, from which it derives that the limit of state reaction is marked by the magnitude or seriousness of the injury or danger caused. In the present case, where the damage is the land-use change (cambio del uso del suelo) of the forest to dedicate it to agriculture, the state reaction has its limit in the reparation of the damage, which will in any case not be completed in the three years of conditional execution of the sentence, since the forest is the product of years and years of birth, development, and death of many plant and animal beings; however, the exclusion of the crops and any element with which the forest has been replaced, as well as the reestablishment of plant species to the extent adequate to regenerate what was destroyed, are a beginning for the reparation that will be achieved in some years. It must be clear that the protection of forest soils enshrined in §§ 2, 6, 10.c, 19, and 38.f of the Ley Forestal, 52 of the Law on Use, Management, and Conservation of Soils (Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos), 53, 54, and 55 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), 53 and 54 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), does not end or is suspended when due to acts of human beings (provoked fires, illegal logging, etc.) or acts of nature (floods, earthquakes, fires, etc.) the forest is diminished; on the contrary, in the face of these situations, greater aggressiveness in the recovery and conservation of the forest is imposed on the State. To think that the duty to protect forest soil and other elements of the forest ends due to any of the indicated events would translate into the promotion of illicit activities harmful to the environment, to replace ecology with agricultural or other types of exploitation, with which there would be no true protection; that is, the space occupied by forests is irreducible by these means (principle of lifetime tenure of the forest (principio de irreductibilidad del bosque)). In this way, anyone who damages the forest by logging or fire with the purpose of changing the land's destination, or anyone who seeks to obtain benefit from natural disasters that damage forest soil, must understand that there is no possible way to change the soil's destination, and that the State will do whatever is necessary to recover the forest. That is, in the case at hand, the agricultural activity must disappear from the place where the forest must be regenerated, whether it is done by the convicted person in compliance with the clause by which the benefit of conditional execution of the sentence is granted, almost as an incentive, or by the action of the State; the officials responsible for the execution shall ensure the effectiveness of the judgment on the merits. There is no disproportion or abuse in the condition imposed by the judge. This manner of resolving on the part of the trial judge reaffirms the normative value of the Political Constitution, which in its §§ 50 and 74 guarantee to all of humanity, with an inalienable character, the right to a healthy and ecologically balanced environment. In addition to the foregoing, the judicial disposition in this case is identical to the legislative disposition adopted in § 52 of the Law on Use, Management, and Conservation of Soils, No. 7779 of April 30, 1998…' (Judgment [Telf1], at 11:54 a.m. on May 5, 2003, with drafting by Judge [Name1]. This criterion was reiterated in judgment 2003-396). Regarding the case at hand, the judgment did not contemplate the restitution of things to the previous state as the cited regulations order, however, because the judgment stems from an abbreviated procedure and because restitution is a direct consequence of the commission of the crime and does not require a civil action, the proper course is to grant the appeal for cassation filed and resolve in this venue by ordering the restitution of the affected forest area to its state prior to the events. Because it involves the construction of a trail or path in the mountain, which implied the violation of several norms, it does not present the same characteristics as cases of erecting infrastructure where ordering demolition constitutes a solution; therefore, the destruction of the path is not deemed viable; likewise, it is not pertinent to impose the payment of damages and losses, since that would always allow the use of the path in exchange for payment, with benefit to the offender, so that restitution in this case must be oriented towards the conservation of the forest area and, accordingly, the closure of the path is ordered and use in any possible form is prohibited, and the restitution of the forest is ordered through the planting of species suitable for that purpose, compliance with which may be monitored by the administrative or enforcement authorities." In the case under study, it was demonstrated that a protection area was invaded, through the construction of a series of works, which must be demolished or destroyed in order to maintain the balance of nature. The commission of a criminal act is not required for the courts, even ex officio, to order the restitution of things to the state prior to their modification. Note that Article 103 of the Criminal Code itself merely requires a punishable act, the scope of which is limited to a criminal wrong. In this case, the existence of the wrong was proven, since the act of ordering the constructions, whose demolition is now agreed upon, was in violation of the Ley Forestal. Furthermore, there was no norm authorizing said actions, with which the action was also unlawful. Thus, it was the obligation of the judge to order the demolition or destruction of the series of works mentioned in the judgment, as these were built in a protection area. Consequently, the reproach formulated is not tenable." (cf. Tribunal de Casación Penal de San José, Voto 450-2003 at 11:48 a.m. on May 22, 2003 and Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, Voto No. 2014-032 at 14:57 on January 28, 2014). It follows that the trial court in a case for an environmental crime, even ex officio, must issue a reasoned ruling—conviction or acquittal—on the restoration of things to the state they had before the act, provided there are sufficient elements to decide it, based on Articles 140, 142, and 361(d) of the Criminal Procedure Code. In the case of forestry crimes, like the one before us, it has also been analyzed that criminal judges are obligated to rule on restitution, by virtue of the principle of lifetime tenure of the forest (principio de irreductibilidad del bosque), which establishes the necessary reparation of the damages caused to the environment, such that '...there is no option to refrain from ordering that the forest lands subject to the crime of use change once again become forest,' in accordance with Articles 50 and 74 of the Political Constitution; 52 of the Law on Use, Management, and Conservation of Soils; 2, 6, 10(c), 19, and 38(f) of the Ley Forestal; 53, 54, and 55 of the Organic Law of the Environment; and 53 and 54 of the Biodiversity Law (cf. voto [Telf2] of the former Tribunal de Casación Penal de Guadalupe, at 12:00 p.m., on May 8, 2003, composed of [Name2], Salazar Murillo, and [Name3]). Likewise, the circumstance that eventually the owner of the forest property is a private individual and not the accused person in no way prevents the ex officio restitution of the forest to the state preceding the punishable act, if there is an evidentiary and legal basis to so order, as this is a matter of public interest in protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. That is, the lack of a hearing in a criminal proceeding for the owner of a private forest property subject to an environmental crime does not prevent the restitution of the forest to its original state, for the simple reason that in such a case there is no legitimate interest in opposition, which would be to the detriment of the constitutional and legal protection of natural resources, pursuant to Articles 50 of the Constitution; 1, 19 and concordant of the Ley Forestal. A similar position has also been held by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Segunda, in resolution number 2015-291, at 13:50 on May 15, [Placa1]: «. […] It must be borne in mind that, as this Court of Appeals has already indicated, with a partially different panel, "in Costa Rica, the property regime over real estate has a series of restrictions that arise, precisely, from the regulation made by the Political Constitution, in its Article 50, of the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment. In protection of that Fundamental Right, the Costa Rican State has imposed restrictions on the right to property, as well as on some of those rights derived from or related to it. As a consequence of the foregoing, one can observe, for example, the absolute exclusion of the exercise of that patrimonial right for private individuals, which is made with respect to the so-called natural patrimony of the State, that is, the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the farms registered in the name of said State and of those belonging to the municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration; properties for which the law itself declares their condition of inalienable and unseizable, and even stipulates that they are goods over which private individuals, even when they possess them, may not consolidate any right, e.g., by way of adverse possession or positive prescription (thus inferred from a systematic reading of Article 50 of the Political Constitution, and of numerals 13 and 14 of the Ley Forestal). With different intensity, but also derived from the fundamental right that Article 50 of the Fundamental Law of the Republic of Costa Rica protects, one can have as another example the limitations imposed on the private property regime on lands with forest cover (cobertura boscosa), for which the following are well known, among others: (1.) the prohibitions on land-use change, (2.-) the obligatory request and granting of permits to cut the forest, and the restriction of that action through criteria of proportionality, (3.-) the necessary creation of management plans, which must be previously approved by the State Forest Administration, if a private individual intends to exploit a forest located on an immovable property (Article 19 of the Ley Forestal). To add more examples of limitation on property rights over immovable property, there is, precisely, the declaration of protection areas along springs (nacientes), on the banks of rivers, streams, and creeks, as well as of lakes and natural and artificial reservoirs, and also in the recharge areas and aquifers of the springs (Article 33 of the Ley Forestal). For those zones, even when they are located on privately owned land, there are prohibitions on exploitation, on logging or elimination of trees, and, in what is relevant for the adequate resolution of this issue, there is also a prohibition on invading (hence, on constructing) both in conservation zones and in the indicated protection zones (Art 58 of the Ley Forestal). From this legal prohibition, one can certainly derive that no one could legitimately claim a right in order to exploit forest resources, or to invade those spaces located in a protection zone. For the specific case under study, it means then that no third party could be affected in their legitimate rights by a demolition order issued by virtue of the crime judged in these proceedings, for the reason that, irrefutably, in that protection zone, given the aforementioned prohibition, there is no possibility of vindication of rights or of a legitimate expectation of rights that could prevent the demolition of the property referred to." (Cfr. resolution number 2014-292, at 11:00 a.m. on July 10, 2014). Based on these same considerations, no third party can allege a legitimate right to prevent or obstruct the restoration of such areas, due to the legal restriction regime on the right to property.» In the judgment under review, this Chamber verifies that the Trial Judge issued an acquittal in dubio pro reo in favor of the accused. Regarding the PGR's request for the restitution of things to the state they had before the act, she resolved to reject it, because there were not sufficient elements and because the State's representation did not bring forward the actual owner of the property subject to the crime in question, nor is it known who that owner is yet (cf. digital file 152001280591PE-28052019011550-2_Multi--0, counter 00:11:16 onwards). This reasoning is invalid."

Article 123 of the Current Rules on Civil Liability of the 1941 Criminal Code, in its first two paragraphs, establishes that: "The convicted person must restitute to the offended party the thing that was the object of the punishable act, with credit for any deterioration or impairment, and if unable to do so, shall be obligated to pay its value according to expert appraisal referenced to the date of the infraction. Should such appraisal not be possible because the thing has been destroyed or has disappeared, the judges shall determine the respective value, adhering to the evidence in the case. Restitution shall be ordered even when the thing is in the possession of a third party, while preserving the rights that civil law grants to such third party."; all of which may be ordered ex officio because the regulation of Articles 103, 123, and 124 cited above is imperative, and does not require that a civil action for damages (acción civil resarcitoria) has been initiated, as jurisprudence has well established in the sense that "...the claim for damages (daños y perjuicios) arising from the crime must be made by means of a civil action for damages, because procedural regulations so condition it; however, that same condition does not exist when it concerns the restitution of the material object of the crime. This is so, as this same Chamber has previously interpreted, because restitution does not constitute a form of compensation (indemnización) in the strict sense." (Judgment Nº 52-F 10:35 hrs. 31 January 1990 of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice, reiterated in Voto # 604-F-91, at 9:25 hours on 7 November 1991, and in Judgment 511-2000 at 9:20 hrs. on 19-5-2000). The right to the environment, characterized as a third-generation human right, has been recognized in Costa Rica as a fundamental right, since Article 50 of the Political Constitution when it provides that: "Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment." and grants to individuals and the State the right and the duty to guarantee and defend that right on behalf of all inhabitants, so that the commission of the crime converts the community into a victim or offended party by the act and from that perspective it acquires the right to the reparation of the damage caused.

In the case of a crime of Violation of the Law on the Use and Conservation of Soils (No. 7779 of 30 April 1998), Article 52 of said law establishes that: "Whoever contaminates or deteriorates the soil resource, regardless of the existence of fault or willful intent (culpa o dolo) or the degree of participation, shall be responsible for compensating (indemnizar), in the corresponding judicial venue, and for repairing the damage caused to the environment.", from which derives a specific regulation that obligates the offender to compensate for the damages (daños y perjuicios) or to repair the damage caused.

From a procedural perspective, Articles 140 and 466 of the Code of Criminal Procedure obligate the Judge to order the restitution of things to the state prior to the crime, which the appealed judgment omits as the Procuraduría rightly points out in its action, so that, the authorship of the act by the accused and the injury to the environment through the opening of a road in the forest to the river having been established in the judgment, it is proper to order the restitution of the affected area to the state prior to the act, so that the offender derives no benefit from the illegal act committed and the environment altered by his action is restored for the protection of the interests of the community.

In a similar sense, this Court has resolved the following: "Regarding the condition imposed itself, this court of cassation finds it rational and proportionate to the acts generating the criminal conviction. Observe that § 28 of the Political Constitution establishes the impossibility of legal intervention for private actions that cause no harm, from which it derives that the limit of the state reaction is marked by the magnitude or gravity of the injury or danger caused. In the present case, in which the damage is the land-use change (cambio del uso del suelo) of the forest to dedicate it to agriculture, the state reaction has its limit in the reparation of the damage, which in any event will not be completed in the three years of conditional execution of the sentence, since the forest is the product of years and years of birth, development, and death of many plant and animal beings; however, the exclusion of crops and of any element with which the forest has been replaced, as well as the reestablishment of plant species to the extent adequate to regenerate what was destroyed, are a beginning for the reparation that will be achieved in some years. It must be clear that the protection of forest soils enshrined in §§ 2, 6, 10.c, 19, and 38.f of the Forest Law (Ley Forestal), 52 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils, 53, 54, and 55 of the Organic Law of the Environment, 53 and 54 of the Biodiversity Law, does not end or is suspended when through acts of human beings (caused fires, illegal logging, etc.) or through acts of nature (floods, earthquakes, fires, etc.) the forest is diminished; on the contrary, faced with such situations, the State is compelled to greater aggressiveness in the recovery and conservation of the forest. To think that the duty to protect forest soils and other elements of the forest ends by any of the indicated acts, would translate into the promotion of illegal activities harmful to the environment, to substitute ecology with agricultural exploitations or those of another nature, so that there would be no true protection; that is to say, the space occupied by forests is irreducible through those means (principle of lifetime tenure of the forest, principio de irreductibilidad del bosque). In this way, anyone who injures the forest by logging or fire with the purpose of changing the destination of the land, or anyone who intends to obtain profit from natural disasters that damage the forest soil, must understand that there is no possible way to change the destination of the land, and that the State will do whatever it takes to recover the forest. That is, in the case at bar, the agricultural activity must disappear from the place where the forest is to be regenerated, whether it is done by the convicted person in compliance with the clause by which the benefit of conditional execution of the sentence is granted almost as an incentive, or by the action of the State; the officials responsible for the execution will see to the effectiveness of the judgment on the merits. There is no disproportion or abuse in the condition imposed by the judge. This manner of deciding by the trial judge reaffirms the normative value of the Political Constitution, which in its §§ 50 and 74 guarantee to all humanity, with an inalienable character, the right to a healthy and ecologically balanced environment. In addition to the foregoing, the judicial provision in this case mirrors the legislative provision adopted in § 52 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils, No. 7779 of 30 April 1998…" (Judgment 2003-0366, of 11:54 hrs. on 5 May 2003, authored by Judge Dall'anese Ruiz. This criterion was reiterated in judgment 2003-396).

Referred to the case at hand, the judgment did not provide for the restitution of things to the state prior to the crime as ordered by the cited regulations; however, because the judgment comes from an abbreviated proceeding and because restitution is a direct consequence of the commission of the crime and does not require a civil action, the proper course is to grant the cassation appeal filed and decide in this venue ordering the restitution of the affected forest area to its state prior to the acts. Because it concerns the construction of a trail or road in the mountain, which implied violation of several norms, it does not present the same characteristics as in cases of erecting infrastructure in which ordering demolition constitutes a solution; therefore, the destruction of the road is not seen as viable. Likewise, it is not pertinent to impose payment of the damages (daños y perjuicios), given that this would always permit the use of the road in exchange for payment, benefiting the offender; therefore, restitution in this case must be oriented toward the conservation of the forest area and in attention to that, the closure of the road is ordered and its use in any possible form is prohibited, and the restitution of the forest is ordered by means of planting species appropriate for such purpose, compliance with which may be supervised by the administrative or execution authorities. In the case under study, it was demonstrated that a protection area was invaded, through the construction of a series of works, which must be demolished or destroyed in order to maintain nature’s equilibrium. The commission of a criminal act is not required for courts, even ex officio, to decree the restitution of things to the state prior to their modification. Note that Article 103 of the Criminal Code itself only requires a punishable act, the scope of which is limited to a criminal wrong. In this case, the existence of the wrong was proven, because the action of ordering the constructions, whose demolition is now agreed upon, violated the Forest Law (Ley Forestal). Moreover, there was no regulation authorizing said actions, making the action also unlawful. Thus, it was the obligation of the judge to order the demolition or destruction of the series of works mentioned in the judgment, since these were built in a protection area. Consequently, the reproach formulated is not admissible." (cf. Court of Criminal Cassation of San José, Voto 450-2003 of 11:48 hours on 22 May 2003, and Court of Sentence Appeals of Cartago, Voto N° 2014-032 of 14:57 hours on 28 January 2014).

It follows that the adjudicating court in a cause for an environmental crime, even ex officio, must rule in a reasoned decision—conviction or acquittal—on the restoration of things to the state they had before the act, provided there are sufficient elements to decide it, based on Articles 140, 142, and 361 subsection d) of the Code of Criminal Procedure. In the case of forest crimes, such as the one before us, it has also been analyzed that criminal judges are obligated to decide on restitution, by virtue of the principle of lifetime tenure of the forest (irreductibilidad del bosque), which establishes the necessary reparation of the damage caused to the environment, such that "...there is no option to refrain from ordering that the forest lands that are the object of the crime of land-use change (cambio de uso) return to being forest," in accordance with Articles 50 and 74 of the Political Constitution; 52 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils; 2, 6, 10 subsection c), 19, and 38 subsection f) of the Forest Law (Ley Forestal); 53, 54, and 55 of the Organic Law of the Environment; and 53 and 54 of the Biodiversity Law (cf. voto 2003-0396 of the former Court of Criminal Cassation of Guadalupe, at 12:00 hours, on 08 May 2003, composed of Dall’Anese Ruiz, Salazar Murillo, and Arce Víquez).

Likewise, the circumstance that the owner of the forest property may eventually be a private individual and not the person charged in no way impedes the ex officio restitution of the forest to the state preceding the punishable act, if a probative and legal basis exists to so order, because it is a matter of public interest in protection of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. That is, the lack of hearing in a criminal proceeding for the titleholder of a private forest property that is the object of an environmental crime does not make the restitution of the forest to its original state impossible, for the simple reason that in such a scenario no legitimate interest of opposition exists, which would be to the detriment of the constitutional and legal protection of natural resources, under the terms of Articles 50 of the Constitution; 1, 19, and concordant articles of the Forest Law (Ley Forestal).

A similar position has also been held by the Court of Sentence Appeals of Cartago, Second Section, in resolution number 2015-291, of 13:50 hours, on 15 May 2015: «III. [...] It must be kept in mind that as this Chamber of Appeals has already indicated, with a partially different composition, "in Costa Rica, the ownership regime over real estate has a series of restrictions that derive, precisely, from the regulation that the Political Constitution, in its Article 50, has made of the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment. In protection of that Fundamental Right, the Costa Rican State has imposed restrictions on the right of property, as well as on some of those rights derived from or related to it. As a consequence of the foregoing, one observes, for example, the absolute exclusion of the exercise of that patrimonial right for private individuals, which is made with respect to the so-called natural heritage of the State, that is, the forests and forest lands of the national reserves, the areas declared inalienable, the properties registered in the name of said State, and those belonging to the municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration; real estate for which the law itself declares their condition of inalienable and unseizable, and even stipulates that these are goods over which private individuals, even when they possess them, may not consolidate any right, for example through adverse possession or positive prescription (usucapión or prescripción positiva) (this is inferred from a systematic reading of Article 50 of the Political Constitution, and numerals 13 and 14 of the Forest Law (Ley Forestal)). With different intensity, but also derived from the fundamental right protected by Article 50 of the Fundamental Law of the Republic of Costa Rica, another example is the limitations imposed on the private property regime on lands with forest cover (cobertura boscosa), for which the following are well known, among others: (1.) the prohibitions on land-use change (cambio en el uso de suelos), (2.) the mandatory request for and granting of permits to cut the forest, and the restriction of that action through criteria of proportionality, (3.) the necessary preparation of management plans, subject to mandatory prior approval by the State Forest Administration, if a private individual intends to exploit a forest located on a real property (Article 19 of the Forest Law (Ley Forestal)). To add more examples of limitations on the right of property over real estate, there is precisely the declaration of protection areas next to springs (nacientes), on the banks of rivers, streams, and creeks, as well as lakes and natural and artificial reservoirs, and also in recharge areas and aquifers of springs (manantiales) (Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal)). For those zones, even when they are located on privately owned lands, there are prohibitions on exploitation, on logging or removal of trees, and, what is relevant for the adequate resolution of this issue, there also exists a prohibition on invading (hence, on building) in both conservation zones and the indicated protection zones (Article 58 of the Forest Law (Ley Forestal)). From this legal prohibition, one can derive with certainty that no one could legitimately assert a right in order to exploit forest resources, or to invade those spaces located in a protection zone. For the specific case under study, that therefore means that no third party could be affected in their legitimate rights by a demolition order issued by virtue of the crime adjudicated in this case, for the reason that, irrefutably, in those protection zones, given the alluded prohibition, there is no possibility whatsoever of vindicating rights or of a legitimate expectation of rights that could prevent the demolition of the real property referred to." (Cf. resolution number 2014-292, of 11:00 hours on 10 July 2014). Based on those same considerations, no third party may claim a legitimate right to prevent or obstruct said areas from being restored, by reason of the legal restriction regime on the right of property.»

In the judgment under review, this Chamber verifies that the Trial Judge issued an acquittal based on in dubio pro in favor of the accused. Regarding the request of the PGR to order the restitution of things to the state they had before the act, she resolved to reject it, because there were not sufficient elements and because the State’s representation did not bring forth, nor is it yet known, who the real owner of the real property object of the crime in question is (cf. digital file 152001280591PE-28052019011550-2_Multi--0, counter 00:11:16 onward). This reasoning is invalid. In the first place, because it does not justify or clarify what it means by there not being sufficient elements to order restitution. On this aspect, it is observed that the judgment did not establish relevant proven facts, only that the accused had no criminal record (cf. minute visible at folio 177). Nor is it deduced from the probative analysis that it had as proven the existence of the punishable act of land-use change (cambio de uso de suelo), in the terms described in the accusation (cf. folio 45 verso), that is: the logging of 568 trees of ten different species, each with a diameter exceeding fifteen centimeters, for the planting of Teca trees in a forest area of approximately 2.33 hectares, without having authorization from the State Forest Administration, on the property with cadastral map P-892505-90. Better said, the judgment evaded all intellectual analysis to determine if the evidence introduced at trial was sufficient to prove the existence of the act and to rule on the restitution of things to their original state. In the second place, because it does not explain what the essentiality was of bringing to the proceeding the registered titleholder of the real property in dispute, considering that in the case of an environmental crime in a private forested zone, there is no procedural standing to oppose the restoration of the forest to its state prior to the act. In the third place, because it is not true that according to the evidence received at trial, the owner of the property in dispute was unknown. Rather, on this point, the judgment is contradictory, because in the analysis on the merits, it determined that, according to the evidence offered by the defense, consisting of a registry report, the owner of the real property cadastral map P-892505-90 was a lady named [Nombre2] (cf. counter 00:06:00 onward), which is thus corroborated at folio 166 verso of the record.

In summary, the denial in the judgment of the PGR’s request that things be restored to their original state is vitiated by a lack of reasoning, given that in a forest crime such as the one before us, it was irrelevant that the property in question was in the name of a third party and that this third party had not been given notice of the proceeding, since no right of opposition exists to prevent the forest from being restored to its original state. Additionally, the judgment failed to analyze whether, according to the evidence produced, it was possible to establish the existence of the act causing the environmental damage: land-use change (cambio de uso del suelo) through illegal logging of forest for the planting of teak trees, an essential prerequisite to decide the issue in dispute, and which makes it impossible for this Court to remedy the matter under controversy in this venue.

Consequently, in accordance with Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the claim is granted, the judgment is partially annulled, and the matter is remanded to the court of origin so that, with a different composition, and after a hearing to the parties, it definitively resolves what pertains to the restitution of things to the state they had before the act. The foregoing, without prejudice to the registered owner of the land with cadastral map P-892505-90 being heard for a better substantiation of the matter. In all other respects, the judgment remains unaltered.

POR TANTO:

The appeal filed by the Procuraduría General de la República is granted. The judgment is partially annulled, and the matter is remanded to the court of origin so that, with a different composition, and after a hearing to the parties, it definitively resolves what pertains to the restitution of things to the state they had before the act. The foregoing, without prejudice to the registered owner of the land with cadastral map P-892505-90 being heard for a better substantiation of the matter. In all other respects, the judgment remains unaltered. Let it be notified.

Francisco Lemus Víquez

Adriana Escalante Moncada                    José Asdrúbal Quirós Pereira

Judges of Appeals of Sentence

Expediente Nº 15-200128-0591-PE

Against: [Nombre1]

Crime: Cambio del uso del suelo

To the detriment of: Los recursos naturales

[Nombre3]

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It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-02-2026 12:34:05.

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