Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Artículo 1º-En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3º inciso m), 19 inciso b), 33 inciso b) y 34 de la Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996, se declara de Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios y las obras del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José…
Artículo 7º-Se exceptúa al AyA de:
a) las disposiciones contenidas en el artículo 89 del Decreto Ejecutivo Nº 25721 del 17 de octubre de 1996, en relación con los requisitos para demostrar la titularidad de la propiedad de los inmuebles en los que se desarrollará el Proyecto.
b) lo regulado por el Decreto Ejecutivo Nº 25700 del 15 de noviembre de 1996, sobre la veda establecida para la corta y aprovechamiento de las especies referidas…
Artículo 8º-Rige a partir de su publicación.
English (translation)Article 1 — In compliance with the provisions of Articles 3(m), 19(b), 33(b) and 34 of Forestry Law No. 7575 of February 13, 1996, the studies and works of the San José Metropolitan Area Environmental Improvement Project are declared of National Convenience and Public Interest…
Article 7 — AyA is exempt from: a) the provisions contained in Article 89 of Executive Decree No. 25721 of October 17, 1996, regarding the requirements to prove ownership of the properties on which the Project will be developed. b) the regulations of Executive Decree No. 25700 of November 15, 1996, on the ban established for the cutting and use of the referred species…
Article 8 — Effective upon publication.
Declaration of national convenience
en la totalidad del texto
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Texto Completo Norma 36529
Declara de Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios y las obras
del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José a desarrollar por el
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Texto Completo acta: DB017
Nº 36529-MINAET
LA PRESIDENTA DE LA
REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE
AMBIENTE, ENERGÍA
Y TELECOMUNICACIONES
En el ejercicio de las facultades que les confiere el
artículo 140 incisos 8) y 20) de la Constitución Política, los artículos 3
inciso m), 19 inciso b), 33 inciso b) y 34 de la Ley Forestal, Nº 7575 del 13
de febrero de 1996.
Considerando:
I.-Que el Río Tárcoles y sus tributarios principales
(Virilla, Tiribí, María Aguilar, Torres, entre otros), al drenar la Gran Área
Metropolitana del Valle Central del país, con una población cercana a los 2
millones de habitantes, concentrados en un territorio del 4% del total de la
superficie continental del país, es uno de los ríos más contaminados, no solo
de Costa Rica, sino de Centroamérica, debido que un porcentaje muy alto de las
aguas residuales que se producen no son tratadas y pasan directamente a dichos
cuerpos de agua para finalmente desembocar en el sistema estuarino del Golfo de
Nicoya.
II.-Que según los estudios técnicos realizados en años recientes en el Golfo de Nicoya, el río
Grande de Tárcoles (Estudio de modelación de la calidad del agua del Río Grande de Tárcoles y del
Golfo de Nicoya y análisis fisicoquímicos en la desembocadura del Río Grande de Tárcoles y el Golfo
de Nicoya) entre otros, lograron determinar que la carga de fósforo y nitrógeno es de un 70% al 75%.
Por su parte, el ingreso de materia orgánica degradable biológicamente alcanza magnitudes de 20,000
toneladas por año, mientras que la materia químicamente degradable alcanza valores de unas 270,000
toneladas por año. En este caso, el Tárcoles contribuye con un 80% de la demanda biológica de
oxígeno (DBO) y un 75% de la demanda química de oxígeno (DQO) En el caso de los sólidos totales,
ajustando a los 365 días del año, son del orden de 650,000 toneladas por año, contribuyendo el Río
Tárcoles con un 75% del total. Metales pesados como cobre, níquel, plomo, cinc y cromo ingresan en
magnitudes desde decenas hasta centenas de toneladas por año, y en todos los casos, el Río Tárcoles
contribuye con un alto porcentaje de lo depositado en el Golfo de Nicoya.
III.-Que el aporte de
sustancias altamente contaminantes a las aguas del Río Tárcoles y sus
tributarios y finalmente al Golfo de Nicoya, representan una seria amenaza a
los ecosistemas fluviales y marinos, y también a la salud de las poblaciones
ribereñas, así como de los pescadores y personas que utilizan con diversos
fines, incluso recreativos, las aguas del Río Tárcoles y del Golfo de Nicoya,
razón por lo cual, la captación y el tratamiento de las aguas residuales que se
producen en el Gran Área Metropolitana representa una actividad del mayor
interés y prioridad para el Estado.
IV.-Que los estudios
técnicos e hidrogeológicos realizados para la Gran Área Metropolitana muestran
que en el subsuelo de esta zona del Valle Central, se presentan varios
acuíferos de gran valor estratégico dado que representan valiosísimas fuentes
de agua para el consumo humano que son captadas tanto por pozos como por sus
manantiales, y que dado a que son vulnerables a la contaminación por aguas
residuales que se infiltren desde la superficie, incluyendo el cauce mismo del
río cuando éste tiene un comportamiento influente, o por medio de tanques
sépticos, se hace indispensable que esa carga contaminante sea controlada y
tratada por un medio apropiado como lo representa un sistema de alcantarillado
sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales.
V.-Que la captación
de las aguas residuales de la Gran Área Metropolitana (GAM) por medio de un
alcantarillado sanitario y su depuración mediante una Planta de Tratamiento,
reduciría notablemente la contaminación del Río Tárcoles y su sistema de
tributarios, lo cual representaría un gran avance en la recuperación de sus
ecosistemas fluviales y ribereños que operarían como corredores biológicos
metropolitanos de gran valor ecológico y de uso humano como áreas verdes
protegidas de esparcimiento y ecoturismo, con lo que mejoraría la calidad de
vida de los pobladores de la GAM.
VI.-Que mediante el
Decreto Ejecutivo Nº 32133-S del 19 de noviembre de 2004, se declaró de
"interés público y necesidad social" la recolección, el tratamiento y la
disposición final de las aguas residuales de tipo ordinario generadas en los
centros urbanos.
VII.-Que debido a que
el proyecto contempla la ampliación y mejora de obras ya existentes o bien, la
construcción de obras nuevas que se localizan dentro de las áreas de protección
de ríos o quebradas o bien áreas de aptitud forestal, en las que sería
necesario generar impactos ambientales, que representarán los mínimos posibles,
es requerido de un marco jurídico y técnico para que dichas actividades puedan
ser llevadas a cabo.
VIII.-Que en la fase
constructiva del proyecto se requiere de la corta focalizada de especies
arbóreas, algunas de ellas declaradas en veda.
IX.-Que los artículos 19 inciso b), 33 inciso b) y 34 de la Ley Forestal Nº 7575 prohíben el cambio
de uso de suelo y la corta de árboles en terrenos cubiertos de bosque y en áreas de protección,
exceptuando aquellos proyectos estatales o privados que el Poder Ejecutivo declare de Conveniencia
Nacional, en tanto sus beneficios sociales sean mayores a los costos socio ambientales.
X.-Que para asegurar
un avance más fluido de las obras de infraestructura requerida, se hace
necesario eximir al AyA de los requisitos establecidos en el artículo 89 del
Reglamento a la Ley Forestal, para cortar y aprovechar el recurso forestal
existente en ellos, de conformidad con la Ley 2726 Ley constitutiva del
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Por tanto:
Decretan:
Declaración de Conveniencia Nacional e Interés Público
los estudios
y las obras del
Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área
Metropolitana de San José a desarrollar por el Instituto
Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados
Artículo 1º-En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3º inciso m), 19 inciso b), 33 inciso
b) y 34 de la Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996, se declara de Conveniencia Nacional e
Interés Público los estudios y las obras del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área
Metropolitana de San José, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en adelante el AyA o las empresas a que éste contrate
para su ejecución.
Artículo 2º-La
Administración Pública Central y Descentralizada, dentro de un marco de
cooperación interinstitucional, contribuirá, de acuerdo a las potestades que la
legislación les atribuye, en forma prioritaria y efectiva con la agilización
real de trámites vinculados a los permisos y ejecución de obras vinculadas con
el Proyecto.
Artículo 3º-Como parte de la ejecución del Proyecto, el mismo destinará fondos para la formulación
y ejecución de acciones que promuevan la compensación en forma directa e indirecta, por medio de
alianzas con entes públicos o privados, de las cantidades diversas de árboles de la misma especie
que requiera cortar para los estudios o construcción del Proyecto.
Artículo 4º-Los
procesos de financiamiento necesarios para la pre-ejecución y posterior
ejecución del Proyecto solicitados por el AyA recibirán un trámite expedito y
efectivo para asegurar las autorizaciones necesarias de parte del Ministerio de
Hacienda, MIDEPLAN, Banco Central de Costa Rica, Autoridad Presupuestaria y Tesorería
Nacional. Asimismo, los órganos y entes públicos ante los cuales el AyA debe
realizar distintos trámites para realizar el proyecto y sus obras asociadas,
otorgarán un trato prioritario, expedito y efectivo a las solicitudes
planteadas por la Institución.
Artículo 5º-La
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) brindará un tratamiento
prioritario y expedito a los trámites para la prórroga y vigencia de la
viabilidad ambiental del Proyecto, así como sus obras nuevas asociadas y los
requerimientos de disposición de materiales.
Artículo 6º-La
Dirección de Urbanismo de Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y
las Municipalidades del Área Metropolitana circunscritas dentro del área del
proyecto darán el apoyo expedito para la verificación y delimitación de las
áreas de protección, así como de las áreas especiales (vulnerables a amenazas
naturales y corredores biológicos), según la información ambiental de los
Planes Reguladores ya aprobada por la SETENA, cuando les sea requerido.
Artículo 7º-Se
exceptúa al AyA de:
a) las disposiciones contenidas en el artículo 89
del Decreto Ejecutivo Nº 25721 del 17 de octubre de 1996, en relación con los
requisitos para demostrar la titularidad de la propiedad de los inmuebles en
los que se desarrollará el Proyecto.
b) lo regulado por el Decreto Ejecutivo Nº 25700
del 15 de noviembre de 1996, sobre la veda establecida para la corta y
aprovechamiento de las especies referidas,
c) las regulaciones del artículo 37 del Decreto
Ejecutivo Nº 32633 del 10 de marzo del 2005, sobre la recolecta, extracción y
reubicación de especies de flora y fauna situadas en las áreas de investigación
y sitios de obras del Proyecto, y sus
sitios de aprovechamiento de minerales no metálicos.
d) las prohibiciones y condiciones definidas por
el artículo 20 del Decreto Ejecutivo Nº
32553 del 29 de marzo del 2005.
Artículo 8º-Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República, a los catorce
días del mes de abril de dos mil once.in the entirety of the text
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Complete Text of Norm 36529
Declares of National Convenience and Public Interest the studies and works
of the Environmental Improvement Project for the Metropolitan Area of San José to be developed by the
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Complete Text of record: DB017
Nº 36529-MINAET
THE PRESIDENT OF THE
REPUBLIC
AND THE MINISTER OF
ENVIRONMENT, ENERGY
AND TELECOMMUNICATIONS
In exercise of the powers conferred by article 140, subsections 8) and 20) of the Political Constitution, articles 3, subsection m), 19, subsection b), 33, subsection b), and 34 of the Ley Forestal, Nº 7575 of February 13, 1996.
Considering:
I.—That the Río Tárcoles and its main tributaries (Virilla, Tiribí, María Aguilar, Torres, among others), draining the Greater Metropolitan Area of the country's Central Valley, with a population of nearly 2 million inhabitants concentrated in a territory representing 4% of the country's total continental surface, is one of the most contaminated rivers, not only in Costa Rica but in Central America, because a very high percentage of the wastewater produced is untreated and passes directly into said water bodies to finally discharge into the estuarine system of the Golfo de Nicoya.
II.—That according to technical studies conducted in recent years in the Golfo de Nicoya, the Río Grande de Tárcoles (Estudio de modelación de la calidad del agua del Río Grande de Tárcoles y del Golfo de Nicoya y análisis fisicoquímicos en la desembocadura del Río Grande de Tárcoles y el Golfo de Nicoya), among others, determined that the phosphorus and nitrogen load is between 70% and 75%. Meanwhile, the input of biologically degradable organic matter reaches magnitudes of 20,000 tons per year, while chemically degradable matter reaches values of approximately 270,000 tons per year. In this case, the Tárcoles contributes 80% of the biological oxygen demand (BOD) and 75% of the chemical oxygen demand (COD). In the case of total solids, adjusted for the 365 days of the year, they are on the order of 650,000 tons per year, with the Río Tárcoles contributing 75% of the total. Heavy metals such as copper, nickel, lead, zinc, and chromium enter in magnitudes ranging from tens to hundreds of tons per year, and in all cases, the Río Tárcoles contributes a high percentage of what is deposited in the Golfo de Nicoya.
III.—That the input of highly contaminating substances into the waters of the Río Tárcoles and its tributaries, and ultimately into the Golfo de Nicoya, represents a serious threat to fluvial and marine ecosystems, and also to the health of riverside populations, as well as fishermen and people who use the waters of the Río Tárcoles and the Golfo de Nicoya for various purposes, including recreation, which is why the collection and treatment of wastewater produced in the Greater Metropolitan Area represents an activity of the highest interest and priority for the State.
IV.—That the technical and hydrogeological studies conducted for the Greater Metropolitan Area show that in the subsoil of this zone of the Central Valley, there are several aquifers of great strategic value, given that they represent invaluable sources of water for human consumption, captured both by wells and by their springs (manantiales), and given that they are vulnerable to contamination from wastewater infiltrating from the surface, including the riverbed itself when it has an influent behavior, or through septic tanks, it is essential that this contaminant load be controlled and treated by an appropriate means, such as a sanitary sewer system and wastewater treatment plant.
V.—That the collection of wastewater from the Greater Metropolitan Area (GAM) through a sanitary sewer system and its purification by means of a Treatment Plant would significantly reduce the contamination of the Río Tárcoles and its tributary system, which would represent a major advance in the recovery of its fluvial and riparian ecosystems, which would operate as metropolitan biological corridors of great ecological value and for human use as protected green areas for recreation and ecotourism, thereby improving the quality of life of the inhabitants of the GAM.
VI.—That through Decreto Ejecutivo Nº 32133-S of November 19, 2004, the collection, treatment, and final disposal of ordinary wastewater generated in urban centers was declared of "public interest and social necessity."
VII.—That because the project includes the expansion and improvement of existing works or the construction of new works located within the protection areas of rivers or streams (quebradas) or areas of forest aptitude (áreas de aptitud forestal), in which it would be necessary to generate environmental impacts, which shall be the minimum possible, a legal and technical framework is required so that such activities can be carried out.
VIII.—That during the construction phase of the project, the focused felling of tree species is required, some of which are declared under a cutting ban (veda).
IX.—That articles 19, subsection b), 33, subsection b), and 34 of the Ley Forestal Nº 7575 prohibit land-use change (cambio de uso de suelo) and the felling of trees on forest-covered lands and in protection areas, excepting those state or private projects that the Executive Branch declares of National Convenience, insofar as their social benefits outweigh the socio-environmental costs.
X.—That to ensure a smoother progress of the required infrastructure works, it is necessary to exempt the AyA from the requirements established in article 89 of the Reglamento a la Ley Forestal, for felling and utilizing the forest resource existing on them, in accordance with Law 2726, the constitutive law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Therefore:
They decree:
Declaration of National Convenience and Public Interest
of the studies
and the works of the
Environmental Improvement Project for the
Metropolitan Area of San José to be developed by the
Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados
Article 1.—In compliance with the provisions of articles 3, subsection m), 19, subsection b), 33, subsection b), and 34 of the Ley Forestal Nº 7575 of February 13, 1996, the studies and the works of the Environmental Improvement Project for the Metropolitan Area of San José, hereinafter the Project, are declared of National Convenience and Public Interest, which shall be built by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, hereinafter the AyA, or the companies it contracts for its execution.
Article 2.—The Central and Decentralized Public Administration, within a framework of inter-institutional cooperation, shall contribute, in accordance with the powers attributed to them by legislation, in a prioritized and effective manner to the real streamlining of procedures related to the permits and execution of works associated with the Project.
Article 3.—As part of the execution of the Project, it shall allocate funds for the formulation and execution of actions that promote compensation, directly and indirectly, through alliances with public or private entities, for the diverse quantities of trees of the same species that it needs to fell for the studies or construction of the Project.
Article 4.—The financing processes necessary for the pre-execution and subsequent execution of the Project requested by the AyA shall receive expedited and effective processing to ensure the necessary authorizations from the Ministerio de Hacienda, MIDEPLAN, Banco Central de Costa Rica, Autoridad Presupuestaria, and Tesorería Nacional. Likewise, the public bodies and entities before which the AyA must carry out various procedures to implement the project and its associated works shall grant prioritized, expedited, and effective treatment to the requests submitted by the Institution.
Article 5.—The Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) shall provide prioritized and expedited treatment to the procedures for the extension and validity of the environmental viability (viabilidad ambiental) of the Project, as well as its new associated works and the requirements for the disposal of materials.
Article 6.—The Dirección de Urbanismo of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) and the Municipalities of the Metropolitan Area circumscribed within the project area shall provide expedited support for the verification and delimitation of protection areas, as well as special areas (vulnerable to natural hazards and biological corridors), according to the environmental information from the Regulatory Plans already approved by SETENA, when requested.
Article 7.—The AyA is exempted from:
a) the provisions contained in article 89 of Decreto Ejecutivo Nº 25721 of October 17, 1996, in relation to the requirements to demonstrate ownership of the properties on which the Project will be developed.
b) the provisions regulated by Decreto Ejecutivo Nº 25700 of November 15, 1996, regarding the cutting ban (veda) established for the felling and utilization of the referred species,
c) the regulations of article 37 of Decreto Ejecutivo Nº 32633 of March 10, 2005, regarding the collection, extraction, and relocation of flora and fauna species located in the research areas and project work sites, and their non-metallic mineral extraction sites.
d) the prohibitions and conditions defined by article 20 of Decreto Ejecutivo Nº 32553 of March 29, 2005.
Article 8.—It shall enter into force upon its publication.
Done at the Presidencia de la República, on the fourteenth day of the month of April, two thousand eleven.