Ley 8422 — Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public OfficeLey contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública

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Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública


Nº 8422





LA ASAMBLEA LEGISLATIVA





DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA





 





DECRETA:





 





LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO





ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA





 





CAPÍTULO I





Disposiciones generales





 





Artículo 1º-Fines. Los fines de la presente Ley serán prevenir, detectar y sancionar la corrupción
en el ejercicio de la función pública.







 





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Artículo 2º-Servidor público. Para los efectos de esta Ley, se considerará servidor público toda
persona que presta sus servicios en los órganos y en los entes de la Administración Pública, estatal
y no estatal, a nombre y por cuenta de esta y como parte de su organización, en virtud de un acto de
investidura y con entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado,
permanente o público de la actividad respectiva. Los términos funcionario, servidor y empleado
público serán equivalentes para los efectos de esta Ley.





Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a los funcionarios de hecho y a las personas
que laboran para las empresas públicas en cualquiera de sus formas y para los entes públicos
encargados de gestiones sometidas al derecho común; asimismo, a los apoderados, administradores,
gerentes y representantes legales de las personas jurídicas que custodien, administren o exploten
fondos, bienes o servicios de la Administración Pública, por cualquier título o modalidad de
gestión.







 





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Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la
satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y
atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua
y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y
buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones
que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos
propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos
con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas
satisfactoriamente.







 





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Artículo 4º-Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales
que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa,
constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal.







 





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Artículo 5º-Fraude de ley. La función administrativa ejercida por el Estado y los demás entes
públicos, así como la conducta de sujetos de derecho privado en las relaciones con estos que se
realicen al amparo del texto de una norma jurídica y persigan un resultado que no se conforme a la
satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico, se considerarán ejecutadas en fraude
de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma jurídica que se haya tratado de eludir.







 





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Artículo 6º-Nulidad de los actos o contratos derivados del fraude de ley. El fraude de ley acarreará
la nulidad del acto administrativo o del contrato derivado de él y la indemnización por los daños y
perjuicios causados a la Administración Pública o a terceros. En vía administrativa, la nulidad
podrá ser declarada por la respectiva entidad pública o por la Contraloría General de la República,
si la normativa que se haya tratado de eludir pertenece al ordenamiento que regula y protege la
Hacienda Pública.





Si la nulidad versa sobre actos declaratorios de derechos, deberá iniciarse el respectivo proceso de
lesividad, salvo lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, Nº
6227, de 2 de mayo de 1978, en cuyo caso deberá actuarse de conformidad con lo allí establecido.







 





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Artículo 7º-Libre acceso a la información. Es de interés público la información relacionada con el
ingreso, la presupuestación, la custodia, la fiscalización, la administración, la inversión y el
gasto de los fondos públicos, así como la información necesaria para asegurar la efectividad de la
presente Ley, en relación con hechos y conductas de los funcionarios públicos.





No obstante, la Contraloría General de la República solo podrá revisar documentos de carácter
privado según lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política y en el artículo 11 de la
presente Ley.







 





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Artículo 8.- Confidencialidad de la identidad de la persona denunciante y de la información que
origine la apertura del procedimiento administrativo. La Contraloría General de la República, la
Administración, las auditorías internas de las instituciones y empresas públicas y las demás
instancias tramitadoras de denuncia administrativa guardarán confidencialidad respecto de la
identidad de la persona que, bajo la creencia razonable de que la información proporcionada
demuestra la posible comisión del acto de corrupción, presente ante sus oficinas denuncias por actos
de corrupción. La confidencialidad aplicará a cualquier información de la que se pueda deducir
directa o indirectamente la identidad del denunciante. El carácter confidencial de esta información
se mantendrá luego de concluida la tramitación de la denuncia, incluso cuando el propio denunciante
divulgue su identidad o cuando se conozca que está siendo conocida en otras instancias.





La información, la documentación y otras evidencias de las investigaciones que efectúen las
auditorías internas, la Administración y la Contraloría General de la República, cuyos resultados
puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo, serán confidenciales, incluso para
el denunciante y denunciado, durante la formulación del informe respectivo. Una vez notificado el
informe correspondiente y hasta la resolución final del procedimiento administrativo, la información
contenida en el expediente será calificada como información confidencial, excepto para las partes
involucradas, las cuales tendrán libre acceso a todos los documentos y las pruebas que consten en el
expediente administrativo.





No obstante, las autoridades judiciales podrán solicitar la información pertinente, ante la posible
existencia de un delito contra el honor de la persona denunciada.





Las personas que, de buena fe, denuncien los actos de corrupción descritos en la Ley 4573, Código
Penal, y en esta ley, serán protegidas por las autoridades policiales administrativas, conforme a
los mecanismos legales previstos para tal efecto, a petición de parte.





(Así reformado por el artículo 30 de la Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de
actos de corrupción contra represalias laborales, N° 10437 del 29 de enero de 2024)





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Artículo 8 bis- Notificación de documentación al Plenario legislativo





El Plenario de la Asamblea Legislativa, actuando en su calidad de denunciante o como órgano que
ejerce la potestad sancionatoria, será notificado de los informes, las resoluciones y demás
documentación producto de esta ley.





La notificación se realizará de manera digital al correo electrónico institucional de todas las
diputaciones, con toda la documentación respectiva en el mismo acto. Ante la imposibilidad de
realizar la notificación electrónicamente, de manera excepcional y en casos debidamente
justificados, la notificación se deberá realizar durante una sesión del Plenario legislativo en su
recinto, mediante cédula de notificación dirigida a la Presidencia del Directorio legislativo o, en
su defecto. a la respectiva suplencia en el ejercicio de este cargo. La documentación recibida
deberá contener 57 copias que serán trasladadas por la Presidencia del Directorio legislativo o, en
su defecto. a la respectiva suplencia en el ejercicio de este cargo, al resto de diputaciones.





En los casos en que la notificación se realice físicamente en sesión del Plenario legislativo, las
copias que conforman la respectiva documentación serán trasladadas al resto de diputaciones en un
plazo máximo de un día hábil posterior a la sesión en que fuera debidamente recibida. Dicha
documentación deberá distribuirse resguardando el carácter de confidencialidad. cuando así
corresponda.





En cualquier caso, se deberá consignar y señalar por escrito al menos la cantidad de folios
recibidos y cualquier otro elemento que permita determinar características básicas de la
documentación recibida, respetando, cuando corresponda, el deber de confidencialidad.





(Así adicionado por el artículo único de la ley N° 10225 del 5 de mayo del 2022)





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Artículo 9º-Atención de las denuncias presentadas ante la Contraloría General de la República. La
Contraloría General de la República determinará los procedimientos para la atención, la
admisibilidad y el trámite de las denuncias que se le presenten y que sean atinentes al ámbito de su
competencia, pero respetará el derecho de petición, en los términos señalados por la Constitución
Política.







 





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Artículo 10.-Limitaciones de acceso al expediente administrativo. Cuando estén en curso las
investigaciones que lleve a cabo la Contraloría General de la República en el ejercicio de sus
atribuciones, se guardará la reserva del caso, en tutela de los derechos fundamentales del presunto
responsable o de terceros.





A los expedientes solo tendrán acceso las partes y sus abogados defensores debidamente acreditados
como tales, o autorizados por el interesado para estudiar el expediente administrativo antes de
asumir su patrocinio.





Las comparecencias a que se refiere la Ley General de la Administración Pública en los
procedimientos administrativos que instruya la Administración Pública por infracciones al Régimen de
Hacienda Pública, serán orales y públicas, pero el órgano director, en resolución fundada, podrá
declararlas privadas por razones de decoro y por derecho a la intimidad de las partes o de terceros,
cuando estime que se entorpece la recopilación de evidencia o peligra un secreto cuya revelación sea
castigada penalmente.







 





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Artículo 11.-Acceso a la información confidencial. En cumplimiento de las atribuciones asignadas a
la Contraloría General de la República, sus funcionarios tendrán la facultad de acceder a toda
fuente de información, los registros, los documentos públicos, las declaraciones, los libros de
contabilidad y sus anexos, las facturas y los contratos que los sujetos fiscalizados mantengan o
posean.





No obstante, de conformidad con el artículo 24 de la Constitución Política, los únicos documentos de
carácter privado que la Contraloría General de la República podrá revisar sin la autorización previa
del afectado o de sus representantes, serán los libros de contabilidad y sus anexos, con el único
objeto de fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos.





El afectado o sus representantes podrán autorizar, además, que la Contraloría General de la
República revise otros documentos distintos de los enunciados en el párrafo anterior. Dicha
autorización se entenderá otorgada si el afectado o sus representantes no se oponen al accionar de
la Contraloría, luego de que los funcionarios de esa entidad les hayan comunicado la intención de
revisar documentación y les hayan informado sobre la posibilidad de negarse a que se efectúe dicho
trámite. 





La confidencialidad que se conceda por ley especial a los documentos, las cuentas o las fuentes,
conocidos por la Contraloría General de la República según el artículo 24 de la Constitución
Política y el presente Artículo, no será oponible a sus funcionarios; no obstante, deberán
mantenerla frente a terceros.





Los documentos originales a los cuales pueda tener acceso la Contraloría General de la República
según este artículo y el artículo 24 de la Constitución Política, se mantendrán en poder de la
persona física o jurídica que los posea, cuando esto sea preciso para no entorpecer un servicio
público o para no afectar derechos fundamentales de terceros; por tal razón, los funcionarios de la
Contraloría tendrán fe pública para certificar la copia respectiva y llevarla consigo.







 





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Artículo 12.-Cooperación internacional. Facúltase a la Contraloría General de la República para que
preste su colaboración y asesoramiento al Poder Ejecutivo en la celebración de los convenios
internacionales que corresponda, a fin de que los organismos de fiscalización de la Hacienda Pública
puedan recabar prueba y efectuar investigaciones fuera del territorio nacional, permitan realizar
estudios o auditorías conjuntas y faciliten la cooperación técnica y el intercambio de experiencias.





En el ámbito de su competencia, la Contraloría General de la República podrá solicitar asistencia y
cooperación internacional para obtener evidencia y realizar los actos necesarios en las
investigaciones que lleve a cabo, por medio de la Autoridad Central referida en el artículo XVIII de
la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por la Ley Nº 7670, de 17 de abril de
1997.







 





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Artículo 13.-Territorialidad. Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables respecto de
actos de corrupción cometidos fuera del territorio nacional o que produzcan sus efectos fuera de él,
mientras se trate de un estado parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción.





La Contraloría General de la República tendrá plenas facultades de fiscalización sobre los
funcionarios y las oficinas del servicio exterior costarricense y de los sujetos pasivos que
establezcan oficinas fuera del territorio nacional.





 







 





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CAPÍTULO II





Régimen preventivo





 





Artículo 14- Prohibición para ejercer profesiones liberales. No podrán ejercer profesiones
liberales: el presidente de la República, los vicepresidentes, los magistrados del Poder Judicial y
del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros, el contralor y el subcontralor generales de la
República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el
procurador general adjunto de la República, el regulador general de la República, el fiscal general
de la República, los viceministros, los oficiales mayores, los presidentes ejecutivos, los gerentes
y los directores administrativos de entidades descentralizadas, instituciones autónomas,
semiautónomas y empresas públicas, los superintendentes de entidades financieras, de valores y de
pensiones, sus respectivos intendentes, así como las alcaldías e intendencias municipales y los
subgerentes y los subdirectores administrativos, los contralores y los subcontralores internos, los
auditores y los subauditores internos de la Administración Pública. así como los directores y
subdirectores de departamento y los titulares de proveeduría del sector público. Dentro del presente
artículo quedan comprendidas las otras profesiones que el funcionario posea, aunque no constituyan
requisito para ocupar el respectivo cargo público.





(Así reformado el párrafo anterior por el artículo único de la ley N° 10224 del 5 de mayo del 2022)





De la prohibición anterior se exceptúan la docencia en centros de enseñanza superior fuera de la
jornada ordinaria y la atención de los asuntos en los que sean parte el funcionario afectado, su
cónyuge, compañero o compañera, o alguno de sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el
tercer grado inclusive. En tales casos, no deberá afectarse el desempeño normal e imparcial del
cargo; tampoco deberá producirse en asuntos que se atiendan en la misma entidad pública o Poder del
Estado en que se labora.





(Nota de Sinalevi: De acuerdo con el Dictamen N° 421-2005 del 07/ de diciembre de 2005 , se llegó a
la conclusión de que este numeral se puede interpretar en el sentido de que la intención de la norma
es sujetar al régimen de prohibición únicamente a los jefes de dirección o departamento de las áreas
administrativas y de proveeduría. En ese contexto, la amplitud de la redacción utilizada por dicha
norma tiene como finalidad resultar comprensiva de cualquier nomenclatura que se utilice en las
diversas instituciones, pero siempre dirigida a cubrir únicamente a los cargos que ostentan la
naturaleza mencionada, y no a las demás jefaturas que existen dentro de la Administración, cuyas
funciones sustantivas no se relacionan con la gestión financiera ni de contratación
administrativa.  Lo establecido en la Ley N° 8422 sobre la prohibición del ejercicio liberal de la
profesión, es un régimen que limita una libertad fundamental y por ende su aplicación debe ser
restrictiva. En consecuencia, estarán sometidos a dicho régimen y podrán recibir la correlativa
compensación económica únicamente los funcionarios mencionados en el artículo 14 de la Ley, que
posean un título profesional que los habilite para ejercer de manera liberal la profesión y que
además están incorporados al Colegio Profesional respectivo.)





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Artículo 15- Retribución económica por la prohibición de ejercer profesiones liberales. La
compensación económica por la aplicación del artículo anterior será equivalente a un pago de un
quince por ciento (15%) bachilleres y un treinta por ciento (30%) licenciados o posgrados sobre el
salario base fijado para la categoría del puesto respectivo.





(Así reformado por el artículo 3° del  título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018, que adicionó el numeral 57 aparte g) a la Ley de
Salarios de la Administración Publica, N° 2166 del 9 de octubre de 1957)





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Artículo 16.-Prohibición de percibir compensaciones salariales.  Los servidores públicos solo podrán
percibir las retribuciones o los beneficios contemplados en el Régimen de Derecho Público propio de
su relación de servicio y debidamente presupuestados. En consecuencia, se les prohíbe percibir
cualquier otro emolumento, honorario, estipendio o salario por parte de personas físicas o
jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con ocasión de
estas, en el país o fuera de él.







 





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Artículo 17.- Desempeño simultáneo de cargos públicos. Ninguna persona podrá desempeñar,
simultáneamente, en los órganos y las entidades de la Administración Pública, más de un cargo
remunerado salarialmente. De esta disposición quedan a salvo los docentes de instituciones de
educación superior, los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y los de las bandas que
pertenezcan a la Administración Pública, así como quienes presten los servicios que requieran la
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para atender emergencias
nacionales así declaradas por el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Elecciones, durante los
seis meses anteriores a la fecha de las elecciones nacionales y hasta tres meses después de
verificadas, así como otras instituciones públicas, en casos similares, previa autorización de la
Contraloría General de la República.





     Para que los funcionarios públicos realicen trabajos extraordinarios que no puedan calificarse
como horas extras se requerirá la autorización del jerarca respectivo. La falta de autorización
impedirá el pago o la remuneración.





(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 44° de la ley N° 8823 del 5 de mayo de 2010)





     Igualmente, ningún funcionario público, durante el disfrute de un permiso sin goce de salario,
podrá desempeñarse como asesor ni como consultor de órganos, instituciones o entidades, nacionales o
extranjeras, que se vinculan directamente, por relación jerárquica, por desconcentración o por
convenio aprobado al efecto, con el órgano o la entidad para el cual ejerce su cargo.





    Asimismo, quienes desempeñen un cargo dentro de la función pública, no podrán devengar dieta
alguna como miembros de juntas directivas o de otros órganos colegiados pertenecientes a órganos,
entes y empresas de la Administración Pública, salvo si no existe superposición horaria entre la
jornada laboral y las sesiones de tales órganos.





(Así reformado el párrafo anterior  por el inciso a) del artículo 1° de la ley N° 8445 del 10 de
mayo del 2005)





    Quienes, sin ser funcionarios públicos integren, simultáneamente, hasta tres juntas directivas u
otros órganos colegiados adscritos a órganos, entes y empresas de la Administración Pública, podrán
recibir las dietas correspondientes a cada cargo, siempre y cuando no exista superposición horaria.
Cuando, por razones de interés público, se requiera que la persona integre más de tres juntas
directivas u otros órganos colegiados adscritos a órganos, entes y empresas de la Administración
Pública, deberá recabarse la autorización de la Contraloría General de la República.





(Así adicionado el párrafo anterior  por el inciso b) del artículo 1° de la ley N° 8445 del 10 de
mayo del 2005)





    Los regidores y las regidoras municipales, propietarios y suplentes; los síndicos y las
síndicas, propietarios y suplentes; las personas miembros de los concejos de distrito; las personas
miembros de los concejos municipales de distrito, propietarias y suplentes, no se regirán por las
disposiciones anteriores.





(Así adicionado el párrafo anterior  por el inciso b) del artículo 1° de la ley N° 8445 del 10 de
mayo del 2005)





(La Sala Constitucional mediante resolución N° 13431-08 del 02 de setiembre del 2008, interpretó de
este artículo el término "simultáneamente", en el sentido de que este implica una superposición
horaria o una jornada superior al tiempo completo de trabajo, en el desempeño de dos cargos
públicos)





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Artículo 18.-Incompatibilidades. El Presidente de la República, los vicepresidentes, diputados,
magistrados propietarios del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros, el
contralor y el subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor adjunto de los
habitantes, el procurador general y el procurador general adjunto de la República, el regulador
general de la República, los viceministros, los oficiales mayores, los miembros de junta directiva,
los presidentes ejecutivos, los gerentes y subgerentes, los directores y subdirectores ejecutivos,
los jefes de proveeduría, los auditores y subauditores internos de la Administración Pública y de
las empresas públicas, así como los alcaldes municipales, no podrán ocupar simultáneamente cargos en
juntas directivas; tampoco podrán figurar registralmente como representantes o apoderados de
empresas privadas, ni tampoco participar en su capital accionario, personalmente o por medio de otra
persona jurídica, cuando tales empresas presten servicios a instituciones o a empresas públicas que,
por la naturaleza de su actividad comercial, compitan con ella. 





La prohibición de ocupar cargos directivos y gerenciales o de poseer la representación legal también
regirá en relación con cualquier entidad privada, con fines de lucro o sin ellos, que reciba
recursos económicos del Estado.





Los funcionarios indicados contarán con un plazo de treinta días(*) hábiles para acreditar, ante la
Contraloría General de la República, su renuncia al cargo respectivo y la debida inscripción
registral de su separación; dicho plazo podrá ser prorrogado una sola vez por el órgano contralor,
hasta por otro período igual.





(*) (Nota de Sinalevi: Mediante resolución N° R-DC-51-2019 del 17 de mayo de 2019 se acordó derogar
la resolución de la Contraloría General de la República de las 15:00 horas del 10 de diciembre del
2004, la cual establecía un plazo de treinta días hábiles a que se refiere este artículo por un
período igual, para que los funcionarios cubiertos por dicho numeral acrediten ante esta Contraloría
General su renuncia al cargo respectivo y la debida inscripción registral de su separación o, en su
defecto, aportar certificación o declaración jurada de que se había presentado ante el Registro
respectivo la gestión de inscripción, así como darle seguimiento para su inscripción definitiva.
Esto último no releva a dichos funcionarios de la obligación de acreditar de forma inmediata la
inscripción respectiva en cuanto la misma se haga efectiva, así como de cumplir con los trámites y
requerimientos necesarios a fin de obtener dicha inscripción.)





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Artículo 19.-Levantamiento de la incompatibilidad. Únicamente ante gestión presentada por el
interesado, la Contraloría General de la República, mediante resolución fundada y en situaciones
calificadas, podrá levantar la incompatibilidad que se establece en el artículo precedente, cuando
pueda estimarse que, por el carácter de los bienes que integran el patrimonio de la empresa en la
cual el funcionario es directivo, apoderado o representante, por sus fines o por el giro particular,
y por la ausencia de actividad, no existe conflicto de intereses, sin perjuicio de que dicho
levantamiento pueda ser revocado por incumplimiento o modificación de las condiciones en que fue
concedido.







 





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Artículo 20.-Régimen de donaciones y obsequios. Los obsequios recibidos por un funcionario público
como gesto de cortesía o costumbre diplomática, serán considerados bienes propiedad de la Nación,
cuando su valor sea superior a un salario base, según la definición del artículo 2º de la Ley Nº
7337, de acuerdo con la valoración prudencial que de ellos realice la Dirección General de
Tributación, si se estima necesaria. El destino, registro y uso de estos bienes serán los que
determine el Reglamento de esta Ley; al efecto podrá establecerse que estos bienes o el producto de
su venta, sean trasladados a organizaciones de beneficencia pública, de salud o de educación, o al
patrimonio histórico-cultural, según corresponda.  De la aplicación de esta norma se exceptúan las
condecoraciones y los premios de carácter honorífico, cultural, académico o científico.







 





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CAPÍTULO III





Declaración jurada sobre la situación patrimonial





Artículo 21.-Funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial





Deberán declarar la situación patrimonial, ante la Contraloría General de la República, según lo
señalan la presente ley y su reglamento, los diputados a la Asamblea Legislativa, el presidente y
los vicepresidentes de la República; los ministros, con cartera o sin ella, o los funcionarios
nombrados con ese rango y los viceministros; los magistrados propietarios y suplentes del Poder
Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones; los jueces y las juezas de la República, tanto
interinos como en propiedad; el contralor y el subcontralor generales de la República; el defensor y
el defensor adjunto de los habitantes; el procurador general y el procurador general adjunto de la
República; el fiscal general de la República; los fiscales adjuntos, los fiscales y los fiscales
auxiliares del Ministerio Público; los rectores, los contralores o los subcontralores de los centros
estatales de enseñanza superior; el regulador general de la República; los superintendentes de
entidades financieras, de valores y de pensiones, así como los respectivos intendentes; los
oficiales mayores de los ministerios; los miembros de las juntas directivas, excepto los fiscales
sin derecho a voto; los presidentes ejecutivos, los gerentes, los subgerentes, los auditores o los
subauditores internos, y los titulares de las proveedurías de toda la Administración Pública y de
las empresas públicas, así como los regidores, los propietarios y los suplentes, y los alcaldes
municipales.





También, declararán su situación patrimonial los empleados de las aduanas, los empleados que
tramiten licitaciones públicas, los demás funcionarios públicos que custodien, administren,
fiscalicen o recauden fondos públicos, establezcan rentas o ingresos en favor del Estado; los que
aprueben y autoricen erogaciones con fondos públicos, según la enumeración contenida en el
reglamento de esta ley, que podrá incluir también a empleados de sujetos de derecho privado que
administren, custodien o sean concesionarios de fondos, bienes y servicios públicos, quienes, en lo
conducente, estarán sometidos a las disposiciones de la presente ley y su reglamento.





El contralor y el subcontralor generales de la República enviarán copia fiel de sus declaraciones a
la Asamblea Legislativa, la cual, respecto de estos funcionarios, gozará de las mismas facultades
que esta ley asigna a la Contraloría General de la República en relación con los demás servidores
públicos.





(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9093 del 19 de octubre de 2012)


Ficha articulo





Artículo 22.-Presentación de las declaraciones inicial, anual y final. La declaración inicial deberá
presentarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de nombramiento o la de
declaración oficial de la elección por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, cuando se trate de
cargos de elección popular. Para efectos de actualización, también deberá presentarse cada año,
dentro de los primeros quince días hábiles de mayo, una declaración en la cual se hagan constar los
cambios y las variaciones en relación con la situación patrimonial declarada. Por último, dentro del
plazo de los treinta días hábiles inmediatos al cese de funciones, los funcionarios públicos deberán
presentar una declaración jurada final, en la cual se reflejen los cambios y las variaciones en la
situación patrimonial; lo anterior según las disposiciones reglamentarias que se dicten al efecto de
conformidad con esta Ley. Las declaraciones serán formuladas bajo fe de juramento.







 





Ficha articulo





Artículo 23.-Declaración jurada por orden singular. El hecho de que un servidor público no esté
obligado a presentar declaración jurada sobre su situación patrimonial, no impedirá realizar las
averiguaciones y los estudios pertinentes para determinar un eventual enriquecimiento ilícito o
cualquier otra infracción a la presente Ley. Para tal efecto, la Contraloría General de la República
o el Ministerio Público, por medio del fiscal general, en cualquier momento podrá exigir, por orden
singular, a todo funcionario público que administre o custodie fondos públicos, que presente
declaración jurada de su situación patrimonial. En tal caso, a partir de ese momento el funcionario
rendirá sus declaraciones inicial, anual y final, bajo los mismos plazos, términos y sanciones
previstos en esta Ley y su Reglamento, pero el término para presentar la primera declaración correrá
a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la orden. El Ministerio Público enviará a la
Contraloría General de la República copia fiel de las declaraciones que reciba.







 





Ficha articulo





Artículo 24.-Confidencialidad de las declaraciones. El contenido de las declaraciones juradas es
confidencial, salvo para el propio declarante, sin perjuicio del acceso a ellas que requieran las
comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la
República, el Ministerio Público o los tribunales de la República, para investigar y determinar la
comisión de posibles infracciones y delitos previstos en la Ley. La confidencialidad no restringe el
derecho de los ciudadanos de saber si la declaración fue presentada o no conforme a la ley.







 





Ficha articulo





Artículo 25.-Registro de declaraciones juradas. La Contraloría General de la República establecerá
un registro de declaraciones juradas que proveerá a los interesados los formularios respectivos,
para que efectúen su declaración; además, tendrá las funciones de recibir y custodiar las
declaraciones de cada servidor público. 





Pasados cuatro años desde la fecha en que el servidor público haya cesado en el cargo que dio origen
al deber de declarar su situación patrimonial, las declaraciones presentadas y su documentación
anexa serán remitidas al Archivo Nacional y se conservarán las mismas condiciones de
confidencialidad.







 





Ficha articulo





Artículo 26.-Condiciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. Se
encuentran obligados a declarar su situación patrimonial, los funcionarios públicos nombrados en
propiedad, que ocupen los puestos o realicen las funciones correspondientes a los cargos que se
detallan en esta Ley y su Reglamento. 





Asimismo, quedan comprendidos los funcionarios con nombramientos interinos a plazo fijo o con
recargo o asignación de funciones mediante resolución expresa, cuando el plazo sea mayor o igual a
seis meses.







 





Ficha articulo





Artículo 27.-Modificación de la descripción del puesto o de la nomenclatura administrativa. Los
funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial tendrán ese deber aun cuando, en virtud
de una reorganización administrativa o de otro motivo similar, se modifique el nombre o título de la
clase de puesto que ocupan, siempre y cuando sus atribuciones y responsabilidades continúen siendo
equiparables a las del cargo que originaba tal obligación.







 





Ficha articulo





Artículo 28.-Deber de informar sobre funcionarios sujetos a la declaración jurada. El director, el
jefe o el encargado de la unidad de recursos humanos o de la oficina de personal de cada órgano o
entidad pública, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la designación o a la declaración de
elección oficial del Tribunal Supremo de Elecciones, deberá informar a la Contraloría General de la
República, sobre el nombre, las calidades y el domicilio exacto de los servidores que ocupan cargos
que exijan presentar la declaración de la situación patrimonial, con la indicación de la fecha en
que iniciaron sus funciones; también deberá informar por escrito al funcionario sobre su deber de
cumplir con esa declaración.





Dentro de igual plazo, deberá informar la fecha en que, por cualquier circunstancia, los servidores
obligados a declarar concluyan su relación de servicio, o bien, sobre cualquier otra circunstancia
que afecte el cumplimiento de la obligación de declarar la situación patrimonial.  Para todos los
efectos legales, la desobediencia de esta obligación será considerada falta grave, sancionable de
acuerdo con el régimen interno correspondiente.





El error o defecto en la información que la unidad de recursos humanos suministre en aplicación de
este artículo, por sí solo no constituirá razón suficiente para extinguir o atenuar las
responsabilidades del declarante determinadas en esta Ley.





La presente disposición será aplicable, en lo conducente, a los sujetos de derecho privado.







 





Ficha articulo





Artículo 29.-Contenido de la declaración. Además de lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley, el
servidor público deberá incluir en su declaración, en forma clara, precisa y detallada, los bienes,
las rentas, los derechos y las obligaciones que constituyen su patrimonio, tanto dentro del
territorio nacional como en el extranjero; también consignará una valoración estimada en colones.





1. De los bienes inmuebles deberá indicarse:





a) El derecho real que se ejerce sobre el bien (propiedad, posesión, arrendamiento, usufructo, nuda
propiedad u otro) y la causa de adquisición (venta, legado, donación u otra); deberá indicarse el
nombre de la persona, física o jurídica, de quien se adquirió.





b) Las citas de inscripción en el respectivo Registro.





c) El área, la naturaleza, los linderos y la ubicación exacta del inmueble. Si hay construcción o
mejoras, deberá indicarse su naturaleza, el área constructiva, con descripción de sus acabados, y la
antigüedad.





d) La actividad a que se dedica cada finca.





e) El valor estimado del inmueble, incluso el costo de la construcción, cuando corresponda.





f) En las declaraciones finales, los bienes inmuebles que ya no formen parte del patrimonio del
declarante y que aparezcan en su declaración jurada anterior, así como el nombre del nuevo
propietario.





2. De los bienes muebles deberá indicarse al menos lo siguiente:





a) El derecho real que se ostenta sobre el bien, la causa de adquisición, gratuita u onerosa, y la
identidad del propietario anterior.





b) La descripción precisa del bien, la marca de fábrica, el modelo, el número de placa de
circulación, cuando corresponda, o en su defecto, el número de serie, así como una estimación del
valor actual.





c) En caso de semovientes, la cantidad, el género, la raza y el valor total estimado.





d) Respecto del menaje de casa, su valor total estimado. No se incluyen las obras de arte,
colecciones de cualquier índole, joyas, antigüedades, armas ni los bienes utilizados para el
ejercicio de la profesión, arte u oficio del servidor; todos estos bienes deberán ser identificados
en forma separada del menaje de casa y deberá indicarse su valor estimado.





(Así reformado el aparte d) del inciso 2° de este artículo, mediante resolución de la Sala
Constitucional N° 7689-08 del 7 de mayo del 2008.)





e) De la participación en sociedades o empresas con fines de lucro, el nombre completo de la
entidad, la cédula jurídica, el cargo o puesto que el funcionario ocupa en ellas, el domicilio, el
número de acciones propiedad del declarante, el tipo de estas y su valor nominal, así como los
aportes en efectivo y en especie efectuados por el declarante; asimismo, las sumas recibidas por
dividendos en los últimos tres años, si los hay, y los dividendos de la empresa por su participación
societaria en otras organizaciones, nacionales o extranjeras.





f) De los bonos, la clase, el número, la serie y la entidad que los emitió, el valor nominal en la
moneda correspondiente, el número y monto de los cupones a la fecha de adquisición, la tasa de
interés que devengan, la fecha de adquisición y la fecha de vencimiento.





g) De los certificados de depósito en colones o en moneda extranjera, el número de certificado, la
entidad que los emitió, el valor en colones o moneda extranjera, la tasa de interés, el plazo y la
fecha de adquisición, así como el número y monto de los cupones a la fecha de adquisición.





h) De los fondos complementarios de pensión o similares y de las cuentas bancarias corrientes y de
ahorros, en colones o en moneda extranjera, el número de la cuenta, el nombre de la institución
bancaria o empresa, y el saldo o monto ahorrado a la fecha de la declaración.





i) De los salarios y otras rentas, el tipo de renta (alquileres, dietas, dividendos, intereses,
pensiones, salarios, honorarios, comisiones u otros), la institución, empresa, cooperativa,
fundación o persona que los pagó, sea nacional o extranjera; el monto devengado por cada renta y el
período que cubre cada una; además, el monto total remunerado en dinero, incluso los gastos de
representación fijos no sujetos a liquidación, así como lo remunerado en especie, con indicación de
su contenido.  De los ingresos citados se indicarán su estimación anual y el desglose respectivo, de
acuerdo con su naturaleza.





j) De los activos intangibles, su tipo, origen y su valor estimado.





3. De los pasivos deberán indicarse todas las obligaciones pecuniarias del funcionario en las que
este figure como deudor o fiador; se señalará también el número de operación, el monto original, la
persona o entidad acreedora, el plazo, la cuota del último mes, el origen del pasivo y el saldo a la
fecha de la declaración.





4. Otros intereses patrimoniales: El declarante también deberá indicar los intereses patrimoniales
propios no comprendidos en las disposiciones anteriores.





 







 





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Artículo 30.-Autorización para acceso a información. La declaración contendrá una autorización en
favor de la Contraloría General de la República para requerir información pertinente a las empresas
y organizaciones financieras o bancarias, nacionales o extranjeras, con las que posean vínculos o
intereses económicos o participación accionaria relevantes para los fines de la presente Ley.







 





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Artículo 31.-Ámbito temporal de la declaración jurada. La declaración inicial comprenderá los
cambios patrimoniales ocurridos hasta un año antes de la fecha del nombramiento o de la elección
declarada oficialmente por el Tribunal Supremo de Elecciones. En especial, durante ese lapso, el
declarante deberá indicar los bienes que han dejado de pertenecerle, el nombre del adquirente, el
título por el cual se traspasó y la cuantía de la operación, así como las obligaciones adquiridas o
extinguidas por pago o por cualquier otro motivo, el cual también deberá identificarse.







 





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Artículo 32.-Simulación. Podrá concluirse que existe simulación, si no hay concordancia entre los
bienes declarados ante la Contraloría General de la República y los que se estén usufructuando de
hecho. 





Para que la simulación se configure, será necesario que el usufructo sea sobre bienes de terceros,
que por ello no aparezcan en la declaración del funcionario, que este no pueda exhibir ningún título
sobre ellos, y que el usufructo sea público y notorio, parcial o total, permanente o discontinuo.





Se entiende que existe usufructo de hecho sobre los bienes muebles e inmuebles que conforman el
patrimonio familiar y los pertenecientes a cualquiera de sus parientes por consanguinidad o
afinidad, incluso hasta el segundo grado, o a cualquier persona jurídica, siempre que exista la
indicada forma indicada de usufructo.





Todos los bienes de los cuales se goce un usufructo de hecho, por cualquier motivo, deberán ser
declarados.







 





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Artículo 33.-Recibo. El interesado recibirá constancia de la presentación de sus declaraciones, sin
perjuicio de que la Contraloría General de la República pueda exigirle las aclaraciones pertinentes
o información adicional, o de las responsabilidades que se deriven por presentación tardía en forma
injustificada.







 





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Artículo 34- Constatación de veracidad de la declaración. Cuando lo estime oportuno, la Contraloría
General de la República podrá examinar y verificar, con todo detalle, la exactitud y veracidad de
las declaraciones, de conformidad con los procedimientos y las facultades que le otorgan la
Constitución Política y las leyes. Asimismo, podrá requerir por escrito, a la persona declarante,
las aclaraciones o adiciones que estime necesarias, dentro del plazo que prudencialmente se le fije.





Para efectos de esta constatación de la veracidad de las declaraciones, la Contraloría General de la
República deberá informar al Banco Central de Costa Rica, al menos una vez al año, los nombres y las
cédulas de todas las personas e funcionarias obligadas a realizar la declaración patrimonial, según
lo regulado en esta ley. El Banco Central de Costa Rica, en un plazo máximo de 15 días hábiles,
deberá remitir a la Contraloría un informe que detalle las personas o estructuras jurídicas en las
que las personas funcionarias obligadas aparezcan como accionistas o beneficiarias finales, haciendo
constar la fecha a partir de la cual esas personas funcionarias fungen como accionistas o
beneficiarias finales y las fechas de finalización de esa calidad de accionistas o beneficiarios
finales, según corresponda, de conformidad con la información del Registro de Transparencia y
Beneficiarios Finales, creado de conformidad con lo regulado en el capítulo ll de la Ley 9416, Ley
para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, de 14 de diciembre de 2016. Esta información recibida
por la Contraloría General de la República será de carácter confidencial frente a terceros, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos
Tributarios, de 3 de mayo de 1971; en el capítulo ll de la Ley 9416, Ley para Mejorar la Lucha
contra el Fraude Fiscal, de 14 de diciembre de 2016, y en el artículo 11 de la Ley 8422, Ley contra
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 2004.





(Así reformado por el artículo único de la Ley para mejorar las capacidades de la Contraloría
General de la República, constatar la veracidad de las declaraciones juradas sobre la situación
patrimonial de funcionarios públicos, N° 10523 del 9 de setiembre de 2024)





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Artículo 35.-Facultad de investigación aun ante existencia de responsabilidades. La imposición de
sanciones administrativas no le impedirá a la Contraloría General de la República realizar las
investigaciones que estime procedentes de acuerdo con esta Ley, en relación con la situación
patrimonial de quien ha omitido su declaración jurada o la ha presentado en forma extemporánea;
tampoco enervará la posibilidad de establecer las otras responsabilidades del caso derivadas de esa
investigación.







 





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Artículo 36.-Acceso a cargos públicos. Para ejercer un cargo público que origine el deber de
declarar la situación patrimonial, será requisito que no exista ninguna declaración jurada pendiente
de ser presentada a la Contraloría General de la República. De esta disposición se exceptúan los
cargos de elección popular. La infracción a lo dispuesto en esta norma acarreará la nulidad relativa
del nombramiento.







 





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CAPITULO  IV





Responsabilidad administrativa y civil





 





Artículo 37.-Las instituciones públicas estarán obligadas a facilitar a un profesional que apoye
técnicamente al jerarca para que realice su declaración.







 





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Artículo 38.-Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras causales previstas
en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá responsabilidad administrativa
el funcionario público que:





a) Incumpla el régimen de prohibiciones e incompatibilidades establecido en la presente Ley.





b) Independientemente del régimen de prohibición o dedicación exclusiva a que esté sometido, ofrezca
o desempeñe actividades que comprometan su imparcialidad, posibiliten un conflicto de intereses o
favorezcan el interés privado en detrimento del interés público.  Sin que esta ejemplificación sea
taxativa, se incluyen en el supuesto los siguientes casos: el estudio, la revisión, la emisión de
criterio verbal o escrito, la preparación de borradores relacionados con trámites en reclamo o con
ocasión de ellos, los recursos administrativos, las ofertas en procedimientos de contratación
administrativa, la búsqueda o negociación de empleos que estén en conflicto con sus deberes, sin dar
aviso al superior o sin separarse del conocimiento de asuntos en los que se encuentre interesado el
posible empleador.





c) Se favorezca él, su cónyuge, su compañera o compañero, o alguno de sus parientes, hasta el tercer
grado de consanguinidad o afinidad, por personas físicas o jurídicas que sean potenciales oferentes,
contratistas o usuarios de la entidad donde presta servicios, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 20 de esta misma Ley.





d) Debilite el control interno de la organización u omita las actuaciones necesarias para su diseño,
implantación o evaluación, de acuerdo con la normativa técnica aplicable.





e) Infrinja lo dispuesto en el artículo 20 de esta Ley, en relación con el régimen de donaciones y
obsequios.





f) Con inexcusable negligencia, asesore o aconseje a la entidad donde presta sus servicios, a otra
entidad u órgano públicos, o a los particulares que se relacionen con ella.





g) Incurra en culpa grave en la vigilancia o la elección de funcionarios sometidos a sus potestades
de dirección o jerarquía, en cuanto al ejercicio que estos hayan realizado de las facultades de
administración de fondos públicos.





h) Omita someter al conocimiento de la Contraloría General de la República los presupuestos que
requieran la aprobación de esa entidad.





i) Injustificadamente, no presente alguna de las declaraciones juradas a que se refiere esta Ley si,
vencido el plazo para su entrega, es prevenido una única vez por la Contraloría General de la
República para que en el plazo de quince días hábiles cumpla con su presentación.





j) Incurra en falta de veracidad, omisión o simulación en sus declaraciones de situación
patrimonial.





k) Retarde o desobedezca, injustificadamente, el requerimiento para que aclare o amplíe su
declaración de situación patrimonial o de intereses patrimoniales, dentro del plazo que le fije la
Contraloría General de la República.





l) Viole la confidencialidad de las declaraciones juradas de bienes.





m) Perciba, por sí o por persona física o jurídica interpuesta, retribuciones, honorarios o
beneficios patrimoniales de cualquier índole, provenientes de personas u organizaciones que no
pertenezcan a la Administración Pública, por el cumplimiento de labores propias del cargo o con
ocasión de estas, dentro del país o fuera de él.





n) Incumpla la prohibición del artículo 17 de la presente Ley para ejercer cargos en forma
simultánea en la Administración Pública.  ñ) Incurra en omisión o retardo, grave e injustificado, de
entablar acciones judiciales dentro del plazo requerido por la Contraloría General de la República.





 







 





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Artículo 39.-Sanciones administrativas. Según la gravedad, las faltas anteriormente señaladas serán
sancionadas así:





a) Amonestación escrita publicada en el Diario Oficial.





b) Suspensión, sin goce de salario, dieta o estipendio correspondiente, de quince a treinta días.





c) Separación del cargo público, sin responsabilidad patronal o cancelación de la credencial de
regidor municipal, según corresponda.





 







 





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Artículo 40.-Competencia para declarar responsabilidades.  Las sanciones previstas en esta Ley serán
impuestas por el órgano que ostente la potestad disciplinaria en cada entidad pública, de acuerdo
con las reglamentaciones aplicables. La Contraloría General de la República también será competente
para tramitar el respectivo procedimiento administrativo y requerir a la entidad respectiva, en
forma vinculante, la aplicación de la sanción que determine, cuando el caso verse sobre actuaciones
regidas por el ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública.  Queda a salvo lo dispuesto en el
artículo 43 de esta Ley, en cuyo caso la Contraloría General de la República procederá conforme se
indica. 





Toda responsabilidad será declarada según los principios y procedimientos aplicables, con arreglo a
los principios establecidos en la Ley General de la Administración Pública y se les asegurarán a las
partes las garantías constitucionales relativas al debido proceso y la defensa previa, real y
efectiva, sin perjuicio de las medidas cautelares necesarias. 





En todo caso, la Contraloría General de la República deberá denunciar ante las autoridades
judiciales competentes, los hechos que lleguen a su conocimiento y que puedan considerarse
constitutivos de delitos.







 





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Artículo 41.-Criterios por considerar. Las sanciones estipuladas en la presente Ley serán impuestas
por las infracciones anteriormente tipificadas que hayan sido cometidas con dolo o culpa grave. Para
valorar la conducta del presunto responsable se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes
factores:





a) La efectiva lesión a los intereses económicos de la Administración Pública y la cuantía de los
daños y perjuicios irrogados.





b) El éxito obtenido en el logro de los resultados no deseados por el ordenamiento jurídico o en el
enriquecimiento o favorecimiento del autor de la infracción o de terceros, así como el empeño puesto
en procurarlos.





c) El impacto negativo en el servicio público.





d) La reincidencia en alguna de las faltas tipificadas en el Artículo 38 de esta Ley, dentro de los
cuatro años anteriores.





e) El rango y las funciones del servidor; se entiende que, a mayor jerarquía y complejidad de estas,
mayor será la obligación de apreciar la legalidad, oportunidad y conveniencia de los actos que se
dictan, autorizan o ejecutan.





 







 





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Artículo 42.-Sanciones para los funcionarios de la Contraloría General de la República. Además de
las sanciones establecidas en los reglamentos internos, los servidores de la Contraloría General de
la República serán sancionados, disciplinariamente, con despido sin responsabilidad patronal, sin
perjuicio de las sanciones penales correspondientes, cuando por dolo o culpa grave:





a) Violen la confidencialidad o alteren el contenido de las declaraciones juradas de bienes.





b) Divulguen información de los sujetos pasivos de la fiscalización de la Contraloría General de la
República, cuya confidencialidad sea conferida por ley especial y a la cual tengan acceso en
ejercicio de sus funciones, o se prevalezcan de dicha información o de su cargo para fines ajenos a
sus deberes.





 







 





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Artículo 43.-Responsabilidad de los miembros de los Supremos Poderes. En caso de que las
infracciones previstas en esta Ley sean atribuidas a diputados, regidores, alcaldes municipales,
magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, ministros de Gobierno, el
contralor y subcontralor generales de la República, defensor de los habitantes de la República y el
defensor adjunto, el regulador general y el procurador general de la República, o a los directores
de las instituciones autónomas, de ello se informará, según el caso, al Tribunal Supremo de
Elecciones, a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Gobierno, la Asamblea Legislativa o al
presidente de la República, para que, conforme a derecho, se proceda a imponer las sanciones
correspondientes.







 





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Artículo 44.-Prescripción de la responsabilidad administrativa.  La responsabilidad administrativa
del funcionario público por las infracciones previstas en esta Ley, y en el ordenamiento relativo a
la Hacienda Pública, prescribirá, según el artículo 43 de la Ley General de Control Interno y el
artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nº 7428, de 7 de setiembre
de 1994.







 





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    Artículo 44 bis.- Sanciones administrativas a personas jurídicas (Derogado por el artículo 40 de
la ley sobre la Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno
transnacional y otros delitos, N° 9699 del 10 de junio del 2019)





(Así adicionado por el artículo 2° inciso b) de la Ley N° 8630 del 17 de enero de 2008)





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CAPÍTULO V





Delitos





 





Artículo 45.-Enriquecimiento ilícito. Será sancionado con prisión de tres a seis años quien,
aprovechando ilegítimamente el ejercicio de la función pública o la custodia, la explotación, el uso
o la administración de fondos, servicios o bienes públicos, bajo cualquier título o modalidad de
gestión, por sí o por interpósita persona física o jurídica, acreciente su patrimonio, adquiera
bienes, goce derechos, cancele deudas o extinga obligaciones que afecten su patrimonio o el de
personas jurídicas, en cuyo capital social tenga participación ya sea directamente o por medio de
otras personas jurídicas.







 





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Artículo 46.-Falsedad en la declaración jurada. Será reprimido con prisión de seis meses a un año,
quien incurra en falsedad, simulación o encubrimiento al realizar las declaraciones juradas de
bienes ante la Contraloría General de la República.







 





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Artículo 47- Receptación, legalización o encubrimiento de bienes o legitimación de activos.
(Derogado por el artículo 17 de la ley "Reformas a leyes en materia de anticorrupción para atender
recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales
internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)", N° 10373 del
20 de setiembre del 2023)





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Artículo 48.-Legislación o administración en provecho propio.





Será sancionado con prisión de uno a ocho años, el funcionario público que sancione, promulgue,
autorice, suscriba o participe con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y
contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo, para su cónyuge,
compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o
afinidad o para las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, compañero, compañera o
conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad posean
participación accionaria, ya sea directamente o por intermedio de otras personas jurídicas en cuyo
capital social participen o sean apoderados o miembros de algún órgano social.





Igual pena se aplicará a quien favorezca a su cónyuge, su compañero, compañera o conviviente o a sus
parientes, incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, o se favorezca a sí mismo,
con beneficios patrimoniales contenidos en convenciones colectivas, en cuya negociación haya
participado como representante de la parte patronal.







 





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Artículo 49.-Sobreprecio irregular. Será penado con prisión de tres a diez años, quien, por el pago
de precios superiores o inferiores - según el caso- al valor real o corriente y según la calidad o
especialidad del servicio o producto, obtenga una ventaja o un beneficio de cualquier índole para sí
o para un tercero en la adquisición, enajenación, la concesión, o el gravamen de bienes, obras o
servicios en los que estén interesados el Estado, los demás entes y las empresas públicas, las
municipalidades y los sujetos de derecho privado que administren, exploten o custodien, fondos o
bienes públicos por cualquier título o modalidad de gestión.







 





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Artículo 50.-Falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados. Será penado con prisión de
dos a ocho años, el funcionario público, el consultor o alguno de los servidores de este,
contratados por la respectiva entidad pública, que incurran en falsedad o en manipulación de la
información acerca de la ejecución o construcción de una obra pública, o sobre la existencia,
cantidad, calidad o naturaleza de los bienes y servicios contratados o de las obras entregadas en
concesión, con el propósito de dar por recibido a satisfacción el servicio o la obra. Si con esa
conducta se entorpece el servicio que se presta o se le imposibilita a la entidad pública el uso de
la obra o la adecuada atención de las necesidades que debía atender el servicio contratado, los
extremos menor y mayor de la pena se aumentarán en un tercio.







 





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Artículo 51.-Pago irregular de contratos administrativos. Será penado con prisión de uno a tres
años, el funcionario público que autorice, ordene, consienta, apruebe o permita pagos, a sabiendas
de que se trata de obras, servicios o suministros no realizados o inaceptables por haber sido
ejecutados o entregados defectuosamente, de acuerdo con los términos de la contratación, o en
consideración de reglas unívocas de la ciencia o la técnica.







 





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Artículo 52.-Tráfico de influencias. Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien
directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o
de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro
servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento,
adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere,
directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro. 





Con igual pena se sancionará a quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo
anterior.





Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán en un tercio, cuando la
influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los
Supremos Poderes, o del Tribunal Supremo de Elecciones, del contralor o el subcontralor generales de
la República; del procurador general o del procurador general adjunto de la República, del fiscal
general de la República, del defensor o el defensor adjunto de los habitantes, del superior
jerárquico de quien debe resolver o de miembros de los partidos políticos que ocupen cargos de
dirección a nivel nacional.







 





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Artículo 53.-Prohibiciones posteriores al servicio del cargo. Será penado con cien a ciento
cincuenta días multa, el funcionario público que, dentro del año siguiente a la celebración de un
contrato administrativo mayor o igual que el límite establecido para la licitación pública en la
entidad donde prestó servicios, acepte empleo remunerado o participación en el capital social con la
persona física o jurídica favorecida, si tuvo participación en alguna de las fases del proceso de
diseño y elaboración de las especificaciones técnicas o de los planos constructivos, en el proceso
de selección y adjudicación, en el estudio y la resolución de los recursos administrativos contra la
adjudicación, o bien, en el proceso de inspección y fiscalización de la etapa constructiva o la
recepción del bien o servicio de que se trate.







 





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Artículo 54.-Apropiación de bienes obsequiados al Estado.





Será penado con prisión de uno a dos años el funcionario público que se apropie o retenga obsequios
o donaciones que deba entregar al Estado, de conformidad con el artículo 20 de esta Ley.







 





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Artículo 55- Soborno transnacional. Será sancionado con prisión de cuatro a doce años, quien
ofrezca, prometa u otorgue, de forma directa o mediante un intermediario, a un funcionario público
de otro Estado, cualquiera que sea el nivel de gobierno, entidad o empresa pública en que se
desempeñe, o a un funcionario o representante de un organismo internacional, cualquier dádiva sea en
dinero, activo virtual, bien mueble o inmueble, valores, retribución o ventaja indebida, ya sea para
ese funcionario o para otra persona física o jurídica, con el fin de que dicho funcionario,
utilizando su cargo, realice, retarde u omita cualquier acto o, indebidamente, haga valer ante otro
funcionario la influencia derivada de su cargo.





La misma pena se aplicará:





a) A quien solicite directamente o mediante un intermediario, negocie, acepte o reciba la dádiva,
retribución o ventaja mencionadas.





b) A quien prometa, ofrezca u otorgue, de forma directa o mediante un intermediario, la dádiva,
retribución o ventaja mencionadas, cuando el funcionario público extranjero, entidad o empresa
pública, o funcionario o representante de un organismo internacional la solicite.





La pena será de cinco a catorce años cuando el soborno se efectúa para que el funcionario público de
otro Estado, entidad o empresa pública, o funcionario o representante de un organismo internacional
ejecute un acto contrario a sus deberes.





En el caso de que el delito lo cometa una persona física, también se le impondrá una multa hasta de
quince veces el monto equivalente al valor del bien o beneficio patrimonial ofrecido, obtenido o
prometido.





Las sanciones penales indicadas en el presente numeral serán aplicadas a quien acepta la realización
del presente delito, previéndola al menos como posible.





(Así reformado por el artículo 8° de la ley "Reformas a leyes en materia de anticorrupción para
atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales
internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)", N° 10373 del
20 de setiembre del 2023)





Ficha articulo





Artículo 56.-Reconocimiento ilegal de beneficios laborales.  Será penado con prisión de tres meses a
dos años, el funcionario público que, en representación de la Administración Pública y por cuenta de
ella, otorgue o reconozca beneficios patrimoniales derivados de la relación de servicio, con
infracción del ordenamiento jurídico aplicable.







 





Ficha articulo





Artículo 57.-Influencia en contra de la Hacienda Pública. Serán penados con prisión de dos a ocho
años, el funcionario público y los demás sujetos equiparados que, al intervenir en razón de su
cargo, influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado
determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o se
utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin.







 





Ficha articulo





Artículo 58.-Fraude de ley en la función administrativa. Será penado con prisión de uno a cinco
años, el funcionario público que ejerza una función administrativa en fraude de ley, de conformidad
con la definición del Artículo 5 de la presente Ley. Igual pena se aplicará al particular que, a
sabiendas de la inconformidad del resultado con el ordenamiento jurídico, se vea favorecido o preste
su concurso para este delito.







 





Ficha articulo





Artículo 59.-Inhabilitación. A quien incurra en los delitos señalados en esta Ley, además de la pena
principal se le podrá inhabilitar para el desempeño de empleo, cargo o comisiones públicas que
ejerza, incluso los de elección popular, por un período de uno a diez años. Igual pena podrá
imponerse a quienes se tengan como coautores o cómplices de este delito.







 





Ficha articulo





Artículo 60-Violación de la privacidad de la información de las declaraciones juradas. Será penado
con prisión de tres a cinco años, quien divulgue las declaraciones juradas de bienes presentadas
ante la Contraloría General de la República.







 





Ficha articulo





Artículo 61-Consecuencias civiles del enriquecimiento ilícito. La condena judicial firme por el
delito de enriquecimiento ilícito producirá la pérdida, en favor del Estado o de la entidad pública
respectiva, de los bienes muebles o inmuebles, valores, dinero o derechos, obtenidos por su autor,
su coautor o cómplices, como resultado directo de este delito, salvo derechos de terceros de buena
fe, conforme lo determine la respectiva autoridad judicial.





En el caso de bienes sujetos a inscripción en el Registro Nacional, bastará la orden judicial para
que la sección respectiva del Registro proceda a trasladar el bien a las municipalidades de los
cantones donde se encuentren ubicados, si se trata de inmuebles, a fin de que puedan ser usados en
obras de provecho para el cantón o de beneficencia pública.  Los demás bienes tendrán el destino que
se determine en el Reglamento de esta Ley.





La orden de inscripción o de traspaso estará exenta del pago de timbres y derechos de inscripción.







 





Ficha articulo





Artículo 61 bis- Comiso





El comiso se regirá por lo previsto en el artículo 110 de la Ley 4573, Código Penal, de 4 de mayo de
1970 y su procedimiento en el artículo 489 de la Ley 7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de
1996.





Cuando en sentencia se ordene el comiso y resultara materialmente imposible lograr su recuperación,
el tribunal impondrá la obligación pecuniaria equivalente al valor del bien comisado, a favor del
Estado.





(Así adicionado por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes en materia de anticorrupción para
atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales
internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)", N° 10373 del
20 de setiembre del 2023)





Ficha articulo





Artículo 62- Prescripción de la responsabilidad penal. La acción penal respecto de los delitos
contra los deberes de la función pública, los establecidos en la presente ley y el previsto en el
artículo 69 de la Ley 7786, Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No
Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de 30 de
abril de 1998, derivadas de la corrupción y las acciones que lesionen la función pública o la
probidad, prescribirá en la forma establecida por la legislación aplicable; no obstante, regirán las
siguientes reglas:





a) Una vez interrumpida la prescripción, los plazos fijados en el artículo 31 de la Ley 7594, Código
Procesal Penal, de 1 O de abril de 1996, volverán a correr por un nuevo período, sin reducción
alguna.





b) Además de las causales previstas en el artículo 33 de la Ley 7594, Código Procesal Penal, de 1 O
de abril de 1996, la acción penal podrá interrumpirse por la declaratoria de ilegalidad de la
función administrativa, activa u omisiva, o por la anulación de los actos y contratos
administrativos que guarden relación con el correspondiente delito, ya sea que el pronunciamiento se
produzca en vía judicial o administrativa.





c) La prescripción de la acción penal se suspenderá mientras dure el trámite de asistencia legal
internacional sobre la existencia de una investigación penal en dicho país, para verificar si el
mismo caso abarca a personas físicas y jurídicas sujetas a la jurisdicción costarricense. El plazo
de suspensión de la prescripción se contará a partir de la remisión de la solicitud de la autoridad
nacional competente y hasta la recepción de la respuesta a esta.





d) El plazo de prescripción de los delitos contenidos en la presente ley y en el título XV, "Delitos
contra los deberes de la función pública", de la Ley 4573, Código Penal, del 4 de mayo de 1970,
regirán por lo estipulado en el inciso d) del artículo 31 de la Ley 7594, Código Procesal Penal, de
10 de abril de 1996.





(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° de la Ley para perseguir delitos de corrupción
y evitar la impunidad por prescripción, N° 10691 del 6 de mayo de 2025)





 (Así reformado por el artículo 8º de la Reformas a leyes en materia de anticorrupción para atender
recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales
internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), N° 10373 del
20 de setiembre del 2023)





Ficha articulo





CAPÍTULO VI





(Así adicionado el capítulo anterior por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes en materia de
anticorrupción para atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las
transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE)", N° 10373 del 20 de setiembre del 2023)





Artículo 63- Facultad de investigación. En investigaciones por delitos contra los deberes de la
función pública, así como otros delitos vinculados con corrupción, con o sin declaratoria de crimen
organizado, el Ministerio Público podrá utilizar, como fuente de información de inteligencia, la
producida por la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas,
guardando su carácter confidencial, con todas sus atribuciones, competencias y facultades que le
otorga la Ley 7786, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No
Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de 30 de
abril de 1998.





Dicha información de inteligencia no podrá ser divulgada a terceros ni agregada en el expediente
judicial y su uso incorrecto será sancionado como falta grave, sin perjuicio de las
responsabilidades penales correspondientes.





El Ministerio Público podrá ordenar una investigación financiera y patrimonial para acreditar el
delito, o bien, perseguir el patrimonio ilícito y solicitar las medidas cautelares pertinentes, para
los fines de esta ley.





El Ministerio Público y la Policía Judicial podrán utilizar todas las técnicas especiales de
investigación disponibles en la Ley 7786, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas,
Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al
Terrorismo, de 30 de abril de 1998, para los fines de esta ley.





(Así adicionado por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes en materia de anticorrupción para
atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales
internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)", N° 10373 del
20 de setiembre del 2023)





Ficha articulo





Sección I: Confidencialidad de la solicitud





Artículo 64- Confidencialidad de la solicitud





Las entidades financieras no podrán poner en conocimiento de ninguna persona, salvo si se trata de
otro tribunal, la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas o de
los órganos supervisores señalados en el artículo 14 de la Ley 7786, Ley sobre Estupefacientes,
Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de
Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de 30 de abril de 1998, el hecho de que una información
haya sido solicitada o entregada a otro tribunal o autoridad dotado de potestades de fiscalización y
supervisión.





(Así adicionado por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes en materia de anticorrupción para
atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales
internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)", N° 10373 del
20 de setiembre del 2023)





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Sección II: Medidas Preventivas y Disposiciones Cautelares sobre Bienes,





Productos o Instrumentos





Artículo 65- Solicitud de medida cautelar especial. Al investigarse los delitos contra los deberes
de la función pública, así como otros delitos vinculados con corrupción, el Ministerio Público
solicitará, cuando corresponda, a la autoridad jurisdiccional competente, en cualquier momento y sin
notificación ni audiencia previas, una medida cautelar, encaminada a preservar la disponibilidad de
los bienes, productos o instrumentos relacionados para el eventual comiso.





Esta disposición incluye la inmovilización de los productos financieros bajo investigación en
instituciones, nacionales o extranjeras, indicadas en los artículos 14, 15, 15 bis y 15 ter de la
Ley 7786, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado,
Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de 30 de abril de
1998, en cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.





(Así adicionado por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes en materia de anticorrupción para
atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales
internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)", N° 10373 del
20 de setiembre del 2023)





Ficha articulo





Artículo 66- Facultades del juez. Los jueces penales también podrán ordenar que les sean entregados
la documentación o los elementos de prueba que tengan en su poder las instituciones indicadas en los
artículos 14, 15, 15 bis y 15 ter de la Ley 7786, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias
Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo, de 30 de abril de 1998, cuando se requieran para una investigación. La
resolución que acuerde lo anterior deberá fundamentar, debidamente, la necesidad del informe o el
aporte del elemento probatorio.





Los fundamentos de la resolución judicial que ordena la entrega de la información quedan
estrictamente reservados al conocimiento de las partes procesales, por lo que a las entidades
bancarias y demás sujetos obligados bastará la orden o el mandamiento de la autoridad competente que
ordena la entrega de la información para que procedan conforme lo disponga la resolución.





Se exceptúa de lo anterior, los reportes de operaciones sospechosas que de conformidad con el
artículo 25 de la Ley 7786, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No
Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de 30 de
abril de 1998, son destinados a las investigaciones que deriva la Unidad de Inteligencia Financiera
del Instituto Costarricense sobre Drogas.





(Así adicionado por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes en materia de anticorrupción para
atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales
internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)", N° 10373 del
20 de setiembre del 2023)





Ficha articulo





Artículo 67- Resguardo de la información y medidas cautelares inmediatas. Toda vez que se inicie una
investigación sobre los hechos o ilícitos contra los deberes de la función pública, así como otros
hechos ilícitos vinculados con corrupción, por parte del Ministerio Público o de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas, y esta última lo comunique
formalmente, cuando proceda, a las instituciones indicadas en los artículos 14, 15, 15 bis y 15 ter
de la Ley 7786, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado,
Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de 30 de abril de
1998, así como al Registro Nacional, quienes de forma inmediata deberán congelar o inmovilizar
productos financieros, dinero, activos y bienes muebles o inmuebles vinculados a dicha investigación
que mantengan depositados, en custodia o registrados, según corresponda, y resguardar la
confidencialidad de la diligencia.





La implementación de esta medida deberá ser informada a la Unidad de Inteligencia Financiera dentro
del plazo máximo de veinticuatro horas, para que proceda a comunicarlo al Ministerio Público, a fin
de que este último, dentro del plazo de diez días hábiles, solicite, ante el juez competente, la
aplicación de las medidas cautelares de congelamiento o inmovilización mencionadas en el presente
artículo, quien tendrá un plazo de cinco días hábiles para pronunciarse.





Tales acciones no acarrearán responsabilidades administrativas, civiles, penales ni de ninguna otra
índole a las instituciones mencionadas, sus funcionarios o a los funcionarios de la Unidad de
Inteligencia Financiera que las realicen, en tanto no se acredite que actuaron con dolo o culpa
grave, de conformidad con lo que disponen el artículo 271 de la Ley 7594, Código Procesal Penal, de
1 O de abril de 1996 y el artículo 199 de la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de
5 de mayo de 1978.





(Así adicionado por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes en materia de anticorrupción para
atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales
internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)", N° 10373 del
20 de setiembre del 2023)





Ficha articulo





Sección III: Decomiso





Artículo 68- Decomiso. Todos los bienes muebles e inmuebles, instrumentos, equipos, valores, bienes
de valor equivalente, dinero, representaciones digitales de valor o activos virtuales y demás
objetos utilizados en la comisión de los delitos contra los deberes de la función pública, así como
otros hechos ilícitos vinculados con corrupción, así como los diversos bienes o valores provenientes
de tales acciones, serán decomisados por la autoridad competente que conozca de la causa; lo mismo
procederá respecto de las acciones, los aportes de capital, los productos financieros y el
patrimonio de personas jurídicas vinculadas con estos hechos.





Los terceros interesados de buena fe, que cumplan los presupuestos del artículo 94 de la Ley 7786,
Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades
Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de 30 de abril de 1998, tendrán
un mes plazo, a partir de la anotación respectiva en el caso de bienes inscritos en el Registro
Nacional; cuando se trate de bienes no inscribibles o no inscritos, el plazo de un mes correrá a
partir de la publicación del respectivo edicto en el diario oficial La Gaceta, para reclamar los
bienes y objetos decomisados, plazo en el cual deberán satisfacer los requisitos legales que se
exijan, para cada caso, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores .





A partir del decomiso, los bienes estarán exentos de pleno derecho del pago de todo tipo de
impuestos, cánones, tasas, contribuciones especiales, cargas, servicios municipales, timbres, todos
los rubros y los intereses por mora que componen el derecho de circulación y cualquier otra forma de
contribución. En el caso de los vehículos que se destinen a circular, únicamente se deberá pagar el
seguro ob!igatorio de automóviles sin ningún cargo por intereses. En el caso de bienes inmuebles en
propiedad horizontal no procederá el cobro de gastos de administración, conservación y operación de
los servicios y bienes comunes, que se establecen en la Ley 7933, Ley Reguladora de la Propiedad en
Condominio, de 28 de octubre de 1999.





(Así adicionado por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes en materia de anticorrupción para
atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales
internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)", N° 10373 del
20 de setiembre del 2023)





Ficha articulo





Artículo 69- Administración de bienes





De ordenarse el decomiso, la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre
Drogas asumirá en depósito judicial, de manera exclusiva, los bienes que considere de interés
economIco, cumpliendo con el procedimiento descrito en los artículos 84 y 84 bis de la Ley 7786, Ley
sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas,
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de 30 de abril de 1998, en lo que resulte
aplicable. En tales casos, el Instituto Costarricense sobre Drogas deberá destinar estos bienes, de
forma exclusiva, al cumplimiento de los fines descritos en la presente ley.





(Así adicionado por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes en materia de anticorrupción para
atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales
internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)", N° 10373 del
20 de setiembre del 2023)





Ficha articulo





Artículo 70- Destino del dinero decomisado, del producto de la venta de bienes decomisados y sus
intereses. A excepción de lo decomisado en aplicación de la Ley 8754, Ley contra la Delincuencia
Organizada, de 22 de julio de 2009, la autoridad judicial depositará el dinero decomisado y del
producto de la venta de bienes decomisados y sus intereses, en las investigaciones por los delitos
contra los deberes de la función pública, previstos en el título XV de la Ley 4573, Código Penal, de
4 de mayo de 1970; capítulo V de la Ley 8422, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito
en la Función Pública, de 29 de octubre de 2004; los establecidos en el artículo 69 de la Ley 7786,
Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades
Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de 30 de abril de 1998,
específicamente cuando se originen en alguna actividad delictiva relacionada con la corrupción o las
acciones que lesionen los deberes de la función pública o la probidad; así como los establecidos en
el título I de la Ley 9699, Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos
Domésticos, Soborno Transnacional y otros Delitos, de 10 de junio de 2019, en una cuenta especial
del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), con el fin de realizar una administración y
transferencia, que para tal efecto dispondrá en cualquier banco del Sistema Bancario Nacional y, de
inmediato, le remitirá copia del depósito efectuado, a pesar de que se haya decretado la sumaria
como delincuencia organizada.





El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) podrá invertir esos dineros decomisados bajo cualquier
modalidad financiera ofrecida por los bancos estatales, que permita maximizar los rendimientos y
minimizar los riesgos.





De los intereses que produzca el dinero invertido, el Instituto deberá transferir:





a) Un treinta por ciento (30%) al Ministerio Público, para la investigación y combate contra la
corrupción.





b) Un treinta por ciento (30%) a la sección especializada en la materia de corrupción del Organismo
de Investigación Judicial.





c) Un quince por ciento (15%) al Instituto Costarricense sobre Drogas, distribuido cinco por ciento
(5%) para la Unidad de Inteligencia Financiera y diez por ciento (10%) para el aseguramiento y el
mantenimiento de los bienes decomisados por delitos de corrupción.





d) Un veinticinco por ciento (25%) a la Procuraduría General de la República, Área Procuraduría de
Ética Pública, para su programa de Prevención, Detección y Combate de la Corrupción.





Los recursos serán depositados en una cuenta bancaria especial separada a nombre del departamento
autorizado por el Instituto Costarricense sobre Drogas, que serán contabilizados y liquidados
anualmente por separado para que sean transferidos a las instituciones mencionadas anteriormente.





(Así adicionado por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes en materia de anticorrupción para
atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales
internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)", N° 10373 del
20 de setiembre del 2023)





Ficha articulo





Artículo 71-Para toda disposición no contenida en este capítulo se aplicará lo dispuesto en la Ley
7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996 y en otras leyes concordantes.





(Así adicionado por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes en materia de anticorrupción para
atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales
internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)", N° 10373 del
20 de setiembre del 2023)





Ficha articulo





CAPÍTULO VII





(Así modificada la numeración del capítulo anterior  por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes
en materia de anticorrupción para atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en
las transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE)", N° 10373 del 20 de setiembre del 2023, que lo traspasó del antiguo capítulo VI al
capítulo VII)





Disposiciones finales





 





Artículo 72.-Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Refórmase el
artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, cuyo texto dirá:





 "Artículo 73-Cancelación de credencial. Será causa para la cancelación de la respectiva credencial,
la comisión de una falta grave por parte de un regidor o síndico, propietario o suplente, contra las
normas del ordenamiento de fiscalización y control de la Hacienda Pública contemplado en esta Ley, y
contra cualesquiera otras normas relativas a los fondos públicos; o al incurrir en alguno de los
actos previstos en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública,
como generadoras de responsabilidad administrativa. Esto se aplicará cuando el infractor haya
actuado en el ejercicio de su cargo o con motivo de él. 





Cuando la falta grave sea cometida en virtud de un acuerdo del concejo municipal, los regidores que,
con su voto afirmativo, hayan aprobado dicho acuerdo, incurrirán en la misma causal de cancelación
de sus credenciales.





Asimismo, será causal de cancelación de la credencial de regidor o de síndico, propietario o
suplente, la condena penal firme por delitos contra la propiedad, contra la buena fe en los negocios
y contra los deberes de la función pública, así como por los previstos en la Ley contra la
corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. La autoridad judicial competente
efectuará, de oficio, la comunicación respectiva al Tribunal Supremo de Elecciones".





 





(Así modificada su numeración  por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes en materia de
anticorrupción para atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las
transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE)", N° 10373 del 20 de setiembre del 2023, que lo traspasó del antiguo artículo 63 al
72)





Ficha articulo





Artículo 73.-Reformas del Código Penal. Refórmanse los artículos 345, 354 y 356 del Código Penal,
cuyos textos dirán:





 





 "Artículo 345.-Penalidad del corruptor. Las penas establecidas en los cinco artículos anteriores
serán aplicables al que dé o prometa al funcionario público una dádiva o la ventaja indebida".





 





 "Artículo 354.-Peculado. Será reprimido con prisión de tres a doce años, el funcionario público que
sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido
confiada en razón de su cargo; asimismo, con prisión de tres meses a dos años, el funcionario
público que emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la
Administración Pública o bienes propiedad de ella.





Esta disposición también será aplicable a los particulares y a los gerentes, administradores o
apoderados de las organizaciones privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o
concesionarios, en cuanto a los bienes, servicios y fondos públicos que exploten, custodien,
administren o posean por cualquier título o modalidad de gestión".





 





"Artículo 356.-Malversación. Serán reprimidos con prisión de uno a ocho años, el funcionario
público, los particulares y los gerentes, administradores o apoderados de las personas jurídicas
privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios que den a los caudales, bienes,
servicios o fondos que administren, custodien o exploten por cualquier título o modalidad de
gestión, una aplicación diferente de aquella a la que estén destinados. Si de ello resulta daño o
entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en un tercio".





 





(Así modificada su numeración  por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes en materia de
anticorrupción para atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las
transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE)", N° 10373 del 20 de setiembre del 2023, que lo traspasó del antiguo artículo 64 al
73)





 





Ficha articulo





Artículo 74.-Modificaciones de la Ley de la Contratación Administrativa. Refórmanse los artículos
22, 23, 24 y 25 de la Ley de la Contratación Administrativa, Nº 7494, de 2 de mayo de 1995; además,
se le adicionan los artículos 22 bis y 97 bis. Los textos dirán:





 





"Artículo 22.-Ámbito de aplicación. La prohibición para contratar con la Administración se extiende
a la participación en los procedimientos de contratación y a la fase de ejecución del respectivo
contrato.





Existirá prohibición sobreviniente, cuando la causal respectiva se produzca después de iniciado el
procedimiento de contratación y antes del acto de adjudicación. En tal caso, la oferta afectada por
la prohibición no podrá ser adjudicada; se liberará al oferente de todo compromiso con la
Administración y se le devolverá la respectiva garantía de participación.





Cuando la prohibición sobrevenga sobre un contratista favorecido con una adjudicación en firme, la
entidad deberá velar con especial diligencia porque se ejecute bajo las condiciones pactadas, sin
que puedan existir en su favor tratos distintos de los dados a otros contratistas en iguales
condiciones. 





El funcionario sujeto a la respectiva prohibición deberá abstenerse de participar, opinar o influir,
en cualquier forma, en la ejecución del contrato.





El incumplimiento de esta obligación se reputará como falta grave en la prestación del servicio.





Existirá participación directa del funcionario cuando, por la índole de sus atribuciones, tenga la
facultad jurídica de decidir, deliberar, opinar, asesorar o participar de cualquier otra forma en el
proceso de selección y adjudicación de las ofertas, o en la etapa de fiscalización posterior, en la
ejecución del contrato. 





La participación indirecta existirá cuando por interpósita persona, física o jurídica, se pretenda
eludir el alcance de esta prohibición. Para demostrar ambas formas de participación se admitirá toda
clase de prueba.





 





Artículo 22 bis.-Alcance de la prohibición. En los procedimientos de contratación administrativa que
promuevan las instituciones sometidas a esta Ley, tendrán prohibido participar como oferentes, en
forma directa o indirecta, las siguientes personas:





a) El presidente y los vicepresidentes de la República, los ministros y los viceministros, los
diputados a la Asamblea Legislativa, los magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia y
los del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y el subcontralor generales de la República, el
procurador general y el procurador general adjunto de la República, el defensor y el defensor
adjunto de los habitantes, el tesorero y el subtesorero nacionales, así como el proveedor y el
subproveedor nacionales.  En los casos de puestos de elección popular, la prohibición comenzará a
surtir efectos desde que el Tribunal Supremo de Elecciones declare oficialmente el resultado de las
elecciones.





b) Con la propia entidad en la cual sirven, los miembros de junta directiva, los presidentes
ejecutivos, los gerentes y los subgerentes, tanto de las instituciones descentralizadas como de las
empresas públicas, los regidores propietarios y el alcalde municipal.





c) Los funcionarios de las proveedurías y de las asesorías legales, respecto de la entidad en la
cual prestan sus servicios.





d) Los funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, en cualquier etapa del
procedimiento de contratación administrativa, incluso en su fiscalización posterior, en la etapa de
ejecución o de construcción.





Se entiende que existe injerencia o poder de decisión, cuando el funcionario respectivo, por la
clase de funciones que desempeña o por el rango o jerarquía del puesto que sirve, pueda participar
en la toma de decisiones o influir en ellas de cualquier manera.  Este supuesto abarca a quienes
deben rendir dictámenes o informes técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del
procedimiento de contratación, o fiscalizar la fase de ejecución. 





Cuando exista duda de si el puesto desempeñado está afectado por injerencia o poder de decisión,
antes de participar en el procedimiento de contratación administrativa, el interesado hará la
consulta a la Contraloría General de la República y le remitirá todas las pruebas y la información
del caso, según se disponga en el Reglamento de esta Ley.





e) Quienes funjan como asesores de cualquiera de los funcionarios afectados por prohibición, sean
estos internos o externos, a título personal o sin ninguna clase de remuneración, respecto de la
entidad para la cual presta sus servicios dicho funcionario.





f) Las personas jurídicas en cuyo capital social participe alguno de los funcionarios mencionados en
los incisos anteriores, o quienes ejerzan puestos directivos o de representación.  Para que la venta
o cesión de la participación social respectiva pueda desafectar a la respectiva firma, deberá haber
sido hecha al menos con seis meses de anticipación al nombramiento del funcionario respectivo y
deberá tener fecha cierta por cualquiera de los medios que la legislación procesal civil permite.
Toda venta o cesión posterior a esa fecha no desafectará a la persona jurídica de la prohibición
para contratar, mientras dure el nombramiento que la origina.





g) Las personas jurídicas sin fines de lucro, tales como asociaciones, fundaciones y cooperativas,
en las cuales las personas sujetas a prohibición figuren como directivos, fundadores,
representantes, asesores o cualquier otro puesto con capacidad de decisión.





h) El cónyuge, el compañero o la compañera en la unión de hecho, de los funcionarios cubiertos por
la prohibición, así como sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado
inclusive.





i) Las personas jurídicas en las cuales el cónyuge, el compañero, la compañera o los parientes
indicados en el inciso anterior, sean titulares de más de un veinticinco por ciento (25%) del
capital social o ejerzan algún puesto de dirección o representación.





j) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del
procedimiento de contratación, hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los
diseños y los planos respectivos, o deban participar en su fiscalización posterior, en la etapa de
ejecución o construcción.  Esta prohibición no se aplicará en los supuestos en que se liciten
conjuntamente el diseño y la construcción de la obra, las variantes alternativas respecto de las
especificaciones o los planos suministrados por la Administración.





Las personas y organizaciones sujetas a una prohibición, mantendrán el impedimento hasta cumplidos
seis meses desde el cese del motivo que le dio origen.





De las prohibiciones anteriores se exceptúan los siguientes casos:





1. Que se trate de un proveedor único.





2. Que se trate de la actividad ordinaria del ente.





3. Que exista un interés manifiesto de colaborar con la





Administración.





 





Artículo 23.-Levantamiento de la incompatibilidad. La prohibición expresada en los incisos h) e i)
del artículo anterior, podrá levantarse en los siguientes casos:





a) Cuando se demuestre que la actividad comercial desplegada se ha ejercido por lo menos un año
antes del nombramiento del funcionario que origina la prohibición.





b) En el caso de directivos o representantes de una persona jurídica, cuando demuestren que ocupan
el puesto respectivo, por lo menos un año antes del nombramiento del funcionario que origina la
prohibición.





c) Cuando hayan transcurrido al menos seis meses desde que la participación social del pariente
afectado fue cedida o traspasada, o de que este renunció al puesto o cargo de representación. 
Mediante el trámite que se indicará reglamentariamente, la Contraloría General de la República
acordará levantar la incompatibilidad.





 





Artículo 24.-Prohibición de influencias. A las personas cubiertas por el régimen de prohibiciones se
les prohíbe intervenir, directa o indirectamente, ante los funcionarios responsables de las etapas
del procedimiento de selección del contratista, ejecución o fiscalización del contrato, en favor
propio o de terceros.





 





Artículo 25.-Efectos del incumplimiento. La violación del régimen de prohibiciones establecido en
este capítulo, originará la nulidad absoluta del acto de adjudicación o del contrato recaídos en
favor del inhibido, y podrá acarrear a la parte infractora las sanciones previstas en esta Ley".





 





"Artículo 97 bis.-Exclusión del oferente. Si las faltas referidas en los Artículos 96 ter y 97, se
producen cuando se encuentra en trámite un procedimiento de contratación, el oferente que con su
participación haya contribuido en esas infracciones, directa o indirectamente, será excluido del
concurso o, en su caso, se anulará la adjudicación respectiva, independientemente de si existió
favorecimiento".





 





(Así modificada su numeración  por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes en materia de
anticorrupción para atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las
transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE)", N° 10373 del 20 de setiembre del 2023, que lo traspasó del antiguo artículo 65 al
74)





 





Ficha articulo





Artículo 75.-Reforma del Código Municipal. Refórmase el inciso d) del artículo 18 del Código
Municipal, cuyo texto dirá:





 





"Artículo 18.-





[...]





d) Incurrir en alguna de las causales previstas en el artículo 73 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República.





(Así modificada su numeración  por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes en materia de
anticorrupción para atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las
transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE)", N° 10373 del 20 de setiembre del 2023, que lo traspasó del antiguo artículo 66 al
75)





Ficha articulo





Artículo 76-Adición a la Ley Orgánica del Banco Central.





Adiciónase al artículo 132 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nº 7558, de 3 de
noviembre de 1995, el inciso e), cuyo texto dirá:





 





"Artículo 132.-





[...]





e) La información que requiera la Contraloría General de la República en ejercicio de sus
atribuciones".





[...]





(Así modificada su numeración  por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes en materia de
anticorrupción para atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las
transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE)", N° 10373 del 20 de setiembre del 2023, que lo traspasó del antiguo artículo 67 al
76)





Ficha articulo





Artículo 77.-Reformas de la Ley N° 3667. Refórmanse los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, N° 3667, de 12 de marzo de 1966, y sus reformas. Los textos
dirán:





 





"Artículo 10.-





1. Podrán demandar la declaración de ilegalidad y, en su caso, la anulación de los actos y las
disposiciones de la Administración Pública:





a) Quienes tengan interés legítimo y directo en ello.





b) Las entidades, corporaciones e instituciones de derecho público, así como cuantas entidades
ostenten la representación y la defensa de intereses de carácter general o corporativo, cuando el
juicio tenga por objeto la impugnación directa de disposiciones de carácter general de la
Administración central o descentralizada, que les afecten directamente, salvo lo previsto en el
inciso siguiente.





c) La Contraloría General de la República, cuando se trate de actos que ocasionen un grave perjuicio
para la Hacienda Pública y la Administración no proceda a hacerlo de conformidad con lo establecido
en el inciso 4) de este artículo.





2. No obstante, las disposiciones de carácter general que deban ser cumplidas directamente por los
administrados, sin necesidad de un previo acto de requerimiento o sujeción individual, podrán ser
impugnadas por las personas indicadas en el inciso a) del párrafo anterior.





3. Si se pretende, además, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su
restablecimiento, con reparación patrimonial o sin ella, únicamente podrá promover la acción el
titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto o
la disposición impugnados.





4. La Administración podrá actuar contra un acto propio, firme y creador de algún derecho subjetivo,
cuando el órgano superior de la jerarquía administrativa que lo dictó, haya declarado, en resolución
fundada, que es lesivo a los intereses públicos que ella representa. Asimismo, cuando se trate de
actos o contratos relacionados con la Hacienda Pública y, a pesar de contar con dictamen de la
Contraloría General de la República que recomiende la declaratoria de nulidad de estos por ser
lesivos para las finanzas públicas, la Administración competente omita efectuar dicha declaratoria
en el plazo de un mes, el órgano contralor quedará facultado para accionar en contra de dicho acto.





5. No podrán interponer juicio contencioso-administrativo, en relación con los actos y las
disposiciones de una entidad pública:





a) Los órganos de la entidad de que se trate.





b) Los particulares, cuando actúen por delegación o como simples agentes o mandatarios de esa
entidad".





 





"Artículo 35.-





1. Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda demandar
su anulación, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, previamente deberá declararlo lesivo
a los intereses públicos, económicos o de otra naturaleza, en el plazo de cuatro años contados a
partir de la fecha en que haya sido dictado.





2. Los actos dictados por un departamento ministerial no podrán ser declarados lesivos por un
ministro de un ramo distinto, pero sí por el Consejo de Gobierno, previa consulta a la Procuraduría
General de la República o a la Contraloría General de la República, según corresponda.





(Así modificada su numeración  por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes en materia de
anticorrupción para atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las
transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE)", N° 10373 del 20 de setiembre del 2023, que lo traspasó del antiguo artículo 68 al
77)





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Artículo 78.-Derogación del inciso 4) del artículo 346 del Código Penal. Derógase el inciso 4) del
artículo 346 del Código Penal.





(Así modificada su numeración  por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes en materia de
anticorrupción para atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las
transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE)", N° 10373 del 20 de setiembre del 2023, que lo traspasó del antiguo artículo 69 al
78)





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Artículo 79.-Derogación de la Ley Nº 6872. Derógase la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los
servidores públicos, Nº 6872, de 17 de junio de 1983.





(Así modificada su numeración  por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes en materia de
anticorrupción para atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las
transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE)", N° 10373 del 20 de setiembre del 2023, que lo traspasó del antiguo artículo 70 al
79)





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Artículo 80.-Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ley, dentro de los
seis meses posteriores a su entrada en vigencia. Para la promulgación y reforma del Reglamento
deberá procurarse la opinión de la Contraloría General de la República, cuyo proyecto se le remitirá
oportunamente, a fin de que formule sus observaciones. La falta de reglamentación no impedirá la
aplicación de esta Ley ni su obligatoria observancia, en cuanto sus disposiciones sean suficientes
por sí mismas para ello.





(Así modificada su numeración  por el artículo 13 de la ley "Reformas a leyes en materia de
anticorrupción para atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las
transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE)", N° 10373 del 20 de setiembre del 2023, que lo traspasó del antiguo artículo 71 al
80)





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Transitorio I.-Los funcionarios que, de acuerdo con la presente Ley y su Reglamento, estén obligados
a declarar su situación patrimonial, no deberán presentar de nuevo una declaración inicial, cuando
lo hayan hecho bajo la vigencia de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los servidores
públicos; por ello, las declaraciones mantendrán todo efecto y valor. No obstante, las declaraciones
anuales y la final que reste por entregar, se sujetarán a la presente Ley y su Reglamento.







 





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Transitorio II.-Las personas que, bajo la vigencia de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de los
servidores públicos, no estaban obligadas a declarar sus bienes, pero sí deban hacerlo en virtud de
la presente Ley y su Reglamento, contarán con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles a partir de
publicación del respectivo Reglamento para cumplir tal obligación.





Rige a partir de su publicación.





            Dado en la Presidencia de la República. -San José, a los seis días del mes de octubre
del dos mil cuatro.





 





 





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Fecha de generación: 6/3/2026 07:18:01

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Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Service

No. 8422

THE LEGISLATIVE ASSEMBLY

OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA

DECREES:

LAW AGAINST CORRUPTION AND ILLICIT ENRICHMENT

IN PUBLIC SERVICE

CHAPTER I

General Provisions

Article 1 – Purposes. The purposes of this Law shall be to prevent, detect, and punish corruption in the exercise of public service.

Article 2 – Public Servant. For the purposes of this Law, a public servant (servidor público) shall be considered any person who provides services in the organs and entities of the Public Administration, both state and non-state, in the name and on behalf of it and as part of its organization, by virtue of an act of investiture and with entire independence from the imperative, representative, remunerated, permanent, or public nature of the respective activity. The terms functionary, servant, and public employee shall be equivalent for the purposes of this Law.

The provisions of this Law shall be applicable to de facto functionaries and to persons who work for public companies in any of their forms and for public entities in charge of activities subject to common law; likewise, to the agents, administrators, managers, and legal representatives of legal entities that have custody of, administer, or exploit funds, property, or services of the Public Administration, by any title or management modality.

Article 3 – Duty of Probity. The public functionary shall be obligated to direct their management toward the satisfaction of the public interest. This duty shall be demonstrated, fundamentally, by identifying and attending to priority collective needs, in a planned, regular, efficient, continuous manner and under conditions of equality for the inhabitants of the Republic; likewise, by demonstrating rectitude and good faith in the exercise of the powers conferred by law; ensuring that the decisions adopted in compliance with their duties adhere to impartiality and the institution's own objectives in which they serve; and, finally, by administering public resources adhering to the principles of legality, effectiveness, economy, and efficiency, and rendering accounts satisfactorily.

Article 4 – Violation of the Duty of Probity. Without prejudice to any applicable civil and criminal liabilities, the infringement of the duty of probity (deber de probidad), duly proven and after a defense, shall constitute just cause for separation from public office without employer liability.

Article 5 – Fraud of Law. The administrative function exercised by the State and other public entities, as well as the conduct of private law subjects in their relations with these, which are carried out under the text of a legal norm and pursue a result not conforming to the satisfaction of public purposes and the legal system, shall be considered executed in fraud of law (fraude de ley) and shall not prevent the due application of the legal norm that was intended to be circumvented.

Article 6 – Nullity of Acts or Contracts Derived from Fraud of Law. Fraud of law (fraude de ley) shall result in the nullity of the administrative act or the contract derived from it and compensation for the damages caused to the Public Administration or to third parties. In the administrative channel, the nullity may be declared by the respective public entity or by the Comptroller General of the Republic, if the regulations that were intended to be circumvented belong to the legal framework that regulates and protects the Public Treasury.

If the nullity concerns acts declaratory of rights, the respective lesivity proceeding must be initiated, except as provided in Article 173 of the General Law of Public Administration, No. 6227, of May 2, 1978, in which case action must be taken in accordance with what is established therein.

Article 7 – Free Access to Information. Information related to the income, budgeting, custody, oversight, administration, investment, and expenditure of public funds is of public interest, as well as the information necessary to ensure the effectiveness of this Law in relation to the acts and conduct of public functionaries.

However, the Comptroller General of the Republic may only review documents of a private nature in accordance with Article 24 of the Political Constitution and Article 11 of this Law.

Article 8 – Confidentiality of the Identity of the Complainant and the Information Originating the Opening of the Administrative Procedure. The Comptroller General of the Republic, the Administration, the internal audit offices of public institutions and companies, and other entities processing administrative complaints shall maintain confidentiality regarding the identity of the person who, under the reasonable belief that the information provided demonstrates the possible commission of an act of corruption, files complaints for acts of corruption before their offices. The confidentiality shall apply to any information from which the complainant's identity can be directly or indirectly deduced. The confidential nature of this information shall be maintained after the processing of the complaint is concluded, even when the complainant themselves divulges their identity or when it is known that it is being known in other instances.

The information, documentation, and other evidence from the investigations carried out by the internal audit offices, the Administration, and the Comptroller General of the Republic, the results of which may give rise to the opening of an administrative procedure, shall be confidential, even for the complainant and the accused, during the formulation of the respective report. Once the corresponding report is notified and until the final resolution of the administrative procedure, the information contained in the file shall be classified as confidential information, except for the parties involved, who shall have free access to all the documents and evidence contained in the administrative file.

However, judicial authorities may request the pertinent information, given the possible existence of a crime against the honor of the person denounced.

Persons who, in good faith, denounce the acts of corruption described in Law 4573, Penal Code, and in this law, shall be protected by the administrative and police authorities, in accordance with the legal mechanisms provided for such purpose, upon petition of a party.

(As amended by Article 30 of the Law for the Protection of Persons Denouncing and Witnessing Acts of Corruption against Labor Reprisals, No. 10437 of January 29, 2024)

Article 8 bis – Notification of Documentation to the Legislative Plenary

The Plenary of the Legislative Assembly, acting in its capacity as complainant or as the body exercising sanctioning power, shall be notified of the reports, resolutions, and other documentation produced under this law.

The notification shall be made digitally to the institutional email of all deputies, with all the respective documentation in the same act. If it is impossible to carry out the notification electronically, exceptionally and in duly justified cases, the notification must be made during a session of the Legislative Plenary in its chamber, by means of a notification form addressed to the Presidency of the Legislative Directorate or, in its absence, to the respective substitute in the exercise of this position. The documentation received must contain 57 copies that shall be transferred by the Presidency of the Legislative Directorate or, in its absence, to the respective substitute in the exercise of this position, to the rest of the deputies.

In cases where the notification is made physically in a session of the Legislative Plenary, the copies that make up the respective documentation shall be transferred to the rest of the deputies within a maximum period of one business day after the session in which it was duly received. Said documentation must be distributed while safeguarding its confidential nature, when applicable.

In any case, at least the number of folios received and any other element allowing the determination of basic characteristics of the documentation received must be recorded and indicated in writing, respecting, when applicable, the duty of confidentiality.

(As added by the sole article of Law No. 10225 of May 5, 2022)

Article 9 – Attention to Complaints Filed before the Comptroller General of the Republic. The Comptroller General of the Republic shall determine the procedures for the attention, admissibility, and processing of complaints filed before it and that are pertinent to the scope of its competence, but shall respect the right of petition, in the terms indicated by the Political Constitution.

Article 10 – Limitations on Access to the Administrative File. When the investigations carried out by the Comptroller General of the Republic in the exercise of its powers are in progress, secrecy shall be maintained, in protection of the fundamental rights of the presumed responsible party or of third parties.

Only the parties and their defense attorneys, duly accredited as such, or authorized by the interested party to study the administrative file before assuming their sponsorship, shall have access to the files.

The appearances referred to in the General Law of Public Administration in the administrative proceedings instructed by the Public Administration for infractions of the Public Treasury Regime shall be oral and public, but the directing body, in a reasoned resolution, may declare them private for reasons of decorum and for the right to privacy of the parties or third parties, when it considers that the collection of evidence is hindered or a secret is endangered whose revelation is criminally punishable.

Article 11 – Access to Confidential Information. In fulfillment of the powers assigned to the Comptroller General of the Republic, its functionaries shall have the power to access any source of information, records, public documents, declarations, accounting books and their annexes, invoices, and contracts that the audited subjects maintain or possess.

However, in accordance with Article 24 of the Political Constitution, the only documents of a private nature that the Comptroller General of the Republic may review without the prior authorization of the affected party or their representatives shall be the accounting books and their annexes, for the sole purpose of auditing the correct use of public funds.

The affected party or their representatives may also authorize the Comptroller General of the Republic to review documents other than those stated in the preceding paragraph. Said authorization shall be understood as granted if the affected party or their representatives do not oppose the action of the Comptroller, after the functionaries of that entity have communicated to them the intention to review documentation and have informed them of the possibility of refusing to carry out said procedure.

The confidentiality granted by special law to documents, accounts, or sources known by the Comptroller General of the Republic according to Article 24 of the Political Constitution and this Article, shall not be opposable to its functionaries; however, they must maintain it before third parties.

The original documents to which the Comptroller General of the Republic may have access according to this Article and Article 24 of the Political Constitution shall remain in the possession of the natural or legal person possessing them, when this is necessary so as not to hinder a public service or so as not to affect the fundamental rights of third parties; for this reason, the functionaries of the Comptroller shall have public faith to certify the respective copy and take it with them.

Article 12 – International Cooperation. The Comptroller General of the Republic is empowered to provide its collaboration and advice to the Executive Branch in the conclusion of the relevant international agreements, so that the oversight bodies of the Public Treasury may gather evidence and carry out investigations outside the national territory, allow for joint studies or audits, and facilitate technical cooperation and the exchange of experiences.

Within the scope of its competence, the Comptroller General of the Republic may request international assistance and cooperation to obtain evidence and perform the necessary acts in the investigations it carries out, through the Central Authority referred to in Article XVIII of the Inter-American Convention against Corruption, ratified by Law No. 7670, of April 17, 1997.

Article 13 – Territoriality. The provisions of this Law shall be applicable with respect to acts of corruption committed outside the national territory or that produce their effects outside of it, as long as it is a state party to the Inter-American Convention against Corruption.

The Comptroller General of the Republic shall have full oversight powers over the functionaries and offices of the Costa Rican foreign service and over the passive subjects that establish offices outside the national territory.

CHAPTER II

Preventive Regime

Article 14 – Prohibition on Practicing Liberal Professions. The following may not practice liberal professions: the President of the Republic, the Vice-Presidents, the Magistrates of the Judicial Branch and the Supreme Electoral Tribunal, the Ministers, the Comptroller and the Sub-Comptroller General of the Republic, the Ombudsperson and the Deputy Ombudsperson of the Inhabitants, the Attorney General and the Deputy Attorney General of the Republic, the General Regulator of the Republic, the Attorney General of the Republic, the Vice-Ministers, the Senior Administrative Officers, the Executive Presidents, the Managers and Administrative Directors of decentralized entities, autonomous or semi-autonomous institutions and public companies, the Superintendents of financial, securities, and pension entities, their respective Intendents, as well as municipal mayoralties and intendencies, and the Sub-Managers and Sub-Administrative Directors, the Internal Comptrollers and Sub-Comptrollers, the Internal Auditors and Sub-Auditors of the Public Administration, as well as the Directors and Sub-Directors of departments and the heads of procurement of the public sector. Included within this article are the other professions that the functionary possesses, even if they do not constitute a requirement to occupy the respective public office.

(As amended the preceding paragraph by the sole article of Law No. 10224 of May 5, 2022)

Excepted from the foregoing prohibition are teaching in higher education centers outside of ordinary working hours and attending to matters in which the affected functionary, their spouse, companion, or one of their relatives by consanguinity or affinity up to the third degree inclusive, is a party. In such cases, the normal and impartial performance of the office must not be affected; nor must it occur in matters that are attended to in the same public entity or Branch of the State in which they work.

(Note from Sinalevi: According to Opinion No. 421-2005 of December 7, 2005, the conclusion was reached that this numeral can be interpreted in the sense that the intention of the norm is to subject only the heads of direction or department of administrative and procurement areas to the prohibition regime. In this context, the breadth of the wording used by said norm is intended to be comprehensive of any nomenclature used in the various institutions, but always aimed at covering only the positions that hold the mentioned nature, and not the other headships that exist within the Administration, whose substantive functions are not related to financial management or administrative contracting. What is established in Law No. 8422 regarding the prohibition of the liberal practice of the profession is a regime that limits a fundamental freedom and therefore its application must be restrictive. Consequently, only the functionaries mentioned in Article 14 of the Law who possess a professional degree that enables them to practice the profession in a liberal manner and who are also incorporated into the respective Professional Association shall be subject to said regime and may receive the correlative economic compensation.)

Article 15 – Economic Remuneration for the Prohibition on Practicing Liberal Professions. The economic compensation for the application of the preceding article shall be equivalent to a payment of fifteen percent (15%) for bachelor's degree holders and thirty percent (30%) for licentiate or postgraduate degree holders over the base salary established for the respective position category.

(As amended by Article 3 of Title III of the Law for Strengthening Public Finances, No. 9635 of December 3, 2018, which added subsection g) to numeral 57 of the Law on Salaries of the Public Administration, No. 2166 of October 9, 1957)

Article 16 – Prohibition on Receiving Salary Supplements. Public servants may only receive the remuneration or benefits contemplated in the Public Law Regime pertaining to their service relationship and duly budgeted. Consequently, they are prohibited from receiving any other emolument, fee, stipend, or salary from natural or legal persons, national or foreign, by reason of the fulfillment of their functions or on the occasion thereof, within the country or outside of it.

Article 17 – Simultaneous Performance of Public Offices. No person may hold, simultaneously, in the organs and entities of the Public Administration, more than one salaried position. Exempt from this provision are instructors of higher education institutions, musicians of the National Symphony Orchestra and those of the bands belonging to the Public Administration, as well as those who provide services required by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response to attend national emergencies declared as such by the Executive Branch, the Supreme Electoral Tribunal, during the six months prior to the date of the national elections and up to three months after they are held, as well as other public institutions, in similar cases, with prior authorization from the Comptroller General of the Republic.

For public functionaries to perform extraordinary work that cannot be classified as overtime, the authorization of the respective hierarchical superior shall be required. The lack of authorization shall prevent payment or remuneration.

(As amended the preceding paragraph by Article 44 of Law No. 8823 of May 5, 2010)

Likewise, no public functionary, while on leave without pay, may serve as an advisor or consultant to organs, institutions, or entities, national or foreign, that are directly linked, by hierarchical relationship, by deconcentration, or by an agreement approved for this purpose, with the organ or the entity for which they exercise their office.

Also, those who hold a position within the public service may not earn any per diem as members of boards of directors or of other collegiate bodies belonging to organs, entities, and companies of the Public Administration, except if there is no schedule overlap between the working day and the sessions of such bodies.

(As amended the preceding paragraph by subsection a) of Article 1 of Law No. 8445 of May 10, 2005)

Those who, without being public functionaries, simultaneously serve on up to three boards of directors or other collegiate bodies attached to organs, entities, and companies of the Public Administration, may receive the per diems corresponding to each position, provided there is no schedule overlap. When, for reasons of public interest, the person is required to serve on more than three boards of directors or other collegiate bodies attached to organs, entities, and companies of the Public Administration, the authorization of the Comptroller General of the Republic must be obtained.

(As added the preceding paragraph by subsection b) of Article 1 of Law No. 8445 of May 10, 2005)

The municipal council members, both proprietary and substitute; the district syndics, both proprietary and substitute; the members of the district councils; the members of the municipal district councils, both proprietary and substitute, shall not be governed by the preceding provisions.

(As added the preceding paragraph by subsection b) of Article 1 of Law No. 8445 of May 10, 2005)

(The Constitutional Chamber, through resolution No. 13431-08 of September 2, 2008, interpreted the term "simultaneously" in this article, in the sense that it implies a schedule overlap or a workday exceeding full-time, in the performance of two public offices)

Article 18 – Incompatibilities. The President of the Republic, the Vice-Presidents, deputies, proprietary Magistrates of the Judicial Branch and the Supreme Electoral Tribunal, the Ministers, the Comptroller and the Sub-Comptroller General of the Republic, the Ombudsperson and the Deputy Ombudsperson of the Inhabitants, the Attorney General and the Deputy Attorney General of the Republic, the General Regulator of the Republic, the Vice-Ministers, the Senior Administrative Officers, the members of boards of directors, the Executive Presidents, the Managers and Sub-Managers, the Executive Directors and Sub-Directors, the heads of procurement, the Internal Auditors and Sub-Auditors of the Public Administration and public companies, as well as the municipal mayors, may not simultaneously occupy positions on boards of directors; nor may they appear in public registries as representatives or agents of private companies, nor participate in their share capital, personally or through another legal entity, when such companies provide services to institutions or public companies that, by the nature of their commercial activity, compete with it.

The prohibition on occupying managerial and directorial positions or holding legal representation shall also apply in relation to any private entity, for-profit or non-profit, that receives economic resources from the State.

The indicated functionaries shall have a period of thirty (*) business days to prove, before the Comptroller General of the Republic, their resignation from the respective position and the due registration of their separation; said period may be extended only once by the oversight body, for up to another equal period.

(*) (Note from Sinalevi: Through resolution No. R-DC-51-2019 of May 17, 2019, it was agreed to repeal the resolution of the Comptroller General of the Republic of 3:00 PM on December 10, 2004, which established a period of thirty business days referred to in this article for an equal period, for the functionaries covered by said numeral to prove before this Comptroller General their resignation from the respective position and the due registration of their separation or, failing that, to provide certification or an affidavit that the registration process had been submitted before the respective Registry, as well as to follow up on it for its definitive registration. The latter does not relieve said functionaries of the obligation to immediately prove the respective registration as soon as it becomes effective, as well as to comply with the procedures and requirements necessary to obtain said registration.)

Article 19 – Lifting of Incompatibility. Only upon petition presented by the interested party, the Comptroller General of the Republic, by means of a reasoned resolution and in qualified situations, may lift the incompatibility established in the preceding article, when it can be considered that, due to the nature of the assets that make up the equity of the company in which the functionary is a director, agent, or representative, its purposes, or its particular line of business, and due to the absence of activity, there is no conflict of interest, without prejudice to the fact that said lifting may be revoked for non-compliance or modification of the conditions under which it was granted.

Article 20 – Regime for Donations and Gifts. Gifts received by a public functionary as a gesture of courtesy or diplomatic custom shall be considered property of the Nation, when their value exceeds one base salary, according to the definition in Article 2 of Law No. 7337, according to the prudential assessment made of them by the General Directorate of Taxation, if deemed necessary. The destination, registration, and use of these goods shall be those determined by the Regulations of this Law; for this purpose, it may be established that these goods or the proceeds of their sale be transferred to public charity, health, or education organizations, or to the historical-cultural heritage, as appropriate. Excluded from the application of this norm are decorations and awards of an honorary, cultural, academic, or scientific nature.

CHAPTER III

Sworn Declaration on Patrimonial Situation

Article 21 – Functionaries Obliged to Declare Their Patrimonial Situation

The following shall declare their patrimonial situation before the Comptroller General of the Republic, as indicated by this law and its regulations: the deputies to the Legislative Assembly; the President and the Vice-Presidents of the Republic; the Ministers, with or without portfolio, or functionaries appointed with that rank; and the Vice-Ministers; the proprietary and substitute Magistrates of the Judicial Branch and the Supreme Electoral Tribunal; the judges of the Republic, both interim and proprietary; the Comptroller and the Sub-Comptroller General of the Republic; the Ombudsperson and the Deputy Ombudsperson of the Inhabitants; the Attorney General and the Deputy Attorney General of the Republic; the Attorney General of the Republic; the Deputy Attorneys, the Prosecutors, and the Assistant Prosecutors of the Public Ministry; the Rectors, the Comptrollers, or the Sub-Comptrollers of state higher education centers; the General Regulator of the Republic; the Superintendents of financial, securities, and pension entities, as well as the respective Intendents; the Senior Administrative Officers of the ministries; the members of the boards of directors, except the non-voting fiscal members; the Executive Presidents, the Managers, the Sub-Managers, the Internal Auditors or Sub-Auditors, and the heads of the procurement departments throughout the Public Administration and public companies; as well as the municipal council members, both proprietary and substitute, and the municipal mayors.

Also, their patrimonial situation shall be declared by customs employees; employees who process public tenders; other public functionaries who have custody of, administer, oversee, or collect public funds, or establish revenues or income in favor of the State; those who approve and authorize expenditures with public funds, according to the enumeration contained in the regulations of this law, which may also include employees of private law subjects that have custody of, administer, or are concessionaires of public funds, property, and services, who, in what is pertinent, shall be subject to the provisions of this law and its regulations.

The Comptroller and the Sub-Comptroller General of the Republic shall send a faithful copy of their declarations to the Legislative Assembly, which, with respect to these functionaries, shall enjoy the same powers that this law assigns to the Comptroller General of the Republic in relation to other public servants.

(As amended by the sole article of Law No. 9093 of October 19, 2012)

Article 22 – Presentation of the Initial, Annual, and Final Declarations. The initial declaration must be submitted within the thirty business days following the date of appointment or the date of official declaration of the election by the Supreme Electoral Tribunal, in the case of popularly elected offices. For updating purposes, a declaration stating the changes and variations in relation to the declared patrimonial situation must also be submitted each year, within the first fifteen business days of May. Finally, within the period of thirty business days immediately following the cessation of their functions, the public functionaries must submit a final sworn declaration, reflecting the changes and variations in their patrimonial situation; the foregoing according to the regulatory provisions issued to that effect in accordance with this Law. The declarations shall be made under oath.

Article 23—Sworn statement by special order. The fact that a public servant is not required to file a sworn statement (declaración jurada) regarding their financial situation shall not prevent conducting the pertinent inquiries and studies to determine a potential illicit enrichment (enriquecimiento ilícito) or any other violation of this Law. For this purpose, the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) or the Public Ministry (Ministerio Público), through the Attorney General, may at any time demand, by special order, any public official who administers or has custody of public funds to file a sworn statement of their financial situation. In such a case, from that moment on, the official shall submit their initial, annual, and final statements, under the same deadlines, terms, and sanctions provided for in this Law and its Regulations, but the term for filing the first statement shall run from the day following the date of receipt of the order. The Public Ministry shall send a faithful copy of the statements it receives to the Comptroller General of the Republic.

 

Article 24—Confidentiality of statements. The content of the sworn statements is confidential, except for the declarant themselves, without prejudice to access to them required by special investigative committees of the Legislative Assembly (Asamblea Legislativa), the Comptroller General of the Republic, the Public Ministry, or the courts of the Republic, to investigate and determine the commission of possible violations and crimes provided for in the Law. Confidentiality does not restrict the right of citizens to know whether the statement was filed or not in accordance with the law.

 

Article 25—Registry of sworn statements. The Comptroller General of the Republic shall establish a registry of sworn statements (registro de declaraciones juradas) that will provide interested parties with the respective forms for them to make their declaration; in addition, it shall have the functions of receiving and safekeeping the statements of each public servant.

Four years having elapsed from the date on which the public servant ceased in the position that gave rise to the duty to declare their financial situation, the statements submitted and their attached documentation shall be sent to the National Archive (Archivo Nacional) and the same conditions of confidentiality shall be maintained.

 

Article 26—Conditions of subjects obligated to file a sworn statement of assets. Public officials appointed on a permanent basis (en propiedad), who occupy the positions or perform the functions corresponding to the posts detailed in this Law and its Regulations, are obligated to declare their financial situation.

Likewise, officials with interim appointments for a fixed term or with reassignment or allocation of functions by express resolution are included, when the term is greater than or equal to six months.

 

Article 27—Modification of the job description or administrative nomenclature. Officials obligated to declare their financial situation shall have that duty even when, by virtue of an administrative reorganization or other similar reason, the name or title of the class of position they occupy is modified, as long as their powers and responsibilities continue to be comparable to those of the post that originated such obligation.

 

Article 28—Duty to report on officials subject to the sworn statement. The director, head, or person in charge of the human resources unit or personnel office of each public body or entity, within eight business days following the appointment or the official declaration of election by the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones), must inform the Comptroller General of the Republic of the name, qualifications, and exact address of the servants who occupy positions that require the filing of the declaration of financial situation, indicating the date on which they began their duties; they must also inform the official in writing of their duty to comply with this declaration.

Within the same period, they must report the date on which, for any circumstance, the servants obligated to declare conclude their service relationship, or any other circumstance affecting compliance with the obligation to declare their financial situation. For all legal purposes, disobedience of this obligation shall be considered a serious offense, punishable in accordance with the corresponding internal regime.

An error or defect in the information provided by the human resources unit in application of this article shall not, by itself, constitute sufficient reason to extinguish or mitigate the declarant's responsibilities determined in this Law.

This provision shall be applicable, as appropriate, to subjects under private law.

 

Article 29—Content of the declaration. In addition to what is provided in the Regulations of this Law, the public servant must include in their declaration, in a clear, precise, and detailed manner, the assets, income, rights, and obligations that constitute their estate (patrimonio), both within the national territory and abroad; they must also record an estimated valuation in colones.

1. For real property (bienes inmuebles), the following must be indicated:

a) The right in rem (derecho real) exercised over the asset (ownership [propiedad], possession [posesión], lease [arrendamiento], usufruct [usufructo], bare ownership [nuda propiedad], or other) and the cause of acquisition (sale, legacy, donation, or other); the name of the individual or legal entity from whom it was acquired must be indicated.

b) The registration citations in the respective Registry.

c) The area, nature, boundaries, and exact location of the property. If there are constructions or improvements, their nature, the constructed area, with a description of finishes, and age must be indicated.

d) The activity for which each property is used.

e) The estimated value of the property, including the cost of construction, as applicable.

f) In the final statements, the real property that is no longer part of the declarant's estate and that appears in their previous sworn statement, as well as the name of the new owner.

2. For personal property (bienes muebles), at least the following must be indicated:

a) The right in rem held over the asset, the cause of acquisition, whether gratuitous or onerous, and the identity of the previous owner.

b) The precise description of the asset, the trademark, model, license plate number, where applicable, or failing that, the serial number, as well as an estimate of the current value.

c) In the case of livestock (semovientes), the quantity, gender, breed, and total estimated value.

d) Regarding household goods (menaje de casa), their total estimated value. Works of art, collections of any kind, jewelry, antiques, weapons, or assets used for the exercise of the servant's profession, art, or trade are not included in household goods; all these assets must be identified separately from household goods and their estimated value must be indicated.

(Subparagraph d) of subsection 2° of this article thus amended by resolution of the Constitutional Chamber [Sala Constitucional] No. 7689-08 of May 7, 2008.)

e) For participation in for-profit companies or enterprises, the full name of the entity, the legal identification number, the position or post held by the official therein, the address, the number of shares owned by the declarant, the type of shares and their nominal value, as well as contributions in cash and in kind made by the declarant; likewise, the sums received as dividends in the last three years, if any, and the company's dividends from its corporate participation in other organizations, national or foreign.

f) For bonds, the class, number, series, and the entity that issued them, the nominal value in the corresponding currency, the number and amount of coupons as of the acquisition date, the interest rate they accrue, the acquisition date, and the maturity date.

g) For certificates of deposit in colones or in foreign currency, the certificate number, the entity that issued them, the value in colones or foreign currency, the interest rate, the term, and the acquisition date, as well as the number and amount of coupons as of the acquisition date.

h) For complementary pension funds or similar and for checking and savings bank accounts, in colones or in foreign currency, the account number, the name of the banking institution or company, and the balance or amount saved as of the date of the declaration.

i) For salaries and other income, the type of income (rents, per diems, dividends, interest, pensions, salaries, professional fees, commissions, or other), the institution, company, cooperative, foundation, or person that paid them, whether national or foreign; the amount earned for each income and the period each covers; in addition, the total amount remunerated in cash, including fixed representation expenses not subject to liquidation, as well as that remunerated in kind, indicating its content. For the aforementioned income, its annual estimate and the respective breakdown shall be indicated, according to its nature.

j) For intangible assets, their type, origin, and estimated value.

3. For liabilities (pasivos), all pecuniary obligations of the official in which they appear as debtor or guarantor must be indicated; the operation number, original amount, the creditor person or entity, the term, the last monthly payment, the origin of the liability, and the balance as of the date of the declaration must also be stated.

4. Other financial interests: The declarant must also indicate their own financial interests not included in the preceding provisions.

 

 

Article 30—Authorization for access to information. The declaration shall contain an authorization in favor of the Comptroller General of the Republic to request pertinent information from companies and financial or banking organizations, national or foreign, with which they have relevant economic ties or interests or shareholding participation for the purposes of this Law.

 

Article 31—Temporal scope of the sworn statement. The initial declaration shall cover the financial changes that occurred up to one year before the date of the appointment or the election officially declared by the Supreme Electoral Tribunal. In particular, during that period, the declarant must indicate the assets that have ceased to belong to them, the name of the acquirer, the title by which it was transferred, and the amount of the transaction, as well as the obligations acquired or extinguished by payment or for any other reason, which must also be identified.

 

Article 32—Simulation (Simulación). It may be concluded that simulation exists if there is no concordance between the assets declared before the Comptroller General of the Republic and those which are being used in usufruct in fact.

For simulation to be established, it is necessary that the usufruct be over third-party assets that therefore do not appear in the official's declaration, that the official cannot exhibit any title over them, and that the usufruct be public and notorious, partial or total, permanent or discontinuous.

A usufruct in fact is understood to exist over the movable and immovable assets that make up the family estate and those belonging to any of their relatives by consanguinity or affinity, even up to the second degree, or to any legal person, provided that the indicated form of usufruct exists.

All assets over which a usufruct in fact is enjoyed, for any reason, must be declared.

 

Article 33—Receipt. The interested party shall receive proof of the presentation of their statements, without prejudice to the Comptroller General of the Republic being able to demand pertinent clarifications or additional information, or to the responsibilities derived from an unjustifiably late filing.

 

Article 34—Verification of the truthfulness of the declaration. Whenever it deems it appropriate, the Comptroller General of the Republic may examine and verify, in full detail, the accuracy and truthfulness of the declarations, in accordance with the procedures and powers granted to it by the Political Constitution and the laws. Likewise, it may request in writing, from the declarant, the clarifications or additions it deems necessary, within the period prudentially set.

For purposes of this verification of the truthfulness of the declarations, the Comptroller General of the Republic must inform the Central Bank of Costa Rica (Banco Central de Costa Rica), at least once a year, of the names and identification numbers of all persons and officials obligated to file the financial statement (declaración patrimonial), as regulated in this law. The Central Bank of Costa Rica, within a maximum period of 15 business days, must send to the Comptroller a detailed report on the persons or legal structures in which the obligated officials appear as shareholders or beneficial owners, recording the date from which those officials serve as shareholders or beneficial owners and the dates on which that status as shareholders or beneficial owners ended, as applicable, in accordance with the information from the Transparency and Beneficial Owners Registry (Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales), created in accordance with the regulations in Chapter II of Law 9416, Law to Improve the Fight against Tax Fraud (Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal), of December 14, 2016. This information received by the Comptroller General of the Republic shall be confidential with respect to third parties, in accordance with the provisions of Article 117 of Law 4755, Code of Tax Rules and Procedures (Código de Normas y Procedimientos Tributarios), of May 3, 1971; Chapter II of Law 9416, Law to Improve the Fight against Tax Fraud, of December 14, 2016; and Article 11 of Law 8422, Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Office (Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública), of October 6, 2004.

(Thus amended by the sole article of the Law to improve the capacities of the Comptroller General of the Republic, to verify the truthfulness of sworn statements on the financial situation of public officials, No. 10523 of September 9, 2024)

Article 35—Power of investigation even in the presence of liabilities. The imposition of administrative sanctions shall not prevent the Comptroller General of the Republic from conducting the investigations it deems appropriate in accordance with this Law, in relation to the financial situation of anyone who has omitted their sworn statement or filed it late; nor shall it bar the possibility of establishing other relevant liabilities derived from that investigation.

 

Article 36—Access to public office. To hold a public office that gives rise to the duty to declare one's financial situation, it shall be a requirement that no sworn statement is pending submission to the Comptroller General of the Republic. Positions subject to popular election are exempted from this provision. Violation of this rule shall result in the relative nullity of the appointment.

 

CHAPTER IV

Administrative and Civil Liability

 

Article 37—Public institutions shall be obligated to provide a professional to technically support the head of the institution in completing their declaration.

 

Article 38—Grounds for administrative liability. Without prejudice to other grounds provided for in the regime applicable to the respective service relationship, the public official who:

a) Violates the regime of prohibitions and incompatibilities established in this Law.

b) Independently of the regime of prohibition or exclusive dedication to which they are subject, offers or performs activities that compromise their impartiality, enable a conflict of interest, or favor private interest to the detriment of the public interest, shall have administrative liability. Without this exemplification being exhaustive, the following cases are included in this premise: the study, review, issuance of verbal or written opinions, preparation of drafts related to proceedings in claims or on the occasion thereof, administrative appeals, offers in administrative contracting procedures, the search or negotiation of jobs that are in conflict with their duties, without notifying their superior or without withdrawing from knowledge of matters in which the prospective employer is interested.

c) Favors themselves, their spouse, partner, or any of their relatives up to the third degree of consanguinity or affinity, through individuals or legal entities that are potential bidders, contractors, or users of the entity where they provide services, in accordance with Article 20 of this same Law.

d) Weakens the internal control of the organization or omits the necessary actions for its design, implementation, or evaluation, in accordance with the applicable technical regulations.

e) Violates the provisions of Article 20 of this Law, in relation to the regime of donations and gifts.

f) With inexcusable negligence, advises or counsels the entity where they provide services, another public entity or body, or private individuals dealing with it.

g) Incurs gross negligence in the supervision or selection of officials subject to their powers of direction or hierarchy, regarding the exercise these have carried out of the powers of administration of public funds.

h) Omits submitting to the knowledge of the Comptroller General of the Republic the budgets that require the approval of that entity.

i) Unjustifiably fails to file any of the sworn statements referred to in this Law if, after the deadline for its submission has expired, they are warned only once by the Comptroller General of the Republic to comply with its presentation within a period of fifteen business days.

j) Incurs lack of truthfulness, omission, or simulation (simulación) in their financial situation statements.

k) Unjustifiably delays or disobeys the requirement to clarify or expand their declaration of financial situation or financial interests, within the period set by the Comptroller General of the Republic.

l) Violates the confidentiality of sworn statements of assets.

m) Receives, personally or through an intermediary individual or legal entity, remuneration, fees, or financial benefits of any kind, from persons or organizations that do not belong to the Public Administration, for the performance of duties inherent to the office or on the occasion thereof, within the country or abroad.

n) Violates the prohibition in Article 17 of this Law against simultaneously holding positions in the Public Administration. ñ) Incurs a serious and unjustified omission or delay in filing judicial actions within the period required by the Comptroller General of the Republic.

 

 

Article 39—Administrative sanctions. According to their severity, the aforementioned offenses shall be sanctioned as follows:

a) Written reprimand published in the Official Gazette (Diario Oficial).

b) Suspension, without the corresponding salary, per diem, or stipend, from fifteen to thirty days.

c) Separation from public office, without employer liability, or cancellation of the municipal councilor's credential, as applicable.

 

 

Article 40—Competence to declare liabilities. The sanctions provided for in this Law shall be imposed by the body holding disciplinary authority in each public entity, in accordance with the applicable regulations. The Comptroller General of the Republic shall also be competent to process the respective administrative procedure and require the respective entity, in a binding manner, to apply the sanction it determines, when the case concerns actions governed by the legal framework of the Public Treasury (Hacienda Pública). The provisions of Article 43 of this Law are preserved, in which case the Comptroller General of the Republic shall proceed as indicated.

All liability shall be declared according to the applicable principles and procedures, in accordance with the principles established in the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), and the parties shall be assured constitutional guarantees relating to due process and prior, real, and effective defense, without prejudice to the necessary precautionary measures.

In any case, the Comptroller General of the Republic must report to the competent judicial authorities the facts that come to its knowledge that may be considered to constitute crimes.

 

Article 41—Criteria to be considered. The sanctions stipulated in this Law shall be imposed for the previously defined violations committed with intent (dolo) or gross negligence (culpa grave). To assess the conduct of the alleged offender, the following factors, among others, shall be taken into account:

a) The actual harm to the economic interests of the Public Administration and the amount of the damages and losses caused.

b) The success achieved in attaining outcomes undesired by the legal system or in the enrichment or advantage of the perpetrator of the violation or third parties, as well as the effort made to achieve them.

c) The negative impact on public service.

d) Recidivism in any of the offenses defined in Article 38 of this Law, within the four prior years.

e) The rank and functions of the servant; it is understood that, the higher the hierarchy and complexity of these, the greater the obligation to assess the legality, timeliness, and advisability of the acts issued, authorized, or executed.

 

 

Article 42—Sanctions for officials of the Comptroller General of the Republic. In addition to the sanctions established in the internal regulations, the servants of the Comptroller General of the Republic shall be disciplined with dismissal without employer liability, without prejudice to the corresponding criminal sanctions, when, through intent or gross negligence, they:

a) Violate the confidentiality or alter the content of the sworn statements of assets.

b) Disclose information of the passive subjects of the oversight of the Comptroller General of the Republic, the confidentiality of which is conferred by special law and to which they have access in the exercise of their duties, or take improper advantage of said information or their position for purposes unrelated to their duties.

 

 

Article 43—Liability of members of the Supreme Powers. In the event that the violations provided for in this Law are attributed to deputies, municipal councilors, municipal mayors, magistrates of the Judicial Branch (Poder Judicial) and the Supreme Electoral Tribunal, government ministers, the Comptroller General and Deputy Comptroller General of the Republic, the Defender of the Inhabitants of the Republic and the Deputy Defender, the General Regulator, and the Attorney General of the Republic, or the directors of autonomous institutions, this shall be reported, as the case may be, to the Supreme Electoral Tribunal, the Supreme Court of Justice (Corte Suprema de Justicia), the Government Council, the Legislative Assembly, or the President of the Republic, so that, in accordance with the law, the corresponding sanctions may be imposed.

 

Article 44—Statute of limitations for administrative liability. The administrative liability of the public official for the violations provided for in this Law and in the legal framework relating to the Public Treasury shall be subject to the statute of limitations, according to Article 43 of the General Law on Internal Control (Ley General de Control Interno) and Article 71 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, No. 7428, of September 7, 1994.

 

Article 44 bis—Administrative sanctions for legal persons (Repealed by Article 40 of the Law on the Liability of Legal Persons for Domestic Bribery, Transnational Bribery, and Other Crimes, No. 9699 of June 10, 2019)

(Thus added by Article 2, subsection b) of Law No. 8630 of January 17, 2008)

CHAPTER V

Crimes

 

Article 45—Illicit enrichment (Enriquecimiento ilícito). Whoever, illegitimately taking advantage of the exercise of public office or the custody, exploitation, use, or administration of public funds, services, or assets, under any title or management modality, personally or through an intermediary individual or legal entity, increases their estate, acquires assets, enjoys rights, pays off debts, or extinguishes obligations affecting their estate or that of legal persons in whose share capital they participate, whether directly or through other legal persons, shall be sanctioned with imprisonment from three to six years.

 

Article 46—Falsehood in the sworn statement. Whoever incurs falsehood, simulation (simulación), or concealment when making the sworn statements of assets before the Comptroller General of the Republic shall be punished with imprisonment from six months to one year.

 

Article 47—Receiving, legalizing, or concealing assets or legitimizing capital. (Repealed by Article 17 of the law "Reforms to Laws on Anti-Corruption Matters to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)," No. 10373 of September 20, 2023)

Article 48—Legislation or administration for personal gain.

The public official who sanctions, promulgates, authorizes, signs, or participates with their favorable vote in laws, decrees, agreements, acts, and administrative contracts that directly grant benefits for themselves, their spouse, partner, or cohabitant, their relatives even up to the third degree of consanguinity or affinity, or for companies in which the public official, their spouse, partner, or cohabitant, their relatives even up to the third degree of consanguinity or affinity hold shareholding participation, whether directly or through other legal persons in whose share capital they participate or are legal representatives or members of any corporate body, shall be sanctioned with imprisonment from one to eight years.

The same penalty shall apply to whoever favors their spouse, partner, or cohabitant, or their relatives even up to the third degree of consanguinity or affinity, or favors themselves, with financial benefits contained in collective bargaining agreements, in whose negotiation they participated as a representative of the employer.

 

Article 49—Irregular surcharge. Whoever, through the payment of prices higher or lower—as the case may be—than the real or current value and according to the quality or specialty of the service or product, obtains an advantage or benefit of any kind for themselves or for a third party in the acquisition, disposal, concession, or encumbrance of goods, works, or services in which the State, other public entities and public enterprises, municipalities, and subjects under private law that administer, exploit, or have custody of public funds or assets by any title or management modality have an interest, shall be punished with imprisonment from three to ten years.

 

Article 50—Falsehood in the receipt of contracted goods and services. The public official, the consultant, or any of the consultant's employees contracted by the respective public entity, who incur falsehood or manipulation of information about the execution or construction of a public work, or about the existence, quantity, quality, or nature of the contracted goods and services or the works delivered under concession, with the purpose of considering the service or work received to satisfaction, shall be punished with imprisonment from two to eight years. If this conduct disrupts the service provided or makes it impossible for the public entity to use the work or adequately address the needs that the contracted service was supposed to meet, the minimum and maximum ends of the penalty shall be increased by one-third.

 

Article 51—Irregular payment of administrative contracts. The public official who authorizes, orders, consents to, approves, or permits payments, knowingly that they are for works, services, or supplies not performed or unacceptable for having been executed or delivered defectively, in accordance with the terms of the contract, or in consideration of unequivocal rules of science or technique, shall be punished with imprisonment from one to three years.

 

Article 52—Influence peddling (Tráfico de influencias). Whoever, directly or through an intermediary person, influences a public servant, taking advantage of their position or any other situation derived from their personal or hierarchical situation with that servant or with another public servant, whether real or simulated, so that they make, delay, or omit an appointment, award, concession, contract, act, or resolution inherent to their functions, in a way that directly or indirectly generates an undue economic benefit or advantage for themselves or for another, shall be sanctioned with imprisonment from two to five years.

Whoever uses or offers the influence described in the preceding paragraph shall be sanctioned with the same penalty.

The extremes of the penalty indicated in the first paragraph shall be increased by one third, when the influence comes from the president or the vice president of the Republic, from the members of the Supreme Powers, or from the Supreme Electoral Tribunal, from the comptroller general or the deputy comptroller general of the Republic; from the attorney general or the deputy attorney general of the Republic, from the prosecutor general of the Republic, from the ombudsperson or the deputy ombudsperson of the inhabitants, from the hierarchical superior of the person who must decide, or from members of political parties who hold national-level leadership positions.

Article record

Article 53.-Prohibitions subsequent to service in the position. A public official who, within one year following the conclusion of a major administrative contract equal to or greater than the limit established for public bidding in the entity where they provided services, accepts remunerated employment or equity participation with the favored individual or legal entity, shall be punished with a fine of one hundred to one hundred fifty days, if they participated in any of the phases of the design and drafting process of the technical specifications or construction plans, in the selection and award process, in the study and resolution of administrative appeals against the award, or else, in the inspection and oversight process of the construction phase or the reception of the good or service in question.

Article record

Article 54.-Appropriation of goods gifted to the State. A public official who appropriates or retains gifts or donations that must be delivered to the State, in accordance with Article 20 of this Law, shall be punished with imprisonment of one to two years.

Article record

Article 55- Transnational bribery. Whoever offers, promises, or grants, directly or through an intermediary, to a public official of another State, regardless of the level of government, entity, or public enterprise in which they perform their duties, or to an official or representative of an international organization, any gift, whether money, virtual asset, movable or immovable property, securities, remuneration, or undue advantage, whether for that official or for another individual or legal entity, with the purpose that said official, using their position, performs, delays, or omits any act, or, unduly, asserts before another official the influence derived from their position, shall be penalized with imprisonment of four to twelve years.

The same penalty shall apply:

a) To whoever, directly or through an intermediary, solicits, negotiates, accepts, or receives the aforementioned gift, remuneration, or advantage.

b) To whoever promises, offers, or grants, directly or through an intermediary, the aforementioned gift, remuneration, or advantage, when the foreign public official, public entity or enterprise, or official or representative of an international organization solicits it.

The penalty shall be five to fourteen years when the bribery is carried out so that the public official of another State, public entity or enterprise, or official or representative of an international organization performs an act contrary to their duties.

In the event that the crime is committed by an individual, a fine of up to fifteen times the equivalent amount of the value of the offered, obtained, or promised good or financial benefit shall also be imposed.

The criminal penalties indicated in this article shall be applied to whoever accepts the commission of this crime, foreseeing it at least as a possibility.

(Thus amended by Article 8 of the law "Reforms to Anti-Corruption Laws to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)", No. 10373 of September 20, 2023)

Article record

Article 56.-Illegal recognition of labor benefits. A public official who, representing the Public Administration and on its behalf, grants or recognizes financial benefits derived from the employment relationship, in violation of the applicable legal framework, shall be punished with imprisonment of three months to two years.

Article record

Article 57.-Influence against the Public Treasury. A public official and other equivalent subjects who, when intervening by reason of their position, influence, direct, or condition, in any way, the production of a specific result, detrimental to the financial interests of the Public Treasury or the public interest, or who use any maneuver or artifice tending to that end, shall be punished with imprisonment of two to eight years.

Article record

Article 58.-Fraud upon the law in the administrative function. A public official who performs an administrative function in fraud of the law, in accordance with the definition in Article 5 of this Law, shall be punished with imprisonment of one to five years. The same penalty shall apply to the private individual who, knowing that the result does not conform to the legal framework, is favored or assists in this crime.

Article record

Article 59.-Disqualification. Whoever incurs the crimes indicated in this Law, in addition to the principal penalty, may be disqualified from holding the public employment, office, or commissions they exercise, including those of popular election, for a period of one to ten years. The same penalty may be imposed on those who are considered co-perpetrators or accomplices in this crime.

Article record

Article 60-Violation of the privacy of sworn declaration information. Whoever discloses the sworn declarations of assets filed before the Office of the Comptroller General of the Republic shall be punished with imprisonment of three to five years.

Article record

Article 61-Civil consequences of illicit enrichment (enriquecimiento ilícito). A final judicial conviction for the crime of illicit enrichment (enriquecimiento ilícito) shall result in the loss, in favor of the State or the respective public entity, of the movable or immovable property, securities, money, or rights, obtained by the perpetrator, co-perpetrator, or accomplices, as a direct result of this crime, without prejudice to the rights of third parties in good faith, as determined by the respective judicial authority.

In the case of property subject to registration in the National Registry, the judicial order shall suffice for the respective section of the Registry to proceed to transfer the property to the municipalities of the cantons where they are located, if they are immovables, so that they may be used in works of benefit to the canton or for public charity. Other property shall have the destination determined in the Regulations of this Law.

The registration or transfer order shall be exempt from the payment of stamps and registration fees.

Article record

Article 61 bis- Confiscation (Comiso). Confiscation (Comiso) shall be governed by the provisions of Article 110 of Law 4573, Criminal Code, of May 4, 1970, and its procedure by Article 489 of Law 7594, Code of Criminal Procedure, of April 10, 1996.

When a judgment orders confiscation (comiso) and it is materially impossible to achieve its recovery, the court shall impose the pecuniary obligation equivalent to the value of the confiscated property, in favor of the State.

(Thus added by Article 13 of the law "Reforms to Anti-Corruption Laws to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)", No. 10373 of September 20, 2023)

Article record

Article 62- Statute of limitations for criminal liability. The criminal action for crimes against the duties of the public function, those established in this law, and that set forth in Article 69 of Law 7786, Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use, Related Activities, Money Laundering, and Financing of Terrorism, of April 30, 1998, deriving from corruption and actions that harm the public function or probity, shall be subject to the statute of limitations (prescripción de la responsabilidad penal) in the manner established by applicable legislation; however, the following rules shall apply:

a) Once the statute of limitations (prescripción) is interrupted, the periods set forth in Article 31 of Law 7594, Code of Criminal Procedure, of April 10, 1996, shall run again for a new period, without any reduction.

b) In addition to the grounds set forth in Article 33 of Law 7594, Code of Criminal Procedure, of April 10, 1996, the criminal action may be interrupted by the declaration of illegality of the administrative function, whether active or omissive, or by the annulment of administrative acts and contracts related to the corresponding crime, whether the ruling is issued in judicial or administrative proceedings.

c) The statute of limitations (prescripción) for the criminal action shall be suspended during the pendency of an international legal assistance proceeding regarding the existence of a criminal investigation in that country, to verify whether the same case involves individuals and legal entities subject to Costa Rican jurisdiction. The suspension period of the statute of limitations (prescripción) shall run from the sending of the request by the competent national authority until the receipt of its response.

d) The statute of limitations (prescripción) period for the crimes contained in this law and in Title XV, "Crimes against the Duties of the Public Function," of Law 4573, Criminal Code, of May 4, 1970, shall be governed by the provisions of subsection d) of Article 31 of Law 7594, Code of Criminal Procedure, of April 10, 1996.

(Thus added the preceding subsection by Article 2 of the Law to Pursue Corruption Crimes and Avoid Impunity through the Statute of Limitations, No. 10691 of May 6, 2025)

 (Thus amended by Article 8 of the Reforms to Anti-Corruption Laws to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), No. 10373 of September 20, 2023)

Article record

CHAPTER VI

(Thus added the preceding chapter by Article 13 of the law "Reforms to Anti-Corruption Laws to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)", No. 10373 of September 20, 2023)

Article 63- Investigative authority. In investigations for crimes against the duties of the public function, as well as other crimes linked to corruption, with or without a declaration of organized crime, the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) may use, as a source of intelligence information, the intelligence produced by the Financial Intelligence Unit (Unidad de Inteligencia Financiera, UIF) of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas), maintaining its confidential nature, with all its attributions, competencies, and powers granted by Law 7786, Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use, Related Activities, Money Laundering, and Financing of Terrorism, of April 30, 1998.

Said intelligence information may not be disclosed to third parties or added to the judicial file, and its incorrect use shall be punished as a serious offense, without prejudice to the corresponding criminal liabilities.

The Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) may order a financial and asset investigation to prove the crime, or else, to pursue the illicit assets and request the pertinent precautionary measures, for the purposes of this law.

The Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) and the Judicial Police may use all special investigative techniques available in Law 7786, Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use, Related Activities, Money Laundering, and Financing of Terrorism, of April 30, 1998, for the purposes of this law.

(Thus added by Article 13 of the law "Reforms to Anti-Corruption Laws to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)", No. 10373 of September 20, 2023)

Article record

Section I: Confidentiality of the Request

Article 64- Confidentiality of the Request. Financial entities may not inform any person, except if it is another court, the Financial Intelligence Unit (Unidad de Inteligencia Financiera) of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas), or the supervisory bodies indicated in Article 14 of Law 7786, Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use, Related Activities, Money Laundering, and Financing of Terrorism, of April 30, 1998, of the fact that information has been requested from or delivered to another court or authority vested with oversight and supervisory powers.

(Thus added by Article 13 of the law "Reforms to Anti-Corruption Laws to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)", No. 10373 of September 20, 2023)

Article record

Section II: Preventive Measures and Precautionary Provisions on Property, Products, or Instruments

Article 65- Request for a special precautionary measure. When investigating crimes against the duties of the public function, as well as other crimes linked to corruption, the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) shall request, when applicable, from the competent jurisdictional authority, at any time and without prior notification or hearing, a precautionary measure aimed at preserving the availability of the related property, products, or instruments for its eventual confiscation (comiso).

This provision includes the immobilization of financial products under investigation in institutions, national or foreign, indicated in Articles 14, 15, 15 bis, and 15 ter of Law 7786, Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use, Related Activities, Money Laundering, and Financing of Terrorism, of April 30, 1998, in compliance with the pertinent legal provisions.

(Thus added by Article 13 of the law "Reforms to Anti-Corruption Laws to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)", No. 10373 of September 20, 2023)

Article record

Article 66- Judicial powers. Criminal judges may also order that the documentation or evidentiary elements held by the institutions indicated in Articles 14, 15, 15 bis, and 15 ter of Law 7786, Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use, Related Activities, Money Laundering, and Financing of Terrorism, of April 30, 1998, be delivered to them when required for an investigation. The resolution agreeing to the foregoing must duly justify the necessity of the report or the contribution of the evidentiary element.

The grounds for the judicial resolution ordering the delivery of the information shall remain strictly reserved for the knowledge of the procedural parties, therefore, for banking entities and other obligated subjects, the order or writ of the competent authority ordering the delivery of the information shall suffice for them to proceed as provided in the resolution.

Excepted from the foregoing are suspicious transaction reports, which, in accordance with Article 25 of Law 7786, Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use, Related Activities, Money Laundering, and Financing of Terrorism, of April 30, 1998, are intended for investigations conducted by the Financial Intelligence Unit (Unidad de Inteligencia Financiera) of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas).

(Thus added by Article 13 of the law "Reforms to Anti-Corruption Laws to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)", No. 10373 of September 20, 2023)

Article record

Article 67- Safeguarding of information and immediate precautionary measures. Whenever an investigation into acts or illicit activities against the duties of the public function, as well as other illicit acts linked to corruption, is initiated by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) or the Financial Intelligence Unit (UIF) of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas), and the latter formally communicates it, when applicable, to the institutions indicated in Articles 14, 15, 15 bis, and 15 ter of Law 7786, Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use, Related Activities, Money Laundering, and Financing of Terrorism, of April 30, 1998, as well as to the National Registry, they must immediately freeze or immobilize financial products, money, assets, and movable or immovable property linked to said investigation that they hold on deposit, in custody, or registered, as applicable, and safeguard the confidentiality of the proceeding.

The implementation of this measure must be reported to the Financial Intelligence Unit (Unidad de Inteligencia Financiera) within a maximum period of twenty-four hours, so that it may communicate it to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), so that the latter, within a period of ten business days, may request, before the competent judge, the application of the precautionary measures of freezing or immobilization mentioned in this article, who shall have a period of five business days to issue a ruling.

Such actions shall not entail administrative, civil, criminal, or any other liabilities for the mentioned institutions, their officials, or for the officials of the Financial Intelligence Unit (Unidad de Inteligencia Financiera) who carry them out, as long as it is not proven that they acted with intent (dolo) or gross negligence (culpa grave), in accordance with the provisions of Article 271 of Law 7594, Code of Criminal Procedure, of April 10, 1996, and Article 199 of Law 6227, General Law of Public Administration, of May 5, 1978.

(Thus added by Article 13 of the law "Reforms to Anti-Corruption Laws to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)", No. 10373 of September 20, 2023)

Article record

Section III: Seizure (Decomiso)

Article 68- Seizure (Decomiso). All movable and immovable property, instruments, equipment, securities, property of equivalent value, money, digital representations of value or virtual assets, and other objects used in the commission of crimes against the duties of the public function, as well as other illicit acts linked to corruption, as well as the various property or values derived from such actions, shall be seized (decomisados) by the competent authority hearing the case; the same shall apply to shares, capital contributions, financial products, and the assets of legal entities linked to these acts.

Interested third parties in good faith, who meet the requirements of Article 94 of Law 7786, Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use, Related Activities, Money Laundering, and Financing of Terrorism, of April 30, 1998, shall have a period of one month, starting from the respective annotation in the case of property registered in the National Registry; for unregistrable or unregistered property, the one-month period shall run from the publication of the respective edict in the official gazette La Gaceta, to claim the seized property and objects, a period in which they must satisfy the legal requirements demanded for each case, without prejudice to the provisions of the preceding articles.

As of the seizure (decomiso), the property shall be fully exempt from the payment of all types of taxes, fees, rates, special contributions, charges, municipal services, stamps, all items and late-payment interest that make up excise taxes (derecho de circulación), and any other form of contribution. In the case of vehicles intended for circulation, only the mandatory vehicle insurance shall be paid without any charge for interest. In the case of immovable property under horizontal property regimes, the collection of administration, conservation, and operation expenses for common services and property, established in Law 7933, Law Regulating Condominium Property, of October 28, 1999, shall not be applicable.

(Thus added by Article 13 of the law "Reforms to Anti-Corruption Laws to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)", No. 10373 of September 20, 2023)

Article record

Article 69- Administration of property. If seizure (decomiso) is ordered, the Asset Recovery Unit (Unidad de Recuperación de Activos) of the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) shall take on, in judicial deposit, exclusively, the property it considers of economic interest, complying with the procedure described in Articles 84 and 84 bis of Law 7786, Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use, Related Activities, Money Laundering, and Financing of Terrorism, of April 30, 1998, insofar as applicable. In such cases, the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas) shall exclusively allocate these properties to the fulfillment of the purposes described in this law.

(Thus added by Article 13 of the law "Reforms to Anti-Corruption Laws to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)", No. 10373 of September 20, 2023)

Article record

Article 70- Destination of the seized money, the proceeds from the sale of seized property, and their interest. Except for what is seized in application of Law 8754, Law against Organized Crime, of July 22, 2009, the judicial authority shall deposit the seized money and the proceeds from the sale of seized property and their interest, in investigations for crimes against the duties of the public function, set forth in Title XV of Law 4573, Criminal Code, of May 4, 1970; Chapter V of Law 8422, Law against Corruption and Illicit Enrichment in the Public Function, of October 29, 2004; those established in Article 69 of Law 7786, Law on Narcotics, Psychotropic Substances, Drugs of Unauthorized Use, Related Activities, Money Laundering, and Financing of Terrorism, of April 30, 1998, specifically when they originate from a criminal activity related to corruption or actions that harm the duties of the public function or probity; as well as those established in Title I of Law 9699, Law on the Liability of Legal Persons for Domestic Bribery, Transnational Bribery, and Other Crimes, of June 10, 2019, in a special account of the Costa Rican Drug Institute (ICD), for the purpose of administration and transfer, which it shall order for that purpose in any bank of the National Banking System (Sistema Bancario Nacional) and, immediately, shall send a copy of the deposit made, even if the proceeding has been decreed as organized crime.

The Costa Rican Drug Institute (ICD) may invest those seized funds under any financial modality offered by state banks, which allows maximizing returns and minimizing risks.

From the interest generated by the invested money, the Institute must transfer:

a) Thirty percent (30%) to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), for investigation and combating corruption.

b) Thirty percent (30%) to the section specialized in corruption matters of the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial).

c) Fifteen percent (15%) to the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas), distributed as five percent (5%) for the Financial Intelligence Unit (Unidad de Inteligencia Financiera) and ten percent (10%) for the assurance and maintenance of property seized for corruption crimes.

d) Twenty-five percent (25%) to the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), Public Ethics Attorney's Office Area (Área Procuraduría de Ética Pública), for its program for Prevention, Detection, and Combatting of Corruption.

The resources shall be deposited in a separate special bank account in the name of the department authorized by the Costa Rican Drug Institute (Instituto Costarricense sobre Drogas), which shall be annually accounted for and settled separately so that they are transferred to the institutions mentioned above.

(Thus added by Article 13 of the law "Reforms to Anti-Corruption Laws to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)", No. 10373 of September 20, 2023)

Article record

Article 71-For any provision not contained in this chapter, the provisions of Law 7594, Code of Criminal Procedure, of April 10, 1996, and other concordant laws shall apply.

(Thus added by Article 13 of the law "Reforms to Anti-Corruption Laws to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)", No. 10373 of September 20, 2023)

Article record

CHAPTER VII

(Thus modified the numbering of the preceding chapter by Article 13 of the law "Reforms to Anti-Corruption Laws to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)", No. 10373 of September 20, 2023, which moved it from former Chapter VI to Chapter VII)

Final Provisions

Article 72.-Reform of the Organic Law of the Office of the Comptroller General of the Republic. Article 73 of the Organic Law of the Office of the Comptroller General of the Republic is amended, the text of which shall read:

 "Article 73-Cancellation of credentials. The commission of a serious offense by a council member (regidor) or district council member (síndico), principal or alternate, against the rules of the framework for oversight and control of the Public Treasury contemplated in this Law, and against any other rules relating to public funds; or incurring in any of the acts set forth in the Law against corruption and illicit enrichment in the public function, as generators of administrative liability, shall be cause for the cancellation of the respective credential. This shall apply when the offender has acted in the exercise of their office or on account of it. 

When the serious offense is committed by virtue of a municipal council agreement, the council members who, with their affirmative vote, have approved said agreement, shall incur the same cause for cancellation of their credentials.

Likewise, a final criminal conviction for crimes against property, against good faith in business, and against the duties of the public function, as well as those set forth in the Law against corruption and illicit enrichment in the public function, shall be cause for cancellation of the credential of a council member (regidor) or district council member (síndico), principal or alternate. The competent judicial authority shall, ex officio, make the respective communication to the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones)."

(Thus modified its numbering by Article 13 of the law "Reforms to Anti-Corruption Laws to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)", No. 10373 of September 20, 2023, which moved it from former Article 63 to 72)

Article record

Article 73.-Reforms of the Criminal Code. Articles 345, 354, and 356 of the Criminal Code are amended, the texts of which shall read:

 "Article 345.-Penalty for the corruptor. The penalties established in the five preceding articles shall be applicable to whoever gives or promises a public official a gift or undue advantage."

 "Article 354.-Embezzlement (Peculado). A public official who misappropriates (sustraiga) or diverts money or property whose administration, collection, or custody has been entrusted to them by reason of their office shall be punished with imprisonment of three to twelve years; likewise, a public official who uses, for their own benefit or that of third parties, work or services paid for by the Public Administration or property owned by it shall be punished with imprisonment of three months to two years.

This provision shall also be applicable to private individuals and to the managers, administrators, or legal representatives of private organizations, beneficiaries, subsidized entities, donees, or concession holders, regarding the public property, services, and funds that they exploit, hold in custody, administer, or possess by any title or management modality."

 "Article 356.-Misappropriation of funds (Malversación). A public official, private individuals, and the managers, administrators, or legal representatives of private legal entities, beneficiaries, subsidized entities, donees, or concession holders who give the public funds, property, services, or funds they administer, hold in custody, or exploit by any title or management modality an application different from that to which they are destined shall be punished with imprisonment of one to eight years. If damage or obstruction of the service results from this, the penalty shall be increased by one third."

(As thus renumbered by Article 13 of the law "Reforms to Laws on Anti-Corruption to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)," No. 10373 of September 20, 2023, which transferred it from former Article 64 to 73)

Article File

Article 74.—Amendments to the Public Procurement Law. Articles 22, 23, 24, and 25 of the Public Procurement Law, No. 7494, of May 2, 1995, are hereby amended; in addition, Articles 22 bis and 97 bis are added. The texts shall read:

"Article 22.—Scope of application. The prohibition on contracting with the Administration extends to participation in procurement procedures and to the execution phase of the respective contract.

There shall be a supervening prohibition when the respective cause arises after the procurement procedure has begun and before the award act. In such case, the offer affected by the prohibition may not be awarded; the offeror shall be released from all commitments to the Administration and the respective participation guarantee (garantía de participación) shall be returned.

When the prohibition supervenes on a contractor favored with a final award, the entity must ensure with special diligence that it is executed under the agreed conditions, without there being any treatment in its favor different from that given to other contractors under equal conditions.

The official subject to the respective prohibition must refrain from participating, opining, or influencing, in any way, the execution of the contract.

Failure to comply with this obligation shall be deemed a serious fault in the provision of the service.

There shall be direct participation of the official when, by the nature of his or her attributions, he or she has the legal authority to decide, deliberate, opine, advise, or participate in any other way in the selection and award process of offers, or in the subsequent oversight stage, in the execution of the contract.

Indirect participation shall exist when, through an intermediary person, whether natural or legal, the intent is to circumvent the scope of this prohibition. All types of evidence shall be admissible to demonstrate both forms of participation.

Article 22 bis.—Scope of the prohibition. In public procurement procedures promoted by institutions subject to this Law, the following persons are prohibited from participating as offerors, directly or indirectly:

a) The President and the Vice Presidents of the Republic, the Ministers and the Vice Ministers, the Deputies of the Legislative Assembly, the proprietary Magistrates of the Supreme Court of Justice and those of the Supreme Electoral Tribunal, the Comptroller General and the Deputy Comptroller General of the Republic, the Attorney General and the Deputy Attorney General of the Republic, the Ombudsperson and the Deputy Ombudsperson of the Inhabitants, the National Treasurer and the Deputy National Treasurer, as well as the National Procurement Officer and the Deputy National Procurement Officer. In cases of popularly elected positions, the prohibition shall take effect from the moment the Supreme Electoral Tribunal officially declares the election results.

b) With the very entity in which they serve, the members of the board of directors, the executive presidents, the managers and the deputy managers, both of decentralized institutions and of public enterprises, the proprietary councilors (regidores propietarios) and the municipal mayor (alcalde municipal).

c) The officials of the procurement offices (proveedurías) and of the legal advisory offices, with respect to the entity in which they provide their services.

d) Public officials with influence or decision-making power, at any stage of the public procurement procedure, including in its subsequent oversight, in the execution or construction stage.

Influence or decision-making power is understood to exist when the respective official, by the class of functions he or she performs or by the rank or hierarchy of the position he or she holds, can participate in decision-making or influence it in any way. This scenario encompasses those who must issue opinions (dictámenes) or technical reports, prepare or process any of the phases of the procurement procedure, or oversee the execution phase.

When there is doubt as to whether the position held is affected by influence or decision-making power, before participating in the public procurement procedure, the interested party shall consult the Office of the Comptroller General of the Republic and shall remit all evidence and information of the case, as provided in the Regulations of this Law.

e) Those who serve as advisors to any of the officials affected by the prohibition, whether internal or external, on a personal basis or without any form of remuneration, with respect to the entity for which said official provides his or her services.

f) Legal persons in whose share capital any of the officials mentioned in the preceding subparagraphs participates, or who hold directive or representative positions. In order for the sale or transfer of the respective equity interest (participación social) to release the respective firm from the restriction, it must have been made at least six months in advance of the appointment of the respective official and must have a fixed date by any of the means allowed by civil procedural legislation. Any sale or transfer subsequent to that date shall not release the legal person from the prohibition on contracting, for the duration of the appointment that originates it.

g) Non-profit legal persons, such as associations, foundations, and cooperatives, in which the persons subject to the prohibition appear as directors, founders, representatives, advisors, or in any other position with decision-making capacity.

h) The spouse, the companion (compañero) or companion (compañera) in a common-law union (unión de hecho), of the officials covered by the prohibition, as well as their relatives by consanguinity or affinity up to the third degree inclusive.

i) Legal persons in which the spouse, the companion, the companion, or the relatives indicated in the preceding subparagraph hold more than twenty-five percent (25%) of the share capital or hold some directive or representative position.

j) Natural or legal persons that have intervened as advisors at any stage of the procurement procedure, have participated in the preparation of the respective specifications, designs, and plans, or must participate in their subsequent oversight, in the execution or construction stage. This prohibition shall not apply in cases where the design and construction of the work are tendered jointly, nor to alternative variants with respect to the specifications or plans supplied by the Administration.

The persons and organizations subject to a prohibition shall maintain the impediment until six months have elapsed from the cessation of the reason that gave rise to it.

The following cases are exempted from the preceding prohibitions:

1. When it concerns a single provider (proveedor único).

2. When it concerns the ordinary activity of the entity.

3. When there is a manifest interest in collaborating with the Administration.

Article 23.—Lifting of the incompatibility. The prohibition expressed in subparagraphs h) and i) of the preceding article may be lifted in the following cases:

a) When it is demonstrated that the commercial activity carried out has been exercised for at least one year before the appointment of the official that gives rise to the prohibition.

b) In the case of directors or representatives of a legal person, when they demonstrate that they have held the respective position for at least one year before the appointment of the official that gives rise to the prohibition.

c) When at least six months have elapsed since the equity interest of the affected relative was assigned or transferred, or since he or she resigned from the representative position or office. Through the procedure to be indicated in regulations, the Office of the Comptroller General of the Republic shall agree to lift the incompatibility.

Article 24.—Prohibition of influence. Persons covered by the prohibition regime are prohibited from intervening, directly or indirectly, before the officials responsible for the stages of the contractor selection procedure, execution, or oversight of the contract, on their own behalf or on behalf of third parties.

Article 25.—Effects of non-compliance. Violation of the prohibition regime established in this chapter shall give rise to the absolute nullity of the award act or of the contract granted in favor of the prohibited person, and may bring upon the infringing party the sanctions provided for in this Law."

"Article 97 bis.—Exclusion of the offeror. If the faults referred to in Articles 96 ter and 97 occur while a procurement procedure is in progress, the offeror that through its participation has contributed to those infractions, directly or indirectly, shall be excluded from the competition or, as the case may be, the respective award shall be annulled, independently of whether there was favoritism."

(As thus renumbered by Article 13 of the law "Reforms to Laws on Anti-Corruption to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)," No. 10373 of September 20, 2023, which transferred it from former Article 65 to 74)

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Article 75.—Reform of the Municipal Code. Subparagraph d) of Article 18 of the Municipal Code is hereby amended, whose text shall read:

"Article 18.-

[...]

d) Incurring any of the grounds provided in Article 73 of the Organic Law of the Office of the Comptroller General of the Republic.

(As thus renumbered by Article 13 of the law "Reforms to Laws on Anti-Corruption to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)," No. 10373 of September 20, 2023, which transferred it from former Article 66 to 75)

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Article 76.—Addition to the Organic Law of the Central Bank.

Subparagraph e) is hereby added to Article 132 of the Organic Law of the Central Bank of Costa Rica, No. 7558, of November 3, 1995, whose text shall read:

"Article 132.-

[...]

e) The information required by the Office of the Comptroller General of the Republic in the exercise of its attributions".

[...]

(As thus renumbered by Article 13 of the law "Reforms to Laws on Anti-Corruption to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)," No. 10373 of September 20, 2023, which transferred it from former Article 67 to 76)

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Article 77.—Reforms to Law No. 3667. Articles 10 and 35 of the Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction, No. 3667, of March 12, 1966, and its reforms, are hereby amended. The texts shall read:

"Article 10.-

1. The following may seek the declaration of illegality and, as the case may be, the annulment of the acts and provisions of the Public Administration:

a) Those who have a legitimate and direct interest in it.

b) The entities, corporations, and institutions of public law, as well as all entities that hold the representation and defense of general or corporate interests, when the proceeding has as its object the direct challenge of provisions of a general nature of the central or decentralized Administration, that directly affect them, except as provided in the following subparagraph.

c) The Office of the Comptroller General of the Republic, when it concerns acts that cause serious harm to the Public Treasury (Hacienda Pública) and the Administration does not proceed to do so in accordance with the provisions of subparagraph 4) of this article.

2. Notwithstanding, provisions of a general nature that must be complied with directly by those administered, without the need for a prior act of individual requirement or subjection, may be challenged by the persons indicated in subparagraph a) of the preceding paragraph.

3. If, additionally, the recognition of an individualized legal situation and its reestablishment is sought, with or without patrimonial reparation, only the holder of a subjective right derived from the legal system that is considered infringed by the challenged act or provision may bring the action.

4. The Administration may act against its own act, final and creating some subjective right, when the superior organ of the administrative hierarchy that issued it has declared, in a reasoned resolution, that it is harmful to the public interests it represents. Likewise, when it concerns acts or contracts related to the Public Treasury and, despite having an opinion (dictamen) from the Office of the Comptroller General of the Republic recommending the declaration of nullity of these for being harmful to public finances, the competent Administration omits to make said declaration within a period of one month, the oversight body (órgano contralor) shall be empowered to take action against said act.

5. The following may not bring a contentious-administrative proceeding in relation to the acts and provisions of a public entity:

a) The organs of the entity in question.

b) Private individuals, when they act by delegation or as mere agents or mandataries of that entity."

"Article 35.-

1. When the Administration itself, author of some act declaratory of rights, intends to seek its annulment before the contentious-administrative jurisdiction, it must previously declare it harmful to public, economic, or other interests, within a period of four years counted from the date on which it was issued.

2. Acts issued by a ministerial department may not be declared harmful by a Minister of a different branch, but may be so declared by the Government Council, after prior consultation with the Attorney General's Office or the Office of the Comptroller General of the Republic, as applicable.

(As thus renumbered by Article 13 of the law "Reforms to Laws on Anti-Corruption to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)," No. 10373 of September 20, 2023, which transferred it from former Article 68 to 77)

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Article 78.—Derogation of subparagraph 4) of Article 346 of the Penal Code. Subparagraph 4) of Article 346 of the Penal Code is hereby derogated.

(As thus renumbered by Article 13 of the law "Reforms to Laws on Anti-Corruption to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)," No. 10373 of September 20, 2023, which transferred it from former Article 69 to 78)

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Article 79.—Derogation of Law No. 6872. The Law on the Illicit Enrichment of Public Servants, No. 6872, of June 17, 1983, is hereby derogated.

(As thus renumbered by Article 13 of the law "Reforms to Laws on Anti-Corruption to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)," No. 10373 of September 20, 2023, which transferred it from former Article 70 to 79)

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Article 80.—Regulation. The Executive Branch must regulate this Law within the six months following its entry into force. For the enactment and reform of the Regulations, the opinion of the Office of the Comptroller General of the Republic must be sought, the draft of which shall be sent to it in a timely manner so that it may formulate its observations. The lack of regulation shall not impede the application of this Law nor its mandatory observance, insofar as its provisions are sufficient by themselves for this purpose.

(As thus renumbered by Article 13 of the law "Reforms to Laws on Anti-Corruption to Address Recommendations of the Working Group on Bribery in International Business Transactions of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)," No. 10373 of September 20, 2023, which transferred it from former Article 71 to 80)

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Transitional Provision I.—Officials who, in accordance with this Law and its Regulations, are obliged to declare their asset situation (declarar su situación patrimonial), need not file a new initial declaration if they have already done so under the validity of the Law on the Illicit Enrichment of Public Servants; therefore, the declarations shall retain full effect and value. Notwithstanding, the annual declarations and any final declaration remaining to be delivered shall be governed by this Law and its Regulations.

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Transitional Provision II.—Persons who, under the validity of the Law on the Illicit Enrichment of Public Servants, were not obliged to declare their assets, but must do so by virtue of this Law and its Regulations, shall have a period of forty-five business days from the publication of the respective Regulations to fulfill this obligation.

Effective upon its publication.

Given at the Presidency of the Republic. —San José, on the sixth day of October, two thousand four.

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Date of generation: 6/3/2026 07:18:01

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