Ley 7554 — Organic Environmental LawLey Orgánica del Ambiente

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Ley Orgánica del Ambiente


N° 7554





LEY ORGANICA DEL AMBIENTE





LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA





DE COSTA RICA





CAPITULO I





Disposiciones Generales





Artículo 1.- Objetivos. La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los
instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.





El Estado, mediante la aplicación de esta ley, defenderá y preservará ese derecho, en busca de un
mayor bienestar para todos los habitantes de la Nación. Se define como ambiente el sistema
constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones e
interrelaciones con el ser humano.





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Artículo 2.- Principios Los principios que inspiran esta ley son los siguientes:





a) El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las excepciones que
establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y las leyes. El Estado y los
particulares deben participar en su conservación y utilización sostenibles, que son de utilidad
pública e interés social.





b) Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para
desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 50 de nuestra Constitución
Política.





c) El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger
y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado a
propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que
satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras.





d) Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme lo establezcan las
leyes de la República y los convenios internacionales vigentes.





e) El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la
existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos
indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida
de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes
y futuras.





El Estado propiciará, por medio de sus instituciones, la puesta en práctica de un sistema de
información con indicadores ambientales, destinados a medir la evolución y la correlación con los
indicadores económicos y sociales para el país.





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Artículo 3.- Participación conjunta para cumplir objetivos. El Gobierno fijará un conjunto armónico
e interrelacionado de objetivos, orientados a mejorar el ambiente y manejar adecuadamente los
recursos naturales.





A estos objetivos deberán incorporarse decisiones y acciones específicas destinadas a su
cumplimiento, con el respaldo de normas, instituciones y procedimientos que permitan lograr la
funcionalidad de esas políticas.





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Artículo 4.- Fines. Son fines de la presente ley:





a) Fomentar y lograr la armonía entre el ser humano y su medio.





b) Satisfacer las necesidades humanas básicas, sin limitar las opciones de las generaciones futuras.





c) Promover los esfuerzos necesarios para prevenir y minimizar los daños que pueden causarse al
ambiente.





d) Regular la conducta humana, individual o colectiva, y la actividad pública o privada respecto del
ambiente, así como las relaciones y las acciones que surjan del aprovechamiento y la conservación
ambiental.





e) Establecer los principios que orienten las actividades de la Administración Pública en materia
ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinación para una labor eficiente y eficaz.





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Artículo 5.- Apoyo institucional y jurídico. Para desarrollar y aplicar los principios generales de
esta ley, el sistema contará con los organismos institucionales y gubernamentales; también con las
competencias que otras leyes asignen a las demás instituciones del Estado.





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CAPITULO II





Participación Ciudadana





Artículo 6.- Participación de los habitantes. El Estado y las municipalidades, fomentarán la
participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y
acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente.





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Artículo 7.- Creación de los Consejos Regionales Ambientales. Se crean los Consejos Regionales
Ambientales, adscritos al Ministerio del Ambiente y Energía; como máxima instancia regional
desconcentrada, con participación de la sociedad civil, para el análisis, la discusión, la denuncia
y el control de las actividades, los programas y los proyectos en materia ambiental.





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Artículo 8.- Funciones. Las funciones de los Consejos Regionales Ambientales, son las siguientes:





a) Promover, mediante actividades, programas y proyectos, la mayor participación ciudadana en el
análisis y la discusión de las políticas ambientales que afecten la región.





b) Analizar, discutir y pronunciarse sobre la conveniencia y la viabilidad de las actividades, los
programas y los proyectos que en materia ambiental, promueva el Ministerio del Ambiente y Energía o
cualquier otro ente del Estado.





c) Atender denuncias en materia ambiental y gestionar, ante los órganos pertinentes, las acciones
respectivas.





d) Proponer actividades, programas y proyectos que fomenten el desarrollo sostenible y la
conservación del ambiente en la región.





e) Desarrollar y poner en práctica actividades, programas y proyectos de educación, que fomenten las
bases de una nueva actitud hacia los problemas del ambiente y sienten los fundamentos para
consolidar una cultura ambiental.





(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 12 de la Ley Forestal N° 7575 del 13 de febrero de 1996, se
establecen las funciones de los Consejos Regionales Ambientales al disponer lo siguiente: “ARTICULO
12.-Funciones Los Consejos Regionales Ambientales, creados por Ley No. 7554, del 4 de octubre de
1995, se reunirán por lo menos una vez cada dos meses y tendrán, además, las siguientes funciones:





a) Conocer y analizar los problemas forestales de la región donde están constituidos y coadyuvar al
control y la protección forestales.





b) Participar activamente en la concepción y formulación de las políticas regionales de incentivo a
la reforestación.





c) Prevenir y combatir plagas, enfermedades e incendios forestales en los terrenos del patrimonio
natural del Estado; además, colaborar en la prevención de plagas, enfermedades e incendios
forestales en plantaciones y bosques privados.





d) Dar seguimiento al avance y cumplimiento de las políticas regionales de desarrollo forestal y
pronunciarse sobre ellos.





e) Recomendar, a la Administración Forestal del Estado el orden de prioridad de las áreas por
incentivar.





f) Autorizar la corta de árboles indicada en el artículo 27 de esta ley.





g) Cualquier otra función que le asigne específicamente la Administración Forestal del Estado”)





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Artículo 9.- Integración. Los Consejos Regionales Ambientales, estarán integrados de la siguiente
manera:





a) Uno de los gobernadores provinciales que atienden la región, quien lo presidirá.





b) Un representante de la Liga de Municipalidades.





c) Un representante de las organizaciones ecológicas.





d) Un representante de cada uno de los Consejos Regionales relacionados con el ambiente que operen
en la región.





e) Un representante de los gobiernos estudiantiles de centros de enseñanza secundaria ubicados en la
región.





f) Un representante de las cámaras empresariales que operen o estén representadas en la región.





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Artículo 10.- Sesiones de los Consejos. Los Consejos Regionales Ambientales se reunirán, en forma
ordinaria, una vez al mes y, en forma extraordinaria, cuando sean convocados. Los miembros no
percibirán ningún tipo de remuneración, su labor en el Consejo será ad honórem, durarán en sus
cargos dos años y podrán ser reelegidos.





(Nota de Sinalevi Ver artículo 12 de la Ley Forestal N° 7575 del 13 de febrero de 1996, en relación
a las sesiones de los Consejos Regionales Ambientales)





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Artículo 11.- Nombramiento de miembros. Los miembros de este Consejo serán escogidos por el
Ministerio del Ambiente y Energía, de una terna que presentarán los sectores mencionados en el
artículo 9 de esta ley.





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CAPITULO III





Educación e Investigación Ambiental





Artículo 12.- Educación. El Estado, las municipalidades y las demás instituciones, públicas y
privadas, fomentarán la inclusión permanente de la variable ambiental en los procesos educativos,
formales y no formales, de los programas de todos los niveles. El objeto será adoptar una cultura
ambiental para alcanzar el desarrollo sostenible.





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Artículo 13.- Fines de la educación ambiental. La educación ambiental relacionará los problemas del
ambiente con las preocupaciones locales y la política nacional de desarrollo; además, incorporará el
enfoque interdisciplinario y la cooperación como principales fórmulas de solución, destinadas a
promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.





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Artículo 14.- Participación de medios de comunicación colectiva. Los organismos estatales encargados
de dictar las políticas ambientales promoverán la creación de los instrumentos necesarios para que
los medios de comunicación colectiva, con base en la función social que ejercen, favorezcan la
formación de una cultura ambiental hacia el desarrollo sostenible de los habitantes de la Nación.





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Artículo 15.- Investigaciones y tecnología. El Estado y sus instituciones promoverán permanentemente
la realización de estudios e investigaciones sobre el ambiente. Se ocuparán de divulgarlos y
apoyarán el desarrollo y la aplicación apropiados de tecnologías modernas y ambientalmente sanas.





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Artículo 16.- Copias de informes de investigaciones. Sin perjuicio de los derechos de propiedad
intelectual y lo que disponga la legislación vigente, los investigadores quedan obligados a
entregar, al Consejo Nacional de Investigaciones en Ciencia y Tecnología, una copia de sus informes
finales en materia ambiental cuando sus investigaciones:





a) Hayan sido financiadas total o parcialmente por el Estado.





b) Se realicen en terrenos o instalaciones estatales.





c) Se lleven a cabo mediante instituciones u organizaciones nacionales e internacionales apoyadas
por el Estado.





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CAPITULO IV





Impacto Ambiental





Artículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan
elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una
evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta
ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las
actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o
proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.





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Artículo 18.- Aprobación y costo de las evaluaciones. La aprobación de las evaluaciones de impacto
ambiental, deberá gestionarse ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; estas evaluaciones
deberán ser realizadas por un equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados
por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de conformidad con las guías elaboradas por ella. El
costo de las evaluaciones de impacto ambiental correrá por cuenta del interesado.





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Artículo 19.- Resoluciones. Las resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser
fundadas y razonadas. Serán obligatorias tanto para los particulares, como para los entes y
organismos públicos.





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Artículo 20.- Cumplimiento de las resoluciones. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental establecerá
instrumentos y medios para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de
impacto ambiental. En los casos de violación de su contenido, podrá ordenar la paralización de las
obras. El interesado, el autor del estudio y quienes lo aprueben serán, directa y solidariamente,
responsables por los daños que se causen.





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Artículo 21.- Garantía de cumplimiento. En todos los casos de actividades, obras o proyectos sujetos
a la evaluación de impacto ambiental, el organismo evaluador fijará el monto de la garantía de
cumplimiento de las obligaciones ambientales que deberá rendir el interesado. Esta garantía será
hasta del uno por ciento (1%) del monto de la inversión. Cuando la actividad no requiera construir
infraestructura, el porcentaje se fijará sobre el valor del terreno involucrado en el proyecto.





La garantía debe ser de dos tipos:





a) De cumplimiento durante el diseño y la ejecución del proyecto.





b) De funcionamiento para el período, que puede oscilar de cinco a diez años, dependiendo de impacto
del proyecto y del riesgo de la población de sus alrededores.





La garantía de cumplimiento se mantendrá vigente durante la ejecución o la operación de la obra, la
actividad o el proyecto y se revisará anualmente para ajustarla a los requerimientos de la
protección ambiental.





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Artículo 22.- Expediente de la evaluación. Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas,
tendrán el derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en cualquier etapa
del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el proyecto. Las observaciones de los
interesados serán incluidas en el expediente y valoradas para el informe final.





Dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de una evaluación de impacto ambiental, la
Secretaría Técnica Nacional Ambiental remitirá un extracto de ella a las municipalidades en cuya
jurisdicción se realizará la obra, la actividad o el proyecto. Asimismo, le dará profusa
divulgación, por los medios de comunicación colectiva, a la lista de estudios sometidos a su
consideración.





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Artículo 23.- Publicidad de la información. La información contenida en el expediente de la
evaluación de impacto ambiental será de carácter público y estará disponible para ser consultada por
cualquier persona u organización.





No obstante, los interesados podrán solicitar que se mantenga en reserva información integrada al
estudio, si de publicarse afectare derechos de propiedad industrial.





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Artículo 24.- Consulta de expedientes. Los criterios técnicos y los porcentajes de ponderación para
analizar los estudios de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental,
deben ser de conocimiento público.





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CAPITULO V





Protección y mejoramiento del ambiente





en asentamientos humanos





Artículo 25.- Integración de programas. La autoridad competente adoptará las medidas necesarias para
que los programas de salud pública dirigidos a la población coincidan con los dirigidos al ambiente
humano, a fin de lograr una mejor salud integral.





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Artículo 26.- Acciones prioritarias. La autoridad competente otorgará prioridad a las acciones
tendientes a la protección y el mejoramiento del ambiente humano. Para ello,





a) Promoverá la investigación científica permanente en materia de epidemiología ambiental.





b) Velará por el control, la prevención y la difusión de los factores físicos, químicos, biológicos
y sociales que afecten el bienestar físico, psíquico y social de la población y el equilibrio
ambiental.





c) Propiciará el establecimiento de áreas verdes comunales y de recreación, necesarias para el
disfrute sano y espiritual de los residentes en los asentamientos humanos.





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Artículo 27.- Criterios. Para proteger y mejorar el ambiente humano, se considerarán los siguientes
aspectos fundamentales:





a) Edificaciones.





b) Centros de trabajo.





c) Sustancias tóxicas o peligrosas y desechos en general.





d) Productos y materias que entren en contacto directo con el cuerpo humano.





e) Fauna nociva para el hombre.





f) Actividades o factores sociales inadecuados para el desenvolvimiento humano.





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CAPITULO VI





Ordenamiento Territorial





Artículo 28.- Políticas del ordenamiento territorial. Es función del Estado, las municipalidades y
los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial,
tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de
la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor
bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del
ambiente.





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Artículo 29.- Fines. Para el ordenamiento territorial en materia de desarrollo sostenible, se
considerarán los siguientes fines:





a) Ubicar, en forma óptima, dentro del territorio nacional las actividades productivas, los
asentamientos humanos, las zonas de uso público y recreativo, las redes de comunicación y
transporte, las áreas silvestres y otras obras vitales de infraestructura, como unidades energéticas
y distritos de riego y avenamiento.





b) Servir de guía para el uso sostenible de los elementos del ambiente.





c) Equilibrar el desarrollo sostenible de las diferentes zonas del país.





d) Promover la participación activa de los habitantes y la sociedad organizada, en la elaboración y
la aplicación de los planes de ordenamiento territorial y en los planes reguladores de las ciudades,
para lograr el uso sostenible de los recursos naturales.





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Artículo 30.- Criterios para el ordenamiento. Para el ordenamiento del territorio nacional, se
considerarán, entre otros, los siguientes criterios:





a) El respeto por las características culturales, históricas y sociales de las poblaciones humanas
involucradas y su distribución actual sobre el territorio.





b) Las proyecciones de población y recursos.





c) Las características de cada ecosistema.





d) Los recursos naturales, renovables y no renovables, las actividades económicas predominantes, la
capacidad de uso de los suelos y la zonificación por productos y actividades agropecuarias, en razón
de consideraciones ecológicas y productivas.





e) El efecto de las actividades humanas y los fenómenos naturales sobre el ambiente.





f) El equilibrio que necesariamente debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones
ambientales.





g) La diversidad del paisaje.





h) La infraestructura existente.





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Artículo 31.- Desarrollo urbanístico. Para lo dispuesto en el artículo 29 anterior, se promoverá el
desarrollo y el reordenamiento de las ciudades, mediante el uso intensivo del espacio urbano, con el
fin de liberar y conservar recursos para otros usos o para la expansión residencial futura.





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CAPITULO VII





Áreas silvestres protegidas





Artículo 32.- Clasificación de las áreas silvestres protegidas. El Poder Ejecutivo, por medio del
Ministerio del Ambiente y Energía, podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de
las categorías de manejo que se establezcan y en las que se señalan a continuación:





a) Reservas forestales.





b) Zonas protectoras.





c) Parques nacionales.





d) Reservas biológicas.





e) Refugios nacionales de vida silvestre.





f) Humedales.





g) Monumentos naturales.





Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del
Ambiente y Energía, salvo las establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben
colaborar en la preservación de estas áreas.





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Artículo 33.- Monumentos naturales. Se crean los monumentos naturales como áreas que contengan uno o
varios elementos naturales de importancia nacional. Consistirán en lugares u objetos naturales que,
por su carácter único o excepcional, su belleza escénica, o su valor científico, se resuelva
incorporarlos a un régimen de protección. Los monumentos naturales serán creados por el Ministerio
del Ambiente y Energía y administrados por las municipalidades respectivas.





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Artículo 34.- Medidas preventivas. En las áreas silvestres protegidas propiedad del Estado,
corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía, adoptar medidas adecuadas para prevenir o
eliminar, tan pronto como sea posible, el aprovechamiento o la ocupación en toda el área y para
hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado su
establecimiento.





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Artículo 35.- Objetivos. La creación, la conservación, la administración, el desarrollo y la
vigilancia de las áreas protegidas, tendrán como objetivos:





a) Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y de
los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos
evolutivos y ecológicos.





b) Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad
evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.





c) Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la activa participación
de las comunidades vecinas.





d) Promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, así como el
conocimiento y las tecnologías que permitan el uso sostenible de los recursos naturales del país y
su conservación.





e) Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y evitar el
impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo.





f) Proteger los entornos naturales y paisajísticos de los sitios y centros históricos y
arquitectónicos, de los monumentos nacionales, de los sitios arqueológicos y de los lugares de
interés histórico y artístico, de importancia para la cultura y la identidad nacional.





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Artículo 36.- Requisitos para crear nuevas áreas. Para crear áreas silvestres protegidas propiedad
del Estado, cualquiera sea la categoría de manejo que él establezca, deberá cumplirse previamente
con lo siguiente:





a) Estudios preliminares fisiogeográficos, de diversidad biológica y socioeconómicos, que la
justifiquen.





b) Definición de objetivos y ubicación del área.





c) Estudio de factibilidad técnica y tenencia de la tierra.





d) Financiamiento mínimo para adquirir el área, protegerla y manejarla.





e) Confección de planos.





f) Emisión de la ley o el decreto respectivo.





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Artículo 37.- Facultades del Poder Ejecutivo. Al establecer áreas silvestres protegidas, cualquiera
sea su categoría de manejo, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía,
queda facultado para incluir, dentro de sus límites, las fincas o partes de fincas particulares
necesarias para cumplir con los objetivos señalados en esta ley y para instrumentarlos de acuerdo
con el respectivo plan de manejo o crear las servidumbres legales para la protección ecológica y el
cumplimiento de la presente ley.





Cuando se trate de parques nacionales, reservas biológicas o refugios nacionales de vida silvestre
estatales, los terrenos serán adquiridos por compra, expropiación o ambos procedimientos, previa
indemnización. En los casos de reservas forestales, zonas protectoras, refugios de vida silvestre
mixtos y humedales, los predios o sus partes también podrán comprarse o expropiarse, salvo que, por
requerimiento del propietario, se sometan voluntariamente al régimen forestal. Esa sujeción será
inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como una afectación al inmueble, que se mantendrá
durante el tiempo establecido en el plan de manejo.





Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques
nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas
protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del
momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan
al Régimen Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida
silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las
áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto
ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos.





(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 72, inciso c) de la Ley Forestal, N° 7575 del 13
de febrero de 1996, que a su vez fue reformado por el 114 de la Ley de Biodiversidad, N° 7788 de 30
de abril de 1998)





Se faculta al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, realice las
expropiaciones, contempladas en este artículo, de conformidad con lo establecido en la Ley de
expropiaciones No. 7495, del 3 de mayo de 1995.





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Artículo 38.- Reducción de las áreas silvestres protegidas. La superficie de las áreas silvestres
protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá
reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta
medida.





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CAPITULO VIII





Recursos marinos, costeros y humedales





Artículo 39.- Definición de recursos marinos y costeros. Se entiende por recursos marinos y
costeros, las aguas del mar, las playas, los playones y la franja del litoral, las bahías, las
lagunas costeras, los manglares, los arrecifes de coral, los pastos marinos, es decir praderas de
fanerógamas marinas, los estuarios, las bellezas escénicas y los recursos naturales, vivos o no,
contenidos en las aguasdel mar territorial y patrimonial, la zona contigua, la zona económica
exclusiva, la plataforma continental y su zócalo insular.





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Artículo 40.- Definición de humedales. Los humedales son los ecosistemas con dependencia de
regímenes acuáticos, naturales o artificiales, permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces,
salobres o salados, incluyendo las extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas
marinas o arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea baja.





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Artículo 41.- Interés público. Se declaran de interés público los humedales y su conservación, por
ser de uso múltiple, estén o no estén protegidos por las leyes que rijan esta materia.





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Artículo 42.- Delimitación de zonas protegidas. El Ministerio del Ambiente y Energía, en
coordinación con las instituciones competentes, podrá delimitar zonas de protección de determinadas
áreas marinas, costeras y humedales, las cuales se sujetarán a planes de ordenamiento y manejo, a
fin de prevenir y combatir la contaminación o la degradación de estos ecosistemas.





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Artículo 43.- Obras e infraestructura. Las obras o la infraestructura se construirán de manera que
no dañen los ecosistemas citados en los artículos 51 y 52 de esta ley. De existir posible daño,
deberá realizarse una evaluación de impacto ambiental.





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Artículo 44.- Obligatoriedad de la evaluación. Para realizar actividades que afecten cualquiera de
los ecosistemas citados en los artículos 51 y 52 de esta ley o amenacen la vida dentro de un hábitat
de esa naturaleza, el Ministerio del Ambiente y Energía exigirá al interesado una evaluación de
impacto ambiental.





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Artículo 45.- Prohibición. Se prohíben las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales
de los ecosistemas de humedal, como la construcción de diqueque eviten el flujo de aguas marinas o
continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro
y la eliminación de tales ecosistemas.





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CAPITULO IX





Diversidad biológica





Artículo 46.- Soberanía del Estado sobre la diversidad biológica. El Estado ejercerá la soberanía
sobre la diversidad biológica, como parte de su patrimonio natural. Son de interés público las
actividades destinadas a conservar, mejorar y, en lo posible, a recuperar la diversidad biológica
del territorio nacional; también las dirigidas a asegurar su uso sostenible. Para ejecutarlas, se
tomarán en cuenta los parámetros definidos por el Poder Ejecutivo, así como los siguientes
criterios:





a) La protección y la conservación de los ecosistemas naturales, la diversidad de las especies, la
diversidad genética en el territorio nacional y la vigilancia de las zonas de reproducción.





b) El manejo de la diversidad biológica integrado a la planificación de cualquier actividad relativa
a los elementos del ambiente.





c) La protección y el desarrollo de técnicas reproductoras de especies endémicas, en peligro o en
vías de extinción, para recuperar su estabilidad poblacional.





d) El uso de la investigación y la monitoria para definir estrategias y programas de protección y
manejo de los hábitat o las especies.





e) La promoción del fortalecimiento y el fomento de estaciones biológicas para el estudio, la
recuperación y el repoblamiento de especies silvestres de flora y fauna.





f) La reproducción controlada de especies silvestres con fines científicos, sociales y económicos.





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Artículo 47.- Actividades de interés público. La investigación, la explotación y la comercialización
de la diversidad biológica deberán reconocerse como actividades de interés público. La explotación y
la comercialización de la flora y la fauna silvestres como bienes de dominio público, serán
reguladas por el Estado.





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CAPITULO X





Recurso forestal





Artículo 48.- Deber del Estado. Es obligación del Estado conservar, proteger y administrar el
recurso forestal. Para esos efectos, la ley que se emita deberá regular lo relativo a la producción,
el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de estos recursos, garantizando su uso
sostenible, así como la generación de empleo y el mejoramiento del nivel de vida de los grupos
sociales directamente relacionados con las actividades silviculturales.





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CAPITULO XI





Aire





Artículo 49.- Utilización. El aire es patrimonio común y debe utilizarse sin lesionar el interés
general de los habitantes de la Nación. Para tal fin,





a) La calidad del aire, en todo el territorio nacional, debe satisfacer, por lo menos, los niveles
permisibles de contaminación fijados por las normas correspondientes.





b) Las emisiones directas o indirectas, visibles o invisibles, de contaminantes atmosféricos, parti-
cularmente los gases de efecto invernadero y los que afecten la capa de ozono, deben reducirse y
controlarse, de manera que se asegure la buena calidad del aire.





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CAPITULO XII





Agua





Artículo 50.- Dominio público del agua. El agua es de dominio público, su conservación y uso
sostenible son de interés social.





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Artículo 51.- Criterios. Para la conservación y el uso sostenible del agua, deben aplicarse, entre
otros, los siguientes criterios:





a) Proteger, conservar y, en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que
intervienen en el ciclo hidrológico.





b) Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico.





c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas
hidrográficas.





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Artículo 52.- Aplicación de criterios. Los criterios mencionados en el artículo anterior, deben
aplicarse:





a) En la elaboración y la ejecución de cualquier ordenamiento del recurso hídrico.





b) En el otorgamiento de concesiones y permisos para aprovechar cualquier componente del régimen
hídrico.





c) En el otorgamiento de autorizaciones para la desviación, el trasvase o la modificación de cauces.





d) En la operación y la administración de los sistemas de agua potable, la recolección, la
evacuación y la disposición final de aguas residuales o de desecho, que sirvan a centros de
población e industriales.





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Artículo 52 bis.-Zonas protectoras. Las zonas protectoras son áreas silvestres protegidas, cuyos
objetivos principales son la regulación del régimen hidrológico y la protección del suelo y las
cuencas hidrográficas, así como la preservación de las áreas de recarga acuífera y las fuentes de
agua y la necesidad de asegurar el abastecimiento poblacional de agua para las actuales y futuras
generaciones.





(Así adicionado por el artículo 3° de la Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo
humano y construcción de obras conexas en el Patrimonio Natural del Estado, N° 9590 del 3 de julio
de 2018)





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CAPITULO XIII





Suelo





Artículo 53.- Criterios. Para proteger y aprovechar el suelo, se considerarán, entre otros, los
siguientes criterios:





a) La relación adecuada entre el uso potencial y la capacidad económica del suelo y el subsuelo.





b) El control de prácticas que favorezcan la erosión y otras formas de degradación.





c) Las prácticas u obras de conservación de suelos y aguas que prevengan el deterioro del suelo.





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Artículo 54.- Aplicación de criterios. Los criterios para proteger y aprovechar el suelo se
considerarán:





a) En la determinación de usos, reservas y destinos del suelo.





b) En los servicios de apoyo, de naturaleza crediticia, técnica o investigativa, que otorgue la
Administración Pública a las actividades ligadas al uso del suelo.





c) En los planes, los programas y los proyectos de conservación y uso de los suelos.





d) En el otorgamiento, la modificación, la suspensión o la revocación de permisos, concesiones o
cualquier otro tipo de autorización sobre el aprovechamiento del suelo y del subsuelo.





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Artículo 55.- Restauración de suelos. El Estado deberá fomentar la ejecución de planes de
restauración de suelos en el territorio nacional.





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CAPITULO XIV





Recursos energéticos





Artículo 56.- Papel del Estado. Los recursos energéticos constituyen factores esenciales para el
desarrollo sostenible del país. El Estado mantendrá un papel preponderante y dictará las medidas
generales y particulares, relacionadas con la investigación, la exploración, la explotación y el
desarrollo de esos recursos, con base en lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.





Ficha articulo





Artículo 57.- Aprovechamiento de recursos. El aprovechamiento de los recursos energéticos deberá
realizarse en forma racional y eficiente, de tal forma que se conserve y proteja el ambiente.





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Artículo 58.- Fuentes energéticas alternas. Para propiciar un desarrollo económico sostenible, la
autoridad competente evaluará y promoverá la exploración y la explotación de fuentes alternas de
energía, renovables y ambientalmente sanas.





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CAPITULO XV





Contaminación





Artículo 59.- Contaminación del ambiente. Se entiende por contaminación toda alteración o
modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos
naturales o afectar el ambiente en general de la Nación. La descarga y la emisión de contaminantes,
se ajustará, obligatoriamente, a las regulaciones técnicas que se emitan. El Estado adoptará las
medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental.





Ficha articulo





Artículo 60.- Prevención y control de la contaminación. Para prevenir y controlar la contaminación
del ambiente, el Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, darán prioridad,
entre otros, al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la
salud ambiental, tales como:





a) El abastecimiento de agua para consumo humano.





b) La disposición sanitaria de excretas, aguas servidas y aguas pluviales.





c) La recolección y el manejo de desechos.





d) El control de contaminación atmosférica.





e) El control de la contaminación sónica.





f) El control de sustancias químicas y radiactivas.





Estos servicios se prestarán en la forma que las leyes y los reglamentos específicos lo determinen,
procurando la participación de la población y sus organizaciones.





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Artículo 61.- Contingencias ambientales. La autoridad competente dictará las medidas preventivas y
correctivas necesarias cuando sucedan contingencias por contaminación ambiental y otras que no estén
contempladas en esta ley.





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Artículo 62.- Contaminación atmosférica. Se considera contaminación de la atmósfera la presencia en
ella y en concentraciones superiores a los niveles permisibles fijados, de partículas sólidas,
polvo, humo, vapor, gases, malos olores, radiaciones, ruidos, ondas acústicas imperceptibles y otros
agentes de contaminación que el Poder Ejecutivo defina como tales en el reglamento.





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Artículo 63.- Prevención y control del deterioro de la atmósfera. Para evitar y controlar el
deterioro atmosférico, el Poder Ejecutivo, previa consulta con los organismos representativos del
sector productivo, emitirá las normas técnicas correspondientes y exigirá la instalación y operación
de sistemas y equipos adecuados para prevenir, disminuir y controlar las emisiones que sobrepasen
los límites permisibles.





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Artículo 64.- Prevención de la contaminación del agua. Para evitar la contaminación del agua, la
autoridad competente regulará y controlará que el manejo y el aprovechamiento no alteren la calidad
y la cantidad de este recurso, según los límites fijados en las normas correspondientes.





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Artículo 65.- Tratamiento de aguas residuales. Las aguas residuales de cualquier origen deberán
recibir tratamiento antes de ser descargadas en ríos, lagos, mares y demás cuerpos de agua; además,
deberán alcanzar la calidad establecida para el cuerpo receptor, según su uso actual y potencial y
para su utilización futura en otras actividades.





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Artículo 66.- Responsabilidad del tratamiento de los vertidos. En cualquier manejo y aprovechamiento
de agua susceptibles de producir contaminación, la responsabilidad del tratamiento de los vertidos
corresponderá a quien produzca la contaminación. La autoridad competente determinará la tecnología
adecuada y establecerá los plazos necesarios para aplicarla.





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Artículo 67.- Contaminación o deterioro de cuencas hidrográficas. Las personas, físicas o jurídicas,
públicas o privadas, estarán obligadas a adoptar las medidas adecuadas para impedir o minimizar la
contaminación o el deterioro sanitario de las cuencas hidrográficas, según la clasificación de uso
actual y potencial de las aguas.





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Artículo 68.- Prevención de la contaminación del suelo. Es obligación de las personas, físicas o
jurídicas, públicas o privadas, evitar la contaminación del suelo por acumulación, almacenamiento,
recolección, transporte o disposición final inadecuada de desechos y sustancias tóxicas o peligrosas
de cualquier naturaleza.





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Artículo 69.- Disposición de residuos contaminantes. En el manejo y aprovechamiento de los suelos,
debe controlarse la disposición de los residuos que constituyan fuente de contaminación. Las
actividades productivas evitarán descargas, depósitos o infiltración de sustancias o materiales
contaminantes en el suelo.





Cuando no se pueda evitar la disposición de residuos contaminantes deberán acatarse las medidas
correctivas necesarias que determine la autoridad competente. Cuando corresponda, el Estado, las
municipalidades y la empresa privada promoverán la recuperación y el tratamiento adecuado de los
desechos para obtener otros productos o subproductos.





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Artículo 70.-(Derogado por el artículo 59 (actual 64) aparte b) de la ley para la Gestión Integral
de Residuos, N° 8839 del 24 de junio de 2010)





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Artículo 71.- Contaminación visual. Se considerarán contaminación visual, las acciones, obras o
instalaciones que sobrepasen, en perjuicio temporal o permanente del paisaje, los límites máximos
admisibles por las normas técnicas establecidas o que se emitan en el futuro.





El Poder Ejecutivo dictará las medidas adecuadas y promoverá su ejecución mediante los organismos,
los entes públicos y las municipalidades, para prevenir este tipo de contaminación.





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Artículo 72.- Conservación del paisaje. La autoridad competente promoverá que los sectores públicos
y privados participen en la conservación del paisaje. Cuando para realizar una obra se necesite
afectarlo, el paisaje resultante deberá ser, por lo menos, de calidad igual que el anterior.





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CAPITULO XVI





Producción Ecológica





Artículo 73.- Actividad agropecuaria orgánica. Se entenderá por actividad agropecuaria orgánica, la
que emplee métodos y sistemas compatibles con la protección y el mejoramiento ecológico, sin emplear
insumos ni productos de síntesis química.  La agricultura ecológica o biológica es sinónimo de
actividad agropecuaria orgánica.





El Estado promoverá la actividad agropecuaria orgánica, en igualdad de condiciones que la
agricultura y la agroindustria convencional.  El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) será el
ente rector de las políticas para este sector.  Por medio de la dirección respectiva, supervisará y
controlará el cumplimiento de las normas y los procedimientos establecidos para el sector. 
Asimismo, incluirá la inscripción y el control de las agencias de certificación de productos; todo
bajo los términos señalados en la ley especial.





Se impulsarán la investigación científica y la transferencia de tecnología, para que este sector
pueda desarrollarse por la vía privada.  Esta opción contribuirá al desarrollo sostenible, para
detener las consecuencias del mal uso de los agroquímicos, la contaminación ambiental y el deterioro
de los recursos ecológicos. 





(Así reformado mediante el artículo 37 de la ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad
Agropecuaria Orgánica,  N° 8591 del 28 de junio del 2007)





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Artículo 74.- Certificaciones de productos orgánicos. Para calificar un producto como orgánico, si
la finalidad es la exportación, deberá tener una certificación de tercera parte, otorgada por el MAG
o por una agencia nacional o internacional acreditada ante el Estado costarricense.





En caso de que el producto orgánico sea solo para el consumo local, bastará una certificación
participativa, que se comprueba por la relación de confianza entre las personas productoras y las
consumidoras.





El Estado, por medio del MAG, ofrecerá gratuitamente el servicio de inspección, como apoyo a los
requisitos previos de certificación.  Podrá solicitar este apoyo cualquier persona o grupo de
personas micro, pequeñas y medianas productoras orgánicas que, según lo determine el órgano
competente, se ajusten para ello a lo dispuesto en la Ley para el desarrollo, promoción y fomento de
la actividad agropecuaria orgánica, sin importar si su objetivo es producir para el mercado nacional
o para exportar su producción.





Para garantizar la condición orgánica de la producción agropecuaria en fincas o la elaboración de
bienes y productos en plantas industriales, se requerirá el respaldo de un sistema de certificación,
debidamente reconocido de acuerdo con lo establecido en la Ley indicada en el párrafo anterior.  En
el procesamiento o la elaboración de bienes orgánicos, tanto las materias primas como los aditivos y
componentes secundarios, deberán estar igualmente certificados. 





(Así reformado mediante el artículo 37 de la ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad
Agropecuaria Orgánica,  N° 8591 del 28 de junio del 2007)





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Artículo 75.-Productos orgánicos en transición. Para calificar como orgánico un producto agrícola o
una parcela, no se le deben haber aplicado productos de síntesis química por lo menos durante tres
años.





Si se pretende que un producto agrícola o una parcela que no sean orgánicos sean dedicados a este
tipo de producción, podrá calificarse solo como producto en transición durante los siguientes tres
años, siempre y cuando cumpla los requisitos dispuestos por la ley y los reglamentos y se sigan las
normas dictadas por los organismos nacionales e internacionales de producción orgánica.  Pasado este
período, la parte interesada podrá efectuar gestiones ante la autoridad correspondiente, para que
certifique que la producción es orgánica.





Si la persona que produce productos orgánicos demuestra que no se han aplicado agroquímicos en los
tres años previos, la producción podrá certificarse como orgánica en forma inmediata, sin tener que
ser declarada antes "en transición".





Podrá decretarse un período inferior a tres años, según las especificaciones técnicas que
diferencian los cultivos de ciclo corto y anuales, los distintos efectos residuales del producto de
síntesis química que se haya aplicado antes de iniciar la producción orgánica, o bien, las
condiciones agroecológicas particulares.  En estos casos, los criterios técnicos deberán tomar en
consideración las normas dictadas por los organismos internacionales relacionados con la producción
agropecuaria orgánica. 





(Así reformado mediante el artículo 37 de la ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad
Agropecuaria Orgánica,  N° 8591 del 28 de junio del 2007)





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Artículo 76.-(Derogado por el artículo 41 inciso a)  de la ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de
la Actividad Agropecuaria Orgánica, N° 8591 del 28 de junio del 2007. No obstante;  el artículo 37
de la misma ley lo había reformado.  La modificación de dicho texto indicaba que se leyera de la
siguiente manera:





"Artículo 76.-"Comisión Nacional de la Actividad Agropecuaria Orgánica. Créase la Comisión Nacional
de la Actividad Agropecuaria Orgánica, como órgano asesor del MAG.  Estará integrada por los
siguientes miembros honorarios: 





a) Un representante del MAG, quien la presidirá.





b) Un representante de las universidades estatales, con experiencia en la transferencia de
tecnología para la actividad agropecuaria orgánica y vinculado con ella.





c) Tres representantes de las organizaciones de productores orgánicos de Costa Rica, con los
requisitos para calificar como tales, de acuerdo con la normativa de la presente Ley y su
Reglamento.





d) Un representante de las organizaciones no gubernamentales que desarrollen proyectos o programas
para fomentar la actividad agropecuaria orgánica.





e) Un representante de las agencias de certificación orgánica acreditadas ante la instancia
correspondiente del MAG")





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CAPITULO XVII





Organización administrativa





Artículo 77.- Creación del Consejo Nacional Ambiental. Se crea el Consejo Nacional Ambiental como
órgano deliberativo y de consulta, con funciones de asesoramiento al Presidente de la República en
materia ambiental.





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Artículo 78.- Funciones. Serán funciones del Consejo Nacional Ambiental las siguientes:





a) Analizar, preparar y recomendar las políticas generales para el uso sostenible de los recursos
naturales y del ambiente en general, así como las acciones de gobierno relativas a esos campos.





b) Recomendar las políticas ambientales dentro de los procesos de planificación para el desarrollo,
con el fin de asegurar la conservación del entorno global.





c) Promover el desarrollo de sistemas y medios que garanticen la conservación de los elementos del
ambiente, para integrarlos al proceso de desarrollo sostenible, con la participación organizada de
las comunidades.





d) Recomendar e impulsar políticas de desarrollo acordes con los principios establecidos en esta
ley, para incorporar la variable ambiental en el proceso de desarrollo socioeconómico en corto,
mediano y largo plazo.





e) Proponer y promover las políticas para el desarrollo de investigaciones científicas y
tecnológicas, orientadas al uso sostenible de los elementos ambientales.





f) Conocer y aprobar los informes y el programa anual de trabajo de la Secretaría Ejecutiva del
Consejo.





g) Promover las reformas jurídicas pertinentes en materia ambiental.





h) Preparar el informe anual sobre el estado del ambiente costarricense.





i) Dictar su reglamento.





j) Las labores necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines.





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Artículo 79.- Integración. El Consejo Nacional Ambiental estará integrado por:





a) El Presidente de la República o, en su representación, el Ministro de la Presidencia, quien lo
presidirá.





b) El Ministro de Planificación Nacional y Política Económica.





c) El Ministro del Ambiente y Energía.





d) El Ministro de Salud.





e) El Ministro de Agricultura y Ganadería.





f) El Ministro de Educación Pública.





 g) El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones(*).





(*)(Modificada la denominación del inciso anterior por el artículo 11 de la Ley "Traslado del sector
Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia
y Tecnología, N° 9046 del 25 de junio de 2012)





            Para cumplir con sus fines, el Consejo podrá convocar la participación de cualquier otro
ministro, asesor, consejero presidencial o jerarca de entes descentralizados o empresas públicas.





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Artículo 80.- Sesiones. El Consejo se reunirá ordinariamente una vez al mes y, extraordinariamente,
cuando el Presidente lo convoque. Se levantará un acta de los asuntos tratados en cada sesión.





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Artículo 81.- Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del Consejo le corresponderá al Ministro
del Ambiente y Energía, quien fijará las agendas, dará seguimiento a los acuerdos adoptados por el
Consejo y los evaluará permanentemente. Asimismo, apoyará a los demás miembros en la preparación de
ponencias y materiales técnicos que sustenten los asuntos por tratar.





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Artículo 82.- Funciones de la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del Consejo tendrá las
siguientes funciones:





a) Velar por la ejecución y el cumplimiento de las políticas generales y los demás acuerdos
adoptados por el Consejo en el cumplimiento de sus funciones.





b) Coordinar las acciones tendientes a la formulación y ejecución de programas que, en materia
ambiental, desarrollen los entes y los órganos del Estado.





c) Informar al Consejo sobre el avance de las acciones en materia ambiental, desarrolladas por los
entes y órganos del Estado.





d) Elaborar los informes y el programa anual de trabajo de la Secretaría Ejecutiva y someterlos
oportunamente al conocimiento y la aprobación del Consejo.





e) Confeccionar y llevar las actas del Consejo.





f) Cualesquiera otras necesarias asignadas por el Consejo, de conformidad con la ley.





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Artículo 83.- Creación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Se crea la Secretaría Técnica
Nacional Ambiental, como órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía,
cuyo propósito fundamental será entre otros armonizar el impacto ambiental con los procesos
productivos.





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Artículo 84.- Funciones de la Secretaría Técnica. Las funciones de la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental son las siguientes:





a) Analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los plazos previstos por
la Ley General de la Administración Pública.





b) Recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio, así como las
técnicamente convenientes para recuperarlo.





c) Atender e investigar las denuncias que se le presenten en lo relativo a la degeneración o al daño
ambiental.





d) Realizar las inspecciones de campo correspondientes antes de emitir sus acuerdos.





e) Aprobar y presentar informes de labores al Ministro del Ambiente y Energía, en su calidad de
Secretario Ejecutivo del Consejo.





f) Elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental, así
como gestionar su disposición y divulgación.





g) Recomendar, al Consejo, mediante el Ministro del Ambiente y Energía, las políticas y los
proyectos de ley sobre el ambiente, surgidos de los sectores de la actividad gubernamental.





h) Fijar los montos de las garantías para cumplir con las obligaciones ambientales, los cuales
deberán depositar los interesados, con la debida periodicidad y el monto de los tratos.





Para rendir esas garantías, se estará a lo dispuesto en el reglamento de la Contratación
Administrativa.





i) Realizar labores de monitoria y velar por la ejecución de las resoluciones.





j) Establecer fideicomisos, según lo estipulado en el inciso d) del artículo 93 de esta ley.





k) Cualesquiera otras funciones necesarias para cumplir con sus fines.





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Artículo 85.- Integración de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental estará
integrada por los siguientes miembros:





a) Un representante del Ministro del Ambiente y Energía, quien será el Secretario General.





b) Un representante del Ministerio de Salud, con especialidad en ingeniería sanitaria.





c) Un representante del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con especialidad en
hidrología.





d) Un representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con especialidad en agronomía.





e) Un representante del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con especialidad en ingeniería
civil.





f) Un representante del Instituto Costarricense de Electricidad, con especialidad en desarrollo
energético.





g) Un representante de las universidades estatales, con especialidad en biología.





Se autoriza a las instituciones enumeradas en este artículo, para que puedan destacar
permanentemente a su representante en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Cuando lo requiera,
esta Secretaría podrá solicitar ayuda técnica a otras instituciones del Estado.





Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de sus miembros.





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Artículo 86.- Eficiencia. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberá responder a las
necesidades de eficiencia y eficacia en el análisis de las evaluaciones de impacto ambiental, de
conformidad con las normas específicas, viables y funcionales para la conservación del ambiente
orientada hacia el desarrollo sostenible.





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Artículo 87.- Recursos. Cabrá recurso de revocatoria contra los acuerdos firmes de la Secretaría
Técnica Nacional Ambiental y de apelación ante el Ministro del Ambiente y Energía, de conformidad
con lo establecido por la Ley General de la Administración Pública.





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Artículo 88.- Reglamentación y funcionarios. Los integrantes de la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental serán funcionarios de tiempo completo, con dedicación exclusiva y prohibición para el
ejercicio de sus actividades personales, profesionales o particulares. Serán nombrados por seis años
y deberán dividirse en dos grupos para que la mitad de sus miembros se elija en el medio período.
Sus deliberaciones y resoluciones se adoptarán en comisión plenaria, de conformidad con el
reglamento de funcionamiento interno que el Poder Ejecutivo emitirá en el plazo de tres meses,
contados a partir de la vigencia de esta ley. Su remoción sólo podrá ser acordada cuando exista
falta grave o incumplimiento de lo que establecen esta u otras leyes.





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Artículo 89.- Inspecciones. Los miembros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán
realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
en la materia, así como de las resoluciones que dicte esta Secretaría. Estas inspecciones deberán
efectuarse periódicamente o cuando las autoridades competentes lo consideren conveniente. De todas
las inspecciones se levantará un acta.





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Artículo 90.- Deberes y derechos laborales de los miembros. Los miembros de la Secretaría Técnica
Nacional Ambiental estarán sujetos a las mismas obligaciones y gozarán de los mismos derechos
laborales que la institución a la cual pertenecen.





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Artículo 91.- Aporte de recursos. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental contará con una unidad
técnica-administrativa y las instituciones representadas en la Secretaría deberán aportar recursos
humanos y logísticos para su funcionamiento normal. Para ello, deberán efectuar las reservas
presupuestarias correspondientes.





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CAPITULO XVIII





Financiamiento





Artículo 92.- Presupuesto para la Secretaría Técnica. Para cumplir con los fines de esta ley, el
Poder Ejecutivo incluirá, en el Presupuesto Nacional de la República, las reservas presupuestarias
requeridas para el funcionamiento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.





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Artículo 93.- Creación del Fondo Nacional Ambiental. Para alcanzar los fines de esta ley y financiar
el desarrollo de los programas de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se crea el Fondo
Nacional Ambiental, cuyos recursos los constituirán:





a) Legados y donaciones.





b) Contribuciones de organismos nacionales e internacionales, privados o públicos, de acuerdo con
los respectivos convenios.





c) Garantías de cumplimiento ejecutadas, que se perciban con base en lo establecido en esta ley.





d) Fondos puestos en fideicomiso, provenientes de convenios de préstamos internacionales para
financiar actividades o proyectos relacionados con el ambiente.





e) Ingresos procedentes de la venta de guías de evaluación de impacto ambiental, publicaciones y
demás documentos necesarios para cumplir con los fines de la presente ley.





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Artículo 94.- Utilización de los recursos. Los recursos del Fondo podrán utilizarse para contratar
servicios personales en forma temporal, y servicios no personales; adquirir materiales, suministros,
maquinarias, equipo, vehículos, repuestos y accesorios; comprar inmuebles y pagar por
construcciones, adiciones, mejoras, transferencias corrientes de capital y asignaciones globales y,
en general, para desarrollar los programas de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; así como
para sufragar los costos en que incurra la autoridad competente al realizar las obras o las
actividades a las que se refiere el artículo 97 de esta ley.





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Artículo 95.- Administración y supervisión del Fondo. Las sumas recaudadas serán remitidas a la caja
única del Estado. El Ministerio del Ambiente y Energía, por medio de la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental, deberá presentar anualmente, al Ministerio de Hacienda, el anteproyecto de presupuesto de
esos recursos, para cumplir con la programación de gastos corrientes de capital y objetivos fijados
en esta ley.





En forma trimestral, el Ministerio de Hacienda realizará las transferencias o los desembolsos de la
totalidad de los recursos recaudados al Fondo Nacional Ambiental.





En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente, el Ministerio del Ambiente y
Energía, por medio de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, requerirá al Tesorero Nacional o, en
su defecto, a su superior, para que cumpla con esta disposición. De no proceder, responderá
personalmente y le será aplicable lo dispuesto en el artículo 330 del Código Penal.





Los ingresos que, según dispone esta ley, forman parte del Fondo Nacional Ambiental, serán
depositados en un fondo patrimonial del Sistema Bancario Nacional.





Para cumplir con las funciones señaladas en esta ley, ese Ministerio, mediante la Secretaría Técnica
Nacional Ambiental, podrá suscribir los contratos de administración que requiera.





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Artículo 96.- Depósito de los fondos. Los recursos que no sean utilizados en el período vigente se
constituirán en superávit del Fondo y podrán emplearse, mediante modificación presupuestaria, según
los objetivos fijados en esta ley.





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Artículo 97.- Autorización para contribuir. Se autoriza a las instituciones del Estado y a las
municipalidades para incluir, en sus presupuestos, las partidas anuales que estimen convenientes con
el propósito de contribuir a los programas y proyectos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.





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CAPITULO XIX





Sanciones





Artículo 98.- Imputación por daño al ambiente. El daño o contaminación al ambiente puede producirse
por conductas de acción u omisión y les son imputables a todas las personas físicas o jurídicas que
la realicen.





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Artículo 99.- Sanciones administrativas. Ante la violación de las normativas de protección ambiental
o ante conductas dañinas al ambiente claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública
aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones:





a) Advertencia mediante la notificación de que existe un reclamo.





b) Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios y una vez comprobados.





c) Ejecución de la garantía de cumplimiento, otorgada en la evaluación de impacto ambiental.





d) Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que originan
la denuncia.





e) Clausura total o parcial, temporal o definitiva, de los actos o hechos que provocan la denuncia.





f) Cancelación parcial, total, permanente o temporal, de los permisos, las patentes, los locales o
las empresas que provocan la denuncia, el acto o el hecho contaminante o destructivo.





g) Imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la diversidad
biológica.





h) Modificación o demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente.





i) Alternativas de compensación de la sanción, como recibir cursos educativos oficiales en materia
ambiental; además, trabajar en obras comunales en el área del ambiente.





Estas sanciones podrán imponerse a particulares o funcionarios públicos, por acciones u omisiones
violatorias de las normas de esta ley, de otras disposiciones de protección ambiental o de la
diversidad biológica.





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Artículo 100.- Legislación aplicable. La legislación penal, el Código Penal y las leyes especiales
establecerán las figuras delictivas correspondientes para proteger el ambiente y la diversidad
biológica.





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Artículo 101.- Responsabilidad de los infractores. Sin perjuicio de las responsabilidades de otra
naturaleza que les puedan resultar como partícipes en cualquiera de sus formas, los causantes de las
infracciones a la presente ley o a las que regulan la protección del ambiente y la diversidad
biológica, sean personas físicas o jurídicas, serán civil y solidariamente responsables por los
daños y perjuicios causados. Solidariamente, también responderán los titulares de las empresas o las
actividades donde se causen los daños, ya sea por acción o por omisión.





Igual responsabilidad corresponderá a los profesionales y los funcionarios públicos que suscriban
una evaluación de impacto ambiental contra las disposiciones legales o las normas técnicas
imperantes o no den el seguimiento debido al proceso, originando un daño al ambiente o a la
diversidad biológica.





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CAPITULO XX





El contralor ambiental





Artículo 102.- Contralor del Ambiente. Se crea el cargo de Contralor del Ambiente, adscrito al
despacho del Ministro del Ambiente y Energía, quien lo nombrará. Su tarea será vigilar la aplicación
correcta de los objetivos de esta ley y de las que, por su naturaleza, le correspondan.





Estará obligado a denunciar cualquier violación de esta ley y las conexas, ante la Procuraduría
Ambiental y de la Zona marítimo terrestre, así como ante el Ministerio Público.





Ficha articulo





CAPITULO XXI





Tribunal ambiental administrativo





Artículo 103.- Creación del Tribunal Ambiental Administrativo. Se crea un Tribunal Ambiental
Administrativo, con sede en San José y competencia en todo el territorio nacional.





Será un órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Energía, con competencia exclusiva e
independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. Sus fallos agotan la vía administrativa
y sus resoluciones serán de acatamiento estricto y obligatorio.





Ficha articulo





Artículo 104- Integración del Tribunal. El Tribunal Ambiental Administrativo estará integrado por
tres miembros propietarios y tres suplentes, todos de nombramiento del Consejo Nacional Ambiental,
por un periodo de seis años. Serán juramentados por el presidente de este Consejo.





Dichos jueces tramitarán los expedientes que se les asigne según corresponda de manera unipersonal.





(Así reformado por el artículo único de la ley N° 10021 del 24 de setiembre de 2021)





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Artículo 105- Requisitos de los miembros del Tribunal. Para ser miembro del Tribunal Ambiental
Administrativo se requiere ser una persona profesional en derecho, debidamente colegiada, con
experiencia en materia ambiental.





Los miembros deben trabajar a tiempo completo y ser personas que, en razón de sus antecedentes,
títulos profesionales y reconocida competencia en la materia, sean garantía de imparcialidad y
acierto en el desempeño de sus funciones.





Anualmente, este Tribunal elegirá de su seno un presidente, un vicepresidente y un secretario. El
reglamento interno regulara su reposición por parte de los suplentes.





(Así reformado por el artículo de la ley N° 10021 del 24 de setiembre de 2021)





Ficha articulo





Artículo 106.- Principios jurídicos. El Tribunal Ambiental Administrativo deberá realizar sus
funciones sujeto a los principios de oralidad, oficialidad, celeridad e inmediación de la prueba.
Deberá ajustar su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidos en el
presente código y, supletoriamente, a la Ley General de la Administración Pública, Libro Segundo,
Capítulo "Del Procedimiento Ordinario".





Ficha articulo





Artículo 107- Contenido de la denuncia





La denuncia deberá contener:





a) El nombre completo y el número de documento de identificación del denunciante.





b) El nombre completo, el número de documento de identificación y la dirección del denunciado, si se
conoce.





c) La dirección exacta de donde ocurrieron los hechos contra el ambiente.





d) La descripción detallada de los hechos o los actos cometidos contra el ambiente.





e) Las pruebas que fundamentan las conductas contra el ambiente, o indicación de ellas, si las
hubiera.





f) El correo electrónico, el número de fax o, en su defecto, la dirección exacta para recibir
futuras notificaciones del denunciante. En caso de no cumplirse con este requisito se aplicará la
notificación automática, de conformidad con el artículo 11 de la Ley N.° 8667, Notificaciones
Judiciales, 4 de diciembre de 2008.





Ante el incumplimiento de los incisos e) y d) se prevendrá por una única vez su cumplimiento, so
pena de archivar el expediente.





(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9684 del 13 de mayo del 2019)





Ficha articulo





Artículo 108- Procedimiento del Tribunal





Al recibir la denuncia, el Tribunal identificará al denunciante y siempre oirá a la persona a quien
pueda afectar el resultado de la denuncia, salvo si la gravedad del hecho denunciado amerita tomar
medidas inmediatas. Posteriormente, podrá notificar el resultado.





El Tribunal Ambiental Administrativo recabará la prueba necesaria para averiguar la verdad real de
los hechos denunciados.





Esta etapa de investigación, correspondiente a la solicitud de informes e inspecciones, estará a
cargo del abogado tramitador.





Las partes o sus representantes y sus abogados tendrán acceso a las actuaciones relativas a la
denuncia tramitada ante el Tribunal Ambiental Administrativo, inclusive a las actas donde consta la
investigación de las infracciones. Podrán consultarlas sin más exigencia que la justificación de su
identidad o personería.





(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9684 13 de mayo del 2019)





Ficha articulo





Artículo 109- Información solicitada por el Tribunal





El Tribunal Ambiental Administrativo podrá solicitar informes y asesorarse por cualquier órgano o
ente público nacional, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, personas
físicas o jurídicas, o entes públicos no estatales, cuando el caso planteado en la denuncia así lo
amerite. También podrá solicitar informes, colaboración y asesoramiento de órganos y dependencias
del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).





(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9684 del 13 de mayo del 2019)





Ficha articulo





Artículo 110.- Celeridad del trámite. De oficio, el Tribunal Ambiental Administrativo deberá
impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su competencia, con la rapidez requerida
por la situación afectada.





El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá
ampliarse hasta por treinta días más.





Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida.





Ficha articulo





Artículo 111- Competencia del Tribunal. El Tribunal Ambiental Administrativo será competente para:





a) Conocer y resolver, en sede administrativa, de oficio o a instancia de parte las denuncias
establecidas referentes a comportamientos activos y omisos contra todas las personas, públicas o
privadas, por violaciones a la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales que puedan
generar daño ambiental.





b) Establecer, en vía administrativa, las indemnizaciones que puedan originarse en relación con los
daños ambientales producidos por violaciones de la legislación tutelar del ambiente y los recursos
naturales.





c) Las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo serán irrecurribles y darán por agotada la
vía administrativa.





d) Establecer las multas, en sede administrativa, por infracciones a la Ley para la Gestión Integral
de Residuos y cualquier otra ley que así lo establezca.





Las infracciones a la legislación ambiental, que no sean competencia del Tribunal Ambiental
Administrativo, serán de conocimiento de:





1) El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y la Contraloría Ambiental, a través del Sistema
Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (Sitada).





2) La Secretaría Técnica Nacional Ambiental, cuando exista un expediente administrativo abierto para
la actividad, obra o proyecto en cuestión.





3) En la municipalidad de la jurisdicción respectiva, cuando se trate de asuntos relacionados con
los permisos de construcción.





(Así reformado por el artículo único de la ley N° 10021 del 24 de setiembre de 2021)





Ficha articulo





Artículo 112.- Plazos para el Tribunal. El trámite ante el Tribunal Ambiental Administrativo no
estará sujeto a ninguna formalidad. La denuncia podrá presentarse por cualquier medio de
comunicación, incluso oral. Cuando no sea escrita, deberá ratificarse durante los siguientes ocho
días naturales.





Presentada la denuncia ante una autoridad que no sea el Tribunal Ambiental Administrativo, esta
deberá remitírsela al Tribunal para su atención y trámite en un término no mayor de tres días.





Ficha articulo





CAPITULO XXII





Disposiciones finales





Artículo 113.- Cartera crediticia ambiental. El Sistema Bancario Nacional podrá abrir una cartera
crediticia ambiental destinada a financiar los costos de reducción de la contaminación en procesos
productivos, mediante créditos a una tasa de interés preferencial que determinará el Banco Central
de Costa Rica.





Cuando los procesos productivos impliquen el uso del suelo, para el financiamiento, el Sistema
Bancario Nacional deberá exigir un plan de manejo y uso de las tierras de conformidad con capacidad
de uso.





Ficha articulo





Artículo 114.- Premio Guayacán. Se crea el premio anual "GUAYACAN", que consistirá en una medalla de
oro con un guayacán grabado, como símbolo de la lucha persistente por el mejoramiento del medio.
Será otorgado una vez al año por el Presidente de la República a la persona, física o jurídica,
nacional o extranjera, que demuestre haber contribuido en forma efectiva al mejoramiento del
ambiente nacional.





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Artículo 115.- Adiciones





Se adicionan las siguientes disposiciones:





a) El artículo 48 bis a la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, No. 5412, del 8 de noviembre de
1973, el cual constituirá la Sección III, que se denominará "De los Servicios de Salud Ambiental" y
estará en el Libro II. El texto dirá:





“Artículo 48 bis.- Las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, que requieran permisos o
autorizaciones del Ministerio de Salud relativos al control de los factores físicos, químicos,
biológicos y sociales que afecten el ambiente humano, contribuirán económicamente con el pago del
servicio, conforme a las normas que dicte ese Ministerio y con las limitaciones establecidas en la
Ley de la Administración Financiera de la República."





b) El artículo 70 bis a la Ley de Planificación Urbana, No. 4240, del 15 de noviembre de 1968, cuyo
texto dirá:





"Artículo 70 bis.- Las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, que requieran permisos o
autorizaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, relativos a la aprobación de
anteproyectos, permisos de construcción, usos del suelo y segregaciones, así como cualesquiera otros
de su competencia, contribuirán económicamente con el pago del servicio, según las normas que dicte
la Junta Directiva de ese Instituto y con las limitaciones estipuladas en la Ley de la
Administración Financiera de la República."





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Artículo 116.- Ministerio del Ambiente y Energía. El Ministerio de Recursos Naturales, Energía y
Minas, creado por Ley No. 7152, se llamará en adelante Ministerio del Ambiente y Energía.





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Artículo 117.- Reglamento. El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones contenidas en esta ley
dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la vigencia de esta ley.





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Artículo 118.- Vigencia. Rige a partir de su publicación.





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Disposiciones Transitorias





Transitorio I.- Las evaluaciones de impacto ambiental que se encuentren en trámite al publicarse
esta Ley Orgánica del Ambiente, continuarán su tramitación de acuerdo con las presentes
disposiciones.





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Transitorio II.- Previa consulta con los organismos representativos del sector productivo, los entes
competentes establecerán los plazos prudenciales para controlar y reducir la contaminación;
asimismo, promoverán los medios, para que el sector productivo integre ambos procesos dentro de sus
actividades.





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Transitorio III.- La Comisión interinstitucional de control y evaluación de estudios de impacto
ambiental, creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 23783- MIRENEM, del 28 de octubre de 1994,
pasará a ser la Secretaría Técnica Nacional Ambiental que se crea mediante el artículo 83 de esta
ley.





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Transitorio IV.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 88 de esta ley, cinco de los miembros
nombrados cesarán en sus cargos cumplidos tres años de su nombramiento y los otros cinco
permanecerán seis años. Todos podrán ser reelegidos y después de la reelección, serán nombrados por
períodos de seis años.





Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los cuatro días del mes de octubre de mil
novecientos noventa y  cinco.





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Fecha de generación: 9/3/2026 12:04:25

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Organic Environmental Law

No. 7554

ORGANIC ENVIRONMENTAL LAW

THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC

OF COSTA RICA

CHAPTER I

General Provisions

Article 1.- Objectives. This law shall seek to provide Costa Ricans and the State with the necessary instruments to achieve a healthy and ecologically balanced environment.

The State, through the application of this law, shall defend and preserve that right, in pursuit of greater well-being for all inhabitants of the Nation. The environment is defined as the system constituted by the different natural elements that comprise it and their interactions and interrelations with the human being.

Article Record

Article 2.- Principles. The principles that inspire this law are the following:

a) The environment is the common heritage of all inhabitants of the Nation, with the exceptions established by the Political Constitution, international conventions, and laws. The State and private parties must participate in its sustainable conservation and use, which are of public utility and social interest.

b) Everyone has the right to enjoy a healthy and ecologically sustainable environment for their development, as well as the duty to conserve it, in accordance with Article 50 of our Political Constitution.

c) The State shall ensure the rational use of environmental elements, in order to protect and improve the quality of life of the inhabitants of the national territory. Likewise, it is obliged to foster economic and environmentally sustainable development, understood as development that meets basic human needs without compromising the options of future generations.

d) Whoever pollutes the environment or causes it damage shall be responsible, as established by the laws of the Republic and the international conventions in force.

e) Damage to the environment constitutes a crime of a social nature, as it affects the foundations of society's existence; economic, because it threatens the materials and resources indispensable for productive activities; cultural, in that it endangers the way of life of communities; and ethical, because it threatens the very existence of present and future generations.

The State, through its institutions, shall promote the implementation of an information system with environmental indicators, designed to measure evolution and correlation with economic and social indicators for the country.

Article Record

Article 3.- Joint participation to fulfill objectives. The Government shall set a harmonious and interrelated set of objectives, aimed at improving the environment and properly managing natural resources.

Decisions and specific actions aimed at their fulfillment must be incorporated into these objectives, supported by standards, institutions, and procedures that allow for the functionality of these policies.

Article Record

Article 4.- Purposes. The purposes of this law are:

a) To foster and achieve harmony between the human being and their environment.

b) To meet basic human needs without limiting the options of future generations.

c) To promote the necessary efforts to prevent and minimize the damages that may be caused to the environment.

d) To regulate human conduct, individual or collective, and public or private activity regarding the environment, as well as the relationships and actions arising from environmental use and conservation.

e) To establish the principles guiding the activities of the Public Administration in environmental matters, including coordination mechanisms for efficient and effective work.

Article Record

Article 5.- Institutional and legal support. To develop and apply the general principles of this law, the system shall rely on institutional and governmental bodies; as well as on the powers that other laws assign to other State institutions.

Article Record

CHAPTER II

Citizen Participation

Article 6.- Participation of inhabitants. The State and the municipalities shall foster the active and organized participation of the inhabitants of the Republic in decision-making and actions aimed at protecting and improving the environment.

Article Record

Article 7.- Creation of the Regional Environmental Councils. The Regional Environmental Councils (Consejos Regionales Ambientales) are hereby created, attached to the Ministry of Environment and Energy (MINAE), as the highest deconcentrated regional body, with participation from civil society, for the analysis, discussion, reporting, and control of activities, programs, and projects in environmental matters.

Article Record

Article 8.- Functions. The functions of the Regional Environmental Councils are the following:

a) To promote, through activities, programs, and projects, greater citizen participation in the analysis and discussion of environmental policies affecting the region.

b) To analyze, discuss, and pronounce on the advisability and feasibility of activities, programs, and projects in environmental matters promoted by the Ministry of Environment and Energy (MINAE) or any other State entity.

c) To address complaints in environmental matters and manage, before the pertinent bodies, the respective actions.

d) To propose activities, programs, and projects that foster sustainable development and environmental conservation in the region.

e) To develop and implement educational activities, programs, and projects that foster the foundations of a new attitude towards environmental problems and lay the groundwork for consolidating an environmental culture.

(Note from Sinalevi: Article 12 of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 of February 13, 1996, establishes the functions of the Regional Environmental Councils by providing the following: "ARTICLE 12.- Functions The Regional Environmental Councils, created by Law No. 7554 of October 4, 1995, shall meet at least once every two months and shall also have the following functions:

a) To know and analyze the forestry problems of the region where they are established and contribute to forestry control and protection.

b) To actively participate in the conception and formulation of regional reforestation incentive policies.

c) To prevent and combat forest pests, diseases, and fires on lands forming part of the State's natural heritage; additionally, to collaborate in the prevention of pests, diseases, and forest fires in plantations and private forests.

d) To monitor the progress and fulfillment of regional forestry development policies and pronounce on them.

e) To recommend, to the State Forestry Administration, the order of priority for areas to be incentivized.

f) To authorize the felling of trees indicated in Article 27 of this law.

g) Any other function specifically assigned by the State Forestry Administration")

Article Record

Article 9.- Composition. The Regional Environmental Councils shall be composed as follows:

a) One of the provincial governors serving the region, who shall preside over it.

b) A representative of the League of Municipalities.

c) A representative of ecological organizations.

d) A representative from each of the Regional Councils related to the environment that operate in the region.

e) A representative of the student governments of secondary education centers located in the region.

f) A representative of the business chambers that operate or are represented in the region.

Article Record

Article 10.- Sessions of the Councils. The Regional Environmental Councils shall meet ordinarily once a month and extraordinarily when convened. The members shall not receive any type of remuneration; their work on the Council shall be ad honórem; they shall serve in their positions for two years and may be reelected.

(Note from Sinalevi: See Article 12 of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 of February 13, 1996, regarding the sessions of the Regional Environmental Councils)

Article Record

Article 11.- Appointment of members. The members of this Council shall be chosen by the Ministry of Environment and Energy (MINAE), from a shortlist of three candidates to be presented by the sectors mentioned in Article 9 of this law.

Article Record

CHAPTER III

Environmental Education and Research

Article 12.- Education. The State, the municipalities, and other public and private institutions shall promote the permanent inclusion of the environmental variable in formal and non-formal educational processes, in programs at all levels. The objective shall be to adopt an environmental culture to achieve sustainable development.

Article Record

Article 13.- Purposes of environmental education. Environmental education shall relate environmental problems to local concerns and the national development policy; it shall also incorporate an interdisciplinary approach and cooperation as the primary solution formulas, aimed at promoting the conservation and sustainable use of natural resources.

Article Record

Article 14.- Participation of mass media. The State bodies responsible for issuing environmental policies shall promote the creation of the necessary instruments so that the mass media, based on the social function they perform, favor the formation of an environmental culture toward the sustainable development of the Nation's inhabitants.

Article Record

Article 15.- Research and technology. The State and its institutions shall permanently promote the conduct of studies and research on the environment. They shall disseminate them and support the development and appropriate application of modern and environmentally sound technologies.

Article Record

Article 16.- Copies of research reports. Without prejudice to intellectual property rights and the provisions of current legislation, researchers are obliged to deliver a copy of their final reports on environmental matters to the National Council for Scientific and Technological Research (CONARE) when their research:

a) Has been financed totally or partially by the State.

b) Is conducted on State lands or facilities.

c) Is carried out through national and international institutions or organizations supported by the State.

Article Record

CHAPTER IV

Environmental Impact

Article 17.- Environmental impact assessment. Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) created in this law. Its prior approval by this body shall be an indispensable requirement to begin the activities, works, or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require the environmental impact assessment.

Article Record

Article 18.- Approval and cost of assessments. The approval of environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental) must be processed before the National Environmental Technical Secretariat (SETENA); these assessments must be conducted by an interdisciplinary team of professionals, registered and authorized by SETENA, in accordance with the guidelines prepared by it. The cost of the environmental impact assessments shall be borne by the interested party.

Article Record

Article 19.- Resolutions. The resolutions of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) must be substantiated and reasoned. They shall be binding both for private parties and for public entities and bodies.

Article Record

Article 20.- Compliance with resolutions. The National Environmental Technical Secretariat (SETENA) shall establish instruments and means to monitor compliance with the resolutions of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). In cases of violation of their content, it may order the stoppage of works. The interested party, the author of the study, and those who approve it shall be directly and jointly liable for the damages caused.

Article Record

Article 21.- Performance guarantee. In all cases of activities, works, or projects subject to the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), the evaluating body shall set the amount of the performance guarantee for environmental obligations that the interested party must provide. This guarantee shall be up to one percent (1%) of the investment amount. When the activity does not require the construction of infrastructure, the percentage shall be set based on the value of the land involved in the project.

The guarantee must be of two types:

a) Performance guarantee during the design and execution of the project.

b) Operation guarantee for a period that may range from five to ten years, depending on the impact of the project and the risk to the surrounding population.

The performance guarantee shall remain in effect during the execution or operation of the work, activity, or project and shall be reviewed annually to adjust it to the requirements of environmental protection.

Article Record

Article 22.- Assessment file. Individuals, whether natural or legal persons, public or private, shall have the right to be heard by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), at any stage of the assessment process and in the operational phase of the work or project. The observations of interested parties shall be included in the file and evaluated for the final report.

Within the five business days following receipt of an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), SETENA shall send an extract thereof to the municipalities in whose jurisdiction the work, activity, or project will be carried out. Likewise, it shall give broad dissemination, through the mass media, of the list of studies submitted for its consideration.

Article Record

Article 23.- Public nature of information. The information contained in the file of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) shall be of a public nature and shall be available for consultation by any person or organization.

However, interested parties may request that information integrated into the study be kept confidential if its publication would affect industrial property rights.

Article Record

Article 24.- Consultation of files. The technical criteria and weighting percentages for analyzing environmental impact studies by the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) must be of public knowledge.

Article Record

CHAPTER V

Protection and Improvement of the Environment

in Human Settlements

Article 25.- Integration of programs. The competent authority shall adopt the necessary measures so that public health programs directed at the population coincide with those directed at the human environment, in order to achieve better comprehensive health.

Article Record

Article 26.- Priority actions. The competent authority shall give priority to actions aimed at protecting and improving the human environment. To that end,

a) It shall promote permanent scientific research in the area of environmental epidemiology.

b) It shall ensure the control, prevention, and dissemination of physical, chemical, biological, and social factors affecting the physical, mental, and social well-being of the population and the environmental balance.

c) It shall promote the establishment of communal green areas and recreational areas, necessary for the healthy and spiritual enjoyment of residents in human settlements.

Article Record

Article 27.- Criteria. To protect and improve the human environment, the following fundamental aspects shall be considered:

a) Buildings.

b) Workplaces.

c) Toxic or hazardous substances and waste in general.

d) Products and materials that come into direct contact with the human body.

e) Fauna harmful to humans.

f) Activities or social factors unsuitable for human development.

Article Record

CHAPTER VI

Territorial Planning

Article 28.- Territorial planning policies. It is the function of the State, the municipalities, and other public entities to define and execute national territorial planning (ordenamiento territorial) policies, aimed at regulating and promoting human settlements and the economic and social activities of the population, as well as physical-spatial development, in order to achieve harmony between the greater well-being of the population, the use of natural resources, and environmental conservation.

Article Record

Article 29.- Purposes. For territorial planning (ordenamiento territorial) in terms of sustainable development, the following purposes shall be considered:

a) To optimally locate, within the national territory, productive activities, human settlements, public use and recreational zones, communication and transportation networks, wild areas, and other vital infrastructure works, such as energy units and irrigation and drainage districts.

b) To serve as a guide for the sustainable use of environmental elements.

c) To balance the sustainable development of the different zones of the country.

d) To promote the active participation of inhabitants and organized society in the elaboration and application of territorial planning plans and city regulatory plans, to achieve the sustainable use of natural resources.

Article Record

Article 30.- Criteria for planning. For the planning of the national territory, the following criteria, among others, shall be considered:

a) Respect for the cultural, historical, and social characteristics of the human populations involved and their current distribution over the territory.

b) Projections of population and resources.

c) The characteristics of each ecosystem.

d) Natural resources, renewable and non-renewable, the predominant economic activities, the soil use capacity, and zoning by agricultural products and activities, based on ecological and productive considerations.

e) The effect of human activities and natural phenomena on the environment.

f) The balance that must necessarily exist between human settlements and their environmental conditions.

g) The diversity of the landscape.

h) The existing infrastructure.

Article Record

Article 31.- Urban development. For the provisions of Article 29 above, the development and reorganization of cities shall be promoted through the intensive use of urban space, in order to free up and conserve resources for other uses or for future residential expansion.

Article Record

CHAPTER VII

Protected Wild Areas

Article 32.- Classification of protected wild areas. The Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy (MINAE), may establish protected wild areas (áreas silvestres protegidas), in any of the management categories that are established and those indicated below:

a) Forest reserves.

b) Protective zones.

c) National parks.

d) Biological reserves.

e) National wildlife refuges.

f) Wetlands.

g) Natural monuments.

These management categories and those created in the future shall be administered by MINAE, except for those established in Article 33 of this law. The municipalities must collaborate in the preservation of these areas.

Article Record

Article 33.- Natural monuments. Natural monuments are hereby created as areas containing one or several natural elements of national importance. They shall consist of natural places or objects that, due to their unique or exceptional character, their scenic beauty, or their scientific value, are resolved to be incorporated into a protection regime. The natural monuments shall be created by MINAE and administered by the respective municipalities.

Article Record

Article 34.- Preventive measures. In protected wild areas (áreas silvestres protegidas) owned by the State, it is the responsibility of MINAE to adopt appropriate measures to prevent or eliminate, as soon as possible, the use or occupation in the entire area and to enforce respect for the ecological, geomorphological, and aesthetic characteristics that have determined its establishment.

Article Record

Article 35.- Objectives. The creation, conservation, administration, development, and surveillance of protected areas shall have the following objectives:

a) To conserve natural environments representative of the different biogeographical regions and the most fragile ecosystems, to ensure the balance and continuity of evolutionary and ecological processes.

b) To safeguard the genetic diversity of wild species on which evolutionary continuity depends, particularly endemic, threatened, or endangered species.

c) To ensure the sustainable use of ecosystems and their elements, promoting the active participation of neighboring communities.

d) To promote scientific research, the study of ecosystems and their balance, as well as the knowledge and technologies that allow for the sustainable use of the country's natural resources and their conservation.

e) To protect and improve aquifer zones and watersheds, to reduce and avoid the negative impact that their poor management may cause.

f) To protect the natural and landscape environments of historical and architectural sites and centers, national monuments, archaeological sites, and places of historical and artistic interest, important for national culture and identity.

Article Record

Article 36.- Requirements for creating new areas. To create protected wild areas (áreas silvestres protegidas) owned by the State, whatever the management category it establishes, the following must be previously complied with:

a) Preliminary physiogeographic, biological diversity, and socioeconomic studies that justify it.

b) Definition of objectives and location of the area.

c) Technical feasibility and land tenure study.

d) Minimum financing to acquire the area, protect it, and manage it.

e) Preparation of maps.

f) Issuance of the respective law or decree.

Article Record

Article 37.- Powers of the Executive Branch. When establishing protected wild areas (áreas silvestres protegidas), whatever their management category, the Executive Branch, through MINAE, is empowered to include within their limits the private farms or parts of farms necessary to fulfill the objectives set forth in this law and to implement them in accordance with the respective management plan or to create legal easements (servidumbres) for ecological protection and compliance with this law.

In the case of national parks, biological reserves, or state national wildlife refuges, the lands shall be acquired by purchase, expropriation, or both procedures, upon prior compensation. In the cases of forest reserves, protective zones, mixed wildlife refuges, and wetlands, the properties or their parts may also be purchased or expropriated, unless, at the owner's request, they voluntarily submit to the forestry regime. That subjection shall be registered in the Public Property Registry as an encumbrance on the property, which shall be maintained for the time established in the management plan.

Private farms affected according to the provisions of this article, by being located in national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protective zones, shall be included within the state protected areas only from the moment they have been paid for or legally expropriated, except when they voluntarily submit to the Forestry Regime. In the case of forest reserves, protective zones, and wildlife refuges, and if payment or expropriation has not been made and while it is being made, the areas shall be subject to an environmental management plan that includes the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and subsequently, to the plan for management, recovery, and replacement of resources.

(Thus reformed the preceding paragraph by Article 72, subsection c) of the Forestry Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 13, 1996, which in turn was reformed by Article 114 of the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998)

The Executive Branch is empowered, through MINAE, to carry out the expropriations contemplated in this article, in accordance with the provisions of the Expropriations Law No. 7495 of May 3, 1995.

Article Record

Article 38.- Reduction of protected wild areas. The surface area of protected wild areas (áreas silvestres protegidas), the State's natural heritage, whatever their management category, may only be reduced by Law of the Republic, after conducting the technical studies that justify this measure.

Article Record

CHAPTER VIII

Marine, Coastal Resources, and Wetlands

Article 39.- Definition of marine and coastal resources. Marine and coastal resources are understood as the sea waters, beaches, berms, and the littoral strip, bays, coastal lagoons, mangroves, coral reefs, seagrass beds, that is, marine phanerogam prairies, estuaries, scenic beauties, and natural resources, living or non-living, contained in the waters of the territorial and patrimonial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone, the continental shelf, and its insular base.

Article Record

Article 40.- Definition of wetlands. Wetlands (humedales) are ecosystems dependent on aquatic regimes, natural or artificial, permanent or temporary, lentic or lotic, fresh, brackish, or saline, including marine extensions up to the posterior limit of marine phanerogams or coral reefs, or, in their absence, up to six meters in depth at low tide.

Article Record

Article 41.- Public interest. Wetlands (humedales) and their conservation are declared of public interest, as they are of multiple use, whether or not they are protected by the laws governing this matter.

Article Record

Article 42.- Delimitation of protected zones. MINAE, in coordination with the competent institutions, may delimit protection zones for certain marine, coastal, and wetland (humedales) areas, which shall be subject to management and handling plans, in order to prevent and combat the pollution or degradation of these ecosystems.

Article Record

Article 43.- Works and infrastructure. Works or infrastructure shall be constructed in such a way that they do not damage the ecosystems cited in Articles 51 and 52 of this law. If possible damage exists, an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) must be conducted.

Article Record

Article 44.- Mandatory nature of the assessment. To carry out activities that affect any of the ecosystems cited in Articles 51 and 52 of this law or threaten life within a habitat of that nature, MINAE shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) from the interested party.

Article Record

Article 45.- Prohibition. Activities aimed at interrupting the natural cycles of wetland (humedal) ecosystems are prohibited, such as the construction of dikes that prevent the flow of marine or continental waters, drainage, desiccation, filling, or any other alteration that causes the deterioration and elimination of such ecosystems.

Article Record

CHAPTER IX

Biological Diversity

Article 46.- State sovereignty over biological diversity. The State shall exercise sovereignty over biological diversity, as part of its natural heritage. Activities aimed at conserving, improving, and, where possible, recovering the biological diversity of the national territory are of public interest; as are those aimed at ensuring its sustainable use. To execute them, the parameters defined by the Executive Branch shall be taken into account, as well as the following criteria:

a) The protection and conservation of natural ecosystems, the diversity of species, genetic diversity in the national territory, and the surveillance of reproduction zones.

b) The management of biological diversity integrated into the planning of any activity related to environmental elements.

c) The protection and development of reproductive techniques for endemic, endangered, or threatened species, to recover their population stability.

d) The use of research and monitoring to define strategies and programs for the protection and management of habitats or species.

e) The promotion of the strengthening and encouragement of biological stations for the study, recovery, and repopulation of wild species of flora and fauna.

f) The controlled reproduction of wild species for scientific, social, and economic purposes.

Article Record

Article 47.- Activities of public interest. Research, exploitation, and commercialization of biological diversity must be recognized as activities of public interest. The exploitation and commercialization of wild flora and fauna as public domain goods shall be regulated by the State.

Article Record

CHAPTER X

Forest Resource

Article 48.- Duty of the State. It is the State's obligation to conserve, protect, and manage the forest resource. For these purposes, the law to be issued shall regulate matters relating to the production, use, industrialization, and promotion of these resources, guaranteeing their sustainable use, as well as job creation and the improvement of the standard of living of social groups directly related to silvicultural activities.

Article Card

CHAPTER XI

Air

Article 49.- Use. Air is the common patrimony and must be used without harming the general interest of the Nation's inhabitants. To that end,

a) Air quality, throughout the national territory, must satisfy, at least, the permissible pollution levels established by the corresponding standards.

b) Direct or indirect, visible or invisible emissions of atmospheric pollutants, particularly greenhouse gases and those that affect the ozone layer, must be reduced and controlled, in such a way that good air quality is ensured.

Article Card

CHAPTER XII

Water

Article 50.- Public domain of water. Water is in the public domain; its conservation and sustainable use are matters of social interest.

Article Card

Article 51.- Criteria. For the conservation and sustainable use of water, the following criteria, among others, must be applied:

a) Protect, conserve, and, to the extent possible, recover aquatic ecosystems and the elements involved in the hydrological cycle.

b) Protect the ecosystems that allow the regulation of the water regime.

c) Maintain the balance of the water system, protecting each of the components of the watersheds (cuencas hidrográficas).

Article Card

Article 52.- Application of criteria. The criteria mentioned in the preceding article must be applied:

a) In the preparation and execution of any management plan for water resources.

b) In the granting of concessions and permits to use any component of the water regime.

c) In the granting of authorizations for the diversion, inter-basin transfer, or modification of watercourses.

d) In the operation and administration of potable water systems, and the collection, evacuation, and final disposal of residual or waste waters serving population centers and industrial sites.

Article Card

Article 52 bis.-Protective zones. Protective zones (zonas protectoras) are protected wild areas, whose main objectives are the regulation of the hydrological regime and the protection of soil and watersheds (cuencas hidrográficas), as well as the preservation of aquifer recharge areas and water sources and the need to ensure the population's water supply for present and future generations.

(Thus added by Article 3 of the Law to authorize the use of water for human consumption and construction of related works in the Natural Patrimony of the State, No. 9590 of July 3, 2018)

Article Card

CHAPTER XIII

Soil

Article 53.- Criteria. To protect and use the soil, the following criteria, among others, shall be considered:

a) The adequate relationship between the potential use and the economic capacity of the soil and subsoil.

b) The control of practices that favor erosion and other forms of degradation.

c) Soil and water conservation practices or works that prevent soil deterioration.

Article Card

Article 54.- Application of criteria. The criteria to protect and use the soil shall be considered:

a) In the determination of uses, reserves, and designations of the soil.

b) In the support services, of a credit, technical, or research nature, that the Public Administration grants to activities linked to the use of soil.

c) In the plans, programs, and projects for the conservation and use of soils.

d) In the granting, modification, suspension, or revocation of permits, concessions, or any other type of authorization regarding the use of the soil and subsoil.

Article Card

Article 55.- Restoration of soils. The State must promote the execution of soil restoration plans in the national territory.

Article Card

CHAPTER XIV

Energy Resources

Article 56.- Role of the State. Energy resources constitute essential factors for the country's sustainable development. The State shall maintain a preponderant role and shall dictate the general and particular measures related to the research, exploration, exploitation, and development of those resources, based on the provisions of the National Development Plan.

Article Card

Article 57.- Use of resources. The use of energy resources must be carried out in a rational and efficient manner, in such a way that the environment is conserved and protected.

Article Card

Article 58.- Alternative energy sources. To foster sustainable economic development, the competent authority shall evaluate and promote the exploration and exploitation of alternative, renewable, and environmentally sound energy sources.

Article Card

CHAPTER XV

Pollution

Article 59.- Pollution of the environment. Pollution (contaminación) is understood to be any alteration or modification of the environment that may harm human health, threaten natural resources, or affect the environment in general of the Nation. The discharge and emission of pollutants shall mandatorily conform to the technical regulations issued. The State shall adopt the measures necessary to prevent or correct environmental pollution.

Article Card

Article 60.- Prevention and control of pollution. To prevent and control environmental pollution, the State, the municipalities, and other public institutions shall give priority, among others, to the establishment and operation of adequate services in areas fundamental to environmental health, such as:

a) The supply of water for human consumption.

b) The sanitary disposal of excreta, wastewater (aguas servidas), and stormwater.

c) The collection and management of waste.

d) The control of atmospheric pollution.

e) The control of noise pollution (contaminación sónica).

f) The control of chemical and radioactive substances.

These services shall be provided in the manner determined by specific laws and regulations, seeking the participation of the population and its organizations.

Article Card

Article 61.- Environmental contingencies. The competent authority shall dictate the necessary preventive and corrective measures when environmental pollution contingencies and others not contemplated in this law occur.

Article Card

Article 62.- Atmospheric pollution. Pollution of the atmosphere is considered to be the presence in it, in concentrations exceeding the established permissible levels, of solid particles, dust, smoke, vapor, gases, foul odors, radiation, noise, imperceptible acoustic waves, and other polluting agents that the Executive Branch defines as such in regulations.

Article Card

Article 63.- Prevention and control of atmospheric deterioration. To avoid and control atmospheric deterioration, the Executive Branch, after consulting with representative organizations of the productive sector, shall issue the corresponding technical standards and shall require the installation and operation of adequate systems and equipment to prevent, reduce, and control emissions that exceed permissible limits.

Article Card

Article 64.- Prevention of water pollution. To avoid water pollution, the competent authority shall regulate and control that management and use do not alter the quality and quantity of this resource, according to the limits established in the corresponding standards.

Article Card

Article 65.- Treatment of wastewater (aguas residuales). Wastewater (aguas residuales) of any origin must receive treatment before being discharged into rivers, lakes, seas, and other bodies of water; furthermore, it must achieve the quality established for the receiving body, according to its current and potential use and for its future utilization in other activities.

Article Card

Article 66.- Responsibility for the treatment of discharges. In any water management and use susceptible to producing pollution, the responsibility for the treatment of the discharges (vertidos) shall correspond to whoever produces the pollution. The competent authority shall determine the appropriate technology and shall establish the necessary timelines for its application.

Article Card

Article 67.- Pollution or deterioration of watersheds (cuencas hidrográficas). Individuals or legal entities, public or private, shall be obligated to adopt adequate measures to impede or minimize the pollution or sanitary deterioration of watersheds (cuencas hidrográficas), according to the classification of current and potential use of the waters.

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Article 68.- Prevention of soil pollution. It is the obligation of individuals or legal entities, public or private, to avoid soil pollution through accumulation, storage, collection, transport, or inadequate final disposal of waste and toxic or hazardous substances of any nature.

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Article 69.- Disposal of polluting waste. In the management and use of soils, the disposal of waste that constitutes a source of pollution must be controlled. Productive activities shall avoid discharges, deposits, or infiltration of polluting substances or materials into the soil.

When the disposal of polluting waste cannot be avoided, the corrective measures determined by the competent authority must be followed. When appropriate, the State, the municipalities, and private enterprise shall promote the recovery and adequate treatment of waste to obtain other products or by-products.

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Article 70.-(Repealed by Article 59 (current 64) paragraph b) of the Law for Integrated Waste Management, No. 8839 of June 24, 2010)

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Article 71.- Visual pollution (contaminación visual). Visual pollution (contaminación visual) shall be considered to be actions, works, or installations that exceed, to the temporary or permanent detriment of the landscape, the maximum limits permissible under established technical standards or those issued in the future.

The Executive Branch shall dictate the appropriate measures and promote their execution through organizations, public entities, and municipalities to prevent this type of pollution.

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Article 72.- Conservation of the landscape. The competent authority shall promote the participation of public and private sectors in the conservation of the landscape. When carrying out a work necessitates affecting it, the resulting landscape must be at least of equal quality to the previous one.

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CHAPTER XVI

Ecological Production

Article 73.- Organic agricultural activity. Organic agricultural activity (actividad agropecuaria orgánica) shall be understood as that which employs methods and systems compatible with ecological protection and improvement, without using inputs or products of chemical synthesis. Ecological or biological agriculture is synonymous with organic agricultural activity (actividad agropecuaria orgánica).

The State shall promote organic agricultural activity (actividad agropecuaria orgánica) under equal conditions as conventional agriculture and agro-industry. The Ministry of Agriculture and Livestock (MAG) shall be the governing body for policies for this sector. Through the respective directorate, it shall supervise and control compliance with the standards and procedures established for the sector. Likewise, it shall include the registration and control of product certification agencies; all under the terms set forth in the special law.

Scientific research and technology transfer shall be promoted so that this sector can develop through private means. This option shall contribute to sustainable development, to halt the consequences of the misuse of agrochemicals, environmental pollution, and the deterioration of ecological resources.

(Thus amended by Article 37 of the Law on Development, Promotion, and Fostering of Organic Agricultural Activity, No. 8591 of June 28, 2007)

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Article 74.- Certifications of organic products. To classify a product as organic, if the purpose is export, it must have a third-party certification, granted by the MAG or by a national or international agency accredited before the Costa Rican State.

In the event that the organic product is solely for local consumption, a participatory certification, verified by the relationship of trust between the producing and consuming persons, shall suffice.

The State, through the MAG, shall offer the inspection service free of charge, as support for the prerequisites for certification. Any person or group of micro, small, and medium-sized organic producers that, as determined by the competent body, conform to the provisions of the Law for the development, promotion, and fostering of organic agricultural activity may request this support, regardless of whether their objective is to produce for the national market or to export their production.

To guarantee the organic condition of agricultural production on farms or the elaboration of goods and products in industrial plants, the backing of a certification system, duly recognized in accordance with the provisions of the Law indicated in the preceding paragraph, shall be required. In the processing or elaboration of organic goods, both the raw materials and the additives and secondary components must be equally certified.

(Thus amended by Article 37 of the Law on Development, Promotion, and Fostering of Organic Agricultural Activity, No. 8591 of June 28, 2007)

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Article 75.-Organic products in transition. To classify an agricultural product or a plot as organic, chemical synthesis products must not have been applied to it for at least three years.

If an agricultural product or a plot that is not organic is intended to be dedicated to this type of production, it may only be classified as a product in transition during the following three years, provided it meets the requirements set forth by law and regulations and follows the standards dictated by national and international organic production bodies. After this period, the interested party may take steps before the corresponding authority to have the production certified as organic.

If the person producing organic products demonstrates that agrochemicals have not been applied in the three previous years, the production may be certified as organic immediately, without having to be declared "in transition" beforehand.

A period of less than three years may be decreed, according to the technical specifications differentiating short-cycle and annual crops, the distinct residual effects of the chemical synthesis product applied before starting organic production, or the particular agro-ecological conditions. In these cases, the technical criteria must take into consideration the standards dictated by international bodies related to organic agricultural activity.

(Thus amended by Article 37 of the Law on Development, Promotion, and Fostering of Organic Agricultural Activity, No. 8591 of June 28, 2007)

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Article 76.-(Repealed by Article 41 subsection a) of the Law on Development, Promotion, and Fostering of Organic Agricultural Activity, No. 8591 of June 28, 2007. However, Article 37 of the same law had reformed it. The modification of said text indicated that it be read as follows:

"Article 76.-"National Commission for Organic Agricultural Activity. Create the National Commission for Organic Agricultural Activity, as an advisory body to the MAG. It shall be composed of the following honorary members:

a) A representative of the MAG, who shall preside over it.

b) A representative of the state universities, with experience in technology transfer for organic agricultural activity and linked to it.

c) Three representatives of the organizations of organic producers of Costa Rica, with the requirements to qualify as such, in accordance with the regulations of this Law and its Regulations.

d) A representative of non-governmental organizations that develop projects or programs to foster organic agricultural activity.

e) A representative of the organic certification agencies accredited before the corresponding instance of the MAG")

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CHAPTER XVII

Administrative Organization

Article 77.- Creation of the National Environmental Council. The National Environmental Council is created as a deliberative and consultative body, with advisory functions to the President of the Republic on environmental matters.

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Article 78.- Functions. The functions of the National Environmental Council shall be the following:

a) Analyze, prepare, and recommend the general policies for the sustainable use of natural resources and the environment in general, as well as government actions related to those fields.

b) Recommend environmental policies within development planning processes, in order to ensure the conservation of the global environment.

c) Promote the development of systems and means that guarantee the conservation of environmental elements, to integrate them into the sustainable development process, with the organized participation of communities.

d) Recommend and promote development policies consistent with the principles established in this law, to incorporate the environmental variable into the socio-economic development process in the short, medium, and long term.

e) Propose and promote policies for the development of scientific and technological research oriented towards the sustainable use of environmental elements.

f) Hear and approve the reports and the annual work program of the Executive Secretariat of the Council.

g) Promote pertinent legal reforms in environmental matters.

h) Prepare the annual report on the state of the Costa Rican environment.

i) Dictate its regulations.

j) The tasks necessary for the better fulfillment of its purposes.

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Article 79.- Composition. The National Environmental Council shall be composed of:

a) The President of the Republic or, in his representation, the Minister of the Presidency, who shall preside over it.

b) The Minister of National Planning and Economic Policy.

c) The Minister of Environment and Energy.

d) The Minister of Health.

e) The Minister of Agriculture and Livestock.

f) The Minister of Public Education.

 g) The Ministry of Science, Technology, and Telecommunications(*).

(*)(The denomination of the previous subsection modified by Article 11 of the Law "Transfer of the Telecommunications sector from the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications to the Ministry of Science and Technology, No. 9046 of June 25, 2012)

            To fulfill its purposes, the Council may summon the participation of any other minister, advisor, presidential counselor, or head of decentralized entities or public enterprises.

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Article 80.- Sessions. The Council shall meet ordinarily once a month and, extraordinarily, when the President convenes it. Minutes shall be kept of the matters addressed in each session.

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Article 81.- Executive Secretariat. The Executive Secretariat of the Council shall correspond to the Minister of Environment and Energy, who shall set the agendas, follow up on the agreements adopted by the Council, and evaluate them permanently. Likewise, he shall support the other members in the preparation of presentations and technical materials that sustain the matters to be addressed.

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Article 82.- Functions of the Executive Secretariat. The Executive Secretariat of the Council shall have the following functions:

a) Ensure the execution and compliance with the general policies and other agreements adopted by the Council in the fulfillment of its functions.

b) Coordinate the actions aimed at the formulation and execution of programs that, in environmental matters, are developed by the entities and bodies of the State.

c) Inform the Council on the progress of actions in environmental matters, developed by the entities and bodies of the State.

d) Prepare the reports and the annual work program of the Executive Secretariat and submit them in a timely manner to the knowledge and approval of the Council.

e) Prepare and maintain the minutes of the Council.

f) Any others necessary assigned by the Council, in accordance with the law.

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Article 83.- Creation of the National Environmental Technical Secretariat. The National Environmental Technical Secretariat is created, as a body of maximum deconcentration of the Ministry of Environment and Energy, whose fundamental purpose shall be, among others, to harmonize environmental impact with productive processes.

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Article 84.- Functions of the Technical Secretariat. The functions of the National Environmental Technical Secretariat are the following:

a) Analyze environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental) and resolve them within the timeframes provided by the General Law of Public Administration.

b) Recommend the actions necessary to minimize the impact on the environment, as well as those technically advisable to recover it.

c) Address and investigate complaints presented to it regarding environmental degeneration or damage.

d) Carry out the corresponding field inspections before issuing its decisions.

e) Approve and present work reports to the Minister of Environment and Energy, in his capacity as Executive Secretary of the Council.

f) Prepare guidelines for activities, works, and projects subject to environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), as well as manage their provision and dissemination.

g) Recommend, to the Council, through the Minister of Environment and Energy, the policies and draft laws on the environment, arising from sectors of governmental activity.

h) Set the amounts of the guarantees to fulfill environmental obligations, which must be deposited by the interested parties, with the due periodicity and the amount of the transactions.

To provide these guarantees, the provisions of the Regulation on Administrative Contracting shall apply.

i) Carry out monitoring tasks and ensure the execution of resolutions.

j) Establish trusts (fideicomisos), as stipulated in subsection d) of article 93 of this law.

k) Any other functions necessary to fulfill its purposes.

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Article 85.- Composition of the Technical Secretariat. The National Environmental Technical Secretariat shall be composed of the following members:

a) A representative of the Minister of Environment and Energy, who shall be the General Secretary.

b) A representative of the Ministry of Health, with a specialty in sanitary engineering.

c) A representative of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, with a specialty in hydrology.

d) A representative of the Ministry of Agriculture and Livestock, with a specialty in agronomy.

e) A representative of the Ministry of Public Works and Transport, with a specialty in civil engineering.

f) A representative of the Costa Rican Institute of Electricity, with a specialty in energy development.

g) A representative of the state universities, with a specialty in biology.

The institutions listed in this article are authorized to permanently detail their representative to the National Environmental Technical Secretariat. When it requires it, this Secretariat may request technical assistance from other State institutions.

Resolutions shall be taken by a simple majority of its members.

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Article 86.- Efficiency. The National Environmental Technical Secretariat shall respond to the needs for efficiency and effectiveness in the analysis of environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental), in accordance with the specific, viable, and functional standards for environmental conservation oriented towards sustainable development.

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Article 87.- Appeals. A motion for revocation (recurso de revocatoria) may be filed against the final decisions of the National Environmental Technical Secretariat, and an appeal (recurso de apelación) before the Minister of Environment and Energy, in accordance with the provisions of the General Law of Public Administration.

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Article 88.- Regulations and officials. The members of the National Environmental Technical Secretariat shall be full-time officials, with exclusive dedication and prohibition against carrying out their personal, professional, or private activities. They shall be appointed for six years and must be divided into two groups so that half of its members are elected at the mid-point of the term. Their deliberations and resolutions shall be adopted in plenary commission, in accordance with the internal operating regulations that the Executive Branch shall issue within three months, counted from the effective date of this law. Their removal may only be agreed upon when there is serious misconduct or non-compliance with what is established by this or other laws.

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Article 89.- Inspections. The members of the National Environmental Technical Secretariat must carry out inspections to verify compliance with the legal and regulatory provisions on the matter, as well as with the resolutions issued by this Secretariat. These inspections must be carried out periodically or when the competent authorities deem it convenient. Minutes shall be kept of all inspections.

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Article 90.- Labor duties and rights of the members. The members of the National Environmental Technical Secretariat shall be subject to the same obligations and shall enjoy the same labor rights as the institution to which they belong.

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Article 91.- Contribution of resources. The National Environmental Technical Secretariat shall have a technical-administrative unit, and the institutions represented in the Secretariat must contribute human and logistical resources for its normal operation. To this end, they must make the corresponding budgetary reservations.

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CHAPTER XVIII

Financing

Article 92.- Budget for the Technical Secretariat. To fulfill the purposes of this law, the Executive Branch shall include, in the National Budget of the Republic, the budgetary reservations required for the operation of the National Environmental Technical Secretariat.

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Article 93.- Creation of the National Environmental Fund. To achieve the purposes of this law and finance the development of the programs of the National Environmental Technical Secretariat, the National Environmental Fund is created, whose resources shall consist of:

a) Bequests and donations.

b) Contributions from national and international, private or public organizations, in accordance with the respective agreements.

c) Executed performance guarantees (garantías de cumplimiento), received based on the provisions of this law.

d) Funds placed in trust (fideicomiso), coming from international loan agreements to finance activities or projects related to the environment.

e) Income from the sale of environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) guidelines, publications, and other documents necessary to fulfill the purposes of this law.

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Article 94.- Use of resources. The resources of the Fund may be used to contract personal services on a temporary basis, and non-personal services; acquire materials, supplies, machinery, equipment, vehicles, spare parts, and accessories; purchase real estate and pay for constructions, additions, improvements, current capital transfers, and global allocations and, in general, to develop the programs of the National Environmental Technical Secretariat; as well as to defray the costs incurred by the competent authority in carrying out the works or activities referred to in article 97 of this law.

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Article 95.- Administration and supervision of the Fund. The sums collected shall be remitted to the single treasury of the State. The Ministry of Environment and Energy, through the National Environmental Technical Secretariat, must annually submit to the Ministry of Finance the preliminary budget draft for these resources, to fulfill the programming of capital current expenditures and objectives established in this law.

On a quarterly basis, the Ministry of Finance shall make the transfers or disbursements of the totality of the resources collected to the National Environmental Fund.

In the event of non-compliance with the provisions of the preceding paragraph, the Ministry of Environment and Energy, through the National Environmental Technical Secretariat, shall demand the National Treasurer or, failing that, his superior, to comply with this provision. Should he not proceed, he shall be personally liable and the provisions of article 330 of the Penal Code shall apply to him.

The income that, according to this law, forms part of the National Environmental Fund, shall be deposited in a patrimonial fund of the National Banking System.

To fulfill the functions indicated in this law, that Ministry, through the National Environmental Technical Secretariat, may enter into the administration contracts it requires.

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Article 96.- Deposit of funds. Resources that are not used in the current period shall become a surplus of the Fund and may be used, through a budget modification, according to the objectives established in this law.

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Article 97.- Authorization to contribute. State institutions and municipalities are authorized to include in their budgets the annual allocations they deem appropriate for the purpose of contributing to the programs and projects of the National Environmental Technical Secretariat.

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CHAPTER XIX

Penalties

Article 98.- Attribution for environmental damage. Damage or pollution to the environment may be produced by acts of commission or omission and are attributable to all individuals or legal entities that carry them out.

Article 99.- Administrative sanctions. In the event of a violation of environmental protection regulations
or clearly established environmentally harmful conduct under this law, the Public Administration
shall apply the following protective measures and sanctions:

a) Warning through notification that a complaint exists.

b) Reprimand commensurate with the gravity of the violating acts and once they have been verified.

c) Execution of the performance guarantee, granted in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental).

d) Partial or total restrictions, or an order for immediate cessation of the acts giving rise to
the complaint.

e) Total or partial, temporary or definitive, closure of the acts or events prompting the complaint.

f) Partial, total, permanent, or temporary cancellation of the permits, licenses, premises, or
businesses giving rise to the complaint, the act, or the polluting or destructive event.

g) Imposition of compensatory or stabilizing obligations for the environment or biological diversity.

h) Modification or demolition of constructions or works that harm the environment.

i) Alternatives for compensation of the sanction, such as attending official educational courses on
environmental matters; in addition, working on community projects in the environmental area.

These sanctions may be imposed on private individuals or public officials, for actions or omissions
violating the rules of this law, or other provisions on environmental protection or biological
diversity.

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Article 100.- Applicable legislation. Criminal legislation, the Penal Code, and special laws shall
establish the corresponding criminal offenses to protect the environment and biological diversity.

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Article 101.- Liability of offenders. Without prejudice to any other type of liability they may
incur as participants in any form, the perpetrators of violations of this law or of those regulating
the protection of the environment and biological diversity, whether individuals or legal entities,
shall be civilly and jointly and severally liable for the damages caused. The owners of the
businesses or activities where the damages are caused, whether by action or omission, shall also
be jointly and severally liable.

The same liability shall apply to professionals and public officials who sign an environmental impact assessment contrary to legal provisions or prevailing technical standards, or who fail to provide proper follow-up to the process, resulting in damage to the environment or biological diversity.

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CHAPTER XX

The Environmental Comptroller

Article 102.- Environmental Comptroller (Contralor del Ambiente). The position of Environmental Comptroller is created, attached to the office of the Minister of Environment and Energy, who shall appoint said Comptroller. Their task shall be to oversee the correct application of the objectives of this law and of those that, by their nature, pertain to them.

They shall be obliged to report any violation of this law and related laws to the Environmental and Maritime-Terrestrial Zone Prosecutor's Office (Procuraduría Ambiental y de la Zona marítimo terrestre), as well as to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público).

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CHAPTER XXI

Administrative Environmental Tribunal

Article 103.- Creation of the Administrative Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo). An Administrative Environmental Tribunal is created, based in San José and with competence over all the national territory.

It shall be a deconcentrated body of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), with exclusive competence and functional independence in the performance of its attributions. Its rulings exhaust the administrative channel and its resolutions shall be of strict and mandatory compliance.

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Article 104- Composition of the Tribunal. The Administrative Environmental Tribunal shall be composed of three full members (miembros propietarios) and three alternate members (suplentes), all appointed by the National Environmental Council (Consejo Nacional Ambiental) for a period of six years. They shall be sworn in by the president of this Council.

Said judges shall process the case files (expedientes) assigned to them individually, as corresponds.

(As amended by the sole article of Law No. 10021 of September 24, 2021)

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Article 105- Requirements for members of the Tribunal. To be a member of the Administrative Environmental Tribunal, one must be a legal professional (persona profesional en derecho), duly incorporated into the bar, with experience in environmental matters.

The members must work full-time and be persons who, by reason of their background, professional degrees, and recognized competence in the subject matter, are a guarantee of impartiality and sound judgment in the performance of their duties.

Annually, this Tribunal shall elect from among its members a president, a vice-president, and a secretary. The internal regulations shall regulate their replacement by the alternate members.

(As amended by the article of Law No. 10021 of September 24, 2021)

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Article 106.- Legal principles. The Administrative Environmental Tribunal shall perform its duties subject to the principles of orality, official initiative (oficialidad), celerity, and immediacy of evidence. It shall adjust its actions to the procedure and operating rules established in the present code and, suppletorily, to the General Law of Public Administration, Book Two, Chapter "On Ordinary Procedure".

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Article 107- Content of the complaint

The complaint (denuncia) must contain:

a) The full name and identification document number of the complainant (denunciante).

b) The full name, identification document number, and address of the reported party (denunciado), if known.

c) The exact address where the events against the environment occurred.

d) The detailed description of the facts or acts committed against the environment.

e) The evidence supporting the conduct against the environment, or an indication thereof, if any.

f) The email, fax number, or, failing that, the exact address for receiving future notifications from the complainant. In the event of non-compliance with this requirement, automatic notification shall apply, in accordance with Article 11 of Law No. 8667, Judicial Notifications, December 4, 2008.

In the event of non-compliance with subsections e) and d), compliance shall be demanded on a single occasion, under penalty of archiving the case file (expediente).

(As amended by the sole article of Law No. 9684 of May 13, 2019)

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Article 108- Tribunal Procedure

Upon receiving the complaint, the Tribunal shall identify the complainant and shall always hear the person who may be affected by the outcome of the complaint, unless the seriousness of the reported fact warrants taking immediate measures. Subsequently, it may notify the outcome.

The Administrative Environmental Tribunal shall gather the necessary evidence to ascertain the real truth of the reported facts.

This investigation stage, corresponding to the request for reports and inspections, shall be in charge of the processing lawyer (abogado tramitador).

The parties or their representatives and their lawyers shall have access to the proceedings related to the complaint processed before the Administrative Environmental Tribunal, including the records documenting the investigation of the infractions. They may consult them with no further requirement than proof of their identity or legal standing.

(As amended by the sole article of Law No. 9684 of May 13, 2019)

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Article 109- Information requested by the Tribunal

The Administrative Environmental Tribunal may request reports and seek advice from any national public body or entity, international organizations, non-governmental organizations, individuals or legal entities, or non-state public entities, when the case raised in the complaint so warrants. It may also request reports, collaboration, and advice from bodies and dependencies of the Ministry of Environment and Energy (MINAE).

(As amended by the sole article of Law No. 9684 of May 13, 2019)

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Article 110.- Celerity of proceedings. Ex officio, the Administrative Environmental Tribunal must drive forward the procedure and processing of matters under its competence, with the speed required by the affected situation.

The ruling must be issued within a term no longer than thirty days; in special cases, the period may be extended for up to thirty additional days.

The obligation of the administration to provide a prompt and full response is established.

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Article 111- Competence of the Tribunal. The Administrative Environmental Tribunal shall be competent to:

a) Hear and resolve, in administrative venue, ex officio or upon petition of a party, the complaints established concerning active and omissive behaviors against all persons, public or private, for violations of the legislation protecting the environment and natural resources that may generate environmental damage.

b) Establish, through administrative channels, the indemnifications that may arise in relation to the environmental damages caused by violations of the legislation protecting the environment and natural resources.

c) The resolutions of the Administrative Environmental Tribunal shall be final and unappealable (irrecurribles) and shall exhaust the administrative channel.

d) Establish fines, in administrative venue, for infractions to the Law for Integrated Waste Management (Ley para la Gestión Integral de Residuos) and any other law that so establishes.

Infractions of environmental legislation that are not under the competence of the Administrative Environmental Tribunal shall be heard by:

1) The Ministry of Environment and Energy (Minae) and the Environmental Comptrollership (Contraloría Ambiental), through the Integrated System for Processing and Attending Environmental Complaints (Sitada).

2) The National Environmental Technical Secretariat (SETENA), when there is an open administrative case file (expediente) for the activity, work, or project in question.

3) In the municipality of the respective jurisdiction, when dealing with matters related to building permits.

(As amended by the sole article of Law No. 10021 of September 24, 2021)

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Article 112.- Deadlines for the Tribunal. Proceedings before the Administrative Environmental Tribunal shall not be subject to any formality. The complaint may be filed by any means of communication, including orally. When it is not in writing, it must be ratified within the following eight calendar days.

If a complaint is filed before an authority other than the Administrative Environmental Tribunal, said authority must forward it to the Tribunal for its attention and processing within a term no longer than three days.

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CHAPTER XXII

Final Provisions

Article 113.- Environmental credit portfolio. The National Banking System may open an environmental credit portfolio intended to finance the costs of reducing pollution in production processes, through loans at a preferential interest rate to be determined by the Central Bank of Costa Rica.

When production processes involve land use, for financing, the National Banking System must require a land management and use plan in accordance with land use capacity.

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Article 114.- Guayacán Prize. The annual "GUAYACAN" prize is created, which shall consist of a gold medal engraved with a guayacán tree, as a symbol of the persistent struggle for environmental improvement. It shall be awarded once a year by the President of the Republic to the individual or legal entity, national or foreign, that demonstrates having contributed effectively to the improvement of the national environment.

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Article 115.- Additions

The following provisions are added:

a) Article 48 bis to the Organic Law of the Ministry of Health, No. 5412, of November 8, 1973, which shall constitute Section III, to be called "On Environmental Health Services" and shall be in Book II. The text shall read:

“Article 48 bis.- Individuals or legal entities, private or public, requiring permits or authorizations from the Ministry of Health related to the control of physical, chemical, biological, and social factors affecting the human environment, shall contribute economically through payment for the service, in accordance with the rules issued by that Ministry and with the limitations established in the Financial Administration Law of the Republic."

b) Article 70 bis to the Urban Planning Law, No. 4240, of November 15, 1968, whose text shall read:

"Article 70 bis.- Individuals or legal entities, private or public, requiring permits or authorizations from the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), relating to the approval of preliminary projects, building permits, land uses, and segregations, as well as any others within its competence, shall contribute economically through payment for the service, according to the rules issued by the Board of Directors of that Institute and with the limitations stipulated in the Financial Administration Law of the Republic."

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Article 116.- Ministry of Environment and Energy. The Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, created by Law No. 7152, shall henceforth be called the Ministry of Environment and Energy (MINAE).

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Article 117.- Regulation. The Executive Branch shall regulate the provisions contained in this law within a period of three months, counted from the effective date of this law.

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Article 118.- Effective Date. It shall be in effect upon its publication.

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Transitory Provisions

Transitory I.- The environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental) that are in process upon publication of this Organic Law of the Environment shall continue their processing in accordance with the present provisions.

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Transitory II.- Prior consultation with the representative organizations of the productive sector, the competent entities shall establish the prudential time limits for controlling and reducing pollution; likewise, they shall promote the means for the productive sector to integrate both processes into its activities.

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Transitory III.- The inter-institutional commission for the control and evaluation of environmental impact studies, created through Executive Decree No. 23783- MIRENEM, of October 28, 1994, shall become the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) created by Article 83 of this law.

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Transitory IV.- To comply with the provisions of Article 88 of this law, five of the appointed members shall cease their duties after three years of their appointment and the other five shall remain for six years. All may be reelected and after reelection, shall be appointed for periods of six years.

Done at the Presidency of the Republic.-San José, on the fourth day of the month of October of nineteen ninety-five.

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Generation date: 9/3/2026 12:04:25

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