Ley 3042 — Land and Colonization ActLey de Tierras y Colonización

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Ref. Ley de Tierras y Colonización de 1961


Artículo 1º.- Refórmase el Capítulo III - Banco Nacional de Costa





Rica, Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonias - Patrimonio,





Administración, Deberes y Atribuciones - de la Ley de Tierras y





Colonización, Nº 2825 de 14 de octubre de 1961, que en adelante se leerá





así:





"CAPITULO III





Instituto de Tierras y Colonización





Patrimonio, Administración, Deberes y Atribuciones





Artículo 15.- Para cumplir las normas y alcanzar los objetivos de





la presente ley, sus reformas y otras leyes conexas, créase el Instituto





de Tierras y Colonización, como una institución autónoma de derecho





público, con personería jurídica y patrimonio propio, e independencia en





materia de gobierno y administración.





Su funcionamiento se ceñirá exclusivamente a las normas del artículo





188 de la Constitución Política, las de esta ley, sus reformas, leyes





conexas y reglamentos internos.





Su domicilio legal será la ciudad de San José, sin perjuicio de que





pueda establecer dependencias en otros lugares del país.





Artículo 16.- El Instituto tendrá capacidad para comprar, vender





y arrendar bienes muebles e inmuebles, valores y empresas dentro de los





propósitos de su creación; para emprestar, financiar e hipotecar, y para





toda otra forma de gestión comercial y legal que sea necesaria para el





desempeño de su cometido, dentro de las normas corrientes de contratación





que su situación financiera le permita, sin incurrir en riesgos indebidos





para la estabilidad de la institución. En los casos en que haya más





de una posibilidad de oferta capaz de llenar lo objetivos perseguidos para





determinado fin, se seguirá el trámite de licitación. Las compras, ventas





y arrendamiento de tierras se considerarán operaciones de tráfico





ordinario del Instituto, para los efectos del artículo 110 de la Ley de la





Administración Financiera de la República.





Artículo 17.- Se conceden al Instituto los siguientes beneficios:





a) Exoneración de toda clase de impuestos, directos o indirectos,





nacionales o municipales, presentes o futuros;





b) Exoneración del uso del papel sellado, timbres y derechos de





Registro. Este beneficio comprenderá también a los particulares respecto





a aquellos contratos que celebren con el Instituto;





c) Inembargabilidad de sus bienes, depósitos, fondos y rentas;





d) Franquicia postal y telegráfica; y





e) Exención de rendir fianzas de costas y de hacer depósitos para





garantizar embargos preventivos.





Artículo 18.- El Instituto funcionará bajo la dirección superior de





una Junta Directiva, integrada por cinco miembros designados así: el





Ministro de Agricultura y Ganadería, como miembro ex-oficio; dos





representantes de las cooperativas de agricultores y de las comunidades





campesinas legalmente constituidas, y dos miembros que serán personas de





reconocida capacidad en la materia, quienes deberán ser costarricenses por





nacimiento o naturalizados, con no menos de diez años de residencia en el





país, todos escogidos por el Consejo de Gobierno. En casos de ausencia





justificada, el Ministro podrá delegar en un personero del mismo





Ministerio, a escogencia suya, quien debe juramentarse en el mismo acto





en que lo haga el titular.





Artículo 19.- No podrán formar parte de la Junta Directiva quienes





estén ligados ente sí por parentesco de consanguinidad hasta el tercer





grado, o por afinidad hasta el segundo grado inclusive. Se exceptúa de





esta disposición el parentesco que pudiere existir con el Ministro de





Agricultura y Ganadería, cuando el nombramiento de éste fuere posterior al





de su pariente integrante de la Junta Directiva.





Artículo 20.- Con excepción del Ministro de Agricultura y Ganadería,





que integrará la Junta Directiva en virtud de su cargo, los demás miembros





serán designados por períodos de cuatro años. Sus nombramientos deberán





hacerse dentro de los cuatro meses siguientes al ocho de mayo, en que toma





posesión el Presidente de la República.





Artículo 21.- Los miembros de la Junta Directiva serán inamovibles





durante el período para el cual fueren nombrados. No obstante dejará de





ser miembro:





a) El que infringiere alguna de las disposiciones contenidas en las





leyes, decretos o reglamentos aplicables al Instituto;





b) El que incurriere en responsabilidad por actos u operaciones





fraudulentas o ilegales. En caso de un auto de prisión y enjuiciamiento





dictado contra un miembro de la Junta Directiva, dicho miembro quedará, a





juicio del Consejo de Gobierno, suspendido de sus funciones hasta tanto no





haya sentencia firme, para resolver en definitiva;





c) El que perdiere la ciudadanía costarricense, la capacidad para el





cargo o llegare a encontrarse en alguna de las prohibiciones o





incompatibilidades a que se refiere esta ley;





d) El que se ausentare del país sin autorización de la Junta Directiva,





que en ningún caso podrá darla por más de seis meses;





e) El que, sin causa justificada, a juicio de la Junta Directiva,





hubiere dejado de concurrir a tres sesiones ordinarias consecutivas;





f) El que por incapacidad física no haya podido desempeñar sus





funciones durante seis meses;





g) El que renunciare a su cargo;





h) El que fuere destituido por el Consejo de Gobierno por





comprobársele, mediante expediente creado al efecto, procederes





incorrectos; e





i) A quien se comprobare que es dueño de terrenos que no cumplen





la función social de la propiedad, en virtud de las disposiciones de





esta ley.





En todos los casos señalados, la Junta Directiva dará cuenta al





Consejo de Gobierno, para que éste determine si procede declarar la





separación. Cuando ocurriere una vacante, el nombramiento del sustituto





se hará dentro del término de un mes y la persona nombrada lo será por el





resto del período legal.





Artículo 22.- El dejar de ser miembro de la Junta Directiva, sea





por terminación del período o por cualquier otra causa, no libra a las





personas que hubieren ocupado el cargo, de las responsabilidades legales





en que pudieren haber incurrido durante su actuación.





Artículo 23.- La Junta Directiva ejercerá sus funciones con absoluta





independencia y bajo su exclusiva responsabilidad, dentro de las normas





establecidas por la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y





los principios técnicos aplicables.





Artículo 24.- Los miembros de la Junta Directiva serán personal y





solidariamente responsables por las resoluciones votadas en oposición a





las leyes y reglamentos aplicables.





Quedan exentos de esta responsabilidad los miembros ausentes de





las sesiones en que se hubieren votado tales resoluciones, así como los





que hubieren hecho constar en el acta respectiva, en forma razonada, su





voto contrario.





Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva, el Gerente y el





Subgerente, rendirán caución por veinte mil colones (¢ 20,000.00). Esta





caución puede ser hipotecaria, mediante valores del Estado, pólizas de





fidelidad del Instituto Nacional de Seguros o depósito en efectivo. Para





la calificación de la garantía y el otorgamiento de escrituras en su caso,





se seguirán las prescripciones del Código Fiscal.





Artículo 25.- La Junta Directiva celebrará sesiones con asistencia





de por lo menos tres de sus componentes y las resoluciones se tomarán, en





todo caso, por los votos de tres de sus integrantes, salvados los casos en





que esta ley o sus reglamentos exijan mayor número de votos.





Artículo 26.- La Junta Directiva elegirá de su seno, por mayoría





de votos, un Presidente y un Vicepresidente, quienes durarán un año en





sus funciones, pudiendo ser reelectos. El Ministro integrante de la Junta





no podrá ser electo para estos cargos.





Artículo 27.- En caso de ausencia o de impedimento transitorio





del Presidente, lo sustituirá el Vicepresidente. Cuando en alguna sesión





estuvieren ambos ausentes, la Junta Directiva designará a uno de sus





miembros como Presidente ad-hoc.





Artículo 28.- La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria





una vez por semana y en extraordinaria cuando sea convocada por el





Gerente, por escrito y con doce horas de anticipación por lo menos, sea





por determinación propia o cuando así lo soliciten dos o más de sus





miembros directores. No podrá, sin embargo, celebrar más de diez sesiones





remuneradas al mes, incluyendo ordinarias y extraordinarias. Los miembros





de la Junta Directiva devengarán dietas fijas, cuyo monto se determinará





en los presupuestos anuales del Instituto, pero en todo caso, no podrán





ser superiores a ciento cincuenta colones (¢ 150.00) por sesión.





Artículo 29.- Cuando alguno de los asistentes tuviere interés





personal en cualquier asunto que se deba conocer en la sesión, o lo





tuvieren sus socios o parientes dentro del tercer grado de consanguinidad





o afinidad inclusive, deberá retirarse mientras se discute y vota el





asunto.





Artículo 30.- La Junta Directiva del Instituto tendrá los siguientes





deberes:





1) Velar por el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos;





2) Dirigir, dentro de las disposiciones de esta ley, la política





agraria, económica y social del Instituto y determinar la organización del





mismo;





3) Acordar y aprobar el presupuesto anual del Instituto, así como los





extraordinarios, con sujeción a los controles que determina la Ley





Orgánica de la Contraloría General de la República.





4) Aprobar la memoria anual, los estados y balances;





5) Resolver las licitaciones conforme a la ley;





6) Solicitar al Poder Ejecutivo el traspaso de las tierras aptas para la





realización de los fines de esta ley;





7) Establecer las demandas que estime convenientes para que el Estado





recupere las tierras de que haya sido despojado indebidamente y que hayan





de serle transferidas al Instituto conforme a esta ley;





8) Aprobar y ordenar la ejecución de planes de colonización,





"cooperativización" o de simple parcelación de tierras que adquiera el





Instituto para los fines de esta ley, atendiendo a las necesidades





económicas y sociales de cada región en particular y del país en general





y dando preferencia a las zonas cercanas a los centros de consumo y a las





vías de comunicación;





9) Ejercer, conforme a las disposiciones de esta ley, el control, por





parte del Instituto, de las colonias creadas por el Estado;





10) Cooperar en los planes de colonización privada para orientarlos hacia





los fines de esta ley, y ejercer jurisdicción sobre ellos conforme





a las normas jurídicas aplicables;





11) Disponer la adquisición de tierras de propiedad particular, cuando





estime que con ello se cumplen los fines económico - sociales que persigue





esta ley;





12) Gestionar la expropiación mediante indemnización, de las tierras





propiedad de personas físicas o jurídicas, cuando fueren necesarias





esas tierras para la realización de los fines de esta ley, tratando,





fundamentalmente, de constituir en propietarios a todos los campesinos





a quienes se les adjudica una parcela;





13) Determinar los regímenes de tenencia de las tierras que debe





establecer el Instituto en sus proyectos de parcelación y colonización;





14) Ayudar al desarrollo del cooperativismo en el campo;





15) Promover, con los organismos que integran el Sistema Bancario





Nacional, la realización de planes especiales para la mejor organización,





extensión y uso del crédito agrícola;





16) Aprobar la adjudicación de tierras para otorgar los respectivos





títulos;





17) Elaborar los proyectos de ley que estime necesarios para el mejor





y más rápido logro de los objetivos de esta ley;





18) Dictar, reformar, derogar e interpretar, para su aplicación, los





reglamentos de servicio del Instituto, los que tendrán plena validez





al ser publicados por éste en el diario oficial;





19) Ordenar la realización de los estudios y el levantamiento de los





inventarios que estimare convenientes, de las tierras del Estado;





20) Ordenar un estudio de las fincas inscritas en el país con una cabida





superior a mil hectáreas, con el fin de constatar si las cabidas inscritas





corresponden a las cantidades de tierra poseídas en la realidad.





Comprobado cualquier exceso se procederá de la siguiente





manera:





a) Si la totalidad del inmueble estuviere cultivada o dedicada a





funciones ganaderas, el propietario tendrá derecho, con intervención





del Gerente del Instituto, de rectificar en un cuarenta por ciento (40%)





su medida, mediante acta notarial inscribible en el asiento respectivo del





Registro de Propiedad;





b) Si la tierra correspondiente al exceso estuviere inculta, el





Instituto dictará resolución ordenando se inscriba a nombre del





Instituto de Tierras y Colonización y lo comunicará a la Procuraduría





General de la República para que ésta, en un término de quince días,





proceda a cumplir con lo resuelto mediante protocolización e inscripción;





21) Someter a juicio o fuera de él, los derechos del Instituto; transigir





o someter a arbitraje lo litigios que tuviere y dar los poderes que





estimare conveniente para ellos;





22) Autorizar la adquisición, gravamen y enajenación de bienes, hasta





por la suma de un millón de colones (¢1.000,000.00), así como





contratar empréstitos nacionales y extranjeros. Cuando la operación





excediere de un millón de colones (¢1.000,000.00), deberá pedir





autorización a la Asamblea Legislativa;





23) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le correspondan de





acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes; y





24) Cooperar en la conservación y uso adecuados de los recursos naturales





renovables de la nación, regidos por leyes especiales.





Artículo 31.- Los miembros de la Junta no podrán participar en





actividades político - electorales, salvo con la emisión de su voto o en





las que sean obligatorias por ley. Esta prohibición será aplicable a los





Gerentes, Auditores y a aquellos otros funcionarios y empleados que





determine la Junta Directiva.





Artículo 32.- La Junta Directiva nombrará, con el voto favorable





de no menos de cuatro de sus miembros, un Gerente General, un Subgerente





y un Auditor. El Gerente General tendrá a su cargo la administración





del Instituto de acuerdo con la ley, los reglamentos y las instrucciones





que le imparta la Junta Directiva.





El Subgerente actuará bajo la autoridad jerárquica del Gerente y





lo reemplazará en sus ausencias temporales. Sus funciones serán las que





la Junta Directiva y el Gerente lo señalen.





Los funcionarios citados en el párrafo primero de este artículo serán





nombrados en sus cargos por períodos de dos años, podrán ser reelectos,





y serán responsables por su actuación ante la Junta Directiva. Su





remoción sólo podrá acordarse por el mismo número de votos necesarios





para su nombramiento.





Artículo 33.- El Gerente, el Subgerente y el Auditor estarán sujetos





a las limitaciones que para los miembros de la Junta Directiva establece





esta ley, en cuanto les fueren aplicables.





Artículo 34.- El Gerente, y en su defecto el Subgerente, tendrán los





siguientes deberes y atribuciones:





a) Ejercer las funciones inherentes a su condición de administrador





general; vigilar la organización y funcionamiento de todas las





dependencias del Instituto, la observancia de las leyes y reglamentos





y el cumplimiento de las resoluciones de la Junta Directiva. Si





estimare que éstas son contrarias a las disposiciones legales o a





los intereses de la Institución, deberá dejar constancia expresa de





su opinión negativa, antes de la aprobación del acta respectiva,





con lo cual quedará exento de responsabilidad por esa causa;





b) Suministrar a la Junta Directiva la información necesaria para





asegurar el buen gobierno y dirección del Instituto;





c) Atender las relaciones del Instituto con el público y dar a la





prensa las informaciones que estime convenientes;





d) Proponer a la Junta Directiva los planes necesarios para promover





la política agraria del Instituto y alcanzar sus metas;





e) Proponer a la Junta Directiva las normas de administración





necesarias para el mejor funcionamiento del Instituto;





f) Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva, el





proyecto de presupuesto anual del Instituto y los presupuestos





extraordinarios que fueren necesarios;





g) Proponer a la Junta Directiva la creación de los departamentos,





secciones y servicios que considere necesarios para el mejor cumplimiento





de las funciones del Instituto;





h) Nombrar, promover y remover a los funcionarios y empleados del





Instituto, excepto a los de la Auditoría, concederles licencias e





imponerles sanciones, de conformidad con los reglamentos respectivos.





No podrá nombrar a quienes estuvieren ligados por parentesco de





consanguinidad hasta tercer grado o de afinidad hasta segundo,





ambos inclusive, con él mismo, con el Subgerente o con el Auditor.





No será causal de remoción de un empleado el que con posterioridad





a su designación se nombre en los cargos mencionados a personas





que tengan con él el parentesco indicado, o que llegaren a ser





parientes por afinidad de alguno de ellos;





i) Autorizar con su firma, los valores y documentos que determinen





las leyes, los reglamentos del Instituto y los acuerdos de la Junta





Directiva. Los cheques deberán ser, además, refrendados por el





Auditor;





j) Resolver todos los asuntos que no estuvieren reservados a la





decisión de la Junta Directiva;





k) Asistir a todas las sesiones de la Junta Directiva, en las cuales no





tendrá voto.





El Subgerente y el Auditor podrán asistir a las sesiones con la





misma limitación en cuanto al voto. No obstante, estos funcionarios





y el Gerente no podrán asistir a sesiones cuando se trate del nombramiento





de Gerente, Subgerente o Auditor.





Cuando lo consideren necesario, los funcionarios antes indicados





tendrán derecho de hacer constar en las actas respectivas sus





opiniones sobre los asuntos que se discutan;





l) Vigilar el correcto desarrollo de la política señalada por la Junta





Directiva, la realización de los planes de trabajo y la ejecución de





los presupuestos ordinarios y extraordinarios;





m) Decidir, en caso de urgencia, cualquier asunto de competencia de





la Junta Directiva, o suspender la ejecución de las resoluciones tomadas





por aquélla; en ambos casos convocará a sesión extraordinaria, a efecto de





dar cuenta de lo actuado por la Gerencia;





n) Delegar sus atribuciones en otros funcionarios del Instituto, salvo





cuando su intervención personal fuere legalmente obligatoria;





o) Elaborar y presentar, a más tardar el último día de febrero, un





informe de las labores y operaciones realizadas durante el año anterior;





y





p) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le corresponda, de





conformidad con la ley, los reglamentos y las disposiciones de la





Junta Directiva.





Artículo 35.- El Gerente General y el Subgerente tendrán,





indistintamente, la representación judicial y extrajudicial del Instituto,





con las facultades que para los apoderados generalísimos determina el





artículo 1253 del Código Civil, sin limitación de suma.





Artículo 36.- El Instituto tendrá un Departamento de Auditoría que





ejercerá vigilancia y fiscalización constante en todos sus departamentos,





secciones y dependencias.





La Auditoría funcionará bajo la autoridad y dirección inmediata de





un Auditor, quien deberá ser Contador Público Autorizado.





Artículo 37.- Los miembros de la Junta Directiva, el Gerente, el





Subgerente y el Auditor del Instituto que ejecutaren o permitieren





operaciones que fueren contrarias a la ley o a los reglamentos aplicables,





responderán con sus bienes de las pérdidas que por tales actos se causen,





sin perjuicio de las demás penas que les correspondan.





Artículo 38.- Además de las que fije la Junta Directiva, el Auditor





tendrá las siguientes funciones y atribuciones:





a) Vigilar y fiscalizar los bienes, las operaciones, las obligaciones





y el capital del Instituto;





b) Fiscalizar, en cuanto tengan relación con su cargo, todos los actos,





operaciones y actividades del Instituto, verificando la contabilidad





y los inventarios; realizando arqueos y otras comprobaciones y estados de





cuenta; comprobarlos con los libros o documentos correspondientes y





certificarlos o refrendarlos cuando los encontrare correctos. Realizar





los arqueos y demás verificaciones que considere convenientes, por sí





mismo o por medio de los funcionarios del departamento, por lo menos dos





veces al año, a intervalos irregulares y sin previo aviso. Estas





inspecciones, a juicio del Auditor, podrán ser parciales o generales,





referirse sólo a una dependencia o a determinada clase de negocios u





operaciones o abarcar todas las dependencias, negocios y operaciones;





c) Presentar informes resumidos de sus actividades de inspección y





fiscalización a la Junta, que podrá solicitarlo, si lo creyere





conveniente, el informe completo y cualquier otra información que juzgue





necesaria;





d) Comunicar al Gerente las irregularidades o infracciones que





observare en las operaciones y funcionamiento del Instituto y, en caso de





que dicho funcionario no dictare en un plazo prudencial las medidas





que fueren indicadas, exponer la situación ante la Junta Directiva,





proponiendo tales medidas;





e) Hacer las sugestiones, observaciones o recomendaciones que estimare





conducentes para corregir los errores y subsanar deficiencias o





irregularidades que encontrare;





f) Levantar las informaciones que le solicite la Junta, examinar





libremente todos los libros y archivos del Instituto y exigir en la forma,





condiciones y plazos que él mismo determine, la presentación de balances,





estados de situación y de cuentas y demás informaciones y pormenores que





considere oportunos;





g) Delegar sus atribuciones en otros funcionarios del departamento,





salvo cuando su intervención personal fuere legalmente obligatoria; y





h) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le correspondan por





ley o por reglamentos.





Artículo 39.- El Auditor dependerá directamente de la Junta





Directiva, ante la cual serán apelables sus decisiones.





Artículo 40.- El Gerente, el Subgerente y el Auditor, perderán el





cargo por incurrir en cualquiera de las causales por las cuales un miembro





de la Junta Directiva pierde el mismo.





Artículo 41.- Formarán el patrimonio del Instituto de Tierras y





Colonización, para los efectos de esta ley, además del capital a que se





refiere el inciso d) del artículo 8º de la Ley de Fomento Económico, Nº





2466 de 9 de noviembre de 1959, los siguientes bienes y contribuciones:





a) Las reservas nacionales y tierras que el Estado le traspase, así





como las que el Instituto adquiera por medios legales, para los fines





establecidos por esta ley;





Para este efecto, se faculta al Poder Ejecutivo para traspasar al





Instituto, a solicitud de éste, por medio de la Procuraduría General





de la República, las tierras que se consideren necesarias para los fines





de esta ley, dentro de un término de seis meses que se contará, en cada





caso, desde la fecha en que se pida el traspaso correspondiente





por el Poder Ejecutivo;





b) Los aportes adicionales que se asignen a dicho Instituto en los





presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República;





c) Las sumas que se recauden por concepto de venta y arrendamiento





de tierras y bosques;





d) El producto del siguiente impuesto sobre tierras incultas





pertenecientes a una sola persona, de una extensión no inferior a cien





hectáreas, que se cobrará según la siguiente tarifa progresiva:





1) Los terrenos incultos estarán exentos del impuesto, cuando su





total perteneciente a una sola persona, en todo el país, no pase





de cien hectáreas.





2) Si el total de propiedad inculta de una persona, física o





jurídica, en toda la República, pasa de cien hectáreas, la contribución





será pagada anualmente, con arreglo a la tarifa progresiva





siguiente:





Un cuarto de uno por ciento sobre el valor de las doscientos





cincuenta o fracción mayor de cien hectáreas;





Un medio de uno por ciento sobre el exceso de doscientas cincuenta





hectáreas hasta quinientas hectáreas;





Tres cuartos de uno por ciento sobre el exceso de quinientas





hectáreas hasta mil hectáreas;





Un uno por ciento sobre el exceso de mil hectáreas hasta mil





quinientas hectáreas;





Un uno y cuarto por ciento sobre el exceso de mil quinientas





hectáreas hasta dos mil hectáreas;





Un uno y medio por ciento sobre el exceso de dos mil hectáreas





hasta tres mil hectáreas;





Un uno y tres cuartos por ciento sobre el exceso de tres mil





hectáreas hasta cuatro mil hectáreas;





Un dos por ciento sobre el exceso de cuatro mil hectáreas hasta





cinco mil hectáreas; y





Un dos y medio por ciento sobre el exceso de cinco mil hectáreas.





Cuando los terrenos incultos de un contribuyente tuvieren diferentes





valores, el valor total de ellos se dividirá por el número de





hectáreas, y el cociente que resulte será el valor medio que se tome





como base para el cálculo de este impuesto.





Como terreno inculto será considerado todo aquel que se encuentre





en estado natural o de abandono, sin que su dueño, por sí o por medio de





arrendatario o colonos, haya emprendido en él trabajos de cultivo o de





explotación. La simple apertura de carriles para fijar los linderos de la





propiedad, la explotación empírica de maderas, o el aprovechamiento de los





valores naturales superficiales, no le quitarán su carácter de inculto.





Para mantener y mejorar los regímenes climatéricos y pluviales,





y en resguardo de la conservación de recursos naturales, se considerarán





exceptuadas de los impuestos de tierras incultas las áreas





cubiertas de bosques, cultivadas o naturales. La explotación sistemática





y organizada con la ayuda de instalaciones mecánicas estables, como





aserraderos, maquinaria minera u otras parecidas, sí puede ser admitida





como aprovechamiento que le quita al terreno el carácter de inculto. El





Instituto decidirá en cada caso si hay lugar a ello, y fijará la extensión





de terreno así clasificada de explotación o de legítima reserva en el





sentido de los párrafos inmediatos anteriores.





Los terrenos incultos que formen parte de una empresa agrícola,





se considerarán como legítima reserva para futuros cultivos y estarán





sujetos solamente el tipo general de la contribución, como si se hallasen





en explotación debida, si su extensión no fuere mayor de la ya cultivada.





No es necesario, para que gocen de esta ventaja, que la porción inculta





forme un solo cuerpo con lo ya aprovechado sin interrupción.





Tampoco se considerarán terrenos incultos para efectos de la





presente ley, aquellos que deban dedicarse forzosamente a cultivos y





explotaciones forestales por existir en ellos vertientes de agua, por





tener declives que obliguen a mantener los bosques para evitar la





erosión, o aquellos que por ley deben mantenerse en forma de bosque





por estar situados en la faja que la misma ley establece en la cresta





de las montañas como zona de "división de aguas"; todo ello a juicio





del respectivo departamento del Instituto;





e) El producto de sus utilidades netas ; y





f) Lo que corresponda por el impuesto de los cigarrillos al Instituto,





según la ley Nº 3021 de 21 de agosto de 1962 ( Aumento de los impuestos





sobre importación de gasolina y sobre el consumo de cerveza,





refrescos y cigarrillos ).





Toda persona física o jurídica poseedora de terrenos incultos en





exceso de cien hectáreas, sujeta al pago del impuesto creado por este





artículo, deberá declarar anualmente la cantidad de tierras de su





propiedad que esté en esas condiciones. La Tributación Directa, a partir





de la declaración número treinta y dos (32), correspondiente al período de





pago del impuesto sobre la renta, del 1º de octubre de 1961 al 30 de





setiembre de 1962, incluirá en las fórmulas de declaración, un nuevo





cuadro destinado específicamente a los fines de recaudación de este





impuesto. Basada en tales declaraciones, la Tributación Directa deberá





emitir los recibos correspondientes, que pondrá al cobro por medio del





Banco Cajero del Estado, con todas las formalidades y requisitos que son





de uso en los demás tributos a favor del Estado. El Banco Cajero del





Estado apartará en cuenta especial el producto de este impuesto y lo





girará directamente cada mes a favor del Instituto de Tierras y





Colonización.





El Instituto y la Tributación Directa tendrán facultades para





verificar por medio de sus funcionarios la exactitud de las declaraciones





hechas por las personas sujetas al pago, y formularios en el cuadro a que





se refiere el párrafo anterior.





El propietario estará obligado a suministrar la información





necesaria a juicio del Instituto, para efectos de la verificación





mencionada. En caso de comprobarse declaraciones falsas o que no se





ajusten a la realidad, el declarante deberá pagar el doble del impuesto





a que legalmente está obligado.





Artículo 42.- Se considerarán exceptuados del pago del impuesto





sobre tierras incultas, los terrenos dedicados a la industria forestal,





la cual merecerá el mayor apoyo y estímulo del Estado.





La Junta Directiva del Instituto calificará como industria forestal





a las empresas que lo soliciten, ante la evidencia de los programas de





explotación que estén llevando a cabo o que se propongan realizar, que se





consideren convenientes para el país o para una zona suya, con vista de su





importancia técnico-económica, las mejores hechas o por hacer en el





terreno de las instalaciones mecánicas estables, como aserraderos,





edificaciones o similares, que tengan o vayan a establecerse. Los





solicitantes deberán igualmente evidenciar un interés real en la





conservación y explotación técnica, racional y adecuada de los bosques,





para extraerles sus maderas, por medio de rendimientos periódicos, que los





preservan o los sustituyan, en forma parcial o complementaria, con





explotaciones de carácter agrícola o ganadero de verdadera importancia





económica.





El Instituto podrá revisar cuando lo crea conveniente la calificación





que hubiere hecho, dentro de los términos de este artículo, para





cancelarla si hubieren dejado de existir las razones que originalmente las





justificaron.





El Instituto establecerá en el reglamento de esta ley los requisitos





que debe llenar una empresa para ser considerada industria forestal.





Artículo 43.- El Instituto deberá preferentemente darle solución a





los problemas que resulten de la posesión en precario de tierras en todo





el territorio nacional y de la posesión en la zonas de la Milla Marítima,





debiendo destinar desde el principio la mayor parte de sus recursos a esa





tarea.





Para ese fin, desarrollará preferentemente sus programas de





parcelación, colonización y organización de cooperativas en aquellas zonas





donde existen núcleos de poseedores en precario y que se consideren aptas





para ese objeto, así como en las tierras del Estado, en las reservas





nacionales o en otras propiedades que entidades públicas le traspasen con





ese propósito.





En el caso de la Milla Marítima se respetarán los arriendos vigentes





a la fecha de la promulgación de la presente ley y los derechos adquiridos





en la misma por los poseedores de buena fe, sin prejuicio de lo que





establece esta ley.





Artículo 44.- El Instituto Geográfico de Costa Rica deberá colaborar





con el Instituto de Tierras y Colonización a efecto de que éste aproveche





la experiencia y el personal adiestrado de aquél. El Instituto de Tierras





y Colonización podrá contratar con el Instituto Geográfico de Costa Rica





la ejecución de los trabajos de cartografía y derivados, que estén a su





cargo en relación con los fines de esta ley.





Artículo 45.- El Instituto podrá solicitar, por medio del Poder





Ejecutivo o directamente, según el caso, el asesoramiento de organismos





extranjeros e internacionales, oficiales o particulares, para la mejor





solución de problemas o situaciones relacionados con la presente ley,





acerca de los cuales se carezca de antecedentes o jurisprudencia aplicable





a determinados casos.





Artículo 46.- El Instituto, para los efectos de esta ley, formará





solo o en asocio de alguna institución docente, un centro de investigación





geográfica regional, cuya finalidad será el estudio objetivo, en el





terreno, de las características de las varias zonas del país, sus





problemas agrícolas, sociales y económicos, y proponer una solución





adecuada. Este centro coordinará las actividades y aprovechará las





experiencias de los organismos públicos y privados que se ocupen en tareas





relacionadas con la investigación geográfica regional.





Artículo 47.- El Estado queda obligado a ejecutar los planos y la





construcción de caminos de penetración; asimismo el Estado dará asistencia





en materias especializadas a través de los correspondientes





organismos - centralizados y autónomos -, como vivienda rural, por el





Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; fomento de la producción y





garantía de precios, por el Consejo Nacional de Producción; previsión





social y salubridad a través del respectivo Ministerio; y educación rural,





por el Departamento de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y





Ganadería y el Ministerio de Educación Pública.





Artículo 48.- Todas las instituciones autónomas, municipalidades y





dependencias del Estado que tengan relación con el objeto de la presente





ley, dentro de sus facultades legales y constitucionales, deberán dar su





colaboración cuando ésta les sea requerida por el Instituto de Tierras y





Colonización.




Ficha articulo





Artículo 2º.- Modifícanse los artículos 5, 7, 10, 13, 14, 25, 26, 27,





28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48,





50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72,





73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 95, 98, 99, 102, 103, 104,





107, 112, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 124, 127, 128, 129, 131, 132, 133,





134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,





149, 152, 153, 155, 157, y 158, así como las disposiciones transitorias





números 3, 4, 8, 10, 11, 14 y 15 de la ley Nº 2825 del 14 de octubre de





1961 ( Ley de Tierras y Colonización ), para que donde diga "el banco",





"el Banco Nacional", "el Banco Nacional de Costa Rica", "el Departamento





de Crédito Rural, Tierras y Colonias", "la Sección de Tierras y Colonias",





o "la Sección de Tierras y Colonias del Departamento correspondiente del





Banco", se lea: "el Instituto de Tierras y Colonización" o "el Instituto".




Ficha articulo





Artículo 3º.- Refórmanse los artículos 13 párrafo segundo, 108, 110,





159 y 160 de la Ley de Tierras y Colonización, Nº 2825 de 14 de octubre de





1961, para que se lean así:





"Artículo 13 (párrafo segundo).- Las citadas entidades, con excepción





del propio Instituto de Tierras y Colonización, no podrán enajenar,





gravar ni arrendar las tierras afectadas".





"Artículo 108.- Para el cumplimiento de los fines de la presente ley





el Instituto coordinará su política con la del crédito rural a cargo de





los bancos del Estado que se aplicará preferentemente:





a) A los arrendatarios, subarrendatarios, obreros agrícolas y aparceros





que deseen adquirir una propiedad rural. Se le dará preferencia a la





que estén trabajando personalmente, de acuerdo con lo estipulado





en esta ley;





b) A los poseedores y pequeños y medianos propietarios rurales, para





la explotación racional de su empresa o para ampliar su parcelas; y





c) A los parceleros y colonos".





"Artículo 110.- Como principio fundamental de una bien entendida





seguridad rural, el crédito que se otorgue a los campesinos debe tener una





definida orientación.





El Instituto está obligado a hacer los estudios necesarios del suelo





costarricense, dividiendo el país en zonas de producción. Los resultados





de esta investigación serán comunicados al Sistema Bancario Nacional para





efectos de la mayor orientación y planificación del crédito rural".





"Artículo 159.- El Instituto podrá vender tierras situadas en los





alrededores de donde haya realizado planes de parcelación o colonización





y favorecidos con la valorización provocada por los mismos, a efecto de





recoger ahorro de parte de finqueros particulares y encauzarlo a los





fines de esta ley".





"Artículo 160.- Deróganse los artículos 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48 y





transitorio 6 de la Ley de Fomento Económico, Nº 2466 de 9 de noviembre





de 1959; así como las leyes Nº 13 de 6 de enero de 1939 ( Ley General





sobre Terrenos Baldíos ); Nº 88 de 14 de julio de 1942 Reglamentación





de la Adjudicación de Terrenos Baldíos), salvo para el caso previsto en el





artículo transitorio 19 de esta ley; y Nº 1294 de 1º de junio de 1951 (Ley





de Parásitos), y, en lo que a denuncios se refiere, las números 19 de 12





de noviembre de 1942 (Denuncio de Terrenos en la Milla Marítima del





Atlántico) y 201 de 26 de agosto de 1943 (Reforma a la Ley de Denuncio





de Terrenos en la Milla Marítima del Atlántico), así como cualquiera otra





disposición legal que se oponga a la ejecución de la presente".




Ficha articulo





Artículo 4º.- Adiciónase el Capítulo de Disposiciones Transitorias de





la Ley de Tierras y Colonización, con un nuevo artículo, que será el





número 19, que se leerá de la siguiente forma:





"Artículo 19.- Si de conformidad con la ley Nº 88 de 14 de julio de





1942 existiere sentencia firme que adjudique a los poseedores los terrenos





que a ellos corresponden, el Juez Civil de Hacienda que conoció del





expediente de intercambio de esas tierras, extenderá la ejecutoria y





adicionales a ella que fueren necesarias, para que el Registro Público





inscriba a nombre de esos poseedores, los lotes respectivos. Asimismo





queda facultado el Juez para dictar las resoluciones necesarias a fin de





que se haga esa inscripción en el Registro, haciendo en consecuencia en





ellas las advertencias legales y además las aclaraciones o rectificaciones





del caso".




Ficha articulo





Artículo 5º.- Traspásase al Instituto de Tierras y Colonización el





Departamento de Tierras y Bosques del Ministerio de Agricultura.




Ficha articulo





Artículo 6º.- Refórmanse los artículos 42, 43, 137 y 138 de la ley Nº





2825 de 14 de octubre de 1961, para que donde dice "cinco votos" o cinco





miembros", se lea: "cuatro votos".




Ficha articulo





Artículo 7º.- Deróganse las siguientes disposiciones de la ley Nº





2825 de 14 de octubre de 1961: párrafos segundo y tercero del artículo 30;





párrafo cuarto del artículo 34; párrafo tercero del artículo 35; así como





las disposiciones transitorias números 16, 17 y 18.




Ficha articulo





Artículo 8º.- Esta ley rige desde su publicación.





Transitorio I.- Para los efectos del artículo 5º de esta ley, el





Poder Ejecutivo deberá enviar a la Asamblea Legislativa, dentro de los





quince días siguientes a la vigencia de esta ley, el proyecto de





modificación al Presupuesto Ordinario de la República que asigne al





Instituto la partida anual de sueldos correspondientes al Departamento de





Tierras y Bosques del Ministerio de Agricultura y Ganadería.





Transitorio II.- Se faculta al Director de la Asamblea Legislativa





para hacer las enmiendas y modificaciones necesarias en la Ley de Tierras





y Colonización, Nº 2825 de 14 de octubre de 1961, autorizadas por los





artículos de esta ley, así como las variaciones en la numeración de los





artículos no modificados por esta ley.





Igualmente deberá el Directorio ordenar la publicación de la ley





indicada con todas sus reformas, en el diario oficial y en un folleto, en





un plazo máximo de dos meses contado a partir de la vigencia de esta ley.





Transitorio III.- Los miembros que integren la primera Junta





Directiva del Instituto de Tierras y Colonización cesarán en sus cargos el





8 de agosto de 1966.





Transitorio IV.- El Instituto de Tierras y Colonización se hará cargo





de los recursos y obligaciones de la Sección de Tierras y Colonias del





Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonias del Banco Nacional de





Costa Rica, o sea que el activo y el pasivo de aquella pasarán a formar





parte integrante del Instituto.





Transitorio V.- El Departamento de Crédito Rural, Tierras y





Colonización del Banco Nacional de Costa Rica continuará llamándose





Departamento de Crédito Rural.





Transitorio VI.- Mientras el Instituto no esté cumpliendo con lo que





ordena el artículo 30, inciso 20 de esta ley, no podrá llevar a cabo





adquisiciones a título oneroso del terrenos para el cumplimiento de sus





fines.





Transitorio VII.- Mientras el Instituto no emita el reglamento de





esta ley, su Junta Directiva deberá atender y resolver las solicitudes que





reciba para la calificación de industria forestal de acuerdo con los





méritos específicos de cada una de ellas y dentro de un plazo de dos meses





desde su recibo.





Transitorio VIII.- El Poder Ejecutivo deberá hacer la primera emisión





de bonos de que habla el artículo 158 de la Ley de Tierras y Colonización,





en un plazo no mayor de tres meses. Esta primera emisión será de





¢ 25.000,000.00 que no podrán ser destinados a gastos administrativos, ni





para instalaciones al servicio del Instituto, usándose preferentemente en





la solución de los problemas de los ocupantes en precario.




Ficha articulo





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Ref. Ley de Tierras y Colonización de 1961 (Land and Colonization Law of 1961)


Article 1.- Chapter III – Banco Nacional de Costa Rica, Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonias – Patrimonio, Administración, Deberes y Atribuciones (National Bank of Costa Rica, Department of Rural Credit, Lands and Colonies – Assets, Administration, Duties and Powers) – of the Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 of 14 October 1961, is hereby amended and shall henceforth read as follows:

"CHAPTER III

Instituto de Tierras y Colonización (Institute of Lands and Colonization)

Assets, Administration, Duties and Powers

Article 15.- To fulfill the rules and achieve the objectives of this law, its amendments, and other related laws, the Instituto de Tierras y Colonización is created as an autonomous institution under public law, with its own legal personality and assets, and independence in matters of governance and administration.

Its operation shall be strictly governed by the provisions of Article 188 of the Political Constitution, those of this law, its amendments, related laws, and internal regulations.

Its legal domicile shall be the city of San José, without prejudice to its ability to establish dependencies in other parts of the country.

Article 16.- The Institute shall have the capacity to buy, sell, and lease movable and immovable property, securities, and enterprises for the purposes of its creation; to lend, finance, and mortgage; and to engage in any other form of commercial and legal management necessary for the performance of its mission, within the customary contracting standards that its financial situation permits, without incurring undue risks to the institution's stability. In cases where there is more than one possible offer capable of meeting the objectives pursued for a given purpose, the bidding procedure shall be followed. The purchase, sale, and leasing of lands shall be considered ordinary business operations of the Institute, for the purposes of Article 110 of the Ley de la Administración Financiera de la República.

Article 17.- The following benefits are granted to the Institute:

a) Exoneration from all types of taxes, direct or indirect, national or municipal, present or future;

b) Exoneration from the use of sealed paper, stamps, and registration fees. This benefit shall also extend to private individuals concerning those contracts they enter into with the Institute;

c) Unseizability of its property, deposits, funds, and income;

d) Postal and telegraphic franking privilege; and

e) Exemption from posting cost bonds and making deposits to guarantee preventive attachments.

Article 18.- The Institute shall operate under the superior direction of a Junta Directiva (Board of Directors), composed of five members designated as follows: the Ministro de Agricultura y Ganadería (Minister of Agriculture and Livestock), as an ex-officio member; two representatives of legally constituted agricultural cooperatives and farming communities; and two members who shall be individuals of recognized capacity in the field, who must be Costa Ricans by birth or naturalization, with no less than ten years of residence in the country, all chosen by the Consejo de Gobierno (Government Council). In cases of justified absence, the Minister may delegate to a representative of the same Ministry, at his discretion, who must be sworn in at the same act as the principal.

Article 19.- Persons who are related to each other by consanguinity up to the third degree, or by affinity up to the second degree inclusive, may not form part of the Board of Directors. Excepted from this provision is any relationship that may exist with the Minister of Agriculture and Livestock, when his appointment is subsequent to that of his relative who is a member of the Board of Directors.

Article 20.- With the exception of the Minister of Agriculture and Livestock, who shall serve on the Board of Directors by virtue of his office, the other members shall be appointed for periods of four years. Their appointments must be made within the four months following May eighth, when the President of the Republic takes office.

Article 21.- The members of the Board of Directors shall be irremovable during the period for which they were appointed. Nevertheless, a person shall cease to be a member if:

a) He infringes any of the provisions contained in the laws, decrees, or regulations applicable to the Institute;

b) He incurs liability for fraudulent or illegal acts or operations. In the event of a detention order and prosecution issued against a member of the Board of Directors, said member shall, at the discretion of the Government Council, be suspended from his duties until a final judgment is rendered, to resolve definitively;

c) He loses Costa Rican citizenship, the capacity for the office, or comes to be under any of the prohibitions or incompatibilities referred to in this law;

d) He is absent from the country without authorization from the Board of Directors, which in no case may be granted for more than six months;

e) He who, without justified cause, in the judgment of the Board of Directors, has failed to attend three consecutive ordinary sessions;

f) He who, due to physical incapacity, has been unable to perform his duties for six months;

g) He who resigns from his office;

h) He who is dismissed by the Government Council due to proven improper conduct, through an investigative file (expediente) created for that purpose; and

i) A person proven to be the owner of lands that do not fulfill the social function of property, by virtue of the provisions of this law.

In all the cases indicated, the Board of Directors shall notify the Government Council, so that it may determine whether a declaration of separation is appropriate. When a vacancy occurs, the appointment of the substitute shall be made within a period of one month, and the person appointed shall serve for the remainder of the legal period.

Article 22.- Ceasing to be a member of the Board of Directors, whether due to the end of the period or for any other cause, does not release the persons who held the office from any legal liabilities they may have incurred during their tenure.

Article 23.- The Board of Directors shall exercise its functions with absolute independence and under its exclusive responsibility, within the norms established by the Political Constitution, the laws, the regulations, and the applicable technical principles.

Article 24.- The members of the Board of Directors shall be personally and jointly and severally liable for resolutions voted in opposition to the applicable laws and regulations.

Exempt from this liability are the members absent from the sessions in which such resolutions were voted on, as well as those who have recorded in the respective minutes, in a reasoned manner, their opposing vote.

Each of the members of the Board of Directors, the Gerente (Manager), and the Subgerente (Sub-Manager) shall post a bond of twenty thousand colones (¢20,000.00). This bond may be a mortgage bond, through State securities, fidelity policies from the Instituto Nacional de Seguros (National Insurance Institute), or a cash deposit. For the qualification of the guarantee and the granting of public deeds in their case, the prescriptions of the Código Fiscal (Tax Code) shall be followed.

Article 25.- The Board of Directors shall hold sessions with the attendance of at least three of its members, and resolutions shall be adopted, in all cases, by the votes of three of its members, save for cases where this law or its regulations require a greater number of votes.

Article 26.- The Board of Directors shall elect from its members, by majority vote, a President and a Vice-President, who shall serve for one year in their functions and may be re-elected. The Minister who is a member of the Board may not be elected to these offices.

Article 27.- In case of absence or temporary impediment of the President, the Vice-President shall substitute for him. When both are absent from a session, the Board of Directors shall designate one of its members as ad-hoc President.

Article 28.- The Board of Directors shall meet in ordinary session once a week and in extraordinary session when convened by the Manager, in writing and with at least twelve hours' notice, whether on his own initiative or when requested by two or more of its director members. However, it may not hold more than ten remunerated sessions per month, including ordinary and extraordinary ones. The members of the Board of Directors shall earn fixed per diem fees (dietas), the amount of which shall be determined in the Institute's annual budgets, but in any case may not exceed one hundred fifty colones (¢150.00) per session.

Article 29.- When any of those present has a personal interest in any matter to be heard in the session, or if his partners or relatives within the third degree of consanguinity or affinity inclusive have such an interest, he must withdraw while the matter is discussed and voted on.

Article 30.- The Board of Directors of the Institute shall have the following duties:

1) To ensure compliance with this law and its regulations;

2) To direct, within the provisions of this law, the agrarian, economic, and social policy of the Institute and determine its organization;

3) To agree upon and approve the Institute's annual budget, as well as extraordinary budgets, subject to the controls established by the Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;

4) To approve the annual report, financial statements, and balance sheets;

5) To award tenders in accordance with the law;

6) To request from the Executive Branch the transfer of lands suitable for the realization of the purposes of this law;

7) To file such claims as it deems appropriate for the State to recover lands of which it has been unduly dispossessed and which are to be transferred to the Institute in accordance with this law;

8) To approve and order the execution of colonization, "cooperativización" (cooperative formation) plans, or simple parceling of lands acquired by the Institute for the purposes of this law, attending to the economic and social needs of each region in particular and the country in general, and giving preference to areas close to consumption centers and means of communication;

9) To exercise, in accordance with the provisions of this law, the Institute's control over the colonies created by the State;

10) To cooperate in private colonization plans to orient them toward the purposes of this law, and to exercise jurisdiction over them according to the applicable legal rules;

11) To arrange for the acquisition of privately owned lands when it deems that the economic-social purposes pursued by this law are thereby fulfilled;

12) To petition for the expropriation with compensation of lands owned by natural or legal persons, when such lands are necessary for the realization of the purposes of this law, fundamentally seeking to make all campesinos to whom a plot (parcela) is adjudicated into owners;

13) To determine the tenure regimes for the lands that the Institute must establish in its parceling and colonization projects;

14) To aid the development of cooperativism in the countryside;

15) To promote, with the bodies that make up the Sistema Bancario Nacional, the implementation of special plans for the better organization, extension, and use of agricultural credit;

16) To approve the adjudication of lands to issue the respective title deeds;

17) To draft the bills it deems necessary for the better and more rapid achievement of the objectives of this law;

18) To issue, amend, repeal, and interpret, for their application, the service regulations of the Institute, which shall have full validity upon being published by it in the official gazette;

19) To order the carrying out of studies and the surveying of inventories of State lands that it deems appropriate;

20) To order a study of farms registered in the country with an area exceeding one thousand hectares, for the purpose of verifying whether the registered areas correspond to the quantities of land actually possessed.
      Upon confirmation of any excess, the following procedure shall be followed:
      a) If the entirety of the property is cultivated or dedicated to livestock functions, the owner shall have the right, with the intervention of the Institute's Manager, to rectify its measurement by up to forty percent (40%), by means of a notarial act (acta notarial) recordable in the respective entry of the Property Registry;
      b) If the land corresponding to the excess is uncultivated, the Institute shall issue a resolution ordering it to be registered in the name of the Instituto de Tierras y Colonización and shall communicate it to the Procuraduría General de la República (Office of the Attorney General of the Republic) so that it may, within a term of fifteen days, proceed to comply with the resolution by notarial conversion into public deed (protocolización) and registration;

21) To assert the Institute's rights in or out of court; to settle or submit to arbitration the litigation it may have, and to grant such powers of attorney as it deems appropriate for them;

22) To authorize the acquisition, encumbrance, and alienation of property, up to the sum of one million colones (¢1,000,000.00), as well as to contract domestic and foreign loans. When the transaction exceeds one million colones (¢1,000,000.00), it must request authorization from the Legislative Assembly;

23) To exercise any other functions and powers that correspond to it in accordance with the relevant laws and regulations; and

24) To cooperate in the conservation and proper use of the nation's renewable natural resources, governed by special laws.

Article 31.- The members of the Board may not participate in political-electoral activities, except for casting their vote or in those that are mandatory by law. This prohibition shall apply to the Managers, Auditors, and those other officials and employees determined by the Board of Directors.

Article 32.- The Board of Directors shall appoint, with the favorable vote of no less than four of its members, a General Manager, a Sub-Manager, and an Auditor. The General Manager shall be in charge of the administration of the Institute in accordance with the law, the regulations, and the instructions given to him by the Board of Directors.

The Sub-Manager shall act under the hierarchical authority of the Manager and shall replace him in his temporary absences. His duties shall be those assigned to him by the Board of Directors and the Manager.

The officials cited in the first paragraph of this article shall be appointed to their positions for periods of two years, may be re-elected, and shall be responsible for their actions before the Board of Directors. Their removal may only be agreed upon by the same number of votes required for their appointment.

Article 33.- The Manager, the Sub-Manager, and the Auditor shall be subject to the limitations established by this law for the members of the Board of Directors, insofar as they are applicable.

Article 34.- The Manager, and in his absence the Sub-Manager, shall have the following duties and powers:

a) To exercise the functions inherent to his position as general administrator; to oversee the organization and operation of all the Institute's dependencies, the observance of the laws and regulations, and the fulfillment of the Board of Directors' resolutions. If he believes these are contrary to legal provisions or the interests of the Institution, he must expressly record his negative opinion before the approval of the respective minutes, thereby being exempt from liability for that reason;

b) To provide the Board of Directors with the necessary information to ensure the good governance and direction of the Institute;

c) To attend to the Institute's relations with the public and provide the press with such information as he deems appropriate;

d) To propose to the Board of Directors the necessary plans to promote the Institute's agrarian policy and achieve its goals;

e) To propose to the Board of Directors the administrative rules necessary for the better functioning of the Institute;

f) To prepare and submit for the approval of the Board of Directors the draft annual budget of the Institute and any necessary extraordinary budgets;

g) To propose to the Board of Directors the creation of the departments, sections, and services he considers necessary for the better fulfillment of the Institute's functions;

h) To appoint, promote, and remove the officials and employees of the Institute, except those in the Audit Department, to grant them leaves of absence, and to impose sanctions on them, in accordance with the respective regulations. He may not appoint persons who are related by consanguinity up to the third degree or affinity up to the second degree, both inclusive, to himself, the Sub-Manager, or the Auditor. It shall not be a cause for removal of an employee if, subsequent to their designation, persons having the indicated relationship with them are appointed to the aforementioned positions, or if they become relatives by affinity of any of them;

i) To authorize with his signature the securities and documents determined by the laws, the Institute's regulations, and the agreements of the Board of Directors. Checks must also be countersigned by the Auditor;

j) To decide all matters not reserved for the decision of the Board of Directors;

k) To attend all sessions of the Board of Directors, in which he shall have no vote.
   The Sub-Manager and the Auditor may attend sessions with the same limitation regarding the vote. However, these officials and the Manager may not attend sessions when the appointment of the Manager, Sub-Manager, or Auditor is at issue.
   When they deem it necessary, the aforementioned officials shall have the right to record their opinions on the matters under discussion in the respective minutes;

l) To oversee the correct development of the policy set by the Board of Directors, the execution of work plans, and the implementation of ordinary and extraordinary budgets;

m) To decide, in case of urgency, any matter within the competence of the Board of Directors, or to suspend the execution of resolutions adopted by it; in both cases, he shall convene an extraordinary session to report on the action taken by the Management;

n) To delegate his powers to other officials of the Institute, except when his personal intervention is legally mandatory;

o) To prepare and present, no later than the last day of February, a report on the work and operations carried out during the preceding year; and

p) To exercise the other functions and powers that correspond to him, in accordance with the law, the regulations, and the provisions of the Board of Directors.

Article 35.- The General Manager and the Sub-Manager shall have, indistinctly, the judicial and extrajudicial representation of the Institute, with the powers determined for general plenipotentiary agents by Article 1253 of the Civil Code, without limitation as to sum.

Article 36.- The Institute shall have an Audit Department that shall exercise constant oversight and control in all its departments, sections, and dependencies.

The Audit Department shall function under the immediate authority and direction of an Auditor, who must be a Certified Public Accountant (Contador Público Autorizado).

Article 37.- The members of the Board of Directors, the Manager, the Sub-Manager, and the Auditor of the Institute who execute or permit operations contrary to the law or the applicable regulations shall be liable with their own assets for the losses caused by such acts, without prejudice to any other penalties that may correspond to them.

Article 38.- In addition to those established by the Board of Directors, the Auditor shall have the following functions and powers:

a) To oversee and control the assets, operations, obligations, and capital of the Institute;

b) To control, insofar as they relate to his office, all acts, operations, and activities of the Institute, verifying accounting and inventories; conducting cash counts (arqueos) and other verifications and statements of account; comparing them with the corresponding books or documents and certifying or countersigning them when found correct. To carry out cash counts and other verifications he considers appropriate, either himself or through the department's officials, at least twice a year, at irregular intervals and without prior notice. These inspections, in the Auditor's judgment, may be partial or general, referring only to one dependency or a specific class of business or operations, or encompassing all dependencies, businesses, and operations;

c) To present summary reports of his inspection and oversight activities to the Board, which may request, if it deems appropriate, the full report and any other information it judges necessary;

d) To communicate to the Manager any irregularities or infractions he observes in the operations and functioning of the Institute and, should said official fail to dictate the indicated measures within a reasonable time, to present the situation to the Board of Directors, proposing such measures;

e) To make such suggestions, observations, or recommendations as he deems conducive to correcting errors and remedying deficiencies or irregularities he finds;

f) To gather the information requested by the Board, to freely examine all books and files of the Institute, and to demand, in the form, conditions, and deadlines that he himself determines, the presentation of balance sheets, financial statements, account statements, and such other information and details as he considers timely;

g) To delegate his powers to other officials of the department, except when his personal intervention is legally mandatory; and

h) To exercise the other functions and powers that correspond to him by law or by regulations.

Article 39.- The Auditor shall report directly to the Board of Directors, before which his decisions shall be appealable.

Article 40.- The Manager, the Sub-Manager, and the Auditor shall lose their office for incurring any of the causes for which a member of the Board of Directors loses his.

Article 41.- The assets of the Instituto de Tierras y Colonización shall be formed, for the purposes of this law, in addition to the capital referred to in subsection d) of Article 8 of the Ley de Fomento Económico, No. 2466 of 9 November 1959, by the following assets and contributions:

a) The national reserves and lands transferred to it by the State, as well as those the Institute acquires by legal means for the purposes established by this law;
   For this purpose, the Executive Branch is empowered to transfer to the Institute, at its request, through the Office of the Attorney General of the Republic, the lands deemed necessary for the purposes of this law, within a term of six months which shall be counted, in each case, from the date on which the corresponding transfer is requested by the Executive Branch;

b) The additional contributions assigned to said Institute in the ordinary and extraordinary budgets of the Republic;

c) The sums collected from the sale and leasing of lands and forests;

d) The proceeds of the following tax on uncultivated lands (tierras incultas) belonging to a single person, of an area of no less than one hundred hectares, to be levied according to the following progressive tariff:
   1)  Uncultivated lands shall be exempt from the tax when their total belonging to a single person, throughout the country, does not exceed one hundred hectares.
   2)  If the total uncultivated property of a person, natural or legal, in the entire Republic, exceeds one hundred hectares, the contribution shall be paid annually, in accordance with the following progressive tariff:
         One quarter of one percent on the value of the first two hundred fifty hectares or fraction thereof exceeding one hundred hectares;
         One half of one percent on the excess over two hundred fifty hectares up to five hundred hectares;
         Three quarters of one percent on the excess over five hundred hectares up to one thousand hectares;
         One percent on the excess over one thousand hectares up to one thousand five hundred hectares;
         One and one quarter percent on the excess over one thousand five hundred hectares up to two thousand hectares;
         One and one half percent on the excess over two thousand hectares up to three thousand hectares;
         One and three quarters percent on the excess over three thousand hectares up to four thousand hectares;
         Two percent on the excess over four thousand hectares up to five thousand hectares; and
         Two and one half percent on the excess over five thousand hectares.

   When the uncultivated lands of a taxpayer have different values, their total value shall be divided by the number of hectares, and the resulting quotient shall be the average value taken as the basis for calculating this tax.

   Uncultivated land shall be considered all land that is found in a natural or abandoned state, without its owner, by himself or through a lessee or settlers (colonos), having undertaken cultivation or exploitation works on it. The simple opening of lanes to fix property boundaries, the empirical exploitation of timber, or the use of superficial natural values shall not remove its character as uncultivated.

   To maintain and improve climatic and rainfall regimes, and to safeguard the conservation of natural resources, areas covered by forests, whether cultivated or natural, shall be considered exempt from the taxes on uncultivated lands. Systematic and organized exploitation with the aid of stable mechanical installations, such as sawmills, mining machinery, or the like, may indeed be admitted as an exploitation that removes the land's character as uncultivated. The Institute shall decide in each case whether this is applicable, and shall establish the area of land thus classified as exploitation or legitimate reserve (legítima reserva) within the meaning of the immediately preceding paragraphs.

   Uncultivated lands that form part of an agricultural enterprise shall be considered a legitimate reserve for future crops and shall be subject only to the general tax rate, as if they were under proper exploitation, if their area is not greater than that already cultivated. It is not necessary, for them to enjoy this advantage, that the uncultivated portion forms a single, uninterrupted body with that already exploited.

   Nor shall those lands be considered uncultivated for the purposes of this law that must be compulsorily dedicated to forest cultivation and exploitation because there are springs (vertientes de agua) on them, because they have slopes that require maintaining forests to avoid erosion, or those that by law must be maintained as forest because they are situated within the strip established by the same law on the crest of the mountains as the "water divide" zone ("división de aguas"); all of this at the discretion of the respective department of the Institute;

e) The proceeds of its net profits; and

f) The amount corresponding to the Institute from the cigarette tax, according to Law No. 3021 of 21 August 1962 (Increase of taxes on gasoline imports and on the consumption of beer, soft drinks, and cigarettes).

Every natural or legal person in possession of uncultivated lands in excess of one hundred hectares, subject to the payment of the tax created by this article, must annually declare the amount of land owned by them that is in such conditions. The Tributación Directa (Direct Taxation Office), starting with declaration number thirty-two (32), corresponding to the income tax payment period from 1 October 1961 to 30 September 1962, shall include in the declaration forms a new chart specifically intended for the purposes of collecting this tax. Based on such declarations, the Direct Taxation Office must issue the corresponding receipts, which it shall place for collection through the Banco Cajero del Estado, with all the formalities and requirements customary for other taxes in favor of the State. The Banco Cajero del Estado shall set aside the proceeds of this tax in a special account and shall transfer it directly each month in favor of the Instituto de Tierras y Colonización.

The Institute and the Direct Taxation Office shall have the authority to verify, through their officials, the accuracy of the declarations made by the persons subject to payment, and to formulate them in the chart referred to in the preceding paragraph.

The owner shall be obliged to supply the necessary information, in the judgment of the Institute, for the purposes of the aforementioned verification. If false declarations or declarations not conforming to reality are proven, the declarant must pay double the tax to which they are legally obligated.

Article 42.- Lands dedicated to the forest industry shall be considered exempt from the payment of the tax on uncultivated lands, and said industry shall merit the greatest support and encouragement from the State.

The Institute's Board of Directors shall classify as a forest industry those enterprises that so request, upon evidence of the exploitation programs they are carrying out or propose to undertake, which are deemed convenient for the country or for a zone thereof, in view of their technical-economic importance, the improvements made or to be made on the ground regarding stable mechanical installations, such as sawmills, buildings, or the like, that they have or are to establish. The applicants must likewise demonstrate a real interest in the conservation and technical, rational, and proper exploitation of forests, to extract their timber, by means of periodic yields that preserve them or substitute them, partially or complementarily, with agricultural or livestock exploitations of true economic importance.

The Institute may review, when it deems it convenient, the classification it has made, within the terms of this article, to

cancel it if the reasons that originally justified them have ceased to exist.

The Institute shall establish in the regulations of this law the requirements that a company must meet to be considered a forest industry.

Article 43.- The Institute shall preferentially resolve the problems arising from precarious possession (posesión en precario) of lands throughout the national territory and from possession in the Maritime Mile zones, and must from the outset allocate the majority of its resources to that task.

For that purpose, it shall preferentially develop its subdivision (parcelación), colonization, and cooperative organization programs in those zones where there are nuclei of precarious possessors (poseedores en precario) and that are deemed suitable for that purpose, as well as on State lands, in national reserves, or on other properties that public entities transfer to it for that purpose.

In the case of the Maritime Mile, the leases in force as of the date of enactment of this law and the rights acquired therein by good-faith possessors shall be respected, without prejudice to the provisions of this law.

Article 44.- The Instituto Geográfico de Costa Rica shall collaborate with the Instituto de Tierras y Colonización so that the latter may take advantage of the former's experience and trained personnel. The Instituto de Tierras y Colonización may contract with the Instituto Geográfico de Costa Rica the execution of mapping and related works that are its responsibility in connection with the purposes of this law.

Article 45.- The Institute may request, through the Executive Branch or directly, as the case may be, the advice of foreign and international organizations, whether official or private, for the better resolution of problems or situations related to this law, regarding which there is a lack of precedents or applicable jurisprudence for specific cases.

Article 46.- The Institute, for the purposes of this law, shall form, alone or in association with some educational institution, a regional geographic research center, the purpose of which shall be the objective study, in the field, of the characteristics of the various zones of the country, their agricultural, social, and economic problems, and to propose an adequate solution. This center shall coordinate the activities and take advantage of the experiences of public and private organizations engaged in tasks related to regional geographic research.

Article 47.- The State is obligated to execute the plans and construction of penetration roads; likewise, the State shall provide assistance in specialized matters through the corresponding centralized and autonomous agencies, such as rural housing, through the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; production promotion and price guarantees, through the Consejo Nacional de Producción; social welfare and health through the respective Ministry; and rural education, through the Department of Agricultural Extension of the Ministerio de Agricultura y Ganadería and the Ministerio de Educación Pública.

Article 48.- All autonomous institutions, municipalities, and State agencies that are related to the purpose of this law, within their legal and constitutional powers, must provide their collaboration when so requested by the Instituto de Tierras y Colonización.


Article 2.- Articles 5, 7, 10, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 107, 112, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 124, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 155, 157, and 158 are hereby amended, as well as transitory provisions numbers 3, 4, 8, 10, 11, 14, and 15 of Law No. 2825 of October 14, 1961 (Ley de Tierras y Colonización), so that wherever it says "the bank," "the Banco Nacional," "the Banco Nacional de Costa Rica," "the Department of Rural Credit, Lands, and Colonies," "the Lands and Colonies Section," or "the Lands and Colonies Section of the corresponding Department of the Bank," it shall read: "the Instituto de Tierras y Colonización" or "the Institute."


Article 3.- Articles 13, second paragraph, 108, 110, 159, and 160 of the Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 of October 14, 1961, are hereby amended to read as follows:

"Article 13 (second paragraph).- The aforementioned entities, with the exception of the Instituto de Tierras y Colonización itself, may not alienate, encumber, or lease the affected lands."

"Article 108.- For the fulfillment of the purposes of this law, the Institute shall coordinate its policy with that of rural credit under the responsibility of the State banks, which shall be applied preferentially:
a) To lessees, sublessees, agricultural workers, and sharecroppers who wish to acquire a rural property. Preference shall be given to the one they are personally working, in accordance with the stipulations of this law;
b) To precarious possessors and small and medium rural property owners, for the rational operation of their enterprise or to expand their parcels; and
c) To parcel holders (parceleros) and colonists."

"Article 110.- As a fundamental principle of well-understood rural security, the credit granted to peasants must have a defined orientation.
The Institute is obligated to carry out the necessary studies of Costa Rican soil, dividing the country into production zones. The results of this research shall be communicated to the National Banking System for purposes of greater orientation and planning of rural credit."

"Article 159.- The Institute may sell lands located in the surroundings of where it has carried out subdivision or colonization plans and favored by the valorization caused by them, in order to gather savings from private farm owners and channel them toward the purposes of this law."

"Article 160.- Articles 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, and transitory provision 6 of the Ley de Fomento Económico, No. 2466 of November 9, 1959, are hereby repealed; as well as Laws No. 13 of January 6, 1939 (Ley General sobre Terrenos Baldíos); No. 88 of July 14, 1942 (Reglamentación de la Adjudicación de Terrenos Baldíos), except for the case provided for in transitory article 19 of this law; and No. 1294 of June 1, 1951 (Ley de Parásitos), and, with respect to denouncements (denuncios), Laws No. 19 of November 12, 1942 (Denuncio de Terrenos en la Milla Marítima del Atlántico) and No. 201 of August 26, 1943 (Reforma a la Ley de Denuncio de Terrenos en la Milla Marítima del Atlántico), as well as any other legal provision that opposes the execution of this law."


Article 4.- The Chapter of Transitory Provisions of the Ley de Tierras y Colonización is hereby supplemented with a new article, which shall be number 19, which shall read as follows:

"Article 19.- If, in accordance with Law No. 88 of July 14, 1942, there exists a final judgment adjudicating to the possessors the lands corresponding to them, the Civil Treasury Judge who heard the exchange file for those lands shall issue the execution order and any necessary addenda, so that the Public Registry may register the respective lots in the name of those possessors. Likewise, the Judge is empowered to issue the necessary resolutions to effect that registration in the Registry, consequently making therein the legal warnings and also the clarifications or rectifications of the case."


Article 5.- The Department of Lands and Forests of the Ministerio de Agricultura is hereby transferred to the Instituto de Tierras y Colonización.


Article 6.- Articles 42, 43, 137, and 138 of Law No. 2825 of October 14, 1961, are hereby amended so that wherever it says "five votes" or "five members," it shall read: "four votes."


Article 7.- The following provisions of Law No. 2825 of October 14, 1961, are hereby repealed: the second and third paragraphs of article 30; the fourth paragraph of article 34; the third paragraph of article 35; as well as transitory provisions numbers 16, 17, and 18.


Article 8.- This law shall be effective upon its publication.

Transitory I.- For the purposes of article 5 of this law, the Executive Branch must send to the Legislative Assembly, within fifteen days following the effective date of this law, the amendment bill to the Ordinary Budget of the Republic assigning to the Institute the annual salary item corresponding to the Department of Lands and Forests of the Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Transitory II.- The Director of the Legislative Assembly is empowered to make the necessary corrections and modifications in the Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 of October 14, 1961, authorized by the articles of this law, as well as the variations in the numbering of the articles not modified by this law.

Likewise, the Board must order the publication of the indicated law with all its amendments, in the official gazette and in a pamphlet, within a maximum period of two months from the effective date of this law.

Transitory III.- The members composing the first Board of Directors of the Instituto de Tierras y Colonización shall cease in their positions on August 8, 1966.

Transitory IV.- The Instituto de Tierras y Colonización shall take charge of the resources and obligations of the Lands and Colonies Section of the Department of Rural Credit, Lands, and Colonies of the Banco Nacional de Costa Rica, that is, the assets and liabilities of that Section shall become an integral part of the Institute.

Transitory V.- The Department of Rural Credit, Lands, and Colonization of the Banco Nacional de Costa Rica shall continue to be called the Department of Rural Credit.

Transitory VI.- As long as the Institute is not complying with the provisions of article 30, subsection 20 of this law, it may not carry out acquisitions for consideration of lands for the fulfillment of its purposes.

Transitory VII.- As long as the Institute does not issue the regulations of this law, its Board of Directors must attend to and resolve the requests it receives for the qualification of forest industry according to the specific merits of each one and within a period of two months from their receipt.

Transitory VIII.- The Executive Branch must carry out the first bond issuance referred to in article 158 of the Ley de Tierras y Colonización, within a period of no more than three months. This first issuance shall be for ₡ 25,000,000.00, which may not be allocated to administrative expenses or to facilities serving the Institute, and shall be used preferentially for the resolution of the problems of precarious occupants (ocupantes en precario).


Article record

Generation date: 3/5/2026 04:36:20

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