Ley 9036 — Law Transforming IDA into INDER and Creating the Technical Secretariat for Rural DevelopmentLey de Transformación del IDA en INDER y Creación de la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural

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                        Texto Completo Norma 9036

                        Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de
Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural

Texto Completo acta: E4931

N° 9036

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO

AGRARIO (IDA) EN EL INSTITUTO DE

DESARROLLO RURAL (INDER)

TÍTULO I

DESARROLLO RURAL TERRITORIAL

CAPÍTULO I

OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY

ARTÍCULO 1.-  Objeto
y aplicación

Establecer un marco institucional para el desarrollo rural sostenible del
país que permita la formulación, planificación, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas de Estado en esta materia, mediante la creación de
los mecanismos de planificación, coordinación y ejecución del desarrollo rural
en el país, con énfasis en los territorios de menor grado de desarrollo. Le
corresponderá al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como rector del
sector agropecuario nacional, la formulación de las políticas de desarrollo
rural y al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) su ejecución, en su condición
de institución integrante del sector agropecuario.

Asimismo, tiene como objeto la transformación
institucional del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de
Desarrollo Rural (Inder), como la institución del Estado especializada en el
desarrollo rural territorial.

 Ficha articulo

Artículo 2- Sujetos. Serán sujetos de esta
ley las personas físicas y jurídicas sin fines de lucro, siempre que se
encuentren debidamente incorporadas a los procesos de desarrollo rural
derivados de la aplicación de la presente ley y cumplan con los requisitos establecidos
en el artículo 46.

Excepcionalmente y exclusivamente para lo
dispuesto en el artículo 36 bis de la presente ley, podrán participar
organizaciones con fines de lucro siempre que se trate de pequeñas y medianas
empresas (pymes) u organizaciones de pequeños y medianos productores
agropecuarios (pympas), conforme a los criterios de admisibilidad establecidos
en la Ley 9036, Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el
Instituto de Desarrollo Rural (lnder).

Dichas organizaciones podrán participar
únicamente cuando contribuyan de manera demostrable al desarrollo rural,
mediante la generación de valor agregado, procesos productivos o de servicios
en comunidades rurales, siempre que se justifique su beneficio directo en el
cumplimiento de los fines del Instituto de Desarrollo Rural (lnder).

(Así reformado por
el artículo 1° de la ley N° 10758 del 12 de noviembre de 2025)

 Ficha articulo

ARTÍCULO 3.-  Definiciones.
Para
los propósitos perseguidos con esta ley se entenderá lo siguiente:

a) Actividades
agrarias: actividades productivas basadas en la utilización de los recursos
naturales: agricultura, ganadería, silvicultura, acuacultura, pesca y
maricultura.

b) Actividades no
agrarias: actividades productivas, industriales, comerciales y de servicios
existentes en el medio rural.

c) Actores
sociales: agrupaciones socioeconómicas, empresariales, corporativas, culturales,
religiosas, ecológicas, de personas de la tercera edad y de personas con
discapacidad pertenecientes a los territorios rurales que participan en los
procesos de desarrollo de los territorios rurales. Este concepto incluye los
gobiernos locales, las instituciones públicas con presencia territorial estable
y las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG) y a personas físicas.

d) Agrocadenas: redes de
relaciones en el proceso de obtención de determinados productos originados en
el medio rural, agrarias y no agrarias, con el fin de agregar o aumentar su
valor a lo largo de los diferentes eslabones, desde su etapa de producción
hasta su uso final en los ámbitos territorial o extraterritorial, incluyendo la
comercialización, el mercadeo y la distribución.

e) Asentamientos
campesinos: unidad física, económica, social, cultural y organizativa, producto del
proceso de transformación agraria orientado por el Inder, que cuenta con
vivienda y recursos de uso comunitario como caminos, escuela, puesto de salud,
agua potable, electricidad y áreas administrativas.

f) Competitividad:
la
capacidad de los actores sociales territoriales, gestores del desarrollo y de
las organizaciones públicas y privadas, lucrativas o no, de realizar
actividades productivas de interés nacional, de brindar servicios básicos y de
mantener ventajas comparativas y competitivas sistemáticas que le permitan
alcanzar, sostener y mejorar su posición en el ámbito territorial y
extraterritorial.

g) Consejo
Regional de Desarrollo Rural: instancia regional de coordinación del desarrollo
rural territorial en las regiones de planificación establecidas por el Inder,
cuya coordinación será facilitada por este instituto.

h) Desarrollo
humano: la finalidad del desarrollo territorial rural es contribuir al proceso de
generación de las capacidades humanas que permitan el ejercicio de la libertad
y el crecimiento personal de los habitantes.

i) Desarrollo
rural territorial: proceso de cambio integral en materia económica,
social, cultural e institucional, impulsado en un territorio rural, con la
participación concertada y organizada de todos los actores sociales existentes
en dicho territorio, orientado a la búsqueda de la competitividad, la equidad,
el bienestar y la cohesión e identidad social de sus pobladores.

j) Economías
familiares rurales: unidades económicas o empresas que funcionan de forma
autogestionaria por la familia, con acceso a la tierra o no y al área rural en
general. Se comportan como empresas familiares puesto que la familia constituye
la reserva de mano de obra y, al mismo tiempo, una unidad de consumo. Por la
posibilidad de satisfacer necesidades de consumo con su propia producción,
combinan producción de subsistencia y de mercado. Muchas de ellas están
envueltas en redes sociales de apoyo mutuo, así como en relaciones de
interdependencia con otras empresas. En esta definición se incluye a los
microproductores.

k) Integralidad: se concibe el
desarrollo territorial rural como un proceso multidimensional y multisectorial
que requiere la atención simultánea, a fin de evitar la ejecución de acciones
aisladas o sin una misma orientación.

l) Multifuncionalidad:
variado
conjunto de funciones desempeñadas en el medio rural, en donde a sus
contribuciones generadas con las actividades rurales, agrarias y no agrarias
(agroindustria, agronegocios, turismo y otros servicios) se suman hoy otras
funciones esenciales para toda la sociedad, entre las que sobresalen la
preservación de los recursos naturales, el suministro de servicios ambientales,
el mejoramiento de los espacios y paisajes rurales y la extensión de las
diversas modalidades de gestión agroambiental.

 m) Multisectorialidad: proceso de
articulación del conjunto de las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, ubicadas en un territorio rural, con la finalidad de atender
desde su misión y sector particular de acción y de manera simultánea, las
necesidades y demandas multidimensionales e impulsar las potencialidades
multifuncionales de los territorios rurales.

n) Participación: acción organizada
de los actores sociales territoriales que les permite tomar sus propias
decisiones según los intereses territoriales, en coordinación con las
instituciones estatales que las respetarán.

ñ) Pequeños y
medianos productores agropecuarios rurales: unidades económicas de
carácter empresarial en las cuales la participación de la familia no es
definitiva. La mayor parte de su producción está destinada al mercado y
utilizan en forma regular mano de obra contratada.

o) Sostenibilidad:
conjunto
de procesos económicos sociales e institucionales, continuos, progresivos y
autónomos, efectuados en armonía con el ambiente, de manera tal que garanticen
la satisfacción de las necesidades de las actuales generaciones, así como la
capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades.
Comprende las actividades humanas orientadas a la conservación, recuperación,
protección y uso adecuado de los recursos naturales mediante formas económicas,
sociales y organizacionales en correspondencia con la dinámica propia del medio
natural de los territorios rurales.

p) Municipio: está constituido
por el conjunto de personas vecinas residentes en un  mismo cantón que promueven y administran sus
propios intereses, por medio del gobierno municipal. La municipalidad es una
persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad y capacidad
jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para
cumplir sus fines.

q) Contratación
agroindustrial: proceso de integración productiva de los distintos
sectores que participan en la actividad, productores, industrializadores y
comercializadores, regido por principios que busquen establecer un régimen
equitativo, garantizando la participación racional y justa de cada sector. Se
entenderá bajo parámetros de fomento a la producción y distribución equitativa
de la riqueza, en consonancia con los valores de solidaridad y justicia social.

r) Pympa: se considera pequeño o mediano
productor agropecuario a las personas físicas o jurídicas, cuyas propiedades de
uso agropecuario destinadas a la producción primaria agrícola o pecuaria tengan
un rango de área declarada con valores iguales o inferiores a los parámetros de
tamaño de la finca para la determinación y certificación de pequeño y mediano
productor agropecuario por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG).

(Así
adicionado el inciso anterior por el artículo 2° de la ley N° 10758 del 12 de
noviembre de 2025)

s) Pyme: se considera pequeña o mediana
empresa (pyme) a toda unidad productiva de carácter permanente que cuente con
recursos humanos, los administre y opere bajo la figura de persona física o
jurídica, en actividades industriales, comerciales, de servicios o
agropecuarias, incluyendo aquellas dedicadas a la agricultura orgánica,
conforme a lo establecido en la Ley 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas
y Medianas Empresas, de 2 de mayo de 2002.

(Así
adicionado el inciso anterior por el artículo 2° de la ley N° 10758 del 12 de
noviembre de 2025)

t) Infraestructura en desuso: instalaciones
físicas, edificaciones, terrenos, obras físicas o sistemas construidos con
fines productivos, administrativos o comunitarios en zonas rurales, siendo
estructuras que han dejado de cumplir su función original y permanecen
inactivas, sin uso productivo, administrativo o comunitario durante un período
continuo de al menos dos años y cuya condición de abandono o subutilización
pueda ser verificada mediante inspección técnica o certificación institucional.

(Así
adicionado el inciso anterior por el artículo 2° de la ley N° 10758 del 12 de
noviembre de 2025)

 Ficha articulo

ARTÍCULO 4.-  Principios
orientadores

El Inder, en la aplicación del objeto de esta ley y en cumplimiento de los
fines que la misma ley dispone alcanzar, se regirá por los siguientes
principios orientadores:

a) Función social de la
propiedad: las acciones del Inder deberán promover y ejercitar lo pertinente para
hacer efectivo el principio de la función social de la propiedad.

b) Estructura de tenencia
de la tierra: el Inder orientará las acciones tendientes a transformar la estructura de
la tenencia de la tierra, para que cumpla su función social de acuerdo con las
facultades establecidas en la presente ley.

c) Territorialidad y
descentralización: tanto las acciones de planificación como de ejecución de las políticas de
desarrollo territorial rural tendrán en cuenta el cumplimiento de las políticas
públicas dictadas por el Poder Ejecutivo, sobre descentralización y
desconcentración de las competencias y potestades del Inder, posibilitando que
la política responda a las demandas y las necesidades originadas en los
territorios rurales, considerando la complementariedad existente entre los
espacios rurales y urbanos.

d) Integralidad: el desarrollo rural se
concibe como un proceso multidimensional y multisectorial que requiere la
atención simultánea de los principios aquí consignados, a fin de evitar la
ejecución de acciones aisladas o sin una misma orientación.

e) Participación: el desarrollo rural
promoverá la participación de diversos actores dentro del territorio, como un
elemento sustancial para suscitar los cambios organizativos y productivos
requeridos para dinamizar la economía territorial.

f) Desarrollo humano: la finalidad del
desarrollo rural es contribuir al proceso de generación de las capacidades
humanas que permitan el ejercicio de la libertad, la movilidad social y el
crecimiento personal de los habitantes.

g) Multisectorialidad: el Inder promoverá el
desarrollo rural por medio de la coordinación de los distintos sectores de
la Administración Pública, las organizaciones
privadas y otros de la sociedad, mediante la planificación territorial
operativa y la articulación presupuestaria de las instituciones participantes,
en los ámbitos local, regional y nacional.

h) Sostenibilidad: el desarrollo rural tiene
como condición asegurar que las actividades económicas sean sostenibles desde
el punto de vista económico, social, ambiental e institucional, en beneficio de
la población rural.

i)          Transparencia de la acción pública: todas las acciones que se
deriven de la coordinación y ejecución de las políticas de desarrollo rural
deben respetar los principios de rendición de cuentas, fiscalización ciudadana,
ética en la función pública y ejercicio eficiente y eficaz del servicio
público.

 Ficha articulo

CAPÍTULO II

POLÍTICAS PÚBLICAS,
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL,

FOMENTO Y FORTALECIMIENTO
DE LOS

SECTORES PRODUCTIVOS

                            ARTÍCULO
5.-         Objetivos del desarrollo rural

El Estado costarricense, en coordinación con los gobiernos locales y los
entes públicos correspondientes, impulsará políticas, acciones y programas en
los territorios rurales orientados al desarrollo de estos, según los siguientes
objetivos:

a) Promover y
fomentar el bienestar económico y social en los territorios rurales, mediante el
apoyo económico a la diversificación y la generación de ingresos, empleo y
prestación de servicios públicos.

b) Colaborar para
corregir las disparidades del desarrollo territorial por medio de la atención
diferenciada a los de mayor rezago, mediante una acción integral que impulse su
transformación y la reactivación productiva y económica, en especial de las
economías familiares rurales, con un enfoque de desarrollo rural sostenible.

c) Contribuir al
autoabastecimiento del país mediante un impulso a la producción de alimentos,
el desarrollo de la agroindustria para el consumo interno y la exportación,
establecimiento de mecanismos de abastecimiento de los mercados locales y
regionales en coordinación con los entes públicos competentes fomentando
condiciones favorables para el acceso, especialmente a las mujeres rurales y a
los sectores más vulnerables de los territorios rurales.

d) Fomentar la
conservación de la biodiversidad, el desarrollo de servicios ambientales
rurales, el mejoramiento de los recursos naturales mediante el establecimiento
de sistemas de producción, especialmente de agricultura orgánica, agroindustria
y ganadería, promoviendo sellos de calidad y de denominaciones de origen, en
coordinación con los entes públicos competentes en cada materia, para hacer
sostenible la producción en los territorios rurales.

e) Impulsar el derecho a la propiedad, acceso y control a
la tierra y a otros activos del medio rural, a las mujeres rurales como una
acción eficaz para contribuir a la igualdad, el bienestar rural, la democracia
y la conservación y la protección de los bosques, garantizando que el
ordenamiento y las políticas agroambientales busquen una racional y sostenible
distribución cuantitativa y cualitativa del recurso tierra.

 (Así
reformado el inciso anterior por el artículo 6° de la Ley para el acceso, uso y
control de la tierra por parte de las mujeres, para aumentar el empleo en
actividades con sistemas productivos bajos en carbono, conservación y
forestales, N° 10724 del 13 de mayo del 2025)

f) Establecer zonas
de reserva agropecuaria, con el propósito de asegurar el uso productivo que más
convenga al país, en resguardo del autoabastecimiento alimentario, con
fundamento en la Ley
 N.º 7779, Uso, Manejo y Conservación de Suelos.

g) Facilitar el
acceso de los productores y las productoras rurales a los conocimientos, la
información, el desarrollo tecnológico, la innovación y los servicios de apoyo
económico requeridos para generar nuevos productos y procesos, fomentar la
calidad e inocuidad en sus actividades productivas y de servicios, promoviendo
el establecimiento de encadenamientos y alianzas en los cuales sean partícipes
las economías familiares campesinas y los pequeños y medianos empresarios y
empresarias rurales, en coordinación con las entidades públicas centralizadas y
descentralizadas.

h) Estimular la
productividad y la producción para asegurar una alimentación saludable, nutritiva
y culturalmente apropiada, respetando la diversidad existente en todos los
territorios rurales bajo los principios de solidaridad, cooperación y
complementariedad para garantizar el autoabastecimiento y la seguridad
alimentaria de todos los habitantes del país, recurriendo a la generación y
transferencia de tecnología que permita la articulación técnica, la extensión,
la nutrición y la calidad.

i) Impulsar la diversificación productiva del medio
rural, tomando en cuenta su multifuncionalidad y sus potencialidades
productivas, y su contribución a la preservación de la biodiversidad, la
prestación de servicios ambientales a la sociedad, el mejoramiento de los
espacios y paisajes rurales y la protección del patrimonio natural en los
diversos territorios rurales del país.

j) Promover el arraigo e integración de la población
habitante de los territorios rurales del país, reconociendo y respetando la
diversidad rural en un enfoque con participación de todos los sectores, para contribuir,
coordinando con las instituciones competentes, al desarrollo de sus capacidades
y su inclusión en los procesos de desarrollo económico, social, ambiental e
institucional, mediante la generación de opciones agroproductivas y el impulso
de planes de desarrollo rural territorial y los servicios de vivienda, salud y
educación.

k) Facilitar el
acceso de las familias campesinas a las actividades productivas, reconociendo
la diversidad de los sistemas de producción que incluyen producción de materias
primas o alimentos básicos, comercialización agropecuaria y transformación
agroindustrial.

l) Fortalecer el sistema institucional rural y su
articulación en los procesos de desarrollo mediante la ejecución de los planes
de desarrollo rural territorial, diseñados con la participación de los
campesinos sin tierra, las familias de los micros, pequeños y medianos
productores, las dependencias públicas territoriales y los representantes de la
sociedad civil, creando las condiciones para responder, de manera eficaz, a las
necesidades y demandas territoriales y a la creación de las condiciones para
que los actores locales sean gestores de su propio desarrollo.

m) Fomentar los
procesos de asociatividad, coordinando especialmente con las organizaciones
campesinas de hombres y mujeres, como base fundamental para el impulso de
iniciativas de los procesos de desarrollo rural, como sustentos de una
verdadera participación ciudadana.

n) Facilitar los
procesos de capacitación, formación y educación rural, en coordinación interinstitucional,
para que permita elevar el nivel cultural y técnico del sector campesino,
especialmente en las áreas sociales, económicas, productivas y ambientales.

ñ) Fomentar
soluciones locales y territoriales de comercialización en coordinación con las
instituciones públicas del sector agropecuario y con organizaciones
agroproductivas afines.

o) Estimular y apoyar
económicamente la formación de cadenas de valor, para que los micros, pequeños
y medianos productores generen valor agregado y servicios en el medio rural
desde la etapa de preproducción hasta los procesos de transformación,
industrialización y comercialización final, dándole impulso a la
complementariedad en servicios agroindustriales entre productores rurales y la
industria nacional.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 6.-  Aplicación
de las políticas de desarrollo rural

Las políticas en materia de desarrollo rural deben ser derivadas de lo
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se incorporen los compromisos
y las responsabilidades, expresados en los planes de desarrollo rural
territorial, asimismo, en los programas sectoriales pertinentes y en los planes
operativos institucionales. EI Inder, en coordinación con el Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), dará seguimiento y
verificará el cumplimiento de dichos compromisos, y la asignación de los
presupuestos necesarios para su ejecución deberán ser previstos por cada una de
las instituciones públicas comprometidas, en coordinación con las
municipalidades.

Asimismo, estas políticas deberán priorizar
la dotación y regularización de tierras, la asistencia técnico-financiera, el
acceso al crédito y otras acciones de fomento. Además, es esencial garantizar
que al menos el cincuenta por ciento (50%) de los beneficiarios sean mujeres,
como parte de la población objetivo. Esto contribuirá a educir la brecha de
género en el desarrollo rural, respaldado por datos cuantitativos y
cualitativos desagregados por sexo.

(Así adicionado el párrado anterior por el artículo 6° de la Ley
para el acceso, uso y control de la tierra por parte de las mujeres, para
aumentar el empleo en actividades con sistemas productivos bajos en carbono,
conservación y forestales, N° 10724 del 13 de mayo del 2025)

 Ficha articulo

ARTÍCULO 7.-  Regiones de mayor rezago social

Las acciones de desarrollo rural que efectúe el
Estado atenderán de manera prioritaria las regiones con mayor rezago social y
económico, mediante el impulso de las actividades socioeconómicas rurales, el
incremento de la inversión productiva, el fomento a la diversificación de
oportunidades de empleo e ingreso y la promoción de vínculos entre los ámbitos
rural y urbano, para facilitar a los agentes de la sociedad rural el acceso a
los apoyos que requiere la actividad productiva, así como la prestación de los
servicios necesarios para el mejoramiento de su bienestar.

 Ficha articulo

                                    ARTÍCULO 8.-  Estrategias de coordinación y fomento en la
participación rural

           
El Inder asesorará y facilitará la participación y organización de los actores
en los territorios rurales bajo los siguientes criterios:

a) La unidad básica
de la coordinación del desarrollo rural territorial la constituyen las
instancias de convergencia de los actores sociales de cada territorio.

b) (Derogado por el artículo 42 de la ley N° 10096 del 24 de noviembre de 2021,
"Desarrollo regional de Costa Rica")

c) El Inder
facilitará, con fundamento en
la Ley N.º 8801, Ley General de Transferencia de
Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, la coordinación con los
gobiernos locales y las diferentes instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, las acciones que se realizarán en cada cantón del país, lo que
permitirá la eficacia y la eficiencia en la utilización de los recursos
disponibles.

d) El Inder promoverá
el diálogo y la negociación para fomentar la participación rural, facilitar la
toma de decisiones y la formulación de estrategias para resolver las
necesidades existentes en materia de desarrollo rural.

e) A nivel nacional,
el órgano máximo de coordinación del desarrollo rural, en atención a las
políticas emanadas del MAG en su
condición de rector del sector agropecuario, será el Inder.

 Ficha articulo

CAPÍTULO III

    ORGANIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS RURALES

ARTÍCULO 9.-  Territorio rural, delimitación y clasificación

Para los fines de esta ley, el territorio rural es
una unidad geográfica dedicada principalmente al desarrollo de actividades
rurales, compuesta por un tejido social e institucional particular, asentada en
una base de recursos naturales propios, con formas de organización, producción,
consumo, intercambio y manifestaciones de identidad comunes. Para el
cumplimiento de sus fines y funciones, el Inder deberá elaborar una
delimitación y clasificación de los territorios rurales. Dicha delimitación y
clasificación de los territorios rurales será consensuada con los actores de
los territorios y con los ministerios y autoridades competentes, y no
modificará la división territorial y administrativa de
la República, ni afectará las competencias públicas de las
corporaciones municipales y de otros entes.

El Inder tomará como base de planificación y
operación el territorio rural. Para fines operativos, el territorio lo
conforman uno o varios cantones, o algunos de sus distritos, que presentan
características comunes desde el punto de vista de su ecología, de sus
actividades económicas, culturales, institucionales, políticas y de las
modalidades de generación de ingresos de la población habitante en ellos.

Los territorios rurales son áreas que dependen
económica y socialmente, de manera predominante, de las actividades derivadas
de utilización de los suelos, las aguas y los bosques, traducido en el valor
económico generado por

ellos, incluyendo el empleo y las actividades relacionadas con comercio y
prestación de servicios.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 10.- Estrategias de fomento a la
participación rural

En la ejecución de las políticas de desarrollo
rural territorial, el Estado promoverá la participación de los actores de los
territorios rurales como impulsores y gestores del desarrollo social,
económico, ambiental y cultural de los territorios a los cuales pertenecen.

Esta participación será la base de lo siguiente:

a) La formulación de una
visión de futuro del territorio, capaz de orientar la inversión y la prestación
de los servicios de apoyo necesarios.

b) La creación de espacios de
diálogo y negociación para el tratamiento de temas relacionados con la
ejecución de los planes de desarrollo rural territorial.

            c)
La
coordinación entre las entidades públicas y los actores de los territorios para
la formulación de estrategias y ejecución de actividades de interés mutuo.

 Ficha articulo

Artículo
11- Apoyo del Inder a los planes de desarrollo rural territorial. El Inder y
las instituciones públicas implicadas en el desarrollo territorial rural, de
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas, podrán
facilitar el acceso a recursos materiales y financieros para la formulación y
ejecución de los planes de desarrollo rural territorial, en concordancia con su
presupuesto, así como los recursos necesarios para el funcionamiento de los
consejos de desarrollo territorial rural. A su vez, podrán asesorar en la
ejecución del proceso de promoción y brindar la capacitación de los distintos
actores participantes, así como el apoyo y seguimiento organizativo que estos
requieran.

(Así
reformado por el artículo 40 de la ley N° 10096 del 24 de noviembre de 2021, "Desarrollo
regional de Costa Rica")

 Ficha articulo

            ARTÍCULO 12.- Participación y organización de los actores en el desarrollo territorial.
El Inder facilitará la participación y organización de los actores de los territorios rurales, según
los siguientes criterios, en el marco de sus competencias:

a) Formulación
participativa de una visión de futuro del
territorio capaz de orientar la inversión y la prestación de los servicios de
apoyo necesarios para impulsar en forma eficaz su desarrollo.

b) Creación de
espacios de participación que abran posibilidades para el incremento de la
productividad y la competitividad, dirigidos a reactivar las economías
territoriales y el desarrollo humano de sus habitantes.

            c) Establecimiento de mecanismos de
coordinación de las entidades públicas y entre estas y la sociedad civil.

            d) Diseño y operación de mecanismos
de ejecución de las propuestas de desarrollo que sean convenidas con los
actores de los territorios rurales.

(*)
e) Desarrollo y financiamiento de proyectos para las comunidades rurales por
medio de transferencias de recursos líquidos no reembolsables a sujetos
públicos y privados sin fines de lucro, de los actores sociales establecidos en
el inciso c) del artículo 3 de esta ley. Los sujetos públicos y privados sin
fines de lucro deberán utilizar la Guía para Proyectos de Desarrollo Rural, o
su equivalente, establecida por el Inder para la presentación de proyectos y
solicitud de financiamiento de recursos líquidos no reembolsables; además,
deberán presentar ante el Inder, trimestralmente, un informe de avance del
proyecto rural que deberá contener las liquidaciones de los recursos
desembolsados, con las siguientes normas para el control de los fondos que son
custodiados o administrados por dichos sujetos:

i)
Presupuesto de fondos públicos. El sujeto privado y público sin fines de lucro
debe presentar al Inder un presupuesto respecto a los fondos públicos que
custodie o administre, que cumpla como mínimo con: indicación del nombre,
cédula y puesto de las personas encargadas de la custodia o administración de los
fondos públicos; certificación de la cédula jurídica vigente; ubicación
geográfica y dirección exacta; monto de los fondos públicos asignados; detalle
del fin público que se pretende cumplir con el uso de los fondos públicos; plan
de trabajo, que contenga al menos los objetivos, las metas, los indicadores de
eficacia y los responsables, dicho plan debe guardar coherencia con respecto a
lo que indique el Inder en sus instrumentos de planificación; fuentes de
recursos complementarios u otros beneficios o fondos provenientes del sector
público y cualquier otra información que el Inder considere necesaria, con el
grado de detalle, la cantidad y la forma de presentación que se defina vía
reglamentaria.

ii)
Reporte de rendición de cuentas. Trimestralmente, el sujeto público y privado,
sin fines de lucro, debe remitir al Inder un reporte de rendición de cuentas
que contenga al menos lo siguiente: el gasto asociado al fin para el cual se le
otorgaron los fondos en custodia o administración; los eventuales desvíos en
los objetivos de los planes o compromisos adquiridos entre las partes y las
acciones correctivas implementadas; el flujo de ingresos de los fondos públicos
y el registro de los activos adquiridos con dichos fondos. Además, deberá
presentarse un informe final con la liquidación total al cierre del proyecto.

(*)
(Así adicionado el inciso e) anterior por el artículo 1° de la Ley para el
financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y privados
y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 10704 del 6 de mayo del
2025)

 Ficha articulo

Artículo
13- Formulación de los planes de desarrollo rural territorial. El Inder, con la
participación de los actores rurales tanto públicos como de la sociedad civil,
agrupados en los consejos territoriales de desarrollo rural, apoyará y
facilitará la formulación de los planes de desarrollo territorial rural de cada
uno de los territorios, los cuales deberán estar armonizados con los planes reguladores
elaborados por las municipalidades que orientarán la acción del sector público
implicado, de acuerdo con los objetivos establecidos en la presente ley.

(Así reformado
por el artículo 40 de la ley N° 10096 del 24 de noviembre de 2021, "Desarrollo
regional de Costa Rica")

 Ficha articulo

TÍTULO II

    TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO

    AGRARIO (IDA) EN EL INSTITUTO DE
DESARROLLO

    RURAL (INDER)

CAPÍTULO I

    DISPOSICIONES GENERALES

                            ARTÍCULO
14.-        Transformación del IDA en el Inder

Transfórmase el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de
Desarrollo Rural (Inder), como una institución autónoma de derecho público, con
personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa. Su
domicilio legal será la ciudad de San José, sin perjuicio de que puedan
establecerse dependencias o delegaciones territoriales en otros lugares del
país.

A partir de la publicación de la presente ley, toda
disposición legal, reglamentaria o administrativa que haga referencia al
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) deberá leerse como Instituto de
Desarrollo Rural (Inder).

 Ficha articulo

ARTÍCULO 15.- Funciones
del Inder. Son funciones del Inder
las siguientes:

a) Ejecutar la
política del Estado para el desarrollo rural incluyendo la dotación de tierras,
en coordinación con los órganos competentes del sector público, de las organizaciones
privadas y de la sociedad civil, promoviendo las alianzas público-privadas
necesarias y facilitando los esquemas de coinversión.

b) Fomentar la
producción y la diversificación económica del medio rural, tomando en cuenta la
multifuncionalidad de servicios que brinda a la sociedad, sus potencialidades
productivas y su contribución al uso racional de los recursos naturales, a la
conservación de la biodiversidad, el mejoramiento de los espacios y paisajes
rurales y la protección del patrimonio natural y cultural, en los diversos
territorios rurales del país.

c) Impulsar la
competitividad de las empresas rurales, en especial las economías familiares
campesinas y los pequeños y medianos productores que les permitan alcanzar,
sostener y mejorar su posición en su entorno nacional e internacional.

d) Apoyar la
formación y operación de agrocadenas en el proceso de
obtención de productos con valor agregado y servicios originados en el medio
rural, dentro de un marco de comercio justo desde su etapa de preproducción,
hasta los procesos de transformación, industrialización y comercialización
final. En ese sentido, promoverá la contratación agroindustrial entre
productores rurales, industriales y comercializadores.

La contratación
agroindustrial es de interés público y se entenderá como un proceso de
integración de los distintos sectores que participan en ella, y estará regida
por principios que busquen establecer un régimen equitativo, garantizando la
participación racional y justa de cada sector.

La contratación
agroindustrial, como proceso de integración productiva, se entenderá bajo los
parámetros de fomento a la producción y distribución equitativa de la riqueza.

e) Facilitar el
acceso de los productores rurales en sus propios territorios al recurso tierra,
al conocimiento, la información, el desarrollo tecnológico y los servicios de
apoyo requeridos para generar nuevos productos y procesos, fomentando la
calidad y la inocuidad en sus actividades productivas y de servicios.

f) Facilitar a los
pobladores rurales el registro y la protección de su conocimiento ancestral,
denominaciones de origen, indicaciones geográficas y de las innovaciones que
realicen ante los entes públicos correspondientes.

g) Estimular la
organización empresarial y social en los territorios rurales bajo los
principios de participación, solidaridad, equidad generacional y de género,
estableciendo organizaciones de carácter asociativo, comunitario o de otro
tipo.

h) Promover el
bienestar y el arraigo de la población en los territorios rurales del país, el
desarrollo humano de sus habitantes, el disfrute de sus derechos ciudadanos y
su participación en los procesos de desarrollo económico, social, ambiental e
institucional, en un marco de equidad y sostenibilidad, contemplando criterios
de género, integración de la población de personas con discapacidad y personas
de la tercera edad.

i) Ofrecer en forma
directa recursos financieros y técnicos mediante el sistema de crédito rural
del Inder u otro mecanismo que se cree al efecto o en
asocio con el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y el resto del Sistema
Financiero Nacional, y organismos de cooperación y capacitación, por medio de
alianzas estratégicas, para el desarrollo de planes específicos tendientes a
mejorar la organización, la extensión y el uso del crédito.

j) Gestionar y
utilizar la cooperación y el asesoramiento de organismos nacionales e
internacionales vinculados al sector de su competencia.

k) Promover y
realizar todo tipo de estudios necesarios, en coordinación con los organismos
correspondientes, para determinar el uso y manejo sostenible del recurso
tierra.

l) Ejecutar acciones
de manera directa en lo que esta ley le autoriza y colaborar con otras
entidades para apoyar a sus beneficiarios en caso de desastres naturales ocurridos
en los territorios rurales, debidamente declarados de manera oficial, de modo
que permita cubrir necesidades de reubicación, rehabilitación, restauración y
reactivación requeridas.

m) Estimular los
proyectos innovadores de los estudiantes egresados de los colegios
agropecuarios y académicos establecidos dentro de los territorios rurales,
brindándoles asesoramiento y recursos para que dichos proyectos sean viables.

n) Gestionar, ante
los organismos competentes, la creación de infraestructura y el establecimiento
de los servicios públicos necesarios para impulsar el desarrollo rural, sin
perjuicio de que el instituto pueda realizar estas obras con recursos propios.

 ñ) Ejecutar la política del
Estado para el desarrollo rural incluyendo la dotación de tierras para los
beneficiarios establecidos en la presente ley, en coordinación con los órganos
competentes del sector público, de las organizaciones privadas y de la sociedad
civil. Igualmente, promover las alianzas público-privadas y con empresas sometidas
al régimen especial de atracción de inversiones en los territorios rurales
necesarios y facilitando los esquemas de coinversión.

(Así adicionado
el inciso anterior por el artículo 5° de la 
Ley de fortalecimiento de la competitividad territorial para promover
la atracción de inversiones
fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), N° 10234 del 4 de mayo del 2022)

o)
El desarrollo y financiamiento de proyectos rurales en concordancia con los
objetivos de esta ley y el Plan de Desarrollo Rural Territorial o su
equivalente, en beneficio de los territorios rurales por medio de
transferencias de recursos líquidos no reembolsables a sujetos públicos y
privados sin fines de lucro, de los actores sociales descritos en el inciso c)
del artículo 3 de esta ley. El Inder creará un banco
de proyectos rurales de las iniciativas que han sido beneficiadas por
transferencias de recursos líquidos y llevará un seguimiento del estado del
proyecto y los desembolsos realizados para su debido control en la ejecución de
recursos públicos, cuya información deberá estar al acceso de la población por
medios o herramientas digitales para consulta. Los proyectos rurales que se
financiarán con estos recursos líquidos deberán ser aprobados previamente por
la Junta Directiva, para luego ser incorporados en el banco de proyectos antes
descrito. El Inder realizará la revisión y el
seguimiento de avance del proyecto rural de manera trimestral y, a la
finalización de este, con los parámetros indicados en el artículo 12, inciso
e), subincisos i) y ii), de la presente ley.

Si
existiera alguna irregularidad en la ejecución de los recursos durante
cualquier etapa o fase del proyecto, el Inder seguirá
el debido proceso administrativo y, si se comprueba una mala ejecución de los
recursos, se procederá a solicitar al sujeto público o privado sin fines de
lucro, quienes deberán hacer devolución de los recursos líquidos otorgados,
estableciéndose la prohibición automática para recibir nuevos financiamientos
para proyectos de desarrollo rural por un período equivalente a dos años, sin
perjuicio de que el acto no constituya un delito de mayor gravedad; período que
se computará a partir de la devolución total de los recursos líquidos
otorgados. El Inder deberá reglamentar este
procedimiento

(Así
adicionado el inciso o)
anterior por el artículo 2° de
la Ley para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos
públicos y privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 10704 del 6 de mayo del 2025)

 Ficha articulo

ARTÍCULO 16.- Competencias
y potestades del Inder. Para el cumplimiento de
sus fines, el Inder contará con las siguientes
potestades y competencias:

a) Se tendrá como
actividad ordinaria del Inder el estímulo a la producción,
el apoyo a la organización de productores y pobladores rurales, la prestación o
coordinación de servicios de apoyo, la obra pública, tráfico jurídico de
tierras, compra, venta, hipoteca, arrendamiento, constitución de fideicomisos,
adquisición de bienes y la contratación o el suministro de los servicios
complementarios para el desarrollo.

b) El suministro o la
contratación de servicios y celebración de cualquier convenio, contrato y
alianzas con personas de derecho público o privado, nacionales o
internacionales.

c) Comprar, vender,
arrendar, donar, constituir fideicomisos, usufructuar bienes muebles e
inmuebles, servicios, así como invertir en títulos valores y recibir
donaciones.

d) Prestar,
financiar, hipotecar bienes, realizar actividades comerciales, prestar o
contratar servicios y celebrar convenios, contratos y alianzas con personas de
derecho público o privado, nacionales o internacionales y cualesquiera otras
que sean necesarias para el desempeño de los fines de esta ley.

e) Otorgar contratos
de arrendamiento, derechos de uso, títulos de propiedad, reconocimiento de
posesión o cualquier otro derecho real, en tierras que sean parte de su
patrimonio y las que adquiera o se le traspasen para la ejecución de
iniciativas de desarrollo rural.

f) Adquirir tierras y
bienes, el arrendamiento, la compra, la venta, la hipoteca, el estímulo a la
producción, el apoyo a la organización de los productores, la prestación o
coordinación de servicios de apoyo tales como crédito y asesoramiento técnico y
la contratación o el suministro de los servicios complementarios para el
desarrollo.

g) Gestionar, coordinar e
impulsar el desarrollo de los territorios rurales del país, en forma directa,
con sus propios recursos, mediante la coordinación con otras instituciones, el
de los asentamientos y de los territorios rurales; para ello, promoverá la
elaboración de planes de desarrollo de los territorios rurales del país en el
ámbito territorial y nacional.

(Así reformado
el inciso anterior por el artículo 40 de la ley N° 10096 del 24 de noviembre de 2021, "Desarrollo
regional de Costa Rica")

h) Administrar las
tierras que sean parte de su patrimonio y las que adquiera o le traspasen, para
la ejecución de planes de desarrollo de los territorios rurales, en
cumplimiento de la función social, económica y ambiental de la propiedad,
dentro de los conceptos de multifuncionalidad y desarrollo sostenible.

i) Plantear las
acciones administrativas o judiciales que correspondan para recuperar los
bienes muebles e inmuebles que hayan sido apropiados ilegalmente.

j) Ser parte en los
juicios que se tramiten en los tribunales agrarios y
contencioso-administrativos, según sea el caso, en que estén involucradas
tierras de reservas nacionales, las que sean parte de su patrimonio y las que adquiera
o se le traspasen.

k) Formular, ejecutar y
evaluar el Plan Operativo Institucional, de conformidad con las políticas de
desarrollo rural, los planes de desarrollo territorial rural, el Plan Nacional
de Desarrollo Rural y el Plan Nacional de Desarrollo.

(Así reformado
el inciso anterior por el artículo 40 de la ley N° 10096 del 24 de noviembre de 2021, "Desarrollo
regional de Costa Rica")

l) Coordinar y facilitar, según corresponda, mediante sistema de crédito rural del Inder los
servicios de apoyo y los territorios rurales en materia de crédito, capacitación, asistencia
técnica, comercialización, inteligencia de mercados, diseño y financiamiento de proyectos y
organización empresarial, que respondan a los planes territoriales de desarrollo rural; lo anterior
en coordinación con las instituciones del sector agropecuario.

m) Desarrollar,
gestionar y coordinar, con los organismos competentes, el establecimiento de
servicios públicos y demás obras de infraestructura en los asentamientos
campesinos y en los territorios rurales, con el fin de ofrecer las condiciones
requeridas por los beneficiarios del Inder, sin
perjuicio de que el Inder pueda realizar esas obras
con recursos propios, cuando sea urgente y necesario.

n) Ejercer la
administración de su patrimonio.

ñ) Identificar,
definir y establecer los territorios rurales tomando en consideración aspectos
ambientales, productivos, geográficos, político -administrativos y culturales.

o) Fomentar la creación y el fortalecimiento de organizaciones de carácter asociativo, empresarial y
comunitario, para lograr el encadenamiento de actividades productivas y el establecimiento de
alianzas estratégicas necesarias y oportunas, siendo prioritarios el modelo cooperativo y el
asociativo de mujeres con proyectos que sean ambientalmente sostenibles.

 (Así
reformado el inciso
anterior por artículo 6° de
la Ley para el acceso, uso
y control de la tierra por
parte de las mujeres, para aumentar
el empleo en actividades con sistemas productivos bajos en carbono, conservación
y forestales, N° 10724 del 13 de mayo del 2025)

p) Proponer las
expropiaciones necesarias para la adquisición de tierras, en atención a la
necesidad pública de estas, para el impulso de los planes de desarrollo de los
territorios rurales.

q) El Inder deberá procurar la solución de los problemas que
resulten de la ocupación de las reservas nacionales y de la ocupación en
precario de tierras del dominio privado. El Inder
queda facultado, cuando proceda, para redistribuir y reordenar las áreas que
sean objeto de conflicto.

r) El desarrollo y
financiamiento de proyectos rurales en concordancia con los objetivos del Plan
de Desarrollo Rural Territorial o su equivalente, en beneficio de los
territorios rurales, por medio de transferencias de recursos líquidos no
reembolsables a sujetos públicos y privados sin fines de lucro, de los actores
sociales descritos en el inciso c) del artículo 3 de esta ley. La Junta
Directiva del Inder deberá incluir, en las
liquidaciones presupuestarias anuales que envía a la Contraloría General de la
República, un detalle respecto del uso de esos recursos transferidos, el
destino y la fiscalización de estos. Además, el Inder
realizará la revisión y el seguimiento del avance del proyecto rural de manera
trimestral y en la finalización de este, en la que se evaluará el estado del
proyecto y la ejecución de los recursos transferidos, según se indica en el
artículo 12, inciso e), subincisos i) y ii), de la
presente ley.

Si existiera alguna irregularidad en la ejecución de los recursos, durante cualquier etapa o fase
del proyecto, se seguirá el debido proceso administrativo y, si se comprueba una mala ejecución de
estos, se procederá a solicitar al sujeto público o privado sin fines de lucro, quienes deberán
hacer devolución de los recursos líquidos otorgados, estableciéndose la prohibición automática para
recibir nuevos financiamientos para proyectos de desarrollo rural por un período equivalente a dos
años, sin perjuicio de que el acto no constituya un delito de mayor gravedad; período que se
computará a partir de la devolución total de los recursos líquidos otorgados. El Inder deberá
reglamentar este procedimiento.

(Así adicionado el inciso r) anterior por el artículo 3° de la Ley para
el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y
privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 10704 del 6 de mayo del 2025)

 Ficha articulo

ARTÍCULO 17.- Prerrogativas del Inder

a) Inembargabilidad de sus
bienes de dominio público.

b) Carácter de título
ejecutivo de las certificaciones que emita
la Tesorería del Inder, en que consten obligaciones a cargo de
personas naturales o jurídicas por concepto de impuestos, tasas, precios,
cánones, amortizaciones, intereses, créditos o cualquier otro tipo de ingresos
o deudas a favor del Inder.

              Tratándose
de obligaciones de naturaleza tributaria, las certificaciones con carácter de
título ejecutivo serán emitidas por el presidente ejecutivo en su condición de
director tributario y les será aplicable el procedimiento establecido al efecto
en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

              Serán
objeto de certificación las obligaciones tributarias autoliquidadas no pagadas
y los actos administrativos que hayan adquirido firmeza.

c) Exención de fianza de
costas y depósitos para garantizar medidas precautorias.

d) Ejecutoriedad de las
resoluciones válidas, eficaces o anulables que el Inder dicte en asuntos de su
competencia, y en el tanto no exista resolución judicial firme en contrario, en
los términos de la Ley General de
la Administración Pública, salvo lo que
expresamente disponga esta ley y sin menoscabo de la responsabilidad civil en
que pudiera incurrir el Inder por los perjuicios que ocasione a particulares.

              En
caso de las resoluciones definitivas que versen sobre el cobro o la
determinación de la obligación tributaria, la vía administrativa finalizará por
medio de resolución del Tribunal Fiscal Administrativo o cuando el sujeto
pasivo no recurra ante este Tribunal la resolución definitiva que dicte el
Inder, de conformidad con lo establecido en el Código de Normas y
Procedimientos Tributarios.

e) Exoneración del pago de
toda clase de impuestos, tasas y contribuciones especiales directas o
indirectas, nacionales o municipales, que incluyen aquellos que suponen la
adquisición o posesión de bienes muebles o inmuebles.

f) Instaurar y ejecutar
cualquier acción tendiente a realizar fiscalización sobre los predios que se
encuentren dentro de su competencia.

 Ficha articulo

CAPÍTULO II

    DIRECCIÓN SUPERIOR DEL INDER

SECCIÓN I

    JUNTA DIRECTIVA Y SUS FUNCIONES

ARTÍCULO 18.-            Integración

El órgano máximo de dirección del Inder será
la Junta Directiva, integrada por siete miembros de la siguiente
manera:

a) El presidente ejecutivo
del Inder, quien la presidirá.

b) El ministro de Agricultura
y Ganadería, quien podrá ser representado por un viceministro.

c) El ministro de
Planificación Nacional y Política Económica o su viceministro.

d) El ministro del Minaet o
su viceministro.

e) Una persona representante
de la Unión de Gobiernos Locales que
pertenezca a los territorios rurales.

f) Una persona representante
de los territorios rurales, quien será ratificada por el Poder Ejecutivo.

g) Una persona representante
electa del seno del Foro Nacional Agropecuario acreditado ante el MAG, ratificada por el Poder
Ejecutivo o, en su defecto, un representante de las organizaciones campesinas
existentes en el país de cobertura nacional, ratificado por el Poder Ejecutivo.

La Junta Directiva elegirá de su seno un vicepresidente,
quien sustituirá al presidente en caso de impedimento o ausencia en el
ejercicio de sus atribuciones y deberes.

Cuando estén ausentes el presidente y el
vicepresidente de la Junta, esta nombrará a uno de
sus miembros como un presidente ad hoc para el desempeño de sus funciones.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 19.- Requisitos

Para ser miembro de
la Junta Directiva es necesario ser costarricense por nacimiento o
naturalización, con diez años de residencia en el país como mínimo, y no estar
inhabilitado para ejercer cargos públicos.

No podrán ser designados miembros de
la Junta Directiva quienes estén ligados entre sí o con jefes de
departamento o funcionarios de más alto nivel de la institución, por parentesco
de consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado inclusive. Tampoco podrán
serlo personeros o empleados del propio Inder.

Cuando, con posterioridad al nombramiento, se
compruebe la existencia de alguno de los impedimentos a que se refiere el
párrafo anterior, se considerará nula la designación del miembro. Si la causa
del impedimento es sobreviniente, caducará el nombramiento desde el momento en
que surgió esa causa.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 20.- Período

Los miembros de
la Junta Directiva serán designados por períodos de cuatro años, a
partir del 1° de junio del año en que inicie el mandato presidencial de
la República, conforme lo establece el artículo 134 de
la Constitución Política. Sus nombramientos deberán
efectuarse en los últimos quince días del mes de mayo del año correspondiente.

Cualquiera de los miembros de
la Junta Directiva podrá ser reelegido.

El Consejo de Gobierno, a solicitud de
la Junta Directiva, ratificará los nombramientos interinos para
sustituir a los directores que no puedan concurrir a sesiones,
justificadamente, por períodos no menores a un mes ni mayores a seis meses.

En caso de sustitución de directores, por remoción
justificada, renuncia, fallecimiento o por cualquier otra causa, el
nombramiento se hará dentro de los quince días siguientes a la fecha en que
quede el puesto vacante y dicho nombramiento tendrá vigencia por el resto del
período.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 21.-  Causas de remoción

Las personas integrantes de
la Junta Directiva podrán ser removidas de sus cargos si incurren en
cualquiera de las siguientes causales:

a) Violación de algunas de
las disposiciones prohibitivas o de precepto obligatorio contenidas en las
leyes, los decretos o los reglamentos aplicables al Inder.

b) Responsabilidad por actos
u operaciones fraudulentas o ilegales. En caso de sobrevenir citación a juicio
penal contra una persona integrante de
la Junta Directiva, esta será suspendida del ejercicio de sus
funciones por el Consejo de Gobierno, hasta tanto haya sentencia condenatoria
en firme.

c) Inhabilitación para el
ejercicio de cargos públicos establecida por la autoridad competente.

d) Inasistencia a tres
sesiones ordinarias consecutivas sin causa justificada, a juicio de
la Junta Directiva.

e) Incapacidad o impedimento
físico para desempeñar sus funciones durante un lapso de seis meses o más.

f) Cuando el miembro de
la Junta Directiva sea propietario o arrendatario de un predio o
parcela administrado por la institución y se compruebe que no cumple las
disposiciones que estipula la ley respectiva y sus reglamentos.

              En
todos los casos señalados en este artículo,
la Junta Directiva informará al Consejo de Gobierno para que este
determine si procede y ejecute la separación del cargo.

              No
obstante lo anterior, el director será separado de su cargo mientras se realiza
la investigación. En tal caso, el Consejo de Gobierno deberá nombrar a un
director interino que lo sustituya por el tiempo durante el cual se extienda la
investigación, conforme a los procedimientos establecidos en el reglamento de
esta ley.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 22.- Reglamentación

La Junta Directiva dictará un reglamento para su funcionamiento
interno y su organización, el cual requerirá para su aprobación y su reforma al
menos de la mitad más uno del total de los miembros de
la Junta Directiva.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 23.- Dietas

La asistencia puntual de los miembros de
la Junta Directiva a las sesiones les dará derecho a cobrar dietas y
estas serán las únicas remuneraciones que podrán percibir por sus servicios, en
el desempeño de sus funciones. Por vía reglamentaria y conforme a las
disposiciones de la Ley General de
la Administración Pública y otras normas conexas,
se regularán el monto y el límite de esas dietas.

EI presidente ejecutivo y los ministros y
viceministros no tendrán derecho al cobro de dietas, además de su salario, ni
lo tendrá ningún otro funcionario del Inder que por algún motivo asista a las
sesiones.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 24.- Funciones

La Junta Directiva del Inder tendrá las siguientes funciones:

a) Ejercer las atribuciones
que la presente ley le confiere.

b) Ejecutar la política de
desarrollo rural y el Plan Nacional de Desarrollo Rural, en concordancia con el
Plan Nacional de Desarrollo y las directrices que reciba del Poder Ejecutivo y
del ministro del MAG, en su condición de rector del sector
agropecuario.

c) Determinar los regímenes
de tenencia de tierra que debe establecer el Inder en sus proyectos agrarios.

d) Aprobar la adquisición, la
asignación, el arrendamiento, el gravamen y la enajenación de tierras y otros
bienes, para cumplir los fines de esta ley, previa recomendación del Fondo de
Tierras y del Fondo de Desarrollo Rural.

e) Aprobar la asignación de
tierras según las modalidades previstas por esta ley y aprobar los títulos de
propiedad, contratos de arrendamiento y asignación recomendados por el Fondo de
Tierras, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes
sobre la materia.

f) Aprobar, modificar o
improbar los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Inder.

            g)
Aprobar
los trámites de expropiación, con las formalidades legales del caso, de las
tierras que se requieran por interés público calificado, cuando ello sea
preciso para el cumplimiento de los fines del Inder.

h) Autorizar la contratación
de empréstitos nacionales, previa aprobación de las autoridades competentes,
así como proponer la constitución de fideicomisos dentro del Sistema Bancario Nacional
o el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

i)          Gestionar la contratación de empréstitos extranjeros destinados al impulso
del desarrollo rural territorial del país.

j)          Aprobar la memoria anual y los estados financieros del Inder.

k) Solicitar los informes que
correspondan al presidente ejecutivo, a fin de evaluar la marcha del Inder y
garantizar la transparencia institucional, así como ordenar la realización de
evaluaciones y auditorías externas.

l)          Nombrar al auditor y al subauditor internos, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

m) Nombrar y remover al
gerente general de la institución. Dichos nombramientos se harán por seis años
y podrá ser reelegidos. La votación, tanto para el nombramiento como para la
remoción, será por mayoría calificada de
la Junta Directiva.

n) Aprobar los reglamentos
internos y de servicio de la institución, en relación con los demás aspectos de
esta ley, el Poder Ejecutivo procederá a dictar los reglamentos de ejecución
necesarios, a propuesta del Inder, con fundamento en lo dispuesto en los
incisos 3) y 18) del artículo 140 de
la Constitución Política.

ñ) Velar por la buena marcha
de la institución.

o) Aprobar la organización
interna de la institución.

 Ficha articulo

SECCIÓN II

    PRESIDENTE EJECUTIVO

            ARTÍCULO
25.-            Nombramiento y período

El Inder contará con un presidente ejecutivo cuyo
nombramiento y remoción corresponderá al Consejo de Gobierno. El presidente
ejecutivo se dedicará a tiempo completo y de manera exclusiva al cumplimiento
de sus funciones y no podrá desempeñar ningún cargo público ni ejercer
profesiones liberales; será nombrado por períodos hasta por cuatro años, que
deberán coincidir con el período del ejercicio constitucional del presidente de
la República y tendrá la
representación judicial y extrajudicial del Inder, con las facultades que para
los apoderados generalísimos determina el artículo 1253 del Código Civil.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 26.-  Funciones del presidente ejecutivo

Son funciones del presidente ejecutivo:

a) Representar al Inder en el
cumplimiento de las funciones establecidas en esta ley y cualesquiera otras que
le correspondan, así como en las leyes y los reglamentos aplicables, acatando
las directrices del Poder Ejecutivo y del ministro rector del sector
agropecuario.

b) Ejercer las funciones
inherentes a su condición de jefe superior del Inder, entre ellas las de
director tributario, así como organizar todas las dependencias de la
institución y velar por su cabal funcionamiento.

              c)
Contribuir
a la ejecución de las políticas de desarrollo rural y a las actividades
definidas en el Plan Nacional de Desarrollo Rural, en coordinación con las
organizaciones e instituciones con responsabilidades definidas en él.

d) Promover los proyectos de
ley que se estimen necesarios para el cumplimiento de los objetivos que en esta
ley se establecen.

              e)
Presentar
ante la Junta Directiva, para su aprobación, la
asignación de tierras, según las modalidades previstas por esta ley y aprobar
los títulos de propiedad, arrendamiento y asignación recomendados por el Fondo
de Tierras, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes
sobre la materia.

f) Solicitar al Poder
Ejecutivo, a las municipalidades y a las instituciones autónomas, la
inscripción y la transferencia de terrenos de la reserva nacional, así como el
traspaso de los predios rústicos inscritos a su nombre, para destinarlos a los
fines de la presente ley.

g) Someter a conocimiento y
aprobación de la Junta Directiva los presupuestos
ordinarios, extraordinarios, sus modificaciones y el Plan Operativo
Institucional.

h) Incoar las acciones
judiciales o administrativas correspondientes, en defensa de los derechos del
Inder; transigir o someter a arbitraje los litigios que este tenga y otorgar
los poderes judiciales y extrajudiciales indispensables para la debida atención
de sus negocios.

i)          Firmar, conjuntamente con la persona gerente general, los valores
mobiliarios que emita el Inder.

j)          Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución,
concederles licencias e imponerles sanciones, de conformidad con la normativa
vigente.

k) Atender las relaciones del
Inder con los personeros del Gobierno y sus dependencias, con las demás
instituciones del Estado y con otras entidades nacionales o extranjeras.

l)          Delegar sus atribuciones en el gerente general, cuando sea necesario.

m) Ejercer las atribuciones
que la presente ley le confiere.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 27.-  Sanciones

El presidente ejecutivo, el gerente general, el
auditor y el subauditor del Inder, que permitan operaciones contrarias a la ley
o a los reglamentos aplicables, responderán con sus bienes por las pérdidas que
tales actos ocasionen, sin perjuicio de las demás sanciones y penas que les
correspondan, según el ordenamiento jurídico vigente.

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SECCIÓN III

    GERENCIA GENERAL Y SUS FUNCIONES

ARTÍCULO 28.-  Nombramiento y funciones

La Junta Directiva nombrará un gerente general, quien debe contar con
formación profesional y demostrada experiencia en administración y desarrollo
rural; su nombramiento será por un período hasta por seis años y podrá ser
reelegido. Tendrá a su cargo la administración del Inder, de acuerdo con esta
ley, los reglamentos y las funciones que le asigne
la Junta Directiva y el presidente ejecutivo.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 29.- Representación

El gerente general tendrá la representación
judicial y extrajudicial del Inder, con las facultades que para los apoderados
generalísimos determina el artículo 1253 del Código Civil y las que, para casos
especiales, le otorgue de manera expresa el presidente ejecutivo.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 30.- Deberes y atribuciones

Son funciones de
la Gerencia General las siguientes:

a) Representar a
la Presidencia Ejecutiva en las ausencias que le
impidan el ejercicio del cargo o, en caso de renuncia, hasta que se nombre el
sustituto, excepto las de Junta Directiva.

b) Suministrar a
la Presidencia Ejecutiva la información necesaria
para asegurar el buen gobierno y dirección del Inder.

c) Proponer a
la Presidencia Ejecutiva los planes necesarios
para ejecutar la política de desarrollo rural del Estado.

d) Proponer a
la Presidencia Ejecutiva las normas de
administración necesarias para el mejor funcionamiento del Inder.

e) Coordinar, con los órganos
correspondientes, la elaboración del proyecto de presupuesto anual del Inder,
los presupuestos extraordinarios y las modificaciones al presupuesto anual que
sean necesarios; la memoria anual, el plan operativo institucional y los
informes de ejecución de las metas y las liquidaciones presupuestarias.

f) Adjudicar las licitaciones
para la adquisición de bienes y servicios conforme la ley, previa recomendación
técnica respectiva, hasta el monto correspondiente a las licitaciones
abreviadas fijadas para esta institución por
la Contraloría General de
la República.

g) Proponer, a
la Presidencia Ejecutiva, la creación de las
unidades administrativas y servicios que considere necesarios para el mejor
cumplimiento de las funciones del Inder.

h) Autorizar, con su firma,
los valores y los documentos que determinen las leyes y los reglamentos del
Inder.

i)          Vigilar el correcto desarrollo de la política institucional
señalada por la Junta Directiva y
la Presidencia Ejecutiva, la realización de los
planes de trabajo y la ejecución de los presupuestos ordinarios y
extraordinarios.

j)          Ejercer las demás funciones y atribuciones que le
correspondan, de conformidad con la ley, los reglamentos y las disposiciones de
la Junta Directiva y de
la Presidencia Ejecutiva.

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SECCIÓN IV

    AUDITOR, SUBAUDITOR Y SUS FUNCIONES

            ARTÍCULO
31.-            Funciones

El Inder contará con una auditoría interna que
ejercerá vigilancia y fiscalización constante de todas sus dependencias, así
como las demás funciones y atribuciones que le corresponden, de conformidad con
la ley y sus reglamentos. La Auditoría funcionará bajo la
autoridad y la dirección inmediata de un auditor, quien deberá ser contador
público autorizado. Los funcionarios nombrados al efecto estarán sujetos a las
disposiciones de la Ley N.º 8292, Ley General de
Control Interno, de 31 de julio de 2002, y en lo que al efecto establezca el
reglamento de control interno respectivo.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 32.- Facultades

Las dependencias del Inder estarán obligadas a
presentarle al auditor toda la información pública que este les solicite, en la
forma y en el plazo que él mismo determine. El auditor y los funcionarios de su
dependencia, autorizados por él, tendrán libre acceso a todos los libros, los
documentos, los valores y los archivos del Inder. Los funcionarios y empleados
estarán obligados a prestarle ayuda para el mejor desempeño de sus funciones de
vigilancia y fiscalización.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 33.- Nombramiento del auditor y subauditor

La Junta Directiva nombrará con el voto favorable de mayoría
calificada de sus miembros al auditor y al subauditor, para ejercer las
funciones señaladas en las leyes de
la República.

El nombramiento se hará por tiempo indefinido, se
realizará por concurso público, siguiendo los procedimientos establecidos en
la Ley N.º 8292, Ley General de Control Interno.

La remoción de estos funcionarios, por justa causa,
deberá hacerse conforme lo dispone el artículo 15 de
la Ley Orgánica de
la Contraloría General de
la República.

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CAPÍTULO III

    RÉGIMEN PATRIMONIAL Y FINANCIERO DEL INDER

SECCIÓN I

    PATRIMONIO DEL INDER

ARTÍCULO 34.-            Bienes y recursos

El patrimonio del Inder está constituido por los
siguientes bienes y recursos:

a) Las tierras del dominio
privado del Estado o de sus instituciones que sean traspasadas al Inder,
conforme a la ley.

b) Las tierras que el Inder
adquiera por cualquier medio legal y las que recupere en los asentamientos
campesinos, para destinarlas a sus programas.

c) La subvención que se le
asigne al Inder en el presupuesto ordinario de
la República y los aportes adicionales que se le reconozcan en los
presupuestos extraordinarios estatales o de las instituciones descentralizadas.

d) El producto de los
empréstitos internos y externos que se contraten para los mismos propósitos.

e) Los fondos y demás bienes
y obligaciones pertenecientes al Inder.

f) El producto de los
impuestos y las contribuciones contemplados en la presente ley, en
la Ley N.º 5792, de 1 de setiembre de 1975, y sus reformas, y
las que se establezcan en el futuro para dar contenido financiero al Inder.

g) Las sumas que se recauden
por concepto de venta, asignación y arrendamiento de tierras de acuerdo con la
ley.

h) El producto de sus utilidades
netas.

i)          Los bienes donados al Inder por personas físicas o
jurídicas, privadas y públicas, para el cumplimiento de los fines de esta ley.

j)          Los recursos que se le asignen al Inder mediante leyes
especiales.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 35.- Previsiones de ley

Los bienes y los recursos que constituyen el
patrimonio del Inder solo podrán ser aplicados para los fines previstos en esta
ley.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 36.- Convenios y
alianzas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y atendiendo a
razones de conveniencia pública y de orden práctico, el Inder
podrá suscribir convenios o alianzas estratégicas con instituciones públicas o
privadas, cuando ello favorezca el cumplimiento de los fines y objetivos de
esta ley.

Para los convenios podrá
incluirse el otorgamiento de transferencias de recursos líquidos no
reembolsables a sujetos públicos y privados sin fines de lucro, de los actores
sociales descritos en el inciso c) del artículo 3 de esta ley, para el
desarrollo de proyectos en las comunidades de territorios rurales. Entre las
obligaciones de las partes para la suscripción de los convenios deben
respetarse las disposiciones contenidas en el inciso f) del artículo 2 de la
Ley 9986, Ley General de Contratación Pública, de 27 de mayo de 2021, así como
mínimo los siguientes incisos.

(Así adicionado el párrafo
anterior por el artículo 4° de la Ley
para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y
privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 10704 del 6 de mayo del 2025)

a) El objeto del convenio.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 4° Ley
para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y
privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 10704 del 6 de mayo del 2025)

b) Las
obligaciones generales de las partes involucradas.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 4° Ley
para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y
privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 10704 del 6 de mayo del 2025)

c) Las
obligaciones específicas de las partes involucradas.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 4° Ley
para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y
privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 10704 del 6 de mayo del 2025)

d)
Beneficiarios.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 4° Ley
para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y
privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 10704 del 6 de mayo del 2025)

e)
Compromisos de las partes.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 4° Ley
para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y
privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 10704 del 6 de mayo del 2025)

f)
Fiscalización del cumplimiento.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 4° Ley
para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y
privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 10704 del 6 de mayo del 2025)

g)
Confidencialidad.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 4° Ley
para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y
privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 10704 del 6 de mayo del 2025)

h)
Modificaciones.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 4° Ley
para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y
privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 10704 del 6 de mayo del 2025)

i) Solución
de controversias.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 4° Ley
para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y
privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 10704 del 6 de mayo del 2025)

j) La
vigencia.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 4° Ley
para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y
privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 10704 del 6 de mayo del 2025)

k) Rescisión
del convenio.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 4° Ley
para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y
privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 10704 del 6 de mayo del 2025)

l) Acciones
sancionatorias en caso de incumplimiento.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 4° Ley
para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y
privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 10704 del 6 de mayo del 2025)

m)
Presentación de informes de conformidad con lo estipulado en el convenio.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 4° Ley
para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y
privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 10704 del 6 de mayo del 2025)

n) Términos
para garantizar el cumplimiento del convenio.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 4° Ley
para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y
privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 10704 del 6 de mayo del 2025)

ñ)
Terminación anticipada o suspensión del convenio.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 4° Ley
para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y
privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 10704 del 6 de mayo del 2025)

o) Cualquier
otra necesaria entre las partes.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 4° Ley
para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y
privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 10704 del 6 de mayo del 2025)

 Ficha articulo

Artículo 36 bis- Convenios de infraestructura en desuso. Para el caso específico de infraestructura
en desuso, el Instituto de Desarrollo Rural (lnder) podrá suscribir convenios con entidades públicas
y del sector privado, estos últimos sin fines de lucro o con fines de lucro, siempre y cuando sean
pymes o pympas, de acuerdo con los objetivos del Instituto de Desarrollo Rural (lnder), y
exclusivamente para los fines de la presente ley, entre las obligaciones de las partes, para la
suscripción de los convenios, deben respetarse las disposiciones contenidas en el artículo 36 de
esta ley.

El Instituto de Desarrollo Rural (lnder)
establecerá un sistema riguroso, periódico y verificable de control y
seguimiento de las personas físicas o jurídicas beneficiarias, a fin de
asegurar el cumplimiento de los fines productivos, sociales y ambientales del
uso de la tierra. El incumplimiento de los compromisos asumidos, la falsedad en
la información brindada, la cesión irregular de derechos, el abandono de la
actividad productiva o cualquier otra causal definida por reglamento dará lugar
a la exclusión inmediata del beneficio, a la reversión administrativa del
inmueble asignado y, en su caso, a la imposición de sanciones por parte del Instituto
de Desarrollo Rural (lnder), según corresponda.

(Así adicionado por el artículo 3°
de la ley N° 10758 del 12 de noviembre de 2025)

 Ficha articulo

   ARTÍCULO 37.-         Normativa vigente

a) Refórmase el artículo 35 de la
Ley N.º 6735, de 29 de marzo de 1982. El texto es el siguiente:

 "Artículo 35.-  Refórmanse los artículos 1, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 12, 13 y 14 de la Ley N.° 5792, de 1 de setiembre de 1975. Los textos son
los siguientes:

Artículo 1.- Créase un impuesto sobre el consumo de cigarrillos
nacionales y extranjeros, elaborados a máquina, de acuerdo con las siguientes
tarifas que se aplicarán sobre el precio del artículo, antes que el impuesto de
venta:

a) Dos
coma cinco por ciento (2,5%) para los cigarrillos elaborados en el país con
tabacos nacionales, exclusivamente.

b) Dos
coma cinco por ciento (2,5%) para los cigarrillos extranjeros y para los
fabricados en el país, en cuya elaboración se empleen, total o parcialmente,
tabacos importados.

Artículo 5.- Del producto del impuesto establecido en el artículo
1, el Instituto de Desarrollo Rural destinará un dos por ciento (2%) a cubrir las
necesidades de la educación técnica productiva. Dicho porcentaje se girará
anualmente al Ministerio de Educación Pública (MEP) una vez liquidado el
período fiscal correspondiente y deberá destinarse a satisfacer las necesidades
que surjan de los planes de desarrollo rural en materia de educación técnica,
así como a la atención de proyectos dirigidos a mejorar las condiciones
educativas.

Artículo 6.-  Fíjase un impuesto específico por unidad de consumo para las bebidas carbonatadas de
marcas nacionales y extranjeras, producidas en el país o importadas, de cinco coma setecientos
veinticinco colones (¢5,725) a favor del Inder. En el caso de las micro y pequeñas empresas, cuya
producción anual no exceda los dieciséis millones de unidades de consumo, el impuesto que aplicará
por unidad de consumo de doscientos cincuenta ml (250 ml) será de dos coma treinta y cinco colones
(¢2,35). Se definen por unidad de consumo los siguientes volúmenes:

a) Para todas las bebidas
líquidas sujetas al impuesto, doscientos cincuenta mililitros (250 ml).

b) Para los jarabes de gaseosas utilizados exclusivamente para máquinas expendedoras de bebidas
gaseosas tipos "post mix", se deberá utilizar el equivalente en mililitros de jarabe a una unidad de
250 ml de bebida terminada, de acuerdo con el rendimiento teórico del jarabe. Para estos efectos,
cada fabricante deberá proporcionar al Inder una certificación que estipule el rendimiento teórico
en mililitros de bebida terminada de cada producto que se comercialice. Dicha certificación podrá
ser validada por el Laboratorio Aduanero del Ministerio de Hacienda o el Centro de Investigación en
Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica a requerimiento del Inder, basándose en una
unidad de "post mix" del producto en cuestión y usándola en una unidad dispensadora debidamente
calibrada, para validar el rendimiento de la bebida terminada. Para estos efectos, el fabricante
deberá proveer las unidades de "post mix" necesarias para la prueba, prestar el equipo dispensador
necesario, proveer las instrucciones o guías necesarias similares a las que se dan a los clientes y
ayudar a la calibración de dicho equipo, en la medida que sea necesario. El costo de esta validación
correrá por cuenta del sujeto pasivo.

c) Para envases de
diferentes contenidos, el impuesto se aplicará proporcionalmente.

            El hecho generador de los impuestos establecidos en este
artículo ocurre en las ventas a nivel de fábrica en la fecha de emisión de la
factura o entrega del producto, el acto que suceda primero; en la importación,
en el momento de la aceptación de la declaración aduanera; en todos los casos,
independientemente de su presentación.

            A partir de la vigencia de esta ley, la Administración
Tributaria, de oficio, actualizará trimestralmente el monto del impuesto creado
en este artículo, conforme a la variación del índice de precios al consumidor
que determine el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el monto
resultante de la actualización deberá comunicarse de acuerdo con lo que
establece el párrafo siguiente.

            Le corresponde al Inder fijar y
publicar mediante disposición de alcance general la actualización referida,
dentro de los quince días anteriores a cada período trimestral de aplicación.
Los períodos de aplicación iniciarán el primer día de enero, abril, julio y
octubre. En ningún caso cada ajuste trimestral podrá ser superior a un tres por
ciento (3%).

En la
producción nacional será contribuyente de estos impuestos el fabricante o
envasador de dichos productos; en la importación, la persona natural o jurídica
a cuyo nombre se importen los productos.

            Para aplicar estos impuestos se entenderá por venta
cualquier acto que involucre o tenga por fin último la transferencia del
dominio del producto, independientemente de su naturaleza jurídica, la designación
y las condiciones pactadas por las partes. Asimismo, se entenderá por
importación el ingreso al territorio nacional, una vez cumplidos los trámites
legales, de los productos sujetos a estos impuestos.

            Se exceptúa del pago de este impuesto el producto
destinado a la exportación.

Artículo 8.-  Créase un impuesto de
un ocho por ciento (8%) aplicable al precio, antes del que corresponde al
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, según la Ley N.º 6282, de 14 de
agosto de 1979, sobre las bebidas alcohólicas elaboradas por la Fábrica
Nacional de Licores y consumidas en el país, al cual se refiere la Ley N.º
2035, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Producción, de 17 de julio de
1956, y sus reformas. Quedan exentos del impuesto, únicamente, los alcoholes
enumerados en la disposición legal citada.

            Tratándose de bebidas alcohólicas importadas, elaboradas
o envasadas en el país por otros productores, exceptuándose la cerveza y el
vino nacionales y extranjeros ya gravados en el artículo 10, el gravamen será
también de un ocho por ciento (8 %) sobre el precio, antes del impuesto
asignado al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), según la Ley N.º
6282.

Artículo 9.-  Para los fines de la distribución,
el impuesto del ocho por ciento (8%) creado en el artículo 8 de esta ley se
asigna de la siguiente manera:

a) El correspondiente a
bebidas alcohólicas nacionales:

Seis coma cuarenta y dos por ciento (6, 42%) para el Inder.

Uno coma
cincuenta y ocho por ciento (1,58%) a favor deI
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), para que financie sus
programas de prevención, tratamiento y rehabilitación en alcohol, tabaco y
otras drogas, así como la construcción y el mantenimiento de instalaciones de
las sedes regionales y los centros de atención integral en drogas en las
diferentes provincias de Costa Rica. Estos recursos no estarán sujetos a las
directrices emitidas por el Poder Ejecutivo en materia de restricción de gasto
público.

b) El correspondiente a bebidas alcohólicas extranjeras será en su totalidad para el Inder, que será
utilizado para el cumplimiento de los fines de su ley constitutiva.

El Inder
girará anualmente y en forma directa la porción del impuesto que corresponde al
IAFA.

Artículo 10.-  Fíjase un impuesto
específico de cero coma cuatro colones (¢0,4) por cada mililitro
de alcohol absoluto a favor del Inder, sobre la
cerveza nacional y extranjera. Igualmente, se fija un impuesto específico de cero coma dos ocho dos
siete uno colones ¢ 0,28271 (*) por
cada mililitro de alcohol absoluto, a favor del Instituto de Fomento y Asesoría
Municipal (IFAM)(*) sobre la cerveza
nacional y extranjera.

(**)(Así actualizado el impuesto anterior por el artículo 1 y 2 de la resolución
N° DE-RE-A-6-2026 del 26 de febrero
de 2026, " Establece monto de ¢ 0,28271 (cero coma dos ocho dos
siete uno colones) al impuesto específico otorgado a favor del IFAM que regirá
a partir del 01 de abril del 2026".)

Se fija un impuesto específico de cero coma dos colones (¢0,2) por cada mililitro de alcohol
absoluto a favor del Inder, sobre el vino nacional y extranjero.

En el caso de los vinos nacionales o extranjeros, elaborados a partir de
frutas fermentadas, que no sean uvas frescas ya gravadas en el párrafo
anterior, cuya comercialización anual no exceda los quince millones de
mililitros de alcohol absoluto, se establece un impuesto de cero
coma un colones (¢0,1) por mililitro de alcohol absoluto. Cuando se
exceda el límite indicado, el impuesto será de cero coma
dos colones (¢0,2) por cada mililitro de alcohol absoluto.

El hecho generador de los impuestos establecidos en este artículo ocurre en
las ventas a nivel de fábrica en la fecha de emisión de la factura o entrega
del producto, el acto que suceda primero; en la importación, en el momento de
la aceptación de la declaración aduanera; en todos los casos,
independientemente de su presentación.

A partir de la vigencia de esta ley, la Administración Tributaria, de
oficio, actualizará trimestralmente el monto de los impuestos creados en este
artículo, conforme a la variación del índice de precios al consumidor que
determine el INEC y el monto resultante de la actualización deberá comunicarse
de acuerdo con lo que establece el párrafo siguiente.

Le corresponde al Inder fijar y publicar mediante
disposición de alcance general la actualización referida, dentro de los quince
días anteriores a cada período trimestral de aplicación. Los períodos de
aplicación iniciarán el primer día de enero, abril, julio y octubre. En ningún
caso, cada ajuste trimestral podrá ser superior a un tres por ciento (3%).

En la producción nacional será contribuyente de estos impuestos el
fabricante o envasador de dichos productos; en la importación, la persona
natural o jurídica a cuyo nombre se importen los productos.

Para aplicar estos impuestos, se entenderá por venta cualquier acto que
involucre o tenga por fin último la transferencia del dominio del producto,
independientemente de su naturaleza jurídica, la designación y las condiciones
pactadas por las partes.

Asimismo, se entenderá por importación el ingreso al territorio nacional,
una vez cumplidos los trámites legales de los productos sujetos a estos
impuestos.

Se exceptúa del pago de este impuesto el producto destinado a la exportación.

(*)
(Mediante resolución N° 017-2013 del 25 de noviembre del 2013, se establece lo
siguiente: "... Se
actualiza el impuesto específico otorgado a favor del IFAM, según se detalla a
continuación:

Cálculo
para el primer trimestre de 2014 (enero a marzo)

 

|  | octubre-2013 | julio-2013 | | --- | --- | --- | | IPC | 161,357 | 162,306 | | Valor impuesto
inicial ¢0,23630 Factor acumulativo de variación ¢0,99416 Valor actualizado del impuesto específico
por mililitro de alcohol absoluto ¢0,23492 |  |  |

 

El
monto del impuesto específico, de ¢0,23492 (cero coma
dos tres cuatro nueve dos colones), se aplicará sobre cada mililitro de alcohol
absoluto. Dicho monto regirá durante el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de marzo de 2014.")

Artículo 11.- Los
impuestos creados en la presente ley se liquidarán y pagarán de la siguiente
manera:

a) En la
producción nacional, los sujetos pasivos deberán liquidar y pagar los impuestos
a más tardar dentro de los primeros quince días naturales de cada mes.
Utilizarán el formulario de declaración jurada que apruebe la Administración
Tributaria, por todas las ventas efectuadas en el mes anterior al de la
declaración, debidamente respaldadas mediante comprobantes autorizados. La
presentación de la declaración jurada y el pago de los impuestos serán actos
simultáneos.

b) En las
importaciones o internaciones, en el momento previo al desalmacenaje
del producto, efectuado por las aduanas que a la vez acreditará por medio de la
Tesorería Nacional. No se autorizará desalmacenarlo
si los interesados no comprueban el correspondiente pago del impuesto. El pago
deberá consignarse por separado en la declaración aduanera.

Artículo 12.- 
El producto de los gravámenes establecidos en la
presente ley será recaudado por el Inder en las cajas
recaudadoras que al efecto designe, mediante los bancos del Sistema Financiero
Nacional y por los medios electrónicos que establezca la Administración
Tributaria.

Artículo 13.- 
Créase el timbre agrario, el cual será cubierto por
las personas físicas y jurídicas titulares de los actos o contratos señalados
en el artículo siguiente. Los fondos provenientes de dicho impuesto serán
destinados al Inder, el que recaudará, administrará y
empleará su producto para el cumplimiento de los fines de su ley constitutiva.

La emisión, la custodia, la venta y la distribución del timbre estará a cargo del Inder, quedando
facultado para establecer los canales que se consideren convenientes para agilizar su venta,
utilizando para tal efecto las entidades del Sistema Bancario Nacional y los medios electrónicos que
se lleguen a establecer reglamentariamente.

Las
ventas de este timbre, en cantidades mayores a cinco mil colones (¢5.000,00)
tendrán el descuento que usualmente tienen las especies fiscales. Dicho monto
se actualizará cada cinco años de acuerdo con el índice de inflación
establecido por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Artículo 14.-  Los siguientes actos o contratos estarán
afectos al pago del timbre agrario y quienes los realicen deberán cubrir el
monto señalado en cada caso:

a) Por
las inscripciones y traspasos de toda clase de vehículos motorizados se pagarán
tres colones (¢3,00) por cada mil o fracción menor, sobre la estimación que el
Registro respectivo dé al vehículo.

b) Por
los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, inscribibles en el Registro
Público de la Propiedad, se pagará un colón con cincuenta céntimos (¢1,50) por
cada mil o fracción menor, sobre su estimación. Para estos efectos, deberán
inscribirse todos los contratos de arrendamiento que se celebren con el Estado,
excepto los establecidos en el capítulo IV del título II de la presente ley.

c) Por
las primeras inscripciones de inmuebles que se realicen en el Registro de la
Propiedad, provenientes de nuevos títulos, así como por las inscripciones provenientes
de rectificación de medida, las cuales impliquen aumentos de cabida, se pagarán
dos mil colones (¢2.000,00). Es entendido que cuando la estimación de la
información posesoria o de la rectificación de medida sea superior a los cinco
millones de colones (¢5.000.000,00) deberá pagarse el timbre sobre el exceso, a
razón de un colón con veinticinco céntimos (¢1,25) por mil o fracción menor.

Dichas
tarifas se actualizarán cada cinco años de acuerdo con el índice de inflación
establecido por el BCCR, iniciando a partir del 1 de enero del año siguiente a
la publicación de la presente ley. Dicho incremento deberá publicarse mediante
disposición de alcance general emitido por el Inder.

d) Se
pagará un colón con cincuenta céntimos (¢1,50) por cada mil o fracción menor,
sobre el capital de las sociedades mercantiles, en la constitución, fusión,
transformación, disolución y aumentos de capital.

Asimismo,
sobre las protocolizaciones que impliquen la modificación de estatutos respecto
a la integración de Junta Directiva, razón social o domicilio se pagarán diez
mil colones (¢10.000,00). Este monto se actualizará cada cinco años de acuerdo
con el índice de inflación establecido por el BCCR, iniciando a partir del 1 de
enero del año siguiente a la publicación de la presente ley. Dicho incremento
deberá publicarse mediante disposición de alcance general emitido por el Inder.

El
impuesto respectivo deberá cancelarse al inscribir el testimonio de la
escritura correspondiente.

e) Se
pagará un colón con cincuenta céntimos (¢1,50) por cada mil o fracción menor
sobre los otorgamientos de escrituras públicas que impliquen traspaso de
inmuebles, inscritos o no en el Registro Público. Se pagará un colón con
cincuenta céntimos (¢1,50) por cada mil o fracción menor en los contratos en
los cuales se constituyan hipotecas o cédulas hipotecarias. En caso de que la
hipoteca se constituya con el fin de garantizar la totalidad o parte del precio
del inmueble, el impuesto se pagará únicamente por el traspaso, pero si llega a
rematarse la finca con base en la hipoteca constituida deberá pagarse el timbre
agrario en el momento de protocolizarse el remate, de la forma aquí
especificada.

Tratándose
de inmuebles destinados a vivienda el pago de timbre agrario se realizará
conforme a las siguientes disposiciones:

En el
caso de traspaso de inmuebles catalogados de interés social se pagará un colón
(¢1,00) por cada mil o fracción menor. Para tal efecto se considerará de
interés social todo inmueble destinado a vivienda cuyo valor no exceda del
monto fijado por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
En caso de que se constituya hipoteca con el fin de garantizar la totalidad o
parte del precio del inmueble, el impuesto se pagará únicamente por el
traspaso, pero si llega a rematarse la finca con base en la hipoteca
constituida, deberá pagarse el timbre agrario, en el momento de protocolizarse
el remate, de la forma aquí especificada.

En
inmuebles destinados a vivienda cuyo valor exceda el monto fijado en el párrafo
anterior y no supere el monto establecido en el inciso a) del artículo 6 de la
Ley N.º 8683, Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de
Vivienda, y sus reformas, se pagará un colón con veinticinco céntimos (¢1,25).
En caso de que se constituya hipoteca con el fin de garantizar la totalidad o
parte del precio del inmueble, el impuesto se pagará únicamente por el
traspaso, pero si llega a rematarse la finca con base en la hipoteca
constituida, deberá pagarse el timbre agrario en el momento de protocolizarse
el remate, de la forma aquí especificada.

El
Registro Público y las entidades bancarias que recauden el timbre agrario
estarán obligados a suministrar la información que el Inder,
en función de Administración Tributaria, requiera para los efectos de
comprobación y fiscalización de este impuesto.

Queda
autorizado el Inder para apersonarse en los juicios
de informaciones posesorias y para objetar la cuantía, cuando considere que
esta no se ajusta al valor real del inmueble.

Deróganse los artículos 2, 3, 4 y 7 de la Ley N.º 5792,
de 1 de setiembre de 1975."

b)           Refórmase
el artículo 40 de la Ley N.º 6735, de 29 de marzo de 1982, y sus reformas. El
texto dirá:

 "Artículo 40.- El Inder tendrá amplias facultades para ejercer fiscalización
y control en la recaudación de los diversos tributos asignados y podrá
intervenir en cualquier momento previa notificación al sujeto pasivo, dentro de
los plazos establecidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios,
para asegurar el estricto cumplimiento de las normas legales que le otorgan
recursos económicos. A efectos de fiscalizar la correcta aplicación de los
impuestos establecidos en esta ley, el Inder queda
facultado para revisar los libros de contabilidad y sus anexos en lo
concerniente a esos impuestos. Para ello, los sujetos pasivos deberán
suministrar toda la información que permita determinar la naturaleza y cuantía
de la obligación tributaria, relacionada con los tributos correspondientes al Inder.

El Inder, en su condición de Administración Tributaria, tendrá
las facultades establecidas en el Código de Normas y Procedimientos
Tributarios. En cuanto a ilícitos tributarios el Inder
tendrá las facultades establecidas en el título III
de dicho Código, en lo que se refiere a infracciones y sanciones administrativas.
Cuando el Inder, en la fase de fiscalización de los
tributos que administra, tenga noticia de que se ha cometido un delito,
procederá a denunciarlo al Ministerio Público.

Para
cumplir lo previsto en esta norma contará con la colaboración obligada de la
Dirección General de Tributación, la Dirección General de Aduanas y de los
demás entes públicos."

 Ficha articulo

CAPÍTULO IV

    FONDOS DE TIERRAS Y DE DESARROLLO RURAL

SECCIÓN I

    DISPOSICIONES GENERALES

            ARTÍCULO
38.- Estructura operativa del
Inder

El Inder contará con unidades administrativas,
técnicas y operativas de apoyo de acuerdo con las necesidades que se deriven de
la presente ley para el cumplimiento de sus fines, las cuales se establecerán
vía reglamento debidamente aprobado por
la Junta Directiva y las instancias gubernamentales correspondientes.
Dentro de esa estructura se crearán el Fondo de Tierras y el Fondo de
Desarrollo Rural, que se regulan en la presente ley.

 Ficha articulo

           
ARTÍCULO 39.-  Creación y finalidad de los Fondos de Tierras
y de Desarrollo Rural

Créanse el Fondo de Tierras para la adquisición y
dotación de tierras a los beneficiarios del Inder y el Fondo de Desarrollo
Rural para promover el desarrollo integral de los territorios rurales, con el
propósito de ofrecer a la población meta los recursos y servicios necesarios
para el acceso a la tierra, la modernización y el mejoramiento de sistemas de
producción diversificados y exitosos, que favorezcan la superación de la
familia rural y su emancipación económica y social.

Cada uno de los Fondos contará con una estructura
organizativa encargada de:

a) Proponer, ante
la Gerencia y
la Presidencia Ejecutiva, las directrices
generales y los reglamentos de operación y de funcionamiento en materia de
tierras y de desarrollo rural.

b) Aprobar, en primera
instancia, las operaciones con entidades financieras y con los pobladores
rurales, con base en lo dispuesto en esta ley.

c) Proponer las medidas
necesarias para llevar a cabo una adecuada administración operativa, financiera
y contable de los programas a su cargo.

d) Constituir fideicomisos
dentro del Sistema Bancario Nacional y el Banco Popular y de Desarrollo
Comunal, los cuales serán utilizados de manera exclusiva para los fines y los
objetivos de los programas establecidos mediante la presente ley.

e) Asimismo, todas las
funciones que se deriven de la normativa establecida.

 Ficha articulo

SECCIÓN II

    FONDO DE TIERRAS

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 40.-  Fondo de Tierras

El Fondo de Tierras será una dependencia técnica
del Inder, especializada en la regulación, adquisición, titulación, dotación y
control de las tierras adquiridas por el Inder, el uso y la extinción de los
derechos sobre la tierra.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 41.- Objetivos
del Fondo de Tierras

a) Promover la
prevalencia del interés público, la transparencia, la eficiencia y la
oportunidad en la adquisición de tierras para el desarrollo rural.

b) Facilitar,
mediante diversas alternativas, el acceso a la tierra de la población rural del
país que reúna los requisitos establecidos por esta ley y sus reglamentos, y
permita el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en los territorios
rurales.

c) Elaborar los
estudios técnicos y formular las recomendaciones para diseñar los
procedimientos de adquisición de tierras. Al efecto, considerará las
características agronómicas, ecológicas, cobertura boscosa y riqueza biológica,
la existencia de fuentes de agua y, en general, su potencial de desarrollo de
sistemas de producción, de servicios mixtos y modernos, que permitan el
desarrollo integral de los territorios rurales.

d) Proponer las
directrices generales, los reglamentos de operación y funcionamiento y aprobar
en primera instancia los procedimientos que se lleven a cabo con los pobladores
rurales, para la dotación de tierras.

e) Promover y garantizar que los jóvenes, las minorías étnicas, las mujeres y la población con
personas con discapacidad tengan acceso al recurso tierra, con fines productivos o de servicios, en
particular los grupos organizados de estas poblaciones, para lo cual se destinará al menos un
cincuenta por ciento (50%) de los recursos financieros del Fondo de Tierras contemplado en el
artículo 43 de la presente ley.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 6° de la Ley para el acceso, uso y control de la
tierra por parte de las mujeres, para aumentar el empleo en actividades con sistemas productivos
bajos en carbono, conservación y forestales, N° 10724 del 13 de mayo del 2025)

f) Apoyar iniciativas
de interés social y de beneficio comunitario.

g) Colaborar con la
protección del patrimonio ambiental de los territorios rurales, sobre todo en
la conservación de la biodiversidad, del recurso hídrico, forestal y del
paisaje rural.

h) Promover el
arraigo, el mejoramiento de la calidad de vida y el respeto a la cultura de las
familias en los territorios rurales.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 42.-  Sobre las tierras del Inder

Forman parte del Fondo de Tierras las siguientes:

a) Las adquiridas o las
administradas por el IDA, a excepción de las
pertenecientes al patrimonio natural del Estado hasta la fecha de vigencia de
esta ley, que no hayan sido adjudicadas o traspasadas, así como las que el
Inder adquiera por medios legales, para los fines establecidos por esta ley.

b) Las que el Inder
distribuya, mediante algún modelo de asignación de tierras, que se encuentren
dentro del período de limitaciones legales.

c) Las adjudicadas por el IDA y que se encuentren
dentro del período de limitaciones legales.

d) Las que sean recuperadas
en virtud de procesos legales.

e) Las que sean donadas o
traspasadas por el Estado y otras instituciones públicas o privadas aptas para
los procesos productivos y el desarrollo rural.

f) Las aptas para el
desarrollo rural dentro de las reservas nacionales, no sujetas a dominio
particular o de otras instituciones del Estado, las cuales se inscriban a
nombre de la institución y no sean parte del patrimonio natural del Estado.

Todas las
tierras inscritas a nombre del Inder serán inembargables y estarán exentas de
todo tipo de timbres, cánones, tasas e impuestos directos o indirectos,
nacionales o municipales, ya establecidos.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 43.-  Recursos financieros del Fondo de Tierras

Para su operación, el Fondo de Tierras contará con
los siguientes recursos:

a) Los ingresos provenientes
por venta, asignación, arriendo de tierras del instituto, después de descontar
los gastos fijos, inversión e infraestructura, así como las transferencias a
sujetos privados y públicos obligatorias establecidas por ley.

b) Un cincuenta por ciento
(50%) de los ingresos previstos en forma anual por el instituto, una vez
descontados los gastos de operación e inversión institucionales. Este
porcentaje podrá ser aumentado por acuerdo de
la Junta Directiva, cuya modificación deberá sustentarse en criterios
técnicos debidamente razonados.

c) Un cincuenta por ciento
(50%) del superávit del período anterior del presupuesto del instituto, en caso
de que exista, y que este no tenga restricción de uso por parte de la autoridad
presupuestaria y así lo permita el límite presupuestario establecido para el
Inder. Este porcentaje podrá ser aumentado por acuerdo de
la Junta Directiva, cuya modificación deberá sustentarse en criterios
técnicos debidamente razonados.

d) Los aportes que anualmente
se destinen del presupuesto nacional.

e) Donaciones o créditos que
reciba de organismos nacionales e internacionales.

f) Otros recursos que pueda
captar para sus fines.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 44.-  Trato preferencial

El Sistema Bancario Nacional, el Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, las instituciones del Estado y los demás entes públicos
están obligados a ofrecer al Instituto, con preferencia sobre cualesquiera
otros compradores, las fincas rurales con aptitud para el desarrollo rural y el
fomento agrícola que resuelvan vender. En caso de bienes adquiridos por las
citadas instituciones en la ejecución de créditos o por esta, o en pago de
obligaciones a su favor, el precio de venta para el instituto estará
determinado por el valor de la deuda respectiva más las costas. Si el instituto
no resuelve su compra dentro de los noventa días siguientes, la entidad
oferente podrá vender de acuerdo con sus facultades pero el instituto
conservará preferencia para hacer la adquisición en igualdad de circunstancias.

            Para que sea inscrita en el Registro de
la Propiedad una escritura traslativa de dominio de las condiciones
expresadas en el presente artículo, es indispensable presentar constancia del
instituto de haber llenado los requisitos establecidos en los párrafos
anteriores.

 Ficha articulo

SECCIÓN III

    SISTEMAS DE DOTACIÓN DE TIERRAS

ARTÍCULO 45.-            Modalidades

El Inder dotará de tierras, como parte de los
bienes productivos de una empresa de forma individual o colectiva, por medio de
las siguientes modalidades:

a) Arrendamiento.

b) Asignación.

Todo en función del desarrollo de proyectos productivos de la actividad
agrícola o de servicios para el desarrollo rural territorial, proyectos de
interés social y comunal.

Los acuerdos de
la Junta Directiva relativos a la dotación de tierras bajo la
modalidad de arrendamiento requerirán el voto de mayoría absoluta de los
miembros. Para la modalidad de asignación de tierras se requerirá el voto de no
menos de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de
la Junta Directiva.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 46.- Requisitos
para las personas en las diferentes modalidades. Se entenderá como
arrendataria o asignataria la persona física que cumpla los siguientes
requisitos:

a) Estudios sociales
y técnicos, mediante un instrumento que elabore y aplique la institución para
determinar la idoneidad del solicitante, para desarrollar proyectos productivos
o de servicios, para el desarrollo de los territorios rurales.

b) Arraigo en un
territorio rural.

c) Micro, pequeño y
mediano productor y productora conforme lo establezca el reglamento de la
presente ley.

d) Compromiso de
mantener la tierra en uso y explotarla en forma personal, de acuerdo con los
proyectos que justificaron la asignación.

Se entenderá como arrendataria o asignataria la persona jurídica que cumpla
los siguientes requisitos:

a) Grupos de
productores y productoras integrantes de organizaciones, personas con
discapacidad, personas adultas mayores, jóvenes, entre ellos personas egresadas
de colegios técnicos-profesionales y personas egresadas universitarias que
cuenten con personalidad jurídica vigente.

b) Demostrar
experiencia en proyectos productivos acordes con esta ley.

c) No tener tierras o
que las que tenga en posesión sean insuficientes para el desarrollo del
proyecto propuesto.

d) Comprometerse a
tener la tierra en uso de acuerdo con los proyectos que justificaron la
asignación.

e) Sin fines de lucro
y compatibles con los fines de esta ley.

f) Lo dispuesto en el
artículo 36 bis de la presente ley podrá ser aplicable, con fines de lucro,
siempre que cumpla con lo estipulado en la presente ley y su reglamento.

Todo acto realizado en contravención de lo
dispuesto en este artículo será absolutamente nulo y acarreará la revocatoria
inmediata del beneficio y la devolución de la tierra y/o infraestructura
asignada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o
penales correspondientes.

(Así
reformado el inciso anterior por el artículo 4° de la ley N° 10758 del 12 de
noviembre de 2025)

 Ficha articulo

Artículo 46 bis- Control, seguimiento y exclusión. El Instituto de Desarrollo Rural (lnder)
establecerá un sistema riguroso, periódico y verificable de control y seguimiento de las personas
físicas o jurídicas beneficiarias bajo las condiciones del artículo 36 bis de la presente ley, a fin
de asegurar el cumplimiento de los fines productivos, sociales y ambientales del uso de las
infraestructuras. El incumplimiento de los compromisos asumidos, la falsedad en la información
brindada, la cesión irregular de derechos, el abandono de la actividad productiva o cualquier otra
causal definida por ley o reglamento dará lugar al cese inmediato del beneficio, a la reversión
administrativa del inmueble asignado y, en su caso, a la imposición de sanciones por parte del
Instituto de Desarrollo Rural (lnder), según corresponda.

(Así adicionado por el artículo 5° de la ley N° 10758 del 12
de noviembre de 2025)

 Ficha articulo

ARTÍCULO 47.- Régimen de
prohibiciones y transparencia

Tienen prohibición expresa para ser beneficiarios
de los sistemas de dotación de tierras regulados en esta ley:

a) El presidente y los
vicepresidentes de la República, los ministros y los
viceministros, los diputados a
la Asamblea Legislativa, los magistrados
propietarios de la Corte Suprema de Justicia y los del
Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y subcontralor generales de
la República, el procurador general y el procurador general
adjunto de la República.

b) Los funcionarios que
ocupen cargos de dirección superior, los funcionarios que ocupen jefaturas o
subjefaturas, los que ocupen cargos de auditoría, control, fiscalización o de
asesoría legal, así como todos los funcionarios que participen en los
procedimientos de dotación de tierras del Inder.

c) Los cónyuges, compañeros o
convivientes y los parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o
afinidad de los funcionarios indicados en los incisos a) y b).

d) Las empresas,
independientemente de la forma jurídica que adopten, en las que las personas
indicadas en los incisos a), b) y c) tengan participación económica o
accionaria, ya sea directamente o por medio de otras personas físicas o
jurídicas.

Los actos que se realicen en contravención de lo dispuesto en este artículo
serán absolutamente nulos. Los funcionarios públicos que incumplan estas
disposiciones incurrirán en falta grave y serán sancionados con despido, sin
responsabilidad patronal o con destitución inmediata del cargo en el caso de
funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo; lo anterior, sin perjuicio de
las demás responsabilidades civiles y penales en que puedan haber incurrido.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 48.-  Utilización de áreas para fines públicos

El Inder tendrá derecho a utilizar, previo pago de
las mejoras útiles y necesarias y accesiones de buena fe, las tierras otorgadas
bajo cualquiera de las modalidades para la constitución de servidumbres, la
construcción de caminos, el aprovechamiento de fuerzas hidráulicas, el paso de
líneas telefónicas, la construcción de puentes, el paso y la utilización de
cursos de agua que sean necesarios para ofrecer el servicio de agua potable a
las poblaciones, abrevaderos de ganado, irrigación, drenaje o para cualquier
otra finalidad de utilidad pública. Dicha disposición deberá consignarse en el
contrato que se realice con el asignatario o los asignatarios.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 49.-  Póliza de saldos deudores

Autorízase al Inder para que suscriba una póliza de
saldos deudores con el Instituto Nacional de Seguros (INS) u otras operadoras
de seguros, para los beneficiarios de todos los modelos de dotación de tierras,
por un monto que cubra la totalidad de los créditos, según corresponda. El
costo del seguro será asumido en su totalidad por los beneficiarios.

 Ficha articulo

SECCIÓN IV

    MODELO DE ARRENDAMIENTO

ARTÍCULO 50.-  Objetivo

El Inder dotará de tierras en la modalidad de arrendamiento,
como forma prioritaria, en las fincas de su propiedad, para el desarrollo de
proyectos productivos o de servicios de impacto comunitario en los territorios
rurales, a título individual o en forma colectiva, ya sea como personas físicas
o jurídicas.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 51.-  Ampliación del área de arrendamiento

            El arrendatario podrá solicitar y el Inder podrá otorgar una ampliación del
área de producción o servicio que disfrute mediante el arrendamiento de un área
adyacente, cuando las condiciones así lo requieran.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 52.-  Tierras de otras entidades públicas

El Inder podrá solicitar a otras instituciones
públicas o a las municipalidades tierras aptas para el desarrollo rural que
estas posean y que no estén en uso, a fin de que por la vía del arriendo puedan
ser utilizadas para el cumplimiento de los fines de esta ley.

 

 Ficha articulo

ARTÍCULO 53.-  Plazos

El plazo de vigencia en todo arrendamiento que
otorgue el Inder será hasta de cinco años, prorrogable por períodos iguales de
común acuerdo. Vencido el plazo, las eventuales renovaciones serán autorizadas
en función del desarrollo mostrado por el proyecto, previo estudio
correspondiente, sin perjuicio de que pueda otorgarse un plazo mayor en función
del proyecto productivo previo al estudio correspondiente. En casos de
instituciones públicas, el Inder podrá otorgar plazos de mayor vigencia.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 54.-  Canon

El canon será fijado por el Inder por anualidades
vencidas, según disponga el reglamento respectivo. Los montos por arrendamiento
serán actualizados anualmente por el Inder mediante los estudios técnicos
correspondientes para cada actividad.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 55.- Cláusulas
explícitas en los contratos

Todo contrato de arrendamiento que otorgue el Inder
llevará explícitas las siguientes cláusulas:

a) Que el Inder no queda
obligado al saneamiento y la evicción.

b) Que la persona
arrendataria no podrá ceder, segregar, subarrendar o traspasar en cualquier
forma el predio arrendado ni los derechos que de él se deriven, sin previa y
expresa autorización de la Junta Directiva del Inder.

c) Que ante la falta de pago
del canon o el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el contrato o
por los reglamentos correspondientes, el Inder podrá declarar resuelto
administrativamente dicho contrato, previo cumplimiento del debido proceso y
otorgando el derecho de defensa al administrado y, además, podrá demandar el
resarcimiento de daños y perjuicios.

d) Que la persona
arrendataria se obliga a cumplir lo establecido en la legislación ambiental y
sanitaria aplicable al uso autorizado para el terreno.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 56.-  Reconocimiento de mejoras

Reconocimiento de mejoras y accesiones. Extinguida
la modalidad de arrendamiento dentro del período de prueba o un contrato de
asignación por motivos imputables al arrendatario o asignatario,
respectivamente, las construcciones que existan en el terreno quedarán a favor
del Inder, reconociendo este solamente las mejoras útiles y necesarias
relacionadas con el objeto del contrato, sin que el incumpliente tenga derecho
a retención. El contenido de esta disposición deberá incluirse dentro de las
cláusulas del respectivo contrato.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 57.-  Sucesión del contrato de arrendamiento

En caso de que el arrendamiento se resuelva por la
muerte del arrendatario como persona física, se recibirán y tramitarán
solicitudes para un nuevo arrendamiento con base en el siguiente orden de
prelación:

a) El núcleo familiar.

b) Los herederos declarados,
en cuyo caso el Inder prevendrá a los eventuales causahabientes que deberán
demostrar su condición de herederos y ponerse a derecho durante los noventa
días posteriores a la fecha de la solicitud.

c) Terceros interesados, si
no hay herederos declarados dispuestos a continuar la actividad. El tercero
interesado deberá reconocerle a los herederos declarados, si los hay, previo a
la firma del contrato de arrendamiento con el Inder, el valor de las
plantaciones permanentes y las construcciones que existan en el terreno,
siempre y cuando correspondan con los objetivos establecidos en el contrato de
arrendamiento.

d) En los casos de personas
jurídicas deberá sujetarse a la legislación nacional vigente para estos casos.

 Ficha articulo

SECCIÓN V

    MODELO DE ASIGNACIÓN DE TIERRAS

ARTÍCULO 58.-  Definición

En tierras propiedad del Inder podrán desarrollarse
programas de asignación de tierras, bajo las modalidades individual y
colectiva. La asignación individual se hará a la persona solicitante, a ambos
cónyuges o convivientes en unión de hecho por igual, cuando esta relación
exista. En la modalidad de asignación colectiva, a las organizaciones
productivas o de servicios de los territorios rurales, la tierra será inscrita
como propiedad social e indivisible. Las asignaciones respectivas estarán
sujetas a la existencia de estudios técnicos que garanticen la idoneidad de los
solicitantes, la cabida de las tierras, el proyecto productivo de la empresa o
el servicio comunitario y su impacto para el desarrollo rural.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 59.-  Gratuidad de los trámites

Los trámites que realiza la institución con motivo
de la asignación de tierras quedarán exonerados de todo tipo de tributo y
cargas fiscales.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 60.- Asignación
individual

Las personas físicas que reciban tierra bajo este
modelo deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Cumplir los parámetros
sociales y técnicos para el desarrollo de proyectos productivos o de servicios,
establecidos en el reglamento de la presente ley.

b) No tener tierras ya sea de
forma directa o indirectamente en su condición de persona física o jurídica o
que estas sean insuficientes para el desarrollo del proyecto propuesto, dentro
de los parámetros de micro y pequeña empresa rural.

c) Comprometerse a mantener
la tierra en uso, de acuerdo con los proyectos que justificaron la asignación.

 Ficha articulo

Artículo 61- Asignación colectiva

La asignación colectiva a las personas jurídicas se hará
cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 46 de esta ley y
se trate de organizaciones productivas o de servicios, dando prioridad a las cooperativas
y asociaciones de mujeres y a las organizaciones de segundo grado constituidas
mayoritariamente por mujeres.

 (Así reformado por el artículo 6° de la Ley para el acceso, uso y
control de la tierra por parte de las mujeres, para aumentar el empleo en
actividades con sistemas productivos bajos en carbono, conservación y
forestales, N° 10724 del 13 de mayo del 2025)

 Ficha articulo

ARTÍCULO 62.-  Período de prueba

Las formas de asignación deberán contar con un
período de prueba, bajo la modalidad de contrato de arrendamiento, por un
período de tres años como mínimo. Vencido el término del contrato de
arrendamiento, los asignatarios que hayan satisfecho todas las obligaciones
tendrán derecho a que se les otorgue título de propiedad, garantizando el pago
de la tierra y de los créditos otorgados por el Inder con hipoteca sobre su
tierra y la presentación de la respectiva póliza de deudor que respalde sus
deudas.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 63.-  Asignación en los centros de población

El Inder promoverá la formación de centros de
población mediante la adquisición o recuperación de tierras para este fin
específico en los asentamientos y en los territorios rurales, así como el
desarrollo de la infraestructura y los servicios necesarios, en estos centros
de población, ya sea de forma directa con sus propios recursos o indirecta
mediante la coordinación con otras instituciones.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 64.-  Condiciones

Las condiciones bajo las cuales se dotará a las
familias rurales de lotes para vivienda serán establecidas en un reglamento
específico que definirá la idoneidad de las familias bajo una normativa
adecuada para las condiciones rurales.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 65.-  Colaboración interinstitucional

Las instituciones que integren el Sistema
Financiero de la Vivienda, el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el
Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones,
los bancos del Sistema Bancario Nacional, el Banco Popular y de Desarrollo
Comunal, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),
la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos
y Atención de Emergencias y las instituciones que conforman el sector
agropecuario deberán brindar, de manera prioritaria, el apoyo requerido para la
dotación de la infraestructura y los servicios necesarios para el desarrollo de
asentamientos humanos. Las cooperativas de electrificación rural, las empresas
de servicios públicos y las municipalidades podrán colaborar con la dotación de
infraestructura y los servicios necesarios para los asentamientos humanos.

En dichos asentamientos humanos el Inder otorgará
títulos de propiedad de forma ágil a los beneficiarios, con el propósito de
favorecer el acceso a los servicios de vivienda y al crédito.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 66.-  Limitaciones

El asignatario o los asignatarios no podrán
traspasar el dominio de su predio, ni gravarlo, arrendarlo o subdividirlo sin
autorización previa del Inder, excepto que hayan transcurrido quince años
contados a partir del acto de asignación de la tierra y que todas las
obligaciones con el Inder estén canceladas.

Durante ese mismo plazo, dichos predios no podrán
ser objeto de ningún tipo de medidas judiciales, preventivas o ejecutivas por
parte de terceros o acreedores, salvo que dichos créditos, deudas u
obligaciones hayan sido autorizados por el Inder. Será absolutamente nulo
cualquier contrato que se celebre sin que se cumplan las disposiciones
anteriores.

Transcurridos los quince años y consolidado el
derecho de propiedad, el Inder tendrá el derecho de primera opción de
compraventa, por el precio que establezca el avalúo realizado por
la Dirección General de Tributación, para
evitar cualquier enajenación de la tierra que pueda producir la concentración
indebida o la subdivisión excesiva de la propiedad. El Registro Nacional tomará
nota de las limitaciones a que se refiere este artículo.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 67.-            Contrato de asignación

En el contrato que se realice con el asignatario
individual o colectivo y en el título que se le entregue se hará constar como
causas para la pérdida del derecho sobre la propiedad, las siguientes:

a) Destinar la tierra a fines
distintos de los previstos en la presente ley, sus reglamentos y el contrato de
asignación.

b) Por el abandono
injustificado de la tierra.

c) Por negligencia o
ineptitud manifiesta del asignatario en el uso de la tierra o en la
conservación de las construcciones, las mejoras o los elementos de trabajo que
se le hayan confiado.

d) Por comprobarse la
explotación indirecta de la tierra, salvo las excepciones contempladas en esta
ley.

e) Por incumplimiento, sin
causa justificada, de las obligaciones de pago contraídas con el Inder.

f) Por falta a las normas
legales para la conservación de los recursos naturales y de cualquier otra
normativa que tienda a tutelar el equilibrio ecológico.

g) Por traspaso, gravamen,
arrendamiento, subdivisión del predio sin autorización del Inder, dentro del
período de limitaciones.

Antes de dictarse administrativamente la revocatoria o declararse la
extinción del contrato de asignación y de los derechos derivados de este por
parte de la Junta Directiva, el Inder dará audiencia
al interesado y siguiendo los principios del debido proceso legal le escuchará
y evacuará la prueba necesaria si es propuesta. Será nula la revocatoria o
extinción si no se sigue este procedimiento.

En el evento de incumplimiento de las obligaciones
de los asignatarios individuales o colectivos, el Sistema Bancario Nacional y
el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, previo a solicitar el remate
respectivo, deberá comunicarlo al Inder, a fin de que este pueda intervenir
proponiendo arreglos de pago temporales, mientras procede a la revocatoria del
derecho al asignatario o a los asignatarios incumplientes y poniendo a derecho
la obligación, con un nuevo beneficiario, en los términos legales.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 68.-  Sucesión administrativa del contrato de
asignación individual

En caso de fallecimiento del asignatario o de los
asignatarios, el Inder autorizará el traspaso directo del contrato ya sea en el
período de prueba o una vez asignado, dentro del siguiente orden de
precedencia:

a) Al heredero designado por
el causante.

b) A los herederos que
designen los demás coherederos por convenio privado homologado por el Inder o a
un tercero que coadministre la tierra a nombre de los herederos, elegido y
contratado por estos. Deberá asegurarse en la contratación respectiva una
distribución equitativa de los beneficiarios de las partes.

c) Cumplido el trámite
administrativo correspondiente, un juez será encargado de homologar el acuerdo.

d) Si los herederos o el
coadministrador no pueden asumir el uso de la tierra para la manutención de su
familia y responder a las otras obligaciones del proyecto, el Inder gestionará
ante las demás entidades estatales una solución para la familia del asignatario
original.

En este caso, el Inder
podrá recuperar la tierra, caso en el que deberá pagar las mejoras útiles y
necesarias a los herederos. Las mejoras que se consideren de adorno podrán
retirarlas los herederos, siempre y cuando no se produzca un daño al inmueble.

e) El beneficiario podrá
cambiar o alterar la lista de herederos en el período de prueba o una vez
asignado, cuando lo considere necesario.

f) El Inder, vía reglamento,
regulará el procedimiento a seguir por los beneficiarios.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 69.-  Procedimientos administrativos

En los casos de procedimientos administrativos de
revocatoria de asignación y nulidad de títulos de propiedad, otras modalidades
de asignación de tierras, así como de las resoluciones vinculadas al desarrollo
rural, la resolución final de
la Junta Directiva del Inder tendrá recurso de apelación para ante el
Tribunal Agrario, el cual deberá interponerse dentro de un plazo de cinco días
y resuelto conforme los principios constitucionales de equidad, uso racional,
justicia social y solidaridad previstos en los artículos 69 y 74 de
la Constitución Política.

 Ficha articulo

Artículo 70- Sucesión administrativa del contrato de
asignación colectiva

En caso de disolución, fenecimiento o incumplimiento de
la persona jurídica, el lnder autorizará la cesión directa del contrato, ya sea
en el período de prueba o una vez asignado, de manera prioritaria a las
organizaciones productivas o de servicios de los territorios rurales,
integradas por mujeres, que muestren interés en proyectos con sistemas
productivos bajos en carbono, conservación y forestales. En este caso, el
instituto podrá revertir la tierra y deberá pagar el valor de las plantaciones
permanentes y las construcciones realizadas de buena fe. Las de lujo podrán ser
retiradas, siempre y cuando no se produzca un daño al inmueble. Igualmente, el
lnder podrá utilizar las tierras recuperadas para someterlas al régimen de
arrendamiento.

 (Así
reformado por el el artículo 6° de la Ley para el acceso, uso y control de la
tierra por parte de las mujeres, para aumentar el empleo en actividades con
sistemas productivos bajos en carbono, conservación y forestales, N° 10724 del
13 de mayo del 2025)

 Ficha articulo

ARTÍCULO 71.-  Propiedad social indivisible

Declárase de interés público la indivisibilidad de
las tierras asignadas bajo la modalidad de asignación colectiva. Estas
asignaciones están constituidas por la tierra y el conjunto de bienes
organizados para la producción y la prestación de servicios.

La tutela corresponderá al Inder y para el
cumplimiento de este fin deberá coordinar con todas las instituciones estatales
relacionadas con el sector.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 72.-  Autorización de traspaso de tierras

La Junta Directiva podrá donar a otras instituciones estatales
terrenos que adquiera dentro del territorio rural o que estén bajo su
propiedad, independientemente del origen de los recursos con que fueron
adquiridos, a efectos de llenar necesidades de tipo comunal, social, deportivo,
cultural, sanitario, ambiental o educativo, previo estudio técnico de
viabilidad del proyecto y de recomendación por parte de los Fondos de Tierras y
de Desarrollo Rural.

 Ficha articulo

SECCIÓN VI

    FONDO DE DESARROLLO RURAL

ARTÍCULO 73.-  Definición

Créase el Fondo de Desarrollo Rural como una
dependencia técnica especializada del Inder. El Inder, por medio de este Fondo,
promoverá y ejecutará proyectos de desarrollo en los territorios rurales, con
el objetivo de facilitar el acceso a los servicios básicos para el desarrollo
socioeconómico de los beneficiarios de la institución, respetando las
competencias que le corresponden a cada institución pública.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 74.- Objetivos del Fondo de Desarrollo
Rural

a) Gestionar los recursos
financieros y servicios integrales de apoyo necesarios para la ejecución de los
planes territoriales de desarrollo rural, lo cual hará mediante la asignación
presupuestaria por parte del Inder, una vez descontados los gastos fijos,
inversión y aportes de ley que se establezcan, todo de conformidad con los
recursos disponibles.

b) Gestionar el acceso por
parte de los productores rurales a los conocimientos, la información, el
desarrollo tecnológico y los servicios de apoyo requeridos para innovar
productos y procesos, en procura del mejoramiento de sus empresas y su calidad
de vida.

c) Promover y asesorar la
elaboración de los planes territoriales de desarrollo rural.

d) Fomentar la calidad de los
procesos productivos y de los servicios y la inocuidad de los productos, para
el incremento de la competitividad, rentabilidad de las empresas rurales y la
preservación de la salud de los consumidores.

e) Promover la
diversificación de los sistemas de producción sostenible, económica, social y
ambientalmente.

f) Impulsar y promover la
correcta adopción e implementación de proyectos de desarrollo en los
territorios rurales.

g) Colaborar en la
protección del patrimonio ambiental de los territorios rurales, sobre todo en
la conservación del recurso hídrico y forestal.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 75.- Servicios del Fondo de Desarrollo
Rural

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Fondo de
Desarrollo Rural brindará los siguientes servicios:

a) Brindar los servicios de
asistencia técnica e innovación, capacitación, infraestructura económica y
social, comercialización, estudios básicos en las fases de preinversión e inversión
y gestión de inversiones.

b) Impulsar acciones
institucionales e interinstitucionales tendientes a promover el acceso de la
población rural a los servicios básicos para el desarrollo, tales como vías de
comunicación, vivienda, educación y salud.

c) Fortalecer el desarrollo
de pequeñas y medianas empresas en el campo agrícola, agroindustrial,
agroambiental, ecoturístico y en general actividades de valorización del
patrimonio rural.

d) Proteger el patrimonio
ambiental de las comunidades rurales para la conservación, el aprovechamiento,
el ordenamiento del recurso hídrico y su uso sostenible, en coordinación con
las instituciones vinculadas y las organizaciones comunales.

e) Crear esquemas innovadores
de diferenciación, denominación de origen, indicaciones geográficas y otros
mecanismos que eleven la competitividad y brinden garantías de calidad a los
consumidores.

f) Establecer los mecanismos
de coordinación para la participación interinstitucional en la elaboración,
ejecución y evaluación de las acciones estratégicas para el desarrollo rural.

g) Asesorar y colaborar con
los gobiernos locales para incluir temas de desarrollo rural en los planes
reguladores, así como fortalecer su capacidad de gestión y liderazgo.

h) Apoyar los procesos de
organización económica y social de los integrantes de los territorios rurales
en coordinación con las instituciones responsables.

i)          Gestionar la apertura y el uso de mecanismos de
financiamiento por parte del Sistema Bancario Nacional, Banco Popular y de
Desarrollo Comunal y el Sistema de Banca para el Desarrollo, para las
actividades económicas, en condiciones concordantes con la dinámica de los
territorios rurales.

j)          Fomentar los sistemas integrales de ahorro y crédito por
parte de comunidades rurales, con especial referencia a las cooperativas.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 76.- Crédito
rural

El Inder creará un sistema de crédito rural
adecuado a las características socioeconómicas y condiciones financieras de la
población objeto de esta ley. Este programa atenderá las necesidades de esta
población en dos ámbitos fundamentales:

a) El acceso a la tierra,
mediante el financiamiento de las tierras adquiridas por la institución y
asignadas a los beneficiarios.

b) El acceso a recursos
financieros adecuados para el desarrollo de las actividades socioproductivas
del medio rural comprendidas en los fines establecidos en la presente ley.

Las características organizacionales, técnicas y financieras de este
programa serán normadas por el reglamento de esta ley, de acuerdo con el
criterio emitido por los respectivos Fondos de Desarrollo Rural y de Tierras.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 77.- Recursos del
Fondo de Desarrollo Rural

Para el funcionamiento de este Fondo se contará con
los siguientes recursos:

a) Hasta un cincuenta por
ciento (50%) de los ingresos previstos en forma anual del presupuesto ordinario
del Inder, una vez descontados los gastos fijos y de inversión en
infraestructura así como las imputaciones presupuestarias que por ley le
corresponde al Inder asignar en su presupuesto. Este porcentaje podría variar
por acuerdo de la Junta Directiva, modificación que debe
sustentarse con criterios técnicos.

b) Un porcentaje del cero
coma cinco por ciento (0,5%) del presupuesto total anual de
la Dirección General de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares, el cual deberá ser girado en el primer trimestre de
cada año.

c) Los aportes que se
destinen del presupuesto nacional para la ejecución de programas y proyectos
específicos de desarrollo rural.

d) Las donaciones y los
créditos que reciba de organismos nacionales e internacionales para el
cumplimiento de sus fines.

e) Los recursos destinados
por organizaciones no gubernamentales y el sector privado para la formulación,
la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los planes territoriales de
desarrollo rural.

f) Los actuales fondos de
crédito rural que otorga el IDA, incluyendo los
provenientes de la caja agraria.

g) Otros recursos que pueda
captar para el cumplimiento de sus fines.

h) Los recursos aquí
establecidos serán administrados contable y presupuestariamente en las cuentas
del Inder, y se girarán las partidas conforme a la disposición de los recursos
económicos recibidos de los ingresos.

 Ficha articulo

SECCIÓN VII

    SECRETARÍA TÉCNICA DE DESARROLLO RURAL

ARTÍCULO 78.-  Naturaleza

Créase
la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural como
una instancia especializada del Inder, adscrita a
la Presidencia Ejecutiva y conformada según lo
disponga el reglamento de esta ley, la cual se encargará de la planificación,
el seguimiento y la evaluación de los procesos de desarrollo rural territorial.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 79.- Funciones

a) Servir como instancia
técnica para informar, orientar las acciones, las políticas, los planes, los
programas y los proyectos que adopte e implemente el Inder.

b) Generar, recopilar,
sistematizar y difundir información estratégica para impulsar los procesos de
desarrollo rural del país, tomando en cuenta los principales indicadores
sociales, económicos, políticos y ambientales requeridos para elevar la
diversificación y la competitividad en los territorios rurales y promover la
equidad, el bienestar, la identidad y la cohesión social entre los habitantes
del medio rural, en cooperación con los entes especializados del Estado y otras
organizaciones.

c) Servir como instrumento de
evaluación y monitoreo permanente sobre la ejecución de las políticas de
desarrollo rural del Estado, generando la información necesaria para ajustar el
diseño y la ejecución de dichas políticas contenidas en los planes de
desarrollo rural.

d) Facilitar el acceso a la
información a los actores rurales, sobre el comportamiento de los mercados, las
principales variables socioeconómicas, las opciones de nuevos productos y las
tecnologías vinculadas al medio rural.

e) Promover la coordinación
entre las diversas instituciones locales, nacionales e internacionales
presentes en el país, generadoras de información y análisis sobre el
comportamiento económico, social, político y ambiental de la nación, así como
sobre los principales índices de desarrollo de los territorios rurales, para
canalizar sus productos hacia los diferentes usuarios de esta información.

f) Impulsar la
sistematización y la difusión de experiencias exitosas de desarrollo rural
territorial, vinculación de territorios empobrecidos a mercados dinámicos,
desarrollo de nuevas modalidades de institucionalidad, organización y
gobernanza territorial y sobre el establecimiento de encadenamientos y alianzas
entre organizaciones, comunidades, productores y empresas en el medio rural.

g) Promover el empleo de la
información y la sistematización de experiencias en el desarrollo de
actividades de capacitación e intercambio entre los gobiernos locales, las
comunidades y las organizaciones rurales, organismos no gubernamentales,
representantes institucionales y del sector privado.

h) Elaborar y difundir informes
periódicos sobre el estado del medio rural, los territorios rurales y los
avances y experiencias de desarrollo territorial rural llevados a cabo en el
país y en el ámbito internacional, por diversos medios de comunicación.

i)          Impulsar la organización de centros territoriales de
información y conocimiento ligados a los territorios rurales y su relación por
medio de redes de intercambio y difusión.

j)          Promover la organización de una red de capacitación y
asistencia técnica en desarrollo rural, en coordinación con otras instituciones
públicas y privadas especializadas en este tema.

 Ficha articulo

TÍTULO III

    DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTÍCULO 80.- Ley N.º
2825, Ley de Tierras y Colonización

Mantiénese vigente
la Ley N.º 2825, Ley de Tierras y Colonización, de 14 de octubre
de 1961, en lo que no contraviene esta ley. En caso de duda entre ambas
prevalecerán los principios de la Ley N.º 2825. Expresamente, se
mantendrá la vigencia en todos sus extremos, el capítulo Vl de
la Ley N.º 2825, Regulación de Conflictos entre Propietarios y
Poseedores en Precario, y su normativa conexa.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 81.- Ley N.º 6735

Derógase
la Ley N.º 6735, de 29 de marzo de 1982, salvo lo indicado en la
presente ley.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 82.-  Ley N.º 6043

Deróganse las obligaciones contempladas en
la Ley N.º 6043, Ley sobre
la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de marzo
de 1977, en relación con el Instituto de Desarrollo Agrario.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 83.-  Activos del IDA

Todos los activos, tangibles o intangibles, muebles
e inmuebles, pertenecientes al IDA pasarán a ser propiedad del Inder.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 84.-  Obligaciones del IDA

Todas las obligaciones establecidas y no vencidas
con terceros provenientes del IDA serán asumidas en su totalidad por el Inder.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 85.-  Convalidación de procedimientos de adjudicación
de la propiedad pública, titulación e inscripción en el Registro Público de
la Propiedad

Con el propósito de convalidar los actos
administrativos que dieron origen a la titulación de propiedades por parte del
Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) o el IDA ante el Registro Público y
la desafectación pública realizada por el Estado, se autoriza al Inder a lo
siguiente:

a) Medir, catastrar e
inscribir mediante exhorto ante el Registro Inmobiliario a nombre del Inder las
tierras adquiridas por el IDA que al entrar en vigencia
esta ley no se encuentren inscritas a nombre de este instituto en dicho
Registro.

b) Medir, catastrar, segregar
y otorgar título sobre áreas de fincas adquiridas por el IDA con fondos del Fondo de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), para entregarlos a los
poseedores actuales de esos terrenos que cumplan los requisitos del artículo 68
de la Ley N.º 2825, Ley de Tierras y
Colonización, y a entidades públicas o privadas de beneficio comunitario que no
tengan fines de lucro, y conforme a los procedimientos establecidos en esta ley
y sus reglamentos.

c) Medir, catastrar,
segregar, otorgar título sobre un único predio a los ocupantes nacionales o
extranjeros con residencia que demuestren una posesión entendida como la ejercida
por un titular, de forma personal, ininterrumpida y a título de dueño, por más
de diez años a la fecha de la vigencia de la presente ley, dentro de un
asentamiento o finca inscrito a nombre del IDA. Para estos efectos, el
Inder elaborará un reglamento específico, en un plazo de seis meses después de
la vigencia de esta ley.

d) Se declara de interés
público la resolución de las situaciones de precario en territorios rurales;
para ello, el Inder podrá realizar los trámites de expropiación, previa declaratoria
de la Junta Directiva sobre la necesidad,
utilidad y razonabilidad de esta. El procedimiento aplicable será el
establecido en la Ley de Expropiaciones.

Se exceptúan de la aplicación de esta disposición:

1.- Los títulos que hayan sido
otorgados a personas que en el momento de obtener el beneficio no cumplían los
requisitos legales y técnicos para obtenerlo y además se desempeñaban en
calidad de funcionario público, de
la Administración Pública central y
descentralizada, o en su calidad de representantes electos popularmente, de las
municipalidades, de los concejos municipales de distrito y de las empresas
mercantiles del Estado que tenían esta calidad en el momento de la inscripción
del beneficio o el título en el Registro Público de
la Propiedad, sin perjuicio de terceros de buena fe que los hayan
adquirido posteriormente al plazo de convalidación, contado desde su
inscripción en el Registro Público. Estas disposiciones cubren a los parientes
del funcionario por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado que no
cumplían los requisitos legales y técnicos para obtener el beneficio, cuando
este haya intervenido o no en el otorgamiento del título.

2.- Los títulos de propiedad
otorgados por el ITCO o el IDA que se encuentren dentro
del plazo de convalidación o del período de limitaciones legales y que como
producto de una investigación administrativa se determine que ostentan un vicio
diferente del procedimiento de inscripción insubsanable administrativamente, y
por ende capaz de producir su nulidad absoluta.

3.- Los títulos de propiedad
otorgados por el ITCO o el IDA que no se hayan
consolidado por prescripción o caducidad, que se encuentren dentro del plazo de
convalidación que indica la ley al amparo de la cual adquirió el beneficio o el
título y que estén en investigación judicial o administrativa.

e) Se autoriza al Inder para
que rectifique la cabida de sus fincas inscritas en el Registro Público, sin
sujeción a los procedimientos establecidos en el artículo 14 de
la
 Ley de Informaciones Posesorias.

 Ficha articulo

ARTÍCULO 86.- (Anulado
mediante resolución de la Sala Constitucional, N° 12905 del 16 de agosto de
2017)

 Ficha articulo

TRANSITORIOS

TRANSITORIO I.- Derechos
de los funcionarios del IDA

Para todos los efectos, el Inder garantizará los
derechos laborales a los funcionarios que actualmente laboran en el IDA; para
ello, realizará el traslado y la transición hacia el Inder, de acuerdo con un
estudio técnico que garantice el cumplimiento de los fines para los cuales se
crea el nuevo instituto, en concordancia con los programas que llevará a cabo.
De acuerdo con dicho estudio técnico se ubicará al personal en los diferentes
programas que desarrollará el Inder, siguiendo criterios de utilidad y
necesidad; en el estudio técnico participará un representante de los sindicatos,
elegido del seno de estos. Se autoriza al instituto para que contrate el
personal necesario para asumir y cumplir con éxito las nuevas funciones.

 Ficha articulo

TRANSITORIO II.- Convenio
colectivo, pensiones y jubilaciones

Consérvanse los derechos laborales contemplados en
el convenio colectivo, en el Reglamento Autónomo de Servicios y en todas las
leyes y reglamentos que tutelan los derechos de los trabajadores.

Los funcionarios del Inder con derecho a pensión
tienen un año plazo a partir de la entrada en vigencia de esta ley; podrán
acogerse al disfrute de diez años por concepto de cesantía en un solo pago. Los
demás años laborados serán reconocidos con un beneficio a razón de un
veinticinco por ciento (25%) por cada año laborado, pagaderos en dos tractos, en
un término de dos años contados a partir de la publicación de la presente ley.

 Ficha articulo

TRANSITORIO III.-  Asentamientos del IDA

El Inder mantendrá sus funciones en los
asentamientos hasta el vencimiento de las limitaciones establecidas y el pago
de las deudas que por tierras y crédito rural estén pendientes, pudiendo
ejercer todas las facultades que para ello establece
la Ley N.º 2825, Ley de Tierras y Colonización, de 14 de octubre
de 1961, y sus reformas, así como la Ley N.º 6735, Ley de Creación del
IDA, de 29 de marzo de 1982. En caso de que se recuperen tierras en virtud de
algún procedimiento legal y las que no hayan sido tituladas, se regirán por las
disposiciones y los reglamentos del Fondo de Tierras. Asimismo, el Inder
procederá a otorgar todos los títulos de propiedad que queden pendientes, de
modo que se consolide la posesión ejercida de buena fe sobre dichos inmuebles.

 Ficha articulo

TRANSITORIO IV.- Junta
Directiva

La actual Junta Directiva del IDA permanecerá en
sus funciones hasta el vencimiento de su nombramiento. Con posterioridad a esto
se integrará la nueva Junta Directiva en la forma que establece esta ley para
el Inder.

 Ficha articulo

TRANSITORIO V.- Segregación

Los adjudicatarios que han segregado su predio a
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y estos sean los
poseedores que hayan poseído y habiten actualmente parte de una parcela o lote
y demuestren haberlo conservado por un período igual o superior a los diez
años, sin que el IDA les haya aplicado en el momento oportuno la normativa
correspondiente, el Inder segregará la parte proporcional que corresponda tanto
de los adjudicatarios como a los poseedores, y les otorgará el título de
propiedad sin aplicar los respectivos estudios de selección y desalojo
establecidos en la legislación vigente. El trámite de segregación lo llevará a
cabo el Inder, de acuerdo con el procedimiento administrativo establecido en el
reglamento de esta ley.

Esta disposición tendrá una vigencia de dos años a
partir del rige de la presente ley.

 Ficha articulo

TRANSITORIO VI.- Reglamentación
de esta ley

La presente ley será reglamentada en un plazo
máximo de seis meses a partir de su publicación.

Rige seis meses después de su publicación.

Dado en el Cantón de Grecia, Alajuela, a los once días del mes de mayo del
año dos mil doce.

 Ficha articulo

Fecha de generación: 5/5/2026 05:40:54

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Complete Text of Law 9036

Transforms the Institute of Agrarian Development (IDA) into the Institute of
Rural Development (INDER) and Creates the Technical Secretariat for Rural Development

Complete Text of Record: E4931

No. 9036

THE LEGISLATIVE ASSEMBLY

OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA

DECREES:

TRANSFORMATION OF THE INSTITUTE OF AGRARIAN

DEVELOPMENT (IDA) INTO THE INSTITUTE OF

RURAL DEVELOPMENT (INDER)

TITLE I

TERRITORIAL RURAL DEVELOPMENT

CHAPTER I

PURPOSE AND APPLICATION OF THE LAW

ARTICLE 1.- Purpose
and Application

To establish an institutional framework for the country's sustainable rural development that allows for the formulation, planning, execution, monitoring, and evaluation of State policies in this area, through the creation of mechanisms for planning, coordination, and execution of rural development in the country, with emphasis on the territories of lower degree of development. The Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), as the rector of the national agricultural sector, shall be responsible for the formulation of rural development policies, and the Institute of Rural Development (Inder) for their execution, in its capacity as an institution forming part of the agricultural sector.

Likewise, its purpose is the institutional transformation of the Institute of Agrarian Development (IDA) into the Institute of Rural Development (Inder), as the State institution specialized in territorial rural development.

Article File

Article 2- Subjects. The subjects of this law shall be natural persons and non-profit legal entities, provided they are duly incorporated into the rural development processes derived from the application of this law and comply with the requirements established in Article 46.

Exceptionally and exclusively for the provisions of Article 36 bis of this law, for-profit organizations may participate provided they are small and medium-sized enterprises (pymes) or organizations of small and medium-sized agricultural producers (pympas), in accordance with the admissibility criteria established in Law 9036, Transformation of the Institute of Agrarian Development (IDA) into the Institute of Rural Development (lnder).

Such organizations may participate only when they contribute demonstrably to rural development, through the generation of value added, productive processes, or services in rural communities, provided their direct benefit towards the fulfillment of the purposes of the Institute of Rural Development (lnder) is justified.

(As amended by Article 1 of Law No. 10758 of November 12, 2025)

Article File

ARTICLE 3.- Definitions.
For the purposes pursued by this law, the following shall be understood:

a) Agrarian Activities: productive activities based on the use of natural resources: agriculture, livestock, silviculture, aquaculture, fisheries, and mariculture.

b) Non-agrarian Activities: productive, industrial, commercial, and service activities existing in the rural environment.

c) Social Actors: socioeconomic, entrepreneurial, corporate, cultural, religious, ecological groupings, senior citizens' groupings, and groupings of persons with disabilities belonging to the rural territories that participate in the development processes of the rural territories. This concept includes local governments, public institutions with established territorial presence, and so-called non-governmental organizations (NGOs), and natural persons.

d) Agrichains: networks of relationships in the process of obtaining certain products originating in the rural environment, agrarian and non-agrarian, with the aim of adding or increasing their value throughout the different links, from their production stage to their final use in territorial or extraterritorial spheres, including commercialization, marketing, and distribution.

e) Peasant Settlements: a physical, economic, social, cultural, and organizational unit, a product of the agrarian transformation process guided by the Inder, that has housing and community-use resources such as roads, a school, a health post, potable water, electricity, and administrative areas.

f) Competitiveness: the capacity of territorial social actors, development managers, and public and private organizations, for-profit or non-profit, to carry out productive activities of national interest, to provide basic services, and to maintain systematic comparative and competitive advantages that allow them to reach, sustain, and improve their position in the territorial and extraterritorial sphere.

g) Regional Rural Development Council: regional coordination body for territorial rural development in the planning regions established by the Inder, whose coordination shall be facilitated by this institute.

h) Human Development: the purpose of territorial rural development is to contribute to the process of generating human capacities that allow the exercise of freedom and the personal growth of the inhabitants.

i) Territorial Rural Development: a process of integral change in economic, social, cultural, and institutional matters, promoted in a rural territory, with the concerted and organized participation of all social actors existing in said territory, oriented towards the pursuit of competitiveness, equity, well-being, and the social cohesion and identity of its inhabitants.

j) Rural Family Economies: economic units or enterprises that operate on a self-managed basis by the family, with or without access to land and to the rural area in general. They behave as family enterprises since the family constitutes the labor reserve and, at the same time, a consumption unit. Due to the possibility of satisfying consumption needs with their own production, they combine subsistence and market production. Many of them are involved in social networks of mutual support, as well as in interdependent relationships with other enterprises. Microproducers are included in this definition.

k) Integrality: territorial rural development is conceived as a multidimensional and multisectoral process that requires simultaneous attention, in order to avoid the execution of isolated or misaligned actions.

l) Multifunctionality: a varied set of functions performed in the rural environment, where its contributions generated by rural, agrarian and non-agrarian activities (agroindustry, agribusiness, tourism, and other services) are joined today by other functions essential for the whole of society, among which stand out the preservation of natural resources, the supply of environmental services, the improvement of rural spaces and landscapes, and the extension of diverse modalities of agri-environmental management.

 m) Multisectorality: a process of articulation of the set of governmental and non-governmental institutions, located in a rural territory, with the aim of addressing, from their mission and particular sector of action and in a simultaneous manner, the multidimensional needs and demands and of promoting the multifunctional potentialities of the rural territories.

n) Participation: organized action by territorial social actors that allows them to make their own decisions according to territorial interests, in coordination with state institutions that shall respect them.

ñ) Small and Medium Rural Agricultural Producers: economic units of an entrepreneurial nature in which family participation is not definitive. The majority of their production is destined for the market, and they regularly use hired labor.

o) Sustainability: a set of continuous, progressive, and autonomous economic, social, and institutional processes, carried out in harmony with the environment, in such a way as to guarantee the satisfaction of the needs of current generations, as well as the capacity of future generations to satisfy their own needs. It comprises human activities oriented towards the conservation, recovery, protection, and adequate use of natural resources through economic, social, and organizational forms in correspondence with the natural dynamics of the rural territories.

p) Municipality: constituted by the group of neighboring persons residing in the same canton who promote and administer their own interests, through the municipal government. The municipality is a state legal entity, with its own assets and full legal personality and capacity to execute all types of acts and contracts necessary to fulfill its purposes.

q) Agroindustrial Contracting: a process of productive integration of the different sectors participating in the activity—producers, industrializers, and marketers—governed by principles that seek to establish an equitable regime, guaranteeing the rational and fair participation of each sector. It shall be understood under parameters of production promotion and equitable distribution of wealth, in consonance with the values of solidarity and social justice.

r) Pympa: a small or medium agricultural producer is considered to be natural or legal persons whose properties of agricultural use destined for primary agricultural or livestock production have an area range declared with values equal to or less than the farm size parameters for the determination and certification of a small and medium agricultural producer by the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG).

(Thus added the foregoing subparagraph by Article 2 of Law No. 10758 of November 12, 2025)

s) Pyme: a small or medium enterprise (pyme) is considered to be any permanent productive unit that has human resources, manages and operates them under the figure of a natural or legal person, in industrial, commercial, service, or agricultural activities, including those dedicated to organic agriculture, in accordance with the provisions of Law 8262, Law for the Strengthening of Small and Medium Enterprises, of May 2, 2002.

(Thus added the foregoing subparagraph by Article 2 of Law No. 10758 of November 12, 2025)

t) Disused Infrastructure: physical installations, buildings, lands, physical works, or systems built for productive, administrative, or community purposes in rural zones, being structures that have ceased to fulfill their original function and remain inactive, without productive, administrative, or community use for a continuous period of at least two years and whose condition of abandonment or underutilization can be verified through technical inspection or institutional certification.

(Thus added the foregoing subparagraph by Article 2 of Law No. 10758 of November 12, 2025)

Article File

ARTICLE 4.- Guiding Principles

The Inder, in the application of the purpose of this law and in fulfillment of the aims that the law itself prescribes to achieve, shall be governed by the following guiding principles:

a) Social Function of Property: the actions of the Inder shall promote and execute what is pertinent to make effective the principle of the social function of property.

b) Land Tenure Structure: the Inder shall guide actions aimed at transforming the land tenure structure, so that it fulfills its social function in accordance with the powers established in this law.

c) Territoriality and Decentralization: both the planning and execution actions of territorial rural development policies shall take into account compliance with the public policies issued by the Executive Branch, regarding decentralization and deconcentration of the competencies and powers of the Inder, enabling policy to respond to demands and needs originating in the rural territories, considering the existing complementarity between rural and urban spaces.

d) Integrality: rural development is conceived as a multidimensional and multisectoral process that requires the simultaneous attention to the principles set forth herein, in order to avoid the execution of isolated or misaligned actions.

e) Participation: rural development shall promote the participation of diverse actors within the territory, as a substantial element to foster the organizational and productive changes required to energize the territorial economy.

f) Human Development: the purpose of rural development is to contribute to the process of generating human capacities that allow the exercise of freedom, social mobility, and the personal growth of the inhabitants.

g) Multisectorality: the Inder shall promote rural development through the coordination of the different sectors of the Public Administration, private organizations, and others from society, through operative territorial planning and the budgetary articulation of the participating institutions, at the local, regional, and national levels.

h) Sustainability: rural development is conditioned on ensuring that economic activities are sustainable from the economic, social, environmental, and institutional point of view, for the benefit of the rural population.

i) Transparency of Public Action: all actions deriving from the coordination and execution of rural development policies must respect the principles of accountability, citizen oversight, ethics in public function, and efficient and effective exercise of public service.

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CHAPTER II

PUBLIC POLICIES,
INSTITUTIONAL COORDINATION,

PROMOTION AND STRENGTHENING OF
PRODUCTIVE SECTORS

ARTICLE 5.- Objectives of Rural Development

The Costa Rican State, in coordination with local governments and the corresponding public entities, shall promote policies, actions, and programs in the rural territories oriented towards their development, according to the following objectives:

a) Promote and foster economic and social well-being in the rural territories, through economic support for diversification and the generation of income, employment, and provision of public services.

b) Collaborate to correct the disparities of territorial development through differentiated attention to those with greater lag, through integral action that drives their transformation and productive and economic reactivation, especially of rural family economies, with a focus on sustainable rural development.

c) Contribute to the country's self-sufficiency by promoting food production, the development of agroindustry for internal consumption and export, the establishment of supply mechanisms for local and regional markets in coordination with the competent public entities, fostering favorable conditions for access, especially for rural women and the most vulnerable sectors of the rural territories.

d) Foster the conservation of biodiversity, the development of rural environmental services, the improvement of natural resources through the establishment of production systems, especially organic agriculture, agroindustry, and livestock, promoting quality seals and designations of origin, in coordination with the competent public entities in each matter, to make production in the rural territories sustainable.

e) Promote the right to property, access to and control over land and other assets of the rural environment for rural women as an effective action to contribute to equality, rural well-being, democracy, and the conservation and protection of forests, guaranteeing that land-use planning and agri-environmental policies seek a rational and sustainable quantitative and qualitative distribution of the land resource.

 (As amended the foregoing subparagraph by Article 6 of the Law for the access, use, and control of land by women, to increase employment in activities with low-carbon, conservation, and forestry productive systems, No. 10724 of May 13, 2025)

f) Establish agricultural reserve zones, with the purpose of ensuring the productive use most convenient for the country, in safeguard of food self-sufficiency, based on Law No. 7779, Use, Management, and Conservation of Soils.

g) Facilitate the access of rural producers to knowledge, information, technological development, innovation, and the economic support services required to generate new products and processes, foster quality and safety in their productive and service activities, promoting the establishment of linkages and alliances in which peasant family economies and small and medium rural entrepreneurs participate, in coordination with centralized and decentralized public entities.

h) Stimulate productivity and production to ensure healthy, nutritious, and culturally appropriate food, respecting the existing diversity in all rural territories under the principles of solidarity, cooperation, and complementarity to guarantee self-sufficiency and food security for all the country's inhabitants, resorting to the generation and transfer of technology that allows for technical articulation, extension, nutrition, and quality.

i) Promote productive diversification of the rural environment, taking into account its multifunctionality and its productive potentialities, and its contribution to the preservation of biodiversity, the provision of environmental services to society, the improvement of rural spaces and landscapes, and the protection of natural heritage in the country's diverse rural territories.

j) Promote the rootedness and integration of the population inhabiting the country's rural territories, recognizing and respecting rural diversity in an approach with the participation of all sectors, to contribute, in coordination with the competent institutions, to the development of their capacities and their inclusion in economic, social, environmental, and institutional development processes, through the generation of agro-productive options and the promotion of territorial rural development plans and housing, health, and education services.

k) Facilitate the access of peasant families to productive activities, recognizing the diversity of production systems that include the production of raw materials or basic foods, agricultural marketing, and agroindustrial transformation.

l) Strengthen the rural institutional system and its articulation in development processes through the execution of territorial rural development plans, designed with the participation of landless peasants, the families of micro, small, and medium producers, territorial public offices, and representatives of civil society, creating the conditions to respond effectively to territorial needs and demands and to create the conditions for local actors to be managers of their own development.

m) Foster associativity processes, coordinating especially with peasants' organizations, both men's and women's, as a fundamental basis for promoting initiatives in rural development processes, as the underpinnings of true citizen participation.

n) Facilitate rural training, formation, and education processes, in inter-institutional coordination, to enable the raising of the cultural and technical level of the peasant sector, especially in the social, economic, productive, and environmental areas.

ñ) Foster local and territorial marketing solutions in coordination with public institutions of the agricultural sector and related agro-productive organizations.

o) Stimulate and economically support the formation of value chains, so that micro, small, and medium producers generate value added and services in the rural environment from the pre-production stage to the transformation, industrialization, and final marketing processes, giving impetus to complementarity in agroindustrial services between rural producers and national industry.

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ARTICLE 6.- Application of Rural Development Policies

Rural development policies must be derived from what is established in the National Development Plan, which incorporates the commitments and responsibilities expressed in the territorial rural development plans, as well as in the pertinent sectoral programs and in the institutional operational plans. The Inder, in coordination with the Ministry of National Planning and Economic Policy (Mideplán), shall follow up on and verify compliance with said commitments, and the allocation of the necessary budgets for their execution must be provided for by each of the committed public institutions, in coordination with the municipalities.

Likewise, these policies must prioritize the allocation and regularization of land, technical-financial assistance, access to credit, and other promotional actions. In addition, it is essential to guarantee that at least fifty percent (50%) of the beneficiaries are women, as part of the target population. This will contribute to reducing the gender gap in rural development, backed by quantitative and qualitative data disaggregated by sex.

(Thus added the foregoing paragraph by Article 6 of the Law for the access, use, and control of land by women, to increase employment in activities with low-carbon, conservation, and forestry productive systems, No. 10724 of May 13, 2025)

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ARTICLE 7.- Regions of Greatest Social Lag

The rural development actions carried out by the State shall attend, on a priority basis, the regions with the greatest social and economic lag, through the promotion of rural socioeconomic activities, the increase of productive investment, the fostering of diversification of employment and income opportunities, and the promotion of links between the rural and urban spheres, to facilitate access for agents of the rural society to the supports that productive activity requires, as well as the provision of the services necessary for the improvement of their well-being.

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ARTICLE 8.- Strategies for Coordination and Promotion of Rural Participation

The Inder shall advise and facilitate the participation and organization of actors in the rural territories under the following criteria:

a) The basic unit for the coordination of territorial rural development is constituted by the convergence bodies of the social actors of each territory.

b) (Repealed by Article 42 of Law No. 10096 of November 24, 2021, "Regional Development of Costa Rica")

c) The Inder shall facilitate, based on Law No. 8801, General Law for the Transfer of Competencies from the Executive Branch to the Municipalities, coordination with local governments and the different governmental and non-governmental institutions, the actions to be carried out in each canton of the country, which will allow for effectiveness and efficiency in the use of available resources.

d) The Inder shall promote dialogue and negotiation to foster rural participation, facilitate decision-making, and the formulation of strategies to resolve existing needs in the area of rural development.

e) At the national level, the highest coordination body for rural development, in attention to the policies emanating from the MAG in its capacity as rector of the agricultural sector, shall be the Inder.

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CHAPTER III

ORGANIZATION OF RURAL TERRITORIES

ARTICLE 9.- Rural Territory, Delimitation, and Classification

For the purposes of this law, the rural territory is a geographical unit dedicated mainly to the development of rural activities, composed of a particular social and institutional fabric, settled on a base of its own natural resources, with common forms of organization, production, consumption, exchange, and manifestations of identity. For the fulfillment of its aims and functions, the Inder must prepare a delimitation and classification of rural territories. Said delimitation and classification of rural territories shall be agreed upon with the actors of the territories and with the competent ministries and authorities, and shall not modify the territorial and administrative division of the Republic, nor affect the public competencies of municipal corporations and other entities.

The Inder shall take the rural territory as the basis for planning and operation. For operational purposes, the territory is made up of one or several cantons, or some of their districts, that present common characteristics from the point of view of their ecology, their economic, cultural, institutional, political activities, and the modalities of income generation of the population inhabiting them.

Rural territories are areas that depend predominantly, economically and socially, on activities derived from the use of soils, waters, and forests, translated into the economic value generated by

them, including employment and activities related to commerce and service provision.

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ARTICLE 10.- Strategies for Fostering Rural Participation

In the execution of territorial rural development policies, the State shall promote the participation of the actors of the rural territories as drivers and managers of the social, economic, environmental, and cultural development of the territories to which they belong.

This participation shall be the basis for the following:

a) The formulation of a vision of the future for the territory, capable of guiding investment and the provision of the necessary support services.

b) The creation of spaces for dialogue and negotiation for addressing topics related to the execution of territorial rural development plans.

c) Coordination between public entities and the actors of the territories for the formulation of strategies and execution of activities of mutual interest.

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Article 11- Support from the Inder for Territorial Rural Development Plans. The Inder and the public institutions involved in territorial rural development, in accordance with the budgetary availability of each of them, may facilitate access to material and financial resources for the formulation and execution of territorial rural development plans, in accordance with their budget, as well as the resources necessary for the functioning of the territorial rural development councils. In turn, they may advise on the execution of the promotion process and provide training for the different participating actors, as well as the organizational support and follow-up that they require.

(As amended by Article 40 of Law No. 10096 of November 24, 2021, "Regional Development of Costa Rica")

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ARTICLE 12.- Participation and Organization of Actors in Territorial Development. The Inder shall facilitate the participation and organization of the actors of the rural territories, according to the following criteria, within the framework of its competencies:

a) Participatory formulation of a vision of the future for the territory capable of guiding investment and the provision of the support services necessary to effectively promote its development.

b) Creation of participation spaces that open possibilities for increasing productivity and competitiveness, aimed at reactivating territorial economies and the human development of their inhabitants.

c) Establishment of coordination mechanisms among public entities and between these and civil society.

d) Design and operation of mechanisms for the execution of development proposals that are agreed upon with the actors of the rural territories.

(*)
e) Development and financing of projects for rural communities through transfers of non-reimbursable liquid resources to public and non-profit private subjects, of the social actors established in subparagraph c) of Article 3 of this law. Public and non-profit private subjects must use the Guide for Rural Development Projects, or its equivalent, established by the Inder for the presentation of projects and the request for financing of non-reimbursable liquid resources; in addition, they must submit to the Inder, on a quarterly basis, a progress report on the rural project that must contain the liquidations of the disbursed resources, with the following rules for the control of the funds that are in the custody of or administered by said subjects:

i)
Budget of public funds. The private and public non-profit entity must submit to Inder a budget for the public funds it holds in custody or administers, which must at a minimum include: the name, ID number, and position of the persons responsible for the custody or administration of the public funds; certification of the current legal ID; geographic location and exact address; amount of the public funds allocated; details of the public purpose to be fulfilled through the use of the public funds; a work plan, containing at least the objectives, goals, effectiveness indicators, and responsible parties, which must be consistent with what Inder indicates in its planning instruments; sources of complementary resources or other benefits or funds from the public sector; and any other information that Inder deems necessary, with the degree of detail, quantity, and form of submission defined by regulation.

ii)
Accountability report. Quarterly, the public and private non-profit entity must submit to Inder an accountability report containing at least the following: the expenditure associated with the purpose for which the funds were granted in custody or administration; any deviations from the objectives of the plans or commitments made between the parties and the corrective actions implemented; the income flow of the public funds and the record of assets acquired with said funds. In addition, a final report with the total liquidation must be submitted upon project closure.

(*)
(Subsection e) above thus added by Article 1 of the Ley para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 10704 of May 6, 2025)

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Article
13- Formulation of territorial rural development plans. Inder, with the participation of rural actors, both public and from civil society, grouped in the territorial rural development councils, shall support and facilitate the formulation of territorial rural development plans for each of the territories, which must be harmonized with the regulatory plans prepared by the municipalities that will guide the action of the public sector involved, in accordance with the objectives established in this law.

(Thus amended by Article 40 of Law No. 10096 of November 24, 2021, "Desarrollo regional de Costa Rica")

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TITLE II

    TRANSFORMATION OF THE INSTITUTE OF AGRARIAN

    DEVELOPMENT (IDA) INTO THE INSTITUTE OF RURAL

    DEVELOPMENT (INDER)

CHAPTER I

    GENERAL PROVISIONS

                            ARTICLE 14.-         Transformation of IDA into Inder

The Institute of Agrarian Development (IDA) is transformed into the Institute of Rural Development (Inder), as an autonomous institution under public law, with legal personality, its own assets, and administrative independence. Its legal domicile shall be the city of San José, without prejudice to the establishment of territorial offices or delegations in other parts of the country.

From the publication of this law, any legal, regulatory, or administrative provision referring to the Institute of Agrarian Development (IDA) shall be read as the Institute of Rural Development (Inder).

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ARTICLE 15.- Functions of Inder. The functions of Inder are the following:

a) Execute State policy for rural development, including the provision of land (dotación de tierras), in coordination with the competent bodies of the public sector, private organizations, and civil society, promoting the necessary public-private partnerships and facilitating co-investment schemes.

b) Promote production and economic diversification in rural areas, taking into account the multifunctionality of services provided to society, their productive potential, and their contribution to the rational use of natural resources, the conservation of biodiversity, the improvement of rural spaces and landscapes, and the protection of natural and cultural heritage in the various rural territories of the country.

c) Boost the competitiveness of rural enterprises, especially peasant family economies and small and medium-sized producers, enabling them to achieve, sustain, and improve their position in their national and international environment.

d) Support the formation and operation of agro-chains (agrocadenas) in the process of obtaining value-added products and services originating in rural areas, within a framework of fair trade from the pre-production stage through to transformation, industrialization, and final commercialization processes. In this regard, it shall promote agro-industrial contracting between rural producers, industrialists, and marketers.

Agro-industrial contracting is of public interest and shall be understood as a process of integration of the different sectors that participate in it, and shall be governed by principles that seek to establish an equitable regime, guaranteeing the rational and fair participation of each sector.

Agro-industrial contracting, as a productive integration process, shall be understood under the parameters of promoting production and the equitable distribution of wealth.

e) Facilitate access for rural producers in their own territories to the land resource, knowledge, information, technological development, and support services required to generate new products and processes, promoting quality and safety in their productive and service activities.

f) Facilitate for rural inhabitants the registration and protection of their ancestral knowledge, appellations of origin, geographical indications, and the innovations they carry out before the corresponding public entities.

g) Stimulate business and social organization in rural territories under the principles of participation, solidarity, and generational and gender equity, establishing associative, community, or other types of organizations.

h) Promote the well-being and rootedness of the population in the country's rural territories, the human development of their inhabitants, the enjoyment of their citizen rights, and their participation in economic, social, environmental, and institutional development processes, within a framework of equity and sustainability, considering criteria of gender, integration of the population with disabilities, and the elderly.

i) Offer directly financial and technical resources through Inder's rural credit system or another mechanism created for this purpose, or in association with the Development Banking System (SBD) and the rest of the National Financial System, and cooperation and training bodies, through strategic alliances, for the development of specific plans aimed at improving organization, outreach, and the use of credit.

j) Manage and utilize the cooperation and advice of national and international bodies linked to the sector within its competence.

k) Promote and carry out all types of necessary studies, in coordination with the corresponding bodies, to determine the sustainable use and management of the land resource.

l) Execute actions directly as authorized by this law and collaborate with other entities to support its beneficiaries in the event of natural disasters occurring in rural territories, duly officially declared, in a manner that allows for covering the relocation, rehabilitation, restoration, and reactivation needs required.

m) Stimulate innovative projects by graduate students from agricultural and academic high schools established within rural territories, providing them with advice and resources so that such projects are viable.

n) Manage, before the competent bodies, the creation of infrastructure and the establishment of the public services necessary to promote rural development, without prejudice to the institute being able to carry out these works with its own resources.

ñ) Execute State policy for rural development, including the provision of land (dotación de tierras) for the beneficiaries established in this law, in coordination with the competent bodies of the public sector, private organizations, and civil society. Likewise, promote public-private partnerships and partnerships with companies subject to the special investment attraction regime in the necessary rural territories, facilitating co-investment schemes.

(Thus added the previous subsection by Article 5 of the Ley de fortalecimiento de la competitividad territorial para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), No. 10234 of May 4, 2022)

o)
The development and financing of rural projects in accordance with the objectives of this law and the Territorial Rural Development Plan or its equivalent, for the benefit of rural territories through transfers of non-reimbursable liquid resources to public and private non-profit entities, of the social actors described in subsection c) of Article 3 of this law. Inder shall create a bank of rural projects for the initiatives that have been benefited by transfers of liquid resources and shall monitor the status of the project and the disbursements made for proper control in the execution of public resources, information that must be accessible to the population through digital means or tools for consultation. The rural projects to be financed with these liquid resources must be previously approved by the Board of Directors, to later be incorporated into the project bank described above. Inder shall carry out the review and follow-up of the progress of the rural project on a quarterly basis and, upon its completion, using the parameters indicated in Article 12, subsection e), sub-subsections i) and ii), of this law.

If any irregularity exists in the execution of the resources during any stage or phase of the project, Inder shall follow the due administrative process, and if poor execution of the resources is proven, it shall proceed to request the public or private non-profit entity, which must return the liquid resources granted, establishing an automatic prohibition on receiving new financing for rural development projects for a period equivalent to two years, without prejudice to the act not constituting a more serious offense; a period that shall be computed from the total return of the liquid resources granted. Inder must regulate this procedure.

(Thus added subsection o) above by Article 2 of the Ley para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 10704 of May 6, 2025)

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ARTICLE 16.- Powers and authorities of Inder. For the fulfillment of its purposes, Inder shall have the following authorities and powers:

a) The following shall be considered ordinary activities of Inder: the stimulation of production, support for the organization of producers and rural inhabitants, the provision or coordination of support services, public works, legal land transactions (tráfico jurídico de tierras), purchase, sale, mortgage, leasing, establishment of trusts, acquisition of goods, and the contracting or provision of complementary services for development.

b) The provision or contracting of services and entering into any agreement, contract, and alliances with persons under public or private law, national or international.

c) Purchase, sell, lease, donate, establish trusts, usufruct movable and immovable property, services, as well as invest in securities and receive donations.

d) Lend, finance, mortgage property, carry out commercial activities, provide or contract services, and enter into agreements, contracts, and alliances with persons under public or private law, national or international, and any others as are necessary for the performance of the purposes of this law.

e) Grant lease contracts, use rights, property titles, recognition of possession, or any other real right, on lands that are part of its assets and those it acquires or are transferred to it for the execution of rural development initiatives.

f) Acquire lands and goods, leasing, purchase, sale, mortgage, stimulation of production, support for the organization of producers, the provision or coordination of support services such as credit and technical advice, and the contracting or provision of complementary services for development.

g) Manage, coordinate, and promote the development of the country's rural territories, directly, with its own resources, through coordination with other institutions, that of settlements and rural territories; to this end, it shall promote the preparation of development plans for the country's rural territories at the territorial and national levels.

(Thus amended the previous subsection by Article 40 of Law No. 10096 of November 24, 2021, "Desarrollo regional de Costa Rica")

h) Administer the lands that are part of its assets and those it acquires or are transferred to it, for the execution of development plans for rural territories, in fulfillment of the social, economic, and environmental function of property, within the concepts of multifunctionality and sustainable development.

i) File the corresponding administrative or judicial actions to recover movable and immovable property that has been illegally appropriated.

j) Be a party in trials processed in agrarian courts and contentious-administrative courts, as the case may be, involving national reserve lands, those that are part of its assets, and those it acquires or are transferred to it.

k) Formulate, execute, and evaluate the Institutional Operational Plan, in accordance with rural development policies, territorial rural development plans, the National Rural Development Plan, and the National Development Plan.

(Thus amended the previous subsection by Article 40 of Law No. 10096 of November 24, 2021, "Desarrollo regional de Costa Rica")

l) Coordinate and facilitate, as appropriate, through Inder's rural credit system, support services and rural territories in matters of credit, training, technical assistance, marketing, market intelligence, project design and financing, and business organization, which respond to the territorial rural development plans; the foregoing in coordination with the institutions of the agricultural sector.

m) Develop, manage, and coordinate, with the competent bodies, the establishment of public services and other infrastructure works in peasant settlements and in rural territories, in order to offer the conditions required by the beneficiaries of Inder, without prejudice to Inder being able to carry out these works with its own resources, when urgent and necessary.

n) Exercise the administration of its assets.

ñ) Identify, define, and establish rural territories taking into consideration environmental, productive, geographic, political-administrative, and cultural aspects.

o) Promote the creation and strengthening of associative, business, and community organizations, to achieve the linkage of productive activities and the establishment of necessary and timely strategic alliances, with the cooperative model and women's associations with environmentally sustainable projects being a priority.

 (Thus amended the previous subsection by Article 6 of the Ley para el acceso, uso y control de la tierra por parte de las mujeres, para aumentar el empleo en actividades con sistemas productivos bajos en carbono, conservación y forestales, No. 10724 of May 13, 2025)

p) Propose the necessary expropriations for the acquisition of lands, in attention to the public necessity thereof, for the promotion of development plans for rural territories.

q) Inder shall seek the solution of problems resulting from the occupation of national reserves and the precarious occupation of privately owned lands. Inder is empowered, when appropriate, to redistribute and reorganize areas that are the object of conflict.

r) The development and financing of rural projects in accordance with the objectives of the Territorial Rural Development Plan or its equivalent, for the benefit of rural territories, through transfers of non-reimbursable liquid resources to public and private non-profit entities, of the social actors described in subsection c) of Article 3 of this law. The Board of Directors of Inder must include, in the annual budget liquidations sent to the Comptroller General of the Republic, a detail regarding the use of these transferred resources, their destination, and the oversight thereof. In addition, Inder shall carry out the review and follow-up of the progress of the rural project on a quarterly basis and upon its completion, in which the status of the project and the execution of the transferred resources shall be evaluated, as indicated in Article 12, subsection e), sub-subsections i) and ii), of this law.

If any irregularity exists in the execution of the resources, during any stage or phase of the project, the due administrative process shall be followed, and if poor execution thereof is proven, it shall proceed to request the public or private non-profit entity, which must return the liquid resources granted, establishing an automatic prohibition on receiving new financing for rural development projects for a period equivalent to two years, without prejudice to the act not constituting a more serious offense; a period that shall be computed from the total return of the liquid resources granted. Inder must regulate this procedure.

(Thus added subsection r) above by Article 3 of the Ley para el financiamiento de proyectos rurales ejecutados por sujetos públicos y privados y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 10704 of May 6, 2025)

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ARTICLE 17.- Prerrogatives of Inder

a) Unseizability of its public domain assets.

b) The character of an enforceable title (título ejecutivo) of the certifications issued by the Treasury of Inder, recording obligations owed by natural or legal persons for taxes, fees, prices, charges, amortizations, interest, credits, or any other type of income or debts in favor of Inder.

              In the case of obligations of a tax nature, the certifications with the character of an enforceable title (título ejecutivo) shall be issued by the executive president in their capacity as tax director, and the procedure established for this purpose in the Code of Tax Rules and Procedures shall apply to them.

              Self-assessed tax obligations not paid and administrative acts that have become final shall be subject to certification.

c) Exemption from cost bonds and deposits to guarantee precautionary measures.

d) Enforceability of valid, effective, or voidable resolutions that Inder issues in matters within its competence, and as long as no final judicial resolution to the contrary exists, under the terms of the General Public Administration Law, except as expressly provided by this law and without prejudice to the civil liability Inder may incur for damages caused to private parties.

              In the case of final resolutions concerning the collection or determination of the tax obligation, the administrative process shall conclude by means of a resolution of the Administrative Fiscal Tribunal or when the taxpayer does not appeal to this Tribunal the final resolution issued by Inder, in accordance with the provisions of the Code of Tax Rules and Procedures.

e) Exoneration from payment of all types of direct or indirect taxes, fees, and special contributions, national or municipal, including those that involve the acquisition or possession of movable or immovable property.

f) Institute and execute any action tending to carry out oversight of properties that fall within its competence.

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CHAPTER II

    SENIOR MANAGEMENT OF INDER

SECTION I

    BOARD OF DIRECTORS AND ITS FUNCTIONS

ARTICLE 18.-          Composition

The highest governing body of Inder shall be the Board of Directors, composed of seven members as follows:

a) The executive president of Inder, who shall preside over it.

b) The Minister of Agriculture and Livestock, who may be represented by a vice minister.

c) The Minister of National Planning and Economic Policy or their vice minister.

d) The Minister of Minaet or their vice minister.

e) A representative of the Union of Local Governments who belongs to the rural territories.

f) A representative of the rural territories, who shall be ratified by the Executive Branch.

g) An elected representative from within the National Agricultural Forum accredited with MAG, ratified by the Executive Branch, or, failing that, a representative of the existing peasant organizations in the country with national coverage, ratified by the Executive Branch.

The Board of Directors shall elect from within its membership a vice president, who shall substitute for the president in case of impediment or absence in the exercise of their powers and duties.

When the president and vice president of the Board are both absent, it shall appoint one of its members as an ad hoc president for the performance of its functions.

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ARTICLE 19.- Requirements

To be a member of the Board of Directors, it is necessary to be a Costa Rican by birth or naturalization, with at least ten years of residence in the country, and not to be disqualified from holding public office.

Those who are linked to each other or to department heads or higher-level officials of the institution by consanguinity or affinity, up to the third degree inclusive, may not be appointed as members of the Board of Directors. Nor may agents or employees of Inder itself be members.

When, subsequent to the appointment, the existence of any of the impediments referred to in the preceding paragraph is proven, the appointment of the member shall be considered null. If the cause of the impediment is supervening, the appointment shall expire from the moment that cause arose.

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ARTICLE 20.- Term

The members of the Board of Directors shall be appointed for terms of four years, starting from June 1st of the year in which the presidential term of the Republic begins, as established in Article 134 of the Political Constitution. Their appointments must be made in the last fifteen days of May of the corresponding year.

Any of the members of the Board of Directors may be reelected.

The Government Council, at the request of the Board of Directors, shall ratify interim appointments to replace directors who cannot attend sessions, with justification, for periods of no less than one month nor more than six months.

In the event of the replacement of directors due to justified removal, resignation, death, or any other cause, the appointment shall be made within fifteen days following the date the position becomes vacant, and said appointment shall be in effect for the remainder of the term.

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ARTICLE 21.-  Grounds for Removal

The members of the Board of Directors may be removed from their positions if they incur any of the following grounds:

a) Violation of any of the prohibitive provisions or mandatory precepts contained in the laws, decrees, or regulations applicable to Inder.

b) Liability for fraudulent or illegal acts or operations. In the event of a supervening criminal indictment against a member of the Board of Directors, they shall be suspended from the exercise of their functions by the Government Council until a final conviction is handed down.

c) Disqualification from holding public office established by the competent authority.

d) Failure to attend three consecutive ordinary sessions without justified cause, in the judgment of the Board of Directors.

e) Incapacity or physical impediment to perform their duties for a period of six months or more.

f) When the member of the Board of Directors is the owner or lessee of a property or parcel administered by the institution, and it is proven that they do not comply with the provisions stipulated in the respective law and its regulations.

              In all cases indicated in this article, the Board of Directors shall inform the Government Council so that it may determine whether separation from office is appropriate and execute it.

              Notwithstanding the foregoing, the director shall be separated from their position while the investigation is conducted. In such case, the Government Council must appoint an interim director to substitute for them for the duration of the investigation, in accordance with the procedures established in the regulations of this law.

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ARTICLE 22.- Regulations

The Board of Directors shall issue regulations for its internal functioning and organization, which shall require for their approval and amendment at least half plus one of the total members of the Board of Directors.

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ARTICLE 23.- Per Diems

The punctual attendance of the members of the Board of Directors at sessions shall entitle them to collect per diems (dietas), and these shall be the only remuneration they may receive for their services in the performance of their functions. By regulation and in accordance with the provisions of the General Public Administration Law and other related norms, the amount and limit of these per diems (dietas) shall be regulated.

The executive president and the ministers and vice ministers shall not be entitled to the collection of per diems (dietas) in addition to their salary, nor shall any other official of Inder who, for any reason, attends the sessions.

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ARTICLE 24.- Functions

The Board of Directors of Inder shall have the following functions:

a) Exercise the powers conferred upon it by this law.

b) Execute rural development policy and the National Rural Development Plan, in accordance with the National Development Plan and the directives received from the Executive Branch and the minister of MAG, in their capacity as rector of the agricultural sector.

c) Determine the land tenure regimes that Inder must establish in its agrarian projects.

d) Approve the acquisition, allocation, leasing, encumbrance, and disposal of lands and other property, to fulfill the purposes of this law, upon prior recommendation of the Land Fund and the Rural Development Fund.

e) Approve the allocation of lands according to the modalities provided for by this law and approve the property titles, lease agreements, and allocations recommended by the Land Fund, in accordance with the legal and regulatory provisions in force on the matter.

f) Approve, modify, or reject the ordinary and extraordinary budgets of Inder.

            g) Approve the expropriation proceedings, with the legal formalities of the case, for lands required for qualified public interest, when this is necessary for the fulfillment of Inder's purposes.

h) Authorize the contracting of domestic loans, upon prior approval of the competent authorities, as well as propose the establishment of trusts within the National Banking System or the Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

i)           Manage the contracting of foreign loans intended for the promotion of the country's territorial rural development.

j)           Approve the annual report and the financial statements of Inder.

k) Request the corresponding reports from the executive president in order to evaluate the progress of Inder and guarantee institutional transparency, as well as order the performance of external evaluations and audits.

l)           Appoint the internal auditor and sub-auditor, in accordance with the legal and regulatory provisions in force.

m) Appoint and remove the general manager of the institution. Such appointments shall be made for six years and may be reelected. The vote, both for appointment and removal, shall be by a qualified majority of the Board of Directors.

n) Approve the internal and service regulations of the institution; in relation to other aspects of this law, the Executive Branch shall proceed to issue the necessary implementing regulations, upon the proposal of Inder, based on the provisions of subsections 3) and 18) of Article 140 of the Political Constitution.

ñ) Ensure the proper functioning of the institution.

o) Approve the internal organization of the institution.

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SECTION II

    EXECUTIVE PRESIDENT

            ARTICLE 25.-           Appointment and term

The Inder shall have an executive president whose appointment and removal shall be the responsibility of the Governing Council (Consejo de Gobierno). The executive president shall devote himself exclusively and on a full-time basis to the performance of his duties and may not hold any other public office or practice a liberal profession; he shall be appointed for terms of up to four years, which must coincide with the constitutional term of the President of the Republic, and shall have the judicial and extrajudicial representation of the Inder, with the powers determined for general agents (apoderados generalísimos) under Article 1253 of the Civil Code.

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ARTICLE 26.- Functions of the executive president

The functions of the executive president are:

a) To represent the Inder in the fulfillment of the functions established in this law and any others that correspond to it, as well as in applicable laws and regulations, observing the guidelines of the Executive Branch and the rector minister of the agricultural sector.

b) To exercise the functions inherent to his status as superior head of the Inder, including those of tax director (director tributario), as well as to organize all the dependencies of the institution and ensure their proper functioning.

c) To contribute to the execution of rural development policies and the activities defined in the National Rural Development Plan (Plan Nacional de Desarrollo Rural), in coordination with the organizations and institutions with responsibilities defined therein.

d) To promote the bills deemed necessary for the fulfillment of the objectives established in this law.

e) To present to the Board of Directors (Junta Directiva), for its approval, the allocation of lands, according to the modalities provided for by this law, and to approve the property titles, lease and allocation titles recommended by the Land Fund (Fondo de Tierras), in accordance with the legal and regulatory provisions in force on the matter.

f) To request from the Executive Branch, the municipalities, and the autonomous institutions, the registration and transfer of lands from the national reserve, as well as the transfer of rural properties registered in their name, to allocate them to the purposes of this law.

g) To submit for the knowledge and approval of the Board of Directors (Junta Directiva) the ordinary and extraordinary budgets, their modifications, and the Institutional Operational Plan (Plan Operativo Institucional).

h) To initiate the corresponding judicial or administrative actions, in defense of the Inder’s rights; to settle or submit to arbitration the disputes it has, and to grant the judicial and extrajudicial powers indispensable for the proper handling of its affairs.

i) To sign, jointly with the general manager, the securities issued by the Inder.

j) To appoint and remove the officials and employees of the institution, grant them leaves of absence, and impose sanctions on them, in accordance with the regulations in force.

k) To attend to the Inder’s relations with government representatives and their dependencies, with other State institutions, and with other national or foreign entities.

l) To delegate his powers to the general manager, when necessary.

m) To exercise the powers conferred upon him by this law.

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ARTICLE 27.- Sanctions

The executive president, the general manager, the auditor, and the sub-auditor of the Inder, who permit operations contrary to the law or applicable regulations, shall be liable with their assets for the losses caused by such acts, without prejudice to other sanctions and penalties that may apply, according to the legal system in force.

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SECTION III

GENERAL MANAGEMENT AND ITS FUNCTIONS

ARTICLE 28.- Appointment and functions

The Board of Directors (Junta Directiva) shall appoint a general manager, who must have professional training and demonstrated experience in administration and rural development; his appointment shall be for a term of up to six years and he may be reelected. He shall be in charge of the administration of the Inder, in accordance with this law, the regulations, and the functions assigned to him by the Board of Directors (Junta Directiva) and the executive president.

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ARTICLE 29.- Representation

The general manager shall have the judicial and extrajudicial representation of the Inder, with the powers determined for general agents (apoderados generalísimos) under Article 1253 of the Civil Code and those that, for special cases, the executive president expressly grants him.

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ARTICLE 30.- Duties and powers

The functions of the General Management (Gerencia General) are the following:

a) To represent the Executive Presidency (Presidencia Ejecutiva) in absences that prevent the exercise of the office or, in case of resignation, until a substitute is appointed, except for those of the Board of Directors (Junta Directiva).

b) To provide the Executive Presidency (Presidencia Ejecutiva) with the information necessary to ensure the good governance and direction of the Inder.

c) To propose to the Executive Presidency (Presidencia Ejecutiva) the plans necessary to execute the State’s rural development policy.

d) To propose to the Executive Presidency (Presidencia Ejecutiva) the administrative rules necessary for the better functioning of the Inder.

e) To coordinate, with the corresponding bodies, the preparation of the Inder’s draft annual budget, extraordinary budgets, and necessary modifications to the annual budget; the annual report, the institutional operational plan (plan operativo institucional), and the reports on the execution of goals and budget liquidations.

f) To award bids for the acquisition of goods and services in accordance with the law, upon prior respective technical recommendation, up to the amount corresponding to the abbreviated bids established for this institution by the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República).

g) To propose to the Executive Presidency (Presidencia Ejecutiva) the creation of the administrative units and services deemed necessary for the better fulfillment of the Inder’s functions.

h) To authorize, with his signature, the securities and documents determined by the laws and regulations of the Inder.

i) To oversee the correct development of the institutional policy indicated by the Board of Directors (Junta Directiva) and the Executive Presidency (Presidencia Ejecutiva), the execution of work plans, and the implementation of ordinary and extraordinary budgets.

j) To exercise the other functions and powers that correspond to him, in accordance with the law, regulations, and the provisions of the Board of Directors (Junta Directiva) and the Executive Presidency (Presidencia Ejecutiva).

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SECTION IV

AUDITOR, SUB-AUDITOR, AND THEIR FUNCTIONS

ARTICLE 31.- Functions

The Inder shall have an internal audit office that shall exercise constant oversight and supervision (vigilancia y fiscalización) of all its dependencies, as well as the other functions and powers that correspond to it, in accordance with the law and its regulations. The Audit Office shall function under the immediate authority and direction of an auditor, who must be a certified public accountant (contador público autorizado). The officials appointed for this purpose shall be subject to the provisions of Law No. 8292, General Law on Internal Control (Ley General de Control Interno), of July 31, 2002, and to what the respective internal control regulation establishes in this regard.

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ARTICLE 32.- Powers

The dependencies of the Inder are obligated to present to the auditor all the public information he requests, in the form and within the period he determines. The auditor and the officials of his dependency authorized by him shall have free access to all the books, documents, securities, and files of the Inder. Officials and employees shall be obligated to assist him for the better performance of his oversight and supervision (vigilancia y fiscalización) functions.

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ARTICLE 33.- Appointment of the auditor and sub-auditor

The Board of Directors (Junta Directiva) shall appoint, with the favorable vote of a qualified majority of its members, the auditor and the sub-auditor, to exercise the functions set forth in the laws of the Republic.

The appointment shall be made for an indefinite period and shall be carried out by public competitive examination, following the procedures established in Law No. 8292, General Law on Internal Control (Ley General de Control Interno).

The removal of these officials, for just cause, must be done in accordance with the provisions of Article 15 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República).

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CHAPTER III

ASSET AND FINANCIAL REGIME OF THE INDER

SECTION I

ASSETS OF THE INDER

ARTICLE 34.- Assets and resources

The assets of the Inder are constituted by the following assets and resources:

a) The lands of the private domain of the State or its institutions that are transferred to the Inder, in accordance with the law.

b) The lands that the Inder acquires by any legal means and those it recovers in peasant settlements, to allocate them to its programs.

c) The subsidy assigned to the Inder in the ordinary budget of the Republic and the additional contributions recognized in the extraordinary budgets of the State or decentralized institutions.

d) The proceeds from internal and external loans contracted for the same purposes.

e) The funds and other assets and obligations belonging to the Inder.

f) The proceeds from the taxes and contributions contemplated in this law, in Law No. 5792, of September 1, 1975, and its amendments, and those established in the future to give financial content to the Inder.

g) The sums collected from the sale, allocation, and lease of lands in accordance with the law.

h) The product of its net profits.

i) The assets donated to the Inder by natural or legal persons, private and public, for the fulfillment of the purposes of this law.

j) The resources assigned to the Inder through special laws.

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ARTICLE 35.- Legal provisions

The assets and resources that constitute the assets of the Inder may only be applied to the purposes provided for in this law.

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ARTICLE 36.- Agreements and alliances. Without prejudice to the provisions of the preceding article and based on reasons of public convenience and practical order, the Inder may enter into agreements or strategic alliances with public or private institutions, when this favors the fulfillment of the purposes and objectives of this law.

For the agreements, the granting of transfers of non-reimbursable liquid resources to public and private non-profit subjects, of the social actors described in subsection c) of Article 3 of this law, may be included, for the development of projects in the communities of rural territories. Among the obligations of the parties for the execution of the agreements, the provisions contained in subsection f) of Article 2 of Law 9986, General Law on Public Procurement (Ley General de Contratación Pública), of May 27, 2021, must be respected, as well as at least the following subsections.

(Thus added the preceding paragraph by Article 4 of the Law for the financing of rural projects executed by public and private subjects and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 10704 of May 6, 2025)

a) The object of the agreement.

(Thus added the preceding subsection by Article 4 of the Law for the financing of rural projects executed by public and private subjects and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 10704 of May 6, 2025)

b) The general obligations of the parties involved.

(Thus added the preceding subsection by Article 4 of the Law for the financing of rural projects executed by public and private subjects and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 10704 of May 6, 2025)

c) The specific obligations of the parties involved.

(Thus added the preceding subsection by Article 4 of the Law for the financing of rural projects executed by public and private subjects and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 10704 of May 6, 2025)

d) Beneficiaries.

(Thus added the preceding subsection by Article 4 of the Law for the financing of rural projects executed by public and private subjects and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 10704 of May 6, 2025)

e) Commitments of the parties.

(Thus added the preceding subsection by Article 4 of the Law for the financing of rural projects executed by public and private subjects and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 10704 of May 6, 2025)

f) Oversight of compliance.

(Thus added the preceding subsection by Article 4 of the Law for the financing of rural projects executed by public and private subjects and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 10704 of May 6, 2025)

g) Confidentiality.

(Thus added the preceding subsection by Article 4 of the Law for the financing of rural projects executed by public and private subjects and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 10704 of May 6, 2025)

h) Modifications.

(Thus added the preceding subsection by Article 4 of the Law for the financing of rural projects executed by public and private subjects and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 10704 of May 6, 2025)

i) Dispute resolution.

(Thus added the preceding subsection by Article 4 of the Law for the financing of rural projects executed by public and private subjects and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 10704 of May 6, 2025)

j) Term.

(Thus added the preceding subsection by Article 4 of the Law for the financing of rural projects executed by public and private subjects and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 10704 of May 6, 2025)

k) Termination of the agreement.

(Thus added the preceding subsection by Article 4 of the Law for the financing of rural projects executed by public and private subjects and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 10704 of May 6, 2025)

l) Sanctioning actions in case of non-compliance.

(Thus added the preceding subsection by Article 4 of the Law for the financing of rural projects executed by public and private subjects and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 10704 of May 6, 2025)

m) Presentation of reports in accordance with the stipulations of the agreement.

(Thus added the preceding subsection by Article 4 of the Law for the financing of rural projects executed by public and private subjects and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 10704 of May 6, 2025)

n) Terms to guarantee compliance with the agreement.

(Thus added the preceding subsection by Article 4 of the Law for the financing of rural projects executed by public and private subjects and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 10704 of May 6, 2025)

ñ) Early termination or suspension of the agreement.

(Thus added the preceding subsection by Article 4 of the Law for the financing of rural projects executed by public and private subjects and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 10704 of May 6, 2025)

o) Any other necessary between the parties.

(Thus added the preceding subsection by Article 4 of the Law for the financing of rural projects executed by public and private subjects and the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 10704 of May 6, 2025)

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Article 36 bis- Agreements on unused infrastructure. For the specific case of unused infrastructure, the Instituto de Desarrollo Rural (Inder) may enter into agreements with public entities and private sector entities, the latter non-profit or for-profit, provided they are SMEs or pympas, in accordance with the objectives of the Instituto de Desarrollo Rural (Inder), and exclusively for the purposes of this law; among the obligations of the parties for the execution of the agreements, the provisions contained in Article 36 of this law must be respected.

The Instituto de Desarrollo Rural (Inder) shall establish a rigorous, periodic, and verifiable system of control and monitoring of the beneficiary natural or legal persons, in order to ensure compliance with the productive, social, and environmental purposes of land use. Non-compliance with the commitments assumed, falsehood in the information provided, irregular transfer of rights, abandonment of the productive activity, or any other cause defined by regulation shall give rise to immediate exclusion from the benefit, the administrative reversal of the assigned property, and, where appropriate, the imposition of sanctions by the Instituto de Desarrollo Rural (Inder), as appropriate.

(Thus added by Article 3 of Law No. 10758 of November 12, 2025)

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ARTICLE 37.- Regulations in force

a) Article 35 of Law No. 6735, of March 29, 1982, is amended. The text is as follows:

"Article 35.- Articles 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14 of Law No. 5792, of September 1, 1975, are amended. The texts are as follows:

Article 1.- A tax is created on the consumption of domestic and foreign machine-made cigarettes, according to the following rates that shall be applied to the price of the article, before the sales tax:

a) Two point five percent (2.5%) for cigarettes made in the country exclusively with domestic tobaccos.

b) Two point five percent (2.5%) for foreign cigarettes and for those manufactured in the country, in whose preparation imported tobaccos are used, in whole or in part.

Article 5.- From the proceeds of the tax established in Article 1, the Instituto de Desarrollo Rural shall allocate two percent (2%) to cover the needs of productive technical education. Said percentage shall be transferred annually to the Ministry of Public Education (Ministerio de Educación Pública, MEP) once the corresponding fiscal period has been liquidated and must be allocated to meet the needs arising from rural development plans in the area of technical education, as well as to address projects aimed at improving educational conditions.

Article 6.- A specific tax per consumption unit is established for carbonated beverages of national and foreign brands, produced in the country or imported, of five point seven hundred twenty-five colones (¢5,725) in favor of the Inder. In the case of micro and small enterprises, whose annual production does not exceed sixteen million consumption units, the tax applicable per consumption unit of two hundred fifty ml (250 ml) shall be two point thirty-five colones (¢2.35). The following volumes are defined as a consumption unit:

a) For all liquid beverages subject to the tax, two hundred fifty milliliters (250 ml).

b) For soda syrups used exclusively for "post mix" type soda dispensing machines, the equivalent in milliliters of syrup to one unit of 250 ml of finished beverage must be used, in accordance with the theoretical yield of the syrup. For these purposes, each manufacturer must provide the Inder with a certification stipulating the theoretical yield in milliliters of finished beverage for each product marketed. Said certification may be validated by the Customs Laboratory of the Ministry of Finance or the Food Technology Research Center of the University of Costa Rica at the request of the Inder, based on a "post mix" unit of the product in question and using it in a duly calibrated dispensing unit, to validate the yield of the finished beverage. For these purposes, the manufacturer must provide the "post mix" units necessary for the test, lend the necessary dispensing equipment, provide the necessary instructions or guides similar to those given to customers, and assist in the calibration of said equipment, to the extent necessary. The cost of this validation shall be borne by the taxpayer.

c) For containers of different contents, the tax shall be applied proportionally.

The taxable event for the taxes established in this article occurs in factory-level sales on the date of issuance of the invoice or delivery of the product, whichever act occurs first; in importation, at the moment of acceptance of the customs declaration; in all cases, regardless of its presentation.

As of the effective date of this law, the Tax Administration, ex officio, shall quarterly update the amount of the tax created in this article, in accordance with the variation of the consumer price index determined by the National Institute of Statistics and Censuses (Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC), and the amount resulting from the update must be communicated in accordance with the provisions of the following paragraph.

It is the responsibility of the Inder to establish and publish, by means of a provision of general scope, the referred update, within the fifteen days prior to each quarterly application period. The application periods shall begin on the first day of January, April, July, and October. In no case may each quarterly adjustment exceed three percent (3%).

In national production, the taxpayer of these taxes shall be the manufacturer or packager of said products; in importation, the natural or legal person in whose name the products are imported.

For the application of these taxes, "sale" shall be understood as any act that involves or has as its ultimate purpose the transfer of ownership of the product, regardless of its legal nature, designation, and conditions agreed upon by the parties. Likewise, "importation" shall be understood as the entry into the national territory, once the legal formalities are completed, of the products subject to these taxes.

The product destined for export is exempt from the payment of this tax.

Article 8.- A tax of eight percent (8%) is created, applicable to the price, before the one corresponding to the Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, according to Law No. 6282, of August 14, 1979, on alcoholic beverages produced by the Fábrica Nacional de Licores and consumed in the country, to which Law No. 2035, Organic Law of the Consejo Nacional de la Producción, of July 17, 1956, and its amendments refer. Only the alcohols listed in the cited legal provision are exempt from the tax.

In the case of imported alcoholic beverages, or those produced or packaged in the country by other producers, except for domestic and foreign beer and wine already taxed in Article 10, the levy shall also be eight percent (8%) on the price, before the tax assigned to the Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), according to Law No. 6282.

Article 9.- For distribution purposes, the eight percent (8%) tax created in Article 8 of this law is assigned as follows:

a) That corresponding to domestic alcoholic beverages:

Six point forty-two percent (6.42%) for the Inder.

One point fifty-eight percent (1.58%) in favor of the Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), to finance its prevention, treatment, and rehabilitation programs for alcohol, tobacco, and other drugs, as well as the construction and maintenance of facilities for regional headquarters and comprehensive care centers for drugs in the different provinces of Costa Rica. These resources shall not be subject to the guidelines issued by the Executive Branch regarding public spending restrictions.

b) That corresponding to foreign alcoholic beverages shall be entirely for the Inder, which shall be used to fulfill the purposes of its constitutive law.

The Inder shall annually and directly transfer the portion of the tax corresponding to the IAFA.

Article 10.- A specific tax of zero point four colones (¢0.4) per milliliter of absolute alcohol is established in favor of the Inder on domestic and foreign beer. Likewise, a specific tax of zero point two eight two seven one colones (¢0.28271) (*) per milliliter of absolute alcohol is established in favor of the Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)(*) on domestic and foreign beer.

(**)(Thus updated the preceding tax by Article 1 and 2 of Resolution No. DE-RE-A-6-2026 of February 26, 2026, "Establishes the amount of ¢0.28271 (zero point two eight two seven one colones) for the specific tax granted in favor of the IFAM that will be in force as of April 1, 2026.")

A specific tax of zero point two colones (¢0.2) per milliliter of absolute alcohol is established in favor of the Inder on domestic and foreign wine.

In the case of domestic or foreign wines, made from fermented fruits other than fresh grapes already taxed in the preceding paragraph, whose annual commercialization does not exceed fifteen million milliliters of absolute alcohol, a tax of zero point one colones (¢0.1) per milliliter of absolute alcohol is established. When the indicated limit is exceeded, the tax shall be zero point two colones (¢0.2) per milliliter of absolute alcohol.

The taxable event for the taxes established in this article occurs in factory-level sales on the date of issuance of the invoice or delivery of the product, whichever act occurs first; in importation, at the moment of acceptance of the customs declaration; in all cases, regardless of its presentation.

As of the effective date of this law, the Tax Administration, ex officio, shall quarterly update the amount of the taxes created in this article, in accordance with the variation of the consumer price index determined by the INEC, and the amount resulting from the update must be communicated in accordance with the provisions of the following paragraph.

It is the responsibility of the Inder to establish and publish, by means of a provision of general scope, the referred update, within the fifteen days prior to each quarterly application period. The application periods shall begin on the first day of January, April, July, and October. In no case may each quarterly adjustment exceed three percent (3%).

In national production, the taxpayer of these taxes shall be the manufacturer or packager of said products; in importation, the natural or legal person in whose name the products are imported.

For the application of these taxes, "sale" shall be understood as any act that involves or has as its ultimate purpose the transfer of ownership of the product, regardless of its legal nature, designation, and conditions agreed upon by the parties.

Likewise, "importation" shall be understood as the entry into the national territory, once the legal formalities are completed, of the products subject to these taxes.

The product destined for export is exempt from the payment of this tax.

(*)
(By resolution No. 017-2013 of November 25, 2013, the following is established: "... The specific tax granted in favor of the IFAM is updated, as detailed below:

Calculation for the first quarter of 2014 (January to March)

|  | october-2013 | july-2013 | | --- | --- | --- | | CPI | 161,357 | 162,306 | | Initial tax value ¢0.23630 Cumulative variation factor ¢0.99416 Updated value of the specific tax per milliliter of absolute alcohol ¢0.23492 |  |  |

The specific tax amount of ¢0.23492 (zero point two three four nine two colones) shall be applied to each milliliter of absolute alcohol. Said amount shall be in force during the period between January 1 and March 31, 2014.")

Article 11.- The taxes created in this law shall be settled and paid as follows:

a) In national production, taxpayers must settle and pay the taxes no later than within the first fifteen calendar days of each month. They shall use the sworn declaration form approved by the Tax Administration, for all sales made in the month prior to the declaration, duly supported by authorized vouchers. The presentation of the sworn declaration and the payment of the taxes shall be simultaneous acts.

b) In imports or entries, at the moment prior to the customs clearance (desalmacenaje) of the product, carried out by the customs offices, which shall simultaneously accredit it through the National Treasury. Customs clearance shall not be authorized if the interested parties do not prove the corresponding payment of the tax. The payment must be stated separately in the customs declaration.

Article 12.-
The proceeds from the levies established in this law shall be collected by the Inder at the collection offices it designates for this purpose, through the banks of the National Financial System and by the electronic means established by the Tax Administration.

Article 13.-
The agrarian stamp (timbre agrario) is created, which shall be covered by the natural and legal persons who are parties to the acts or contracts indicated in the following article. The funds from said tax shall be destined for the Inder, which shall collect, administer, and use its proceeds to fulfill the purposes of its constitutive law.

The issuance, custody, sale, and distribution of the stamp shall be the responsibility of the Inder, which is empowered to establish the channels it deems convenient to expedite its sale, using for this purpose the entities of the National Banking System and the electronic means that may be established by regulation.

Sales of this stamp, in quantities greater than five thousand colones (¢5,000.00), shall have the discount usually given for fiscal species. Said amount shall be updated every five years in accordance with the inflation index established by the Central Bank of Costa Rica (Banco Central de Costa Rica, BCCR).

Article 14.- The following acts or contracts shall be subject to the payment of the agrarian stamp tax (timbre agrario) and those who carry them out shall cover the amount indicated in each case:

a) For the registrations and transfers of all types of motorized vehicles, three colones (¢3.00) shall be paid for each thousand or fraction thereof, on the valuation that the respective Registry assigns to the vehicle.

b) For lease contracts (contratos de arrendamiento) for real property, registrable in the Public Property Registry (Registro Público de la Propiedad), one colón fifty céntimos (¢1.50) shall be paid for each thousand or fraction thereof, on their valuation. For these purposes, all lease contracts entered into with the State must be registered, except those established in Chapter IV of Title II of this law.

c) For the first registrations of real property made in the Property Registry, arising from new titles, as well as for registrations arising from a correction of measurement (rectificación de medida), which imply increases in area (aumentos de cabida), two thousand colones (¢2,000.00) shall be paid. It is understood that when the valuation of the possessory information (información posesoria) or the correction of measurement exceeds five million colones (¢5,000,000.00), the stamp tax must be paid on the excess, at a rate of one colón twenty-five céntimos (¢1.25) per thousand or fraction thereof.

These rates shall be updated every five years in accordance with the inflation index established by the BCCR, starting from January 1 of the year following the publication of this law. Such increase must be published by means of a provision of general scope issued by Inder.

d) One colón fifty céntimos (¢1.50) shall be paid for each thousand or fraction thereof, on the capital of commercial companies (sociedades mercantiles), upon incorporation, merger, transformation, dissolution, and capital increases.

Likewise, for notarizations (protocolizaciones) that imply the amendment of bylaws regarding the composition of the Board of Directors, corporate name, or domicile, ten thousand colones (¢10,000.00) shall be paid. This amount shall be updated every five years in accordance with the inflation index established by the BCCR, starting from January 1 of the year following the publication of this law. Such increase must be published by means of a provision of general scope issued by Inder.

The respective tax must be paid upon registering the certification (testimonio) of the corresponding deed (escritura).

e) One colón fifty céntimos (¢1.50) shall be paid for each thousand or fraction thereof on the granting of public deeds (escrituras públicas) that imply the transfer of real property, whether or not registered in the Public Registry. One colón fifty céntimos (¢1.50) shall be paid for each thousand or fraction thereof on contracts in which mortgages (hipotecas) or mortgage certificates (cédulas hipotecarias) are constituted. In the event that the mortgage is constituted for the purpose of guaranteeing all or part of the price of the real property, the tax shall only be paid on the transfer; but if the farm (finca) is eventually auctioned off (rematarse) based on the constituted mortgage, the agrarian stamp tax must be paid at the time of notarizing the auction, in the manner specified herein.

In the case of real property destined for housing, the payment of the agrarian stamp tax shall be made in accordance with the following provisions:

In the case of the transfer of real property classified as of social interest (interés social), one colón (¢1.00) shall be paid for each thousand or fraction thereof. For this purpose, any real property destined for housing whose value does not exceed the amount set by the Mortgage Housing Bank (Banco Hipotecario de la Vivienda, Banhvi) shall be considered of social interest. In the event that a mortgage is constituted for the purpose of guaranteeing all or part of the price of the real property, the tax shall only be paid on the transfer; but if the farm is eventually auctioned off based on the constituted mortgage, the agrarian stamp tax must be paid at the time of notarizing the auction, in the manner specified herein.

On real property destined for housing whose value exceeds the amount set in the preceding paragraph and does not exceed the amount established in subsection a) of Article 6 of Law No. 8683, Solidarity Tax for the Strengthening of Housing Programs (Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda), and its amendments, one colón twenty-five céntimos (¢1.25) shall be paid. In the event that a mortgage is constituted for the purpose of guaranteeing all or part of the price of the real property, the tax shall only be paid on the transfer; but if the farm is eventually auctioned off based on the constituted mortgage, the agrarian stamp tax must be paid at the time of notarizing the auction, in the manner specified herein.

The Public Registry and the banking entities that collect the agrarian stamp tax shall be obligated to supply the information that Inder, in its function as Tax Administration (Administración Tributaria), requires for the purposes of verification and oversight of this tax.

Inder is authorized to appear in possessory information (informaciones posesorias) proceedings and to object to the amount, when it considers that it does not conform to the real value of the real property.

Articles 2, 3, 4, and 7 of Law No. 5792 of September 1, 1975, are repealed."

b) Article 40 of Law No. 6735 of March 29, 1982, and its amendments, is amended. The text shall read:

"Article 40.- Inder shall have broad powers to exercise oversight and control over the collection of the various assigned taxes and may intervene at any time, with prior notification to the taxpayer (sujeto pasivo), within the deadlines established in the Code of Tax Rules and Procedures (Código de Normas y Procedimientos Tributarios), to ensure strict compliance with the legal rules that grant it economic resources. For the purposes of overseeing the correct application of the taxes established in this law, Inder is empowered to review the accounting books and their annexes regarding those taxes. To this end, the taxpayers must supply all the information that allows determining the nature and amount of the tax obligation, related to the taxes corresponding to Inder.

Inder, in its capacity as Tax Administration, shall have the powers established in the Code of Tax Rules and Procedures. Regarding tax offenses, Inder shall have the powers established in Title III of said Code, with regard to violations and administrative sanctions. When Inder, in the oversight phase of the taxes it administers, becomes aware that a crime has been committed, it shall proceed to report it to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público).

To comply with the provisions of this rule, it shall have the mandatory collaboration of the General Directorate of Taxation (Dirección General de Tributación), the General Directorate of Customs (Dirección General de Aduanas), and other public entities."

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CHAPTER IV

LAND AND RURAL DEVELOPMENT FUNDS (FONDOS DE TIERRAS Y DE DESARROLLO RURAL)

SECTION I

GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 38.- Operational structure of Inder

Inder shall have administrative, technical, and operational support units in accordance with the needs arising from this law for the fulfillment of its purposes, which shall be established via regulations duly approved by the Board of Directors (Junta Directiva) and the corresponding governmental bodies. Within this structure, the Land Fund (Fondo de Tierras) and the Rural Development Fund (Fondo de Desarrollo Rural), which are regulated in this law, shall be created.

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ARTICLE 39.- Creation and purpose of the Land and Rural Development Funds

The Land Fund is created for the acquisition and endowment of lands to the beneficiaries of Inder, and the Rural Development Fund is created to promote the integral development of rural territories (territorios rurales), with the purpose of offering the target population the resources and services necessary for access to land, the modernization, and improvement of diversified and successful production systems, which favor the betterment of the rural family and its economic and social emancipation.

Each of the Funds shall have an organizational structure responsible for:

a) Proposing, to the Management (Gerencia) and the Executive Presidency, the general guidelines and the operating and functioning regulations on land and rural development matters.

b) Approving, in the first instance, transactions with financial entities and with rural inhabitants, based on the provisions of this law.

c) Proposing the necessary measures to carry out adequate operational, financial, and accounting administration of the programs under its charge.

d) Constituting trusts (fideicomisos) within the National Banking System (Sistema Bancario Nacional) and the Banco Popular y de Desarrollo Comunal, which shall be used exclusively for the purposes and objectives of the programs established by this law.

e) Likewise, all functions derived from the established regulations.

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SECTION II

LAND FUND

GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 40.- Land Fund

The Land Fund shall be a technical unit of Inder, specialized in the regulation, acquisition, titling, endowment, and control of lands acquired by Inder, and the use and extinction of rights to the land.

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ARTICLE 41.- Objectives of the Land Fund

a) To promote the prevalence of public interest, transparency, efficiency, and timeliness in the acquisition of lands for rural development.

b) To facilitate, through various alternatives, access to land for the country's rural population that meets the requirements established by this law and its regulations, and to enable the development of small and medium-sized enterprises in rural territories.

c) To prepare technical studies and formulate recommendations for designing land acquisition procedures. For this purpose, it shall consider agronomic and ecological characteristics, forest cover (cobertura boscosa) and biological richness, the existence of water sources, and, in general, their potential for developing production systems and mixed and modern services, which allow the integral development of rural territories.

d) To propose the general guidelines, operating and functioning regulations, and to approve, in the first instance, the procedures carried out with rural inhabitants for the endowment of lands.

e) To promote and guarantee that youth, ethnic minorities, women, and the population of persons with disabilities have access to land resources, for productive or service purposes, particularly the organized groups of these populations, for which at least fifty percent (50%) of the financial resources of the Land Fund contemplated in Article 43 of this law shall be allocated.

(Thus amended the preceding subsection by Article 6 of the Law for the access, use, and control of land by women, to increase employment in activities with low-carbon productive systems, conservation, and forestry, No. 10724 of May 13, 2025)

f) To support initiatives of social interest and community benefit.

g) To collaborate in the protection of the environmental heritage of rural territories, especially in the conservation of biodiversity, water resources, forest resources, and the rural landscape.

h) To promote rootedness (arraigo), the improvement of the quality of life, and respect for the culture of families in rural territories.

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ARTICLE 42.- On the lands of Inder

The following form part of the Land Fund:

a) Those acquired or administered by the IDA, with the exception of those belonging to the natural heritage of the State up to the effective date of this law, which have not been adjudicated or transferred, as well as those that Inder acquires by legal means, for the purposes established by this law.

b) Those that Inder distributes, through any land allocation model (modelo de asignación de tierras), which are within the period of legal limitations.

c) Those adjudicated by the IDA and which are within the period of legal limitations.

d) Those recovered by virtue of legal processes.

e) Those donated or transferred by the State and other public or private institutions suitable for productive processes and rural development.

f) Those suitable for rural development within national reserves, not subject to private domain or that of other State institutions, which are registered in the name of the institution and are not part of the natural heritage of the State.

All lands registered in the name of Inder shall be unattachable (inembargables) and shall be exempt from all types of stamp taxes, fees (cánones), rates (tasas), and direct or indirect taxes, national or municipal, already established.

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ARTICLE 43.- Financial resources of the Land Fund

For its operation, the Land Fund shall have the following resources:

a) Income from the sale, allocation (asignación), and lease of the institute's lands, after deducting fixed costs, investment, and infrastructure, as well as transfers to private and public subjects established as mandatory by law.

b) Fifty percent (50%) of the income foreseen annually by the institute, after deducting the institutional operating and investment expenses. This percentage may be increased by agreement of the Board of Directors, whose modification must be supported by duly reasoned technical criteria.

c) Fifty percent (50%) of the surplus from the previous period of the institute's budget, in the event that it exists, and that it has no restriction on use by the budgetary authority and the budgetary limit established for Inder so permits. This percentage may be increased by agreement of the Board of Directors, whose modification must be supported by duly reasoned technical criteria.

d) Contributions annually allocated from the national budget.

e) Donations or credits received from national and international organizations.

f) Other resources that it may attract for its purposes.

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ARTICLE 44.- Preferential treatment

The National Banking System, the Banco Popular y de Desarrollo Comunal, State institutions, and other public entities are obligated to offer to the Institute, with preference over any other buyers, the rural farms (fincas rurales) with suitability for rural development and agricultural promotion that they resolve to sell. In the case of assets acquired by the cited institutions in the execution of credits or thereby, or in payment of obligations in their favor, the sale price for the institute shall be determined by the value of the respective debt plus costs (costas). If the institute does not resolve its purchase within the following ninety days, the offering entity may sell in accordance with its powers, but the institute shall retain preference to make the acquisition under equal circumstances.

In order for a deed of transfer of ownership (escritura traslativa de dominio) under the conditions expressed in this article to be registered in the Property Registry, it is indispensable to present a certificate (constancia) from the institute that the requirements established in the preceding paragraphs have been met.

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SECTION III

LAND ENDOWMENT SYSTEMS

ARTICLE 45.- Modalities

Inder shall endow lands, as part of a company's productive assets, individually or collectively, through the following modalities:

a) Lease (Arrendamiento).

b) Allocation (Asignación).

All based on the development of productive projects of agricultural activity or services for territorial rural development, and projects of social and community interest.

The agreements of the Board of Directors relative to the endowment of lands under the lease modality shall require the vote of an absolute majority of the members. For the land allocation modality, the vote of no less than two-thirds of the total members of the Board of Directors shall be required.

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ARTICLE 46.- Requirements for persons under the different modalities. A natural person (persona física) who meets the following requirements shall be considered a lessee (arrendataria) or allottee (asignataria):

a) Social and technical studies, by means of an instrument developed and applied by the institution to determine the suitability of the applicant to develop productive or service projects for the development of rural territories.

b) Rootedness in a rural territory.

c) Micro, small, and medium producer, male and female, as established by the regulations of this law.

d) Commitment to keep the land in use and to exploit it personally, in accordance with the projects that justified the allocation.

A legal entity (persona jurídica) that meets the following requirements shall be considered a lessee or allottee:

a) Groups of male and female producers who are members of organizations, persons with disabilities, older adults, youth, including graduates of technical-professional high schools and university graduates who have current legal personality.

b) Demonstrated experience in productive projects consistent with this law.

c) Have no land or the land they possess is insufficient for the development of the proposed project.

d) Commitment to keep the land in use in accordance with the projects that justified the allocation.

e) Non-profit and compatible with the purposes of this law.

f) The provisions of Article 36 bis of this law may be applicable, for-profit, provided they comply with the stipulations of this law and its regulations.

Any act carried out in contravention of the provisions of this article shall be absolutely null and void and shall entail the immediate revocation of the benefit and the return of the land and/or allocated infrastructure, without prejudice to the corresponding administrative, civil, or criminal liabilities.

(Thus amended the preceding subsection by Article 4 of Law No. 10758 of November 12, 2025)

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Article 46 bis- Control, monitoring, and exclusion. The Rural Development Institute (Instituto de Desarrollo Rural, Inder) shall establish a rigorous, periodic, and verifiable system of control and monitoring of the natural or legal persons who are beneficiaries under the conditions of Article 36 bis of this law, in order to ensure compliance with the productive, social, and environmental purposes of the use of the infrastructures. Non-compliance with the commitments assumed, falsehood in the information provided, irregular transfer of rights, abandonment of the productive activity, or any other cause defined by law or regulation shall give rise to the immediate cessation of the benefit, the administrative reversion (reversión administrativa) of the assigned property, and, where appropriate, the imposition of sanctions by the Rural Development Institute (Inder), as appropriate.

(Thus added by Article 5 of Law No. 10758 of November 12, 2025)

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ARTICLE 47.- Prohibition and transparency regime

The following have an express prohibition from being beneficiaries of the land endowment systems regulated in this law:

a) The President and Vice-Presidents of the Republic, the Ministers and Vice-Ministers, the deputies of the Legislative Assembly (Asamblea Legislativa), the proprietary magistrates of the Supreme Court of Justice (Corte Suprema de Justicia) and those of the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones), the Comptroller General and Deputy Comptroller General of the Republic, the Attorney General (procurador general) and the Deputy Attorney General of the Republic.

b) Officials holding senior management positions, officials holding head or deputy head positions, those holding auditing, control, oversight, or legal advisory positions, as well as all officials who participate in the land endowment procedures of Inder.

c) The spouses, partners or cohabitants, and relatives even up to the third degree of consanguinity or affinity of the officials indicated in subsections a) and b).

d) Companies, regardless of the legal form they adopt, in which the persons indicated in subsections a), b), and c) hold an economic or shareholding participation, whether directly or through other natural or legal persons.

Acts carried out in contravention of the provisions of this article shall be absolutely null and void. Public officials who fail to comply with these provisions shall incur a serious offense and shall be sanctioned with dismissal without employer liability (despido sin responsabilidad patronal) or with immediate removal from office in the case of officials appointed by the Executive Branch; the foregoing, without prejudice to any other civil and criminal liabilities they may have incurred.

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ARTICLE 48.- Use of areas for public purposes

Inder shall have the right to use, upon prior payment for useful and necessary improvements (mejoras útiles y necesarias) and good faith accessions (accesiones de buena fe), the lands granted under any of the modalities for the constitution of easements (servidumbres), the construction of roads, the harnessing of hydraulic forces, the passage of telephone lines, the construction of bridges, the passage and utilization of watercourses that are necessary to offer potable water service to the populations, livestock drinking troughs, irrigation, drainage, or for any other purpose of public utility. Said provision must be set forth in the contract made with the allottee or allottees.

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ARTICLE 49.- Outstanding debtor balances policy

Inder is authorized to subscribe to an outstanding debtor balances policy (póliza de saldos deudores) with the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros, INS) or other insurance operators, for the beneficiaries of all land endowment models, for an amount that covers the entirety of the credits, as applicable. The cost of the insurance shall be assumed entirely by the beneficiaries.

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SECTION IV

LEASE MODEL

ARTICLE 50.- Objective

Inder shall endow lands under the lease modality, as a priority form, on farms of its property, for the development of productive or service projects of community impact in rural territories, on an individual basis or collectively, whether as natural or legal persons.

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ARTICLE 51.- Expansion of the lease area

The lessee may request, and Inder may grant, an expansion of the production or service area they enjoy by leasing an adjacent area, when conditions so require.

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ARTICLE 52.- Lands of other public entities

Inder may request from other public institutions or municipalities lands suitable for rural development that they possess and that are not in use, so that, through lease, they may be used for the fulfillment of the purposes of this law.

 

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ARTICLE 53.- Terms

The term of validity for any lease granted by Inder shall be up to five years, renewable for equal periods by mutual agreement. Once the term has expired, any renewals shall be authorized based on the development shown by the project, following the corresponding study, without prejudice to the possibility of granting a longer term based on the productive project after the corresponding study. In cases involving public institutions, Inder may grant terms of longer validity.

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ARTICLE 54.- Rent (Canon)

The rent shall be set by Inder in annual installments (anualidades vencidas), as provided by the respective regulation. The lease amounts shall be updated annually by Inder through the corresponding technical studies for each activity.

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ARTICLE 55.- Explicit clauses in contracts

Every lease contract granted by Inder shall explicitly contain the following clauses:

a) That Inder is not obligated to warranty of title (saneamiento) and eviction (evicción).

b) That the lessee may not assign, subdivide (segregar), sublease, or transfer in any way the leased property or the rights derived therefrom, without prior and express authorization from the Board of Directors of Inder.

c) That upon failure to pay the rent or non-compliance with the obligations imposed by the contract or by the corresponding regulations, Inder may declare said contract administratively terminated, after compliance with due process and granting the right of defense to the administered party, and may also claim compensation for damages.

d) That the lessee is obligated to comply with the provisions of the environmental and sanitary legislation applicable to the authorized use of the land.

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ARTICLE 56.- Recognition of improvements

Recognition of improvements and accessions. Upon extinguishment of the lease modality within the trial period or an allocation contract for reasons attributable to the lessee or allottee, respectively, the constructions existing on the land shall remain in favor of Inder, which shall only recognize the useful and necessary improvements related to the object of the contract, without the non-compliant party having the right of retention. The content of this provision must be included within the clauses of the respective contract.

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ARTICLE 57.- Succession of the lease contract

In the event that the lease is terminated due to the death of the lessee as a natural person, applications for a new lease shall be received and processed based on the following order of priority:

a) The family nucleus.

b) The declared heirs, in which case Inder shall warn the potential successors that they must prove their status as heirs and appear in court within ninety days following the application date.

c) Interested third parties, if there are no declared heirs willing to continue the activity. The interested third party must recognize, in favor of the declared heirs, if any, prior to signing the lease contract with Inder, the value of the permanent plantations and the constructions existing on the land, provided they correspond to the objectives established in the lease contract.

d) In the cases of legal entities, the national legislation in force for these cases must be complied with.

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SECTION V

LAND ALLOCATION MODEL

ARTICLE 58.- Definition

On lands owned by Inder, land allocation programs may be developed under individual and collective modalities. Individual allocation shall be made to the applicant, to both spouses or cohabitants in a common-law union equally, when this relationship exists. Under the collective allocation modality, to productive or service organizations of rural territories, the land shall be registered as social and indivisible property. The respective allocations shall be subject to the existence of technical studies that guarantee the suitability of the applicants, the area (cabida) of the lands, the productive project of the enterprise or the community service, and its impact on rural development.

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ARTICLE 59.- Exemption from fees for proceedings

The proceedings carried out by the institution on the occasion of land allocation shall be exempted from any type of tax and fiscal charges.

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ARTICLE 60.- Individual allocation

Natural persons who receive land under this model must meet the following requirements:

a) Meet the social and technical parameters for the development of productive or service projects, established in the regulations of this law.

b) Have no land, whether directly or indirectly as a natural or legal person, or such land is insufficient for the development of the proposed project, within the parameters of a micro and small rural enterprise.

c) Commit to keeping the land in use, in accordance with the projects that justified the allocation.

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Article 61- Collective allocation

Collective allocation to legal entities shall be made when the requirements established in Article 46 of this law are met and it involves productive or service organizations, giving priority to cooperatives and women's associations and second-tier organizations constituted mostly by women.

 (Thus amended by Article 6 of the Law for the access, use, and control of land by women, to increase employment in activities with low-carbon productive systems, conservation, and forestry, No. 10724 of May 13, 2025)

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ARTICLE 62.- Trial period (Período de prueba)

The forms of allocation must include a trial period, under the lease contract modality, for a minimum period of three years. Once the term of the lease contract has expired, the allottees who have satisfied all obligations shall be entitled to the granting of a property title, guaranteeing the payment for the land and the credits granted by Inder with a mortgage on their land and the presentation of the respective debtor policy (póliza de deudor) that backs their debts.

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ARTICLE 63.- Allocation in population centers

Inder shall promote the formation of population centers through the acquisition or recovery of lands for this specific purpose in the settlements (asentamientos) and in rural territories, as well as the development of the necessary infrastructure and services in these population centers, whether directly with its own resources or indirectly through coordination with other institutions.

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ARTICLE 64.- Conditions

The conditions under which rural families shall be endowed with housing lots shall be established in a specific regulation that defines the suitability of the families under regulations appropriate for rural conditions.

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ARTICLE 65.- Inter-institutional collaboration

The institutions that make up the Housing Finance System, the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), the Ministry of Public Education (MEP), the Ministry of Health, the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, the banks of the National Banking System, the Banco Popular y de Desarrollo Comunal, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, and the institutions that make up the agricultural sector must provide, as a priority, the support required for the provision of the infrastructure and services necessary for the development of human settlements. Rural electrification cooperatives, public service companies, and municipalities may collaborate with the provision of infrastructure and services necessary for human settlements.

In said human settlements, Inder will grant property titles in an agile manner to the beneficiaries, with the purpose of favoring access to housing services and credit.

 Article record

ARTICLE 66.- Limitations

The assignee or assignees may not transfer ownership of their plot, nor encumber, lease, or subdivide it without prior authorization from Inder, except when fifteen years have elapsed from the land assignment act and all obligations with Inder are settled.

During that same period, said plots may not be subject to any type of judicial, preventive, or executive measures by third parties or creditors, unless such credits, debts, or obligations have been authorized by Inder. Any contract concluded without complying with the above provisions shall be absolutely null.

Once the fifteen years have elapsed and the property right has been consolidated, Inder shall have the right of first option to purchase, at the price established by the appraisal conducted by the Dirección General de Tributación, to prevent any alienation of the land that could produce undue concentration or excessive subdivision of the property. The National Registry shall take note of the limitations referred to in this article.

 Article record

ARTICLE 67.- Assignment contract

The contract made with the individual or collective assignee and the title delivered to them shall state the following as grounds for the loss of the right to the property:

a) Using the land for purposes other than those provided for in this law, its regulations, and the assignment contract.

b) Unjustified abandonment of the land.

c) Manifest negligence or ineptitude of the assignee in the use of the land or in the conservation of the buildings, improvements, or work elements entrusted to them.

d) If indirect exploitation of the land is proven, except for the exceptions contemplated in this law.

e) Unjustified failure to comply with the payment obligations contracted with Inder.

f) Failure to comply with the legal norms for the conservation of natural resources and any other regulations aimed at protecting the ecological balance.

g) Transfer, encumbrance, lease, or subdivision of the plot without authorization from Inder, within the limitation period.

Before administratively issuing a revocation or declaring the extinction of the assignment contract and the rights derived from it by the Board of Directors, Inder shall grant a hearing to the interested party and, following the principles of due process of law, shall listen to them and examine the necessary evidence if proposed. The revocation or extinction shall be null if this procedure is not followed.

In the event of non-compliance with the obligations of individual or collective assignees, the National Banking System and the Banco Popular y de Desarrollo Comunal, prior to requesting the respective auction, must notify Inder so that it may intervene by proposing temporary payment arrangements, while proceeding with the revocation of the right of the non-compliant assignee or assignees and settling the obligation, with a new beneficiary, under legal terms.

 Article record

ARTICLE 68.- Administrative succession of the individual assignment contract

In the event of the death of the assignee or assignees, Inder shall authorize the direct transfer of the contract, whether during the trial period or once assigned, in the following order of precedence:

a) To the heir designated by the decedent.

b) To the heirs designated by the other co-heirs through a private agreement approved by Inder, or to a third party who co-manages the land on behalf of the heirs, chosen and contracted by them. Equitable distribution of the benefits among the parties must be ensured in the respective contracting.

c) Once the corresponding administrative procedure is completed, a judge shall be responsible for approving the agreement.

d) If the heirs or the co-manager cannot assume the use of the land for the maintenance of their family and meet the other obligations of the project, Inder shall seek a solution for the original assignee's family before other state entities.

In this case, Inder may recover the land, in which case it must pay for the useful and necessary improvements to the heirs. Improvements considered decorative may be removed by the heirs, provided no damage is caused to the property.

e) The beneficiary may change or alter the list of heirs during the trial period or once assigned, when deemed necessary.

f) Inder, by regulation, shall regulate the procedure to be followed by the beneficiaries.

 Article record

ARTICLE 69.- Administrative procedures

In cases of administrative procedures for revocation of assignment and nullity of property titles, other modalities of land assignment, as well as resolutions related to rural development, the final resolution of the Board of Directors of Inder shall have an appeal recourse before the Agrarian Tribunal, which must be filed within a period of five days and resolved according to the constitutional principles of equity, rational use, social justice, and solidarity provided for in articles 69 and 74 of the Political Constitution.

 Article record

Article 70- Administrative succession of the collective assignment contract

In case of dissolution, termination, or non-compliance of the legal entity, Inder shall authorize the direct transfer of the contract, whether during the trial period or once assigned, on a priority basis to productive or service organizations of the rural territories, composed of women, that show interest in projects with low-carbon productive systems, conservation, and forestry. In this case, the institute may revert the land and must pay the value of the permanent plantations and constructions made in good faith. Luxury items may be removed, provided no damage is caused to the property. Likewise, Inder may use the recovered lands to submit them to the lease regime.

 (As amended by Article 6 of the Law for Access, Use and Control of Land by Women, to Increase Employment in Activities with Low-Carbon Productive Systems, Conservation and Forestry, No. 10724 of May 13, 2025)

 Article record

ARTICLE 71.- Indivisible social property

The indivisibility of lands assigned under the collective assignment modality is declared of public interest. These assignments are constituted by the land and the set of goods organized for production and the provision of services.

The protection shall correspond to Inder, and for the fulfillment of this purpose, it must coordinate with all state institutions related to the sector.

 Article record

ARTICLE 72.- Authorization for land transfer

The Board of Directors may donate to other state institutions lands it acquires within the rural territory or that are under its ownership, regardless of the source of the resources with which they were acquired, for the purpose of meeting communal, social, sports, cultural, health, environmental, or educational needs, following a prior technical viability study of the project and recommendation by the Land Fund and the Rural Development Fund.

 Article record

SECTION VI

    RURAL DEVELOPMENT FUND

ARTICLE 73.- Definition

The Rural Development Fund is created as a specialized technical dependency of Inder. Inder, through this Fund, shall promote and execute development projects in rural territories, with the objective of facilitating access to basic services for the socioeconomic development of the institution's beneficiaries, respecting the competencies corresponding to each public institution.

 Article record

ARTICLE 74.- Objectives of the Rural Development Fund

a) Manage financial resources and comprehensive support services necessary for the execution of territorial rural development plans, which it shall do through budgetary allocation by Inder, after deducting fixed expenses, investment, and statutory contributions that are established, all in accordance with available resources.

b) Manage access by rural producers to knowledge, information, technological development, and support services required to innovate products and processes, in pursuit of improving their enterprises and their quality of life.

c) Promote and advise the preparation of territorial rural development plans.

d) Foster the quality of productive processes and services and the safety of products, for the increase of competitiveness, profitability of rural enterprises, and the preservation of consumer health.

e) Promote the diversification of economically, socially, and environmentally sustainable production systems.

f) Drive and promote the correct adoption and implementation of development projects in rural territories.

g) Collaborate in the protection of the environmental heritage of rural territories, especially in the conservation of water and forest resources.

 Article record

ARTICLE 75.- Services of the Rural Development Fund

For the fulfillment of its objectives, the Rural Development Fund shall provide the following services:

a) Provide technical assistance and innovation services, training, economic and social infrastructure, marketing, basic studies in the pre-investment and investment phases, and investment management.

b) Promote institutional and inter-institutional actions aimed at promoting rural population access to basic development services, such as communication routes, housing, education, and health.

c) Strengthen the development of small and medium-sized enterprises in the agricultural, agro-industrial, agro-environmental, ecotourism fields, and in general, activities that add value to the rural heritage.

d) Protect the environmental heritage of rural communities for the conservation, use, management of water resources, and their sustainable use, in coordination with linked institutions and community organizations.

e) Create innovative schemes for differentiation, designation of origin, geographical indications, and other mechanisms that raise competitiveness and provide quality guarantees to consumers.

f) Establish coordination mechanisms for inter-institutional participation in the elaboration, execution, and evaluation of strategic actions for rural development.

g) Advise and collaborate with local governments to include rural development issues in regulatory plans, as well as strengthen their management and leadership capacity.

h) Support the processes of economic and social organization of the members of rural territories in coordination with the responsible institutions.

i) Manage the opening and use of financing mechanisms by the National Banking System, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, and the Development Banking System, for economic activities, under conditions consistent with the dynamics of rural territories.

j) Foster comprehensive savings and credit systems by rural communities, with special reference to cooperatives.

 Article record

ARTICLE 76.- Rural credit

Inder shall create a rural credit system suited to the socioeconomic characteristics and financial conditions of the population targeted by this law. This program shall attend to the needs of this population in two fundamental areas:

a) Access to land, through the financing of lands acquired by the institution and assigned to the beneficiaries.

b) Access to adequate financial resources for the development of socio-productive activities in the rural environment included in the purposes established in this law.

The organizational, technical, and financial characteristics of this program shall be regulated by the regulations of this law, in accordance with the criteria issued by the respective Rural Development Fund and Land Fund.

 Article record

ARTICLE 77.- Resources of the Rural Development Fund

For the operation of this Fund, the following resources shall be available:

a) Up to fifty percent (50%) of the annual projected income of Inder's ordinary budget, once fixed expenses and infrastructure investment have been deducted, as well as the budgetary allocations that by law Inder is required to assign in its budget. This percentage may vary by agreement of the Board of Directors, a modification that must be supported by technical criteria.

b) A percentage of zero point five percent (0.5%) of the total annual budget of the Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, which must be transferred in the first quarter of each year.

c) Contributions allocated from the national budget for the execution of specific rural development programs and projects.

d) Donations and credits received from national and international organizations for the fulfillment of its purposes.

e) Resources allocated by non-governmental organizations and the private sector for the formulation, execution, monitoring, and evaluation of territorial rural development plans.

f) The current rural credit funds granted by the IDA, including those from the agrarian fund (caja agraria).

g) Other resources it may obtain for the fulfillment of its purposes.

h) The resources established herein shall be managed accounting-wise and budget-wise in the accounts of Inder, and the items shall be disbursed according to the availability of economic resources received from income.

 Article record

SECTION VII

    TECHNICAL SECRETARIAT FOR RURAL DEVELOPMENT

ARTICLE 78.- Nature

The Technical Secretariat for Rural Development is created as a specialized body of Inder, attached to the Executive Presidency and structured as provided by the regulations of this law, which shall be responsible for the planning, monitoring, and evaluation of territorial rural development processes.

 Article record

ARTICLE 79.- Functions

a) Serve as the technical body to inform and guide the actions, policies, plans, programs, and projects adopted and implemented by Inder.

b) Generate, compile, systematize, and disseminate strategic information to drive the country's rural development processes, taking into account the main social, economic, political, and environmental indicators required to increase diversification and competitiveness in rural territories and to promote equity, well-being, identity, and social cohesion among the inhabitants of rural areas, in cooperation with specialized state entities and other organizations.

c) Serve as an instrument for permanent evaluation and monitoring of the execution of the State's rural development policies, generating the necessary information to adjust the design and execution of said policies contained in the rural development plans.

d) Facilitate access to information for rural actors, regarding market behavior, main socioeconomic variables, options for new products, and technologies linked to the rural environment.

e) Promote coordination among the various local, national, and international institutions present in the country, which generate information and analysis on the economic, social, political, and environmental behavior of the nation, as well as on the main development indices of rural territories, to channel their products to the different users of this information.

f) Promote the systematization and dissemination of successful experiences in territorial rural development, linking impoverished territories to dynamic markets, developing new modalities of institutionality, organization, and territorial governance, and establishing linkages and alliances among organizations, communities, producers, and enterprises in rural areas.

g) Promote the use of information and the systematization of experiences in the development of training and exchange activities among local governments, communities, and rural organizations, non-governmental organizations, institutional representatives, and the private sector.

h) Prepare and disseminate periodic reports on the state of the rural environment, rural territories, and the progress and experiences of territorial rural development carried out in the country and internationally, through various means of communication.

i) Promote the organization of territorial information and knowledge centers linked to rural territories and their connection through exchange and dissemination networks.

j) Promote the organization of a training and technical assistance network in rural development, in coordination with other public and private institutions specialized in this subject.

 Article record

TITLE III

    FINAL AND TRANSITORY PROVISIONS

ARTICLE 80.- Law No. 2825, Ley de Tierras y Colonización

Law No. 2825, Ley de Tierras y Colonización, of October 14, 1961, remains in force to the extent it does not contravene this law. In case of doubt between the two, the principles of Law No. 2825 shall prevail. Expressly, Chapter VI of Law No. 2825, Regulation of Conflicts between Owners and Squatters (Precaristas), and its related regulations, shall remain in full force.

 Article record

ARTICLE 81.- Law No. 6735

Law No. 6735, of March 29, 1982, is repealed, except as indicated in this law.

 Article record

ARTICLE 82.- Law No. 6043

The obligations contemplated in Law No. 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, of March 2, 1977, in relation to the Instituto de Desarrollo Agrario, are repealed.

 Article record

ARTICLE 83.- Assets of IDA

All assets, tangible or intangible, movable or immovable, belonging to IDA shall become the property of Inder.

 Article record

ARTICLE 84.- Obligations of IDA

All established and unexpired obligations to third parties originating from IDA shall be assumed in their entirety by Inder.

 Article record

ARTICLE 85.- Validation of public property adjudication procedures, titling, and registration in the Public Property Registry

With the purpose of validating the administrative acts that gave rise to the titling of properties by the Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) or IDA before the Public Registry and the public disaffectation carried out by the State, Inder is authorized to:

a) Measure, survey, and register by means of a judicial order before the Real Estate Registry in the name of Inder the lands acquired by IDA that, upon the entry into force of this law, are not registered in the name of this institute in said Registry.

b) Measure, survey, segregate, and grant title over areas of farms acquired by IDA with funds from the Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), to deliver them to the current possessors of those lands who meet the requirements of article 68 of Law No. 2825, Ley de Tierras y Colonización, and to public or private entities of community benefit that are non-profit, and in accordance with the procedures established in this law and its regulations.

c) Measure, survey, segregate, and grant title over a single plot to national occupants or foreign residents who demonstrate possession understood as that exercised by a titleholder, personally, uninterruptedly, and as owner, for more than ten years as of the date this law enters into force, within a settlement or farm registered in the name of IDA. For these purposes, Inder shall draft specific regulations within a period of six months after this law enters into force.

d) The resolution of squatter (precario) situations in rural territories is declared of public interest; to this end, Inder may carry out expropriation procedures, following a prior declaration by the Board of Directors on the necessity, utility, and reasonableness thereof. The applicable procedure shall be that established in the Expropriation Law.

The following are exempt from the application of this provision:

1.- Titles that were granted to persons who, at the time of obtaining the benefit, did not meet the legal and technical requirements to obtain it and, additionally, were serving as a public official, of the central and decentralized Public Administration, or in their capacity as popularly elected representatives, of municipalities, district municipal councils, and state commercial enterprises that held this status at the time of registering the benefit or title in the Public Property Registry, without prejudice to third parties in good faith who may have acquired them after the validation period, counted from their registration in the Public Registry. These provisions cover the official's relatives by consanguinity or affinity up to the third degree who did not meet the legal and technical requirements to obtain the benefit, whether the official intervened or not in the granting of the title.

2.- Property titles granted by ITCO or IDA that are within the validation period or the period of legal limitations and which, as a result of an administrative investigation, are determined to have a defect different from the registration procedure that is not administratively remediable, and therefore capable of producing absolute nullity.

3.- Property titles granted by ITCO or IDA that have not been consolidated by prescription or expiration, that are within the validation period indicated by the law under which the benefit or title was acquired, and that are under judicial or administrative investigation.

e) Inder is authorized to rectify the area of its farms registered in the Public Registry, without being subject to the procedures established in article 14 of the Ley de Informaciones Posesorias.

 Article record

ARTICLE 86.- (Annulled by resolution of the Constitutional Chamber, No. 12905 of August 16, 2017)

 Article record

TRANSITORIES

TRANSITORY I.- Rights of IDA officials

For all purposes, Inder shall guarantee the labor rights of the officials currently working at IDA; to this end, it shall carry out the transfer and transition to Inder, in accordance with a technical study that guarantees the fulfillment of the purposes for which the new institute is created, in accordance with the programs it will carry out. According to said technical study, personnel shall be placed in the different programs that Inder will develop, following criteria of utility and necessity; a representative of the unions, elected from among them, shall participate in the technical study. The institute is authorized to hire the necessary personnel to assume and successfully fulfill the new functions.

 Article record

TRANSITORY II.- Collective bargaining agreement, pensions, and retirements

The labor rights contemplated in the collective bargaining agreement, in the Reglamento Autónomo de Servicios, and in all laws and regulations that protect workers' rights are preserved.

Inder officials entitled to a pension have a period of one year from the entry into force of this law; they may opt for the enjoyment of ten years for the concept of severance pay in a single payment. The remaining years worked shall be recognized with a benefit at a rate of twenty-five percent (25%) for each year worked, payable in two installments, within a term of two years from the publication of this law.

 Article record

TRANSITORY III.- IDA settlements

Inder shall maintain its functions in the settlements until the expiration of the established limitations and the payment of debts for land and rural credit that are pending, and may exercise all the powers established for this purpose by Law No. 2825, Ley de Tierras y Colonización, of October 14, 1961, and its amendments, as well as Law No. 6735, Law Creating IDA, of March 29, 1982. In the event that lands are recovered by virtue of any legal procedure and those that have not been titled, they shall be governed by the provisions and regulations of the Land Fund. Likewise, Inder shall proceed to grant all pending property titles, so as to consolidate the possession exercised in good faith over said properties.

 Article record

TRANSITORY IV.- Board of Directors

The current Board of Directors of IDA shall remain in its functions until the expiration of its appointment. Subsequently, the new Board of Directors shall be formed in the manner established by this law for Inder.

 Article record

TRANSITORY V.- Segregation

For the adjudicatees who have segregated their plot to relatives up to the third degree of consanguinity or affinity, and these are the possessors who have possessed and currently inhabit part of a parcel or lot and prove they have conserved it for a period equal to or greater than ten years, without IDA having applied the corresponding regulations at the opportune time, Inder shall segregate the proportional part corresponding to both the adjudicatees and the possessors, and shall grant them the property title without applying the respective selection and eviction studies established in the current legislation. The segregation procedure shall be carried out by Inder, in accordance with the administrative procedure established in the regulations of this law.

This provision shall be in force for two years from the effective date of this law.

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TRANSITORY VI.- Regulation of this law

This law shall be regulated within a maximum period of six months from its publication.

It takes effect six months after its publication.

Given in the Cantón de Grecia, Alajuela, on the eleventh day of the month of May of the year two thousand twelve.

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Generation date: 5/5/2026 05:40:54

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