Acuerdo 0443 — Eviction and demolition in imminent-risk zonesDesalojo y demolición en zonas de riesgo inminente

en la totalidad del texto

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                        Texto Completo Norma 0443

                        Recomienda a los alcaldes y alcaldesas que procedan de inmediato al desalojo
de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente y demoler las edificaciones
ubicadas en ellas

Texto Completo acta: DFB8C

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS

La Junta Directiva de la Comisión Nacional de
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en uso de las atribuciones que
en su artículo 18, incisos a), b), i) y k) la Ley Nº 8488, Ley Nacional de
Emergencias y Prevención del Riesgo, le otorga, determina:

Resultando:

El artículo 5 de la Ley Nº 8488 dispone que la
política de gestión del riesgo constituye un eje transversal de la labor del
Estado costarricense; articula los instrumentos, los programas y los recursos
públicos en acciones ordinarias y extraordinarias, institucionales y
sectoriales, orientadas a evitar la ocurrencia de los desastres la atención de
las emergencias en todas sus fases. Toda política de desarrollo del país debe
incorporar tanto los elementos necesarios para un diagnóstico adecuado del
riesgo y de la susceptibilidad al impacto de los desastres, así como los ejes
de gestión que permitan su control.

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2010-2015, aprobado por esta Junta
Directiva en octubre del 2009, es el instrumento de planificación estratégica
para la aplicación de la política.

Considerando:

I.-De las amenazas naturales en Costa Rica.
El territorio costarricense evidencia la presencia de incontables e incontrolables
amenazas, principalmente de origen geológico e hidrometeorológico. La
exposición de los asentamientos humanos y de la infraestructura a los efectos
de estas amenazas se ha venido incrementando, conforme aumenta la población que
se ubica en zonas de reconocido peligro a lo largo del territorio nacional.
Como muestra reciente, el estudio denominado "Análisis del Riesgo Actual del
Sector Hídrico de Costa Rica ante el Cambio Climático", desarrollado por el
Instituto Meteorológico Nacional con apoyo de MINAET y PNUD, concluye que "dado
que la perspectiva es que la amenaza supere las condiciones actuales en un
futuro cercano, la condición de riesgo seguirá creciendo si no se diseñan
estrategias adecuadas para adaptar las sociedades y sus relaciones a condiciones
futuras de climas extremos. (.) Con las condiciones actuales de amenaza, ya el
peligro es inminente." Por décadas, la Comisión Nacional de Prevención de
Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) ha emitido numerosos
informes técnicos y estudios sobre amenazas naturales y riesgos, preparados por
especialistas de planta, y por científicos y expertos que conforman los Comités
Asesores Técnicos, así como recopilado y divulgado investigaciones a cargo de
entidades científicas y académicas. Esta información se ha puesto a disposición
y entregado a las instituciones, los gobiernos locales y el público en general,
incluyendo el acceso a mapas de zonas de amenaza en todos los cantones por
medio de su página Web, y en forma impresa y electrónica.

II.-De la responsabilidad en la prevención.
Con base en lo dispuesto en la Ley Nº 8488, en sus artículos 3, 8 y 25, todas
las instituciones del Estado, incluyendo principalmente a las
Municipalidades, tienen el imperativo mandato de prevenir los desastres y, en
particular, los gobiernos locales deben incorporar la prevención como
componente de los proyectos de desarrollo urbano.

III.-De las potestades y
responsabilidades del gobierno local en el ordenamiento territorial.
Desprendiéndose directamente del artículo 169 de la Constitución Política, el
Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones y
normativa conexa otorgan a las municipalidades la responsabilidad absoluta y
exclusiva de ordenar el territorio bajo su jurisdicción. Este deber insoslayable
ha sido ampliado en diversos criterios de la Procuraduría General de la
República, entre ellos, el C-093-2007 del 27 de marzo de 2007, el C-020-2009
del 29 de enero de 2009, el C-118-2009 del 4 de mayo de 2009, el C-155-2009 del
01 de junio de 2009, el C-091-2010 del 03 de mayo de 2010, y varios más en la
misma tesitura. La Sala Constitucional ha ratificado esta responsabilidad, en
resoluciones como las número 2153-93, 5305-93, 6706-93, 4205-96, 2000-431,
2000-06653, 2001-07485, 2002-01220, 2002-05996, 2002-07751, 2003-11397,
2004-1915, 2004-14404, 2004-01915, 2004-09439, 2005-04002 y 2005-07516, entre
muchas. Al respecto, ha señalado el jurista Eduardo Ortiz Ortiz, citado en
dictamen C-032-98 del 25 de febrero de 1998, de la Procuraduría General de la
República:

"La competencia municipal para dictar los planes
urbanísticos proviene de la ley, puesto que cubre materia constitucionalmente
reservada a ésta, pero tiene también fundamento constitucional, puesto que es
materia local. Esto quiere decir que la ley no puede hacer la delegación
sino en el Municipio y que sería inconstitucional, por violatoria de la
autonomía municipal la ley que hiciera lo contrario y habilitara, por ejemplo,
al Poder Ejecutivo." El resaltado no es del original.

Adicionalmente, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda ha emitido sentencias concordantes con la
posición de la Procuraduría General, como la N.° 128-2008 de las 10:30 horas
del 7 de marzo de 2008, la N.° 209-2011, de las catorce horas treinta minutos
del dieciséis de junio del dos mil once, y la N.° 124-2011, de las nueve horas
cincuenta minutos del quince de abril del dos mil once, entre muchas otras,
recalcando la absoluta responsabilidad de los gobiernos locales en cuanto al
ordenamiento territorial.

Es deber del gobierno municipal, por lo tanto,
garantizar, mediante el planeamiento, y el ejercicio de la potestad de policía,
que el desarrollo urbanístico atienda a criterios de seguridad, salubridad,
y sostenibilidad ambiental. Lo anterior, en resguardo de los derechos de
los ciudadanos.

IV.-De la actuación municipal en casos de alto
riesgo y peligro inminente. Tal y como ha sido validado por la Sala
Constitucional, los informes técnicos de la CNE contienen recomendaciones
que deben ser acatadas obligatoriamente por los gobiernos locales y las
instituciones involucradas; el Ministerio de Salud cuenta con potestades
otorgadas por la Ley General de Salud (sentencia Nº 5915 del 2008, entre otras)
para la declaratoria de inhabitabilidad de viviendas en zonas de alto riesgo,
así como para ordenar el desalojo y demolición de dichas edificaciones, y
corresponde al gobierno local actuar en consecuencia, en el uso de las
competencias ampliamente discutidas en el punto anterior, con respecto a su
responsabilidad en cuanto al ordenamiento territorial y a garantizar
condiciones de vida seguras a los pobladores del cantón. Adicionalmente, el
mandato del IMAS y del BANHVI es procurar, respectivamente, la obtención de
soluciones temporales y definitivas de vivienda para las familias que deban ser
reubicadas. De igual manera, en atención al cumplimiento de tales mandatos, el
Ministerio de Seguridad Pública debe colaborar en los procesos de desalojo y
cualquiera otro en que fuere menester su participación, ello en virtud del
mandato en protección al bien jurídico tutelado.

Los informes emitidos por funcionarios
especializados de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias (CNE), tienen un carácter técnico vinculante para
las instituciones a quienes se dirigen las recomendaciones, y de igual
forma, los estudios desarrollados por expertos de las instituciones que
conforman los Comités Asesores Técnicos de la CNE, con fundamento en el
artículo 14 inciso c) de la Ley Nº 8488 supracitada, que señala como
competencia ordinaria de la CNE el "dictar
resoluciones vinculantes sobre situaciones de riesgo, desastres y peligro
inminente, basadas en criterios técnicos y científicos, tendientes a orientar
las acciones de regulación y control para su eficaz prevención y manejo, que
regulen o dispongan su efectivo cumplimiento por parte de las instituciones del
Estado, el sector privado y la población en general." El destacado no es
del original. Esto ha sido reconocido y avalado por la Sala Constitucional
en reiteradas sentencias, como la Nº 16389-2010, reiterado y ampliado en la
Nº 1671-2009, que señala:

"En ese sentido, resulta claro que en el caso
particular, la competencia de la Comisión radica en efectuar a la Municipalidad
recurrida las inspecciones y recomendaciones correspondientes, las cuales son
de carácter vinculante."

Más aún: es deber ineludible del Alcalde
Municipal, el acatar las recomendaciones vertidas en los informes técnicos
elaborados por los funcionarios de la CNE, tal y como también lo
precisa la Sala Constitucional en la resolución Nº 12818 del 2009:

"Así las cosas, considera la Sala reprochable,
desde el punto de vista del derecho a la vida y a un ambiente sano, que a
pesar de que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención
de Emergencias indica con claridad que existe actualmente un problema de
deslizamiento que amenaza la propiedad del recurrente y otras viviendas
ubicadas en el sector; del informe rendido a la Sala por la
Municipalidad de . se desprende que a la fecha no han emprendido ninguna obras
de mitigación señaladas por la Comisión Nacional de Emergencia, y es la
Municipalidad el órgano competente y obligado para cumplir con lo anterior de
conformidad al ordenamiento jurídico. Lo anterior, debido a la obligación de
las corporaciones locales de verificar que las construcciones que se levanten
en el cantón se mantengan dentro de los lineamientos autorizados por ellas
(artículos 1, 87 y 88 de la Ley de Construcciones), lo que incluye el
aspecto sanitario y de seguridad, que permite concluir en la
responsabilidad del ente dicho por la infracción del derecho fundamental del
recurrente y sus vecinos a la vida -amenazada por los deslizamientos. (.) Se
ordena al Alcalde de la Municipalidad de ., o a quien ocupe su cargo,
proveer lo necesario para que se cumplan, en el plazo de tres meses, contado a
partir de la comunicación de esta sentencia las recomendaciones que se hacen
en el informe técnico de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y
Atención de Emergencias, Nº DPM-INF-.-2009." Los destacados no son del original.

En virtud que algunas municipalidades, como la de
Santa Ana, han consultado a esta Junta Directiva la forma de llevar a cabo
medidas de orden público para el desalojo de áreas de reconocido riesgo y
reubicación de familias en peligro por causa de amenazas naturales, se les
recuerda a todos los Gobiernos Locales y en particular a esta Municipalidad,
que de la resolución Nº 12485-2010 de la Sala Constitucional se extrae el
procedimiento que debe seguirse para que un gobierno local actúe
responsablemente y en el ejercicio de sus competencias, en cumplimiento de
recomendaciones vertidas en informes técnicos de la CNE. Se requiere coordinación
con las instituciones a cargo de aspectos sociales para la reubicación temporal
y definitiva de las familias afectadas y el proceso seguro de las mismas. La
secuencia que debe seguirse es la siguiente:

1. Emisión o recopilación de informes técnicos de
la CNE, considerados por la Sala Constitucional como de carácter vinculante,
como se explicó supra, e informes técnicos especializados de instituciones
integrantes de los Comités Asesores Técnicos de la CNE, o promovidos y acogidos
por la CNE.

2. Órdenes sanitarias de desalojo y demolición, con
declaratoria de inhabitabilidad, emitidas por el Ministerio de Salud, con base
en los artículos 320 y 321 de la Ley General de Salud.

3. Acciones coordinadas por el Alcalde Municipal
con el IMAS y el BANHVI para la búsqueda de soluciones temporales y permanentes
a las familias desalojadas, según corresponda, y con base en los requisitos
vigentes.

4. La demolición de las viviendas en peligro debe
estar a cargo de la Municipalidad respectiva, que debe resguardar los terrenos
para que no vuelvan a ser invadidos.

5. Los Planes Reguladores deben incorporar la
restricción máxima al uso de estas zonas con fines habitacionales o de
edificaciones en general.

6. Adicional a lo anterior, deberá cada
municipalidad girar las instrucciones pertinentes y necesarias, con el fin de
no otorgar permisos de construcción dentro de las áreas determinadas como de
alto riesgo, manteniéndose vigilantes de este acatamiento tanto por parte de la
administración como de los vecinos de la comunidad.

Por tanto,

Con fundamento en las consideraciones hechas y
citas de ley que las amparan, la Junta Directiva de la Comisión Nacional de
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias Acuerda:

Acuerdo Nº 0443-2011:

a. Recomendar a todos los Alcaldes y Alcaldesas del
país:

i. Que conforme a los deberes y atribuciones que la
Constitución Política en sus artículos 50 y 169, el Código Municipal, la Ley de
Planificación Urbana, la Ley de Construcciones, la Ley Orgánica del Ambiente,
el artículo 33 de la Ley Forestal, y normativa conexa, la Ley General de Salud
y la amplia jurisprudencia sobre el tema les imponen, procedan de inmediato al
desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro
inminente, así como a demoler las edificaciones ubicadas en ellas, y a vigilar
que no vuelvan a ser invadidas con asentamientos humanos, aplicando la
secuencia procedimental citada en el Considerando IV, que se extrae de la
resolución Nº 12485-2010 de la Sala Constitucional.

ii. Que por el carácter vinculante que la Sala
Constitucional les confiere, implementen de inmediato las recomendaciones que
los técnicos de la CNE y de las instituciones académicas les han brindado
reiteradamente a lo largo de muchos años y que son de su conocimiento, sobre
acciones concretas y oportunas para salvaguardar la vida humana en zonas de
reconocido riesgo y peligro inminente. Quedarán a disposición de las
municipalidades en las oficinas de la CNE, los estudios y
recomendaciones técnicas que se han girado históricamente en cada caso.

Las Auditorías Internas y los Concejos Municipales
deberán velar por el acatamiento de estas disposiciones. La desobediencia será
considerada incumplimiento de deberes, y deberá ser elevada por las Auditorías
Internas al conocimiento de la autoridad correspondiente.

b. Solicitar al Ministerio de Descentralización la
convocatoria urgente a una actividad informativa sobre esta temática y
procedimiento, dirigida a todos los Alcaldes y Alcaldesas, en el marco del Plan
de Fortalecimiento a los Gobiernos Locales e Impulso a los Procesos de
Descentralización y Desarrollo Local, en el componente "Gestión del Riesgo",
promovido por dicho Ministerio. Dicha actividad deberá celebrarse en el marco
del III Foro Nacional de Gestión del Riesgo, en el mes de noviembre.

c. Informar de estas medidas a la señora Ministra
de Vivienda y Asentamientos Humanos, quien ejerce la rectoría del Eje de
Ordenamiento Territorial del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, e
igualmente a la señora Ministra de Planificación y Política Económica, para lo
que corresponda.

d. Comunicar formalmente este Acuerdo a todos los
Alcaldes y Alcaldesas, y a la Defensoría de los Habitantes.

e. Publicar este Acuerdo y el mapa síntesis de
amenazas naturales del país (disponible en la página Web, www.cne.go.cr)
en el diario oficial y en un diario de circulación nacional.

(Nota de Sinalevi: El
presente mapa se extrajo del sitio web de la Comisión Nacional de
Emergencia, y se trascribe a continuación:)

Acuerdo unánime y firme.-

across the entire text

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Complete Text of Regulation 0443

Recommends to mayors (alcaldes y alcaldesas) that they proceed immediately with the eviction (desalojo) of occupants of zones of recognized risk and imminent danger (peligro inminente) and demolish the buildings located therein

Complete Text of record: DFB8C

NATIONAL COMMISSION FOR RISK PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE

The Board of Directors of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, using the powers granted to it by Article 18, subsections a), b), i), and k) of Law No. 8488, the National Emergency and Risk Prevention Law, determines:

Whereas:

Article 5 of Law No. 8488 provides that risk management policy constitutes a cross-cutting axis of the work of the Costa Rican State; it articulates instruments, programs, and public resources in ordinary and extraordinary, institutional and sectoral actions aimed at preventing the occurrence of disasters and addressing emergencies in all their phases. Every national development policy must incorporate both the elements necessary for an adequate diagnosis of risk and susceptibility to disaster impact, as well as the management axes that allow for their control.

The National Risk Management Plan 2010-2015, approved by this Board of Directors in October 2009, is the strategic planning instrument for the application of the policy.

Considering:

I.-On natural hazards (amenazas naturales) in Costa Rica.
The Costa Rican territory shows evidence of the presence of countless and uncontrollable hazards, mainly of geological and hydrometeorological origin. The exposure of human settlements and infrastructure to the effects of these hazards has been increasing, as the population that settles in zones of recognized danger throughout the national territory grows. As a recent example, the study called "Analysis of the Current Risk of the Water Sector of Costa Rica in the Face of Climate Change" (Análisis del Riesgo Actual del Sector Hídrico de Costa Rica ante el Cambio Climático), developed by the National Meteorological Institute (IMN) with support from MINAET and UNDP, concludes that "given that the perspective is that the hazard will exceed current conditions in the near future, the risk condition will continue to grow if adequate strategies are not designed to adapt societies and their relationships to future conditions of extreme climates. (.) With current hazard conditions, the danger is already imminent." For decades, the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (CNE) has issued numerous technical reports and studies on natural hazards and risks, prepared by in-house specialists, and by scientists and experts who make up the Technical Advisory Committees, as well as compiled and disseminated research carried out by scientific and academic entities. This information has been made available and delivered to institutions, local governments, and the general public, including access to hazard zone maps in all cantons through its Web page, and in printed and electronic form.

II.-On responsibility in prevention.
Based on the provisions of Law No. 8488, in its Articles 3, 8, and 25, all State institutions, primarily including the Municipalities, have the imperative mandate to prevent disasters and, in particular, local governments must incorporate prevention as a component of urban development projects.

III.-On the powers and responsibilities of local government in territorial planning (ordenamiento territorial).
Deriving directly from Article 169 of the Political Constitution, the Municipal Code, the Urban Planning Law, the Construction Law, and related regulations grant municipalities the absolute and exclusive responsibility to plan the territory under their jurisdiction. This unavoidable duty has been expanded upon in various criteria of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), among them, C-093-2007 of March 27, 2007, C-020-2009 of January 29, 2009, C-118-2009 of May 4, 2009, C-155-2009 of June 1, 2009, C-091-2010 of May 3, 2010, and several more in the same vein. The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has ratified this responsibility, in resolutions such as numbers 2153-93, 5305-93, 6706-93, 4205-96, 2000-431, 2000-06653, 2001-07485, 2002-01220, 2002-05996, 2002-07751, 2003-11397, 2004-1915, 2004-14404, 2004-01915, 2004-09439, 2005-04002, and 2005-07516, among many. In this regard, the jurist Eduardo Ortiz Ortiz, cited in opinion C-032-98 of February 25, 1998, of the Attorney General's Office, has pointed out:

"Municipal competence to issue urban plans comes from the law, since it covers matters constitutionally reserved to it, but it also has a constitutional basis, since it is a local matter. This means that the law cannot make the delegation except to the Municipality and that a law that did the contrary and authorized, for example, the Executive Branch, would be unconstitutional, for violating municipal autonomy." The highlighting is not from the original.

Additionally, the Administrative and Civil Treasury Litigation Court (Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda) has issued rulings consistent with the position of the Attorney General's Office, such as No. 128-2008 at 10:30 a.m. on March 7, 2008, No. 209-2011, at two thirty p.m. on June sixteenth, two thousand eleven, and No. 124-2011, at nine fifty a.m. on April fifteenth, two thousand eleven, among many others, emphasizing the absolute responsibility of local governments regarding territorial planning.

It is the duty of the municipal government, therefore, to guarantee, through planning and the exercise of police power, that urban development addresses criteria of safety, health, and environmental sustainability. The foregoing, in protection of the rights of citizens.

IV.-On municipal action in cases of high risk and imminent danger. As has been validated by the Constitutional Chamber, the technical reports of the CNE contain recommendations that must be mandatorily followed by local governments and the institutions involved; the Ministry of Health has powers granted by the General Health Law (ruling No. 5915 of 2008, among others) for the declaration of uninhabitability (inhabitabilidad) of dwellings in high-risk zones, as well as to order the eviction and demolition of said buildings, and it is the responsibility of the local government to act accordingly, using the competencies extensively discussed in the previous point, with respect to its responsibility regarding territorial planning and guaranteeing safe living conditions for the residents of the canton. Additionally, the mandate of IMAS and BANHVI is to seek, respectively, temporary and definitive housing solutions for the families that must be relocated. Likewise, in attention to the fulfillment of such mandates, the Ministry of Public Security must collaborate in eviction processes and any other in which its participation is necessary, by virtue of the mandate in protection of the protected legal interest.

The reports issued by specialized officials of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (CNE), have a binding technical nature (carácter técnico vinculante) for the institutions to whom the recommendations are directed, and in the same way, the studies developed by experts from the institutions that make up the Technical Advisory Committees of the CNE, based on Article 14, subsection c) of the aforementioned Law No. 8488, which indicates as an ordinary competence of the CNE to "issue binding resolutions (resoluciones vinculantes) on situations of risk, disasters, and imminent danger, based on technical and scientific criteria, aimed at guiding regulation and control actions for their effective prevention and management, which regulate or provide for their effective compliance by State institutions, the private sector, and the population in general." The highlighting is not from the original. This has been recognized and endorsed by the Constitutional Chamber in repeated rulings, such as No. 16389-2010, reiterated and expanded in No. 1671-2009, which states:

"In that sense, it is clear that in the particular case, the competence of the Commission lies in carrying out the corresponding inspections and recommendations to the respondent Municipality, which are of a binding nature."

Furthermore: it is an unavoidable duty of the Municipal Mayor to comply with the recommendations rendered in the technical reports prepared by the officials of the CNE, as also specified by the Constitutional Chamber in resolution No. 12818 of 2009:

"Thus, the Chamber considers reprehensible, from the point of view of the right to life and a healthy environment, that despite the fact that the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response clearly indicates that there is currently a landslide problem that threatens the property of the petitioner and other homes located in the sector; from the report rendered to the Chamber by the Municipality of . it is evident that to date they have not undertaken any mitigation works indicated by the National Emergency Commission, and the Municipality is the competent and obligated body to comply with the foregoing in accordance with the legal system. The foregoing, due to the obligation of local corporations to verify that the constructions built in the canton remain within the guidelines authorized by them (Articles 1, 87, and 88 of the Construction Law), which includes the health and safety aspect, which allows concluding the responsibility of said entity for the violation of the fundamental right of the petitioner and their neighbors to life - threatened by landslides. (.) The Mayor of the Municipality of ., or whoever holds office, is ordered to provide what is necessary so that the recommendations made in the technical report of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, No. DPM-INF-.-2009, are fulfilled, within a period of three months, counted from the notification of this ruling." The highlighting is not from the original.

By virtue that some municipalities, such as Santa Ana, have consulted this Board of Directors on how to carry out public order measures for the eviction of areas of recognized risk and relocation of families in danger due to natural hazards, all Local Governments and particularly this Municipality are reminded that from resolution No. 12485-2010 of the Constitutional Chamber, the procedure that must be followed for a local government to act responsibly and in the exercise of its competencies, in compliance with recommendations rendered in technical reports of the CNE, is extracted. Coordination is required with the institutions in charge of social aspects for the temporary and definitive relocation of the affected families and their safe process. The sequence that must be followed is as follows:

1. Issuance or compilation of technical reports from the CNE, considered by the Constitutional Chamber as binding in nature, as explained supra, and specialized technical reports from institutions that are members of the Technical Advisory Committees of the CNE, or promoted and accepted by the CNE.

2. Health orders of eviction and demolition, with declaration of uninhabitability, issued by the Ministry of Health, based on Articles 320 and 321 of the General Health Law.

3. Actions coordinated by the Municipal Mayor with IMAS and BANHVI for the search for temporary and permanent solutions for the evicted families, as appropriate, and based on the current requirements.

4. The demolition of the homes in danger must be the responsibility of the respective Municipality, which must protect the lands (resguardar los terrenos) so that they are not invaded again.

5. Regulatory Plans must incorporate the maximum restriction on the use of these zones for residential purposes or buildings in general.

6. In addition to the foregoing, each municipality must issue the pertinent and necessary instructions, in order not to grant construction permits within the areas determined as high risk, remaining vigilant of this compliance both by the administration and by the residents of the community.

Therefore,

Based on the considerations made and legal citations that support them, the Board of Directors of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response Agrees:

Agreement No. 0443-2011:

a. Recommend to all Mayors of the country:

i. That in accordance with the duties and powers imposed upon them by the Political Constitution in its Articles 50 and 169, the Municipal Code, the Urban Planning Law, the Construction Law, the Organic Environmental Law, Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal), and related regulations, the General Health Law, and the extensive jurisprudence on the subject, they proceed immediately with the eviction of the occupants of zones of recognized risk and imminent danger, as well as to demolish the buildings located therein, and to monitor that they are not invaded again by human settlements, applying the procedural sequence cited in Considering IV, which is extracted from resolution No. 12485-2010 of the Constitutional Chamber.

ii. That due to the binding nature that the Constitutional Chamber confers upon them, they immediately implement the recommendations that the technicians of the CNE and academic institutions have repeatedly provided them over many years and that are known to them, on concrete and timely actions to safeguard human life in zones of recognized risk and imminent danger. The studies and technical recommendations that have been historically issued in each case will be made available to the municipalities at the CNE offices.

The Internal Audit Offices and the Municipal Councils must ensure compliance with these provisions. Disobedience will be considered non-compliance with duties, and must be brought by the Internal Audit Offices to the attention of the corresponding authority.

b. Request the Ministry of Decentralization (Ministerio de Descentralización) to urgently convene an informational activity on this topic and procedure, directed at all Mayors, within the framework of the Plan for Strengthening Local Governments and Promoting Decentralization and Local Development Processes (Plan de Fortalecimiento a los Gobiernos Locales e Impulso a los Procesos de Descentralización y Desarrollo Local), in the "Risk Management" (Gestión del Riesgo) component, promoted by said Ministry. Said activity must be held within the framework of the III National Risk Management Forum, in the month of November.

c. Inform the Minister of Housing and Human Settlements of these measures, who leads the Territorial Planning Axis of the National Development Plan 2010-2014, and likewise the Minister of Planning and Economic Policy, for what corresponds.

d. Formally communicate this Agreement to all Mayors, and to the Office of the Ombudsman (Defensoría de los Habitantes).

e. Publish this Agreement and the synthesis map of natural hazards of the country (available on the Web page, www.cne.go.cr) in the official gazette and in a newspaper of national circulation.

(Note from Sinalevi: The present map was extracted from the website of the National Emergency Commission, and is transcribed below:)

Unanimous and firm agreement.-