Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Artículo 1. La presente ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica.
Artículo 2. Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional:
a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los derechos y libertades consagrados por la Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica.
Artículo 29. El recurso de amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales a que se refiere esta ley, salvo los protegidos por el de hábeas corpus.
Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos.
El amparo procederá no sólo contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas.
English (translation)Article 1. The purpose of this law is to regulate constitutional jurisdiction, whose object is to guarantee the supremacy of the constitutional norms and principles and of the International or Community Law in force in the Republic, their uniform interpretation and application, as well as the fundamental rights and freedoms enshrined in the Constitution or in the international human rights instruments in force in Costa Rica.
Article 2. The constitutional jurisdiction specifically has the following functions:
a) To guarantee, through the writs of habeas corpus and amparo, the rights and freedoms enshrined by the Political Constitution and the human rights recognized by International Law in force in Costa Rica.
Article 29. The amparo remedy guarantees the fundamental rights and freedoms referred to in this law, except those protected by habeas corpus.
The remedy is available against any provision, agreement, or resolution and, in general, against any action, omission, or simple material act not based on an effective administrative act, by public servants and bodies, which has violated, violates, or threatens to violate any of those rights.
Amparo shall be available not only against arbitrary acts but also against actions or omissions based on erroneously interpreted or improperly applied norms.
Active norm
Recuerde que Control F es una opción que le permite buscar en la totalidad del texto Ir al final del documento - Usted está en la última versión de la norma - Ley de la Jurisdicción Constitucional N° 7135 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA DECRETA: Ley de la Jurisdicción Constitucional TITULO I Disposiciones preliminares CAPITULO UNICO Artículo 1. La presente ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica. (Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este numeral indicaba: “Artículo 1. La presente ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su iniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica.”) Ficha articulo Artículo 2. Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional: a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los derechos y libertades consagrados por la Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica. b) Ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público, así como la conformidad del ordenamiento interno con el Derecho Internacional o Comunitario, mediante la acción de inconstitucionalidad y demás cuestiones de constitucionalidad. c) Resolver los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, y los de competencia constitucional entre éstos y la Contraloría General de la República, las municipalidades, los entes descentralizados y las demás personas de Derecho Público. ch) Conocer de los demás asuntos que la Constitución o la presente ley le atribuyan. Ficha articulo Artículo 3. Se tendrá por infringida la Constitución Política cuando ello resulte de la confrontación del texto de la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación por las autoridades públicas, con las normas y principios constitucionales. Ficha articulo Artículo 4. La jurisdicción constitucional se ejerce por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia establecida en el artículo 10 de la Constitución Política. La Sala Constitucional está formada por siete magistrados propietarios y doce suplentes, todos elegidos por la Asamblea Legislativa en la forma prevista por la Constitución. Su régimen orgánico y disciplinario es el que se establece en la presente y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Sala Constitucional no está sometida al plan de vacaciones establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en consecuencia, fijará las fechas en que sus miembros tomarán vacaciones, de manera que haya siempre una mayoría de magistrados propietarios. Si la ausencia de propietarios fuere por licencia, se aplicará la regla anterior, excepto en los casos de enfermedad o de otro motivo justo. Ficha articulo Artículo 5. La Sala Constitucional regulará la forma de recibir y tramitar los recursos de hábeas corpus y de amparo, si se interpusieren después de las horas ordinarias de trabajo o en días feriados o de asueto, para cuyos efectos habrá siempre un magistrado de turno, quien les dará el curso inicial. ( La Sala Constitucional mediante resolución N° 835 del 10 de febrero de 1998, interpretó el presente artículo en el sentido de que: ".todos los días y todas las horas son hábiles, siendo que por "horas ordinarias" se entiende las que normalmente labora el resto del Poder Judicial, cuyo personal administrativo es -justamente- el encargado de atender la recepción de los documentos que se hace llegar a la Sala. Desde esta óptica, el recto sentido de aquella norma no es la de insinuar que sólo esas horas "normales" son hábiles para la Sala, sino el de advertir que el hecho de que no sean las "ordinarias" para el resto del Poder Judicial no debe ser óbice para que los ciudadanos y demás partes interesadas puedan hacer llegar sus gestiones a este Tribunal, puesto que siempre existirán medios para hacerlo factible en cualquier tiempo...") Ficha articulo Artículo 6.En caso de impedimento, recusación o excusa, el Presidente de la Sala, oído el parecer del magistrado en cuestión, dispondrá su reemplazo, sin más trámite y sin que por ningún motivo se suspenda o interrumpa el curso del procedimiento. (Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este numeral indicaba: “Artículo 6.En caso de impedimento, recusación o excusa, el Presidente de de la Sala, oído el parecer del magistrado en cuestión, dispondrá su reemplazo, sin más trámite y sin que por ningún motivo se supenda o interrumpa el curso del procedimiento.”) Ficha articulo Artículo 7. Le corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional resolver sobre su propia competencia, así como conocer de las cuestiones incidentales que surjan ante ella y de las prejudiciales conexas. Ficha articulo Artículo 8. Una vez requerida legalmente su intervención, la Sala Constitucional deberá actuar de oficio y con la mayor celeridad, sin que pueda invocarse la inercia de las partes para retardar el procedimiento. Los plazos establecidos por esta ley no podrán prorrogarse por ningún motivo. Cualquier retardo en su cumplimiento será sancionado disciplinariamente, sin perjuicio de la acción por responsabilidad del funcionario. Los términos para las actuaciones y resoluciones judiciales se contarán a partir del recibo de la gestión que las motive, y, para las actividades de las partes, desde la notificación de la resolución que las cause. Ni unos ni otros se interrumpirán o suspenderán por ningún incidente, ni por ninguna actuación que no esté preceptuada expresamente en la ley. (Corregido el párrafo anterior mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este párrafo indicaba: “Los términos para las actuaciones y resoluciones judiciales se contarán a partir del recibo de la gestión que las motive, y, para las actividades de las partes, desde la notificación de la resolución que las cause. Ni unos ni otros se interrumpirán ó suspenderán por ningún incidente, ni por ninguna actuación que no esté preciptuada expresamente en la ley.”) En materia de hábeas corpus los plazos por días son naturales. Ficha articulo Artículo 9. La Sala Constitucional rechazará de plano cualquier gestión manifiestamente improcedente o infundada. Podrá también rechazarla por el fondo en cualquier momento, incluso desde su presentación, cuando considere que existen elementos de juicio suficientes, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada; en este caso siempre que no encontrare motivos para variar de criterio o razones de interés público que justifiquen reconsiderar la cuestión. (Corregido el párrafo anterior mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este párrafo indicaba: “Podrá también rechazarle por el fondo en cualquier momento, incluso desde su presentación, cuando considere que existen elementos de juicio suficientes, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada; en este caso siempre que no encontrare motivos para variar de criterio o razones de interés público que justifiquen reconsiderar la cuestión.”) Asimismo, podrá acogerla interlocutoriamente cuando considere suficiente fundarla en principios o normas evidentes o en sus propios precedentes o jurisprudencia, pero si se tratare de recursos de hábeas corpus o de amparo deberá esperar la defensa del demandado. Ficha articulo ARTICULO 10. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Sala dispondrá que los trámites se realicen, en lo posible, en forma oral, y ordenará una comparecencia oral para que los interesados formulen conclusiones antes de la sentencia, necesariamente en las acciones de inconstitucionalidad, y facultativamente en los demás casos. Ficha articulo Artículo 11. A la Sala en pleno le corresponde dictar las sentencias y los autos con carácter de tales, que deberán ser motivados. Las demás resoluciones le corresponden al Presidente o, en su caso, al magistrado designado para la instrucción. No habrá recurso contra las sentencias, autos o providencias de la jurisdicción constitucional. Ficha articulo Artículo 12. Las sentencias que dicte la Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro de tercero día, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo. Ficha articulo Artículo 13. La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma. Ficha articulo Artículo 14. La Sala Constitucional y su jurisdicción estarán sometidas únicamente a la Constitución y a la ley. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios del Derecho Constitucional, así como los del Derecho Público y Procesal generales, o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario, y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y los Códigos Procesales. Ficha articulo TITULO II Del recurso de habeas corpus CAPITULO UNICO Artículo 15. Procede el hábeas corpus para garantizar la libertad e integridad personales, contra los actos u omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, contra las amenazas a esa libertad y las perturbaciones o restricciones que respecto de ella establezcan indebidamente las autoridades, lo mismo que contra las restricciones ilegítimas del derecho de trasladarse de un lugar a otro de la República, y de libre permanencia, salida e ingreso en su territorio. (Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este numeral indicaba: “Artículo 15. Procede el hábeas corpus para garantizar la libertad e integridad personales, contra los actos y omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, conta las amenazas a esa libertad y las perturbaciones o restricciones que respecto de ella establezcan indebidamente las autoridades, lo mismo que conta las restricciones ilegítimas del derecho de trasladarse de un lugar a otro de la República, y de libre permanencia, salida e ingreso en su territorio.”) Ficha articulo Artículo 16. Cuando en el hábeas corpus se alegaren otras violaciones que tengan relación con la libertad personal, en cualquiera de sus formas, y los hechos fueren conexos con el acto atribuido como ilegítimo, por constituir su causa o finalidad, en esta vía se resolverá también sobre esas violaciones. Ficha articulo Artículo 17. El recurso se interpondrá ante la Sala Constitucional, y su tramitación estará a cargo de su Presidente o del Magistrado instructor. Si se tratare de un caso de improcedencia manifiesta, el Magistrado se abstendrá de tramitarlo y reservará el asunto para la próxima sesión de la Sala. Ficha articulo Artículo 18. Podrá interponer el recurso de hábeas corpus cualquier persona, en memorial, telegrama u otro medio de comunicación escrito, sin necesidad de autenticación. Cuando se utilice la vía telegráfica se gozará de franquicia. Ficha articulo Artículo 19. La sustanciación del recurso se hará sin pérdida de tiempo, posponiendo cualquier asunto de distinta naturaleza que tuviere el tribunal. El Magistrado instructor pedirá informe a la autoridad que se indique como infractora, informe que deberá rendirse dentro del plazo que él determine y que no podrá exceder de tres días. Al mismo tiempo ordenará no ejecutar, respecto del ofendido, acto alguno que pudiere dar como resultado el incumplimiento de lo que en definitiva resuelva la Sala. De ignorarse la identidad de la autoridad, el recurso se tendrá por establecido contra el jerarca. Ficha articulo Artículo 20. Cuando se trate de personas que han sido detenidas y puestas a la orden de alguna autoridad judicial, sin que se haya dictado auto que restrinja la libertad, el Magistrado instructor podrá suspender, hasta por cuarenta y ocho horas, la tramitación del recurso. En el mismo acto prevendrá a la autoridad judicial que practique las diligencias que correspondan e informe sobre el resultado de los procedimientos y si ha ordenado la detención. Cualquier restricción a la libertad física, ordenada por autoridad competente, que exceda los plazos señalados por los artículos 37 y 44 de la Constitución Política, deberá imponerse mediante resolución debidamente fundamentada, salvo si se tratare de simples órdenes de presentación o de aprehensión. Ficha articulo Artículo 21. La Sala puede pedir los antecedentes para resolver el recurso. También podrá ordenar la comparecencia del ofendido o practicar una inspección cuando lo considere necesario, de acuerdo con las circunstancias, ya sea antes de pronunciarse sobre el hábeas corpus o para efectos de ejecución, si lo considerare procedente, lo haya declarado con o sin lugar. En cualquier momento se podrán ordenar medidas provisionales de protección de los señalados derechos. Las órdenes correspondientes se comunicarán a la autoridad encargada de ejecutarlas. Ficha articulo Artículo 22. El informe a que se refiere el artículo 19 se remitirá a la Sala junto con copia de la orden de detención y de la resolución, en su caso, o de cualquiera otra que se hubiere dictado, así como de una explicación clara de las razones y preceptos legales en que se funde, y de la prueba que exista contra el perjudicado. (Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este numeral indicaba: “Artículo 22. El informe a que se refiere el artíclo 19 se remitirá a la Sala junto con copia de la orden de detención y de la resolución, en su caso, o de cualquiera otra que se hubiere dictado, así como de una explicación clara de las razones y preceptos legales en que se funde, y de la prueba que exista contra el perjudicado.”) Ficha articulo Artículo 23. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se podrán tener por ciertos los hechos invocados al interponerlo, y la Sala declarará con lugar el recurso, si procediere en derecho. Ficha articulo Artículo 24. Vencido el plazo establecido en el artículo 19 o, en su caso, celebrada la audiencia oral prevista en el artículo 10, la Sala deberá resolver el recurso dentro de los cinco días siguientes, excepto cuando estimare que debe realizar alguna diligencia probatoria, en cuyo caso el término correrá a partir del recibo de la prueba. Al resolver, la Sala examinará, entre otros aspectos, los siguientes: a) Si la autoridad tenía competencia para dictar la restricción de la libertad o la medida impuesta. b) Si la detención se ordenó ilegítimamente o contra lo dispuesto en el artículo 37 de la Constitución Política. c) Si existe auto de detención o prisión preventiva legalmente decretada, o si la pena que se está descontando es la impuesta por sentencia firme. ch) Si, en caso de estar suspendidas las garantías constitucionales, la resolución se dictó dentro de las limitaciones de la Constitución Política, y de las razonablemente derivadas de la misma declaratoria. d) Si por algún motivo fuere indebida la privación de la libertad o la medida impuesta. e) Si efectivamente hubo o existe amenaza de violación de los derechos protegidos por el recurso. f) Si la persona hubiere sido ilegítimamente incomunicada, o si la incomunicación legalmente decretada se mantiene por un plazo mayor al autorizado en el artículo 44 de la Constitución Política. g) Si la detención, prisión o medida acordada se cumple en condiciones legalmente prohibidas. h) Si el hecho que se le imputa está o no previsto por ley preexistente. Ficha articulo Artículo 25. Si del examen practicado resultare ilegítima la medida acordada por las autoridades, la Sala declarará con lugar el recurso, sin perjuicio de lo que proceda contra la autoridad responsable. Ficha articulo Artículo 26. La sentencia que declare con lugar el hábeas corpus dejará sin efecto las medidas impugnadas en el recurso, ordenará restablecer al ofendido en el pleno goce de su derecho o libertad que le hubieren sido conculcados, y establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso concreto. Además, condenará a la autoridad responsable a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los cuales se liquidarán y ejecutarán en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción. Ficha articulo Artículo 27. Las resoluciones que se dicten se notificarán a los interesados cuando hubieren señalado casa u oficina dónde atender notificaciones. Además, la resolución que decida el recurso deberá notificarse personalmente al perjudicado, para lo cual las autoridades correspondientes le brindarán todas las facilidades al notificador. Sin embargo, no será preciso notificarle al perjudicado la resolución que declare con lugar el recurso, si en el momento en que debe practicarse el acto ya hubiere sido puesto en libertad o existiere imposibilidad material para hacerlo. El notificador dejará constancia en el expediente de la información recabada durante la diligencia. Ficha articulo Artículo 28. Cuando la Sala apreciare, al decidir el asunto, que no se trata de un caso de hábeas corpus sino de amparo, lo declarará así, y continuará la tramitación conforme con lo reglado en los artículos 29 y siguientes de la presente ley. La Sala podrá concederle un término de tres días al interesado, a fin de que convierta el recurso. Si no lo hiciere, se resolverá el asunto. Cuando la Sala considere que las actuaciones u omisiones impugnadas están razonablemente fundadas en normas vigentes, se procederá en la forma prevista en el artículo 48. Ficha articulo TITULO III Del recurso de amparo CAPITULO I Del amparo contra órganos o servidores públicos Artículo 29. El recurso de amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales a que se refiere esta ley, salvo los protegidos por el de hábeas corpus. Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos. El amparo procederá no sólo contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas. Ficha articulo Artículo 30. No procede el amparo: a) Contra las leyes u otras disposiciones normativas salvo cuando se impugnen conjuntamente con actos de aplicación individual de aquellas, o cuando se trate de normas de acción automática, de manera que sus preceptos resulten obligatorios inmediatamente por su sola promulgación, sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen o los hagan aplicables al perjudicado. b) Contra las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial. c) Contra los actos que realicen las autoridades administrativas al ejecutar resoluciones judiciales, siempre que esos actos se efectúen con sujeción a lo que fue encomendado por la respectiva autoridad judicial. ch) Cuando la acción u omisión hubiere sido legítimamente consentida por la persona agraviada. d) Contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral. Ficha articulo Artículo 31. No será necesaria la reposición ni ningún otro recurso administrativo para interponer el recurso de amparo. Cuando el afectado optare por ejercitar los recursos administrativos que conceda el ordenamiento, se suspenderá el plazo de prescripción mientras la Administración no resuelva expresamente, sin perjuicio de que se ejerza directamente en cualquier momento. Ficha articulo Artículo 32. Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. Ficha articulo Artículo 33. Cualquier persona podrá interponer el recurso de amparo. Ficha articulo Artículo 34. El recurso se dirigirá contra el servidor o el titular del órgano que aparezca como presunto autor del agravio. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, se tendrá por establecido el amparo contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en sentencia. De ignorarse la identidad del servidor, el recurso se tendrá por establecido contra el jerarca. Se tendrá también como parte al tercero que derivare derechos subjetivos de la norma o del acto que cause el proceso de amparo. Además, quien tuviere un interés legítimo en el resultado del recurso podrá apersonarse e intervenir en él como coadyuvante del actor o del demandado. Ficha articulo Artículo 35. El recurso de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado. Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente patrimoniales u otros cuya violación pueda ser válidamente consentida, el recurso deberá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de interponer el recurso. Ficha articulo Artículo 36. La prescripción del amparo, por no haberse interpuesto en tiempo, no será obstáculo para impugnar el acto o la actuación en otra vía, si fuere posible hacerlo conforme con la ley. Ficha articulo Artículo 37. La falta de impugnación directa de los decretos y disposiciones generales a que se refiere el inciso a) del artículo 30, o el transcurso del plazo para formularla, no impedirán que los actos de aplicación individual puedan discutirse en la vía del amparo, si infringieren algún derecho fundamental del reclamante. Ficha articulo Artículo 38. En el recurso de amparo se expresará, con la mayor claridad posible, el hecho o la omisión que lo motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre del servidor público o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y las pruebas de cargo. No será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho lesionado, salvo que se invoque un instrumento internacional. El recurso no está sujeto a otras formalidades ni requerirá autenticación. Podrá plantearse por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito, para lo cual se gozará de franquicia telegráfica. Ficha articulo Artículo 39. La tramitación del recurso estará a cargo del Presidente de la Sala o del magistrado a quien éste designe, en turno riguroso, y se sustanciará en forma privilegiada, para lo cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente, salvo el de hábeas corpus. Los plazos son perentorios e improrrogables, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47. Ficha articulo Artículo 40. Las resoluciones que se dicten en el recurso de amparo sólo se notificarán a las partes que hubieren señalado casa u oficina para oír notificaciones. Ficha articulo Artículo 41. La interposición del amparo no suspenderá los efectos de leyes u otras disposiciones normativas cuestionadas, pero sí la aplicación de aquellas al recurrente, así como la de los actos concretos impugnados. Sin embargo, en casos de excepcional gravedad la Sala podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, a solicitud de la Administración de la que dependa el funcionario u órgano demandado, o aun de oficio, cuando la suspensión cause o amenace causar daños o perjuicios ciertos e inminentes a los intereses públicos, mayores que los que la ejecución causaría al agraviado, mediante las cautelas que considere procedentes para proteger los derechos o libertades de este último y no hacer ilusorio el efecto de una eventual resolución del recurso a su favor. La suspensión operará de pleno derecho, y se notificará sin demora al órgano o servidor contra quien se dirige el amparo, por la vía más expedita posible. De igual modo, el Presidente o el Magistrado instructor podrán dictar cualquier medida de conservación o seguridad que la prudencia aconseje, para prevenir riesgos materiales o evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo conforme con las circunstancias del caso. La Sala podrá, por resolución fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que se hubieren dictado. (Corregido el párrafo anterior mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este párrafo indicaba: “ La Sala podrá, por resolución fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cauterales que se hubieren dictado.”) Ficha articulo Artículo 42. Si el recurso fuere oscuro, de manera que no pudiere establecerse el hecho que lo motiva, o no llenare los requisitos indicados, se prevendrá al recurrente que corrija los defectos dentro de tercero día, los cuales deberán señalarse concretamente en la misma resolución. Si no los corrigiere, el recurso será rechazado de plano. (Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este numeral indicaba: “Artículo 42. Si el recurso fuere oscuro, de manera que no pudiere establecerse el hecho que lo motiva, o no llenare los requisitos indicados, se prevendrá al recurrente que corrija los defectos dentro de tercero día, los cuales deberán señalarse concretamente en la misma resolución. Si no los corrigiere, el recurso será rechazado de pleno.”) Ficha articulo Artículo 43. Cuando no fuere del caso rechazar de plano o resolver interlocutoriamente el recurso, se le pedirá informe al órgano o al servidor que se indique como autor del agravio, amenaza u omisión, lo que se hará por el medio escrito más rápido posible. Al ordenarse el informe, se podrá también pedir el expediente administrativo o la documentación en que consten los antecedentes del asunto. La omisión injustificada de enviar esas piezas al tribunal acarreará responsabilidad por desobediencia. Si el recurso se dirigiere contra un órgano colegiado, el informe y las piezas se pedirán a su Presidente; si se tratare del Poder Ejecutivo o de un Ministerio, al Ministro respectivo, y si se tratare del Consejo de Gobierno, al Ministro de la Presidencia. Ficha articulo Artículo 44. El plazo para informar será de uno a tres días, que se fijará según sean la índole del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicación. Los informes se considerarán dados bajo juramento. Por consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir al funcionario en las penas del perjurio o del falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en el informe. Ficha articulo Artículo 45. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver el amparo sin más trámite, salvo que el tribunal estime necesaria alguna averiguación previa, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra el servidor omiso en el informe. Ficha articulo Artículo 46. Si del informe resultare que es cierto el cargo, se declarará con lugar el amparo, si procediere conforme a derecho. (Corregido el párrafo anterior mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este párrafo indicaba: “Artículo 46. Si del informe resultare que es cierto el cargo, se declarará con lugar el amparo, si procediere conforme con derecho.”) Si fuere negativo, podrá ordenarse de inmediato una información, que deberá concluirse dentro de tres días con recepción de las pruebas que sean indispensables y, en su caso, se oirá en forma verbal al recurrente y al ofendido, si éste fuere persona distinta de aquél, lo mismo que al servidor o representante, de todo lo cual se levantará el acta correspondiente. Ficha articulo Artículo 47. Antes de dictar sentencia, para mejor proveer, la Sala podrá ordenar la práctica de cualquier otra diligencia. Ficha articulo Artículo 48. En cualquier momento en que la Sala considere que las actuaciones u omisiones impugnadas están razonablemente fundadas en normas vigentes, hayan sido éstas atacadas o no también como violatorias de los derechos o libertades reclamados, así lo declarará en resolución fundada, y suspenderá la tramitación y le otorgará al recurrente un término de quince días hábiles para que formalice la acción de inconstitucionalidad contra aquéllas. Si no lo hiciere, se archivará el expediente. Cuando el amparo se interponga directamente contra las normas a que se refiere el inciso a) del artículo 30, el Presidente de la Sala suspenderá, sin más trámite, el recurso y procederá en la forma prevista en el párrafo primero de este artículo. (Corregido el párrafo anterior mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este párrafo indicaba: “Cuando el amparo se interponga directamente contra las normas a que se refiere el inciso a) del artículo 30, el Presidente de la Sala suspenderá, sin más trámite, el recurso y procederá en la forma prevista en el párrafo de este artículo.”) Ficha articulo Artículo 49. Cuando el acto impugnado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir o garantizar al agraviado en el pleno goce de su derecho, y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando fuere posible. Si el amparo hubiere sido establecido para que una autoridad reglamente, cumpla o ejecute lo que una ley u otra disposición normativa ordena, dicha autoridad tendrá dos meses para cumplir con la prevención. Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una omisión, la sentencia ordenará realizarlo, para lo cual se otorgará un plazo prudencial perentorio. Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material, o de una amenaza, se ordenará su inmediata cesación, así como evitar toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción semejante. En todo caso, la Sala establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso concreto. Ficha articulo Artículo 50. Si al declararse con lugar el amparo hubieren cesado los efectos del acto reclamado, o éste se hubiere consumado en forma que no sea posible restablecer al recurrente en el goce de su derecho o libertad conculcada, en la sentencia se prevendrá al órgano o servidor que no deberá incurrir en los actos u omisiones que dieron mérito para acoger el recurso, y que, si procediere de modo contrario, cometerá el delito previsto y penado en el artículo 71 de esta ley, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. (Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este numeral indicaba: “Artículo 50. Si al declararse con lugar el amparo hubieren cesado los efectos del acto reclamado, o éste se hubiere consumado en forma que no sea posible restablecer al recurrente en el goce de su derecho o libertad conculcado, en la sentencia se prevendrá al órgano o servidor que no deberá incurrir en los actos u omisiones que dieron mérito para acoger el recurso, y que, si procediere de modo contrario, cometerá el delito previsto y penado en el artículo 71 de esta ley, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido”) Ficha articulo Artículo 51. Además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia. La condenatoria será contra el Estado o, en su caso, la entidad de que dependa el demandado, y solidariamente contra éste, si se considerara que ha mediado dolo o culpa de su parte, en los términos del artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido. Si el amparo fuere desistido por el recurrente, rechazado o denegado por la Sala, ésta lo condenará al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad. Ficha articulo Artículo 52. Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes. El recurrente podrá desistir del amparo, en cuyo caso se archivará el expediente si, a juicio de la Sala Constitucional, el recurso involucrare solamente derechos patrimoniales u otros renunciables. De lo contrario, continuará su tramitación. Cuando el desistimiento se funde en una satisfacción extraprocesal de los derechos o libertades reclamados por el interesado, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha resultado incumplida o tardía. Ficha articulo Artículo 53. Firme la sentencia que declare procedente el amparo, el órgano o servidor responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su firmeza, la Sala se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Al mismo tiempo, mandará abrir proceso contra el culpable o los culpables, y, pasadas otras cuarenta y ocho horas, contra el superior que no hubiere procedido conforme con lo expuesto, salvo cuando se trate de funcionarios que gocen de fuero privilegiado, en cuyo caso se comunicará al Ministerio Público para lo que proceda. Ficha articulo Artículo 54. El cumplimiento de la sentencia que se dicte en el amparo no impedirá que se proceda contra el servidor, si los hechos u omisiones en que incurrió constituyeren delito, a cuyo efecto se testimoniarán las piezas necesarias y se remitirán al Ministerio Público. Ficha articulo Artículo 55. El rechazo del recurso de amparo no prejuzga sobre las responsabilidades en que haya podido incurrir el autor del agravio. El ofendido o la Administración, en su caso, podrán promover o ejercitar las acciones que correspondan, o aplicar las medidas pertinentes. Ficha articulo Artículo 56. La ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias, o en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción. Ficha articulo CAPITULO II Del amparo contra sujetos de derecho privado Artículo 57. El recurso de amparo también se concederá contra las acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a), de esta ley. (Corregido el párrafo anterior mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este párrafo indicaba: “Artículo 57. El recurso de amparo también se concederá contra las acciones y omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a), de esta ley.”) La resolución que rechace el recurso deberá indicar el procedimiento idóneo para tutelar el derecho lesionado. (Corregido el párrafo anterior mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este párrafo indicaba: “La resolución que rechaze el recurso deberá indicar el procedimiento idóneo para tutelar el derecho lesionado.”) No se podrán acoger en sentencia recursos de amparo contra conductas legítimas del sujeto privado. Ficha articulo Artículo 58. Cualquier persona podrá interponer el recurso. Ficha articulo Artículo 59. El recurso se dirigirá contra el presunto autor del agravio, si se tratare de persona física en su condición individual; si se tratare de una persona jurídica, contra su representante legal; y si lo fuere de una empresa, grupo o colectividad organizados, contra su personero aparente o el responsable individual. Ficha articulo Artículo 60. El recurso será inadmisible si no se interpusiere dentro del plazo señalado en el artículo 35 de la presente ley. Ficha articulo Artículo 61. Cuando no corresponda rechazar de plano el recurso, se dará traslado a la persona o entidad que se indique como autora del agravio, amenaza u omisión, por un plazo de tres días, para lo cual se hará uso de la vía escrita más rápida posible. Ese plazo podrá aumentarse si resultare insuficiente por razón de la distancia. La notificación del traslado se practicará o comunicará en el lugar de trabajo, o en la casa de habitación del presunto autor del agravio, si se tratare de personas físicas. Si fuere una persona jurídica o una empresa, grupo o colectividad organizados, se hará al representante o personero en su casa de habitación, o en la sede de la sociedad, asociación, empresa o corporación. Ficha articulo Artículo 62. La sentencia que conceda el amparo declarará ilegítima la acción u omisión que dio lugar al recurso, y ordenará que se cumpla lo que dispone la respectiva norma, según corresponda en cada caso, dentro del término que el propio fallo señale, y condenará a la persona o entidad responsable a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas. Si el acto fuere de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar al responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho de que se trate, con aplicación en lo demás de lo dispuesto en el párrafo anterior. La liquidación de los daños y perjuicios y de las costas se reservará a la vía civil de ejecución de sentencia. Ficha articulo Artículo 63. Si al declararse con lugar el amparo hubieren cesado los efectos del acto reclamado, o éste se hubiere consumado en forma que no sea posible restablecer al perjudicado en el goce de su derecho, la sentencia prevendrá al agraviante que no debe incurrir en actos u omisiones iguales o semejantes a los que dieron mérito para acoger el recurso, y lo condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas, con aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior. Todo ello sin perjuicio de las otras responsabilidades civiles o penales que correspondan. (Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este numeral indicaba: “Artículo 63. Si al declararse con lugar el amparo hubieren cesado los efectos del acto reclamado, o éste se hubiere consumado en forma que no sea posible restablecer al perjudicado en el goce de su derecho, la sentencia prevendrá al agraviante que no debe incurrir en actos u omisiones iguales o semejantes a los que dieron mérito para acoger el recurso, y lo condenará en abstrato a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas, con aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior. Todo ello sin perjuicio de las otras responsabilidades civiles o penales que correspondan.”) Ficha articulo Artículo 64. El rechazo del amparo contra sujetos de Derecho Privado no prejuzga sobre la responsabilidad civil o penal en que haya podido incurrir el autor del agravio, y el ofendido podrá ejercitar o promover las acciones respectivas. Ficha articulo Artículo 65. En lo no previsto en este capítulo o en el siguiente, se aplicarán las disposiciones y principios establecidos en el capítulo anterior, en lo que fueren compatibles. Ficha articulo CAPITULO III Del derecho de rectificación o respuesta Artículo 66. El recurso de amparo garantiza el derecho de rectificación o respuesta que se deriva de los artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en general, y, consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establece esta ley. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. Ficha articulo Artículo 67. Cuando los ofendidos fueren una o más personas físicas directamente aludidas, el derecho podrá ser ejercido por cualquiera de ellas, pero, si lo hicieren varias, la extensión de cada rectificación o respuesta se reducirá a proporciones razonables que garanticen el debido equilibrio con la publicación o difusión que la cause. Si la inexactitud o el agravio fuere sólo indirecto o hubiere sido inferido a un grupo o colectividad, el derecho lo tendrá la persona o grupo de personas cuya rectificación o respuesta proteja más claramente la honra o reputación de todos los ofendidos y, en condiciones semejantes, la que se haya presentado antes, todo ello a juicio del medio de comunicación o, en su caso, de la Sala Constitucional. No obstante, cuando el ofendido pudiere identificarse con un grupo o colectividad organizados, o sus miembros en general, el derecho deberá ser ejercido por su personero o personeros autorizados una única vez, y, en el caso de una persona jurídica, por su representante legal. Si la inexactitud o el agravio afectare a más de un grupo, colectividad o persona jurídica, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. Ficha articulo Artículo 68. Las responsabilidades que se deriven de la rectificación o respuesta recaerán exclusivamente sobre sus autores y no sobre el medio de comunicación o sus personeros, con excepción de hechos nuevos que no se refieran a la materia de la rectificación o respuesta. La que fuere ordenada por la Sala Constitucional eximirá a unos y otros de responsabilidad, salvo la que en la misma sentencia de amparo se imponga a los segundos por su negativa injustificada a publicarla. Ficha articulo Artículo 69. El derecho de rectificación o respuesta se ejercerá de conformidad con las siguientes reglas y, en su defecto, por las restantes del presente título: a) El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de su rectificación o respuesta redactada, en la forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella. (Corregido el inciso anterior mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este inciso indicaba: “a) El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de su rectificación o respuesta redactada, en la forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ellas.”) b) La rectificación o respuesta deberá publicarse o difundirse, y destacarse en condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva, dentro de los tres días siguientes, si se tratare de órganos de edición o difusión diaria, en los demás casos en la próxima edición o difusión materialmente posible que se hiciere después de ese plazo. c) El órgano de comunicación podrá negarse a publicar o difundir los comentarios, afirmaciones o apreciaciones que excedan de sus límites razonables, o en lo que no tengan relación directa con la publicación o difusión. ch) La Sala Constitucional, previa audiencia conferida por veinticuatro horas al órgano de comunicación, resolverá el recurso sin más trámite dentro de los tres días siguientes. d) Si se declarare procedente el recurso, en la misma sentencia se aprobará el texto de la publicación o difusión, se ordenará hacerla en un plazo igual al previsto en el inciso b), y se determinarán la forma y condiciones en que debe hacerse. Ficha articulo Artículo 70. Las resoluciones que se dicten en virtud del presente capítulo serán ejecutorias, y se harán efectivas en la vía civil por el procedimiento ejecutorio de sentencia establecido en el Código Procesal Civil. Ficha articulo CAPITULO IV De las sanciones Artículo 71. Se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo o de hábeas corpus, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Ficha articulo Artículo 72. Se impondrá prisión de seis meses a tres años, o de sesenta a ciento veinte días multa, a quien diere lugar a que se acoja un nuevo recurso de amparo o de hábeas corpus, por repetirse en daño de las mismas personas las acciones, omisiones o amenazas que fueron base de un amparo anterior declarado procedente. Ficha articulo TITULO IV De las cuestiones de constitucionalidad (Corregido el epígrafe anterior mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este epígrafe indicaba: “De los cuestiones de constitucionalidad.”) CAPITULO I De la acción de inconstitucionalidad Artículo 73. Cabrá la acción de inconstitucionalidad: a) Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional. b) Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren susceptibles de los recursos de hábeas corpus o de amparo. c) Cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite sustancial previsto en la Constitución o, en su caso, establecido en el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. ch) Cuando se apruebe una reforma constitucional con violación de normas constitucionales de procedimiento. d) Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7, párrafo primero, de la Constitución, por oponerse a un tratado público o convenio internacional. (Corregido el inciso anterior mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este inciso indicaba: “d) Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7, párrafo primero, de la Constitución, por oponerse a un tratato público o convenio internacional.”) e) Cuando en la suscripción, aprobación o ratificación de los convenios o tratados internacionales, o en su contenido o efectos se haya infringido una norma o principio constitucional o, en su caso, del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. En este evento, la declaratoria se hará solamente para los efectos de que se interpreten y apliquen en armonía con la Constitución o, si su contradicción con ella resultare insalvable, se ordene su desaplicación con efectos generales y se proceda a su denuncia. (Corregido el inciso anterior mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este inciso indicaba: “e) Cuando en la suscripción, aprobación o ratificación de los convenios o tratados internacionales, o en su contenido o efectos se haya infringido una norma o principio constitucional o, en su caso, del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplinaria Interior de la Asamblea Legislativa. En este evento, la declaratoria se hará solamente para los efectos de que se interpreten y apliquen en armonía con la Constitución o, si su contradicción con ella resultare insalvable, se ordene su desaplicación con efectos generales y se proceda a su denuncia.”) f) Contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de las autoridades públicas. Ficha articulo Artículo 74. No cabrá la acción de inconstitucionalidad contra los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, ni contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones relativos al ejercicio de la función electoral. (Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este numeral indicaba: “Artículo 74. No cabrá la acción de inconstitucionalidad contra los actos jurisdicionales del Poder Judicial, ni contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones relativos al ejercicio de la función electoral.”) Ficha articulo Artículo 75. Para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas corpus o de amparo, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado. No será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto. Tampoco la necesitarán el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes. En los casos de los dos párrafos anteriores, interpuesta la acción se seguirán los trámites señalados en los artículos siguientes, en lo que fueren compatibles. Ficha articulo Artículo 76. Quien hubiere establecido la acción de inconstitucionalidad no podrá plantear otras relacionadas con el mismo juicio o procedimiento, aunque las funde en motivos diferentes; y la que se interponga en esas condiciones será rechazada de plano. Ficha articulo Artículo 77. El derecho a pedir la declaración de inconstitucionalidad en casos determinados, se extingue por caducidad cuando ese derecho no se ejercite antes de que el respectivo proceso judicial quede resuelto por sentencia firme. Ficha articulo Artículo 78. El escrito en que se interponga la acción deberá presentarse debidamente autenticado. Se expondrán sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideren infringidos. (Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este numeral indicaba: “Artículo 78. El escrito en que se interponga la acción deberá presentarse debidamente autenticado. Se expondrán sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideren infringidos.”) Ficha articulo Artículo 79. El escrito será presentado ante la Secretaría de la Sala, junto con certificación literal del libelo en que se haya invocado la inconstitucionalidad en el asunto principal, conforme con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 75. Además, con todo escrito o documento se acompañarán siete copias firmadas para los magistrados de la Sala, y las necesarias para la Procuraduría y las partes contrarias en el proceso o procedimiento principal. Ficha articulo Artículo 80. Si no se llenaren las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la Sala señalará por resolución cuáles son los requisitos omitidos y ordenará cumplirlos dentro de tercero día. Si no se diere cumplimiento a lo ordenado, el Presidente denegará el trámite de la acción. De esta última resolución podrá pedirse revocatoria dentro de tercero día, en cuyo caso el Presidente elevará el asunto a conocimiento de la Sala para que ésta decida lo que corresponda. Ficha articulo Artículo 81. Si el Presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. (Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este párrafo indicaba: “Artículo 81. Si el Presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quice días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente.”) Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el Boletín Judicial, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso. Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal. Ficha articulo Artículo 82. En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación. (Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este numeral indicaba: “Artículo 82. En los porcesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.”) Ficha articulo Artículo 83. En los quince días posteriores a la primera publicación del aviso a que alude el párrafo segundo del artículo 81, las partes que figuren en los asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, o aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse dentro de ésta, a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interesa. Ficha articulo Artículo 84. Si después de la acción y antes de la publicación del aviso respectivo se presentaren otras acciones de inconstitucionalidad contra la misma ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, esas acciones se acumularán a la primera y se tendrán como ampliación. También se acumularán las acciones que con ese carácter interpongan las partes de los juicios suspendidos, si fueren presentadas dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del aviso. Las acciones que se planteen después de ese plazo se dejarán en suspenso, mientras se resuelven las que hubieren sido presentadas anteriormente. Ficha articulo Artículo 85. Una vez vencido el plazo, se convocará a la audiencia oral revista por el artículo 10, a fin de que el actor, las otras partes apersonadas y la Procuraduría General de la República presenten sus conclusiones. Ficha articulo Artículo 86. La Sala debe resolver la acción de inconstitucionalidad dentro de un término máximo de un mes, a partir de la fecha en que concluya la vista. El Presidente señalará, en cada caso, el término respectivo, de acuerdo con la índole y complejidad del asunto. Ficha articulo Artículo 87. Las resoluciones que denieguen la acción deberán examinar todos los motivos de inconstitucionalidad que se hubieren alegado para fundamentarla. Únicamente surtirán efecto entre las partes en el caso concreto y no producirán cosa juzgada. La acción de inconstitucionalidad podrá ejercerse contra normas o actos previamente declarados constitucionales y en casos o procesos distintos. Ficha articulo Artículo 88. Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de la norma o los actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del ordenamiento. Esa eliminación regirá a partir de la primera vez que se publique el aviso a que se refiere el artículo 90, lo cual se hará constar en él. Ficha articulo Artículo 89. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma de ley o disposición general, declarará también la de los demás preceptos de ella, o de cualquier otra ley o disposición cuya anulación resulte evidentemente necesaria por conexión o consecuencia, así como la de los actos de aplicación cuestionados. Ficha articulo Artículo 90. Cualquiera que sea la forma en que se dicte el fallo, se notificará siempre al Procurador General, al recurrente y a las partes que se hubieren apersonado. Además, la Secretaría de la Sala lo comunicará por nota a los funcionarios que conozcan del asunto principal y de los de las demás partes apersonadas, para que lo hagan constar en los autos, y publicará por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial, en igual sentido. La declaración de inconstitucionalidad se comunicará además al Poder o Poderes, órganos o entidades que emitieron las normas o actos declarados, así como, en su caso, a los competentes para su corrección o conversión; además, deberá publicarse íntegramente en el Boletín Judicial, y reseñarse en el diario oficial " La Gaceta" y en las publicaciones oficiales de los textos a que pertenecían la normas o normas anuladas. Ficha articulo Artículo 91. La declaración de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia del acto o de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. La sentencia constitucional de anulación podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que éste produzca graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales. Ficha articulo Artículo 92. La sentencia constitucional anulatoria tendrá efecto retroactivo, en todo caso, en favor del indiciado o condenado, en virtud de proceso penal o procedimiento sancionatorio. Ficha articulo Artículo 93. La disposición contenida en el artículo 91 no se aplicará respecto de aquellas relaciones o situaciones jurídicas que se hubieren consolidado por prescripción o caducidad, en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material o por consumación en los hechos, cuando éstos fueren material o técnicamente irreversibles, o cuando su reversión afecte seriamente derechos adquiridos de buena fe; todo lo anterior sin perjuicio de las potestades de la Sala, de conformidad con dicho artículo. Ficha articulo Artículo 94. Los efectos patrimoniales continuos de la cosa juzgada se ajustarán, sin retroacción, a la sentencia constitucional anulatoria, a partir de su eficacia. Ficha articulo Artículo 95. Lo dispuesto en los artículos anteriores no impedirá la eliminación, por nulidad absoluta, de los actos administrativos, conforme con la Ley General de la Administración Pública. Ficha articulo CAPITULO II De la consulta de constitucionalidad Artículo 96- Por la vía de la consulta de constitucionalidad, la jurisdicción constitucional ejercerá la opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos e iniciativas de referéndum en cualquiera de sus modalidades, en los siguientes supuestos: (Así reformado el párrafo anterior por el artículo único de la ley para incorporar la consulta previa y facultativa de constitucionalidad de los procesos de referéndum, N° 10013 del 24 de agosto de 2021) a) Preceptivamente, cuando se trate de proyectos de reformas constitucionales, o de reformas a la presente ley, así como de los tendientes a la aprobación de convenios o tratados internacionales, inclusive las reservas hechas o propuestas a unos u otros. b) Respecto de cualesquiera otros proyectos de ley, de la aprobación legislativa de actos o contratos administrativos, o de reformas al Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa, cuando la consulta se presente por un número no menor de diez diputados. c) Cuando lo soliciten la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones o la Contraloría General de la República, si se tratare de proyectos de ley o de mociones incorporadas a ellos, en cuya tramitación, contenido o efectos estimaren como indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios o normas relativos a su respectiva competencia constitucional. ch) Cuando lo solicite el Defensor de los Habitantes, por considerar que infringen derechos o libertades fundamentales reconocidos por la Constitución o los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en la República. d) Cuando lo solicite el Tribunal Supremo de Elecciones, si se tratara de iniciativas de referéndum en cualquiera de sus modalidades. (Así adicionado el inciso anterior por el artículo único de la ley para incorporar la consulta previa y facultativa de constitucionalidad de los procesos de referéndum, N° 10013 del 24 de agosto de 2021) Ficha articulo Artículo 97. En los casos del inciso a) del artículo anterior, la consulta la hará el Directorio de la Asamblea Legislativa. En los demás casos, los diputados o el órgano legitimado para hacerla. Ficha articulo Artículo 98- Cuando se trate de reformas constitucionales, la consulta deberá hacerse después de su aprobación en primer debate, en primera legislatura, y antes de la definitiva. Cuando se trate de otros proyectos o actos legislativos sujetos al trámite de emisión de las leyes deberá interponerse después de aprobados en primer debate y antes de serlo en tercero. No obstante, cuando la Asamblea Legislativa tuviere un plazo constitucional o reglamentario para votar el proyecto, la consulta deberá hacerse con la anticipación debida y el proyecto se votará aunque no se haya recibido el criterio de la Sala. En los demás supuestos, la consulta deberá plantearse antes de la aprobación definitiva. En el caso de las iniciativas de referéndum, la consulta deberá plantearse antes de la autorización de recolección de firmas del Tribunal Supremo de Elecciones en el caso de la modalidad de iniciativa ciudadana y antes de la convocatoria a referéndum para las demás modalidades. (Así reformado por el artículo único de la ley para incorporar la consulta previa y facultativa de constitucionalidad de los procesos de referéndum, N° 10013 del 24 de agosto de 2021) Ficha articulo Artículo 99. Salvo que se trate de la consulta forzosa prevista en el inciso a) del artículo 96, la consulta deberá formularse en memorial razonado, con expresión de los aspectos cuestionados del proyecto, así como de los motivos por los cuales se tuvieren dudas u objeciones sobre su constitucionalidad. Ficha articulo Artículo 100. Recibida la consulta, la Sala lo comunicará a la Asamblea Legislativa y solicitará la remisión del respectivo expediente y sus antecedentes, de ser posible, o copias certificadas de ellos. La consulta no interrumpirá ningún trámite, salvo el de votación del proyecto en tercer debate o, en su caso, la sanción y publicación del decreto respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 98. Una vez evacuada la consulta, continuará la discusión del proyecto. Ficha articulo Artículo 101. La Sala evacuará la consulta dentro del mes siguiente a su recibo, y, al hacerlo, dictaminará sobre los aspectos y motivos consultados o sobre cualesquiera otros que considere relevantes desde el punto de vista constitucional. El dictamen de la Sala sólo será vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado. En todo caso, el dictamen no precluye la posibilidad de que posteriormente la norma o normas cuestionadas puedan ser impugnadas por las vías de control de constitucionalidad. Ficha articulo CAPITULO III DE LAS CONSULTAS JUDICIALES DE CONSTITUCIONALIDAD ARTICULO 102. Todo juez estará legitimado para consultarle a la Sala Constitucional cuando tenga dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento. (Así reformado por el artículo único de la ley N° 9003 del 31 de octubre de 2011) Ficha articulo Artículo 103. Las consultas a que se refiere el artículo anterior serán procedentes en todo caso, sin perjuicio de otras que se hayan planteado, o de acciones de inconstitucionalidad interpuestas o que se interpongan en el mismo proceso. Ficha articulo Artículo 104. La consulta se formulará mediante resolución en la que se indicarán las normas, actos, conductas u omisiones cuestionados, y los motivos de duda del tribunal sobre su validez o interpretación constitucionales. Se emplazará a las partes para dentro de tercero día y se suspenderá la tramitación del proceso o recurso hasta tanto la Sala Constitucional no haya evacuado la consulta. Al enviar la consulta, se acompañará el expediente o las piezas pertinentes. Ficha articulo Artículo 105. De la consulta se dará audiencia a la Procuraduría General de la República, si no fuere parte en el proceso o recurso principal. Las partes, en este último caso podrán apersonarse ante la Sala, únicamente para los efectos de que sean notificadas. No obstante, cualquiera de ellas que estuviere legitimada para plantear una acción podrá solicitarle a la Sala, dentro del término del emplazamiento, que se le dé al asunto el carácter y los efectos de dicha acción de inconstitucionalidad, en cuyo caso deberán interponer formalmente esta última dentro de los quince días siguientes. Si lo hicieren, se le dará a la acción el trámite correspondiente, y la Sala se abstendrá de evacuar la consulta como tal, pero deberá pronunciarse sobre ésta en el fallo. Si no se solicitare o aprovechare el procedimiento de conversión indicado en el párrafo anterior, la Sala evacuará la consulta sin más trámite y sin audiencia de partes, en un plazo máximo de un mes a partir de su recibo. Ficha articulo Artículo 106. La Sala podrá evacuar la consulta en cualquier momento, cuando considere que está suficientemente contestada mediante la simple remisión a su jurisprudencia y precedentes, todo esto con las mismas salvedades previstas en el párrafo segundo del artículo 9 de esta ley. Ficha articulo Artículo 107. La resolución de la Sala se le comunicará al tribunal consultante, al Procurador General de la República y a las partes apersonadas, tendrá los mismos efectos y se publicará de igual manera que la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad, salvo que no precluirá el planteamiento de ésta en el mismo proceso, si fuere procedente. (Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este numeral indicaba: “Artículo 107. La resolución de la Sala se le comunicará al tribunal consultante, al Procurador General de la República y a las partes apersonadas, tendrá los mimos efectos y se publicará de igual manera que la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad, salvo que no precluirá el planteamiento de ésta en el mismo proceso, si fuere procedente.”) Ficha articulo Artículo 108. En lo no dispuesto en el presente capítulo, las consultas judiciales de constitucionalidad se regirán por las normas del anterior y, supletoriamente, de la acción de inconstitucionalidad, en lo que fueren razonablemente aplicables. Ficha articulo TITULO V De los conflictos constitucionales CAPITULO UNICO Artículo 109. Le corresponde a la Sala Constitucional resolver: a) Los conflictos de competencia o atribuciones entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, o entre cualquiera de ellos y la Contraloría General de la República. b) Los conflictos de competencia o atribuciones constitucionales entre cualquiera de los Poderes u órganos dichos y las entidades descentralizadas, municipalidades u otras personas de Derecho Público, o los de cualesquiera de éstas, entre sí. (Corregido el inciso anterior mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este inciso indicaba: “b) Los conflictos de competencia o atribuciones constitucionales entre cualquiera de los Poderes u órganos dichos y las entidades descentralizadas, municipalidades y otras personas de Derecho Público, o los de cualesquiera de éstas, entre sí.”) Ficha articulo Artículo 110. La cuestión será planteada por el jerarca de cualquiera de los órganos o entidades en conflicto, quien enviará a la Secretaría de la Sala, un memorial con expresión de todas las razones jurídicas en que se fundamente. El Presidente de la Sala le dará audiencia al jerarca del otro órgano o entidad por un plazo improrrogable de ocho días. Ficha articulo Artículo 111. Cumplido el plazo señalado en el artículo anterior, aunque no se hubiere contestado la audiencia, la Sala resolverá el conflicto dentro de los siguientes diez días, salvo que considere indispensable practicar alguna prueba, en cuyo caso dicho plazo se contará a partir del momento en que ésta se haya evacuado. (Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este numeral indicaba: “Artículo 111. Cumplido el plazo señalado en el artículo anterior, aunque no se hubiere contestado la audiencia, la Sala resolverá el conflicto dentro de los siguientes diez días, salvo que considere indispensable practicar alguna prueba, en cuyo caso dicho plazo se contará a partir del momento en que esta se haya evacuado.”) Ficha articulo TITULO VI Disposiciones finales CAPITULO UNICO Artículo 112. Modifícanse: a) El párrafo segundo del artículo 21 de la Ley Especial sobre Jurisdicción de los Tribunales, número 5711 del 27 de junio de 1975, reformado por el artículo 6 de la ley No. 6726 del 10 de marzo de 1982, para que diga así: "En materia de extradición se estará a lo que disponga la ley respectiva." b) El párrafo segundo del artículo 20 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, número 3667 del 20 de marzo de 1966, para que diga así: (Corregido el inciso anterior mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este inciso indicaba: “b) El párrafo segundo del artículo 20 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administratva, número 3667 del 20 de marzo de 1966, para que diga así:”) "2. Podrán serlo, igualmente, por razones de constitucionalidad, las leyes y demás disposiciones normativas y los actos de la Administración Pública, para los efectos de la correspondiente acción de inconstitucionalidad." c) El artículo 490 del Código de Procedimientos Penales, al cual se le adiciona un inciso 6) que dirá así: "6) Cuando no hubiere sido impuesta mediante el debido proceso u oportunidad de defensa." ch) El artículo 45 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, número 17 del 22 de octubre de 1943 y sus reformas, que dirá así: "Artículo 45: Constituye retención indebida y, en consecuencia, se impondrá la pena establecida en el artículo 216 del Código Penal, a quien no enterare a la Caja el monto de la cuota obrera establecido en el artículo 30 de esta ley. En el caso de la prevención señalada en el último párrafo del artículo 223 del Código Penal, el patrono podrá ofrecer garantía real suficiente por el monto de las cuotas obreras retenidas. Se aplicará de treinta a ciento ochenta días multa al patrono que no dedujere la cuota obrera que establece el artículo 30 de esta ley. Si el patrono fuere una persona jurídica, la obligación recaerá sobre su representante legal. El patrono deberá ser apercibido por el Jefe del Departamento de Gestión de Cobros y Créditos de la Caja Costarricense de Seguro Social para que, dentro del quinto día, contado a partir del recibo del comunicado, deposite en favor de la Caja Costarricense de Seguro Social, el monto de las cuotas no retenidas. (Corregido el párrafo anterior mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este párrafo indicaba: “Se aplicará de treinta a ciento ochenta días multa al patrono que no dedujere la cuota obrera que establece el artículo 30 de esta ley. Si el patrono fuere una persona jurídica, la obligación recaerá sobre su representante legal. El patrono deberá ser apercibido por el jefe del departamento de gestión de Cobros y Créditos de la Caja Costarricense de Seguro Social para que, dentro del quinto día, contado a partir del recibo del comunicado, deposite en favor de la Caja Costarricense de Seguro Social, el monto de las cuotas no retenidas.”) Transcurrido ese plazo sin que se efectúe el pago, el hecho se denunciará al Ministerio Público para que se haga el requerimiento respectivo. Será sancionado con pena de sesenta a trescientos días multa el Patrono que realice maniobras, declaraciones falsas o cualesquiera otros actos u omisiones tendientes a defraudar los intereses de la Caja Costarricense de Seguro Social, tratándose de sus cotizaciones." Ficha articulo Artículo 113. Deróganse las siguientes leyes y disposiciones: a) La Ley de Hábeas Corpus, número 35 del 24 de noviembre de 1932. b) La Ley de Amparo, número 1161 del 2 de junio de 1950. c) Los artículos 962 a 969 del Código de Procedimientos Civiles, así como el capítulo IV del título IV, artículos 534 a 541, "Proceso de Inaplicabilidad", del nuevo Código Procesal Civil que sustituye al anterior. ch) Todas las disposiciones legales que establezcan causales de apremio corporal, salvo aquellas referentes al incumplimiento de deberes alimentarios. Ficha articulo Artículo 114. Esta ley rige a partir de su publicación y sólo podrá ser modificada por otra destinada expresamente a complementar o modificar su texto. Ficha articulo Transitorio I. Mientras no se promulgue la Ley del Defensor de los Habitantes, la actuación que se le señala en esta ley le corresponderá al Procurador General de la República. (Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este numeral indicaba: "Transitorio I. Mientras no se promulga la Ley del Defensor de los Habitantes, la actuación que se le señala en esta ley le corresponderá al Procurador General de la República.") Ficha articulo Transitorio II. Los recursos de inconstitucionalidad, de amparo y de hábeas corpus que se encuentren pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se ajustarán a ella respecto de todo los trámites que no se hayan cumplido o debido cumplir, salvo la redacción de la sentencia. Las sentencias que no hayan sido redactadas o firmadas en los recursos ya votados, seguirán a cargo de los tribunales actualmente competentes, por un plazo improrrogable de dos meses a partir de la promulgación de esta ley. Los términos perentorios e improrrogables establecidos en la presente ley para las actuaciones de la Sala Constitucional no se aplicarán a los recursos interpuestos con anterioridad a su promulgación, ni tampoco a los que se interpongan durante los primeros tres años de su vigencia. (Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1º de la ley N°.7209 del 8 de noviembre de 1990) Ficha articulo Transitorio III. El Poder Ejecutivo, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, y mediante decretos ejecutivos, hará las modificaciones necesarias en el presupuesto del Poder Judicial, en todo lo que se relacione con las plazas nuevas y compra de equipo necesarios para el funcionamiento de la Sala Constitucional. Se autoriza el aumento de personal indispensable para el normal funcionamiento de la Sala. Comuníquese al Poder Ejecutivo Asamblea Legislativa, -San José, a los cinco días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y nueve. Presidencia de la República.- San José, a los once días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y nueve. (Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este párrafo indicaba: "Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los once días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.") Ficha articulo Fecha de generación: 18/4/2026 15:06:57 Ir al principio del documento
Remember that Control F is an option that allows you to search the entire text. Go to the end of the document. - You are viewing the latest version of this rule - Constitutional Jurisdiction Law No. 7135 THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA DECREES: Constitutional Jurisdiction Law TITLE I Preliminary Provisions SINGLE CHAPTER Article 1. This law aims to regulate constitutional jurisdiction, whose purpose is to guarantee the supremacy of constitutional norms and principles and of the International or Community Law in force in the Republic, their uniform interpretation and application, as well as the fundamental rights and freedoms enshrined in the Constitution or in the international human rights instruments in force in Costa Rica. (Corrected by Errata and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, Second Semester, Volume I, Page 25. Previously, the text of this article read: “Article 1. This law aims to regulate constitutional jurisdiction, whose purpose is to guarantee the supremacy of constitutional norms and principles and of the International or Community Law in force in the Republic, their uniform interpretation and application, as well as the fundamental rights and freedoms enshrined in the Constitution or in the international human rights instruments in force in Costa Rica.”) Article record Article 2. Constitutional jurisdiction is specifically responsible for: a) Guaranteeing, through the remedies of habeas corpus and amparo, the rights and freedoms enshrined by the Political Constitution and the human rights recognized by International Law in force in Costa Rica. b) Exercising control of the constitutionality of norms of any nature and of acts subject to Public Law, as well as the conformity of the domestic legal order with International or Community Law, by means of the action of unconstitutionality and other questions of constitutionality. c) Resolving conflicts of jurisdiction between the Branches of Government, including the Supreme Electoral Tribunal, and those of constitutional jurisdiction between the latter and the Office of the Comptroller General of the Republic, municipalities, decentralized entities, and other Public Law entities. ch) Hearing other matters attributed to it by the Constitution or this law. Article record Article 3. The Political Constitution shall be deemed infringed when this results from comparing the text of the challenged norm or act, its effects, or its interpretation or application by public authorities, with the constitutional norms and principles. Article record Article 4. Constitutional jurisdiction is exercised by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice established in Article 10 of the Political Constitution. The Constitutional Chamber is composed of seven full magistrates and twelve substitute magistrates, all elected by the Legislative Assembly in the manner provided by the Constitution. Its organic and disciplinary regime is that established in this law and in the Organic Law of the Judiciary. The Constitutional Chamber is not subject to the vacation schedule established in the Organic Law of the Judiciary and, consequently, shall set the dates on which its members shall take vacations, in such a way that there is always a majority of full magistrates. If the absence of full magistrates is due to leave, the previous rule shall apply, except in cases of illness or other just cause. Article record Article 5. The Constitutional Chamber shall regulate the manner of receiving and processing habeas corpus and amparo petitions (recursos), if they are filed after ordinary working hours or on holidays or days of rest, for which purpose there shall always be a magistrate on duty, who shall give them their initial processing. (The Constitutional Chamber, through Resolution No. 835 of February 10, 1998, interpreted this article as meaning that: "...every day and every hour is a working hour, it being understood that 'ordinary hours' means those normally worked by the rest of the Judiciary, whose administrative staff is - precisely - responsible for receiving documents submitted to the Chamber. From this perspective, the correct meaning of that rule is not to insinuate that only those 'normal' hours are working hours for the Chamber, but to warn that the fact that they are not the 'ordinary' hours for the rest of the Judiciary should not be an obstacle for citizens and other interested parties to be able to submit their matters to this Tribunal, since there will always be means to make it feasible at any time...") Article record Article 6. In case of impediment, recusal, or excuse, the President of the Chamber, having heard the opinion of the magistrate in question, shall arrange for their replacement, without further procedure and without the course of the procedure being suspended or interrupted for any reason. (Corrected by Errata and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, Second Semester, Volume I, Page 25. Previously, the text of this article read: “Article 6. In case of impediment, recusal, or excuse, the President of the Chamber, having heard the opinion of the magistrate in question, shall arrange for their replacement, without further procedure and without the course of the procedure being suspended or interrupted for any reason.”) Article record Article 7. The Constitutional Chamber has exclusive authority to resolve matters concerning its own jurisdiction, as well as to hear incidental questions that arise before it and related preliminary questions. Article record Article 8. Once its intervention is legally requested, the Constitutional Chamber must act ex officio and with the greatest speed, and the inertia of the parties may not be invoked to delay the procedure. The time limits established by this law may not be extended for any reason. Any delay in compliance shall be sanctioned disciplinarily, without prejudice to the action for liability of the official. Time limits for judicial actions and resolutions shall be counted from receipt of the matter motivating them, and, for the activities of the parties, from notification of the resolution causing them. Neither shall be interrupted or suspended for any incidental matter, nor for any action not expressly prescribed in the law. (The previous paragraph was corrected by Errata and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, Second Semester, Volume I, Page 25. Previously, the text of this paragraph read: “Time limits for judicial actions and resolutions shall be counted from receipt of the matter motivating them, and, for the activities of the parties, from notification of the resolution causing them. Neither shall be interrupted or suspended for any incidental matter, nor for any action not expressly prescribed in the law.”) In habeas corpus matters, daily time limits are calendar days. Article record Article 9. The Constitutional Chamber shall summarily reject any manifestly improper or unfounded matter. It may also reject it on the merits at any time, even from its filing, when it considers that there are sufficient grounds for judgment, or that it involves the simple reiteration or reproduction of a previous equal or similar matter that was rejected; in this case, provided that it finds no reasons to vary its criterion or reasons of public interest that justify reconsidering the question. (The previous paragraph was corrected by Errata and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, Second Semester, Volume I, Page 25. Previously, the text of this paragraph read: “It may also reject it on the merits at any time, even from its filing, when it considers that there are sufficient grounds for judgment, or that it involves the simple reiteration or reproduction of a previous equal or similar matter that was rejected; in this case, provided that it finds no reasons to vary its criterion or reasons of public interest that justify reconsidering the question.”) Likewise, it may grant it in an interlocutory manner when it considers it sufficient to base it on evident principles or norms or on its own precedents or case law, but if it concerns habeas corpus or amparo petitions (recursos), it must await the defense of the respondent. Article record ARTICLE 10. Without prejudice to the provisions of the preceding article, the Chamber shall arrange for proceedings to be conducted, as far as possible, orally, and shall order an oral hearing for the interested parties to formulate conclusions before the judgment, mandatorily in actions of unconstitutionality, and optionally in other cases. Article record Article 11. The full Chamber is responsible for issuing judgments and orders having the character thereof, which must be reasoned. Other resolutions are the responsibility of the President or, as applicable, the magistrate designated for the instruction. There shall be no appeal against the judgments, orders, or decrees of the constitutional jurisdiction. Article record Article 12. The judgments issued by the Chamber may be clarified or supplemented, at the request of a party, if requested within three days, and ex officio at any time, even in enforcement proceedings, to the extent necessary to fully comply with the content of the ruling. Article record Article 13. The case law and precedents of the constitutional jurisdiction are binding erga omnes, except for itself. Article record Article 14. The Constitutional Chamber and its jurisdiction shall be subject only to the Constitution and the law. In the absence of an express provision, the principles of Constitutional Law shall apply, as well as those of general Public and Procedural Law, or, as applicable, those of International or Community Law, and, additionally, in order, the General Public Administration Law, the Regulatory Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction, and the Procedural Codes. Article record TITLE II Of the Habeas Corpus Remedy (Recurso) SINGLE CHAPTER Article 15. Habeas corpus is available to guarantee personal liberty and integrity, against acts or omissions originating from an authority of any order, even judicial, against threats to that liberty and the disturbances or restrictions that authorities unduly establish regarding it, as well as against illegitimate restrictions of the right to move from one place to another within the Republic, and of free stay, exit, and entry into its territory. (Corrected by Errata and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, Second Semester, Volume I, Page 25. Previously, the text of this article read: “Article 15. Habeas corpus is available to guarantee personal liberty and integrity, against acts and omissions originating from an authority of any order, even judicial, against threats to that liberty and the disturbances or restrictions that authorities unduly establish regarding it, as well as against illegitimate restrictions of the right to move from one place to another within the Republic, and of free stay, exit, and entry into its territory.”) Article record Article 16. When other violations related to personal liberty, in any of its forms, are alleged in the habeas corpus petition, and the facts are connected with the act attributed as illegitimate, constituting its cause or purpose, this remedy (vía) shall also resolve on those violations. Article record Article 17. The remedy (recurso) shall be filed before the Constitutional Chamber, and its processing shall be the responsibility of its President or the instructing Magistrate. If it is a case of manifest inadmissibility, the Magistrate shall refrain from processing it and shall reserve the matter for the next session of the Chamber. Article record Article 18. Any person may file the habeas corpus remedy (recurso), by written brief, telegram, or other means of written communication, without the need for authentication. When the telegraphic means is used, it shall enjoy franking privilege. Article record Article 19. The processing of the remedy (recurso) shall be carried out without loss of time, postponing any matter of a different nature that the court may have. The instructing Magistrate shall request a report from the authority indicated as the violator, a report that must be rendered within the deadline determined by the magistrate, which may not exceed three days. At the same time, they shall order that no act be executed against the aggrieved person that could result in non-compliance with what the Chamber ultimately resolves. If the identity of the authority is unknown, the remedy (recurso) shall be deemed filed against the superior officer (jerarca). Article record Article 20. When dealing with persons who have been detained and placed at the order of a judicial authority, without an order restricting liberty having been issued, the instructing Magistrate may suspend the processing of the remedy (recurso) for up to forty-eight hours. In the same act, they shall warn the judicial authority to carry out the corresponding proceedings and report on the result of the procedures and whether it has ordered the detention. Any restriction on physical liberty, ordered by a competent authority, that exceeds the time limits indicated in Articles 37 and 44 of the Political Constitution must be imposed by means of a duly reasoned resolution, except in the case of simple orders to appear or apprehension orders. Article record Article 21. The Chamber may request the background information necessary to resolve the remedy (recurso). It may also order the appearance of the aggrieved person or carry out an inspection when it deems it necessary, according to the circumstances, either before ruling on the habeas corpus or for enforcement purposes, if it deems it appropriate, whether it has declared the petition with merit (con lugar) or without merit (sin lugar). At any time, interim measures for the protection of the indicated rights may be ordered. The corresponding orders shall be communicated to the authority responsible for executing them. Article record Article 22. The report referred to in Article 19 shall be sent to the Chamber together with a copy of the detention order and the resolution, as applicable, or of any other that may have been issued, as well as a clear explanation of the reasons and legal precepts on which it is based, and of the evidence existing against the aggrieved person. (Corrected by Errata and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, Second Semester, Volume I, Page 25. Previously, the text of this article read: “Article 22. The report referred to in Article 19 shall be sent to the Chamber together with a copy of the detention order and the resolution, as applicable, or of any other that may have been issued, as well as a clear explanation of the reasons and legal precepts on which it is based, and of the evidence existing against the aggrieved person.”) Article record Article 23. If the report is not rendered within the corresponding deadline, the facts invoked upon filing may be taken as true, and the Chamber shall declare the remedy (recurso) with merit, if it is appropriate in law. Article record Article 24. Once the deadline established in Article 19 has expired or, as applicable, the oral hearing provided for in Article 10 has been held, the Chamber must resolve the remedy (recurso) within the following five days, except when it deems it necessary to carry out some evidentiary proceeding, in which case the time limit shall run from receipt of the evidence. When resolving, the Chamber shall examine, among other aspects, the following: a) Whether the authority had competence to order the restriction of liberty or the imposed measure. b) Whether the detention was ordered illegitimately or contrary to the provisions of Article 37 of the Political Constitution. c) Whether there is a legally decreed detention order or preventive detention order (auto de prisión preventiva), or whether the sentence being served is that imposed by a final judgment. ch) Whether, in the event that constitutional guarantees are suspended, the resolution was issued within the limitations of the Political Constitution and those reasonably derived from the declaration of suspension itself. d) Whether for any reason the deprivation of liberty or the measure imposed is undue. e) Whether there effectively was or is a threat of violation of the rights protected by the remedy (recurso). f) Whether the person was illegitimately held incommunicado, or whether the legally decreed incommunicado status is maintained for a period longer than that authorized in Article 44 of the Political Constitution. g) Whether the detention, imprisonment, or agreed measure is being carried out under legally prohibited conditions. h) Whether or not the act attributed to the person is provided for by a pre-existing law. Article record Article 25. If the examination carried out shows that the measure agreed by the authorities is illegitimate, the Chamber shall declare the remedy (recurso) with merit, without prejudice to any actions that may proceed against the responsible authority. Article record Article 26. The judgment declaring the habeas corpus with merit shall nullify the measures challenged in the remedy (recurso), order the aggrieved person restored to the full enjoyment of their right or liberty that had been violated, and establish the other effects of the judgment for the specific case. Furthermore, it shall condemn the responsible authority to compensate for the damages and losses caused, which shall be liquidated and enforced in the contentious-administrative jurisdiction (vía contencioso administrativa) through the judgment enforcement procedure provided for in the law regulating that jurisdiction. Article record Article 27. The resolutions issued shall be notified to the interested parties when they have indicated a domicile or office for receiving notifications. Furthermore, the resolution deciding the remedy (recurso) must be notified personally to the aggrieved person, for which purpose the corresponding authorities shall provide all facilities to the notifier. However, it shall not be necessary to notify the aggrieved person of the resolution declaring the remedy (recurso) with merit if, at the moment the act must be carried out, they have already been released or if there is material impossibility to do so. The notifier shall record in the case file the information gathered during the diligence. Article record Article 28. When the Chamber determines, upon deciding the matter, that it is not a habeas corpus case but rather an amparo case, it shall so declare and continue the processing in accordance with the provisions of Articles 29 and following of this law. The Chamber may grant a period of three days to the interested party so that they may convert the remedy (recurso). If they do not do so, the matter shall be resolved. When the Chamber considers that the challenged actions or omissions are reasonably based on current norms, the procedure provided in Article 48 shall be followed. Article record TITLE III Of the Amparo Remedy (Recurso) CHAPTER I Of Amparo Against Public Organs or Servants Article 29. The amparo remedy (recurso) guarantees the fundamental rights and freedoms referred to in this law, except those protected by habeas corpus. The remedy is available against any provision, agreement, or resolution and, in general, against any action, omission, or simple material conduct not based on an effective administrative act, by public servants and organs, that has violated, violates, or threatens to violate any of those rights. Amparo shall be available not only against arbitrary acts but also against actions or omissions based on erroneously interpreted or unduly applied norms. Article record Article 30. Amparo is not available: a) Against laws or other normative provisions except when they are challenged jointly with individual application acts of those provisions, or when dealing with automatic application norms, such that their precepts become immediately mandatory upon their mere enactment, without the need for other norms or acts that develop them or make them applicable to the aggrieved person. b) Against judicial resolutions and actions of the Judiciary. c) Against acts performed by administrative authorities in executing judicial resolutions, provided that those acts are carried out in compliance with what was entrusted by the respective judicial authority. ch) When the action or omission was legitimately consented to by the aggrieved person. d) Against acts or provisions of the Supreme Electoral Tribunal in electoral matters. Article record Article 31. Neither administrative reconsideration (reposición) nor any other administrative remedy is necessary to file the amparo remedy (recurso). When the affected person chooses to exercise the administrative remedies granted by the legal order, the statute of limitations period shall be suspended while the Administration does not resolve expressly, without prejudice to it being exercised directly at any time. Article record Article 32. When the amparo concerns the right of petition and to obtain a prompt resolution, established in Article 27 of the Political Constitution, and there is no deadline set for responding, it shall be understood that the violation occurs once ten business days have elapsed from the date on which the request was filed in the administrative office, without prejudice to the fact that, in the decision of the remedy (recurso), the reasons adduced for considering that deadline insufficient may be assessed, given the circumstances and the nature of the matter. Article record Article 33. Any person may file the amparo remedy (recurso). Article record Article 34. The remedy (recurso) shall be directed against the servant or the head of the organ that appears as the presumed author of the grievance. If one or the other acted in compliance with orders or instructions given by a superior, or with their authorization or approval, the amparo shall be deemed filed against both, without prejudice to what is decided in the judgment. If the identity of the servant is unknown, the remedy (recurso) shall be deemed filed against the superior officer (jerarca). Any third party who derives subjective rights from the norm or act causing the amparo proceeding shall also be considered a party. Furthermore, anyone having a legitimate interest in the outcome of the remedy (recurso) may appear and intervene in it as a coadjuvant of the plaintiff or the defendant. Article record Article 35. The amparo remedy (recurso) may be filed at any time while the violation, threat, disturbance, or restriction subsists, and up to two months after its direct effects vis-à-vis the aggrieved person have completely ceased. However, when dealing with purely patrimonial rights or others whose violation can be validly consented to, the remedy (recurso) must be filed within two months following the date on which the aggrieved person had reliable notice of the violation and was legally able to file the remedy. Article record Article 36. The preclusion (prescripción) of the amparo, due to not having been filed on time, shall not be an obstacle to challenging the act or action in another legal path (vía), if it is possible to do so in accordance with the law. Article record Article 37. The lack of direct challenge to the decrees and general provisions referred to in subsection a) of Article 30, or the lapse of the deadline to formulate it, shall not prevent individual application acts from being contested through the amparo remedy (vía), if they infringe upon a fundamental right of the claimant. Article record Article 38. In the amparo remedy (recurso), the following shall be stated, with the greatest possible clarity: the act or omission motivating it, the right considered violated or threatened, the name of the public servant or the organ author of the threat or grievance, and the evidence for the charge. It shall not be indispensable to cite the infringed constitutional norm, provided that the injured right is clearly determined, unless an international instrument is invoked. The remedy is not subject to other formalities nor shall it require authentication. It may be filed by written brief, telegram, or other means of communication expressed in writing, for which purpose telegraphic franking privilege shall be enjoyed. Article record Article 39. The processing of the remedy (recurso) shall be the responsibility of the President of the Chamber or the magistrate designated by the President, in strict rotation, and shall be processed preferentially, for which purpose any matter of a different nature shall be postponed, except habeas corpus. The time limits are peremptory and non-extendable, without prejudice to the provisions of Article 47. Article record Article 40. The resolutions issued in the amparo remedy (recurso) shall be notified only to the parties who have indicated a domicile or office for hearing notifications. Article record Article 41. The filing of the amparo shall not suspend the effects of challenged laws or other normative provisions, but it shall suspend the application of those to the petitioner, as well as that of the specific acts challenged. However, in cases of exceptional gravity, the Chamber may order the execution or the continuation of the execution, at the request of the Administration to which the sued official or organ belongs, or even ex officio, when the suspension causes or threatens to cause certain and imminent damages or losses to public interests, greater than those that the execution would cause to the aggrieved person, by means of such precautions as it deems appropriate to protect the rights or freedoms of the latter and not render the effect of an eventual resolution of the remedy in their favor illusory. The suspension shall operate automatically (de pleno derecho) and shall be notified without delay to the organ or servant against whom the amparo is directed, by the most expeditious means possible. Similarly, the President or the instructing Magistrate may issue any conservation or security measure that prudence advises, to prevent material risks or avoid other damages occurring as a consequence of the acts performed, all in accordance with the circumstances of the case. The Chamber may, by reasoned resolution, terminate at any time the authorization of execution or other precautionary measures that may have been issued. (The previous paragraph was corrected by Errata and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, Second Semester, Volume I, Page 25. Previously, the text of this paragraph read: “The Chamber may, by reasoned resolution, terminate at any time the authorization of execution or other precautionary measures that may have been issued.”) Article record Article 42. If the remedy (recurso) is unclear, in such a way that the fact motivating it cannot be established, or if it does not meet the indicated requirements, the petitioner shall be warned to correct the defects within three days, which must be specifically pointed out in the same resolution. If they do not correct them, the remedy shall be summarily rejected. (Corrected by Errata and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, Second Semester, Volume I, Page 25. Previously, the text of this article read: “Article 42. If the remedy is unclear, in such a way that the fact motivating it cannot be established, or if it does not meet the indicated requirements, the petitioner shall be warned to correct the defects within three days, which must be specifically pointed out in the same resolution. If they do not correct them, the remedy shall be summarily rejected.”) Article record Article 43. When it is not appropriate to summarily reject or resolve the remedy (recurso) in an interlocutory manner, a report shall be requested from the organ or servant indicated as the author of the grievance, threat, or omission, which shall be done by the fastest written means possible. When ordering the report, the administrative file or documentation containing the background of the matter may also be requested. Unjustified omission to send those documents to the court shall entail liability for disobedience. If the remedy is directed against a collegiate body, the report and documents shall be requested from its President; if it concerns the Executive Branch or a Ministry, from the respective Minister; and if it concerns the Government Council, from the Minister of the Presidency. Article record Article 44. The deadline to submit the report shall be one to three days, which shall be set according to the nature of the matter, the distance, and the speed of means of communication. The reports shall be considered given under oath. Consequently, any inaccuracy or falsehood shall make the official incur the penalties for perjury or false testimony, according to the nature of the facts contained in the report. Article record Article 45. If the report is not rendered within the corresponding deadline, the facts shall be taken as true and the amparo shall be resolved without further procedure, unless the court deems some prior investigation necessary, all without prejudice to the liabilities incurred by the servant who omitted the report. Article record Article 46. If it results from the report that the charge is true, the amparo shall be declared with merit, if it is appropriate according to law. (The previous paragraph was corrected by Errata and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, Second Semester, Volume I, Page 25. Previously, the text of this paragraph read: “Article 46. If it results from the report that the charge is true, the amparo shall be declared with merit, if it is appropriate according to law.”) If it is negative, an investigation may be ordered immediately, which must conclude within three days with the receipt of such evidence as is indispensable and, as applicable, the petitioner and the offended party, if the latter is a different person from the former, shall be heard verbally, as well as the servant or representative, all of which shall be recorded in the corresponding minutes. Article record Article 47. Before issuing judgment, for better provision, the Chamber may order the undertaking of any other diligence. Ficha articulo Article 48. At any time when the Chamber considers that the challenged actions or omissions are reasonably based on current norms, whether or not these have also been challenged as violative of the rights or freedoms claimed, it shall so declare in a reasoned resolution, and shall suspend the proceedings and grant the appellant a term of fifteen business days to formalize the action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) against them. If the appellant fails to do so, the case file (expediente) will be archived. When the amparo (amparo) is filed directly against the norms referred to in subsection a) of Article 30, the President of the Chamber shall suspend, without further procedure, the recourse (recurso) and proceed in the manner provided in the first paragraph of this article. (The preceding paragraph was corrected by Fe de Erratas and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, II Semester, I Volume, Page 25. Previously, the wording of this paragraph stated: “Cuando el amparo se interponga directamente contra las normas a que se refiere el inciso a) del artículo 30, el Presidente de la Sala suspenderá, sin más trámite, el recurso y procederá en la forma prevista en el párrafo de este artículo.”) Ficha articulo Article 49. When the challenged act is of a positive nature, the judgment granting the amparo shall have the purpose of restoring or guaranteeing the aggrieved party (agraviado) the full enjoyment of his right, and restoring matters to the state they held before the violation, when possible. If the amparo was established so that an authority regulates, complies with, or executes what a law or other normative provision orders, said authority shall have two months to comply with the provision. When the challenge was to the denial of an act or an omission, the judgment shall order it to be carried out, for which a prudent peremptory time limit shall be granted. If it involved a mere material conduct or action, or a threat, its immediate cessation shall be ordered, as well as avoiding any new violation or threat, disturbance, or similar restriction. In any case, the Chamber shall establish the other effects of the judgment for the specific case. Ficha articulo Article 50. If, upon declaring the amparo granted (con lugar), the effects of the claimed act have ceased, or it has been consummated in such a way that it is not possible to restore the appellant (recurrente) to the enjoyment of the violated right or freedom, the judgment shall warn the organ or public servant (servidor) that it must not incur in the acts or omissions that gave merit to grant the recourse (recurso), and that, if it proceeds in a contrary manner, it will commit the crime provided for and punishable in Article 71 of this law, all without prejudice to the responsibilities already incurred. (Corrected by Fe de Erratas and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, II Semester, I Volume, Page 25. Previously, the wording of this numeral stated: “Artículo 50. Si al declararse con lugar el amparo hubieren cesado los efectos del acto reclamado, o éste se hubiere consumado en forma que no sea posible restablecer al recurrente en el goce de su derecho o libertad conculcado, en la sentencia se prevendrá al órgano o servidor que no deberá incurrir en los actos u omisiones que dieron mérito para acoger el recurso, y que, si procediere de modo contrario, cometerá el delito previsto y penado en el artículo 71 de esta ley, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido”) Ficha articulo Article 51. In addition to the provisions of the two preceding articles, any resolution that grants (acoja) the recourse shall condemn in abstracto to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the recourse (recurso), and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment. The condemnation shall be against the State or, as the case may be, the entity on which the defendant depends, and jointly and severally against the latter, if it is considered that there has been intent (dolo) or fault (culpa) on its part, in the terms of Article 199 of the Ley General de la Administración Pública, all without prejudice to the other administrative, civil, or criminal responsibilities incurred. If the amparo is withdrawn (desistido) by the appellant, rejected, or denied by the Chamber, it shall condemn the appellant to the payment of costs when it reasonably deems that the appellant acted recklessly (temeridad). Ficha articulo Article 52. If, while the amparo is ongoing, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the recourse shall be declared granted solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate. The appellant may withdraw (desistir) from the amparo, in which case the case file (expediente) shall be archived if, in the judgment of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), the recourse involves only patrimonial or other waivable rights. Otherwise, its proceedings shall continue. When the withdrawal (desistimiento) is based on an extra-procedural satisfaction of the rights or freedoms claimed by the interested party, the case file may be reopened at any time, if it is demonstrated that the agreed satisfaction has resulted unfulfilled or late. Ficha articulo Article 53. Once the judgment declaring the amparo admissible (procedente) is final, the organ or public servant (servidor) responsible for the grievance must comply with it without delay. If it does not do so within the forty-eight hours following its finality, the Chamber shall address the superior of the responsible party and require him to enforce compliance and open the corresponding disciplinary proceeding against the former. At the same time, it shall order proceedings against the guilty party or parties, and, after another forty-eight hours, against the superior who has not proceeded in accordance with the above, except when dealing with officials who enjoy a special privilege (fuero), in which case the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) shall be notified for whatever is appropriate. Ficha articulo Article 54. Compliance with the judgment issued in the amparo shall not prevent proceeding against the public servant (servidor), if the acts or omissions incurred constitute a crime, for which purpose the necessary pieces shall be certified (testimoniarán) and forwarded to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público). Ficha articulo Article 55. The rejection of the amparo recourse (recurso) does not prejudge the responsibilities that the author of the grievance may have incurred. The offended party or the Administration, as the case may be, may promote or exercise the corresponding actions, or apply the pertinent measures. Ficha articulo Article 56. The execution of judgments corresponds to the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), except regarding the liquidation and fulfillment of indemnifications and pecuniary responsibilities, or in other aspects that the Chamber itself deems appropriate, in which case it shall be done in the contentious-administrative jurisdiction (vía contencioso administrativa) through the procedure for execution of judgment provided for in the law regulating that jurisdiction. Ficha articulo CHAPTER II Amparo against subjects of private law (sujetos de derecho privado) Article 57. The amparo recourse shall also be granted against actions or omissions of subjects of Private Law, when these act or must act in the exercise of public functions or powers (potestades públicas), or are, de jure or de facto, in a position of power against which the common jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in Article 2, subsection a), of this law. (The preceding paragraph was corrected by Fe de Erratas and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, II Semester, I Volume, Page 25. Previously, the wording of this paragraph stated: “Artículo 57. El recurso de amparo también se concederá contra las acciones y omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a), de esta ley.”) The resolution that rejects the recourse must indicate the suitable procedure to protect the injured right. (The preceding paragraph was corrected by Fe de Erratas and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, II Semester, I Volume, Page 25. Previously, the wording of this paragraph stated: “La resolución que rechaze el recurso deberá indicar el procedimiento idóneo para tutelar el derecho lesionado.”) Amparo recourses against legitimate conduct of the private subject may not be granted in a judgment. Ficha articulo Article 58. Any person may file the recourse. Ficha articulo Article 59. The recourse shall be directed against the alleged author of the grievance, if it is a natural person in their individual capacity; if it is a legal person (persona jurídica), against its legal representative; and if it is an organized company, group, or collective, against its apparent agent or the individual responsible. Ficha articulo Article 60. The recourse shall be inadmissible if it is not filed within the time limit indicated in Article 35 of this law. Ficha articulo Article 61. When the recourse should not be rejected outright (de plano), it shall be transferred (dar traslado) to the person or entity indicated as the author of the grievance, threat, or omission, for a period of three days, for which purpose the quickest possible written means shall be used. This period may be extended if it proves insufficient due to distance. The notification of the transfer (traslado) shall be served or communicated at the workplace, or at the dwelling of the alleged author of the grievance, if they are natural persons. If it is a legal person (persona jurídica) or a company, group, or organized collective, it shall be made to the representative or agent at his dwelling, or at the headquarters of the society, association, company, or corporation. Ficha articulo Article 62. The judgment granting the amparo shall declare illegitimate the action or omission that gave rise to the recourse, and shall order compliance with what the respective norm provides, as appropriate in each case, within the term that the ruling itself specifies, and shall condemn the person or entity responsible to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of costs. If the act is of a negative nature, the effect of the amparo shall be to compel the responsible party to act in the sense of respecting the right in question, with the application, in all other respects, of the provisions of the preceding paragraph. The liquidation of damages and losses and of costs shall be reserved for the civil jurisdiction for execution of judgment (vía civil de ejecución de sentencia). Ficha articulo Article 63. If, upon declaring the amparo granted, the effects of the claimed act have ceased, or it has been consummated in such a way that it is not possible to restore the injured party to the enjoyment of his right, the judgment shall warn the wrongdoer that he must not incur in equal or similar acts or omissions to those that gave merit to grant the recourse, and shall condemn him in abstracto to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of costs, with application of the provisions of the preceding article. All this without prejudice to the other civil or criminal responsibilities that correspond. (Corrected by Fe de Erratas and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, II Semester, I Volume, Page 25. Previously, the wording of this numeral stated: “Artículo 63. Si al declararse con lugar el amparo hubieren cesado los efectos del acto reclamado, o éste se hubiere consumado en forma que no sea posible restablecer al perjudicado en el goce de su derecho, la sentencia prevendrá al agraviante que no debe incurrir en actos u omisiones iguales o semejantes a los que dieron mérito para acoger el recurso, y lo condenará en abstrato a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas, con aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior. Todo ello sin perjuicio de las otras responsabilidades civiles o penales que correspondan.”) Ficha articulo Article 64. The rejection of the amparo against subjects of Private Law does not prejudge the civil or criminal responsibility that the author of the grievance may have incurred, and the offended party may exercise or promote the respective actions. Ficha articulo Article 65. In matters not provided for in this chapter or the following one, the provisions and principles established in the previous chapter shall be applied, to the extent they are compatible. Ficha articulo CHAPTER III The right of rectification or response (derecho de rectificación o respuesta) Article 66. The amparo recourse guarantees the right of rectification or response that derives from Articles 29 of the Constitución Política and 14 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, to any person affected by inaccurate or injurious information issued to their detriment, through mass media directed at the general public, and, consequently, to carry out by the same media outlet their rectification or response under the conditions established by this law. In no case shall the rectification or response exempt from other legal responsibilities that may have been incurred. Ficha articulo Article 67. When the offended parties are one or more directly alluded natural persons, the right may be exercised by any of them, but, if several do so, the length of each rectification or response shall be reduced to reasonable proportions that guarantee due balance with the publication or broadcast that causes it. If the inaccuracy or grievance is only indirect or has been inferred upon a group or collective, the right shall be held by the person or group of persons whose rectification or response most clearly protects the honor or reputation of all the offended parties and, under similar conditions, by the one that was submitted first, all this in the judgment of the media outlet or, as the case may be, of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional). However, when the offended party can be identified with an organized group or collective, or its members in general, the right must be exercised by its authorized agent or agents only once, and, in the case of a legal person (persona jurídica), by its legal representative. If the inaccuracy or grievance affects more than one group, collective, or legal person, the provisions of the preceding paragraph shall apply. Ficha articulo Article 68. The responsibilities arising from the rectification or response shall fall exclusively on their authors and not on the media outlet or its agents, with the exception of new facts that do not refer to the subject matter of the rectification or response. The rectification or response ordered by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) shall exempt one and all from responsibility, except that which in the same amparo judgment is imposed upon the latter for their unjustified refusal to publish it. Ficha articulo Article 69. The right of rectification or response shall be exercised in accordance with the following rules and, failing that, by the remaining rules of this title: a) The interested party must formulate the corresponding request, in writing, to the owner or director of the media outlet, within five calendar days following the publication or broadcast that is proposed to be rectified or answered, accompanied by the text of their rectification or response drafted in the most concise manner possible and without referring to issues extraneous to it. (The preceding subsection was corrected by Fe de Erratas and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, II Semester, I Volume, Page 25. Previously, the wording of this subsection stated: “a) El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de su rectificación o respuesta redactada, en la forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ellas.”) b) The rectification or response must be published or broadcast, and highlighted under conditions equivalent to those of the publication or broadcast that motivates it, within the following three days, if dealing with daily edition or broadcast outlets; in other cases, in the next materially possible edition or broadcast that is made after that period. c) The media outlet may refuse to publish or broadcast comments, statements, or appraisals that exceed reasonable limits, or to the extent they have no direct relationship with the publication or broadcast. ch) The Constitutional Chamber (Sala Constitucional), after a hearing (audiencia) granted for twenty-four hours to the media outlet, shall resolve the recourse without further procedure within the following three days. d) If the recourse is declared admissible, the judgment itself shall approve the text of the publication or broadcast, order it to be made within a period equal to that provided in subsection b), and determine the form and conditions under which it must be done. Ficha articulo Article 70. The resolutions issued by virtue of this chapter shall be enforceable (ejecutorias), and shall be made effective in the civil jurisdiction (vía civil) through the procedure for execution of judgment established in the Código Procesal Civil. Ficha articulo CHAPTER IV Sanctions Article 71. A prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed upon anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo or habeas corpus (hábeas corpus) recourse, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. Ficha articulo Article 72. A prison term of six months to three years, or a fine of sixty to one hundred twenty days, shall be imposed upon anyone who gives rise to a new amparo or habeas corpus (hábeas corpus) recourse being granted, because the actions, omissions, or threats that were the basis of a previous amparo declared admissible (procedente) are repeated to the detriment of the same persons. Ficha articulo TITLE IV Questions of constitutionality (cuestiones de constitucionalidad) (The preceding heading was corrected by Fe de Erratas and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, II Semester, I Volume, Page 25. Previously, the wording of this heading stated: “De los cuestiones de constitucionalidad.”) CHAPTER I The action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) Article 73. The action of unconstitutionality shall be admissible: a) Against laws and other general provisions, including those originating from acts of private subjects, that infringe, by action or omission, any constitutional norm or principle. b) Against subjective acts of public authorities, when they infringe, by action or omission, any constitutional norm or principle, if they are not susceptible to habeas corpus (hábeas corpus) or amparo recourses. c) When in the formation of laws or legislative agreements any substantial requirement or procedure provided in the Constitution or, as the case may be, established in the Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa is violated. ch) When a constitutional reform is approved in violation of constitutional procedural norms. d) When any law or general provision infringes Article 7, first paragraph, of the Constitution, by opposing a public treaty or international convention. (The preceding subsection was corrected by Fe de Erratas and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, II Semester, I Volume, Page 25. Previously, the wording of this subsection stated: “d) Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7, párrafo primero, de la Constitución, por oponerse a un tratato público o convenio internacional.”) e) When in the signing, approval, or ratification of international conventions or treaties, or in their content or effects, a constitutional norm or principle or, as the case may be, a norm of the Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa has been infringed. In this event, the declaration shall be made solely for the purposes of interpreting and applying them in harmony with the Constitution or, if their contradiction with it proves insurmountable, ordering their disapplication with general effects and proceeding to their denunciation. (The preceding subsection was corrected by Fe de Erratas and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, II Semester, I Volume, Page 25. Previously, the wording of this subsection stated: “e) Cuando en la suscripción, aprobación o ratificación de los convenios o tratados internacionales, o en su contenido o efectos se haya infringido una norma o principio constitucional o, en su caso, del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplinaria Interior de la Asamblea Legislativa. En este evento, la declaratoria se hará solamente para los efectos de que se interpreten y apliquen en armonía con la Constitución o, si su contradicción con ella resultare insalvable, se ordene su desaplicación con efectos generales y se proceda a su denuncia.”) f) Against the inertia, omissions, and abstentions of public authorities. Ficha articulo Article 74. The action of unconstitutionality shall not be admissible against jurisdictional acts of the Poder Judicial, nor against acts or provisions of the Tribunal Supremo de Elecciones related to the exercise of the electoral function. (Corrected by Fe de Erratas and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, II Semester, I Volume, Page 25. Previously, the wording of this numeral stated: “Artículo 74. No cabrá la acción de inconstitucionalidad contra los actos jurisdicionales del Poder Judicial, ni contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones relativos al ejercicio de la función electoral.”) Ficha articulo Article 75. To file the action of unconstitutionality it is necessary that there be a matter pending resolution before the courts, including habeas corpus (hábeas corpus) or amparo, or in the procedure to exhaust the administrative channel (vía administrativa), in which that unconstitutionality is invoked as a reasonable means to protect the right or interest considered injured. A prior pending case shall not be necessary when, due to the nature of the matter, there is no individual and direct injury, or it concerns the defense of diffuse interests, or those that concern the collectivity as a whole. Nor shall it be required by the Contralor General de la República, the Procurador General de la República, the Fiscal General de la República, and the Defensor de los Habitantes. In the cases of the two preceding paragraphs, once the action is filed, the procedures indicated in the following articles shall be followed, to the extent they are compatible. Ficha articulo Article 76. Whoever has established the action of unconstitutionality may not raise others related to the same suit or proceeding, even if they base them on different grounds; and any action filed under those conditions shall be rejected outright (de plano). Ficha articulo Article 77. The right to request the declaration of unconstitutionality in specific cases is extinguished by lapse (caducidad) when that right is not exercised before the respective judicial process is resolved by a final judgment (sentencia firme). Ficha articulo Article 78. The written brief (escrito) in which the action is filed must be presented duly authenticated. Its grounds shall be set forth in a clear and precise manner, with specific citation of the norms or principles considered infringed. (Corrected by Fe de Erratas and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, II Semester, I Volume, Page 25. Previously, the wording of this numeral stated: “Artículo 78. El escrito en que se interponga la acción deberá presentarse debidamente autenticado. Se expondrán sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideren infringidos.”) Ficha articulo Article 79. The written brief shall be presented before the Secretariat (Secretaría) of the Chamber, together with a literal certification of the libel (libelo) in which the unconstitutionality was invoked in the main matter, in accordance with the provisions of the first paragraph of Article 75. In addition, every written brief or document shall be accompanied by seven signed copies for the magistrates of the Chamber, and the necessary copies for the Procuraduría and the opposing parties in the main process or proceeding. Ficha articulo Article 80. If the formalities referred to in the two preceding articles are not met, the President of the Chamber shall indicate by resolution which requirements are omitted and order them to be fulfilled within three days. If compliance with the order is not given, the President shall deny the processing of the action. Reversal of this latter resolution may be requested within three days, in which case the President shall raise the matter to the knowledge of the Chamber for it to decide what is appropriate. Ficha articulo Article 81. If the President considers the requirements that have been mentioned to be fulfilled, he shall confer a hearing (audiencia) to the Procuraduría General de la República and to the counterparty appearing in the main matter, for a period of fifteen days, so that they may express what they deem appropriate. (Corrected by Fe de Erratas and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, II Semester, I Volume, Page 25. Previously, the wording of this paragraph stated: “Artículo 81. Si el Presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quice días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente.”) At the same time, he shall arrange to send a note to the court or organ hearing the matter, so that it does not issue the final resolution before the Chamber has ruled on the action, and shall order the publication of a notice in the Boletín Judicial, three consecutive times, making it known to the courts and the organs that exhaust the administrative channel that this claim has been established, so that in the processes or proceedings in which the application of the law, decree, provision, agreement, or resolution is discussed, a final resolution is also not issued while the Chamber has not made the relevant pronouncement. If the action is brought by the Procurador General de la República, the hearing shall be given to the person appearing as the counterparty in the main matter. Ficha articulo Article 82. In ongoing processes, no stage other than that of issuing the final resolution shall be suspended, unless the action of unconstitutionality refers to norms that must be applied during the proceedings. (Corrected by Fe de Erratas and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989, II Semester, I Volume, Page 25. Previously, the wording of this numeral stated: “Artículo 82. En los porcesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.”) Ficha articulo Article 83. Within fifteen days following the first publication of the notice referred to in the second paragraph of Article 81, the parties appearing in matters pending as of the date of the filing of the action, or those with a legitimate interest, may appear (apersonarse) within this action, in order to contribute to the allegations that might justify its admissibility or inadmissibility, or to expand, as the case may be, the grounds of unconstitutionality in relation to the matter that interests them. Ficha articulo Article 84. If after the action and before the publication of the respective notice, other actions of unconstitutionality are filed against the same law, decree, provision, agreement, or resolution, those actions shall be accumulated to the first and shall be considered as an expansion thereof. Actions filed in that capacity by the parties of the suspended suits shall also be accumulated, if they are filed within fifteen days following the first publication of the notice. Actions filed after that period shall be left in abeyance, while those that were filed previously are being resolved. Ficha articulo Article 85. Once the period has expired, the oral hearing (audiencia oral) provided for in Article 10 shall be convened, so that the plaintiff, the other appearing parties, and the Procuraduría General de la República may present their conclusions. Ficha articulo Article 86. The Chamber must resolve the action of unconstitutionality within a maximum term of one month, starting from the date on which the hearing (vista) concludes. The President shall set, in each case, the respective term, in accordance with the nature and complexity of the matter. Ficha articulo Article 87. Resolutions that deny the action must examine all the grounds of unconstitutionality that were alleged to support it. They shall only have effect between the parties in the specific case and shall not produce res judicata (cosa juzgada). The action of unconstitutionality may be exercised against norms or acts previously declared constitutional and in different cases or processes. Ficha articulo Article 88. Judgments that declare the unconstitutionality and pronounce the consequent annulment of the challenged norm or acts shall produce res judicata (cosa juzgada) and eliminate the norm or act from the legal order. That elimination shall take effect from the first time the notice referred to in Article 90 is published, which shall be recorded in it. Ficha articulo Article 89. The judgment that declares the unconstitutionality of a norm of law or general provision shall also declare that of the other precepts within it, or of any other law or provision whose annulment is evidently necessary due to connection or consequence, as well as that of the challenged acts of application. Ficha articulo Article 90. Whatever the form in which the judgment is issued, it shall always be notified to the Procurador General, to the appellant, and to the parties who have appeared in the proceedings. In addition, the Secretariat of the Chamber shall communicate it by official note to the officials handling the main matter and to those of the other appearing parties, so they may record it in the case file, and shall publish a notice in the Boletín Judicial three consecutive times, in the same sense. The declaration of unconstitutionality shall also be communicated to the Branch or Branches of Government, organs, or entities that issued the norms or acts declared unconstitutional, as well as, where applicable, to those competent for their correction or conversion; furthermore, it must be published in its entirety in the Boletín Judicial, and summarized in the official gazette “La Gaceta” and in the official publications of the texts to which the annulled norm or norms belonged. Ficha articulo Article 91. The declaration of unconstitutionality shall have declaratory and retroactive effect to the date the act or norm entered into force, all without prejudice to rights acquired in good faith. The constitutional annulment judgment may graduate and dimension its retroactive effect in space, time, or subject matter, and shall dictate the necessary rules to prevent this from producing serious dislocations of social security, justice, or peace. Ficha articulo Article 92. The constitutional annulment judgment shall have retroactive effect, in any case, in favor of the accused or convicted person, by virtue of a criminal proceeding or a sanctioning procedure. Ficha articulo Article 93. The provision contained in Article 91 shall not apply with respect to those legal relationships or situations that have been consolidated by statute of limitations (prescripción) or expiration (caducidad), by virtue of a judgment having the authority of substantive res judicata (cosa juzgada material), or by consummation in fact, when these are materially or technically irreversible, or when their reversal seriously affects rights acquired in good faith; all the foregoing without prejudice to the powers of the Chamber, in accordance with said article. Ficha articulo Article 94. The continuing patrimonial effects of res judicata (cosa juzgada) shall be adjusted, without retroaction, to the constitutional annulment judgment, as of its effective date. Ficha articulo Article 95. The provisions of the preceding articles shall not prevent the elimination, by reason of absolute nullity (nulidad absoluta), of administrative acts, in accordance with the Ley General de la Administración Pública. Ficha articulo CHAPTER II Of the Consultation on Constitutionality Article 96- By means of the consultation on constitutionality, the constitutional jurisdiction shall exercise prior advisory opinion on legislative bills and referendum initiatives in any of their forms, in the following cases: (As thus amended the preceding paragraph by the sole article of the law to incorporate the prior and optional consultation on constitutionality of referendum processes, No. 10013 of August 24, 2021) a) Mandatorily, when it involves bills for constitutional amendments, or amendments to the present law, as well as those aimed at the approval of international conventions or treaties, including the reservations made or proposed to one or the other. b) With respect to any other bills of law, the legislative approval of administrative acts or contracts, or amendments to the Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa, when the consultation is presented by a number of no fewer than ten deputies. c) When requested by the Corte Suprema de Justicia, the Tribunal Supremo de Elecciones, or the Contraloría General de la República, if it involves bills of law or motions incorporated into them, in whose processing, content, or effects they deem the principles or norms relating to their respective constitutional competence to have been unduly ignored, interpreted, or applied. ch) When requested by the Defensor de los Habitantes, for considering that they infringe fundamental rights or freedoms recognized by the Constitution or the international human rights instruments in force in the Republic. d) When requested by the Tribunal Supremo de Elecciones, if it involves referendum initiatives in any of their forms. (As thus added the preceding subsection by the sole article of the law to incorporate the prior and optional consultation on constitutionality of referendum processes, No. 10013 of August 24, 2021) Ficha articulo Article 97. In the cases of subsection a) of the preceding article, the consultation shall be made by the Directorio of the Asamblea Legislativa. In the other cases, by the deputies or the body entitled to make it. Ficha articulo Article 98- When it involves constitutional amendments, the consultation must be made after their approval in the first debate, in the first legislature, and before the final one. When it involves other bills or legislative acts subject to the procedure for issuing laws, it must be filed after being approved in the first debate and before being approved in the third. However, when the Asamblea Legislativa has a constitutional or regulatory deadline to vote on the bill, the consultation must be made with due anticipation and the bill shall be voted on even if the Chamber's opinion has not been received. In the other cases, the consultation must be raised before final approval. In the case of referendum initiatives, the consultation must be raised before the authorization for signature collection by the Tribunal Supremo de Elecciones in the case of the citizen initiative form and before the call for a referendum for the other forms. (As thus amended by the sole article of the law to incorporate the prior and optional consultation on constitutionality of referendum processes, No. 10013 of August 24, 2021) Ficha articulo Article 99. Except when it involves the mandatory consultation provided for in subsection a) of Article 96, the consultation must be formulated in a reasoned brief, stating the questioned aspects of the bill, as well as the reasons for which there are doubts or objections regarding its constitutionality. Ficha articulo Article 100. Upon receipt of the consultation, the Chamber shall communicate it to the Asamblea Legislativa and request the remittance of the respective case file and its background documents, if possible, or certified copies of them. The consultation shall not interrupt any procedure, except for the voting on the bill in the third debate or, where applicable, the sanction and publication of the respective decree, without prejudice to the provisions of the second paragraph of Article 98. Once the consultation is evacuated, the discussion of the bill shall continue. Ficha articulo Article 101. The Chamber shall evacuate the consultation within the month following its receipt, and, in doing so, shall rule on the aspects and reasons consulted or on any others it considers relevant from the constitutional point of view. The Chamber's opinion shall only be binding insofar as it establishes the existence of unconstitutional procedures of the consulted bill. In any case, the opinion does not preclude the possibility that subsequently the questioned norm or norms may be challenged through the means of constitutional review. Ficha articulo CHAPTER III OF JUDICIAL CONSULTATIONS ON CONSTITUTIONALITY ARTICLE 102. Every judge shall be entitled to consult the Constitutional Chamber when they have founded doubts about the constitutionality of a norm or act that must be applied, or of an act, conduct, or omission that must be judged in a case submitted to their knowledge. (As thus amended by the sole article of law No. 9003 of October 31, 2011) Ficha articulo Article 103. The consultations referred to in the preceding article shall be admissible in every case, without prejudice to others that have been raised, or to unconstitutionality actions filed or that may be filed in the same proceeding. Ficha articulo Article 104. The consultation shall be formulated by means of a resolution indicating the norms, acts, conducts, or omissions questioned, and the reasons for the court's doubt regarding their constitutional validity or interpretation. The parties shall be summoned for a period of within three days and the processing of the proceeding or appeal shall be suspended until the Constitutional Chamber has evacuated the consultation. When sending the consultation, the case file or the pertinent documents shall be attached. Ficha articulo Article 105. The Procuraduría General de la República shall be granted a hearing on the consultation, if it is not a party in the main proceeding or appeal. The parties, in this latter case, may appear before the Chamber, solely for the purposes of being notified. However, any of them who is entitled to file an action may request the Chamber, within the term of the summons, that the matter be given the character and effects of said unconstitutionality action, in which case they must formally file the latter within the following fifteen days. If they do so, the action shall be given the corresponding procedure, and the Chamber shall abstain from evacuating the consultation as such, but must rule on it in the judgment. If the conversion procedure indicated in the preceding paragraph is not requested or utilized, the Chamber shall evacuate the consultation without further proceedings and without a hearing of the parties, within a maximum period of one month from its receipt. Ficha articulo Article 106. The Chamber may evacuate the consultation at any time, when it considers that it is sufficiently answered by simple reference to its case law (jurisprudencia) and precedents, all this with the same exceptions provided for in the second paragraph of Article 9 of this law. Ficha articulo Article 107. The resolution of the Chamber shall be communicated to the consulting court, to the Procurador General de la República, and to the appearing parties, shall have the same effects, and shall be published in the same manner as the judgment issued in the unconstitutionality action, except that it shall not preclude the raising of the latter in the same proceeding, if it is admissible. (Corrected by means of Errata Sheet and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989 II Semester I Volume Page 25. Previously the wording of this article indicated: “Article 107. The resolution of the Chamber shall be communicated to the consulting court, to the Procurador General de la República, and to the appearing parties, shall have the same effects and shall be published in the same manner as the judgment issued in the unconstitutionality action, except that it shall not preclude the raising of the latter in the same proceeding, if it is admissible.”) Ficha articulo Article 108. In matters not provided for in this chapter, judicial consultations on constitutionality shall be governed by the norms of the preceding chapter and, supplementarily, of the action of unconstitutionality, insofar as they are reasonably applicable. Ficha articulo TITLE V Of Constitutional Conflicts SOLE CHAPTER Article 109. It is incumbent upon the Constitutional Chamber to resolve: a) Conflicts of competence or attributions between the Branches of Government (Poderes del Estado), including the Tribunal Supremo de Elecciones, or between any of them and the Contraloría General de la República. b) Conflicts of constitutional competence or attributions between any of the aforementioned Branches or organs and decentralized entities, municipalities, or other persons of Public Law, or those of any of these, among themselves. (Corrected the preceding subsection by means of Errata Sheet and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989 II Semester I Volume Page 25. Previously the wording of this subsection indicated: “b) Conflicts of constitutional competence or attributions between any of the aforementioned Branches or organs and decentralized entities, municipalities and other persons of Public Law, or those of any of these, among themselves.”) Ficha articulo Article 110. The question shall be raised by the head (jerarca) of any of the organs or entities in conflict, who shall send to the Chamber's Secretariat a brief stating all the legal reasons on which it is founded. The President of the Chamber shall grant a hearing to the head (jerarca) of the other organ or entity for a non-extendable period (plazo improrrogable) of eight days. Ficha articulo Article 111. Once the period indicated in the preceding article has elapsed, even if the hearing has not been answered, the Chamber shall resolve the conflict within the following ten days, unless it considers it indispensable to take some evidence, in which case said period shall be counted from the moment at which this has been evacuated. (Corrected by means of Errata Sheet and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989 II Semester I Volume Page 25. Previously the wording of this article indicated: “Article 111. Once the period indicated in the preceding article has elapsed, even if the hearing has not been answered, the Chamber shall resolve the conflict within the following ten days, unless it considers it indispensable to take some evidence, in which case said period shall be counted from the moment at which this has been evacuated.”) Ficha articulo TITLE VI Final Provisions SOLE CHAPTER Article 112. The following are amended: a) The second paragraph of Article 21 of the Ley Especial sobre Jurisdicción de los Tribunales, No. 5711 of June 27, 1975, amended by Article 6 of law No. 6726 of March 10, 1982, so that it reads as follows: "In matters of extradition, the provisions of the respective law shall apply." b) The second paragraph of Article 20 of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, No. 3667 of March 20, 1966, so that it reads as follows: (Corrected the preceding subsection by means of Errata Sheet and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989 II Semester I Volume Page 25. Previously the wording of this subsection indicated: “b) The second paragraph of Article 20 of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administratva, No. 3667 of March 20, 1966, so that it reads as follows:”) "2. They may also be so, for reasons of constitutionality, the laws and other normative provisions and the acts of the Public Administration, for the purposes of the corresponding unconstitutionality action." c) Article 490 of the Code of Criminal Procedure, to which a subsection 6) is added that shall read as follows: "6) When it has not been imposed through due process or opportunity for defense." ch) Article 45 of the Constitutive Law of the Caja Costarricense de Seguro Social, No. 17 of October 22, 1943, and its amendments, which shall read as follows: "Article 45: It constitutes improper withholding and, consequently, the penalty established in Article 216 of the Penal Code shall be imposed on anyone who fails to pay over to the Caja the amount of the employee contribution (cuota obrera) established in Article 30 of this law. In the case of the preventative measure indicated in the last paragraph of Article 223 of the Penal Code, the employer may offer sufficient real guarantee for the amount of the employee contributions (cuotas obreras) withheld. A fine of thirty to one hundred eighty days shall be applied to the employer who fails to deduct the employee contribution (cuota obrera) that Article 30 of this law establishes. If the employer is a legal entity, the obligation shall fall upon its legal representative. The employer must be warned by the Head of the Department of Collection Management and Credits of the Caja Costarricense de Seguro Social so that, within the fifth day, counted from receipt of the notice, they deposit in favor of the Caja Costarricense de Seguro Social the amount of the contributions not withheld. (Corrected the preceding paragraph by means of Errata Sheet and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989 II Semester I Volume Page 25. Previously the wording of this paragraph indicated: “A fine of thirty to one hundred eighty days shall be applied to the employer who fails to deduct the employee contribution that Article 30 of this law establishes. If the employer is a legal entity, the obligation shall fall upon its legal representative. The employer must be warned by the head of the department of Collection Management and Credits of the Caja Costarricense de Seguro Social so that, within the fifth day, counted from receipt of the notice, they deposit in favor of the Caja Costarricense de Seguro Social the amount of the contributions not withheld.”) Once that period has elapsed without the payment being made, the fact shall be reported to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) for the respective charge to be made. The employer who carries out maneuvers, false declarations, or any other acts or omissions aimed at defrauding the interests of the Caja Costarricense de Seguro Social, regarding its contributions, shall be sanctioned with a penalty of sixty to three hundred days fine." Ficha articulo Article 113. The following laws and provisions are repealed: a) The Law of Habeas Corpus (Ley de Hábeas Corpus), No. 35 of November 24, 1932. b) The Law of Amparo (Ley de Amparo), No. 1161 of June 2, 1950. c) Articles 962 to 969 of the Code of Civil Procedure, as well as Chapter IV of Title IV, Articles 534 to 541, "Inapplicability Proceeding", of the new Civil Procedure Code that replaces the former one. ch) All legal provisions that establish grounds for civil arrest (apremio corporal), except those referring to the breach of support duties. Ficha articulo Article 114. This law enters into force upon its publication and may only be amended by another law expressly intended to complement or modify its text. Ficha articulo Transitory Provision I. As long as the Law of the Defensor de los Habitantes is not enacted, the role assigned to him in this law shall correspond to the Procurador General de la República. (Corrected by means of Errata Sheet and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989 II Semester I Volume Page 25. Previously the wording of this provision indicated: "Transitory Provision I. As long as the Law of the Defensor de los Habitantes is not enacted, the role assigned to him in this law shall correspond to the Procurador General de la República.") Ficha articulo Transitory Provision II. The appeals of unconstitutionality, amparo, and habeas corpus that are pending resolution on the date this law enters into force shall conform to it with respect to all procedures that have not been completed or should have been completed, except for the drafting of the judgment. The judgments that have not been drafted or signed in appeals already voted on shall remain in charge of the currently competent courts, for a non-extendable period (plazo improrrogable) of two months from the promulgation of this law. The peremptory and non-extendable periods established in this law for the actions of the Constitutional Chamber shall not apply to appeals filed prior to its promulgation, nor to those filed during the first three years of its validity. (As thus amended the preceding paragraph by Article 1 of law No. 7209 of November 8, 1990) Ficha articulo Transitory Provision III. The Executive Branch (Poder Ejecutivo), at the request of the Corte Suprema de Justicia, and by executive decrees, shall make the necessary modifications in the budget of the Judicial Branch (Poder Judicial), in everything related to the new positions and purchase of equipment necessary for the functioning of the Constitutional Chamber. The increase of personnel indispensable for the normal functioning of the Chamber is authorized. Be it communicated to the Executive Branch (Poder Ejecutivo) Asamblea Legislativa, -San José, on the fifth day of the month of October, nineteen hundred and eighty- nine. Presidency of the Republic.- San José, on the eleventh day of the month of October, nineteen hundred and eighty-nine. (Corrected by means of Errata Sheet and published in the Colección de Leyes y Decretos of 1989 II Semester I Volume Page 25. Previously the wording of this paragraph indicated: "Given at the Presidency of the Republic.- San José, on the eleventh day of the month of October, nineteen hundred and eighty-nine.") Ficha articulo Generation date: 4/18/2026 15:06:57 Go to beginning of document