Decreto 34136 — Environmental Administrative Tribunal Procedure RegulationReglamento de Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo

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Reglamento de Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo

Nº 34136

 





EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA





Y EL MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA,





 





En uso de las facultades que confieren los artículos  140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución
Política y los artículos 27, 28 y 83 párrafo tercero de la Ley General de Administración Pública, en
relación con el Capítulo XXI de la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554, y





 





Considerando:





 





I.-Que la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554, en su artículo 103, crea el Tribunal Ambiental
Administrativo, como órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Energía.





II.-Que la Constitución Política en su numeral 50 establece "El Estado procurará el mayor bienestar
a todos los habitantes del país organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de
la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello
está legitimado para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del
daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las
responsabilidades y las sanciones correspondientes".





III.-Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos en su artículo 11 establece "Derecho a un medio ambiente sano. Toda persona tiene derecho a
vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados Partes
promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente".





IV.-Que la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano establece: "El hombre tiene el
derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un
medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la
solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y
futuras".





V.-Que en la Declaración de Río, literalmente se indica: "Principio 15.-Con el fin de proteger el
medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función
de los costos para impedir la degradación del medio ambiente".





VI.-Que el daño al ambiente constituye un delito de carácter social, económico, cultural y ético y
por lo tanto es necesario que el Ministerio del Ambiente y Energía cuente con un órgano
especializado y facultado para sancionar de manera efectiva aquellas actividades u omisiones que
atenten contra la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales. Por tanto,





 





DECRETAN:





 





Reglamento de Procedimientos del Tribunal





Ambiental Administrativo





 





SECCIÓN I





Disposiciones generales





 





Artículo 1º-Naturaleza jurídica y competencia. El Tribunal Ambiental Administrativo, es un órgano
del Ministerio del Ambiente y Energía con desconcentración máxima, con competencia exclusiva e
independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. Los principios que informan los
procedimientos de este Tribunal serán los de oralidad, informalidad, oficialidad, celeridad e
inmediación de la prueba. Sus fallos agotan la vía administrativa. Su sede estará en la ciudad de
San José.





El Tribunal tendrá competencia en todo el territorio nacional y resolverá las controversias
ambientales administrativas de conformidad con lo dispuesto en los incisos a), b), c) y d) del
artículo 111 de la Ley Orgánica del Ambiente.







 





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Artículo 2º-De su organización. El Tribunal Ambiental Administrativo está compuesto por tres jueces
propietarios y tres jueces suplentes.







 





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Artículo 3º-Requisitos de sus miembros. Para ser miembro del Tribunal se deberá cumplir con los
siguientes requisitos:





a) Licenciatura en Derecho con al menos 5 años de experiencia en el ejercicio de la profesión





(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43795 del 21 de
setiembre del 2022)





b) Amplia experiencia en la realización de labores profesionales relacionadas con el puesto, de esa
experiencia, dos años deben de ser en materia ambiental.





c) Amplia experiencia en supervisión de personal.





d) Incorporado al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.





(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43795 del 21 de
setiembre del 2022)





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Artículo 4º-Idoneidad, retribución, exclusividad de los miembros del Tribunal Ambiental
Administrativo. Los miembros propietarios del Tribunal Ambiental Administrativo, deberán trabajar a
tiempo completo y ser personas que, en razón de sus antecedentes, títulos profesionales y reconocida
competencia en la materia, sean garantía de imparcialidad y acierto en el desempeño de sus
funciones.





(El párrafo segundo original fue derogado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 36035 del 20
de mayo de 2010)


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Artículo 5º-Impedimentos, excusas y recusaciones. Son aplicables a los miembros del Tribunal
Ambiental Administrativo, las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial;
asimismo les serán aplicables las disposiciones establecidas en el artículo 102 de la Ley de
Administración Financiera de la República. En caso de existir motivo de excusa o recusación, los
miembros del Tribunal a quienes afecte el motivo, serán sustituidos por los suplentes.







 





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Artículo 6º-Sustitución de un juez por impedimento excusas o recusación. Cuando un miembro del
Tribunal deba separarse del conocimiento del asunto, con motivo de una recusación, impedimento o
excusa, se procederá según lo establecido en los artículos 230 y siguientes de la Ley General de la
Administración Pública.







 





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Artículo 7º-Integración del Tribunal Ambiental Administrativo. El Tribunal Ambiental Administrativo
estará integrado por tres miembros propietarios y tres suplentes, todos de nombramiento del Consejo
Nacional Ambiental, por un período de seis años. El resto del personal deberá ser nombrado por la
Dirección General de Servicio Civil mediante el procedimiento que dicha institución establezca al
efecto.







 





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Artículo 8º-Validez para sesionar. Para que el Tribunal sesione válidamente, se requerirá la
concurrencia de los tres miembros. Las deliberaciones del Tribunal serán privadas y la votación se
recibirá en forma nominal, tomándose las decisiones por mayoría simple. La redacción de los autos y
resoluciones finales, será por riguroso turno y dentro del término establecido al efecto por la Ley
General de la Administración Pública.







 





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Artículo 9º-Nombramiento del Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo. Anualmente este
Tribunal elegirá de su seno un presidente, un vicepresidente y un secretario.







 





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Artículo 10.-Resoluciones. Corresponderá a los jueces el dictado de las resoluciones de los
expedientes de manera unipersonal, hasta inclusive la apertura del procedimiento ordinario
administrativo y los recursos de revocatoria.





El dictado de resoluciones de informes e inspección corresponderán al abogado tramitador.





La realización de la audiencia y el dictado de resoluciones finales corresponderán al órgano
colegiado en pleno. Cuando en la resolución de un caso algún juez se aparta de la decisión de
mayoría, deberá salvar su voto razonando los motivos, y en todo caso, debe firmar conjuntamente con
los demás integrantes la resolución correspondiente. El voto salvado deberá constar como parte
integral de la resolución a continuación de la parte dispositiva.





 (Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43795 del 21 de setiembre del 2022)





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Artículo 10 bis.-Los expedientes que se encuentren en etapa de investigación preliminar o de nuevo
ingreso que corresponda a infracciones a la legislación ambiental, que no sean competencia del
Tribunal Ambiental Administrativo o no reúnan requisitos, serán trasladados mediante resolución
fundada cuando:





1. Las denuncias remitidas a través del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias
Ambientales (SITADA), que no cuenten con el respectivo informe de la entidad competente que
determine la existencia del supuesto daño ambiental ocasionado, serán devueltas a dicha dependencia
para el cumplimiento de dicho requisito. La mencionada devolución la realizará, utilizando el
SITADA, el usuario coordinador o usuario resolutor del Tribunal Ambiental Administrativo, registrado
en el sistema.





2. Cuando la denuncia sea referente a infracciones y/o permisos municipales esta será remitida a la
Municipalidad competente para su respectivo trámite. Igualmente, la denuncia será remitida a la
Municipalidad de la jurisdicción cuando se refiera a construcciones o actividades que no cuenten con
permisos municipales tales como movimiento de tierra, para su respectiva sanción, así como para el
proceso de regularización del caso, cuando correspondiere.





3. Cuando la denuncia corresponda a infracción de falta e incumplimiento de viabilidad ambiental y
cuente con expediente en trámite en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) esta será
remitida a dicha Secretaría para su respectivo trámite. Asimismo, será remitida a la SETENA cuando
el proyecto, obra o actividad disponga de viabilidad ambiental, y se denuncie un posible
incumplimiento de los compromisos ambientales, o de la normativa objeto de la competencia de la
SETENA.





4. Cuando las denuncias correspondan a infracciones leves y graves reguladas en la Ley para la
Gestión Integral de Residuos, estas serán remitidas a la Municipalidad de la jurisdicción
respectiva.





5. Cualquier denuncia que no corresponda a las competencias de este Tribunal serán ingresadas al
SITADA, por el usuario coordinador o usuario resolutor del Tribunal Ambiental Administrativo, para
su correspondiente trámite.





Se exceptúan de la aplicación del presente artículo los expedientes que cuenten con la apertura del
procedimiento ordinario administrativo y se encuentren en etapa de dictado del Acto final, los
cuales serán tramitados por este Tribunal hasta su finalización.





(Así adicionado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 43795 del 21 de setiembre del 2022)





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Artículo 11.-Principios jurídicos. El Tribunal Ambiental Administrativo llevará a cabo el
procedimiento ordinario administrativo establecido en la Ley General de la Administración Pública y
sujeto a los principios de oralidad, oficialidad, celeridad e inmediación de la prueba e
informalidad y, en virtud del impulso procesal de oficio, el Tribunal está facultado para conducir
su tramitación sin necesidad de gestión de parte.







 





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Artículo 12.-Nulidades. Cuando sea del caso, el Tribunal podrá, de oficio o a solicitud de parte,
declarar nulidades y disponer la reposición de trámites, a fin de corregir irregularidades que
pudieren afectar la validez del procedimiento ordinario administrativo, se podrá aplicar por
analogía, las normas del Código Procesal Civil, Código Procesal Penal y el Código Agrario, con el
objeto de proveer la debida celeridad y eficacia del proceso.







 





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Artículo 13.-Corrección de errores materiales. El Tribunal Ambiental Administrativo podrá corregir
con fundamento en el artículo 157 de la Ley General de Administración Pública, en cualquier tiempo,
los errores puramente materiales que contuvieren sus resoluciones, mediante auto que dictará de
oficio o a solicitud de parte y que será declarado firme.







 





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SECCIÓN II





Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo





 





Artículo 14.-Contenido de la denuncia. En los procedimientos que lleve a cabo el Tribunal, las
tramitaciones se efectuarán en papel común; la denuncia deberá ajustarse a lo señalado en el
artículo 107 de la Ley Orgánica del Ambiente y cumplir con los requisitos establecidos el artículo
285 de la Ley General de la Administración Pública.







 





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Artículo 15.-Denuncia oral. No obstante de lo indicado en el artículo anterior, las partes podrán
formular sus denuncias en forma oral, mediante comparecencia al Despacho, sin embargo de conformidad
con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Ambiente deberán ratificar lo
argumentado durante los siguientes ocho días naturales.







 





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Artículo 16.-Documentos presentados ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Tendrán la validez y
eficacia de un documento físico original, las copias de documentos, siempre que cumplan con los
procedimientos establecidos para garantizar su autenticidad, integridad y seguridad. Las
alteraciones que afecten la autenticidad o integridad de dichos documentos los harán perder el valor
jurídico que se les otorga en el párrafo anterior.







 





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Artículo 17.-Denuncia tramitada o documento recibido por fax. Las partes también podrán utilizar
este medio para presentar sus denuncias, solicitudes y recursos, siempre que remitan el documento
original dentro de los tres días hábiles siguientes, en cuyo caso la presentación de la denuncia,
petición o recurso se tendrá como realizada en el momento de recibida la primera comunicación.







 





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Artículo 18.-Actuación del Tribunal. El Tribunal podrá actuar en días y horas inhábiles cuando la
dilación pueda causar perjuicio grave a los interesados o al medio ambiente, entorpecer el
procedimiento o hacer ilusorio el efecto de la resolución administrativa.







 





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Artículo 19.-Medidas cautelares. Cuando la gravedad de los hechos denunciados implique la
eventualidad de que se comentan daños ambientales de difícil o imposible reparación, el Tribunal
Ambiental Administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica del
Ambiente y los artículos 11, 45 y 54 de la Ley de Biodiversidad, podrá dictar medidas cautelares,
para impedir la eventual comisión del daño o que las acciones dañinas continúen. Las medidas
precautorias son:





 





a) Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que originan
la denuncia.





 





b) Suspender temporalmente, en forma total o parcial, el o los actos administrativos que provocan la
denuncia.





 





c) Clausurar temporalmente, en forma total o parcial, las actividades que provocan la denuncia.





 





d) Así como cualquier otras medidas que a criterio de este Tribunal estime pertinente a fin de
evitar un daño de difícil o imposible reparación.







 





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Artículo 20.-Comunicación de la denuncia. El Tribunal Ambiental Administrativo determinará, una vez
analizada y valorada la denuncia, si procede o no comunicar al denunciado de que existe un reclamo.







 





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Artículo 21.-Acceso al expediente administrativo. Las partes y sus representantes y cualquier
abogado tendrán derecho en cualquier fase del procedimiento a examinar, leer y fotocopiar cualquier
pieza del expediente, así como solicitar certificación de la misma, con las salvedades que indica el
artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública.







 





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Artículo 22.-Solicitud de informes. Con la finalidad de determinar la verdad real de los hechos, el
Tribunal Ambiental Administrativo se encuentra facultado para ordenar a los distintos órganos de la
Administración Pública la remisión de informes técnicos o administrativos que requiera, en los
plazos señalados por el artículo 262 de la Ley General de Administración Pública.







 





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Artículo 23.-Inspección ocular "in situ". Cuando el Tribunal lo estime oportuno, podrá realizar las
inspecciones oculares o periciales que considere necesarias. Además tendrá la potestad de determinar
si procede o no citar a las partes a dicha diligencia.







 





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Artículo 24.-Apertura del Procedimiento Ordinario Administrativo. Una vez concluida la etapa de
investigación se dictará la apertura del procedimiento ordinario administrativo citando a las partes
con quince días hábiles de anticipación a una audiencia oral, de conformidad con las prescripciones
establecidas en los artículos 308 y siguientes de la Ley General de Administración Pública.







 





(Así reformado este artículo de acuerdo con la anulación parcial ordenada por resolución de la Sala
Constitucional N° 5593 del 02 de mayo de 2012; misma que interpretó que la audiencia aquí mencionada
"es pública, salvo resolución razonada que establezca lo contrario.")





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Artículo 25.-Defensas previas y excepciones. Una vez presentada una defensa previa o alguna
excepción el Tribunal Ambiental Administrativo deberá resolver previamente, mediante resolución
fundada las incidencias interpuestas.







 





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Artículo 26.-Evacuación de la prueba. El día de la audiencia, las pruebas serán evacuadas conforme
el orden que determine el Presidente del Tribunal, correspondiendo a este, el otorgamiento de la
palabra a las partes y la dirección en general del proceso de la audiencia, conforme las
prescripciones establecidas en la Ley General de Administración Pública.





Con respecto a la prueba documental deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 295 de la Ley
General de la Administración Pública y en los artículos 378 y 575 siguientes y concordantes del
Código Procesal Civil, y demás normativa aplicable. Tratándose de la prueba testimonial se seguirá
el procedimiento indicado en el artículo 316 siguientes y concordantes del Código Procesal Civil y
demás normativa aplicable.







 





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Artículo 27.-Dictado de la resolución final. Una vez que finalice la audiencia y recabadas las
probanzas necesarias o declaradas inevacuables las que se consideren como tal, en un plazo máximo de
30 días se dictará la resolución final del procedimiento, los cuales podrán ser aumentados en
treinta días más de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del
Ambiente, para lo cual podrá aplicar alguna de las sanciones administrativas establecidas en el
artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente o Leyes Tutelares del Ambiente y los Recursos Naturales.







 





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Artículo 28.-Notificaciones. Las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo se notificarán
en los términos indicados en los artículos 239 siguientes y concordantes de la Ley General de
Administración Pública y supletoriamente de conformidad con la Ley de Notificaciones, Citaciones y
otras Comunicaciones Judiciales.







 





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Artículo 29.-Recursos contra la resolución final. Contra la resolución final podrá interponerse
únicamente el recurso ordinario de revocatoria en el plazo de tres días de conformidad con lo
establecido en el artículo 345 de la Ley General de la Administración Pública y 111 de la Ley
Orgánica del Ambiente. Así como el recurso de revisión de conformidad con lo establecido en la Ley
General de la Administración Pública.







 





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Artículo 30.-Aclaración y adición. Cuando la resolución final fuere omisa u oscura en su parte
dispositiva, podrá ser adicionada o aclarada de oficio antes de que se notifique la resolución
correspondiente o a instancia de parte presentada dentro del plazo de tres días.







 





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Artículo 30 bis.-Otros medios de terminación del proceso. Además del Procedimiento indicado en el
artículo 108 de la Ley Orgánica del Ambiente N°7554, y en este Reglamento, las partes en cualquier
momento del procedimiento, sea desde el momento de la presentación de la denuncia hasta antes de la
resolución final, podrán someter las controversias a conciliación de conformidad con lo establecido
en la Ley N° 7727 de Resolución Alterna de Conflictos y Resolución de la Paz Social RAC, para que el
Tribunal Ambiental Administrativo analice la procedencia de la respectiva Homologación.





En aquellos casos en que las denuncias sean presentadas por persona anónima, persona desconocida o
de manera oficiosa en estos se podrá llevar a cabo la conciliación con la entidad competente.





Además, la parte denunciada podrá allanarse total o parcialmente a lo indicado en la denuncia, por
escrito o durante la audiencia, caso en el cual el Tribunal Ambiental procederá sin más trámite a
dictar el Acto Final en los términos establecidos en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente
N° 7554.





(Así adicionado por el artículo 3° del decreto ejecutivo N° 43795 del 21 de setiembre del 2022)





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Artículo 31-Derogaciones. Deróguese el Decreto  Ejecutivo Nº 25084-MINAE del 15 de marzo de 1996,
publicado en La Gaceta Nº 80 del 26 de abril de 1996.







 





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Artículo 32.-Rige a partir de su publicación.





 





Dado en la ciudad de San José, a los veinte días del mes de junio del dos mil siete.





 





 





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Fecha de generación: 9/3/2026 20:39:45

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Regulation of Procedure of the Administrative Environmental Tribunal

No. 34136






THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC





AND THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY,










In use of the powers conferred by articles 140, subsections 3) and 18), and 146 of the Political
Constitution and articles 27, 28, and 83, third paragraph, of the General Law of Public
Administration, in relation to Chapter XXI of the Organic Law of the Environment No. 7554, and








Considering:








I.—That the Organic Law of the Environment No. 7554, in its article 103, creates the Administrative
Environmental Tribunal, as a deconcentrated body of the Ministry of Environment and Energy.





II.—That the Political Constitution in its numeral 50 establishes: "The State shall procure the
greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the
most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced
environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim
repair of the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall
determine the corresponding responsibilities and sanctions."





III.—That the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of
Economic, Social and Cultural Rights in its article 11 establishes: "Right to a healthy
environment. Every person has the right to live in a healthy environment and to have access to basic
public services. The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the
environment."





IV.—That the Stockholm Declaration on the Human Environment establishes: "Man has the
fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality
that permits a life of dignity and well-being, and he bears a
solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future
generations."





V.—That in the Rio Declaration, it is literally stated: "Principle 15.—In order to protect the
environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their
capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific
certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent
environmental degradation."





VI.—That damage to the environment constitutes a crime of a social, economic, cultural, and ethical
nature, and therefore it is necessary that the Ministry of Environment and Energy have a specialized
body empowered to effectively sanction those activities or omissions that
threaten the legislation protecting the environment and natural resources. Therefore,








THEY DECREE:








Regulation of Procedures of the Administrative





Environmental Tribunal








SECTION I





General Provisions








Article 1.—Legal Nature and Competence. The Administrative Environmental Tribunal is a body
of the Ministry of Environment and Energy with maximum deconcentration, with exclusive competence and
functional independence in the performance of its duties. The principles governing the
procedures of this Tribunal shall be those of orality, informality, officiality, celerity, and
immediacy of evidence. Its rulings (fallos) exhaust administrative remedies. Its seat shall be in the city of
San José.





The Tribunal shall have competence over the entire national territory and shall resolve administrative
environmental disputes in accordance with the provisions of subsections a), b), c), and d) of
article 111 of the Organic Law of the Environment.










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Article 2.—Its Organization. The Administrative Environmental Tribunal is composed of three regular
judges (jueces propietarios) and three substitute judges (jueces suplentes).










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Article 3.—Requirements of its Members. To be a member of the Tribunal, the following
requirements must be met:





a) Licentiate Degree in Law with at least 5 years of experience in the practice of the profession.





(Thus amended the preceding subsection by article 1 of Executive Decree No. 43795 of September 21,
2022)





b) Extensive experience in performing professional duties related to the position; of that
experience, two years must be in environmental matters.





c) Extensive experience in supervising personnel.





d) Incorporated into the Costa Rican Bar Association (Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica).





(Thus amended the preceding subsection by article 1 of Executive Decree No. 43795 of September 21,
2022)





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Article 4.—Suitability (Idoneidad), Remuneration, Exclusivity of the Members of the Administrative Environmental
Tribunal. The regular members (propietarios) of the Administrative Environmental Tribunal must work
full time and be persons who, by reason of their background, professional titles, and recognized
competence in the matter, guarantee impartiality and sound judgment in the performance of their
functions.





(The original second paragraph was repealed by article 1 of Executive Decree No. 36035 of May 20,
2010)


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Article 5.—Disqualifications, Excuses, and Recusals. The provisions established in the Organic Law of the Judicial Branch are applicable
to the members of the Administrative Environmental Tribunal; likewise, the provisions established
in article 102 of the Law of Financial Administration of the Republic are applicable to them. In the event
of grounds for excuse (excusa) or recusal (recusación), the
members of the Tribunal affected by the grounds shall be replaced by the substitutes.










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Article 6.—Substitution of a Judge due to Disqualification, Excuses, or Recusal. When a member of the
Tribunal must withdraw from hearing a matter, due to a recusal (recusación), disqualification, or
excuse (excusa), the procedure shall be in accordance with the provisions of articles 230 and following
of the General Law of Public Administration.










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Article 7.—Integration of the Administrative Environmental Tribunal. The Administrative Environmental Tribunal
shall be composed of three regular members and three substitutes, all appointed by the National
Environmental Council, for a period of six years. The rest of the staff must be appointed by the
General Directorate of Civil Service through the procedure that said institution establishes for that
purpose.










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Article 8.—Validity for Session. For the Tribunal to validly convene, the
concurrence of the three members is required. The deliberations of the Tribunal shall be private and the voting
shall be taken by roll call, with decisions made by a simple majority. The drafting of orders (autos) and
final resolutions (resoluciones finales) shall be by strict turn and within the term established for that purpose by the General
Law of Public Administration.










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Article 9.—Appointment of the President of the Administrative Environmental Tribunal. Annually, this
Tribunal shall elect from among its members a president, a vice-president, and a secretary.










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Article 10.—Resolutions. It shall be the responsibility of the judges to issue resolutions for the
files (expedientes) individually, up to and including the opening of the ordinary administrative
procedure and appeals for reversal (recursos de revocatoria).





The issuance of resolutions regarding reports and inspection shall be the responsibility of the processing attorney (abogado tramitador).





The holding of the hearing (audiencia) and the issuance of final resolutions (resoluciones finales) shall be the responsibility of the
collegiate body in plenary session. When, in the resolution of a case, a judge departs from the majority
decision, they must issue a dissenting opinion (salvar su voto), stating the reasons, and in any case, must sign jointly with
the other members the corresponding resolution. The dissenting opinion (voto salvado) must be recorded as an integral
part of the resolution following the operative part (parte dispositiva).





 (Thus amended by article 1 of Executive Decree No. 43795 of September 21, 2022)





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Article 10 bis.—Files (expedientes) that are in the preliminary investigation stage or newly filed, which correspond to infractions of
environmental legislation, that are not within the competence of the
Administrative Environmental Tribunal or do not meet requirements, shall be transferred by reasoned
resolution (resolución fundada) when:





1. Complaints (denuncias) sent through the Integrated System for Processing and Attention of Environmental
Complaints (SITADA), that do not have the respective report from the competent entity
determining the existence of the alleged environmental damage caused, shall be returned to that unit
for compliance with said requirement. The mentioned return shall be carried out, using the
SITADA, by the coordinating user or resolving user of the Administrative Environmental Tribunal, registered
in the system.





2. When the complaint (denuncia) refers to infractions and/or municipal permits, it shall be forwarded to the
competent Municipality for its respective processing. Likewise, the complaint shall be forwarded to the
Municipality of the jurisdiction when it refers to constructions or activities that do not have
municipal permits such as earthworks (movimiento de tierra), for its respective sanction, as well as for the
process of regularization of the case, when applicable.





3. When the complaint corresponds to an infraction of a violation of and non-compliance with environmental
feasibility (viabilidad ambiental) and has a file being processed at the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), it shall be
forwarded to said Secretariat for its respective processing. Likewise, it shall be forwarded to SETENA when
the project, work, or activity has environmental feasibility (viabilidad ambiental), and a possible
non-compliance with environmental commitments, or with the regulations subject to the competence of
SETENA, is reported.





4. When complaints correspond to minor and serious infractions regulated in the Law for
Integrated Waste Management, they shall be forwarded to the Municipality of the respective
jurisdiction.





5. Any complaint that does not correspond to the competencies of this Tribunal shall be entered into the
SITADA, by the coordinating user or resolving user of the Administrative Environmental Tribunal, for
its corresponding processing.





Excepted from the application of this article are files (expedientes) that have the opening of the
ordinary administrative procedure and are in the stage of issuing the final Act (Acto final), which
shall be processed by this Tribunal until their completion.





(Thus added by article 2 of Executive Decree No. 43795 of September 21, 2022)





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Article 11.—Legal Principles. The Administrative Environmental Tribunal shall carry out the
ordinary administrative procedure established in the General Law of Public Administration and
subject to the principles of orality, officiality, celerity, and immediacy of evidence and
informality, and, by virtue of ex officio procedural impulse, the Tribunal is empowered to conduct
its processing without the need for party action.










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Article 12.—Nullities. When applicable, the Tribunal may, ex officio or at the request of a party,
declare nullities (nulidades) and order the restitution of proceedings, in order to correct irregularities that
could affect the validity of the ordinary administrative procedure; the rules of the Civil
Procedural Code, Criminal Procedural Code, and the Agrarian Code may be applied by
analogy, in order to provide due celerity and effectiveness to the process.










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Article 13.—Correction of Material Errors. The Administrative Environmental Tribunal may correct,
based on article 157 of the General Law of Public Administration, at any time,
the purely material errors that its resolutions contain, by means of an order (auto) that it shall issue
ex officio or at the request of a party, and which shall be declared firm.










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SECTION II





Procedure of the Administrative Environmental Tribunal








Article 14.—Content of the Complaint (Denuncia). In the procedures carried out by the Tribunal, the
processing shall be done on plain paper; the complaint (denuncia) must conform to the provisions of
article 107 of the Organic Law of the Environment and meet the requirements established in
article 285 of the General Law of Public Administration.










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Article 15.—Oral Complaint. Notwithstanding the foregoing article, the parties may
file their complaints orally, by appearing before the Office; however, in accordance
with the provisions of article 112 of the Organic Law of the Environment, they must ratify what was
argued within the following eight calendar days.










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Article 16.—Documents Presented Before the Administrative Environmental Tribunal. Copies of documents shall have the validity and
effectiveness of an original physical document, provided they comply with the
procedures established to guarantee their authenticity, integrity, and security. The
alterations that affect the authenticity or integrity of said documents shall cause them to lose the legal
value granted to them in the preceding paragraph.










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Article 17.—Complaint Processed or Document Received by Fax. Parties may also use
this means to present their complaints, requests, and appeals (recursos), provided they send the
original document within the following three business days, in which case the filing of the complaint,
petition, or appeal (recurso) shall be considered as made at the time of receipt of the first
communication.










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Article 18.—Actions of the Tribunal. The Tribunal may act on non-business days and hours when
delay could cause serious harm to the interested parties or to the environment, hinder the
procedure, or render the effect of the administrative resolution illusory.










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Article 19.—Precautionary Measures (Medidas cautelares). When the seriousness of the reported facts implies the
eventuality of environmental damage that is difficult or impossible to repair being caused, the Tribunal
Ambiental Administrativo, in accordance with the provisions of article 99 of the Organic Law of the
Environment and articles 11, 45, and 54 of the Biodiversity Law, may issue precautionary measures (medidas cautelares),
to prevent the eventual commission of damage or to stop harmful actions from continuing. The
precautionary measures are:










a) Restrictions, partial or total, or an order for the immediate halt of the acts that give rise to
the complaint (denuncia).










b) Temporarily suspend, totally or partially, the administrative act or acts that provoke the
complaint.










c) Temporarily close, totally or partially, the activities that provoke the complaint.










d) As well as any other measures that, in the judgment of this Tribunal, it deems pertinent in order to
avoid damage that is difficult or impossible to repair.










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Article 20.—Notification of the Complaint. The Administrative Environmental Tribunal shall determine, once
the complaint (denuncia) has been analyzed and assessed, whether or not to notify the respondent (denunciado) that there is a claim.










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Article 21.—Access to the Administrative File. The parties and their representatives and any
attorney shall have the right at any stage of the procedure to examine, read, and photocopy any
piece of the file (expediente), as well as to request certification thereof, with the exceptions indicated in
article 273 of the General Law of Public Administration.










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Article 22.—Request for Reports. For the purpose of determining the material truth of the facts, the
Administrative Environmental Tribunal is empowered to order the various bodies of the
Public Administration to submit technical or administrative reports that it requires, within the
time limits set forth in article 262 of the General Law of Public Administration.










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Article 23.—On-site Visual Inspection ("in situ"). When the Tribunal deems it opportune, it may carry out the visual or expert inspections (inspecciones oculares o periciales) it deems necessary. It shall also have the power to determine
whether or not to summon the parties to said proceeding (diligencia).










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Article 24.—Opening of the Ordinary Administrative Procedure. Once the stage of
investigation is concluded, the opening of the ordinary administrative procedure shall be ordered, summoning the parties
with fifteen business days' notice to an oral hearing (audiencia oral), in accordance with the provisions
established in articles 308 and following of the General Law of Public Administration.










(Thus amended this article in accordance with the partial annulment ordered by resolution of the Constitutional
Chamber No. 5593 of May 2, 2012; which interpreted that the hearing (audiencia) mentioned here
"is public, unless a reasoned resolution establishes otherwise.")





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Article 25.—Prior Defenses and Exceptions. Once a prior defense or an
exception has been filed, the Administrative Environmental Tribunal must first resolve, by means of a reasoned
resolution (resolución fundada), the incidents (incidencias) raised.










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Article 26.—Presentation of Evidence. On the day of the hearing (audiencia), the evidence shall be presented according to
the order determined by the President of the Tribunal, who is responsible for granting
the floor to the parties and for the general direction of the hearing process, in accordance with the
provisions established in the General Law of Public Administration.





With respect to documentary evidence, the provisions of article 295 of the
General Law of Public Administration and articles 378 and 575 and following and concordant of the
Civil Procedural Code, and other applicable regulations, shall apply. In the case of testimonial evidence,
the procedure indicated in article 316 and following and concordant of the Civil Procedural Code and
other applicable regulations shall be followed.










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Article 27.—Issuance of the Final Resolution. Once the hearing (audiencia) ends and the necessary
evidence is gathered, or those considered as unproduceable are declared so, a
maximum period of 30 days shall elapse for the issuance of the final resolution of the procedure, which may be extended by an
additional thirty days in accordance with the provisions of article 110 of the Organic Law of the
Environment, for which purpose it may apply any of the administrative sanctions established in
article 99 of the Organic Law of the Environment or Protective Laws of the Environment and Natural Resources.










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Article 28.—Notifications. The resolutions of the Administrative Environmental Tribunal shall be notified
in the terms indicated in articles 239 and following and concordant of the General Law of
Public Administration and, supplementarily, in accordance with the Law of Notifications, Summons, and
other Judicial Communications.










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Article 29.—Appeals (Recursos) against the Final Resolution. Against the final resolution, only
the ordinary appeal for reversal (recurso ordinario de revocatoria) may be filed within a period of three days in accordance with
the provisions of article 345 of the General Law of Public Administration and 111 of the Law
Organic Law of the Environment. As well as the appeal for review (recurso de revisión) in accordance with the provisions of the General
Law of Public Administration.










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Article 30.—Clarification and Addition. When the final resolution is incomplete or unclear in its
operative part (parte dispositiva), it may be added to or clarified ex officio before the corresponding
resolution is notified, or at the instance of a party presented within the period of three days.










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Article 30 bis.—Other Means of Terminating the Process. In addition to the Procedure indicated in
article 108 of the Organic Law of the Environment No. 7554, and in this Regulation, the parties at any
time during the procedure, that is, from the moment of the filing of the complaint (denuncia) until before the
final resolution, may submit the disputes to conciliation in accordance with the provisions
of Law No. 7727 on Alternative Dispute Resolution and Promotion of Social Peace (Resolución Alterna de Conflictos y Resolución de la Paz Social RAC), so that the
Administrative Environmental Tribunal can analyze the appropriateness of the respective Homologation (Homologación).





In those cases in which complaints are filed by an anonymous person, an unknown person, or
ex officio, conciliation may be carried out with the competent entity.





Furthermore, the respondent (denunciado) may acquiesce (allanarse), totally or partially, to what is indicated in the complaint, in
writing or during the hearing (audiencia), in which case the Environmental Tribunal shall proceed without further
procedure to issue the Final Act (Acto Final) under the terms established in article 99 of the Organic Law of the Environment
No. 7554.





(Thus added by article 3 of Executive Decree No. 43795 of September 21, 2022)





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Article 31.—Repeals. Repeals Executive Decree No. 25084-MINAE of March 15, 1996,
published in La Gaceta No. 80 of April 26, 1996.










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Article 32.—Effective upon its publication.










Done in the city of San José, on the twentieth day of the month of June of two thousand seven.










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Generation date: 9/3/2026 20:39:45

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