Ley 9342 — Civil Procedure Code — Reversal of Burden of Proof in Environmental MattersCódigo Procesal Civil — Inversión de la Carga de la Prueba en Materia Ambiental

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                        Texto Completo Norma 9342

                        Código Procesal Civil

Texto Completo acta: 10BBA6

N° 9342

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

LIBRO PRIMERO

NORMAS APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS

TÍTULO l

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS

ARTÍCULO 1.- Ámbito de aplicación

Los procesos de naturaleza civil y comercial y aquellos que no tengan
legislación procesal especial se regirán por las disposiciones de este Código.

ARTÍCULO 2.- Principios

2.1 Igualdad procesal. El tribunal deberá mantener la igualdad de las
partes respetando el debido proceso e informando por igual a todas las partes
de las actividades procesales de interés para no causar indefensión.

2.2 Instrumentalidad. Al aplicar la norma procesal se deberá tomar en
cuenta que su finalidad es dar aplicación a las normas de fondo.

2.3 Buena fe procesal. Las partes, sus representantes o asistentes y, en
general, todos los partícipes del proceso, ajustarán su conducta a la buena fe,
al respeto, a la lealtad y la probidad. El tribunal deberá tomar, a petición de
parte o de oficio, todas las medidas necesarias que resulten de la ley o de sus
poderes de dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión
contrarias al orden o a los principios del proceso, impidiendo el fraude
procesal, la colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria.

2.4 Dispositivo. La iniciación del proceso incumbe exclusivamente a
los interesados, quienes podrán terminarlo de forma unilateral y bilateral, de
acuerdo con lo regulado por la ley. Las partes podrán disponer de sus derechos
procesales, siempre que no sean indisponibles. A nadie se puede obligar a
formular una demanda, salvo disposición legal en contrario.

2.5 Impulso procesal. Promovido el proceso, las partes deberán
impulsarlo. Los tribunales adoptarán de oficio, con amplias facultades, todas
las disposiciones necesarias para su avance y finalización. Por todos los
medios se evitará la paralización y se impulsará el procedimiento con la mayor
celeridad posible. En todo caso, se aplicará el principio pro sentencia.

2.6 Oralidad. El proceso deberá ajustarse al principio de
oralidad. La expresión oral será el medio fundamental de comunicación. Solo
serán escritos, ya sea en soporte físico o tecnológico, aquellos actos
autorizados expresamente por la ley y los que por su naturaleza deban constar
de esa forma. En caso de duda entre la aplicación de la oralidad y la
escritura, el tribunal escogerá siempre la oralidad.

2.7 Inmediación. Todas las audiencias serán realizadas por el
tribunal que conoce del proceso, salvo disposición legal en contrario. Las
sentencias deberán dictarse por el tribunal ante el cual se practicaron todas
las pruebas. La utilización de medios tecnológicos que garanticen la relación
directa con los elementos del proceso no implica ruptura del principio de
inmediación.

2.8 Concentración. Toda la actividad procesal deberá desarrollarse en
la menor cantidad de actos y tiempo posible. Las audiencias se celebrarán en el
menor número de sesiones. Su posposición, interrupción o suspensión solo es
procedente por causa justificada a criterio del tribunal y siempre que no se
contraríen las disposiciones de este Código.

2.9 Preclusión. Los actos y las etapas procesales se cumplirán en
el orden establecido por la ley. Una vez cumplidos o vencida una etapa, salvo
lo expresamente previsto por este Código, no podrán reabrirse o repetirse.

2.10 Publicidad. El proceso será de conocimiento público, salvo
que expresamente la ley disponga lo contrario o el tribunal lo decida de oficio
o a solicitud de parte, cuando por circunstancias especiales se puedan
perjudicar los intereses de la justicia, los intereses privados de las partes o
los derechos fundamentales de los sujetos procesales.

CAPÍTULO II

APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES

ARTÍCULO 3.- Aplicación de las normas procesales

3.1 Orden público y aplicación en el tiempo. Las normas
procesales son de orden público y de aplicación inmediata.

3.2 Aplicación en el espacio. Este Código regirá en todo el territorio
nacional, sin perjuicio de las normas especiales y de la aplicación del derecho
internacional contenido en tratados o convenios ratificados por Costa Rica.

3.3 Interpretación. Al interpretar la norma procesal, los tribunales
deberán considerar su carácter instrumental, atendiendo fundamentalmente a su
espíritu y finalidad. Para ello, se tomará en cuenta el sentido propio de sus
palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y la
realidad social del momento en que han de ser aplicadas, despojándose de
formalismos innecesarios.

3.4 Integración. En ausencia de norma expresa se acudirá a la
aplicación analógica de otras disposiciones que contemplen supuestos
semejantes, en los que se aprecie identidad de razón. No podrán aplicarse por
analogía normas de carácter sancionatorio, excepcionales o temporales. Si no es
posible la aplicación analógica, el vacío se suplirá ideando procedimientos con
aplicación de los principios constitucionales, generales del derecho y
especiales del proceso, y atendiendo a las circunstancias.

3.5 Indisponibilidad de las normas procesales. Las partes no
podrán, por acuerdo entre ellas y ni siquiera con la autorización del tribunal,
disponer o renunciar de manera anticipada a las normas procesales, salvo los
supuestos de mecanismos alternos de solución de conflictos, sumisión de
competencia admisible, ejecuciones extrajudiciales o actos jurídicos
expresamente previstos en el ordenamiento jurídico.

CAPÍTULO III

SUJETOS PROCESALES:

DERECHOS, DEBERES Y POTESTADES

ARTÍCULO 4.- Derechos y deberes de las partes e intervinientes

4.1 Derechos. A las partes e intervinientes se les debe
garantizar:

1. El acceso a la justicia.

2. Tribunales imparciales, independientes e idóneos.

3 El uso de medios alternos de solución de conflictos.

4 Los demás derechos reconocidos por la ley.

4.2 Deberes. Las partes y los intervinientes deberán ajustar su conducta a la buena
fe, a la lealtad, a la probidad, al uso racional del sistema procesal, al
respeto debido de los sujetos procesales y al deber de cooperación con la
administración de justicia, evitando todo comportamiento malicioso, temerario,
negligente, dilatorio, irrespetuoso o fraudulento. Cualquier acto contrario a
estos deberes será considerado como abuso procesal y será sancionado con el
rechazo de plano de la gestión, sin perjuicio de las responsabilidades
disciplinarias, penales y civiles que correspondan.

ARTÍCULO 5.- Potestades del tribunal

El tribunal tendrá las siguientes potestades:

1. Asegurar la igualdad a las partes respetando el debido proceso.

2. Dirigir el proceso y velar por su pronta solución.

3. Desechar cualquier solicitud o incidencia notoriamente improcedente o
que implique una dilación manifiesta.

4. Aplicar el régimen disciplinario sobre las partes y sus abogados
sancionando cualquier acto contrario a la dignidad de la justicia, la buena fe,
la lealtad, la probidad, así como cualquier forma de abuso y fraude procesal.
También, cuando se compruebe que han realizado gestiones o han asumido
actitudes dilatorias o litigado con temeridad. Según la gravedad de la
conducta, el tribunal aplicará las amonestaciones, las multas, la expulsión de
la oficina o local por el titular del despacho; pondrá a la orden de la
autoridad respectiva para su juzgamiento cuando pudiera constituir delito,
contravención o falta o, en casos graves, la suspensión del abogado, según está
prescrito en los artículos del 216 al 223 de la Ley N.º 7333, Ley Orgánica del
Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas.

5. Dictar las resoluciones dentro de los plazos legales.

6. Procurar la búsqueda de la verdad dentro de los límites establecidos por
el ordenamiento jurídico.

Las demás que establece la ley.

ARTÍCULO 6.- Abuso procesal y procesos fraudulentos

Cuando del resultado del proceso haya mérito para considerar que se
actuó con temeridad, mala fe o abuso en el ejercicio de los derechos procesales,
el tribunal lo declarará en sentencia dentro del mismo proceso y condenará al
responsable al pago de los daños y perjuicios que hubiera ocasionado, los que
se liquidarán y ejecutarán de inmediato.

Si el tribunal estuviera convencido del uso de un proceso para obtener
un móvil prohibido por la ley, dictará sentencia desestimando la demanda y
condenará a los sujetos activos al pago de los daños y perjuicios, los cuales
se podrán cuantificar en ejecución, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias,
penales y civiles que correspondan.

CAPÍTULO IV

COMPETENCIA

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 7.- Disposiciones generales

7.1 Perpetuidad de la competencia. Una vez definida la competencia, las
alteraciones en cuanto al domicilio de las partes, la situación del bien
litigioso y del objeto del proceso no la modificarán, salvo disposición legal
en contrario.

7.2 Competencia preventiva. Si para un mismo proceso hubiera más de un
tribunal competente, conocerá el que prevenga en su conocimiento.

7.3 Conexidad. Existe conexidad con referencia a dos o más
procesos o pretensiones, cuando dos elementos son idénticos, o uno solo, si es
la causa.

7.4 Competencia funcional. La competencia de los tribunales de las
diversas jerarquías la regulan este Código, la Ley Orgánica del Poder Judicial
y las leyes especiales.

SECCIÓN II

COMPETENCIA OBJETIVA

ARTÍCULO 8.- Criterios determinantes

8.1 Materia. Los tribunales serán competentes conforme a la especialidad de la
materia de debate.

8.2 Cuantía. Cuando el elemento determinante de la competencia sea la cuantía, los procesos
serán de mayor y de menor cuantía, conforme a la estimación de la demanda.

8.3 Territorio. Con las salvedades establecidas por ley, los
tribunales tienen limitada su competencia al territorio señalado para
ejercerla.

8.3.1 Ubicación del inmueble. Será competente el tribunal del lugar donde
se encuentre situado el bien, para conocer de las siguientes pretensiones:

1. Relativas a la constitución, modificación y extinción de derechos reales
sobre inmuebles.

2. Arrendaticios sobre inmuebles o sobre universalidades comprensivas de
ellos.

3. Mixtas o personales referidas o con efectos sobre inmuebles.

4. Relacionadas con la gestión, administración o mantenimiento de bienes
inmuebles.

8.3.2 Domicilio del demandante o promotor. El tribunal del
domicilio de quien formula una pretensión tendrá competencia para conocer:

1. De las infracciones en materia de propiedad intelectual, competencia
desleal y protección al consumidor. También será competente, a escogencia del
demandante, el tribunal del lugar donde sucedieron los hechos.

2. De los procesos judiciales no contenciosos, salvo lo previsto para casos
especiales.

8.3.3 Domicilio del demandado. Al tribunal del domicilio del demandado le
corresponderá conocer de las siguientes pretensiones:

1. De carácter personal.

2. De cualquier naturaleza sobre bienes muebles.

3. De los procesos concursales de personas no empresarias.

8.3.4 Criterio de actividad. Será competente el tribunal del lugar donde
se ejerce o ejerció la actividad principal del deudor o demandado, para conocer
de:

1. Procesos concursales de personas empresarias.

2. Impugnación de acuerdos de personas jurídicas y cualquier reclamación de
los socios o miembros de esas personas contra estas y viceversa.

3. Las rendiciones de cuentas provenientes de cualquier administración u
otra causa semejante.

El lugar de la actividad principal estará donde se ubique la
organización empresarial o el negocio más importante del demandado o deudor. Si
tuviera o hubiera tenido varios centros de actividad, será el que coincida con
su domicilio, real o estatutario y, a falta de esa coincidencia, el asunto
podrá radicarse en el territorio de cualquiera de esos centros.

8.3.5 Criterios especiales. Corresponde conocer lo siguiente:

1. Los aseguramientos de bienes, apertura y reconocimiento de testamentos,
sucesiones y ausencias al tribunal del último domicilio del causante o ausente
y, en su defecto, al del lugar donde esté la mayor parte de los bienes.

Si no fuera posible aplicar ninguno de los criterios anteriores, será
competente el tribunal ante el que se hubiera presentado la gestión por primera
vez.

2. Para el reclamo de daños y perjuicios será competente el tribunal del
lugar en que sucedieron los hechos o del domicilio del actor, a elección de este,
salvo que estos sean planteados como accesorios de una pretensión principal
deotra naturaleza, pues en este caso competerá al tribunal de la principal.

8.4 Actividades cautelares y preparatorias. Para actividades
cautelares o preparatorias será competente el tribunal al que corresponde
conocer del proceso principal. En caso de urgencia, podrán plantearse ante
cualquier tribunal. Las actuaciones practicadas pasarán a formar parte del
proceso principal.

Si se solicita en relación con un proceso arbitral nacional o con un
proceso jurisdiccional o arbitral extranjero, será competente el tribunal de
primera instancia del lugar donde se deba ejecutar el laudo o la sentencia, o
donde deban surtir efecto las medidas a elección del promovente.

8.5 Acumulación de procesos. Si dos procesos, conexos entre sí, se
iniciaran por aparte, se ordenará su acumulación. No procede si en uno de los
procesos se hubiera señalado para la audiencia de práctica de prueba o se ha
dictado sentencia. En procesos de ejecución hipotecaria o prendaria solo se
admitirá cuando exista identidad de causa.

La acumulación la podrá pedir cualquiera de las partes o declararse de
oficio. La solicitud se presentará ante el tribunal que tramita el proceso más
antiguo y a esta se acompañará copia de la segunda demanda, con indicación de
su estado procesal, y la fecha en que se le dio curso. El tribunal ante el que
se formule la solicitud resolverá sin más trámite y de acogerla ordenará traer
el otro proceso.

8.6 Litispendencia. Se produce litispendencia cuando existen, en
trámite, dos o más procesos en los que concurra identidad de sujetos, objeto y
causa. De oficio o a solicitud de parte se ordenará el archivo del proceso más
nuevo. La demanda presentada ante tribunal extranjero no produce litispendencia,
salvo disposición expresa en contrario.

ARTÍCULO 9.- Incompetencia, improrrogabilidad, indelegabilidad y auxilio

9.1 Incompetencia e improrrogabilidad. Los tribunales solo
podrán declarar de oficio su incompetencia por razón del territorio, antes de dar
curso a la demanda. Si no lo hicieran, en ese momento, únicamente podrán
decretarla cuando la parte accionada haya planteado la excepción dentro del
plazo respectivo.

Por razón de la materia, cuantía y por territorio nacional podrá
decretarse de oficio en cualquier estado del proceso, salvo que se haya
definido mediante resolución firme.

9.2 Indelegabilidad. Los tribunales no pueden delegar su competencia.

Podrán requerir el auxilio de otros órganos jurisdiccionales y
autoridades únicamente en los casos expresamente establecidos por la ley.

ARTÍCULO 10.- Conflictos de competencia

Si lo dispuesto sobre la competencia fuera objeto de apelación o dentro
del tercer día el tribunal que lo recibe disintiera, la cuestión se resolverá conforme
a lo dispuesto por la Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de
mayo de 1993.

ARTÍCULO 11.- Competencia internacional

11.1 Competencia del tribunal costarricense. Son competentes los
tribunales costarricenses cuando así lo determinen los tratados internacionales
vigentes. Además, lo serán si:

1. El demandado, cualquiera que sea su nacionalidad, estuviera domiciliado
en Costa Rica. Se presume domiciliada en Costa Rica la persona jurídica
extranjera que tuviera en el país agencia, filial o sucursal, pero solo
respecto de los actos o contratos celebrados por ellas.

2. La obligación debe ser cumplida en Costa Rica.

3. La pretensión se funda en un hecho, acto o negocio jurídico ocurrido,
celebrado o con efectos en el territorio nacional.

4. Las partes así lo han establecido contractualmente, siempre que alguna
de ellas sea costarricense y al mismo tiempo exista algún criterio de conexión
con el territorio nacional.

11.2 Competencia exclusiva. Son competentes los tribunales
costarricenses, con exclusión de cualquier otro, para conocer de las siguientes
pretensiones:

1. Reales o mixtas relativas a muebles e inmuebles situados en Costa Rica.

2. Contra personas jurídicas inscritas en Costa Rica que afecten su
constitución, validez, disolución o sean relativas a decisiones o acuerdos de
sus órganos.

3. Cuando las partes sean costarricenses o extranjeros domiciliados en el
país, siempre que sus efectos y ejecución deban darse en Costa Rica.

11.3 Incompetencia internacional. Los tribunales costarricenses deberán
declararse incompetentes de oficio cuando:

1. Se haya formulado demanda o solicitado ejecución respecto de sujetos o
bienes que gocen de inmunidad conforme a las normas del derecho internacional.

2. En virtud de tratados o convenios internacionales, el asunto se
encuentre atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado.

3. El asunto no le sea atribuido de acuerdo con las disposiciones
establecidas en este artículo. No obstante, a pesar de la inexistencia del
factor de conexión, si el tribunal no declinó de oficio su competencia, el
demandado podrá prorrogarla tácita o expresamente.

SECCIÓN III

COMPETENCIA SUBJETIVA

ARTÍCULO 12.- Causales de impedimento

Son causales de impedimento:

1. El interés directo en el resultado del proceso.

2. Ser una de las partes cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente o pariente
hasta el tercer grado de consanguinidad, o segundo de afinidad del juez.

3. El interés directo en el resultado del proceso de cualquiera de los
familiares del juez indicados en el inciso anterior. En tribunales colegiados,
las causales de los incisos anteriores se extienden a los demás integrantes.

4. Haber sido el juez abogado, tutor, curador, apoderado, representante o
administrador de alguna de las partes. Esta causal se extiende al cónyuge,
conviviente, ascendiente y descendiente del juez.

5. Ser acreedor, deudor, fiador o fiado, empleado o patrono en relación con
alguna de las partes. No hay causal si el nexo es con el Estado o cualquier
institución pública. Tampoco, si se diera con una sociedad mercantil, una
corporación, una asociación o cualquier otra persona jurídica, cuando el nexo
con estas sea irrelevante para demeritar la objetividad del funcionario.

6. Ser el juez o alguno de los parientes indicados en el inciso 2), parte
contraria de algunas partes en otro proceso, siempre que este no hubiera sido
instaurado con el único propósito de inhabilitarlo.

7. Existir o haber existido, en los dos años precedentes a la iniciación
del proceso, un proceso jurisdiccional o administrativo en que figuren como
contrarios, respecto de alguna de las partes, el juez o sus parientes indicados
en el inciso 2).

8. Deba el juez fallar en grado acerca de una resolución dictada por alguno
de los parientes indicados en el inciso 2).

9. Ser o haber sido, en el último año, compañero de oficina o de trabajo de
alguna de las partes.

10. Sostener el juez, su cónyuge, ascendiente o descendiente opinión
contraria a la de algunas de las partes, en otro proceso de su interés.

11. Ser una de las partes juez o árbitro en otro proceso en que sea parte el
juez o los parientes indicados en el inciso anterior.

12. Haberse impuesto al juez alguna corrección disciplinaria, en el mismo
proceso, por queja presentada por una de las partes.

13. Haber externado, fuera de sus funciones, opinión a favor o en contra de
alguna de las partes. Las opiniones expuestas o los informes rendidos que no se
refieran al caso concreto, como aquellas dadas con carácter doctrinario o en
virtud de requerimientos de los otros poderes o en otros asuntos de que
conozcan o hayan conocido de acuerdo con la ley, no configuran esta casual.

14. Haber sido el juez perito o testigo en el proceso.

15. Haber participado en la decisión del acto objeto del proceso.

16. La existencia de circunstancias que den lugar a dudas justificadas
respecto de su imparcialidad u objetividad.

ARTÍCULO 13.- Inhibitoria

El juez unipersonal que tuviera causal de impedimento se inhibirá
mediante resolución y pasará el proceso a quien deba sustituirlo. Este
continuará con el procedimiento, salvo que estime infundada la inhibitoria, en cuyo
caso podrá plantear conflicto que resolverá el superior respectivo.

En tribunales colegiados, la inhibitoria de uno de sus integrantes la
resolverán los restantes miembros; pero, si la causal los comprendiera a todos,
decidirá el tribunal sustituto conforme lo dispone la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Se deberá resolver en el plazo de veinticuatro horas.

ARTÍCULO 14.- Recusación

14.1 Legitimación. Solo podrá recusar la parte o el interviniente
perjudicado con la causal.

14.2 Improcedencia de la recusación del juez. No será recusable el
juez:

1. Para conocer de una recusación que esté llamado a resolver.

2. En cumplimiento de comisiones.

3. En procesos o actos de mera ejecución.

14.3 Inadmisibilidad de la gestión de recusación. La recusación será
inadmisible y el recusado la rechazará de plano, cuando:

1. Concurra alguno de los supuestos del inciso anterior.

2. No se sustente en una de las causales expresamente previstas por ley.

3. La parte interesada haya intervenido antes en el proceso teniendo
conocimiento de la causal.

4. No se presente, al menos, un principio de prueba del hecho alegado como
causal.

14.4 Momento y forma de proponer la recusación. La recusación deberá
proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde.
Si después del señalamiento para audiencia y antes de su celebración surgiera
alguna causal, deberá interponerse al inicio de la audiencia. Puede formularse
con posterioridad a la audiencia de prueba y antes de sentencia definitiva,
siempre que se trate de causas no conocidas o sobrevinientes a la finalización
de esa audiencia.

En la audiencia deberá formularse verbalmente y en los demás casos por
escrito. En ambos supuestos, la parte indicará la causa y los motivos de su
gestión acompañando toda la prueba.

14.5 Procedimiento de la recusación. Interpuesta la recusación, si el juez acepta
la causal se inhibirá; si la niega, dictará resolución motivada y ordenará
pasar el proceso al juez correspondiente, quien la tramitará por la vía
incidental y decidirá si continúa con el procedimiento o lo devuelve al
recusado. En tribunales colegiados, la recusación de uno de sus integrantes la
resolverán los restantes miembros, pero si la causal los comprendiera a todos,
decidirá el tribunal sustituto conforme lo dispone la Ley N.° 7333, Ley
Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993. Se deberá resolver en el
plazo de veinticuatro horas.

Cuando la recusación se formule en la audiencia y el juez niegue la
causal, siempre que sea posible se resolverá en ese acto. Para tal efecto, se
sustituirá al juez o a los jueces recusados. Denegada la recusación, los
titulares continuarán con el desarrollo de la audiencia. Cuando se admita, se
procederá a la sustitución y, de ser posible, se continuará con la audiencia.

14.6 Efectos de la recusación. La solicitud de recusación no suspenderá la
práctica de los actos procesales y estos serán válidos, aun cuando se declare
fundada la recusación, salvo que se lesione el principio de inmediación.

ARTÍCULO 15.- Oportunidad para resolver

La inhibitoria y la recusación deberán quedar resueltas antes de la
celebración de la audiencia de prueba. De haberse superado esa etapa, antes de
que se dicte sentencia.

ARTÍCULO 16.- Perpetuidad de la competencia subjetiva

La intervención de los jueces sustitutos a consecuencia de la
inhibitoria o recusación será definitiva, aunque posteriormente desaparezcan
los motivos determinantes de la separación.

ARTÍCULO 17.- Recursos

Las resoluciones que se dicten con motivo de inhibitoria y recusación no
tendrán recurso alguno.

ARTÍCULO 18.- Recusación de peritos y otros auxiliares judiciales

Los peritos designados por acuerdo entre partes no podrán ser recusados,
salvo por causas sobrevinientes o ignoradas por las partes al momento de la
escogencia. Las causas de impedimento les serán aplicables en cuanto fueran
conducentes. Además, constituyen causales de separación la falta de idoneidad o
pericia y haber vertido sobre el mismo asunto un dictamen contrario a una de
las partes. La recusación de los peritos se tramitará por la vía incidental.

El presente régimen será aplicable, en lo pertinente, a los demás
auxiliares judiciales.

CAPÍTULO V

PARTES Y PRETENSIÓN

ARTÍCULO 19.- Partes y capacidad

19.1 Condición de parte. Parte es la persona que interpone la pretensión
procesal en nombre propio o en cuyo nombre se formula y la persona contra la cual
se dirige. Podrán ser parte en los procesos los siguientes:

1. Las personas físicas.

2. El concebido no nacido, de la forma que señala el Código Civil.

3. Las personas jurídicas.

4. Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad
para ser parte.

5. Los patrimonios separados a los que la ley reconozca capacidad para ser
parte.

6. Los grupos organizados a los que se les reconoce legitimación de grupo.

7. Cualquiera que en interés de la colectividad haga valer intereses difusos.

19.2 Capacidad procesal y representación. Tendrán capacidad
procesal quienes conforme a la ley posean capacidad de actuar. La capacidad, la
participación y las garantías procesales de las personas menores de edad se
regirán por lo que dispone el ordenamiento jurídico atinente a personas menores
de edad y adolescentes.

Quienes conforme a la ley no tengan capacidad procesal gestionarán, por medio de sus representantes
o de las personas autorizadas según la ley, sus estatutos o la escritura social. Los representantes
deben demostrar su capacidad procesal desde su primera gestión. No tendrán obligación de presentar
documento acreditativo de la representación en todos los procesos,  aquellos usuarios a quienes se
les autorice para ese efecto.

Cuando se demande a una persona jurídica con domicilio en el extranjero
no es necesario acreditar su personería. La autoridad comisionada para
notificar constatará lo relativo a la representación y la parte demandada
deberá acreditarla en su primera gestión.

La falta de capacidad procesal y la defectuosa representación podrá ser
apreciada de oficio u objetada por simple alegación de la parte en cualquier
momento; de existir el defecto, podrá ser subsanado oportunamente.

19.3 Arraigo. Cuando exista fundado temor de que se ausente u
oculte la persona contra quien se haya de establecer o se hubiera interpuesto
una demanda, se podrá solicitar su arraigo. Al arraigado se le prevendrá
nombrar un representante legítimo con facultades suficientes para representarlo
en el proceso y señalar medio para atender notificaciones.

En caso de negativa o de insuficiente representación, el proceso se
seguirá válidamente sin su intervención y todas las resoluciones que se dicten
se tendrán por notificadas de forma automática. Si el arraigado se apersona
tomará el proceso en el estado en que se encuentre. No procede el arraigo, si
la persona tuviera nombrado en el Registro Público un apoderado o representante
con facultades suficientes para actuar en el proceso.

19.4 Nombramiento de curador procesal. Sin perjuicio de lo
dispuesto en leyes especiales, será procedente el nombramiento de curador
procesal cuando:

1. Se ignore el domicilio o lugar de ubicación del demandado y no se
estuviera en el caso de declarar su ausencia.

2. Se trate de una persona jurídica que carezca de representante legítimo.

3. Existiera incompatibilidad o intereses contrapuestos entre representante
y representado.

Cuando se trate de ausentes, de personas menores de edad o con
capacidades especiales, se llamará a quienes, según la ley, corresponda ejercer
la representación, para que dentro de cinco días manifiesten si están
dispuestos a asumirla. Salvo que por las circunstancias sea imposible hacerlo,
en la designación de curador procesal de personas menores de edad y personas con
capacidades especiales se tomará en cuenta la opinión del futuro representado.
Cuando conste en el expediente la dirección de los presuntos representantes, se
les notificará personalmente o en su casa de habitación. Si no constara
dirección, se les notificará por medio de un edicto que se publicará en el
Boletín Judicial. El tribunal designará al representante entre quienes se
apersonen. Cuando nadie comparezca en el plazo señalado, el tribunal designará
curador.

El mismo procedimiento se seguirá cuando se trate de una persona
jurídica que carezca de representante legítimo. El llamamiento se hará a los
socios, asociados o a quienes corresponda designar representante, bajo el
apercibimiento de que, de no acreditar tal nombramiento en el plazo señalado,
el tribunal procederá a nombrar curador.

Cuando proceda el nombramiento de curador, en la misma resolución en que
se designe se fijarán sus honorarios, según lo dispuesto por el decreto de
honorarios de abogados y podrán girarse anticipos según la etapa del proceso y
la labor desplegada.

ARTÍCULO 20.- Patrocinio letrado y representación

20.1 Patrocinio letrado. En las audiencias las partes deberán actuar
asistidas por un abogado, salvo que sean profesionales en derecho. En los actos
escritos se requerirá la autenticación de un abogado y, si tal requisito se
omitiera, los tribunales prevendrán la subsanación en un plazo de tres días o
la ratificación escrita, bajo pena de declarar inatendible la gestión.

20.2 Abogado director y suplentes. Las partes deberán nombrar un abogado
director judicial y, facultativamente, podrán designar uno o dos suplentes, sin
que ello implique costo adicional de honorarios para el cliente. La misma
regla, en cuanto a la designación de suplentes, se aplicará cuando la parte sea
abogada. Los suplentes tendrán, en ausencia del director, sus mismas
potestades, obligaciones y derechos.

La firma del abogado autenticante implicará, salvo manifestación expresa
en contrario, dirección del proceso con las facultades de actuar en nombre de
la parte para todo lo que le beneficie, siempre y cuando no se requiera poder
especial judicial o la participación personal de la parte. El autenticante será
responsable por el contenido de sus gestiones.

20.3 Apoderado judicial. Las partes podrán actuar en el proceso por medio de
apoderado judicial. El poder especial judicial podrá ser otorgado mediante
simple escrito y la firma del poderdante deberá ser autenticada por un abogado
distinto del apoderado.

El Poder Judicial se entiende conferido para todo el proceso, salvo
disposición en contrario.

20.4 Poderes de partes domiciliadas en el extranjero. Los poderes
especiales judiciales otorgados en el extranjero se regirán por las normas de
derecho internacional. Será válido el otorgado por cualquier medio que
garantice su veracidad.

20.5 Gestor procesal. Se podrá comparecer judicialmente a nombre de una
persona de quien no se tenga poder, cuando:

1. La persona por quien se comparece se encuentre impedida de hacerlo o
ausente del país.

2. Quien comparezca sea su ascendiente, descendiente, pariente por
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, cónyuge, conviviente, socio o
comunero, o que posea algún interés común que legitime esa actuación.

Si la parte contraria lo solicitara, el gestor deberá prestar caución
suficiente para responder por sus actuaciones.

El gestor tiene la obligación de comunicarle al representado su
actuación y esta solo tendrá validez si se ratifica la demanda o contestación
dentro del mes de presentadas. Transcurrido dicho plazo, de oficio se ordenará
archivar el proceso o se tendrá por no contestada la demanda, y se condenará al
gestor al pago de costas, daños y perjuicios, que se liquidarán en el mismo
proceso.

ARTÍCULO 21.- Legitimación procesal

21.1 Parte legítima. Será parte legítima aquella que alegue tener o a
quien se le atribuya una determinada relación jurídica con la pretensión.

21.2 Determinación de capacidad o legitimación. Como actividad
previa al establecimiento de la demanda o dentro del proceso podrá plantearse
solicitud para determinar o completar la capacidad o legitimación, cuando se
desconoce o no se tiene certeza sobre la persona a quien se propone demandar.
Para tal efecto, se podrá citar a cualquier persona a declarar bajo juramento
sobre los hechos referentes a la capacidad y legitimación, identificando al
sujeto legitimado. Los tribunales ordenarán las medidas necesarias para
efectuar esa verificación.

21.3 Sustitución procesal. Solo en casos expresamente previstos en la
ley se podrá reclamar en proceso, en nombre propio, un derecho ajeno.

21.4 Sucesión procesal. Para que opere la sucesión procesal, se observarán
las siguientes reglas:

1. Si la parte muriera, el proceso continuará con el albacea.

2. Si se ausentara o inhabilitara, continuará con el representante.

Si careciera de él, será designado en el mismo proceso.

3. Disuelta una sociedad el proceso continuará con el liquidador.

En caso de fusión o transformación, con el nuevo representante.

4. Tratándose de personas sometidas a concurso, el proceso continuará con
quien asuma la representación del concursado.

5. La enajenación de la cosa o del derecho litigioso a título particular,
por acto entre vivos, permite al adquirente o cesionario suceder al enajenante
o cedente. Si la parte contraria recurre la resolución que la admite y se
acepta la oposición, el adquirente o cesionario podrá intervenir como tercero o
litisconsorte, según corresponda. En todo caso, el transmitente continuará como
parte para todos los efectos procesales que beneficien a la contraria.

ARTÍCULO 22.- Pluralidad de partes y personas

22.1 Litisconsorcio necesario. Cuando por disposición de la ley o por la
naturaleza de la relación jurídica material, la decisión deba hacerse con
varias personas, estas deberán demandar o ser demandadas en el mismo proceso.

Los tribunales ordenarán a la parte que dentro de cinco días amplíe su
demanda o contrademanda contra quienes falten, bajo el apercibimiento de dar
por terminado el proceso en cuanto a la demanda o contrademanda, según
corresponda.

El demandante, al integrar la litis, solo podrá añadir a las alegaciones
de la demanda inicial aquellas otras imprescindibles para justificar las
pretensiones contra los nuevos demandados, sin alterar sustancialmente

lo pedido.

22.2 Litisconsorcio facultativo. Dos o más personas pueden litigar en un mismo
proceso de forma conjunta, sea activa o pasivamente, cuando sus pretensiones
sean conexas por su causa u objeto.

22.3 Intervención excluyente. Quien pretenda para sí, en todo o en parte,
la cosa o derecho sobre los cuales se sigue un proceso ordinario, podrá
ejercitar su pretensión por medio de una demanda contra las partes del proceso
pendiente.

La demanda de intervención se tramitará conjuntamente con el principal y
solo podrá formularse antes de la audiencia preliminar. Se emplazará a las
partes originarias y el pronunciamiento sobre la intervención excluyente se
hará en sentencia, en cuyo caso el tribunal deberá pronunciarse primero sobre
la intervención y luego sobre la demanda principal.

22.4 Intervención adhesiva. Un tercero podrá intervenir en un proceso,
sin alegar derecho alguno, solo con el fin de coadyuvar a la victoria de una
parte, por tener un interés jurídico propio en el resultado. La intervención
podrá formularse hasta antes de la sentencia de primera instancia. Si la
solicitud de intervención se efectúa en audiencia, será resuelta en esta de
forma inmediata. Si se hace fuera de audiencia, se tramitará por la vía
incidental.

22.5 Llamada al garante o al poseedor mediato. Cada una de las
partes podrá llamar al proceso a un tercero respecto del cual pretende una
garantía. Deberá demostrar el derecho con documento y la sentencia deberá
emitir pronunciamiento sobre la garantía exigida, la cual producirá, en cuanto
al garante, la autoridad y eficacia de la cosa juzgada material.

La intervención del garante no confiere ningún derecho a la parte
contraria sobre él, salvo la responsabilidad relativa a costas.

Quien tuviera el bien en nombre ajeno, siendo demandado en nombre
propio, deberá manifestarlo en la contestación, a cuyo efecto dará los datos de
identificación y domicilio del titular para que se le cite.

Las citaciones anteriores deberán solicitarse antes de concluida la
audiencia preliminar. El tribunal concederá al garante o al poseedor, según sea
el caso, un plazo de cinco días para que intervenga en el proceso. Si uno u
otro asumiera ser parte, el citante podrá solicitar, si fuera procedente, que
se le excluya del proceso para lo cual se necesitará la aceptación de la parte
actora.

22.6 Patronato Nacional de la Infancia y Procuraduría General de la
República. Conforme a lo dispuesto en la ley y con las facultades que en esta
se determina, en los procesos podrán ser parte o se les dará intervención,
según corresponda, al Patronato Nacional de la Infancia y a la
Procuraduría General de la República.

ARTÍCULO 23.- Pretensiones

23.1 Pretensión procesal. Se podrá pretender ante los tribunales la
condena a determinada prestación, la declaratoria de existencia, constitución,
modificación o extinción de derechos y situaciones jurídicas, la adopción de medidas
cautelares, la ejecución y cualquier otra clase de tutela prevista por la ley.

23.2 Acumulación de pretensiones. En una demanda o contrademanda podrán
proponerse varias pretensiones, siempre que haya conexión entre estas, que no
se excluyan entre sí y que el tribunal sea competente para conocer de todas.

Si fueran excluyentes, podrán acumularse como principales y
subsidiarias. Si se hubieran acumulado varias pretensiones indebidamente, se
requerirá a la parte para que se subsane el defecto en el plazo de cinco días,
manteniendo las pretensiones cuya acumulación fuera posible. Transcurrido el
plazo sin que se produzca la subsanación o se mantuviera la circunstancia de no
acumulabilidad entre las pretensiones escogidas por el accionante, se declarará
inadmisible.

No obstante, por única vez, el tribunal podrá hacer una segunda
prevención en casos excepcionales, cuando sea evidente la intención de la parte
de subsanar el defecto señalado.

Declarada inadmisible la demanda subsistirá la contrademanda y viceversa.
Al incumpliente se le condenará al pago de las costas causadas.

TÍTULO II

ACTIVIDAD PROCESAL

CAPÍTULO I

ACTOS PROCESALES

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 24.- Informalidad, idioma, recibo y utilización de medios
Tecnológicos

24.1 Informalidad. Los actos procesales no estarán sujetos a formas
determinadas, sino cuando la ley expresamente lo exija.

24.2 Idioma. En todos los actos procesales será obligatorio el uso del idioma
español. De los documentos redactados en otro idioma deberá acompañarse su
traducción. A quienes no hablen español o no puedan comunicarse oralmente se
les tomará declaración por los medios que sean pertinentes, de acuerdo con las
circunstancias. Cuando sea necesario, sehará con el auxilio de un intérprete,
cuyo costo estará a cargo de la parte proponente, salvo en los casos que deba
suplirse gratuitamente.

24.3 Recibo. De toda gestión se extenderá inmediatamente acuse de recibo por parte
del despacho, por medios tecnológicos cuando ingresen de esa forma, o bien, por
medio de constancia en una copia física que el gestionante presentará para ese
fin. La razón deberá indicar al menos lo que se reciba, la hora y fecha de
recepción, así como identificación del despacho.

24.4 Actuación procesal por medios tecnológicos. Sujeto al
acatamiento de los mecanismos de autenticación y seguridad establecidos, los
tribunales, las partes y demás intervinientes en el proceso podrán utilizar los
medios tecnológicos autorizados para la realización de cualquier acto procesal,
aun para la recepción de prueba.

Cuando la tramitación de un proceso se haga por medios tecnológicos y se
presenten peticiones o documentos para incorporar a la tramitación, estos serán
escaneados con constancia de que están siendo utilizados en un proceso y se
devolverán a los interesados, quienes tienen la obligación de custodiarlos y presentarlos
al tribunal, cuando sean requeridos.

El incumplimiento de la orden de presentación de documentos permitirá
tener por ciertas las objeciones que se hagan en perjuicio del omiso o la
adopción de las medidas conminatorias que sean pertinentes, de acuerdo con las
circunstancias.

ARTÍCULO 25.- Formación, reposición y publicidad de expedientes

25.1 Carpeta tecnológica. Las gestiones, resoluciones y actuaciones del
proceso darán lugar a la formación de una carpeta informática ordenada secuencial
y cronológicamente. Se formará, consultará y conservará por medios
tecnológicos. Se autoriza a la Corte Suprema de Justicia para que disponga cómo
se formarán los expedientes, se respaldarán los actos procesales y se adecuarán
a los avances tecnológicos.

25.2 Expediente físico. Cuando sea necesario, se creará un único expediente
físico para cada proceso, en el que se conservarán y consultarán las piezas que
por su naturaleza no sea posible incorporar al principal. Este expediente se
mantendrá debidamente foliado. A excepción del documento base en los procesos
donde se requiera el original, de los documentos privados originales que se
aporten solo quedará copia y estos les serán devueltos a sus titulares, quienes
deberán presentarlos cuando el tribunal lo ordene.

25.3 Reposición de actuaciones. Si se llegara a perder o a extraviar el
expediente será repuesto inmediatamente y por cualquier medio a costa del
culpable, quien pagará, además, los daños y perjuicios. Al efecto, el tribunal
ordenará a las partes aportar copias de las piezas anteriormente presentadas.
De ser necesario, se repondrán las pruebas indispensables para decidir con
arreglo a derecho.

Cuando no exista copia o respaldo de las actuaciones perdidas o
extraviadas, el tribunal ordenará que se repongan; para ello, practicará las
actuaciones necesarias que determinen su preexistencia y contenido. Cuando la
reposición no sea posible, si fuera indispensable, se mandará a repetir los
actos prescribiendo, de acuerdo con las circunstancias, el modo de hacerlo.

25.4 Publicidad de las actuaciones escritas. Todo expediente
será de acceso a las partes, los abogados, los asistentes del abogado director
debidamente autorizados por este y a quienes la ley les otorgue esa facultad.
Se deberá mantener, permanentemente, un medio ágil para la consulta del
expediente.

ARTÍCULO 26.- Lugar y tiempo de las actuaciones

26.1 Lugar. Las actuaciones se realizarán en la sede del tribunal, salvo aquellas
que por su naturaleza o disposición legal se deban practicar en otro lugar.

26.2 Días y horas hábiles. Todos los días y horas son hábiles para las
actuaciones judiciales, salvo aquellos que por disposición de la ley o de los
órganos competentes hayan sido declarados inhábiles. Cuando las circunstancias
lo ameriten, se podrá señalar y continuar audiencias en horas y días inhábiles.

26.3 Inicio de las actuaciones judiciales. Cuando se señale una
hora precisa para practicar actuaciones judiciales, estas deberán iniciar a la
hora exacta. En situaciones excepcionales, a criterio del tribunal, podrán
comenzar quince minutos después de la hora fijada. Podrán iniciar aun más
tarde, cuando exista causa justa o no haya oposición fundada de una de las
partes.

SECCIÓN II

ACTOS DE PARTE

ARTÍCULO 27.- Gestiones escritas y efectos

27.1 Firma. Cuando las gestiones de las partes deban hacerse por escrito llevarán su
firma. Si una persona estuviera imposibilitada, otra lo hará a su ruego, su rúbrica
será autenticada por un abogado y el gestionante estampará su huella digital,
salvo imposibilidad absoluta.

Cuando se utilicen medios telemáticos, informáticos o de nuevas
tecnologías, la autorización del documento se hará de la forma establecida por
la ley o por la Corte Suprema de Justicia, según se dispone en la Ley N.° 7333,
Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993.

27.2 Copias. Cuando sea posible presentar documentos o escritos por medios
telemáticos, informáticos o de nuevas tecnologías, o fueran incorporados a la
carpeta escaneados o por otros medios, no se requerirá la presentación de
copias.

De los demás escritos y documentos que se presenten se acompañarán
tantas copias como personas litigantes haya. Las copias de planos se reducirán
al tamaño de papel carta. De los documentos se presentará una copia más para
que figure en el expediente. Se considerarán, como una sola persona litigante,
los que litiguen unidos y bajo una misma representación. Si no se presentaran
las copias de la forma establecida o se presentaran incompletas, sucias, con
borrones, ilegibles o extendidas en retazos de papel, el tribunal ordenará que
se presenten como corresponde dentro del tercer día, bajo el apercibimiento de
no atender la gestión en su omisión. El presentante será el responsable de su
exactitud. No habrá necesidad de acompañar copias de libros o folletos pero
estos deberán estar a disposición de los litigantes. Para la presentación y
conservación de copias se puede utilizar cualquier medio tecnológico.

27.3 Efectos. Los actos procesales de las partes, una vez
recibidos de manera efectiva por el despacho competente, producirán
inmediatamente la constitución, modificación o extinción de derechos y deberes
procesales, salvo disposición legal en contrario.

SECCIÓN III

ACTOS DEL TRIBUNAL

ARTÍCULO 28.- Forma y firma de las
resoluciones

28.1 Forma. En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y se
consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los
jueces y el número de resolución, cuando sea necesario.

Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas
y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley.

28.2- Emisión y
firma de resoluciones escritas. En los tribunales unipersonales, todas las
resoluciones serán emitidas y firmadas por el juez o la jueza. Tratándose de
órganos colegiados, las providencias, los autos y las sentencias de ejecución
serán dictados y firmados por la persona juzgadora informante. Corresponde a
todos los integrantes emitir y firmar únicamente las sentencias en etapa de
conocimiento. Todo el que hubiere votado una resolución firmará lo acordado,
aunque hubiere disentido de la mayoría; en este caso salvará el voto, que
extenderá, fundará e insertará con su firma al pie. Cuando un integrante de un
tribunal colegiado que votare se imposibilitare para firmar, se consignará así
en la resolución.

(Así reformado el
inciso anterior por el artículo 1° de la ley N° 10892 del 25 de marzo del 2026)

En los procesos que se tramiten por medios informáticos, telemáticos o
de nuevas tecnologías, la firma de las actuaciones serán las propias del medio,
según lo disponga la ley o la Corte Suprema de Justicia.

ARTÍCULO 29.- Comunicación de los actos procesales y auxilio judicial

29.1 Notificación de las resoluciones orales. La comunicación de
las resoluciones dictadas en audiencia se hará de forma oral en el acto y se
tendrán por notificadas en ese momento.

29.2 Notificación de las resoluciones escritas. La comunicación de
las resoluciones escritas se efectuará conforme a lo dispuesto en la ley.

29.3 Comunicación mediante edicto. Las comunicaciones se realizarán mediante
edicto únicamente cuando la ley lo establezca. Salvo disposición en contrario,
la publicación se hará una vez y en el Boletín Judicial.

29.4 Auxilio judicial. Los tribunales deberán prestarse auxilio en las
actuaciones que ordenadas por uno requieran la colaboración de otro.

Podrán pedir cooperación a cualquier funcionario administrativo que
ejerza sus funciones en el territorio de la República. Se prohíbe el auxilio
judicial cuando se trate de práctica de prueba o de actos propios de una
audiencia que vulneren el principio de inmediación.

SECCIÓN IV

PLAZOS

ARTÍCULO 30.- Plazos

30.1 Improrrogabilidad, prórroga e
interrupción de los plazos. Los plazos establecidos en este Código son
improrrogables, salvo disposición legal en contrario. Cuando se permita la
prórroga deberá solicitarse antes de su vencimiento. Lo que se resuelva
carecerá de recurso.

Los plazos podrán interrumpirse por caso fortuito o fuerza mayor,
reiniciándose en el momento en que hubiera cesado la causa. Su concurrencia
será apreciada por el tribunal de oficio o a instancia de la parte que la
sufrió. No serán eficaces dichos motivos, cuando se aleguen por la parte que ha
gestionado después de ocurridos o no se invoquen dentro de los cinco días
después de haber cesado.

30.2 Plazo perentorio. El tribunal rechazará de plano toda gestión que se
haga cuando hubiera vencido un plazo perentorio. Estos plazos no pueden ser
reducidos ni prorrogados, ni aun por acuerdo de partes.

30.3 Renuncia, ampliación o restricción. Los plazos pueden
renunciarse, ampliarse o restringirse con el consentimiento de las partes,
salvo disposición legal en contrario.

30.4 Plazos judiciales. Cuando este Código sea omiso, en cuanto a la
duración de un plazo, este será establecido por el tribunal, tomando en cuenta
la naturaleza del proceso, la importancia y las condiciones del acto.

Igual potestad tendrá cuando el plazo deba establecerse entre un máximo
y un mínimo.

30.5 Conteo de plazos. Salvo que la ley determine otro punto de partida,
los plazos comenzarán a correr a partir del día hábil inmediato siguiente a
aquel en el que hubiera quedado notificada la resolución a todas las partes.
Cuando se fije el plazo de veinticuatro horas, se entenderá reducido a las que
fueran de despacho el día en que comienza a correr.

Los plazos por días se entiende que han de ser hábiles. Los plazos por
años o meses se contarán según el calendario, sea, de fecha a fecha.

Cuando el ordinal del día de partida no exista en el mes de vencimiento,
el plazo concluirá el último día de este. Si el día final de un plazo fuera
inhábil, se tendrá por prorrogado hasta el día hábil siguiente; la misma regla
se aplicará cuando se declare asueto parte de ese día final.

En todo plazo el día de vencimiento se tendrá por concluido, para
efectos de presentaciones escritas, en el instante en que según la ley deba
cerrar la oficina en donde deba hacerse la presentación. Las gestiones por
medios electrónicos podrán presentarse válidamente hasta el final del día.

Serán admisibles y válidas las gestiones presentadas y las actuaciones
iniciadas a la hora exacta en que se cierran las oficinas judiciales. Las
gestiones presentadas después de la hora exacta de cierre se tendrán por
efectuadas el día hábil siguiente, salvo disposición legal en contrario.

Para determinar la hora de realización del acto se estará al reloj del
tribunal o a lo que se desprenda de los sistemas tecnológicos de que disponga
el Poder Judicial.

SECCIÓN V

ACTIVIDAD DEFECTUOSA Y SUBSANACIÓN

ARTÍCULO 31.- Subsanación y conservación

31.1 Subsanación. Los defectos de los actos procesales deberán ser
subsanados siempre que sea posible. Se convalidarán y se tendrán por subsanados
cuando no se hubiera reclamado la reparación del vicio en la primera
oportunidad hábil.

31.2 Conservación. Cuando sea imprescindible la declaratoria de
nulidad se procurará evitar la eliminación innecesaria, pérdida o repetición de
actos o etapas del proceso. Se conservarán todas las actuaciones que en sí
mismas sean válidas, de modo que puedan ser aprovechadas una vez que el proceso
se ajuste a la normalidad. La nulidad de un acto no conlleva la de las
actuaciones que sean independientes de aquel. La nulidad de una parte de un
acto no afecta a las otras que son independientes de ella ni impide que
produzcan los efectos para los cuales el acto es idóneo, salvo disposición
legal en contrario.

ARTÍCULO 32.- Procedencia e improcedencia de la nulidad

32.1 Procedencia. La nulidad de los actos procesales solo se
decretará cuando se cause indefensión.

32.2 Improcedencia de la nulidad. No podrá declararse la nulidad en los
siguientes supuestos:

1. Sea posible la subsanación del acto defectuoso.

2. Si el acto, aunque irregular, ha logrado el fin para el que estaba
destinado.

3. Si quien la pide es la parte que concurrió a causarla o no ha sufrido
perjuicios por la violación.

4. Se trate de solicitudes de nulidad reiterativas de otras denegadas.

Cuando sea evidente que una solicitud de nulidad está comprendida en uno
de los supuestos anteriores, se rechazará de plano.

ARTÍCULO 33.- Procedimiento de la nulidad

33.1 Momento en que puede pedirse y declararse. La nulidad de los
actos defectuosos podrá declararse de oficio en cualquier estado del proceso.
Cuando la nulidad se alegue en vía incidental, por imposibilidad de hacerlo con
los recursos o en audiencia, deberá interponerse dentro de los cinco días
siguientes al del conocimiento del acto defectuoso.

Salvo el caso de nulidades por vicios esenciales e insubsanables precluirá el derecho de alegarla,
si no se formula en el momento que corresponde.

33.2 Procedimiento de la nulidad. La nulidad de las actuaciones practicadas en
audiencia se alegarán inmediatamente después de finalizado el acto que se
considera defectuoso. En ese momento, se resolverán siguiendo el procedimiento
incidental oral.

Se seguirá el procedimiento incidental escrito, cuando la nulidad se
establezca contra actuaciones practicadas fuera de audiencia y cuando, por la
naturaleza del acto o por otra circunstancia, no corresponda o haya sido
imposible hacerlo por vía de recursos o en la audiencia.

La nulidad de las resoluciones, por vicios intrínsecos a ellas, deberá
alegarse concomitantemente con los recursos que quepan.

Cuando la nulidad se refiera a las actuaciones de un tribunal superior,
el competente para decretarla será este último.

Las nulidades alegadas sobre las que se haya resuelto en la audiencia de
saneamiento no podrán ser presentadas de nuevo.

33.3 Alegación de nulidad con posterioridad a la sentencia firme. La nulidad solo
podrá alegarse con posterioridad a la sentencia firme o a la conclusión del
proceso, por vía incidental, cuando se sustente en una de las causales por las
que es admisible la demanda de revisión, siempre que se trate de procesos en
los que la revisión no proceda. Solo será admisible este incidente, si se
planteara dentro de los tres meses posteriores al conocimiento de la causal,
del momento en que debió conocerla o pudo hacerla valer la parte perjudicada.

SECCIÓN VI

SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 34.- Suspensión

La suspensión del procedimiento únicamente se decretará por acuerdo de
partes, por prejudicialidad y en los casos previstos
por la ley.

34.1 Acuerdo de partes. Las partes, de común acuerdo, podrán pedir la
suspensión del procedimiento. El tribunal solo la decretará por un plazo máximo
de dos meses prorrogable por un período igual, cuando no se vulnere el
principio de inmediación y no se perjudique el interés general o a terceros.

34.2 Prejudicialidad. La existencia de un
proceso penal en ningún caso dará lugar a prejudicialidad.

Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir
acerca de alguna cuestión que a su vez constituya el objeto principal de otro
proceso no penal pendiente ante el mismo o distinto tribunal, si no fuera
posible la acumulación de procesos, el tribunal, de oficio o a solicitud de
parte, podrá decretar la suspensión del curso de las actuaciones.

Cuando se haya ordenado instruir proceso penal por falsedad del
documento base de una ejecución hipotecaria y prendaria, el remate no se
aprobará mientras no haya finalizado el proceso penal. Quedará a opción del
oferente mantener o no la propuesta, cuando al efectuarse el remate no se
tuviera conocimiento de la existencia del proceso penal.

SECCIÓN VII

ACTOS DE ALEGACIÓN Y PROPOSICIÓN

ARTÍCULO 35.- Demanda

35.1 Forma y contenido de la demanda. La demanda deberá presentarse por escrito y
obligatoriamente contendrá:

1. La designación del órgano destinatario, el tipo y la materia jurídica del
proceso planteado.

2. El nombre, las calidades, el número del documento de identificación, el
domicilio exacto de las partes y cualquier otra información que sea necesaria.
Cuando la parte sea una persona física, se indicará el sitio exacto de residencia.

3. Narración precisa de los hechos, expuestos uno por uno, numerados y bien
especificados. Deberán redactarse ordenadamente, con claridad, precisión y de
forma cronológica, en la medida de lo posible.

4. Cuando se reclamen daños y perjuicios, la indicación de forma separada
de su causa, descripción y estimación de cada uno.

5. El fundamento jurídico de las pretensiones.

6. El ofrecimiento detallado y ordenado de todos los medios de prueba. Si
se propusiera prueba testimonial, se deberá indicar, sin interrogatorio formal,
los hechos sobre los cuales declarará el testigo.

En la pericial indicará los temas concretos de la pericia y la
especialidad del experto. Cuando la prueba conste en un registro público, con
acceso por medios informáticos, la parte interesada en esta prueba señalará la
forma de identificarla en el registro, para que el juez que deba recibirla
pueda acceder a ella en el momento en que la necesite y poner las constancias
respectivas en la tramitación del proceso.

7. La formulación clara, precisa e individualizada de las pretensiones. Las
pretensiones formuladas subsidiariamente, para el caso de desestimación de las
principales, se harán constar por su orden y separadamente.

8. La estimación justificada de la demanda en moneda nacional.

Cuando existan pretensiones en moneda extranjera se usará el tipo de
cambio respectivo al momento de su presentación, sin perjuicio de que en
sentencia se pueda conceder lo pedido en la moneda solicitada.

9. El nombre del abogado responsable de la dirección del proceso y el de
los suplentes.

10. El señalamiento de medio para recibir las comunicaciones futuras.

11. La firma de la parte o de su representante.

35.2 Presentación de documentos con la demanda. Con la demanda deben
adjuntarse los documentos que se ofrezcan. Las partes podrán solicitar el
auxilio de los tribunales para traer documentos de imposible obtención. El
diligenciamiento siempre estará a cargo y responsabilidad del solicitante.

Si los documentos presentados justificativos de la capacidad procesal
tuvieran algún defecto, el tribunal prevendrá su subsanación en el plazo de
cinco días, bajo apercibimiento de declarar inadmisible la demanda. Si los
documentos constaran en un registro público, con acceso por medios
informáticos, la parte interesada en acreditarla señalará al tribunal la forma
de constatarla.

35.3 Estimación. La estimación se fijará según el interés económico
de la demanda. Para ese efecto, se tomará como base:

1. En las pretensiones sobre bienes muebles o inmuebles el valor del objeto
de la pretensión que conste documentalmente y, en caso contrario, el valor que
con fundamento en parámetros objetivos le dé el actor.

2. En las ejecuciones hipotecarias o prendarias el monto del crédito
reclamado. Si se tratara de cédulas hipotecarias, el valor lo determinará el
monto total de la obligación por el que fueron emitidas.

3. Si se reclama una cantidad de dinero, la cuantía de la demanda estará
representada por la suma reclamada.

4. Si se pretende el cobro de daños y perjuicios, solo se tomarán en cuenta
los producidos hasta la presentación de la demanda.

5. Cuando la pretensión verse sobre la constitución, existencia,
modificación, validez, eficacia o extinción de un título obligacional, su valor
se calculará por el total de lo debido, aunque sea pagadero a plazos. Igual
regla se aplicará cuando se reclame el cumplimiento de obligaciones personales.

6. Tratándose de pretensiones personalísimas y de no hacer, servirá de base
el importe de los daños y perjuicios, aun cuando se reclame su cumplimiento.
Cuando la demanda tenga por objeto prestaciones de hacer, servirá de parámetro
el costo de aquello cuya realización se inste o el importe de los daños y
perjuicios derivados del incumplimiento.

7. En los procesos relativos a una herencia o a un conjunto de masas
patrimoniales o patrimonios separados se aplicarán las reglas anteriores
respecto de los bienes, derechos o créditos que figuren comprendidos en la
herencia o en el patrimonio objeto del litigio.

8. En las demandas de desahucio o sobre prestaciones periódicas, perpetuas
o indefinidas, el valor de la renta o prestación de un semestre.

9. Se considerarán inestimables los procesos concursales y aquellos que por
su naturaleza la cuantía sea de imposible determinación, aunque tuvieran
trascendencia económica.

35.4 Demanda defectuosa. Si la demanda no cumple los requisitos legales, el
tribunal los puntualizará todos de una vez y ordenará su corrección en el plazo
de cinco días. Si la prevención no se cumple, se declarará la inadmisibilidad
de la demanda y se ordenará su archivo. No obstante, por única vez, se podrá
hacer una segunda prevención en casos excepcionales, cuando sea evidente la
intención de la parte de subsanar los defectos señalados.

El demandado, dentro del emplazamiento, podrá pedir que se corrijan los
defectos de la demanda o se subsane cualquier vicio de capacidad o
representación de la parte actora. La petición deberá ser resuelta de
inmediato. Si la corrección implica cambios sustanciales en la demanda se
conferirá un nuevo emplazamiento, el cual se notificará donde la parte haya
señalado.

35.5 Demanda improponible. Será rechazada, de oficio o a solicitud de
parte, mediante sentencia anticipada dictada al inicio o en cualquier estado
del proceso, la demanda manifiestamente improponible.

Será improponible la demanda cuando:

1. El objeto o la pretensión sean evidentemente contrarios al ordenamiento,
imposibles, absurdos o carentes de interés.

2. Se ejercite en fraude procesal o con abuso del proceso.

3. Exista caducidad.

4. La pretensión ya fue objeto de pronunciamiento en un proceso anterior
con autoridad de cosa juzgada, de modo que el nuevo proceso sea reiteración del
anterior.

5. Quien la propone carece de forma evidente de legitimación.

6. En proceso anterior fue renunciado el derecho.

7. El derecho hubiera sido conciliado o transado con anterioridad.

8. El proceso se refiera a nulidades procesales que han debido alegarse en
el proceso donde se causaron.

9. Sea evidente la falta de un presupuesto material o esencial de la
pretensión.

Previo a la declaratoria de improponibilidad se concederá audiencia
hasta por un plazo de tres días.

35.6 Modificación o ampliación de la demanda. La demanda podrá ser
modificada o ampliada en cuanto a las partes, hechos, pretensiones y pruebas,
antes de la contestación o de que haya vencido el plazo para contestar. Dicha
ampliación será posible, de común acuerdo entre partes, antes de que concluya
la audiencia preliminar. El emplazamiento deberá hacerse de nuevo.

En el proceso ordinario después de la contestación o de la réplica, y
hasta antes de celebrarse la audiencia de prueba, podrá ampliarse la demanda o
reconvención, en cuanto a los hechos, cuando ocurriera alguno de influencia
notoria en la decisión o hubiera llegado a conocimiento de la parte alguno de
la importancia dicha y del cual asegurara no haber tenido conocimiento antes.

Esta gestión se tramitará en el principal, sobre ella se emplazará por
tres días a la parte contraria, la prueba se practicará en la audiencia
respectiva y se resolverá en sentencia.

En proceso ordinario, hasta antes del inicio de la audiencia de prueba,
por una única vez, será posible ampliar o modificar la demanda y la
contrademanda en cuanto a las partes, hechos, pretensiones y prueba, cuando un
hecho nuevo determine la imposibilidad de conservar en todo o en parte la
pretensión original. Sobre la procedencia de la ampliación se resolverá en la
audiencia de prueba. Si se admitiera se realizarán los actos procesales que
sean necesarios para garantizar el debido proceso.

ARTÍCULO 36.- Emplazamiento

36.1 Contenido. Si la demanda es admisible, el tribunal emplazará
al demandado para su contestación. En la resolución respectiva indicará el
plazo y la forma en que debe hacerlo y las consecuencias, en caso de omisión.

36.2 Efectos. Los efectos del emplazamiento, tanto materiales
como procesales, se producen a partir de su notificación.

Son efectos materiales:

a) La interrupción de la prescripción que se mantendrá hasta la sentencia
definitiva. Si la demanda es declarada inadmisible después del emplazamiento,
la interrupción se tiene por no operada.

b) Constituir en mora al demandado, salvo que por ley ya lo estuviera.

c) Impedir que el demandado haga suyos los frutos de la cosa, si fuera
condenado a entregarla.

Son efectos procesales:

1. Prevenir al tribunal en el conocimiento del proceso.

2. Sujetar a las partes a la competencia del tribunal, si el demandado no
la objeta.

ARTÍCULO 37.- Contestación negativa de la demanda

37.1 Forma y contenido. El demandado deberá contestar la demanda por
escrito, dentro del emplazamiento, aun cuando se formule cualquier excepción
procesal, recusación o alegación de cualquier naturaleza.

Contestará todos los hechos de la demanda en el orden en que fueron
expuestos, expresando de forma razonada si los rechaza por inexactos, si los
admite como ciertos, con variantes o rectificaciones, o si los desconoce de
manera absoluta. También, manifestará con claridad su posición en cuanto a la
pretensión y su estimación, los fundamentos legales y la prueba presentada y
propuesta por el actor. Ofrecerá y presentará todas sus pruebas de la misma
forma prevista para la demanda.

Si no contesta los hechos de la forma dicha, el tribunal le prevendrá,
con indicación de los defectos, que debe corregirlos dentro de quinto día. Si
el demandado incumple esta prevención, se tendrán por admitidos los hechos
sobre los que no haya dado respuesta de la forma expresada.

37.2 Momento y forma para interponer las excepciones. Las excepciones
procesales y materiales deberán oponerse con la contestación y debidamente
razonadas. Podrán invocarse excepciones materiales hasta en la audiencia de
prueba, cuando los hechos hubieran ocurrido con posterioridad a la contestación
o llegado a conocimiento del demandado después de expirado el plazo para
contestar. Estas excepciones se sustanciarán en la audiencia de prueba. En
procesos ordinarios, las excepciones de cosa juzgada, transacción y caducidad
podrán formularse hasta antes de que inicie la alegación de conclusiones.

37.3 Excepciones procesales. Solo son admisibles como excepciones
procesales las siguientes:

1. Falta de competencia.

2. Acuerdo arbitral.

3. Litisconsorcio necesario incompleto.

4. Indebida acumulación de pretensiones.

5. Litispendencia.

Serán rechazadas de plano aquellas que sean evidentemente improcedentes
y las que se presenten sin prueba o sin su ofrecimiento, cuando esta sea
necesaria. Se declarará sin lugar de forma inmediata, cuando se haya ordenado
practicar prueba y esta no se haya efectuado en el momento oportuno.

Cuando sea necesario practicar prueba de las excepciones procesales,
estas se resolverán en audiencia o en la primera audiencia, según corresponda. En
los demás casos, se seguirá el procedimiento incidental fuera de audiencia.

ARTÍCULO 38.- Reconvención y réplica

38.1 Reconvención. El demandado podrá reconvenir al actor pero
únicamente en el escrito donde conteste la demanda y podrá traer al proceso
como reconvenido a quien no sea actor. La demanda y la reconvención deberán ser
conexas o ser consecuencia del resultado de la demanda. La reconvención deberá
reunir los mismos requisitos del de la demanda. Si fuera defectuoso, se
prevendrá su corrección en los mismos términos de la demanda. Salvo disposición
legal en contrario, la reconvención solo será admisible en procesos ordinarios.

38.2 Réplica. Si la reconvención fuera admisible, se concederá al
reconvenido un plazo igual al del emplazamiento de la demanda para la réplica,
la que deberá tener los mismos requisitos de la contestación.

ARTÍCULO 39.- Falta de contestación y allanamiento

La falta de contestación del demandado permitirá tener por acreditados
los hechos, en cuanto no resulten contradichos por la prueba que conste en el
expediente. El rebelde podrá comparecer en cualquier momento pero tomará el
proceso en el estado en que se encuentre. Si el demandado se allanara a lo
pretendido en la demanda u omite contestarla, o la contesta extemporáneamente,
se dictará sentencia anticipada sin más trámite, salvo si hubiera indicios de
fraude procesal, si la cuestión planteada fuera de orden público, se tratara de
derechos indisponibles o fuera indispensable recibir prueba para resolver, en
cuyo caso se continuará con el procedimiento.

Si el allanamiento fuera parcial se dictará sin más trámite sentencia
anticipada sobre los extremos aceptados y podrá ser ejecutada de inmediato, en
legajo separado. El proceso seguirá su curso normal en cuanto a los extremos no
aceptados.

ARTÍCULO 40.- Demanda y contestación conjunta

El actor y el demandado podrán presentar la demanda y su contestación de
manera conjunta. En tal caso, se entiende renunciado el emplazamiento y se
dictará sentencia, si fuera de pleno derecho. Si hubiera hechos controvertidos
que requieran prueba, se ordenará su práctica y se realizarán los actos propios
de esta audiencia.

SECCIÓN VIII

PRUEBA

ARTÍCULO 41.- Disposiciones generales sobre prueba

41.1 Carga de la prueba. Incumbe la carga de la prueba:

1. A quien formule una pretensión, respecto de los hechos constitutivos de
su derecho.

2. A quien se oponga a una pretensión, en cuanto a los hechos impeditivos,
modificativos o extintivos del derecho del actor.

3- En los casos relacionados con la defensa al consumidor, ambiente,
fraudes electrónicos personales o de cualquier tipo de entidad financiera,
tanto a nivel administrativo como judicial, regirá la inversión de la carga de
la prueba en favor de las personas consumidoras afectadas.

Para la aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores de este
artículo, se deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que
corresponde a cada una de las partes, de acuerdo con la naturaleza de lo
debatido.

Las normas precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal
expresa no distribuya con criterios especiales la carga de la prueba.

(Así adicionado el inciso 3)
anterior por el artículo 7° de la Ley Protección a las personas
consumidoras en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad
financiera en Costa Rica, ya sea pública o privada, autorizada para este fin, N°
10889 del 23 de marzo de 2026)

Para la aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores de este
artículo, se deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que
corresponde a cada una de las partes, de acuerdo con la naturaleza de lo
debatido.

Las normas precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal
expresa no distribuya con criterios especiales la carga de la prueba.

41.2 Medios de prueba. Son admisibles como medios de prueba los
siguientes:

1. Declaración de parte.

2. Declaración de testigos.

3. Dictamen de peritos.

4. Documentos e informes.

5. Reconocimiento judicial.

6. Medios científicos y tecnológicos.

7. Cualquier otro no prohibido.

41.3 Admisibilidad de la prueba. Serán admisibles las pruebas que tengan
relación directa con los hechos y la pretensión, siempre que sean
controvertidos. Se rechazará la prueba que se refiera a hechos admitidos
expresamente o que deban tenerse como tales conforme a la ley, amparados a una
presunción absoluta, evidentes o notorios, así como la impertinente, excesiva,
inconducente o ilegal. En una misma resolución el tribunal indicará la prueba
admitida y la que rechaza.

En la audiencia en que se admiten las pruebas, el tribunal podrá
proponer a las partes la incorporación de otras no ofrecidas e incluso
ordenarlas de oficio.

En la audiencia de prueba, excepcionalmente, si fuera indispensable y
dando razones fundadas se podrán ordenar otras pruebas para comprobar o aclarar
hechos relevantes, respetando los principios de contradicción y de
concentración.

41.4 Práctica de la prueba. La práctica de la prueba se regirá por las
siguientes disposiciones:

1. Deber de cooperación. Es responsabilidad exclusiva de la parte proponente
citar y presentar sus fuentes probatorias. Podrá solicitar la cooperación de
los tribunales para obtener órdenes, citar testigos y peritos u ordenar su
comparecencia por cualquier medio disponible.

Las partes y los testigos tienen el deber legal de declarar. Esta
obligación se extiende a los funcionarios públicos respecto de los informes y
las certificaciones. Los tribunales requerirán su asistencia a las audiencias
por cualquier medio, incluso con el auxilio de la Fuerza Pública, si fuera
necesario. Cuando la parte declarante no asistiera o rehusara responder, se
hará constar y se consignará el interrogatorio.

2. Deber de veracidad y juramento. Toda declaración e informe pericial o de
oficina pública deberá expresar la verdad sobre los hechos. En las
declaraciones de partes, testigos o peritos se recibirá el juramento por Dios o
lo más sagrado de sus creencias, con las advertencias legales de la
trascendencia de infringir el deber de veracidad u omitir elementos esenciales.
El juramento no será exigido a los menores de doce años.

3. Concentración. La prueba se practicará en una sola audiencia.
Cuando ello no fuera posible en un solo día, se prorrogará la audiencia en días
inmediatos y consecutivos. Se procurará recibir la mayor cantidad de prueba por
día, estableciendo cuál habrá de practicarse en cada señalamiento. Las partes
podrán disponer el orden de la declaración de sus testigos.

4. Orden en la práctica de las pruebas. Las pruebas se practicarán
respetando el siguiente orden: reconocimiento judicial, declaración de partes,
declaración de peritos e interrogatorio de testigos. A solicitud de las partes
o de oficio, por causa justificada, se podrá alterar el orden indicado.

5. Forma del interrogatorio. El interrogatorio será oral y directo. La
parte formulará las preguntas al declarante sin intermediación del tribunal.

Las preguntas serán claras y precisas; no se referirán a más de un
hecho, no incluirán valoraciones, ni calificaciones, excepto la de peritos y
testigos técnicos. El tribunal rechazará las preguntas y declaraciones que no
guarden relación directa con los hechos controvertidos o el objeto de
pretensión dilatoria, la que se refiere a hechos evidentes, notorios o
admitidos o en los que la pregunta sea sugestiva, insinuadora de la respuesta,
ofensiva, vejatoria o capciosa. Cuando se consideren preguntas esenciales, a
solicitud de parte se dejará constancia de la pregunta rechazada.

Se podrá autorizar el interrogatorio directo de personas menores de
edad, cuando el tribunal estime que por su grado de madurez no se verán
afectadas. En caso contrario, corresponde al tribunal hacer el interrogatorio.

Cuando surja controversia sobre la forma y el contenido de alguna
pregunta, en el mismo acto se discutirá el asunto sucintamente, sin sugerir o
insinuar respuestas, sin necesidad de suspender el acto o retirar al declarante
de la sala, salvo en casos muy calificados.

El declarante no podrá leer notas ni apuntes, excepto que se autorice
cuando se trate de preguntas referidas a cifras, fechas, datos de difícil
precisión o en los demás casos que se consideren justificados. Si fuera
previsible su consulta en la audiencia, deberá llevarlos el día de su
declaración y solo en casos excepcionales esta se suspenderá, si no los tiene
consigo.

Si deben declarar dos o más personas sobre los mismos hechos, se tomarán
las medidas necesarias para evitar la comunicación entre ellas durante el
transcurso de la audiencia.

La práctica de prueba en el extranjero o en lugares distantes de la sede
del tribunal se podrá hacer por medios tecnológicos que garanticen la
inmediación. Solo en casos excepcionales, atendiendo a la importancia de la
prueba y a la dificultad de practicarla directamente o por medios tecnológicos,
se podrán remitir exhortos para la práctica de prueba en el extranjero.

Cuando por medios electrónicos o de nuevas tecnologías se recibiera
declaración de parte, testimonial o pericial, en que la fuente de prueba se
encontrara en el extranjero, se aplicarán las formalidades establecidas en este
Código y la prueba se tendrá como recibida en el territorio nacional para todos
sus efectos.

6. Práctica de prueba en el lugar de los hechos. La prueba se
practicará en el lugar de los hechos, sin sujeción a las limitaciones de
competencia territorial, cuando sea necesario para la vigencia del principio de
inmediación, según la naturaleza de lo debatido y cuando el tribunal lo estime
conveniente.

7. Declaración domiciliaria. Cuando por enfermedad o por otras circunstancias
especialmente justificadas quien deba declarar no pueda comparecer a la sede
del tribunal, a solicitud de parte se podrá disponer que preste declaración en
su domicilio o en el lugar en que se encuentre. Al efecto, podrá utilizarse el
sistema de videoconferencia. Si, atendidas las circunstancias, el tribunal
considera prudente no permitir a las partes y a sus abogados que concurran a la
declaración domiciliaria, se pondrán a conocimiento de las partes las
respuestas obtenidas, para que soliciten las aclaraciones o adiciones que
estimen necesarias.

8. Nombramiento de intérpretes y traductores. Cuando medien
limitaciones físicas o idiomáticas, la parte oferente deberá solicitar el
nombramiento de intérpretes o traductores al momento de ofrecer la prueba.
Salvo disposición en contrario, el proponente deberá cubrir los honorarios.

9. Traslado e incorporación de pruebas. Podrán admitirse las
pruebas practicadas válidamente en otro o en el mismo proceso y en
procedimientos administrativos, conservando su naturaleza, cuando no sea
posible o se considere innecesario repetirlas, siempre que se haya garantizado
o garantice la participación a las partes. En la audiencia se dejará constancia
de la incorporación y es potestativa su lectura o reproducción.

10. Inevacuabilidad. La prueba no practicada por culpa de la parte
proponente se tendrá por inevacuable, sin necesidad de resolución expresa.

41.5 Apreciación de la prueba. Las pruebas se apreciarán en su totalidad,
conforme a criterios de lógica, experiencia, ciencia y correcto entendimiento
humano, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación
diversa.

La conducta de las partes durante el procedimiento podrá constituir un
elemento de convicción ratificante de las pruebas.

ARTÍCULO 42.- Declaración de parte

42.1 Deber de declarar y forma. Las partes tienen el deber de declarar sobre
hechos propios o ajenos y podrán formularse preguntas recíprocamente. La
declaración de las personas físicas será personal.

Tratándose de personas jurídicas deberá declarar su representante legal.

Si no hubiera intervenido en los hechos debatidos, sin perjuicio de la
indicación que deberá hacer, estará obligado a responder según el conocimiento
que deba tener de ellos.

En todos los supuestos de mandato o representación, los representantes
deberán declarar cuando se trate de hechos realizados en su función.

En todo caso, si el llamado a declarar no fue quien participó en los
hechos controvertidos deberá alegar tal circunstancia dentro del quinto día a
partir de la notificación del señalamiento o, cuando no sea posible hacerlo, en
el momento de la práctica de la prueba. Deberá facilitar la identidad del que
intervino en nombre de la persona, a quien se podrá citar como testigo. Si no
hace tal señalamiento o si manifestara desconocer a la persona interviniente en
los hechos, el tribunal podrá considerar esa manifestación como respuesta
evasiva.

La parte no podrá ser obligada a declarar dos veces sobre los mismos
hechos.

42.2 Efectos de la declaración de parte. La admisión de
hechos propios, de forma expresa o tácita, permite presumirlos como ciertos y
constituye prueba contra la parte declarante, salvo que se trate de derechos
indisponibles, que el declarante no tenga facultades para confesar en
representación o se contradiga con las demás pruebas. El mismo efecto tendrán
las afirmaciones espontáneas realizadas en el proceso.

Si la parte no compareciera, sin justa causa, no llegara a la hora
señalada, rehusara declarar, respondiera de forma evasiva o no llevara consigo
documentos de apoyo, cuando fueran necesarios, se producirán los efectos de la
admisión tácita del interrogatorio, ya sea de hechos propios o ajenos.

ARTÍCULO 43.- Declaración de testigos

43.1 Admisibilidad. Será admisible la prueba de testigos para demostrar
todo tipo de hechos. Podrá ser testigo cualquier persona física que tenga conocimiento
sobre los hechos controvertidos, sea mayor de doce años y posea capacidad. Los
menores de doce años podrán ser admitidos como testigos cuando, a criterio del
tribunal, tengan el discernimiento necesario para conocer y declarar
verazmente.

Si el testigo tuviera conocimientos científicos, técnicos,
profesionales, artísticos o prácticos se admitirán las manifestaciones que en
virtud de dichos conocimientos agregue a su respuesta.

El tribunal admitirá la prueba testimonial, ampliando o reduciendo el
número de testigos, según la trascendencia y necesidad de dicha prueba.

Solo se admitirá la prueba de testigos que se encuentren en el
extranjero, cuando se considere absolutamente indispensable y el proponente
carezca de otros medios de prueba suficientes en el país para demostrar los
hechos invocados.

43.2 Abstención de declarar. Pueden abstenerse de declarar como testigos
los que sean examinados sobre hechos que importen responsabilidad penal contra
el declarante o contra su cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente o
parientes colaterales hasta el tercer grado, inclusive, de consanguinidad o
afinidad.

Asimismo, pueden negarse a contestar preguntas que violen su deber o
facultad de reserva, aquellos que están amparados por el secreto profesional o
que por disposición de la ley deban guardar secreto.

Los testigos menores de edad tendrán derecho de abstenerse a declarar o
a responder preguntas concretas, cuando dicho acto les pueda generar un
conflicto de lealtad con sus progenitores. El tribunal debe comunicar al
testigo menor de edad que tiene ese derecho.

43.3 Sustitución de testigos. Procederá la sustitución de testigos
ofrecidos y admitidos; la de estos últimos solo procederá en casos
excepcionales. En los procesos en que exista audiencia preliminar, la
sustitución del testigo ofrecido se resolverá en esa audiencia y la de
admitidos se podrá solicitar y resolver hasta en la audiencia de práctica de
prueba.

En los procesos de única audiencia, sea que la sustitución se refiera a
testigos ofrecidos o admitidos, la solicitud se podrá realizar antes de la
finalización de la audiencia y se tramitará y resolverá en esta.

Siempre que se admita la sustitución de testigos, el tribunal adoptará
las medidas necesarias para asegurar el derecho al contradictorio.

43.4 Práctica de la prueba testimonial. Al inicio de la
declaración, el tribunal juramentará al testigo y le preguntará sobre sus datos
personales de identificación, su relación con las partes o sus abogados y si
tiene interés directo o indirecto en el resultado del asunto.

El testigo será interrogado en primer lugar por la parte proponente,
luego por la contraria y finalmente por el tribunal. Al responder justificará
las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ocurrieron los hechos y de
cómo obtuvo conocimiento de ellos, de la forma más amplia posible. Concluida la
declaración, las partes y el tribunal podrán interrogar nuevamente para pedir
aclaraciones.

43.5 Careos. Cuando los testigos incurran en graves contradicciones, el tribunal, de
oficio o a petición de parte, podrá acordar que se sometan a un careo. También
se podrá disponer, en razón de las respectivas declaraciones, la celebración de
careo entre las partes y alguno o algunos testigos.

La solicitud se formulará al finalizar el interrogatorio y, en este
caso, se advertirá al testigo que no se ausente para que dichas actuaciones
puedan practicarse a continuación.

43.6 Pago de gastos a testigos. Los gastos en que incurran los testigos, con
motivo de la comparecencia, serán satisfechos por la parte proponente. Si no
existe acuerdo entre la parte y el testigo, el tribunal, en la audiencia,
teniendo en cuenta los datos y circunstancias que consten, fijará el monto y
prevendrá su pago sin dilación.

Si el proponente resulta victorioso y favorecido con la condena en
costas procesales, tendrá derecho a que el vencido le haga el reembolso
correspondiente por ese concepto. Si varias partes proponen a un mismo testigo,
el importe se prorrateará entre ellas.

La resolución que fije el monto y prevenga su pago solo tendrá recurso
de revocatoria. Si la parte o las partes que hayan de indemnizar no lo hicieran
en el plazo de cinco días desde la firmeza de la resolución, el testigo podrá
hacer valer sus derechos en el mismo proceso por la vía incidental.

ARTÍCULO 44.- Prueba pericial

44.1 Admisibilidad. Será admisible la prueba pericial cuando sean
necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, ajenos
al derecho, para apreciar hechos o circunstancias relevantes o adquirir certeza
de ellos.

Las partes podrán aportar, con la demanda o contestación, los dictámenes
de peritos o informes técnicos elaborados por particulares, instituciones
públicas o por medio de un colegio profesional. Se adjuntarán, con los demás
documentos, instrumentos o materiales necesarios para su apreciación. Asimismo,
podrán solicitar el nombramiento de un perito por parte del tribunal.

44.2 Designación, aceptación y honorarios de peritos judiciales. Los peritos
judiciales serán designados de la lista elaborada por el Poder Judicial,
tomando en cuenta la naturaleza y el objeto de la peritación.

Al hacer el nombramiento, el tribunal indicará con precisión los
aspectos sobre los cuales debe informar.

Comunicado el nombramiento al perito manifestará inmediatamente o dentro
del tercer día, por cualquier medio idóneo, si acepta el cargo, de lo cual se
dejará constancia. Si no acepta el cargo se hará nuevo nombramiento.

Los honorarios serán fijados al momento de la designación y se concederá
un plazo de cinco días a la parte o las partes oferentes para su depósito. Si
la parte contraria amplía los temas objeto de la pericia deberá contribuir
proporcionalmente, según lo disponga el tribunal.

La falta de depósito de los honorarios, en el plazo establecido, tendrá
como consecuencia la inevacuabilidad total o parcial
de la prueba, salvo que una de las partes mantenga el interés en su práctica,
en cuyo caso deberá depositar la totalidad en el plazo de cinco días siguientes
al vencimiento del plazo anteriormente concedido.

Los honorarios se girarán una vez concluida su labor.

44.3 Elaboración y presentación del dictamen. Las partes están
obligadas a prestarle auxilio al perito en cuanto sea necesario para el cumplimiento
de su encargo. En caso de negativa podrá pedir al tribunal la adopción de las
medidas pertinentes.

Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o
promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con objetividad
e imparcialidad, y que conoce las sanciones penales y civiles en las que podría
incurrir si incumpliera su deber. El informe será fundado y contendrá, de
manera clara y precisa, una relación detallada de las operaciones practicadas,
sus resultados, los elementos técnicos y probatorios utilizados y las
conclusiones. Se adjuntarán los documentos y anexos respectivos, o se indicará
la fuente correspondiente, cuando no sea posible anexarlos. Deberá presentarse
al menos cinco días antes de la audiencia de práctica de pruebas.

Si no rinde el dictamen en el plazo de ley, no lo amplía o no comparece
a la audiencia si fue citado, sin justa causa, perderá sus honorarios y deberá
pagar los daños y perjuicios causados.

44.4 Examen del dictamen en audiencia. El dictamen pericial
será examinado en la audiencia de prueba, primero por el proponente, luego por
la parte contraria y finalmente por el tribunal. Para tal efecto, las partes
podrán contar con el auxilio de expertos técnicos o consultores. El perito
deberá comparecer a la audiencia, salvo que las partes y el tribunal lo estimen
innecesario. Quienes participen en la audiencia podrán hacer observaciones,
pedir aclaraciones, ampliaciones, explicaciones de operaciones, métodos,
premisas, fuentes o incluso impugnar y cuestionar el informe con otros medios
probatorios.

44.5 Dictámenes o informes especiales. El tribunal podrá,
de oficio o a petición de parte, solicitar dictámenes o informes de
universidades, institutos, academias, colegios u otros organismos
especializados, públicos o privados, cuando se refieran a aspectos técnicos de
su conocimiento y experiencia. En el informe deberá indicarse la persona
encargada de realizarlo.

44.6 Verificación de estados económicos, financieros y rendición de
cuentas. Para la realización de auditorajes, inventario de bienes, determinación
del estado económico, rendición de cuentas, informes contables o de
cualquier otro tipo, el tribunal podrá nombrar profesionales en ciencias
contables o en la especialidad requerida. Para la práctica de dicha
prueba, el tribunal podrá ordenar cualquier otra prueba o requerir la información
que sea necesaria. Cuando esta prueba se solicite de forma anticipada,
solo podrá ser pedida por los socios, cuotistas,
copropietarios o asociados respecto de personas jurídicas de las cuales
sean parte o miembros, lo cual deberán demostrar en su solicitud. Cuando
se trate de sociedades comerciales, los solicitantes deberán representar
al menos el diez por ciento (10%) del capital o, en los demás casos, ser
titulares de cuotas en la misma proporción.

ARTÍCULO 45.- Prueba documental

45.1 Presunción de autenticidad, validez y eficacia de los documentos. Los documentos
públicos y los privados admitidos, tácita o expresamente, se presumen
auténticos y válidos mientras no se pruebe lo contrario. Los documentos
recibidos o conservados por medios tecnológicos y los que los despachos
judiciales emitan como copias de originales almacenados por estos mismos
medios gozarán de la validez y eficacia del documento físico original,
siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y
conservación, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
ley.

45.2 Documentos públicos. Documentos públicos son todos aquellos
redactados o extendidos por funcionarios públicos, según las formas requeridas
y dentro del límite de sus atribuciones y los calificados con ese carácter por
la ley. También, tendrán esa naturaleza los otorgados en el extranjero con ese
carácter en virtud de tratados, convenios internacionales o el derecho
internacional. A falta de norma escrita, tales documentos deben cumplir los
requisitos del ordenamiento jurídico donde se hayan otorgado.

El documento otorgado por las partes ante un notario hace fe, no solo de
la existencia de la convención o disposición para la cual ha sido otorgado,
sino aun de los hechos o actos jurídicos anteriores que se relatan en él, en
los términos simplemente enunciativos, con tal de que la enunciación se enlace
directamente con la convención o disposición principal.

Las reproducciones de los documentos tendrán la eficacia probatoria de
estos, si el funcionario autorizante certifica la razón de ser copias fieles de
los originales. La misma eficacia tendrán las copias simples, cuya autenticidad
no haya sido impugnada oportunamente.

45.3 Documentos privados y reconocimiento. Son documentos
privados los que no tengan la condición de públicos.

El reconocimiento podrá ser expreso o tácito, en este último caso,
cuando la parte no lo impugne en su oportunidad. Serán reconocidos por quien
los emitió o su representante. Los testigos podrán reconocer los documentos
elaborados o firmados por ellos y aquellos de los que hayan tenido acceso o
conocimiento.

El reconocimiento de la firma, salvo objeción, implica aceptación del
contenido y este se podrá reconocer aunque el documento no estuviera firmado.

45.4 Exhibición de documentos. Se ordenará a las partes la exhibición de
documentos, informes, libros o cualquier otra fuente probatoria, si están bajo
su dominio o disposición, se refieren al objeto del proceso, sea común o puedan
derivarse conclusiones probatorias para quien lo solicita.

El tribunal podrá ordenar esa exhibición ante el perito, cuando así lo
pidan las partes o lo solicite el experto para los fines de la pericia.

Con la petición de exhibición, la parte solicitante podrá aportar una
copia o reproducción del documento, pero si no lo tuviera en su poder indicará
en términos concretos su contenido.

La exhibición será obligatoria y en la resolución que la ordena se
advertirá al requerido que su negativa permitirá atribuirle valor a la copia
simple, a la reproducción o a la versión del contenido del documento, y se
podrá tener como confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte
contraria, respecto del contenido del documento o del hecho que se quiere
probar.

Si el documento que se pide exhibir se encontrara en poder de un
tercero, se le prevendrá que lo presente, siempre que resulte trascendente para
los fines del proceso y no le depare perjuicio al requerido.

La persona obligada a la exhibición podrá presentar copia certificada o
testimonio del documento prevenido, bajo su responsabilidad, salvo si el
tribunal dudara de su autenticidad o la contraria exija el original por razones
fundadas.

Los funcionarios del Estado y de las instituciones públicas no podrán
negarse a expedir certificaciones ni testimonios, ni oponerse a exhibir los
documentos de sus dependencias y archivos.

45.5 Impugnación de documentos. La impugnación de los documentos presentados
con la demanda y la reconvención deberá hacerse en la contestación y en la
réplica. Los que se presenten y agreguen después de la demanda y reconvención
deberán impugnarse en la audiencia. En todo caso, será necesario exponer las
razones concretas de la impugnación y las pruebas que la sustenten.

La impugnación por falsedad podrá hacerse en el mismo proceso y los
efectos de lo que se resuelva se limitarán a este. Las sentencias dictadas por
los tribunales penales, sobre la falsedad de un documento de influencia en el
proceso, tendrán valor de cosa juzgada.

45.6 Verificación de documentos. Cuando se desconozca la firma o se manifieste
ignorancia de la autoría de un documento, la parte interesada podrá demostrarlo
mediante declaración de parte, prueba técnica, cotejo, documentos y cualquier
otro medio de prueba.

45.7 Informes y expedientes. El tribunal, a petición de parte o de oficio,
podrá solicitar informes de cualquier persona física o jurídica, institución u
oficina pública o privada, en relación con los hechos o actos de interés para
el proceso. No será admisible el informe cuando, manifiestamente, tienda a
sustituir a otro medio de prueba. El informe se remitirá a la mayor brevedad
posible, en cualquier soporte autorizado, bajo juramento de exactitud.

La entidad requerida podrá negarse a rendir el informe únicamente cuando
se trate de información declarada como secreto de Estado o pueda comprometer
seriamente el secreto comercial o la información no divulgada. En tal caso y
una vez recibida la solicitud, de inmediato expondrá con claridad y precisión
los motivos de su negativa.

También, se podrá requerir la remisión de expedientes, testimonios,
documentos, anexos, estudios relacionados con los informes, anotaciones,
asientos de libros, archivos o similares.

45.8 Fecha cierta. La fecha cierta de un documento privado se contará
respecto de tercero, cuando se verifique uno de los siguientes hechos:

1. La muerte de alguno de los firmantes.

2. La presentación del documento ante cualquier oficina pública para que
forme parte de un expediente con cualquier fin.

3. La presentación del documento ante un notario, a fin de que autentique
la fecha en que se presente.

Si el tercero al tiempo de contratar tuviera conocimiento de la
existencia del documento, no podrá rechazarlo con el pretexto de que no se
halla en uno de los tres casos anteriores.

ARTÍCULO 46.- Reconocimiento judicial

46.1 Admisibilidad. El reconocimiento judicial será admisible, para el
esclarecimiento y apreciación de hechos, cuando sea necesario o conveniente que
el tribunal examine, por sí mismo, algún lugar, objeto o persona.

46.2 Práctica. La práctica de la prueba de reconocimiento judicial se regirá por las
siguientes disposiciones:

1. Objeto del reconocimiento judicial. La parte proponente
indicará los aspectos a constatar y manifestará si pretende concurrir al acto
con algún técnico. La contraria podrá proponer, antes de la práctica del
reconocimiento, otros aspectos de su interés.

2. Asistencia de las partes, abogados, peritos y testigos. Las partes y sus
abogados podrán concurrir al reconocimiento, formular las observaciones que
consideren pertinentes y ofrecer fotografías, calcos, grabaciones de imagen o
sonido u otros semejantes para dejar constancia. A solicitud de parte o de
oficio se puede disponer la concurrencia de peritos o testigos a dicho acto,
donde podrán ser examinados.

3. Deber de colaboración de partes y terceros. Las partes y los
terceros tienen el deber de prestar la máxima colaboración para la efectiva
práctica del reconocimiento. La negativa injustificada de los terceros faculta
a los tribunales para tomar las medidas conminatorias que correspondan, sin
perjuicio de la posibilidad de testimoniar piezas para el Ministerio Público,
si estima que se está ante la comisión de un ilícito. Si la negativa
injustificada procede de una de las partes, se le intimará a prestar
colaboración; si mantiene su actitud, se podrá interpretar como una
confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria respecto
del hecho a probar.

Los tribunales podrán ingresar a los inmuebles o a los recintos objeto
de controversia, o donde se hallen los bienes a examinar. Para tal efecto,
podrán ordenar el allanamiento y auxiliarse con la Fuerza Pública, si es
necesario.

4. Documentación del reconocimiento judicial. El reconocimiento se
documentará utilizando medios de grabación de imagen y sonido. Cuando ello no
sea posible, se consignará en un acta. Se asentarán, en el medio electrónico
utilizado o en el acta, los aspectos relevantes. Solo en casos excepcionales se
diferirá la documentación del reconocimiento judicial.

5. Reconocimiento de personas. En la práctica de reconocimiento de personas
se tomarán las medidas necesarias, a fin de respetarles al máximo los derechos
de la personalidad. Con esa finalidad, se les permitirá la compañía de algún
familiar o persona de su confianza e incluso se podrá ordenar sin asistencia de
partes o abogados, o en la propia casa o lugar donde se encuentre quien deba
ser reconocido.

ARTÍCULO 47.- Reconstrucción de hechos

Para la reconstrucción de hechos se seguirá el mismo procedimiento
dispuesto para el reconocimiento judicial.

ARTÍCULO 48.- Medios científicos

Podrá ordenarse la práctica de reproducciones de cualquier naturaleza,
calcos, relieves, filmes o fotografías de objetos, personas, documentos y
lugares, radiografías, radioscopias, análisis hematológicos, bacteriológicos y,
en general, cualquier prueba científica. En la audiencia se le dará a esta
prueba el mismo tratamiento dispuesto para la prueba pericial.

ARTÍCULO 49.- Prueba anticipada

Con anterioridad al establecimiento de la demanda o en el curso del
procedimiento, pero antes del momento procesal oportuno, podrá solicitarse,
admitirse y practicarse cualquier medio de prueba. La anticipación solo será
procedente cuando exista peligro de imposibilidad de practicarla posteriormente
o que aun pudiendo practicarla pueda perder su eficacia. Cuando resulte que la
anticipación de prueba no era justificada, se condenará al solicitante al pago
de costas.

En todo caso, sin sujeción a lo dispuesto en el párrafo anterior, es
procedente como prueba anticipada la verificación de estados económicos,
financieros y rendición de cuentas, la declaración de parte sobre hechos
personales y la exhibición de documentos o bienes muebles.

En la solicitud deberán indicarse el nombre y las calidades de las
partes, el objeto y estimación del futuro proceso, cuando este no se haya
establecido, la justificación, la prueba que se pide y el señalamiento para
atender notificaciones.

Cuando la comunicación a la parte contraria pudiera frustrar la
finalidad o eficacia de la actividad y, en casos de urgencia, esta se
practicará sin notificación previa. Si la parte contraria concurriera a pesar
de no haber sido citada, podrá intervenir en la práctica de la prueba; en caso
contrario, el resultado deberá notificársele dentro del plazo de cinco días
posteriores a su celebración. En los demás casos se garantizará la
participación de la parte contraria. El tribunal dispondrá lo necesario para el
efectivo cumplimiento de lo que ordene, en cualquier día y hora, aun con
auxilio de la Fuerza Pública.

La prueba anticipada practicada se incorporará al proceso, cuando este
se haya establecido.

CAPÍTULO II

AUDIENCIAS ORALES

ARTÍCULO 50.- Audiencias orales

50.1 Concentración de actividad. Las audiencias podrán verificarse en una o
varias sesiones separadas por recesos e incluso continuarse el día siguiente
como una misma unidad procesal.

50.2 Asistencia y efectos de la incomparecencia

1. Deber de asistencia. Las partes deberán comparecer a las audiencias
personalmente o representadas por abogados con facultades para conciliar.

2. Inasistencia a la audiencia preliminar. Si quien figura como
demandante no comparece a la audiencia preliminar, se tendrá por desistida la
demanda o la reconvención y se le condenará al pago de las costas y los daños y
perjuicios causados. No obstante, podrá continuarse el proceso, si alguna de
las partes presentes alega interés legítimo o cuando la naturaleza de lo
debatido exija la continuación, siempre que no exista impedimento cuya
superación dependa exclusivamente de la parte demandante.

Si el inasistente fuera el demandado se dictará sentencia de inmediato,
salvo que sea necesario practicar la prueba ofrecida por el actor, por tratarse
de hechos no susceptibles de ser probados por confesión o que las pretensiones
se refieran a cuestiones de orden público o derechos indisponibles.

Si a la audiencia preliminar no asiste ninguna de las partes, se tendrá
por desistido el proceso sin condenatoria alguna.

3. Inasistencia a la audiencia de prueba. Si a la audiencia de
prueba no comparece una de las partes, se practicará la prueba de la que
asista. No se practicará la prueba ofrecida por la parte que no se presente,
salvo que la parte contraria manifieste interés en ella o el tribunal la
considere indispensable. Si no comparece ninguna de las partes, se dictará
sentencia inmediatamente, si fuera posible, de acuerdo con lo que consta en el
expediente.

4. Inasistencia a la audiencia en los procesos de audiencia única. En los procesos de
audiencia única, si quien no comparece es demandante, se tendrá por
desistida la demanda o la reconvención y se le condenará al pago de las
costas y los daños y perjuicios causados. No obstante, podrá continuarse
el proceso, si alguna de las partes presentes alega interés legítimo o
cuando la naturaleza de lo debatido exija la continuación, siempre que
no exista impedimento cuya superación dependa, exclusivamente, de la
parte demandante. Si el proceso continúa, se practicará la prueba y se
dictará la sentencia.

Si el inasistente fuera el demandado, el tribunal dictará sentencia de
inmediato, salvo que sea necesario practicar la prueba ofrecida por el actor,
por tratarse de hechos no susceptibles de ser probados por confesión o que las
pretensiones se refieran a cuestiones de orden público o derechos
indisponibles.

Si a la audiencia única no comparece ninguna de las partes, se tendrá
por desistido el proceso, sin condenatoria alguna.

5. Inasistencia del juez o miembro del tribunal. Si por inasistencia
del juez o algún miembro del tribunal no pudiera celebrarse una audiencia, de
inmediato se fijará hora y fecha para su celebración, dentro de los diez días
siguientes.

50.3 Posposición y suspensión de las audiencias. La posposición y
suspensión de audiencias solo se admitirá por caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente comprobados.

Iniciado el acto podrá suspenderse en casos muy calificados, cuando sea
necesario para la buena marcha del proceso, para deliberar sobre aspectos
complejos o a petición de parte, para instar un acuerdo conciliatorio. La
suspensión deberá ser breve y al decretarla se hará el señalamiento de hora y
fecha, dentro del plazo máximo de diez días, para la reanudación.

Cuando la suspensión de la audiencia supere los cinco días y se afecte
el principio de inmediación no podrá reanudarse y será necesario citar una
nueva, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda.

Las audiencias no se pospondrán ni suspenderán por la ausencia de los
abogados. La superposición de audiencias a la que deban asistir las partes o
sus abogados no es causa de justificación; no obstante, si esa circunstancia se
hace ver dentro de los tres días siguientes a la notificación del señalamiento
para audiencia, se reprogramará aquella que se haya señalado de último.

50.4 Dirección de la audiencia. El tribunal dirigirá las audiencias según los
poderes y deberes que le confiere la ley. Verificará y consignará al inicio de
cada audiencia la hora, la fecha, la naturaleza de la audiencia, la
identificación de las partes, los testigos y demás auxiliares que comparezcan a
ella.

Explicará a las partes sobre los fines y las actividades de la
audiencia. Hará las advertencias legales que correspondan; evitará la
formulación de preguntas impertinentes, la lectura innecesaria de textos y
documentos; moderará el debate evitando divagaciones impertinentes sin coartar
el derecho de defensa; retirará el uso de la palabra o le ordenará el abandono
del recinto a quien no siga sus instrucciones; mantendrá el orden y velará por
que se guarde el respeto y la consideración debidos, usando para ello las
potestades de corrección y disciplina que le confiere la ley.

Cuando a una parte la asista más de un abogado, solo podrá intervenir
uno por declarante. En las demás actividades que no tenga que ver con
declaraciones, entre ellos decidirán a cual corresponderá actuar.

50.5 Documentación de las audiencias

1. Documentación mediante soportes aptos para la grabación de imagen y
sonido. Las actuaciones orales en las audiencias se registrarán en
soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y, si fuera
posible, también de la imagen.

Las partes podrán solicitar en todo caso, a su costa, una copia de los
soportes en que hubiera quedado grabada la audiencia.

2. Documentación mediante acta. Si los medios de registro referidos no
pudieran utilizarse por cualquier causa, se documentará mediante acta. Las
actas serán lacónicas, salvo disposición legal en contrario. Cuando se trate de
documentar la práctica de la prueba, las actas serán necesariamente
exhaustivas. En casos excepcionales, cuando sea necesario levantar acta, a
criterio del tribunal, se podrá ordenar la transcripción literal de la
audiencia.

El acta deberá contener, según las actividades que se desarrollen en
ella:

a) El lugar, la fecha, la hora de inicio, la naturaleza y la finalización
de la audiencia, con la indicación de las suspensiones y las reanudaciones.

b) El nombre de los jueces, las partes presentes, los defensores y los
representantes.

c) Indicación del nombre de los testigos, peritos y demás auxiliares que
vayan declarando, la referencia de la prueba trasladada y de los otros
elementos probatorios reproducidos.

d) Las resoluciones que se dicten, las impugnaciones planteadas y lo
resuelto sobre ellas, consignando de forma lacónica los fundamentos de la
decisión.

e) Los nuevos señalamientos para la continuación de la audiencia.

f) Una síntesis de las principales conclusiones de las partes.

g) La mención del pronunciamiento de la sentencia.

h) Cualquier otro dato que el tribunal considere pertinente.

i) La identificación de los jueces que participaron en la audiencia.

El medio de respaldo utilizado para el registro de la audiencia quedará
en el tribunal como anexo al expediente.

50.6 Deliberación. La deliberación para resolver será siempre secreta
y el tribunal, cuando lo estime necesario, analizará si se retira de la sala de
audiencia. Tratándose de sentencias, el plazo para deliberar no deberá exceder
de dos días, salvo en procesos complejos en los cuales se extenderá a cinco.
Terminada la redacción se comunicará lo resuelto.

Cuando se trate de la sentencia deberá constituirse en la audiencia al
menos un juez del tribunal.

CAPÍTULO III

FORMAS EXTRAORDINARIAS DE

CONCLUSIÓN DEL PROCESO

ARTÍCULO 51.- Conciliación

51.1 Conciliación extrajudicial. La conciliación puede realizarse de forma
extrajudicial, antes o durante el proceso, según lo que al efecto dispone este
Código y las leyes especiales.

La ejecución del acuerdo homologado se hará por el procedimiento
establecido para ejecutar sentencias.

51.2 Conciliación judicial. La conciliación judicial es procedente antes
de iniciar el proceso o en cualquier estado del procedimiento. Las partes
podrán contar con la asesoría de su abogado.

Si las partes lo acuerdan podrán hacerlo ante el conciliador judicial
del tribunal, un centro de conciliación judicial con especialidad en la
materia, extrajudicialmente y, en caso de que ello no sea posible, ante un juez
del tribunal que conoce del proceso.

Tratándose de tribunales unipersonales la realizará el juez
correspondiente y en los colegiados uno solo de los integrantes. Cuando se
realice ante un conciliador judicial, este asumirá su función en la misma
audiencia sustituyendo a quien la dirige, para esa única actividad.

Las manifestaciones que se formulen en la audiencia no podrán
interpretarse como aceptación de las proposiciones efectuadas y no podrán
constituir motivo de recusación.

En el acta no se incluirán manifestaciones hechas por las partes con
motivo de la conciliación.

El acuerdo conciliatorio deberá ser revisado y en su caso homologado por
el juez que conoció de la conciliación o uno del tribunal que debiera conocer
del proceso una vez terminada dicha actividad.

El tribunal tiene el deber de instar acuerdos conciliatorios en las
etapas procesales establecidas por la ley. También lo hará cuando las
circunstancias favorezcan el arreglo o así lo soliciten las partes de mutuo
acuerdo. En este último caso, podrán solicitar la suspensión del procedimiento
por un plazo razonable que no debe exceder de tres meses, prorrogable por un
período igual a conveniencia de las partes.

51.3 Homologación, efectos y ejecución del acuerdo conciliatorio. El acuerdo
conciliatorio debe ser examinado por el tribunal para determinar si está
a derecho y no quebranta normas de orden público o alcanza derechos
indisponibles o irrenunciables. Debidamente homologado dará por
terminado el proceso si comprendiera todas las pretensiones. Si fuera
parcial, el procedimiento continuará respecto de lo que no haya sido
solucionado, salvo convenio expreso de las partes.

Dicho acuerdo producirá efectos de cosa juzgada material, excepto cuando
la ley disponga lo contrario por la naturaleza de la controversia. Cuando no
comprenda todos los aspectos de la pretensión, producirá parcialmente los
efectos de la cosa juzgada.

El acuerdo podrá ejecutarse judicialmente en el mismo proceso.

ARTÍCULO 52.- Transacción

52.1 Oportunidad y forma. Las partes, en cualquier estado del
procedimiento, podrán hacer valer la transacción sobre el derecho en litigio,
aportando el documento privado o público en el que conste lo convenido.
También, se podrá suscribir mediante acta ante el tribunal, que hará las
objeciones pertinentes de ser necesario.

52.2 Homologación, efectos y límite. El tribunal analizará la transacción para
determinar si concurren los requisitos legales para su validez y de no existir
objeciones la homologará. Si contiene defectos subsanables, previo a resolver
lo que corresponda, prevendrá su corrección.

Salvo disposición legal en contrario, la transacción homologada produce
cosa juzgada material. Si comprende todas las pretensiones debatidas tendrá
como consecuencia la terminación del proceso.

ARTÍCULO 53.- Renuncia del derecho

En cualquier estado del proceso se podrá renunciar al derecho
pretendido, sin que sea necesaria la conformidad de la parte contraria. Cuando
sea procedente, se dará por terminado el proceso, salvo que fuera parcial, en cuyo
caso continuará el procedimiento en relación con lo no renunciado. El
renunciante será condenado al pago de las costas y los daños y perjuicios
ocasionados a la parte contraria y no podrá promover nuevo proceso por la misma
causa u objeto. La renuncia a los derechos de la demanda no afecta la
contrademanda o la intervención excluyente.

ARTÍCULO 54.- Satisfacción extraprocesal

54.1 Procedencia. Se produce satisfacción extraprocesal cuando el
demandado o contrademandado satisface total o parcialmente, fuera de proceso,
la pretensión formulada por el demandante. Cualquiera de las partes podrá
ponerlo a conocimiento del tribunal.

54.2 Declaratoria y efectos. Cuando se compruebe que la pretensión ha sido
satisfecha, total o parcialmente, el tribunal así lo declarará. En el primer
caso darán por concluido el proceso y, si fuera parcial, este continuará por lo
no satisfecho.

Si la satisfacción extraprocesal es consecuencia de la voluntad
unilateral del demandado, se le podrá condenar al pago de costas, intereses,
daños o perjuicios, tomando en cuenta la naturaleza y el estado del proceso,
los derechos satisfechos y la estimación de la demanda. Se podrá eximir del
pago de costas, daños y perjuicios, de acuerdo con las circunstancias.

ARTÍCULO 55.- Imposibilidad sobrevenida del proceso

Cuando de oficio o a petición de parte, el tribunal concluya que existe
imposibilidad del litigio, por desaparición de una de las partes cuando no
surja el fenómeno de la sucesión, por desaparición del objeto cuando no sea
posible su sustitución, por desaparición de la causa o por imposibilidad del
efecto jurídico que se trata de constituir, dará por terminado el proceso
mediante resolución razonada. En tal caso, cada una de las partes soportará los
propios gastos del proceso fenecido.

ARTÍCULO 56.- Desistimiento

56.1 Procedencia y oportunidad. Es procedente el desistimiento antes de
sentencia definitiva. Podrá referirse a todas o a parte de las pretensiones, a
alguna de las partes o a la oposición. El desistimiento parcial subjetivo es improcedente,
si existe litisconsorcio necesario.

En el proceso ordinario, si se pide después de la contestación, es
indispensable la aceptación de la parte contraria. Si fuera unilateral se
conferirá audiencia a la otra parte por cinco días, para que manifieste si está
de acuerdo con la solicitud, bajo apercibimiento de tenerlo por aceptado si
guardara silencio. En los demás procesos no es indispensable la aceptación.

56.2 Efectos del desistimiento. Admitido el desistimiento se dará por
terminado el proceso, total o parcialmente. Desistida la demanda subsistirá la
contrademanda y viceversa, salvo manifestación expresa de la parte contraria
desistiendo también de su acción. Cuando el demandado desista de su oposición,
se darán los efectos del allanamiento. Quien desiste será condenado al pago de
las costas, así como a los daños y perjuicios ocasionados a la contraria, salvo
que al demandado no se le haya notificado, se encuentre en rebeldía o exista
desistimiento mutuo. Cuando el desistimiento sea parcial o referido a un acto
del procedimiento, la condena será proporcional. Las cosas quedarán en el mismo
estado en que estaban antes de establecerse la demanda.

ARTÍCULO 57.- Caducidad del proceso

57.1 Procedencia

Mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia caducará la
demanda o la contrademanda cuando no se hubiera instado su curso durante más de
seis meses. El plazo se contará a partir de la última actividad dirigida a la
efectiva prosecución. No interrumpen el plazo las actuaciones que no tengan ese
efecto. Será declarada de oficio, a solicitud de parte o a petición de
cualquier interesado legitimado.

No procede la caducidad:

1. Si la paralización fuera imputable exclusivamente al tribunal, a fuerza
mayor o cualquier otra causa independiente de la voluntad de las partes.

2. Cuando cualquiera de las partes o intervinientes impulsen el
procedimiento, antes de la declaratoria de oficio o de la solicitud.

3. En procesos universales y no contenciosos.

4. En procesos monitorios y de ejecución, cuando no haya embargo efectivo.

57.2 Efectos de la declaratoria de caducidad

Declarada la caducidad de la demanda y la contrademanda se extingue el
proceso y cualquier derecho adquirido con la interposición o notificación de la
demanda y reconvención, pero no impide a las partes formular nuevamente las
pretensiones. Sin embargo, si la inercia es imputable exclusivamente a una de
las partes, la contraria podrá solicitar que se continúe con su pretensión. En
ese caso, los efectos de la caducidad se producirán únicamente respecto de la
parte responsable de la inercia, a quien se condenará al pago de las costas
causadas.

CAPÍTULO IV

RESOLUCIONES JUDICIALES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

SECCIÓN I

RESOLUCIONES JUDICIALES

ARTÍCULO 58.- Denominación y plazos

58.1 Denominación

Las resoluciones judiciales serán orales o escritas y se denominarán
providencias, autos y sentencias. Son providencias las de simple trámite;
autos, las que contienen juicio valorativo y, sentencias, las que deciden las
cuestiones debatidas

58.2 Plazo para dictar providencias y autos

Las providencias y los autos en audiencia se dictarán de forma
inmediata, salvo que la complejidad de lo planteado requiera un estudio
especial o deliberación, caso en el cual se podrá decretar un breve receso. Las
providencias y los autos escritos deberán ser dictados en el plazo de cinco
días, sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales.

58.3 Adición, aclaración y corrección de autos

En cuanto a los autos que se dicten oralmente, su adición,
aclaración o corrección se gestionará y se hará en la misma audiencia. Respecto
de los autos escritos podrán ser aclarados de oficio, antes de que se notifique
la resolución o a instancia de parte realizada dentro del plazo de tres días.
Dentro de las veinticuatro horas, el tribunal resolverá lo que corresponda. Si
se omitiera resolver acerca de una petición concreta, se podrá pedir
verbalmente al tribunal que, de oficio, subsane la omisión. Los tribunales
podrán corregir en cualquier tiempo los errores puramente materiales.

ARTÍCULO 59.- Resoluciones en tribunales unipersonales

En los tribunales unipersonales, cuando después de una audiencia se
imposibilitara el juez que hubiera asistido a ella y no pudiera dictar la
resolución, se celebrará nueva audiencia por el juez que sustituya al impedido.

ARTÍCULO 60.- Resoluciones en tribunales colegiados

60.1 Competencia e imposibilidad para
resolver

En los asuntos que se deban resolver después de una audiencia, la
deliberación, votación, redacción y validación de la resolución corresponderá a
los integrantes que hayan asistido a esta, aunque después hubieran dejado de
ejercer sus funciones en el tribunal por traslado, ascenso, vencimiento del
nombramiento, jubilación o renuncia. Estarán imposibilitados de participar
quienes sean suspendidos o hayan dejado su cargo por otros motivos.

Si después de la audiencia se imposibilitara alguno de los miembros, de
tal manera que no pueda asistir a la discusión y votación, los restantes
tomarán las medidas pertinentes para realizar la deliberación, incluso, trasladándose
al lugar donde se encuentre el integrante imposibilitado o utilizando medios
tecnológicos que permitan la decisión. Si no fuera factible integrar al
imposibilitado, se decidirá el asunto por los demás que hubieran asistido a la
audiencia, si pueden formar mayoría; caso contrario, se procederá conforme a lo
dispuesto para la discordia.

60.2 Deliberación, votación y redacción de las resoluciones

En los tribunales colegiados la discusión y votación de las resoluciones
serán secretas y dirigidas por quien preside. El informante someterá a la
deliberación del tribunal las cuestiones de hecho y de derecho. Previa
discusión, se procederá a la votación, la que no podrá interrumpirse sino por
algún impedimento insuperable. Para que haya resolución es necesario el voto
conforme de la mayoría de todos los miembros, sobre cada uno de los puntos
objeto de pronunciamiento. Cuando la resolución tenga varios extremos que
dependan unos de otros, el haber votado negativamente en los primeros, sobre
los cuales haya habido mayoría, no será motivo que autorice al integrante que
así hubiera votado para dejar de concurrir con su opinión y voto a la
resolución de los demás.

Corresponde al informante la elaboración de la resolución. Cuando no se
conformara con el voto de la mayoría, se asignará a otro de los integrantes.
Quienes hubieran disentido de la mayoría salvarán su voto de manera razonada,
lo cual deberán hacer dentro del plazo para la elaboración. Si el voto
disidente no se elabora en el plazo señalado, se tendrá por no puesto de pleno
derecho, sin que se afecte lo resuelto.

60.3 Discordia

Si no se pudiera alcanzar mayoría en algún punto sometido a votación, se
elaborará y suscribirá la decisión sobre la que se obtuvo mayoría, la que se
mantendrá reservada y se agregará a lo que luego se resuelva sobre los puntos
discordes. Para resolver la discordia, se integrará con los jueces necesarios
para conformar un tribunal impar. El integrante o los nuevos integrantes
formarán su criterio con sustento en el soporte de la audiencia. Solo cuando se
afecte el principio de inmediación se celebrará una nueva audiencia, dentro de
los diez días siguientes, que se limitará a los puntos sobre los que exista
discordia y los que dependan de estos. Si no se obtuviera mayoría y existiera voto
único, este deberá adherirse forzosamente a cualquiera de los otros votos, a
fin de formar mayoría.

ARTÍCULO 61.- Disposiciones especiales sobre la sentencia

61.1 Emisión de la sentencia. Concluida la audiencia de prueba, en
cualquier tipo de proceso, se procederá al dictado de la sentencia. De ser
posible se emitirá oralmente en ese acto. Para tal efecto, el tribunal podrá
ordenar un receso. La sentencia dictada oralmente se deberá digitar y se
entregará a las partes una reproducción en el acto de la notificación.

Cuando no sea posible emitirla en el acto oralmente, se dictará por
escrito dentro de los cinco días siguientes.

En procesos muy complejos lo que se informará a las partes se dictará
por escrito, dentro del plazo de quince días.

61.2 Contenido de la sentencia. Las sentencias deben resolver todos y cada
uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo
pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras
cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no
exige iniciativa de parte.

Además de los requisitos propios de toda resolución judicial, las
sentencias tendrán un encabezamiento, una parte considerativa y otra
dispositiva.

El encabezamiento contendrá la clase de proceso, el nombre de las
partes, sus representantes y sus abogados.

En la parte considerativa se incluirá:

1. Una síntesis de las alegaciones y pretensiones y mención de las
excepciones opuestas.

2. La enunciación, clara, precisa y ordenada cronológicamente de los hechos
probados y no probados de importancia para la decisión, con referencia concreta
a los medios de prueba en que se apoya la conclusión y de los criterios de
apreciación de esos elementos.

3. Un análisis de las cuestiones debatidas por las partes, de las
excepciones opuestas y lo relativo a costas, con la debida fundamentación
jurídica, con las citas estrictamente indispensables de legislación,
jurisprudencia y doctrina que se consideren aplicables.

4. La parte dispositiva se iniciará emitiendo pronunciamiento sobre los
incidentes que no pudieron ser resueltos con anterioridad y sobre las
excepciones opuestas. Seguidamente, se consignará el fallo en términos
imperativos y concretos, con indicación expresa y separada de los extremos que
se declaran procedentes o deniegan.

Finalmente, se dispondrá lo que corresponda sobre la repercusión
económica de la actividad procesal.

Las sentencias de segunda instancia y casación incluirán un breve
resumen de los aspectos debatidos en la resolución impugnada y de los alegatos
de los recurrentes.

ARTÍCULO 62.- Sentencias de condena

62.1 Condenas sobre extremos económicos determinables en dinero

En todo pronunciamiento de condena sobre extremos económicos
determinables en dinero deberá establecerse de una vez el monto exacto de las
cantidades otorgadas, sus adecuaciones hasta la sentencia, incluidos los
intereses y las costas.

Si se hubiera demostrado la existencia de dichos extremos pero no su
cuantía o extensión, se podrá condenar en abstracto indicando las bases sobre
las cuales se ha de hacer la fijación.

62.2 Condenas periódicas. Cuando se impongan condenas a pagar
periódicamente sumas de dinero, se establecerán los parámetros para su
determinación, adecuación futura y pago. Asimismo, a solicitud de parte podrá
realizarse su conmutación.

62.3 Cantidad por liquidar y rendición de cuentas. Cuando se condene a
pagar una cantidad por liquidar, procedente de frutos, rentas, utilidades o
productos de cualquier clase, así como en la rendición de cuentas, el tribunal
otorgará, en la sentencia, un plazo de diez días al obligado para presentar la
liquidación o rendición de las cuentas, con arreglo a las bases que establezca.
Dicha liquidación se formulará acompañando u ofreciendo la prueba que la
sustente, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo en ese plazo quedará
autorizado el acreedor de pleno derecho, sin necesidad de ulterior resolución,
a formular la liquidación o cuenta respectiva.

62.4 Condena de dar. Si en la sentencia se dispone la entrega de un bien
se prevendrá al vencido su cumplimiento en el plazo que conferirá el tribunal,
de acuerdo con las circunstancias, transcurrido el cual se ordenará la puesta
en posesión.

Cuando en la sentencia se condene a la entrega de cantidad determinada
de frutos en especie o de efectos de comercio, se le advertirá al deudor que si
no cumple en el plazo fijado se convertirán a dinero y se procederá a hacer
efectiva la suma resultante.

62.5 Condena de hacer. Si la sentencia obligara a hacer, el tribunal
conferirá al vencido un plazo, de acuerdo con las circunstancias, para que
cumpla y le advertirá que si no lo hiciera en el plazo dado quedará autorizado
el victorioso, de pleno derecho, sin necesidad de ulterior resolución, para
realizarlo por cuenta del vencido, quien deberá pagar, además, los daños y perjuicios
ocasionados con su negativa.

62.6 Otorgamiento de escritura. En la sentencia que condene a otorgar
escritura se concederá al vencido, de acuerdo con las circunstancias, un plazo
para su cumplimiento, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo en ese
plazo, el tribunal procederá a su otorgamiento en nombre del obligado.

62.7 Sentencia sobre extremos de ejecución imposible. Si al dictar
sentencia constara que, a pesar de la procedencia de lo pedido la ejecución
resulta imposible, el tribunal podrá disponer que el obligado indemnice a la
parte vencedora los daños y perjuicios causados.

ARTÍCULO 63.- Invariabilidad, adición, aclaración y corrección de
errores materiales

Los tribunales no podrán revocar ni modificar sus sentencias pero sí
aclarar cualquier pronunciamiento oscuro o contradictorio, o suplir cualquier omisión
sobre algún punto discutido. Estas aclaraciones o adiciones solo procederán
respecto de la parte dispositiva.

Si la sentencia se dicta oralmente, las partes podrán formularla en el
acto y se resolverá de inmediato. También, podrán solicitarla dentro de los
tres días siguientes. Si la sentencia se emite por escrito, el tribunal podrá
hacerlo de oficio antes de la notificación. Las partes pueden solicitarlo
dentro del tercer día y se deberá resolver en el plazo de tres días. La
solicitud de adición o aclaración interrumpe el plazo para la interposición de
recursos.

Los tribunales podrán corregir en cualquier tiempo los errores puramente
materiales, aun en etapa de ejecución.

ARTÍCULO 64.- Cosa juzgada

Para que se produzca cosa juzgada es necesaria la identidad de sujetos,
objeto y causa, la cual puede ser declarada de oficio. Sus efectos se limitan a
lo dispositivo. Producen cosa juzgada material las sentencias firmes dictadas
en procesos ordinarios y las resoluciones expresamente indicadas por la ley, lo
cual hace indiscutible, en otro proceso, la existencia o no de la relación
jurídica juzgada. Las sentencias dictadas en los demás procesos tendrán efecto
de cosa juzgada formal y la presentación de un proceso ordinario no impedirá su
ejecución.

SECCIÓN II

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

ARTÍCULO 65.- Disposiciones generales

65.1 Taxatividad de los medios de impugnación.
Las
resoluciones judiciales solo se podrán impugnar por los medios y en los casos
expresamente establecidos. Son medios de impugnación la revocatoria, la
apelación, la casación y la revisión.

65.2 Legitimación para impugnar. Solo podrán impugnar quienes sean
perjudicados por las resoluciones, según los términos y las condiciones
dispuestos por la ley.

65.3 Renuncia al derecho de impugnar. Quien tenga legitimación para impugnar podrá
renunciar a su derecho en el acto de la notificación o en el plazo para
recurrir. Si la renuncia se hiciera en una audiencia oral, el tribunal tendrá
por firme la resolución de forma inmediata, cuando procediera.

65.4 Efectos de la impugnación sobre los plazos. La interposición de
los recursos no interrumpirá ni suspenderá los plazos concedidos por la
resolución impugnada, para la realización o el cumplimiento de los actos
procesales.

65.5 Motivación de la impugnación. La impugnación deberá contener, bajo pena de
inadmisibilidad, las razones claras y precisas que ameritan la modificación o
nulidad de lo resuelto y el ofrecimiento de las pruebas. Se expresarán primero
los motivos de orden procesal y posteriormente los de fondo.

65.6 Prohibición de reforma en perjuicio. La impugnación se
considerará solo en lo desfavorable al recurrente. No se podrá enmendar o
revocar la resolución en lo que no sea objeto de disconformidad, salvo que la
variación, en la parte impugnada, requiera necesariamente modificar otros
puntos de la resolución apelada o si fuera necesario para corregir
incongruencias, ambigüedades, oscuridades o errores materiales.

65.7 Ejecución provisional. Las sentencias de condena impugnadas, que no
hayan adquirido firmeza, podrán ser ejecutadas provisionalmente según lo
establecido en las normas que regulan la ejecución.

65.8 Desistimiento de la impugnación. Es procedente el desistimiento de una
impugnación antes de que sea resuelta. Se solicitará ante el tribunal que dictó
la resolución impugnada o ante el superior. El tribunal ante el que se gestione
admitirá el desistimiento sin más trámite ni ulterior recurso y declarará firme
la resolución cuestionada. En ningún caso se condenará al pago de las costas
del recurso a quien desiste de este.

65.9 Providencias. Contra las providencias no cabrá recurso alguno;
sin embargo, los tribunales podrán dejarlas sin efecto o modificarlas dentro de
los tres días posteriores a su notificación, bien de oficio o en virtud de
observaciones escritas u orales de la parte interesada. Si juzgara
improcedentes las observaciones no deberá dictar resolución alguna.

ARTÍCULO 66.- Recurso de revocatoria

66.1 Procedencia, oportunidad y recursos. El recurso de
revocatoria será procedente contra los autos y deberá interponerse ante el tribunal
que lo dictó, dentro del tercer día, si el auto fuera escrito, o
inmediatamente, cuando sea dictado en audiencia.

Sin necesidad de gestión de parte, los tribunales podrán revocar sus
propios autos en la audiencia, cuando se trate de una resolución oral o dentro
de tres días, en los demás casos.

El auto que deniegue una revocatoria no tendrá recurso alguno.

66.2 Recurso de revocatoria en audiencia. Cuando el recurso de
revocatoria se interponga en audiencia, se formulará oralmente y el tribunal
resolverá inmediatamente, salvo que se trate de un aspecto complejo que merezca
discusión, en cuyo caso se oirá a la parte contraria en el mismo acto.

66.3 Revocatoria y apelación conjuntas. En los casos en que
además del recurso de revocatoria sea procedente el de apelación, la
interposición de este implicará siempre la interposición del de revocatoria de
forma concomitante, aunque no se pida expresamente. En el mismo pronunciamiento
se resolverá sobre la revocatoria y la admisión de la apelación.

ARTÍCULO 67.- Recurso de apelación

67.1 Disposiciones generales. Procederá el recurso de apelación únicamente
contra las resoluciones que expresamente se disponga y se formulará ante el
tribunal que la dictó.

Cuando se permita que se interponga en audiencia, se deberá hacer de
forma inmediata al dictado de la resolución. El plazo para apelar los autos
escritos es de tres días y el de las sentencias cinco días.

Interpuesto el recurso se emitirá pronunciamiento sobre su admisión y,
sin necesidad de resolución expresa, las partes deberán comparecer ante el
superior a hacer valer sus derechos dentro del quinto día.

Cuando estuviera pendiente algún acto procesal trascendente, el
expediente no se remitirá al superior hasta que este se cumpla. Si estuviera
ante aquel y lo necesitara el inferior para dar cumplimiento a alguna
actuación, lo pedirá y este lo enviará acto continuo. Deberá ser devuelto al
superior con la mayor brevedad posible.

67.2 Prueba en segunda instancia. La admisión de prueba en segunda instancia
tendrá carácter restrictivo y excepcional. Únicamente se podrá admitir aquella
que sea estrictamente necesaria para resolver los puntos objeto de alzada,
cuando no se haya podido ofrecer o practicar en primera instancia por causas
ajenas a la parte. El tribunal solo ordenará prueba de oficio, cuando sea
indispensable.

67.3 Apelación de autos. Solo son apelables los autos cuando:

1. Denieguen el procedimiento elegido por la parte.

2. Pongan fin al proceso por cualquier causa.

3. Decreten la suspensión o interrupción del proceso.

4. Se pronuncien sobre la solicitud de concesión, modificación, sustitución
o levantamiento de una medida cautelar o tutelar.

5. Rechacen la representación de alguna de las partes.

6. Declaren con lugar excepciones procesales.

7. Se pronuncien interlocutoriamente sobre fijación de rentas, pensiones o
garantías.

8. Resuelvan sobre acumulación o desacumulación
de procesos.

9. Decidan sobre la intervención de sucesores procesales o de terceros.

10. Resuelvan sobre el desistimiento y la transacción.

11. Decreten la nulidad de actuaciones.

12. Emitan pronunciamiento sobre el fondo de un incidente, salvo que
denieguen la nulidad.

13. Dispongan la entrega del inmueble por falta de pago de diferencias de
alquiler.

14. Se pronuncien sobre la fijación de honorarios.

15. Finalicen la apertura y comprobación de
testamentos.

16. Declaren sucesores.

17. Emitan pronunciamiento sobre exclusión o inclusión de bienes.

18. Aprueben o rechacen créditos.

19. Resuelvan sobre la remoción del albacea.

20. Resuelvan de forma definitiva sobre la rendición de cuentas.

21. Denieguen la reapertura del proceso sucesorio.

22. Se pronuncien sobre la adjudicación, transmisión o acto sucesorio
realizados en el extranjero.

23. Denieguen la ejecución provisional.

24. Aprueben o imprueben la liquidación de intereses o costas.

25. Ordenen o denieguen el embargo o su levantamiento.

26. Ordenen o denieguen la solicitud del remate.

27. Aprueben el remate.

28. Declaren la insubsistencia del remate.

29. Resuelvan sobre la liquidación del producto del remate.

30. Se pronuncien sobre el fondo de las tercerías.

31. Impongan sanciones conminatorias y disciplinarias.

32. Lo disponga expresamente la ley.

En los procesos de mayor cuantía, los autos que se dicten sobre
incidentes o aspectos que no excedan la suma prevista para menor cuantía
carecerán de recurso de apelación.

67.4 Apelación diferida. Cuando la apelación de autos o de sentencias
anticipadas se formulara en la audiencia de pruebas no se suspenderá el
procedimiento, salvo que la resolución apelada le ponga fin al proceso. Si el
aspecto recurrido no tiene efectos suspensivos, la apelación se tendrá como
interpuesta de forma diferida y condicionada a que la parte impugne la sentencia,
reitere la apelación y que el punto tenga trascendencia en la resolución final,
en cuyo caso será resuelto al conocer de la sentencia. Si la parte que
interpuso el recurso no figura como apelante de la sentencia por haber
resultado victoriosa y con motivo de la procedencia del recurso de cualquier
otro litigante la objeción recobra interés, la apelación diferida deberá ser
considerada.

Si la sentencia lo que admite es el recurso de casación no es procedente
la apelación diferida; sin embargo, la parte podrá hacer valer la inconformidad
al recurrir contra ella, si lo alegado constituye motivo de casación.

67.5 Apelación de sentencias y efectos. Las sentencias,
salvo las dictadas en procesos ordinarios de mayor cuantía, tendrán recurso de
apelación. Las que se dicten en ejecución de sentencia únicamente tendrán ese
recurso. Su admisión no produce efectos suspensivos; el tribunal mantiene su
competencia para seguir conociendo de todas las cuestiones que se tramiten en
pieza separada, medidas cautelares, tutelares y ejecución provisional.

67.6 Procedimiento en segunda instancia. Recibido el
expediente, en primer término el tribunal revisará la procedencia formal del
recurso, el procedimiento y las cuestiones de nulidad propuestas. En todos los
casos dispondrá las correcciones que sean necesarias, conservando todas las
actuaciones no afectadas por el vicio o que sea posible subsanar.

67.7 Audiencia en segunda instancia y resolución. Si se admite prueba
o alguna de las partes lo solicita y el tribunal lo estima pertinente, se
fijará una audiencia oral dentro de los quince días siguientes. En la audiencia
se practicará la prueba que se admita y harán uso de la palabra los apelantes y
posteriormente las demás partes. Los tribunales podrán interrogar a las partes
sobre las cuestiones planteadas. Concluida la audiencia, se dictará la
resolución final.

Contra lo resuelto por el tribunal no cabrá recurso alguno.

ARTÍCULO 68.- Apelación por inadmisión

68.1 Procedencia y plazo. Procederá el recurso de apelación por
inadmisión contra la resolución que deniegue un recurso de apelación.

Deberá presentarse en el acto si se le denegó en audiencia o, dentro del
tercer día, si se trata de una resolución escrita.

68.2 Requisitos y procedimiento. La gestión deberá realizarse ante el mismo
tribunal que denegó el recurso y expresará con claridad las razones por las
cuales se estima ilegal la denegatoria.

Cuando la apelación por inadmisión se refiera a la denegatoria de una
apelación que debió admitirse con efecto diferido, el tribunal de primera
instancia se limitará a permitir la interposición del recurso de apelación por
inadmisión, el que quedará reservado para que sea resuelto y tomado en
consideración en el momento en que el superior se pronuncie sobre el recurso
interpuesto contra la sentencia definitiva, siempre que subsista el interés del
apelante por inadmisión.

Cuando se refiere a la denegatoria de una apelación que debió admitirse
en efecto no diferido, alegada la apelación por inadmisión, el tribunal de
primera instancia remitirá el expediente al superior de forma inmediata.

68.3 Efectos de la interposición y resolución. La interposición del
recurso de apelación por inadmisión no suspende el curso normal del
procedimiento, salvo que el tribunal disponga expresamente lo contrario.

Si la apelación fuera improcedente, el superior confirmará el auto
denegatorio. Si la declara procedente, revocará el auto denegatorio y admitirá
la apelación. Sin necesidad de resolución expresa, las partes deberán
comparecer ante el superior a hacer valer sus derechos dentro del quinto día.

ARTÍCULO 69.- Recurso de casación

69.1 Resoluciones contra las que procede. El recurso de
casación podrá interponerse contra sentencias dictadas en procesos ordinarios
de mayor cuantía o inestimables y en los supuestos que la ley señale
expresamente. La modificación del monto fijado para establecer la mayor
cuantía, luego de iniciado un proceso, no impedirá el acceso al recurso.

69.2 Causales. El recurso de casación podrá fundarse en razones procesales y de
fondo.

Procederá por motivos de orden procesal cuando se funde en lo siguiente:

1. Infracción o errónea aplicación de normas procesales que sean esenciales
para la garantía del debido proceso, siempre que la actividad defectuosa no se
haya subsanado conforme a la ley.

2. Vulneración del principio de inmediación por ausencia de jueces en la
audiencia de prueba, conclusiones o deliberación.

3. Haberse dictado la sentencia por un número menor de los jueces exigidos
por ley.

4. Ausencia o contradicción grave en la fundamentación.

5. Haberse fundado en medios probatorios ilegítimos o introducidos
ilegalmente al proceso.

6. Incongruencia.

No será motivo para recurrir la falta de pronunciamiento sobre costas,
incidentes sin influencia directa en el fondo del asunto, o cuando no se
hubiera pedido adición del fallo para llenar la omisión.

Solamente podrá alegar una causal de casación, por razones procesales,
la parte a quien hubiera perjudicado la inobservancia de la ley procesal.
Además, es indispensable, cuando el procedimiento lo permita, haber gestionado
la rectificación del vicio y haber agotado todos los recursos procedentes
contra lo resuelto.

Procederá el recurso de casación por razones de fondo, cuando se funde
en:

a) Violación de las normas sustantivas aplicables al caso concreto. Esta
causal comprende la infracción a las normas legales sobre valoración de la
prueba y error en la interpretación de la prueba.

b) Quebranto de la cosa juzgada, siempre que se haya alegado oportunamente
esa excepción.

69.3 Forma y plazo. El recurso se interpondrá, ante el tribunal que
dictó la resolución recurrida, en el plazo de quince días.

69.4 Requisitos

El recurso deberá indicar:

1. La naturaleza del proceso, las partes y la hora y fecha de la resolución
impugnada.

2. La mención de las normas de derecho infringidas o erróneamente
aplicadas.

3. La expresión de los motivos concretos constitutivos del fundamento de la
casación, expuestos de forma ordenada, clara y concisa.

69.5 Rechazo de plano. El recurso de casación será rechazado de plano
cuando:

1. No sea posible identificar el proceso.

2. Sea presentado de forma extemporánea.

3. La resolución impugnada no admita este tipo de recurso.

4. No se expresen con claridad y precisión las infracciones acusadas.

5. Se omita fundamentarlo jurídicamente.

6. Tratándose de una nulidad procesal no sea de las previstas como causal,
no sea reclamada ante el tribunal correspondiente, o no se haya interpuesto
recurso contra lo resuelto al invocarla.

7. Se refiera a cuestiones no alegadas oportunamente, ni debatidas en el
proceso, salvo que se involucren normas imperativas o de orden público.

69.6 Efectos del recurso de casación. La admisión del recurso no produce efectos
suspensivos. El tribunal mantiene su competencia para seguir conociendo de
todas las cuestiones que se tramiten en pieza separada, medidas cautelares,
tutelares y ejecución provisional.

69.7 Procedimiento del recurso de casación

1. Emplazamiento. Presentado el recurso, el tribunal remitirá el
expediente y le conferirá un plazo de cinco días a la parte contraria para que
acuda ante el superior a hacer valer sus derechos.

2. Admisión y señalamiento para la audiencia. Recibido el
expediente, la sala de casación resolverá sobre la admisión del recurso. Si lo
admitiera de oficio o a solicitud de partes, y siempre que la sala lo estime
pertinente, convocará a la audiencia oral.

3. Prueba en casación. La admisión de prueba en casación tendrá carácter
restrictivo y excepcional. Únicamente se podrá admitir aquella que sea
estrictamente necesaria para resolver los puntos objeto de impugnación, cuando
no se haya podido ofrecer o practicar en primera instancia por causas ajenas a
la parte. La sala solo ordenará prueba de oficio cuando sea indispensable.

4. Audiencia oral. La audiencia oral será presidida por el integrante
relator. Cuando el señalamiento para audiencia se haga a petición de parte, la
ausencia injustificada de la parte recurrente que la pidió implicará el
desistimiento de su recurso. La audiencia se iniciará con la identificación del
proceso, la mención de las partes intervinientes y la indicación de la forma
como se va a desarrollar la audiencia. El presidente dará la palabra, en primer
lugar, a la parte recurrente y le indicará el tiempo durante el cual hará su
exposición, le requerirá que lo haga de forma ordenada en cuanto a cada uno de
los vicios acusados. No se permitirá la lectura de escritos, ni documentos,
salvo que se tratara de citas de pruebas o de textos legales o doctrinarios que
podrán ser leídos únicamente en lo conducente. Terminada la exposición de los
recurrentes, dará la palabra a la parte o las partes contrarias por el mismo
tiempo.

Cuando se considere necesario, se permitirán réplicas y contrarréplicas.
En todo caso, los integrantes podrán solicitar aclaraciones o explicaciones a
las partes. Concluida la audiencia, la sala se retirará y deliberará cuantas
veces sea necesario para resolver el recurso.

69.8 Sentencia. La sentencia deberá dictarse en el plazo de quince
días, contado a partir de la conclusión de la audiencia oral. Se examinará
primero la impugnación relativa a vicios procesales y, en caso de no ser
procedentes, se analizarán los motivos de fondo.

Si la sentencia es casada por vicios de carácter procesal, se ordenará
el reenvío al tribunal, que repondrá los vicios y lo fallará de nuevo,
repitiendo la práctica de prueba, si fuera necesario. Cuando se pueda subsanar
el vicio, sin infringir el principio de inmediación, tratándose de
incongruencia o falta de motivación se dictará sentencia sobre el fondo, sin
necesidad de reenvío.

Si la sentencia es casada en cuanto al fondo, dictará una nueva en su
lugar. Para ello, tomará en cuenta las defensas de la parte contraria a la
recurrente, omitidas o preteridas en la sentencia impugnada, si por haber
resultado victoriosa esa parte no hubiera podido interponer el recurso de
casación.

69.9 Recursos. Contra las sentencias que dicte la sala de casación
no cabrá recurso alguno. Contra las demás resoluciones solo se dará el de
revocatoria.

ARTÍCULO 70.- Casación en interés de la ley

70.1 Procedencia. Es procedente la casación en interés de la ley, en
relación con sentencias dictadas en recursos extraordinarios, cuando las salas
de casación de la Corte Suprema de Justicia sostengan criterios discrepantes
sobre cuestiones procesales o de fondo sustancialmente iguales. Tiene como
finalidad procurar la uniformidad de la jurisprudencia.

70.2 Legitimación. Podrán gestionar en interés de la ley la
Procuraduría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, así
como las personas jurídicas y los órganos de derecho público que, por las
actividades que desarrollen y las funciones que tengan atribuidas en relación
con los criterios cuestionados, acrediten interés legítimo en la unidad
jurisprudencial.

70.3 Competencia y procedimiento. Será competente para conocer la Corte Plena.
Se regirá en todo cuanto le resulte compatible por lo dispuesto para el recurso
de casación. Los integrantes de la sala que hayan participado en los
pronunciamientos discrepantes no tendrán impedimento ni podrán ser recusados
por ello. El plazo para interponerlo es de un año, a partir de la firmeza de la
sentencia más reciente. Se presentará directamente ante la Corte Plena y se
acompañará de copia certificada o testimonio de las resoluciones donde quede de
manifiesto la discrepancia alegada. El presidente designará al relator y
convocará a audiencia oral y pública.

70.4 Sentencia. Las sentencias que se dicten respetarán las
situaciones jurídicas particulares derivadas de las resoluciones analizadas y,
cuando fuera estimatoria, fijará la doctrina jurisprudencial.

ARTÍCULO 71.- Casación en interés de la jurisprudencia

71.1 Procedencia, competencia y efectos. Es procedente la
casación en interés de la jurisprudencia, en relación con las sentencias no
impugnables por medio del recurso de casación, cuando sobre temas jurídicos
concretos se hubieran dictado fallos contradictorios por los tribunales de
justicia y exista interés público en definir la discrepancia.

Será competente para conocerlo la respectiva sala de casación, según su
competencia. Su formulación no tendrá efectos suspensivos sobre los procesos
pendientes.

71.2 Legitimación, selección de temas propuestos y procedimiento

Tendrán legitimación quienes puedan interponer la casación en interés de
la ley, así como grupos de tres o más jueces vinculados directamente con los
temas propuestos.

La sala respectiva seleccionará, según su criterio, los casos que
considere de interés para su análisis y seguirá, en cuanto sea compatible, el
procedimiento previsto para la casación en interés de la ley. Lo resuelto
contribuirá a informar el ordenamiento jurídico sin efecto vinculante. El
pronunciamiento de la sala no afectará las sentencias dictadas con
anterioridad.

ARTÍCULO 72.- Revisión

72.1 Procedencia y causales. La revisión procederá contra pronunciamientos
que tengan efecto de cosa juzgada material, siempre que concurra alguna de las
siguientes causales:

1. Se hubieran dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho o actos
fraudulentos declarados en sentencia penal.

2. Cuando medie fraude procesal, colusión u otra maniobra fraudulenta de
las partes para alcanzar el fallo.

3. Cuando alguna de las pruebas decisivas del pronunciamiento impugnado
hubiera sido declarada falsa en fallo penal firme.

4. Se obtuvieran mediante violencia, intimidación o dolo.

5. Cuando, por fuerza mayor o por actos fraudulentos de la parte contraria,
no se hubiera presentado prueba esencial o se hubiera imposibilitado la
comparecencia de la parte interesada a algún acto donde se practicó prueba
trascendente.

6. Se haya dictado la sentencia sin emplazar al
impugnante.

7. Haya existido falta o indebida representación durante todo el proceso o
al menos durante la audiencia de pruebas.

8. Que la sentencia sea contradictoria con otra anterior con autoridad de
cosa juzgada material, siempre que no se hubiera podido alegar dicha excepción.

9. Que la sentencia sea contradictoria con otra penal posterior con
autoridad de cosa juzgada material en la que se establezca si la persona a
quien se imputan los hechos que constituyen una infracción penal es o no la
autora de ellos.

10. Cuando se hubieran afectado, ilícitamente, bienes o derechos de terceros
que no tuvieron participación en el proceso.

11. En cualquier otro caso en que se hubiera producido una grave y
trascendente violación al debido proceso.

12. Cuando surjan nuevos medios probatorios científicos o tecnológicos que
permitan desvirtuar las conclusiones que se obtuvieron en la sentencia
impugnada.

Será necesario que el vicio hubiera causado perjuicio al impugnante y no
haya sido posible subsanarlo dentro del mismo proceso en que se produjo.

No es procedente la revisión, cuando se sustente en una causal ya
conocida y no invocada por el impugnante en una solicitud de revisión anterior.

72.2 Plazos. El plazo para interponer la demanda de revisión será de tres meses,
contado a partir del momento en el cual el perjudicado tuviera la posibilidad
de alegar la causal respectiva.

No procederá cuando hayan transcurrido diez años desde la firmeza de la
sentencia que motiva la revisión.

72.3 Legitimación. La demanda de revisión puede ser interpuesta por
quienes hayan sido parte, sus sucesores o causahabientes, la Procuraduría
General de la República, cuando los hechos invocados afecten el interés
público, las demás instituciones públicas para la tutela de los fines
establecidos en sus leyes, y los terceros, cuando se trate de causales
establecidas en su interés.

72.4 Competencia y forma de la solicitud. La demanda de
revisión deberá presentarse ante la sala de casación correspondiente y tendrá
los siguientes requisitos:

1. El nombre, las calidades, el lugar de notificaciones del recurrente y de
las otras partes, o de sus causahabientes.

2. La indicación de la clase de proceso donde se dictó la sentencia, la
fecha, el tribunal y la oficina en donde se encuentra el expediente.

3. La indicación expresa de la causal y los hechos concretos que la
fundamentan. Deberá invocar todos los motivos que conozca al momento de
interponerlo.

4. La proposición de prueba.

La demanda de revisión no suspenderá la ejecución de la sentencia
recurrida. Sin embargo, de acuerdo con las circunstancias y a petición del
impugnante, se podrá suspender la ejecución de la sentencia, previa fijación
por la sala del monto de una garantía, para cuya fijación se atenderá al valor
de lo discutido en el principal y los daños y perjuicios que pudieran causarse.

72.5 Procedimiento y suspensión. Si la demanda no cumple los requisitos se
prevendrá su subsanación. Si los reuniera, la sala solicitará el expediente a
la oficina donde se encuentre. Recibido, se pronunciará sobre su admisión y
sobre la garantía de suspensión, si hubiera sido solicitado. La demanda y el
expediente se unirán para los efectos de la revisión.

Admitida la demanda se emplazará a quienes hubieran litigado en el
proceso o a sus causahabientes, por el plazo de quince días. Contestada la
demanda o transcurrido el plazo para hacerlo, de oficio o a solicitud de parte,
y siempre que la sala lo estime pertinente, convocará a una audiencia oral en
la que se admitirán y practicarán las pruebas y se expondrán conclusiones. La
emisión de la sentencia se regirá por lo dispuesto para el recurso de casación.

72.6 Sentencia estimatoria. Declarada con lugar la demanda de revisión se
anulará, en todo o en parte, la sentencia impugnada, en cuanto sea procedente,
y ordenará reponer las actuaciones necesarias. A pesar de la existencia de la
causal, si esta no fuera determinante de la decisión impugnada, se podrá
mantener incólume lo resuelto.

Dictada la sentencia, se remitirá el expediente al tribunal que dictó la
resolución impugnada para que proceda conforme se disponga. Si hubiera que
reponer actuaciones, serán eficaces las pruebas recibidas y practicadas en el
tribunal que conoció de la revisión.

La nulidad declarada producirá todos sus efectos legales, salvo los
derechos adquiridos por terceros, que deban respetarse.

Si la causal invocada es que la sentencia es contradictoria con otra
anterior que produzca cosa juzgada material, la sala anulará la sentencia
impugnada y dictará la que corresponda.

Si fuera acogida se condenará al vencido al pago de las costas, daños y
perjuicios, si este hubiera tenido participación en los hechos determinantes de
la nulidad de la sentencia.

72.7 Sentencia desestimatoria y destino de la garantía por suspensión. Cuando la demanda
de revisión se declare sin lugar, se condenará al promovente al pago de
costas, daños y perjuicios. Cuando se haya rendido garantía para
suspender la ejecución del fallo impugnado, esta se le girará a quien o
quienes se haya causado perjuicio por la suspensión, como indemnización
mínima, según la proporción que determine la sala que conoció de la
impugnación.

72.8 Recursos. Contra la sentencia que resuelva la revisión no
cabrá recurso alguno. El rechazo por razones meramente formales no impedirá la
interposición de una nueva demanda de revisión.

CAPÍTULO V

REPERCUSIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD PROCESAL

ARTÍCULO 73.- Pronunciamiento sobre costas

73.1 Condenatoria en costas. En toda resolución que le ponga fin al
proceso, de oficio, se condenará al vencido al pago de costas. Se considerarán
costas los honorarios de abogado, la indemnización del tiempo invertido por la
parte en asistir a los actos del procedimiento en que fuera necesaria su
presencia y los demás gastos indispensables del proceso.

73.2 Exención. Se podrá eximir, total o parcialmente, de forma razonada, cuando:

1. La demanda o contrademanda comprenda pretensiones exageradas.

2. El fallo admita defensas de importancia invocadas por el vencido, que
modifiquen sustancialmente lo pretendido.

3. Haya vencimiento
recíproco trascendente sobre pretensiones, defensas o excepciones.

4. La parte haya ajustado su conducta a la buena fe, la lealtad, la
probidad y al uso racional del sistema procesal.

Si no hubiera condenatoria en costas, cada parte pagará las que hubiera
causado y ambas partes las que fueran comunes.

73.3 Condena en costas en casos de pluralidad subjetiva. Cuando exista
pluralidad de condenados en costas, atendidas las circunstancias, se
determinará si la condena es solidaria o divisible. En caso de condena
divisible, el juzgador deberá indicar cómo se distribuye la responsabilidad
entre los vencidos.

Cuando la condenatoria fuera a favor de varios sujetos, el monto de la
condena aprovechará a todos por partes iguales, salvo que se justifique una
distribución diferente.

ARTÍCULO 74.- Honorarios y gastos

La Corte Suprema de Justicia reglamentará lo relativo a honorarios de
ejecutores, peritos y otros auxiliares judiciales. Ningún servidor judicial
podrá percibir remuneración o retribución de las partes por el desempeño de su
función. Cuando se permita el pago de gastos de transporte, hospedaje y
alimentación, para la realización de actuaciones judiciales, el tribunal deberá
fijar un monto prudencial y prevenir su depósito a las partes interesadas antes
de su celebración, con expresa indicación de la cantidad correspondiente a cada
uno. Al tribunal le corresponde fijar, prudencialmente, las dietas y los gastos
de los testigos.

ARTÍCULO 75.- Garantías

Cuando se deba establecer el monto de una garantía, salvo disposición
expresa, el tribunal la fijará prudencialmente atendiendo a la naturaleza y
entidad de lo que se pretende asegurar. La garantía podrá consistir en dinero, cheques
certificados, certificados de inversión, hipotecas, pólizas y garantías
bancarias o de instituciones autorizadas. Para su admisión, el tribunal
determinará la idoneidad de la garantía y la solvencia del emisor. No se
admitirán garantías que tengan plazos de caducidad automática o que, por sus
condiciones o términos, hagan difícil su cobro. El tribunal dispondrá lo
necesario para que la garantía se mantenga por todo el tiempo que la vigencia
sea necesaria. Su exigibilidad no podrá ser en ningún caso mayor a un año
plazo.

Solo se admitirá garantía hipotecaria de primer grado sobre bienes
inscritos y será necesario presentar un avalúo del inmueble realizado por un
profesional idóneo y demostrar que el bien está libre de gravámenes y
anotaciones. El avalúo debe detallar la ubicación, la extensión y la naturaleza
del inmueble y una relación de todo lo que en él exista. La hipoteca deberá
otorgarse a nombre del juzgado respectivo, con vencimiento condicionado al
evento garantizado y un interés de mora igual a la tasa básica pasiva vigente
en el Sistema Bancario Nacional en el momento del otorgamiento. Si la garantía
estuviera en riesgo de perder su eficacia, el tribunal dispondrá su renovación
o sustitución, bajo apercibimiento de ejecutarlas inmediatamente o de dejar sin
efecto las medidas o beneficios garantizados.

ARTÍCULO 76.- Honorarios de abogado

76.1 Derecho a honorarios y fijación. Los honorarios de abogado pertenecen a
este, con las excepciones establecidas por ley. Cuando la parte fuera abogada y
haya actuado personalmente tendrá derecho a ellos. Salvo pacto en contrario, se
fijarán en atención al trabajo, al estado y la trascendencia económica del
proceso, con base en lo dispuesto en la Ley N.° 13, Ley Orgánica del Colegio de
Abogados y Abogadas, de 28 de octubre de 1941, y el decreto de honorarios de
abogados y notarios.

76.2 Solicitud conjunta de fijación de honorarios. El cliente y su
abogado podrán pedir al tribunal, de común acuerdo, fijar los honorarios del
segundo.

76.3 Incidentes de cobro de honorarios de abogado, de rendición de
cuentas y responsabilidad profesional. Para la fijación y el cobro de sus
honorarios, en relación con su cliente en un proceso determinado, los abogados
podrán acudir a la vía incidental. También podrán acudir a esa vía los
clientes contra su abogado para pedir rendición de cuentas o responsabilidad
profesional. Ambas incidencias deberán presentarse, bajo pena de
caducidad de la vía, dentro del año siguiente a la separación del
abogado o la terminación del proceso. Se sustanciarán en pieza separada
en el mismo proceso y no suspenderán su tramitación.

Presentado el incidente por el cliente o el abogado, el incidentado podrá hacer valer los derechos
que le confiere esta norma, por vía de reconvención. La resolución final determinará las
obligaciones correspondientes a cada una de las partes y la compensación que fuera procedente.
Tendrá efecto de cosa juzgada material y solo será impugnable mediante apelación.

76.4 Fijación contractual de honorarios de abogado. Los abogados y sus
clientes podrán fijar contractualmente el monto de los honorarios y sus
modalidades de pago respetando los límites impuestos por la ley y el decreto
respectivo. Dicha estipulación no afectará a las partes contrarias del proceso,
para efectos de fijación de costas personales.

76.5 Convenio de cuota litis. Es lícito el
convenio de cuota litis entre el abogado y su
cliente, siempre que no exceda del cincuenta por ciento (50%) de lo que, por
todo concepto, se obtenga en el proceso respectivo, porcentaje que comprenderá
hasta el proceso de ejecución de sentencia, de cualquier naturaleza que este
sea, en el caso en que el profesional supedite el cobro de sus emolumentos al
triunfo de la demanda u otro resultado favorable que las partes determinen. El
convenio deberá constar por escrito y disponer el modo cómo se han de repartir
o asumir los gastos, garantías o los resultados adversos del proceso. Será nula
cualquier estipulación que conceda mayores beneficios a favor del abogado aun
por intermedio de terceros y la cesión que se haga con la finalidad de permitir
el ejercicio ilegal de la profesión de abogado.

No podrá cobrar suma alguna el abogado que renuncia sin justa causa. Si
la separación se diera por imposibilidad legal o material, o por decisión unilateral
del cliente, antes de que el proceso concluya, el abogado o sus causahabientes
tendrán derecho a una retribución proporcional a la contribución del
profesional en la obtención del resultado favorable que, en definitiva, se
alcanzara. Dicho honorario se liquidará una vez concluido el proceso o definida
la situación jurídica de la cual dependía el honorario de éxito. Cuando se
suscriba con varios abogados se establecerán las obligaciones de cada uno, el
porcentaje estipulado se distribuirá proporcionalmente entre ellos o conforme a
lo pactado y la separación de uno de los abogados no implica terminación del
contrato, salvo disposición en contrario.

También es lícito el contrato mixto, en el que la retribución del
abogado se componga, en parte, de un honorario fijo no ligado al resultado y,
en parte, a la obtención de los resultados favorables definidos en el contrato.
Este acuerdo se regirá por el principio de libertad contractual y quedará
sujeto a los controles de equidad del derecho común.

No podrán ser embargados por deudas del cliente la parte de los
honorarios que corresponde al abogado.

El cliente no podrá transigir ni renunciar a la parte de los honorarios
que corresponde al abogado.

TÍTULO III

TUTELA CAUTELAR

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 77.- Oportunidad, legitimación y responsabilidad

En cualquier tipo de proceso, antes o durante el procedimiento, se podrá
solicitar la adopción de medidas cautelares. Salvo disposición expresa en
contrario, estas se decretarán a solicitud de parte y bajo su responsabilidad.

ARTÍCULO 78.- Presupuestos y finalidad

Las medidas cautelares serán admisibles cuando exista peligro de
pérdida, alteración, daño actual o potencial del derecho o intereses
jurídicamente relevantes, o cuando sea necesario asegurar resultados futuros o consolidar
situaciones jurídicas ciertas o posibles. Para decretarlas, el tribunal
analizará la probabilidad o verosimilitud de la pretensión.

ARTÍCULO 79.- Admisibilidad

Para decidir sobre la admisibilidad de la tutela cautelar se apreciará
la apariencia de buen derecho, la proporcionalidad y razonabilidad de la
medida, su relación con la pretensión y la eventual afectación a terceros o al interés
público. Se podrá disponer una medida cautelar distinta de la solicitada si se
considera adecuada y suficiente. Cuando se admita se determinará su contenido,
duración y se prevendrá garantía si es necesaria.

No se decretarán cuando se pretenda afectar situaciones de hecho
consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que justifique las
razones por las que dichas medidas no se han solicitado hasta entonces.

ARTÍCULO 80.- Garantías

Para solicitar y decretar una medida cautelar será necesario que se
rinda una garantía, salvo que por disposición expresa se exima de esa carga. En
la misma resolución en la que se conceda la medida se fijará el importe de la
caución, según lo dispuesto por este Código en cuanto a garantías. La medida no
se ejecutará mientras la caución no se haya rendido.

Excepcionalmente, a criterio del tribunal podrá eximirse de rendir
garantía a quien solicite una medida cautelar, cuando existan motivos fundados
o prueba fehaciente de la seriedad de la pretensión o se trate de procesos de
interés social.

ARTÍCULO 81.- Modificación de las medidas cautelares

A solicitud de parte, salvo disposición expresa en contrario, las
medidas cautelares podrán ser modificadas a criterio del tribunal, cuando las
circunstancias lo justifiquen.

ARTÍCULO 82.- Sustitución y levantamiento de las medidas cautelares

Las medidas cautelares podrán ser sustituidas o levantadas, salvo que lo
impida su naturaleza o exista peligro de que el derecho del accionante se vuelva
nugatorio. El solicitante deberá rendir garantía suficiente para tutelar los
intereses del beneficiario. Para decidir el tribunal se ajustará a los
principios de proporcionalidad y razonabilidad.

ARTÍCULO 83.- Caducidad de las medidas cautelares

Las medidas cautelares caducarán en el plazo de un mes a partir de su
decreto, cuando no se ejecuten en ese plazo por culpa del solicitante.
Caducarán en el mismo plazo si después de ejecutadas no se establece la
demanda. Asimismo, caducarán cuando transcurran tres meses de inactividad del
proceso imputable al solicitante, siempre que no proceda la caducidad del
proceso.

ARTÍCULO 84.- Imposibilidad de reiterar medidas cautelares

Rechazada, levantada o declarada la caducidad será prohibido decretar
las mismas medidas cautelares, salvo que se aleguen motivos diferentes,
sustentados en hechos nuevos o distintos.

ARTÍCULO 85.- Condena al pago de costas, daños y perjuicios

Se podrá condenar al solicitante de una medida cautelar al pago de
daños, perjuicios y costas, cuando:

1. Se declare la caducidad de la medida.

2. Se ordene la cancelación por improcedente.

3. Se hubiera solicitado y ejecutado de manera abusiva.

4. La demanda sea declarada inadmisible, improponible
o denegada en sentencia.

5. El proceso finalice por renuncia, desistimiento o caducidad.

La condenatoria se decretará en la resolución que ordene el levantamiento
de la medida cautelar y su cuantía se establecerá, si fuera necesario, mediante
el procedimiento de ejecución que corresponda. Si la medida forma parte de un
proceso principal, sobre dicha condenatoria se resolverá en sentencia.

Cuando este Código establezca la obligación de rendir una garantía por
monto fijo, esta se hará efectiva a favor del afectado como indemnización
mínima, sin perjuicio de que reclame por dichos extremos una suma mayor.

CAPÍTULO II

MEDIDAS CAUTELARES

ARTÍCULO 86.- Embargo preventivo

86.1 Procedencia. Para impedir que el deudor, mediante el
ocultamiento o la distracción de bienes, pueda eludir una eventual
responsabilidad patrimonial, el acreedor podrá pedir que se decrete embargo
preventivo.

86.2 Garantía. Con la solicitud se deberá depositar una garantía
correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del monto por el que se pide el
embargo. Dicha caución no es necesaria si la gestión se funda en un título
ejecutivo. La garantía podrá reducirse, en proporción al valor de lo
efectivamente embargado, cuando no se encuentren suficientes bienes del deudor
en los cuales hacer recaer la medida.

86.3 Reducción y levantamiento del embargo preventivo. El embargo
preventivo podrá reducirse cuando exceda el monto reclamado; se levantará
cuando el embargado deposite el monto por el que se decretó.

ARTÍCULO 87.- Anotación de demanda

Procederá la anotación de la demanda, en bienes inscritos en registros
públicos o privados que afecten a terceros, sin necesidad de rendir garantía,
cuando se pida la constitución, modificación o extinción de un derecho real o
personal con efectos reales.

Los tribunales efectuarán la anotación o librarán mandamiento a la
oficina o la entidad respectiva, con expresión del nombre, los apellidos y el
número del documento de identificación del actor y el demandado, si lo tuviera,
así como las citas de inscripción del bien en litigio. Anotado el mandamiento,
cualquier acto relativo a los bienes se entenderá verificado sin perjuicio del
derecho del anotante.

ARTÍCULO 88.- Administración e intervención de bienes productivos

88.1 Procedencia y contenido. Se podrá disponer la administración o
intervención de bienes productivos, cuando se pretenda su entrega a título de
dueño, usufructuario o cualquier otro que comporte interés legítimo en mantener
o mejorar la productividad, o cuando la garantía de esta sea de primordial
interés para la efectividad de la condena que pudiera recaer.

La resolución que disponga una intervención judicial necesariamente
fijará su plazo, que podrá ser prorrogado mediante la justificación sumaria de
su necesidad y las facultades del interventor o administrador, que se limitarán
a las estrictamente indispensables para asegurar el derecho que se invoque; en
lo posible, se deberá procurar la continuación de la explotación intervenida.

El tribunal fijará la retribución mensual del interventor o
administrador, la cual será pagada por el solicitante o, si median
circunstancias que así lo determinen, por el patrimonio intervenido, sin
perjuicio de lo que en definitiva se decida respecto de la parte que deba
soportar el pago. Para determinar dicha retribución se tomará en cuenta la
complejidad de la administración y las atribuciones que se confieran al interventor
o administrador.

88.2 El interventor o administrador. El tribunal le asignará las facultades
respectivas al interventor o administrador. Cuando sea necesario le otorgará
atribuciones para coadministrar con el titular y, en
casos muy calificados, hasta para sustituirlo.

Son obligaciones del interventor las siguientes:

1. Desempeñar el cargo personalmente. Cuando se le autorice podrá hacerlo
en asocio con otros o servirse de asesores.

2. Exigir la entrega de los bienes y los derechos que deban estar bajo su
custodia o administración.

3. Velar por la conservación de los bienes y los derechos.

4. Informar sobre el estado de los bienes y la actividad u operaciones
desarrolladas, con la periodicidad fijada por el tribunal.

5. Informar al tribunal y a las partes de toda irregularidad advertida en
la administración.

6. Rendir un informe final de su gestión.

Son aplicables al interventor o administrador las normas de los peritos
sobre incompatibilidad, nombramiento, aceptación, honorarios y remoción. Los
mismos principios se aplicarán para el nombramiento de fiscales, auditores o
agentes, cuando fuera necesario nombrarlos por encontrarse en circunstancias
análogas.

88.3 Cesación de la administración o intervención. La administración o
intervención cesará cuando se hubiera cumplido con el fin perseguido, se
constatara la falta de justificación de la medida o el intervenido depositara
en el proceso las sumas reclamadas, o diera garantía suficiente de cumplimiento
de las obligaciones legales o contractuales.

ARTÍCULO 89.- Suspensión provisional de acuerdos sociales, condominales y similares

Cuando se impute la infracción de derechos legales o convencionales,
referidos a acuerdos sociales, condominales o de
otras agrupaciones legalmente constituidas, se podrá disponer la suspensión
provisional de los efectos del acuerdo impugnado. Para impedir la ejecución se
podrá ordenar la anotación de la medida en el registro respectivo. Cuando se
tratara de sociedades comerciales, el solicitante deberá demostrar y
representar al menos el diez por ciento (10%) del capital. Si se tratara de
otras personas jurídicas o entidades, deberá demostrar que es titular de cuotas
en la misma proporción.

ARTÍCULO 90.- Depósito de bienes muebles o
inmuebles

El depósito de los bienes muebles o inmuebles objeto de litigio
procederá cuando la demanda pretenda su entrega y se encuentre en posesión del
demandado. El tribunal designará depositario, fijará sus honorarios y ordenará
el inventario, si fuera indispensable.

ARTÍCULO 91.- Prohibición de innovar, modificar, contratar o cesar una
actividad

Cuando un bien o derecho pueda sufrir menoscabo o deterioro por causa de
modificación o alteración en el curso del proceso, se podrá ordenar la
prohibición de innovar, modificar o contratar, así como de cesar una actividad
o abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta o prestación. Estas
prohibiciones se dispondrán siempre que la cautela no pudiera obtenerse por
medio de otra medida cautelar expresamente prevista.

ARTÍCULO 92.- Otras medidas cautelares

Además de las medidas cautelares expresamente contempladas por el
ordenamiento jurídico, el tribunal podrá adoptar todas las que sean necesarias
para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la
sentencia. Se podrá ordenar el depósito temporal de ejemplares; la intervención
y el depósito de ingresos; otras anotaciones registrales, de casos de que la
publicidad registral sea útil para el fin de la ejecución; la formación de
inventarios; el decomiso de bienes; la ineficacia provisional de cláusulas
contractuales; el acceso a fundos enclavados, y cualquier otra de naturaleza
conservativa, innovativa o anticipativa que sea
procedente, de acuerdo con las circunstancias.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 93.- Solicitud de las medidas cautelares

En la solicitud se deberá indicar el nombre y las calidades de las
partes, el objeto del proceso, la medida cautelar que se pide, la causa o el título
que origina la tutela, la finalidad, la justificación, la prueba cuando sea
necesaria, la estimación actual o aproximada de la demanda y el medio para
atender notificaciones si no se hubiera indicado previamente. Asimismo, deberá
ofrecerse la prestación de garantía, especificando de qué tipo se ofrece y con
justificación del importe que se propone.

ARTÍCULO 94.- Convocatoria y celebración de audiencia

Como regla general, antes de la adopción de una medida cautelar se dará
intervención a la parte contraria. Para tal efecto, recibida la solicitud, se
convocará a las partes a una audiencia oral que se celebrará a la mayor
brevedad posible, de manera preferencial. En la audiencia se oirá a las partes
y se admitirá y practicará la prueba que sea necesaria.

ARTÍCULO 95.- Admisión de la medida cautelar

Al resolver, el tribunal fijará con precisión la medida o las medidas
que se admiten y determinará la forma, la cuantía y el tiempo en que deba prestarse
la caución. Se dispondrá lo necesario para el efectivo cumplimiento de lo que
ordene.

ARTÍCULO 96.- Admisión provisional sin audiencia

El embargo preventivo y la anotación de la demanda se ordenarán
provisionalmente sin audiencia a la parte contraria. También, podrán
decretarse, provisionalmente, sin previa audiencia otras medidas cautelares,
cuando el solicitante lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o
que la realización de audiencia puede comprometer su finalidad. La resolución
que ordene provisionalmente la medida cautelar sin audiencia no tendrá recurso
alguno.

Notificado el afectado, respecto de la adopción de la medida, podrá
oponerse en el plazo de tres días; solicitar, de forma justificada, su
levantamiento o modificación y ofrecer la prueba pertinente. La falta de
oposición implicará conformidad con la medida. Si se formula oposición se
convocará a las partes a una audiencia oral que se celebrará a la mayor
brevedad posible, en esta se decidirá si las medidas provisionales se
mantienen, se modifican o se levantan.

ARTÍCULO 97.- Ejecución de las medidas cautelares

Las medidas cautelares decretadas se ejecutarán inmediatamente; ningún
recurso, incidente o petición podrá detener la ejecución. Si la medida fuera
ejecutada con conocimiento del afectado, sin haber sido notificado formalmente,
se le deberá notificar posteriormente. Si la parte interviene en la ejecución
de la medida, se le notificará en ese acto.

TÍTULO IV

NORMAS PROCESALES INTERNACIONALES

ARTÍCULO 98.- Normativa aplicable

Tratándose de cooperación judicial internacional se aplicarán las
disposiciones de los tratados y los convenios internacionales vigentes y en su
ausencia la normativa nacional. En ningún caso se aplicará de oficio el derecho
extranjero, salvo si las partes fundan su derecho en una ley extranjera y
acreditan legalmente su existencia, vigencia, contenido e interpretación.
Cuando sea aplicable, el derecho extranjero deberá interpretarse como lo harían
los tribunales del Estado a cuyo orden jurídico pertenece. Solo se podrán
declarar inaplicables los preceptos de la ley extranjera, cuando estos
contraríen manifiestamente los principios esenciales del orden público internacional
en los que el Estado asienta su individualidad jurídica. Los procesos,
cualquiera que sea su naturaleza, se sujetarán al ordenamiento nacional.

ARTÍCULO 99.- Eficacia de sentencias y laudos extranjeros

99.1 Eficacia de las sentencias y laudos reconocidos. Las sentencias y los
laudos reconocidos, de cualquier materia, tendrán efectos de cosa juzgada en el
territorio nacional.

99.2 Requisitos de la solicitud de reconocimiento. Para el
reconocimiento de sentencias y laudos extranjeros deberán cumplirse los
siguientes presupuestos:

1. Se deberá presentar copia auténtica de la resolución, expedida por la
autoridad judicial o el árbitro encargado de dictarla en el país de origen, en
la que conste que se han cumplido los requisitos diplomáticos o consulares
exigidos por el país de procedencia y Costa Rica.

2. Se adjuntará traducción oficial de la resolución, cuando el fallo se
hubiera dictado en otro idioma.

3. Se deberá acreditar que en el proceso donde recayó la resolución
internacional se cumplió legalmente con el emplazamiento del demandado y, en
caso de rebeldía, que se le declaró como tal, conforme a la normativa del país
de origen.

4. La pretensión invocada no debe ser competencia exclusiva de los órganos
jurisdiccionales costarricenses, debe tener conexión con Costa Rica y no ser
manifiestamente contraria al orden público nacional.

5. No debe existir en Costa Rica un proceso en trámite o sentencia con
autoridad de cosa juzgada.

99.3 Competencia y procedimiento. Corresponderá a cada una de las salas de
casación, según su competencia, conocer sobre el reconocimiento y la eficacia
de las sentencias y los laudos extranjeros.

Para tal efecto, se seguirá el procedimiento incidental.

Contra la resolución final no cabrá recurso y en ningún caso se podrá
suspender la ejecución ordenada.

Denegado el reconocimiento, se devolverá la documentación a quien la
haya presentado. Si el rechazo se debió a cuestiones formales, una vez
subsanadas, se podrá formular nueva solicitud.

Si se concediera el reconocimiento, se comunicará al juzgado del lugar
donde esté domiciliado el obligado para su ejecución. Si el demandado estuviera
domiciliado fuera de Costa Rica, será competente el tribunal del lugar que
elija el demandante.

Si se desconociera el domicilio del demandado, se procederá al
nombramiento del curador procesal y el obligado podrá comparecer en cualquier
momento, pero tomará el proceso en el estado en que se encuentre.

ARTÍCULO 100.- Auxilio judicial internacional

Las solicitudes de auxilio judicial provenientes de tribunales o
árbitros extranjeros serán tramitadas por la sala competente por razón de la materia.
En defecto de tratados o convenios, se tramitarán de acuerdo con las leyes
procesales nacionales; no obstante, a solicitud del tribunal requirente podrán
observarse procedimientos específicos establecidos por la sala, previniendo el
cumplimiento de cualquier requisito que se considere necesario.

De ser procedentes se cumplirá lo solicitado, se ordenará notificar a
los interesados y se tomarán las medidas necesarias para garantizar el debido
proceso y el efectivo cumplimiento de lo solicitado. Las salas solo tramitarán
cartas rogatorias de órganos jurisdiccionales.

LIBRO SEGUNDO

PROCESOS

TÍTULO I

PROCESOS DE CONOCIMIENTO

CAPÍTULO I

PROCESO ORDINARIO

ARTÍCULO 101.- Ámbito de aplicación

Las pretensiones que no tengan un procedimiento expresamente señalado se
tramitarán por el proceso ordinario.

ARTÍCULO 102.- Procedimiento

102.1 Inicio y plazo para contestar la demanda y reconvención. Si la demanda cumple
los requisitos legales se emplazará a la parte demandada con las prevenciones que
sean pertinentes. Para la contestación y reconvención, el tribunal dará un
plazo perentorio de treinta días.

102.2 Procedimiento sin audiencia o en única audiencia. Si por la naturaleza
o circunstancias del proceso, porque no existe prueba que practicar o por
cualquier otra razón a criterio del tribunal, no se justifica el señalamiento
para audiencia, se prescindirá de esta. Asimismo, el tribunal podrá disponer
que el proceso se tramite en una única audiencia.

102.3 Audiencia preliminar. Contestada la demanda o reconvención, si no
existe aspecto procesal que amerite resolución interlocutoria, si es necesario,
se señalará hora y fecha para la audiencia preliminar que deberá realizarse a
la mayor brevedad posible. Esta audiencia la realizará uno de los jueces del
tribunal del lugar donde esté radicado el proceso.

En dicha audiencia se cumplirán las siguientes actividades:

1. El informe a las partes sobre el objeto del proceso y el orden en que se
conocerán las cuestiones a resolver.

2. La conciliación.

3. La ratificación, la aclaración, el ajuste y la subsanación de las
proposiciones de las partes, cuando a criterio del tribunal sean oscuras,
imprecisas u omisas, cuando con anterioridad se hubiera omitido hacerlo.

4. La contestación por el actor o el reconventor
de las excepciones opuestas, el ofrecimiento y la presentación de contraprueba.

5. La recepción, la admisión y la práctica de prueba pertinente sobre
alegaciones de actividad procesal defectuosa no resueltas anteriormente, vicios
de procedimiento invocados en la audiencia y excepciones procesales.

6. La resolución sobre alegaciones de actividad procesal defectuosa,
excepciones procesales y saneamiento.

7. La definición de la cuantía del proceso.

8. La fijación de lo que será objeto del debate.

9. La admisión de pruebas, las disposiciones para su práctica y el
señalamiento para la audiencia complementaria cuando sea necesaria.

10. La resolución sobre suspensión, la cancelación o la modificación de
medidas cautelares, cuando exista solicitud pendiente.

102.4 Dictado de la sentencia al finalizar la audiencia preliminar. Si por la naturaleza
o circunstancias del proceso, porque no existe prueba que practicar o por
cualquier otra razón, a criterio del juez, no se justifica el señalamiento para
la audiencia complementaria, se omitirá la realización de esa actividad. En ese
caso, al finalizar la audiencia preliminar se le dará a las partes la
oportunidad de formular sus conclusiones y se dictará la sentencia.

102.5 Audiencia complementaria. La audiencia complementaria deberá realizarse
dentro de los veinte días siguientes a la celebración de la audiencia
preliminar, salvo que se justifique un plazo mayor. En esta audiencia deberán
cumplirse las siguientes actividades:

1. La práctica de prueba.

2. Las conclusiones de las partes.

3. La deliberación y el dictado de la sentencia.

CAPÍTULO II

PROCESO SUMARIO

ARTÍCULO 103.- Disposiciones generales

103.1 Ámbito de aplicación y pretensiones. Estas disposiciones
generales se aplicarán a todos los procesos sumarios, sin perjuicio de las
reglas especiales previstas para determinadas pretensiones. Por el
procedimiento sumario se tramitarán las siguientes:

1. El desahucio y el cobro de obligaciones dinerarias líquidas y exigibles,
cuando no correspondan al proceso monitorio.

2. Las derivadas de un contrato de arrendamiento.

3. Las interdictales.

4. La suspensión de obra nueva.

5. El derribo.

6. De jactancia.

7. Las relativas a la posesión provisional de muebles, excepto dinero.

8. La entrega o la devolución de bienes, cuando haya título que acredite el
respectivo derecho u obligación.

9. Las controversias sobre la administración de la copropiedad, la
propiedad horizontal y el dominio compartido.

10. Sobre la prestación, la modificación o la extinción de garantías.

11. La solicitud de autorización a fin de ingresar en predio ajeno, cuando
lo permita la ley.

12. El cobro de créditos garantizados por el derecho de retención sobre
bienes muebles.

13. El restablecimiento del derecho de paso fundado en un título
preexistente, cuando no proceda el interdicto.

14. Las que se dispongan en leyes especiales.

103.2 Inicio y plazo para contestar la demanda. Si la demanda cumple
los requisitos legales se emplazará a la parte demandada con las prevenciones
que sean pertinentes. Para contestar la demanda, el tribunal dará un plazo de
cinco días.

103.3 Audiencia. El proceso sumario se substanciará en una única
audiencia. Cuando sea necesario, de acuerdo con la naturaleza y las
circunstancias del proceso, se señalará la hora y la fecha para la audiencia,
que se celebrará a la mayor brevedad posible. Al efecto, el tribunal
determinará las pruebas que deban practicarse antes de la audiencia y tomará
las disposiciones pertinentes para que esta se verifique antes de ese acto. Las
partes deberán comparecer a la audiencia con todas las fuentes de prueba
ofrecidas y que pretendan proponer.

Según las particularidades de cada proceso sumario, en la audiencia se
cumplirán las siguientes actividades:

1. El informe a las partes sobre el objeto del proceso y el orden en que se
conocerán las cuestiones a resolver.

2. La conciliación.

3. La aclaración de las proposiciones de las partes, cuando a criterio del
tribunal sean oscuras, imprecisas u omisas, cuando con anterioridad se hubiera
omitido hacerlo.

4. La contestación por el actor de las excepciones opuestas, el
ofrecimiento y la presentación de contraprueba.

5. La recepción, la admisión y la práctica de prueba pertinente sobre las
alegaciones de actividad procesal defectuosa no resueltas anteriormente, los
vicios de procedimiento invocados en la audiencia y las excepciones procesales.

6. La resolución sobre las alegaciones de actividad procesal defectuosa,
las excepciones procesales y el saneamiento.

7. La definición de la cuantía del proceso.

8. La fijación de lo que será objeto del debate.

9. La admisión y la práctica de pruebas.

10. La resolución sobre la suspensión, la cancelación o la modificación de
medidas cautelares, cuando exista solicitud pendiente de resolución.

11. Las conclusiones de las partes.

12. El dictado de la sentencia.

103.4 Sentencia desestimatoria y conversión a ordinario. Cuando la sentencia
sea desestimatoria se revocará cualquier acto de ejecución o medida cautelar
que se hubiera acordado. No obstante, el actor podrá solicitar en el plazo de
diez días, a partir de la firmeza de la sentencia desestimatoria, que el
proceso sumario se convierta en ordinario. Cuando se admita la
conversión se conservarán las medidas cautelares obtenidas mediante caución,
así como la anotación de la demanda y tendrá eficacia toda la prueba practicada
con anterioridad, siempre que no se vulnere el principio de inmediación.

ARTÍCULO 104.- Proceso sumario de desahucio

104.1 Procedencia. Procederá el desahucio cuando se pretenda la
desocupación de un inmueble como consecuencia de la terminación del contrato de
arrendamiento en los casos previstos por la ley, o hacer cesar la mera
tolerancia.

Se exceptúan las pretensiones que deban ventilarse por el proceso
monitorio.

La causal de expiración del plazo procederá únicamente cuando el
demandante demuestre que manifestó por escrito la voluntad de no renovar el
contrato, de conformidad con el artículo 71 de la Ley N.° 7527, Ley General de
Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, de 10 de julio de 1995.

104.2 Legitimación. Podrá establecer el desahucio quien compruebe su condición
de propietario, arrendante o subarrendante, o de
poseedor sobre el inmueble por título legítimo, o quien acredite que su derecho
deriva de quien tuvo facultad para concederlo. El desahucio procederá contra el
arrendatario, el subarrendatario, el cesionario, o los poseedores del inmueble.

104.3 Requisitos de la demanda, documentos. Además de los
requisitos dispuestos por disposiciones generales y las leyes especiales, en la
demanda se deberá consignar la causal de desalojo, el monto de renta vigente,
la fecha de pago y el lugar donde está ubicado el inmueble.

Se deberá acreditar la propiedad de la finca o del derecho del actor y
la existencia del contrato de arrendamiento, si lo hubiera. Cuando la
pretensión se relacione con una vivienda, se deberá demostrar el valor fiscal
del inmueble sobre el valor actual del terreno y la edificación o, en su
defecto, si ese avalúo tiene más de cinco años, avalúo practicado por un
ingeniero o arquitecto incorporados.

104.4 Emplazamiento e intervención de terceros. Con el
emplazamiento, en toda demanda sustentada en un contrato que implique el pago
de rentas, el tribunal prevendrá al demandado la obligación de depositar en la
cuenta y a la orden del despacho los alquileres posteriores a la demanda, bajo
pena de ordenar el desalojo de forma inmediata en caso de incumplimiento. Si
hubiera duda sobre el monto del alquiler, el tribunal determinará
prudencialmente la suma a depositar. Cuando se ordene la entrega del inmueble
por falta de pago de las rentas posteriores, se dará por terminado el proceso
de desahucio y se condenará al demandado al pago de costas.

Cuando terceros posean o subarrienden el inmueble, sin consentimiento
del arrendador, no será necesario demandarlos, se les notificará para que hagan
valer sus derechos.

104.5 Sentencia. En la sentencia estimatoria se ordenará al
demandado la entrega del inmueble en un plazo razonable que conferirá el
tribunal, de acuerdo con las circunstancias; transcurrido este, se ordenará la
puesta en posesión.

104.6 Alquileres insolutos y derecho de retención. Firme la sentencia
que declare con lugar el desahucio, el actor podrá gestionar por la vía
incidental que se condene al demandado a pagarle las cuotas de arrendamiento no
satisfechas y los servicios y otros gastos inherentes al vínculo arrendaticio
que el inquilino no hubiera cubierto. Para garantizar el pago, desde el inicio
del proceso incidental el actor podrá solicitar que se realice un inventario de
bienes en el inmueble arrendado, y con base en este indicará cuáles deben mantenerse
en ese lugar como garantía.

Mientras no se satisfaga la obligación, el actor podrá ejercer el
derecho de retención sobre ellos, de acuerdo con lo que establece la Ley N.°
7527, Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, de 10 de julio de
1995, y la Ley N.° 63, Código Civil, de 28 de setiembre de 1887.

ARTÍCULO 105.- Reajuste del precio del
arrendamiento

105.1 Procedencia. Será procedente el proceso sumario de reajuste del
precio del arrendamiento, cuando se pretenda modificar el monto de la renta en
los casos previstos por la ley.

105.2 Requisitos de la demanda y documentos. Además de los
requisitos dispuestos por disposiciones generales y las leyes especiales, en la
demanda se deberá consignar la ubicación exacta del inmueble, el precio de la
renta vigente, la antigüedad de la renta y la nueva renta pretendida. Se
acreditará la propiedad y la existencia del contrato de arrendamiento, si lo
hubiera.

105.3 Renta provisional. En la resolución inicial, a solicitud de parte, el
tribunal fijará una renta provisional de alquiler, la cual deberá depositar el
arrendatario a partir de la mensualidad siguiente a su firmeza, sin perjuicio
de que el monto sea modificado en sentencia. En caso de incumplimiento, a
solicitud de parte, se ordenará la entrega inmediata del inmueble y si es
necesario el desalojo. Las sumas depositadas a título de renta serán giradas de
inmediato al actor.

105.4 Sentencia estimatoria. En la sentencia estimatoria se fijará el
monto de la renta que regirá y su período de vigencia.

105.5 Efectos de la sentencia y diferencias entre la renta provisional y
la definitiva. El precio fijado en la sentencia será retroactivo a la mensualidad
siguiente a la notificación de la demanda. Si resulta mayor al fijado
provisionalmente, en esa misma resolución se concederá al arrendatario
un plazo de tres meses para que deposite al juzgado la totalidad de las
diferencias, bajo apercibimiento que de no hacerlo se ordenará la
entrega del inmueble y si es necesario el desalojo. Cuando se ordene la
entrega del inmueble por falta de pago de las diferencias, se podrá
reclamar el pago en el mismo expediente y ejercer derecho de retención
en los mismos términos en que está previsto para el proceso de desahucio.
Si el precio resulta menor, las diferencias se le devolverán al arrendatario
dentro del mismo plazo o se aplicarán a rentas futuras, a su elección.

ARTÍCULO 106.- Interdictos posesorios

106.1 Procedencia y caducidad. Los interdictos solo procederán respecto de
la posesión actual y momentánea de bienes inmuebles. De ninguna manera afectarán
las cuestiones de propiedad o de posesión definitiva, sobre las cuales no se
admitirá discusión alguna. Los interdictos son de amparo de posesión, de
restitución y de reposición de linderos. Cuando se haya establecido
equivocadamente un interdicto por otro, o todos a la vez, de acuerdo con la
situación de hecho, se declarará con lugar el que proceda. No procede el
interdicto cuando el acto de perturbación o despojo proviene de decisiones
judiciales o administrativas.

No podrá ser establecido un interdicto si han transcurrido tres meses
desde el inicio de los hechos u obras contra las cuales se reclama.

106.2 Amparo de posesión. El interdicto de amparo de posesión será
procedente cuando el que se haya en la posesión de un inmueble es perturbado
por actos que perjudiquen el libre goce del bien o que manifiesten intención de
despojo, o bien, cuando estos actos se realizan afectando el uso y el disfrute
de bienes públicos, en detrimento de la colectividad.

Si la demanda se dirigiera contra quien inmediata y anteriormente poseyó
como dueño, quien solicite la protección deberá probar que por más de un año ha
poseído pública y pacíficamente como dueño, o que tiene otro cualquiera
legítimo título para poseer, o bien, que actúa en la defensa de intereses difusos
cuando se trate de bienes públicos.

Si versara sobre servidumbres continuas no aparentes o sobre
discontinuas, el reclamo, para ser atendible, debe fundarse en el título que
provenga del propietario del fundo sirviente o de aquellos de quienes este lo hubo.
No se requerirá la acreditación de dicho título, cuando se trate de fundos
enclavados.

La sentencia estimatoria ordenará al demandado mantener su derecho al
actor y abstenerse de realizar actos perturbatorios, bajo apercibimiento de ser
juzgado por el delito de desobediencia a la autoridad, sin perjuicio de la
aplicación de las disposiciones que corresponden ante el incumplimiento de las
sentencias con condena de no hacer.

106.3 Restitución. Es procedente el interdicto de restitución cuando
el poseedor, o la ciudadanía en general, en el caso de bienes públicos, son
despojados ilegítimamente del inmueble, total o parcialmente. La sentencia
estimatoria ordenará al demandado restituir en la posesión al actor, bajo
apercibimiento de ser juzgado por el delito de desobediencia a la autoridad,
sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones que corresponden ante el
incumplimiento de las sentencias con condena de dar.

106.4 Reposición de linderos. Procede el interdicto de reposición de
linderos cuando se incurra en alteración de límites entre inmuebles. El
perjudicado deberá dirigir su demanda contra el autor del hecho, contra quien
se haya beneficiado de este o contra ambos.

En la sentencia estimatoria se ordenará la restitución de los linderos a
su estado original. Los gastos que implique la reposición o restitución
correrán por cuenta del responsable de la alteración o de quien se haya
beneficiado por esta, según lo estime el tribunal. Si el demandado admitiera la
existencia de la alteración, pero negara ser el autor o no se pudiera
determinar quién fue el autor, se podrá ordenar la restitución a costa del
actor y del demandado o demandados, según corresponda. Si no existiera
cumplimiento voluntario de lo que dispone la sentencia, se procederá según lo
dispuesto para condenas de hacer.

106.5 Condena en daños y perjuicios. En toda sentencia estimatoria de procesos
interdictales se condenará al demandado al pago de los daños y perjuicios
causados. La liquidación, la prueba y el cobro se harán en ejecución de sentencia,
en el mismo expediente.

ARTÍCULO 107.- Sumario de suspensión de obra nueva

107.1 Procedencia y suspensión de obra. Cuando la amenaza a
los derechos del propietario o poseedor o de las personas que transitan por la
vía pública proviniera de cualquier obra nueva que alguien comience, o esta
pueda perjudicar bienes públicos, se hará suspender la obra nueva o ponerla en
estado que ofrezca completa seguridad. Para tal efecto, el tribunal se
constituirá en el lugar de esta para practicar un reconocimiento judicial, lo
que podrá complementar con prueba pericial. Prevendrá la suspensión al
demandado dueño de la obra, pero si este no estuviera presente en el acto la
prevención se le hará al director, al encargado u operarios, para que, en el
acto, suspendan los trabajos, bajo el apercibimiento de ser juzgados por el
delito de desobediencia a la autoridad. El tribunal ordenará realizar las obras
que sean absolutamente indispensables para la conservación de lo construido. En
cualquier momento, a petición de parte, se podrá ordenar la destrucción de lo
construido en contra de la orden de suspensión, a costa del infractor.

107.2 Continuación de la obra. Si la continuación de la obra apenas
ocasionara un leve daño y el que la ejecuta rinde garantía de destruirla si en
sentencia se declara con lugar la demanda, se podrá autorizar su continuación.

107.3 Sentencia estimatoria. En la sentencia estimatoria se ordenará la
suspensión definitiva de la obra, cuya ejecución se hará de inmediato aunque el
fallo fuera apelado. Además, se condenará al demandado a pagar los daños y
perjuicios. Cuando constituya un peligro o transgresión evidente al derecho de
propiedad ajena, se podrá ordenar la destrucción de lo construido.

ARTÍCULO 108.- Sumario de derribo

108.1 Procedencia y legitimación. El proceso sumario de derribo procederá
cuando el mal estado de un edificio, construcción, árbol o inmueble constituya
una amenaza para los derechos del poseedor o los transeúntes, o pueda
perjudicar bienes públicos. La demanda puede ser establecida por cualquiera que
tenga interés.

108.2 Adopción de medidas de seguridad. Presentada la
demanda, el tribunal hará un reconocimiento del lugar, con auxilio de peritos
si lo estimara conveniente, y dictará las medidas de seguridad que sean
necesarias. Los gastos que ocasione la ejecución de las medidas de seguridad
estarán a cargo del dueño del bien ruinoso. En su defecto, suplirá los gastos
el actor, quien tendrá derecho al reembolso correspondiente, si el demandado
fuera condenado al pago de las costas.

108.3 Sentencia estimatoria. En la sentencia estimatoria se ordenará el
derribo o la adopción de medidas de seguridad de carácter permanente. Si se
ordenara el derribo, aunque fuera recurrida, se podrá practicar inmediatamente
la destrucción total o parcial, cuando no sea posible demorar la ejecución sin
grave ni inminente riesgo. También se podrán ordenar y ejecutar medidas de
seguridad, cuando no se hubieran dispuesto o ejecutado antes. Además, se
condenará al demandado al pago de los daños y perjuicios.

ARTÍCULO 109.- Sumario de jactancia

109.1 Procedencia y caducidad. Cuando una persona se jacte, fuera del
proceso, de tener un derecho del que no estuviera gozando, todo aquel a quien tal
jactancia pueda afectar en su crédito o en la pacífica posesión de su estado o
patrimonio podrá pedir que se le obligue a presentar la demanda. Habrá
jactancia cuando la manifestación del jactancioso conste por escrito suyo, o lo
hubiera manifestado verbalmente delante de dos o más personas. No podrá
intentarse la demanda si hubieran transcurrido tres meses desde que ocurrieron
los hechos que conforman la jactancia.

109.2 Emplazamiento, intimación y efectos. En el emplazamiento
se intimará al demandado para que manifieste si acepta los hechos. Si los
admite deberá presentar la demanda que corresponda en el plazo de quince días,
a partir de la contestación de la demanda de jactancia. Si el demandado negara
los hechos, se seguirá con el procedimiento general establecido para el proceso
sumario.

109.3 Sentencia. Si el demandado no contesta, o si con la aceptación
de los hechos manifiesta que no presentará la demanda, o si habiendo dicho que
la presentaría deja transcurrir el plazo sin hacerlo, o si, a pesar de su
oposición se demuestra que incurrió en jactancia, a petición de parte el
tribunal condenará al jactancioso a retractarse de su dicho y se le impondrá
una multa de uno a cinco salarios mínimos de profesional uno del sector
público, dependiendo de la gravedad de la jactancia, que serán girados a la
junta de educación del distrito de donde sea vecino el jactancioso, y se
condenará también al pago de ambas costas, daños y perjuicios a favor del
actor. El reclamante de la jactancia no tendrá en adelante derecho contra el
jactancioso por ese hecho, pero podrá exigir la publicación en dos periódicos
de circulación nacional, a costa del jactancioso, de la resolución
condenatoria.

CAPÍTULO III

PROCESO MONITORIO

ARTÍCULO 110.- Disposiciones generales

110.1 Procedencia. Mediante el proceso monitorio se dilucidarán las
siguientes pretensiones:

1. El cobro de obligaciones dinerarias líquidas y exigibles, fundadas en documentos
públicos o privados, con fuerza ejecutiva o sin ella.

2. El desahucio originado en una relación de arrendamiento de cualquier
naturaleza que conste documentalmente, si se funda en la causal de vencimiento
del plazo, falta de pago de la renta o de los servicios públicos, falta de pago
de los gastos del condominio.

La falta de pago de los gastos del condominio procederá únicamente si en
el contrato o documento que da origen a la relación contractual dispone que
serán cubiertos por el arrendatario. En este caso, la o las cuentas deberán
estar certificadas por un contador público autorizado, de conformidad con el
artículo 20 de la Ley N.º 7933, Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio,
de 28 de octubre de 1999, y sus reformas. Asimismo, el demandado podrá invocar
el agotamiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la citada ley antes de la
procedencia de este procedimiento monitorio, aunque el juez podrá valorar si se
sustancia mediante el proceso sumario dispuesto en el Código Procesal Civil. La
causal de falta de pago de servicios públicos procederá con la certificación o
constancia que emitan los proveedores de servicios.

La causal de expiración del plazo procederá únicamente cuando el
demandante demuestre que manifestó por escrito la voluntad de no renovar el
contrato de conformidad con el artículo 71 de la Ley N.° 7527, Ley General de
Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, de 10 de julio de 1995.

110.2 Resolución intimatoria, oposición y efectos. Admitida la demanda,
se dictará resolución ordenando a la parte demandada que realice la prestación
pedida por la parte actora. En ese pronunciamiento se le concederá un plazo de
cinco días para que cumpla o para que se oponga, interponiendo en ese acto las
excepciones procesales que sean pertinentes. Cuando exista oposición fundada se
suspenderán los efectos de la resolución intimatoria, salvo lo relativo a
embargos.

110.3 Allanamiento y falta de oposición. Si la parte
demandada se allanara a lo pretendido, no se opone dentro del plazo o la
oposición es infundada, se ejecutará la resolución intimatoria, sin más
trámite.

110.4 Audiencia oral, sentencia y conversión a ordinario. Ante oposición
fundada se señalará una audiencia oral que se regirá por las disposiciones
establecidas para el proceso sumario. En sentencia se determinará si se
confirma o revoca la resolución intimatoria. Cuando se acoja la oposición, la
parte accionante podrá solicitar la conversión del proceso monitorio a
ordinario, según lo dispuesto para el proceso sumario.

ARTÍCULO 111.- Monitorio dinerario

111.1 Documento. El documento en el que se funde un proceso
monitorio dinerario deberá ser original, copia firmada o estar contenido en un
soporte en el que aparezca como indubitable quién es el deudor mediante su
firma o cualquier otra señal equivalente.

111.2 Títulos ejecutivos. Son títulos ejecutivos, siempre que en ellos
conste la existencia de una obligación dineraria líquida y exigible:

1. El testimonio o la certificación de una escritura pública no
inscribible.

2. La certificación de una escritura pública debidamente inscrita en el
Registro Nacional.

3. El documento privado reconocido judicialmente.

4. La confesión judicial.

5. Las certificaciones de resoluciones judiciales firmes que establezcan la
obligación de pagar una suma de dinero, cuando no procediera su cobro en el
mismo proceso.

6. La prenda y la hipoteca no inscritas.

7. Toda clase de documentos que, por leyes especiales, tengan fuerza
ejecutiva.

111.3 Intimación de pago y embargo. En la resolución intimatoria, además, se
ordenará el pago de capital, los intereses liquidados, los futuros y ambas
costas. Si se aporta título ejecutivo, a petición de parte, se decretará
embargo por el capital reclamado y los intereses liquidados, más un cincuenta
por ciento (50%) adicional para cubrir intereses futuros y costas, embargo que
se comunicará inmediatamente. Si el documento carece de ejecutividad, para
decretar la medida cautelar se debe realizar el depósito de garantía del
embargo preventivo.

111.4 Contenido de la oposición. Solo se admitirá la oposición que se funde en
falsedad del documento, falta de exigibilidad de la obligación, pago comprobado
por escrito o prescripción.

ARTÍCULO 112.- Monitorio arrendaticio

112.1 Prueba de la legitimación. La legitimación para interponer un proceso
monitorio arrendaticio podrá acreditarse con el contrato, mediante una resolución
judicial anterior que la establezca o los recibos periódicos de pago.

112.2 Intimación de desalojo. Admitida la demanda, se ordenará el desalojo.
En la misma resolución inicial se ordenará, a solicitud de parte, la retención
preventiva de bienes del demandado.

112.3 Contenido de la oposición. Solo se admitirá oposición que se funde en el
pago comprobado por escrito, la prescripción, la inexistencia de la obligación
de pagar la renta y la falta de vencimiento del plazo.

112.4 Integración normativa. Son aplicables a este proceso monitorio, en
cuanto fueran compatibles, las normas del sumario de desahucio sobre
legitimación, los requisitos de admisibilidad de la demanda, el depósito
sucesivo de las rentas, la ejecución del desalojo y el cobro de los alquileres
insolutos.

CAPÍTULO IV

PROCESO INCIDENTAL

ARTÍCULO 113.- Disposiciones generales

El proceso incidental se regirá por las siguientes disposiciones
generales:

113.1 Procedencia. Es admisible el proceso incidental cuando sea
necesario resolver cuestiones que tengan relación inmediata con el proceso
principal y no exista otro procedimiento establecido.

113.2 Oportunidad. Las cuestiones incidentales que se susciten después
del señalamiento para audiencia se deberán proponer y decidir en esta.

113.3 Simultaneidad. Simultáneamente, las partes deberán promover todos
los incidentes a que puedan tener derecho en ese momento. Los que se
interpongan posteriormente, sustentados en hechos ya conocidos, serán
rechazados de plano.

113.4 Efectos sobre el proceso principal. El proceso
incidental no suspende el proceso principal, salvo que la ley expresamente le
conceda ese efecto, que sea imposible continuar el procedimiento o que el
tribunal lo disponga por entender que resulta indispensable para el adecuado
desarrollo del principal.

113.5 Caducidad. Los incidentes cuyo procedimiento se hubiera
paralizado por un mes, por culpa de la parte promovente, caducarán sin
necesidad de la resolución que lo declare y se tendrán por desestimados
definitivamente.

ARTÍCULO 114.- Procedimiento

114.1 Incidente en audiencia. Los incidentes suscitados en audiencia se
tramitarán en esta. Se formularán oralmente y se oirá a la parte contraria. No se
admitirá prueba que no se presente en el acto o cuya práctica no sea posible en
esa misma audiencia. Practicada la prueba, se dictará resolución final y la
cuestión debatida no podrá plantearse nuevamente.

114.2 Incidentes fuera de audiencia. Los incidentes que se formulen fuera de
audiencia se tramitarán en pieza separada.

La gestión inicial deberá contener los hechos que lo sustentan y la
pretensión. Se deberá aportar u ofrecer toda la prueba y si esta ya consta en
el proceso bastará con indicarlo. Si no se cumplen los requisitos señalados, el
incidente será rechazado de plano.

Admitido el incidente, se emplazará a la parte contraria por un plazo de
tres días. Con la contestación, el incidentado
ofrecerá las pruebas, salvo si constan en el expediente, en cuyo caso bastará
con indicarlo.

La resolución final se dictará en el plazo de cinco días, cuando no sea
necesario practicar prueba en audiencia.

Si se admitiera prueba que deba practicarse en audiencia, se señalará
para tal efecto dentro de los diez días siguientes. La resolución final se
dictará inmediatamente después de finalizada la audiencia de práctica de la
prueba. La incomparecencia de las partes se regirá por lo dispuesto en este
Código, para la inasistencia en los procesos de audiencia única.

TÍTULO II

PROCESO SUCESORIO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 115.- Procedencia

Es procedente el proceso sucesorio para constatar y declarar la
existencia de los sucesores del causante, determinar el patrimonio relicto, acabar
la indivisión de los bienes sucesorios y dotar a la sucesión de representación.

ARTÍCULO 116.- Prueba de fallecimiento

Para el inicio de cualquier procedimiento sucesorio deberá demostrarse
el fallecimiento o la declaratoria de presunción de muerte. Cuando haya urgencia,
a criterio del tribunal, podrá acreditarse mediante cualquier medio probatorio
idóneo. El fallecimiento deberá estar acreditado fehacientemente antes de la
declaratoria de herederos.

ARTÍCULO 117.- Medidas cautelares y aseguramiento de bienes

117.1 Medidas cautelares. El tribunal podrá adoptar, aun de oficio, las
medidas cautelares necesarias para la preservación del haber sucesorio.

117.2 Aseguramiento de bienes. Antes o durante el procedimiento sucesorio,
podrá ordenarse el aseguramiento de los bienes del causante, adoptando todas
las medidas que sean necesarias. Se asegurarán, en primer lugar, los bienes de
fácil sustracción. Se podrán enviar comunicaciones a los bancos y oficinas
públicas y privadas para inmovilizar los bienes. Una vez practicado el
aseguramiento, serán entregados al albacea o a un depositario, que designará el
tribunal, mientras el albacea acepta el cargo. En casos de urgencia, la
autoridad de policía podrá poner sellos y vigilar la integridad del patrimonio
y comunicará al tribunal, a la mayor brevedad posible, para que disponga el
aseguramiento.

ARTÍCULO 118.- Apertura y comprobación de testamentos

118.1 Legitimación. Cualquiera que alegue interés legítimo puede
solicitar al tribunal la apertura de un testamento cerrado y la comprobación
del no auténtico y del privilegiado.

118.2 Testamento cerrado. El testamento cerrado deberá presentarse
necesariamente al tribunal para su apertura, junto con el testimonio de la
escritura de su presentación ante el notario. Al momento de su recepción se
dejará constancia del estado del sobre, de sus cerraduras y de lo escrito en
ella. Para la apertura se convocará a una audiencia a la que deberán comparecer
el notario y los testigos, a quienes se interrogará sobre la autenticidad de
sus firmas, si el documento se encuentra en las condiciones en que estaba
cuando se otorgó, sobre la verdad de las afirmaciones contenidas en la razón
notarial y si el sobre fue otorgado siguiendo las formalidades legales. A falta
de notario o de alguno de los testigos se procederá al cotejo de firmas y los
demás indicarán si los ausentes estuvieron presentes en el acto. Se dejará
constancia de todas las observaciones que se hagan y se abrirá y leerá el
testamento ante los presentes.

El tribunal tomará las medidas necesarias para garantizar la existencia
de al menos una copia exacta del testamento, para seguridad. A esta audiencia
podrá asistir cualquiera que se crea con interés.

118.3 Testamento abierto no auténtico y testamento privilegiado. Tratándose de
testamento abierto no auténtico y del privilegiado, se procederá a su
comprobación. Para tal efecto, se convocará a los testigos del otorgamiento, a
quienes se interrogará sobre la autenticidad de sus firmas y el cumplimiento de
las solemnidades exigidas para la validez del tipo de testamento respectivo,
según la normativa civil. En caso de testamento privilegiado, también se citará
a la persona ante la cual se otorgó, y se interrogará a todos sobre la
existencia de la situación excepcional prevista por el ordenamiento civil para
su otorgamiento.

118.4 Resolución. Cuando el testamento fuera válido, el tribunal lo
declarará y en la misma resolución ordenará la apertura del sucesorio como
testamentario, si fuera procedente. En caso contrario, se ordenará tramitar la
sucesión como legítima.

ARTÍCULO 119.- Procesos pendientes y posteriores

El establecimiento de un proceso sucesorio en ningún caso afectará la
competencia para el conocimiento de los procesos pendientes o posteriores que
interesen al causante, a la sucesión o a sus herederos.

Artículo 120- Prejudicialidad. Cuando se presente
demanda sobre calidad de sucesores, validez o eficacia del testamento, se
suspenderá el proceso sucesorio hasta la resolución definitiva. El mismo efecto
tendrán las demandas que afecten la integridad del patrimonio o sobre la
existencia, extensión o preferencia de créditos, siempre y cuando el resultado
del litigio afecte de tal manera el patrimonio que no sea posible hacer
liquidaciones parciales.

También, se suspenderá el proceso sucesorio con
respecto al sucesor que sea imputado en la investigación por femicidio de la
causante.

(Así
reformado por el artículo 14 de la Ley de reparación integral para personas
sobrevivientes de femicidio, N° 10263 del 6 de mayo de 2022)

ARTÍCULO 121.- Acumulación de procesos sucesorios

La acumulación de procesos sucesorios solo será procedente cuando exista
comunidad de bienes o identidad de herederos.

Cuando se promovieran varios procesos sucesorios de forma separada en
relación con un mismo causante, se acumularán a aquel en que primero se declaró
la apertura.

Cuando se promueva un proceso sucesorio judicial y otro notarial, el
primero se acumulará al segundo, si fuera legalmente procedente.

Prevalecerá el nombramiento de albacea testamentario o, en su defecto,
el designado en el que primero se declaró la apertura.

ARTÍCULO 122.- Intervención de la Procuraduría General de la República y
el Patronato Nacional de la Infancia

Cuando se determine la ausencia de sucesores se dará intervención a la
Procuraduría General de la República y al Patronato Nacional de la Infancia
cuando haya menores de edad interesados.

ARTÍCULO 123. Oposiciones

Para la resolución de cualquier oposición que se formule en un proceso
sucesorio, que no tenga un trámite expresamente señalado, se seguirá el
procedimiento incidental previsto en este Código.

ARTÍCULO 124.- Abogado director de la sucesión

El abogado director de la sucesión será elegido libremente por el
albacea.

ARTÍCULO 125.- Honorarios de albacea y abogado

Los honorarios de albacea y abogado director se pagarán al finalizar sus
gestiones. Si hubiera fondos se podrán girar anticipos, los cuales deberán guardar
proporción con el trabajo realizado y con el monto aproximado de los honorarios
totales, dejando un amplio margen para satisfacer los que se generen en el
futuro. Igual regla se seguirá en el caso de renuncia o remoción. Solo los
honorarios del albacea y del abogado director correrán por cuenta de la
sucesión. Si por cualquier razón fuera necesario abrir un proceso de sucesión
sin fines patrimoniales, los honorarios del albacea y su abogado correrán por
cuenta del interesado.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 126.- Apertura

126.1 Legitimación. Podrá promover el sucesorio toda persona que
demuestre tener interés legítimo.

126.2 Requisitos de la solicitud. La solicitud inicial deberá contener:

1. El nombre, las calidades y el último domicilio del causante.

2. Los nombres, las calidades, el domicilio y, si constara, la dirección de
los presuntos herederos.

3. Si hay personas menores de edad, personas con capacidades especiales o
ausentes.

4. Si se tiene noticia de la existencia de testamento.

5. Prueba del fallecimiento del causante.

6. Una lista provisional de los bienes del causante y su valor aproximado.

Si la gestión no cumple los requisitos, se prevendrá su corrección en el
plazo de cinco días, bajo apercibimiento de inadmisibilidad.

Cuando exista testamento auténtico se presentará con la solicitud. Si el
petente no lo tuviera en su poder indicará el lugar donde se encuentra o la
persona que lo conserva, con la finalidad de que el tribunal requiera su
presentación. En tal caso, se prevendrá la entrega dentro del plazo de cinco
días, bajo el apercibimiento que de no cumplir será responsable por los daños y
perjuicios que pudiera causar su retraso o la falta de presentación.

126.3 Resolución inicial. Cumplidos todos los requisitos se decretará
la apertura del procedimiento sucesorio y se dispondrá el emplazamiento por
quince días a los sucesores e interesados para que comparezcan a aceptar la
herencia y hacer valer sus derechos. La publicación se hará por una vez en el
Boletín Judicial. El emplazamiento será notificado a los sucesores cuyos
nombres y dirección consten en el expediente. Se llamará al albacea
testamentario o, en su defecto, se designará al que actuará hasta la conclusión
del sucesorio. Deberá aceptar el cargo tácita o expresamente dentro del plazo
de tres días y si no lo hace se designará a otra persona. Se proveerá lo
concerniente a la representación de los ausentes, a las personas menores de
edad o a las personas con capacidades especiales.

ARTÍCULO 127.- Declaratoria de sucesores

Transcurrido el emplazamiento y resueltas las oposiciones a la condición
de sucesores, se hará la declaratoria de herederos y legatarios, sin perjuicio
de tercero de igual o mejor derecho.

Si en cualquier momento, antes de la distribución del activo, se
apersonaran quienes reclamen la calidad de sucesores, cuyo igual o mejor
derecho sea evidente, el tribunal podrá modificar la declaratoria.

Si se declara heredera a la junta de educación, se le podrá poner en
posesión de los bienes una vez firme ese pronunciamiento.

ARTÍCULO 128.- Constatación del activo

128.1 Inventario. Dentro de los quince días posteriores a la
aceptación del cargo, el albacea deberá presentar el inventario de bienes. Este
se pondrá en conocimiento de los interesados por el plazo de cinco días.

128.2 Aprobación del inventario. Firme la resolución que declara sucesores, si
no existieran objeciones pendientes, se tendrá por aprobado el inventario.

128.3 Avalúo. Cuando los inmuebles, vehículos u otros bienes
tengan asignado un valor tributario o fiscal actualizado en los últimos dos
años o se tratara de bienes cotizados en bolsa, ese se tendrá como valor real.
En los demás casos, se nombrará perito.

Cuando se nombre perito, el dictamen se pondrá en conocimiento de los
interesados por el plazo de cinco días. Si se formularan objeciones y estas
fueran procedentes, se nombrará un nuevo perito. El tribunal fijará el precio
definitivo tomando en cuenta los informes técnicos.

128.4 Exclusión e inclusión de bienes. Para excluir e
incluir bienes en un proceso sucesorio tendrá legitimación cualquiera que tenga
interés directo. Se seguirá el procedimiento incidental, salvo que la solicitud
provenga del albacea.

ARTÍCULO 129.- Constatación y cancelación del pasivo

129.1 Deber de legalizar. Todos los acreedores comunes, excepto los
separatistas, deben reclamar su crédito en el proceso, indicando de forma
detallada los montos pretendidos y acompañando la documentación de respaldo.
Los que tengan sentencia firme favorable deberán acreditarlo.

Únicamente tienen el carácter de acreedores separatistas aquellos que
tengan garantía real o equiparable, hasta donde alcancen las garantías.

Para cobrar cualquier saldo en descubierto lo deben hacer dentro del
proceso sucesorio, conjuntamente con los demás acreedores comunes.

El pago se hará a prorrata si fuera necesario, salvo motivo legal de
preferencia.

129.2 Procedimiento. Si hubiera acreedores legalizantes se pondrán los
créditos reclamados en conocimiento de todos los interesados, por el plazo de
cinco días. Si no hubiera objeciones se resolverá lo que corresponda sobre la
existencia, la extensión y la preferencia de los créditos. De lo contrario, la
oposición se substanciará por el procedimiento incidental.

129.3 Cancelación del pasivo y entrega de legados. Los créditos serán
pagados, de ser posible, una vez firme la resolución que los tiene por
reconocidos. Si fuera necesario, se dispondrá la venta de bienes que se elijan
al efecto, la que llevará a cabo el albacea, y podrán autorizarse por precio
inferior al avalúo cuando las circunstancias lo ameriten. La entrega de los
legados se dispondrá siempre y cuando los intereses de los acreedores queden
garantizados con el resto de los bienes. Los acreedores y los legatarios, de
común acuerdo, podrán tomar disposiciones para el pago de lo que a ellos
corresponda.

ARTÍCULO 130.- Administración

130.1 Posesión de los bienes inventariados. Con la aceptación
del cargo, el albacea entra de pleno derecho y sin formalidad alguna en la
posesión de los bienes y ejercerá su gestión y administración hasta la entrega
a los sucesores. El cónyuge sobreviviente o el conviviente de hecho al que la
ley le confiera derechos y los hijos que en ella vivan podrán continuar
habitando la casa que ocupaban en el momento del fallecimiento del causante,
mientras no resulte adjudicada a otra persona.

Cuando los bienes inmuebles estén en poder de terceros en virtud de
situaciones de hecho consentidas por el causante por largo tiempo, y conforme
al ordenamiento jurídico sea necesario plantear una acción judicial para
recuperarlos, no se entregarán al albacea en administración ni en posesión.
Tampoco cuando exista prejudicialidad por pretensiones relacionadas con la
integridad o la existencia del patrimonio sucesorio.

Si el albacea encontrara dificultad para ocupar todos o alguno de los
bienes reclamará la intervención del tribunal, que ordenará ponerlo en
posesión.

Las potestades del albacea concluyen con la ejecución del convenio o cuenta partición o con su
renuncia, muerte o remoción firme; no  obstante, en el caso de renuncia debe continuar en la
administración hasta que el sustituto acepte el cargo.

130.2 Legajo de administración. Todo lo relativo a la administración se
tramitará en legajo separado. En el caso de que lleguen a existir varios
albaceas, se formará un expediente para cada uno. No es permitido involucrar en
esos legajos peticiones propias del expediente principal.

130.3 Rendición periódica de cuentas. Cuando el patrimonio sea susceptible de
gestión o administración, el albacea debe rendir cuentas periódicas,
documentadas y detalladas, justificando los ingresos y los egresos. Una vez
presentadas, se pondrán en conocimiento de los interesados. El tribunal
determinará, de acuerdo con las circunstancias, la periodicidad con que deben
rendirse las cuentas y la forma de custodia del dinero.

130.4 Plan de administración. En las sucesiones testamentarias deberá
cumplirse con las indicaciones incluidas en el testamento sobre la forma de
administración. Si no existieran disposiciones al respecto y en las sucesiones
legítimas, dentro de los quince días siguientes a la aceptación del cargo, el
albacea deberá presentar un plan de administración, justificando los gastos que
se contemplen. Ese deber se podrá dispensar según la naturaleza de los bienes o
la importancia del patrimonio. Acerca del plan se conferirá audiencia a los
interesados por cinco días, transcurridos los cuales se resolverá sobre su
aprobación.

130.5 Productos de la administración. Los productos de la administración deberán
ser depositados conforme se hubiera ordenado, previo rebajo de los gastos
autorizados o que necesariamente deban haberse hecho para su obtención. El
albacea, salvo disposición en contrario de los interesados, está obligado a
velar por que esos productos se mantengan colocados en depósitos nominativos o
a plazo en bancos del Sistema Bancario Nacional, en forma tal que no dificulte
la partición.

130.6 Autorizaciones. Cuando el albacea requiera autorizaciones, se
oirá por tres días a los interesados y luego se resolverá lo que corresponda.

130.7 Venta de bienes. Cuando sea procedente la venta de bienes se hará
con base en avalúo pericial. Previa audiencia a los interesados, se podrá
autorizar disminuciones en el precio, si hubiera dificultades para realizar la
venta. Cuando se disponga de forma judicial, se estará a lo dispuesto para el
remate, en cuyo caso, si se declara insubsistente la subasta, el depósito de
participación se abonará íntegro a la sucesión como daños y perjuicios.

Si se trata de efectos públicos o de comercio, el albacea podrá utilizar
los sistemas de negociación establecidos para la venta de esos valores.

El tribunal podrá autorizar la venta anticipada de bienes sin dar
audiencia a los interesados, cuando se trate de bienes perecederos o sea
evidentemente necesario y útil.

130.8 Adelanto de rentas para alimentos. A solicitud de los
interesados, se podrá ordenar que de los productos de la administración se les
entreguen sumas de dinero a los sucesores que lo necesiten, para la
satisfacción de alimentos, hasta la cantidad que respectivamente pueda corresponderles,
como renta líquida de los bienes a que tengan derecho.

Corresponde al albacea ejecutar lo resuelto en los términos previstos
por el tribunal.

130.9 Cuenta final. Todo albacea debe rendir cuenta de su
administración, dentro de los quince días siguientes a la finalización de su
gestión, salvo que todos los interesados fueran mayores de edad y capaces y lo
hubieran eximido. La cuenta se revisará en el legajo de administración
siguiendo el procedimiento incidental. Si no existe oposición, no hay discrepancia
con los estados presentados y no contraviene la ley, se aprobará la cuenta. En
caso contrario, se improbará la cuenta presentada y se prevendrá al albacea
formularla nuevamente.

En todo lo que sea pertinente, se aplicarán las reglas de la ejecución
de sentencias de rendición de cuentas, lo que se hará en el mismo proceso. Para
esos efectos, se nombrará un albacea específico.

ARTÍCULO 131.- Remoción del albacea

El albacea puede ser removido, de oficio o a petición de parte
interesada, cuando no cumpla los deberes de su cargo con corrección y
diligencia o proceda indebidamente en el ejercicio de sus funciones con perjuicio
de los intereses de la sucesión. La remoción se tramitará en la vía incidental.

ARTÍCULO 132.- Adjudicación de bienes sucesorios sometidos a regímenes
especiales

En procesos sucesorios en que existan bienes sometidos a regímenes
especiales, en los cuales sea necesaria la autorización previa de un ente
público para su transmisión, firme la declaratoria de herederos, se gestionará
la aprobación ante el ente correspondiente. De existir otros bienes no
sometidos a regímenes especiales, el procedimiento de distribución o partición
se suspenderá en espera del resultado de la autorización, salvo acuerdo unánime
de los herederos para que, de ser procedente, se realicen particiones
parciales.

ARTÍCULO 133.- Distribución y partición de bienes sucesorios

133.1 Distribución por acuerdo de interesados. Firme la
declaratoria de sucesores, aprobado el inventario y si no existen controversias
pendientes de resolución, todos los interesados, de común acuerdo, sin
necesidad de autorización expresa, podrán disponer sobre la distribución de los
bienes. Si se tratara de bienes que deben registrarse, el convenio deberá
hacerse constar en escritura pública, de la cual se enviará copia auténtica al
tribunal. En los demás casos, se comunicará lo convenido.

Cuando el acuerdo involucre intereses de ausentes, personas menores de
edad o personas con capacidades especiales, deberá ser homologado por el tribunal.

133.2 Fijación de las bases de la partición judicial. Satisfechos o no los
créditos, se convocará a todos los que se mantengan como interesados a una
audiencia para fijar las bases de la partición. Estas solo pueden resultar del
acuerdo unánime de todos los interesados, serán vinculantes para el albacea y
se establecerán reservando lo que corresponda para satisfacer todos los gastos
del proceso aún no cubiertos y los que se deban cubrir en el futuro, para
ejecutar la partición y cualquier reclamación de acreedores que estuviera
ventilándose.

133.3 Proyecto de partición. Si no existe acuerdo en la audiencia, el
albacea queda de pleno derecho facultado para presentar un proyecto de
partición, el cual confeccionará respetando el derecho de todos y cada uno de
los interesados, de modo que su valor sea efectivamente satisfecho, mediante la
adjudicación de bienes o de derechos en abstracto, representativos de ese
valor. Si comprende bienes registrables deberá contener las formalidades y los
requisitos necesarios para la inscripción.

El proyecto de distribución será puesto en conocimiento de los
interesados por cinco días, para que hagan las observaciones que estimen
pertinentes. De haber alguna oposición se substanciará por el procedimiento
incidental. Al conocer del proyecto, se haya presentado o no oposición, el
tribunal debe velar por la tutela del interés de las personas menores de edad,
las personas con capacidades especiales o las ausentes. Si no contiene
disposiciones contrarias a la ley, lo aprobará como fue presentado o con las
correcciones o rectificaciones pertinentes. Solo si no fuera posible corregirlo
lo improbará para que se haga nuevamente. En el mismo pronunciamiento podrá
disponer que se inicie el trámite de remoción del albacea, si los defectos obedecen
a una actuación maliciosa, arbitraria o descuidada de su parte. La aprobación
del proyecto de partición, cuando exista oposición, tendrá efecto de cosa
juzgada material. Si la partición es de mayor cuantía, solo tendrá recurso de
casación; si es de menor cuantía, únicamente tendrá apelación.

133.4 Particiones parciales. Los interesados, de común acuerdo, podrán
solicitar particiones parciales cuando no sea posible aún realizar la
definitiva. No serán aprobadas cuando se ponga en peligro el derecho de
acreedores que estén litigando para el reconocimiento de sus créditos y cuando
pueda afectar la distribución definitiva.

133.5 Ejecución de la partición. Aprobada en firme la partición, se pondrán
los bienes a disposición de los adjudicatarios. Tratándose de bienes
registrables, su inscripción se hará mediante protocolización notarial. Si se
tratara de documentos o títulos de crédito, se entregarán a quien corresponda,
con la razón respectiva.

133.6 Terminación del proceso sucesorio. El proceso sucesorio
termina con la ejecución de la distribución y con la rendición de cuentas del
albacea, salvo que se le hubiera eximido de tal deber.

ARTÍCULO 134.- Reapertura

134.1 Procedencia y procedimiento. Terminado el proceso sucesorio, podrá
reabrirse si aparecieran bienes no tomados en cuenta o surgieran reclamaciones
o situaciones jurídicas que justifiquen la reapertura. De la solicitud se dará
audiencia por tres días a los adjudicatarios, a quienes se les ordenará
notificar personalmente o en la casa de habitación. Cuandoel domicilio sea
desconocido y no puedan ser localizados se les notificará por un edicto que se
publicará una vez en el Boletín Judicial.

Si se ordena la reapertura, se llamará al último albacea para que asuma
nuevamente el cargo y, si ello no fuera posible, se nombrará un albacea
específico.

134.2 Efectos de la reapertura. La reapertura no afectará la declaratoria de
sucesores, aprobaciones de créditos o particiones extrajudiciales o judiciales
realizadas con anterioridad.

Cuando la reapertura se haga con el fin de conferir representación al
sucesorio, para sustentar una demanda con fines patrimoniales, los honorarios
del albacea y de su abogado serán cubiertos por el promovente de la reapertura
si resulta vencido en el proceso interpuesto. En los demás casos, tales
honorarios serán cubiertos por la sucesión o los herederos o legatarios, según
lo estime el tribunal, de acuerdo con la fijación prudencial que se haga.

ARTÍCULO 135.- Sucesión en el extranjero

135.1 Eficacia de las adjudicaciones efectuadas en el extranjero. Si una persona
domiciliada en el extranjero dejara bienes en Costa Rica y se hubiera seguido proceso
sucesorio en el exterior, serán válidas aquí las adjudicaciones y demás actos
legales realizados, siempre que se haya tramitado por quienes tengan derecho de
hacerlo y se haya procedido conforme a las leyes de aquel lugar.

135.2 Procedimiento. Para dar eficacia en Costa Rica a las particiones
hechas en el extranjero, será necesario que el interesado, previo el exequátur
de ley, solicite al tribunal del lugar donde se encuentren los bienes o la
mayor parte de estos, que convoque a quienes, según las leyes del país,
pudieran perjudicar las adjudicaciones, trasmisiones o actos realizados en el
domicilio de la sucesión. Para tal efecto, se seguirá el procedimiento de
convocatoria establecido para la sucesión judicial nacional. Si transcurrido el
plazo nadie se presentara o si existiendo oposiciones estas fueran
desestimadas, se aprobará lo dispuesto en el extranjero. Las oposiciones que se
formulen se dilucidarán por el procedimiento incidental. Si se estimara la
oposición, se procederá conforme corresponda al mejor derecho reclamado, y se
cumplirá lo dispuesto en el extranjero solo en la medida en que no resulte
afectado por la decisión del tribunal nacional.

135.3 Reclamos contra la sucesión domiciliada en el extranjero. Los acreedores de
una sucesión radicada en el extranjero podrán demandar en Costa Rica, cuando
tuvieran una garantía real o equiparada, el deudor hubiera renunciado
válidamente su domicilio, o se trate de ejecutar una sentencia obtenida en el
domicilio de la sucesión.

Los demás acreedores deberán formular su reclamo ante el tribunal que
conoce del proceso. No obstante, mientras se apersonan donde corresponde podrán
solicitar el embargo de bienes u otras medidas cautelares. El acreedor
embargante no podrá ser perjudicado por la adjudicación o el pago hecho con el
bien embargado a otro acreedor en el extranjero, sino después de que se
declare, según las leyes costarricenses, que el derecho reconocido en el
extranjero, por su naturaleza, es de mejor condición.

TÍTULO III

PROCESO DE EJECUCIÓN

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 136.- Inicio de la ejecución y competencia

La ejecución de pronunciamientos y acuerdos ejecutorios se ordenará a
gestión de parte. Podrá ordenarse de oficio cuando se trate de derechos o
intereses de carácter público o social. Será competente el tribunal que hubiera
dictado el pronunciamiento u homologado el acuerdo o los tribunales
especializados establecidos para ese efecto. Solo que legalmente no pudiera
hacerse por este, se hará por el tribunal que corresponda, según las reglas
generales de competencia. Para la ejecución servirá como base el documento
auténtico en el que conste el acto o el acuerdo respectivo.

ARTÍCULO 137.- Allanamiento

Para la ejecución de pronunciamientos y acuerdos ejecutorios, cualquiera
que sea su naturaleza, el tribunal podrá ordenar el allanamiento cuando las
circunstancias lo ameriten. Para tal efecto, fijará el objeto, así como las
condiciones bajo las cuales se practicará el allanamiento y tendrá amplias
facultades para ingresar a los lugares, eliminar cualquier obstáculo o
auxiliarse con la Fuerza Pública cuando lo estime necesario. Del allanamiento
se levantará un acta, firmada por los interesados, donde se consignará en forma
circunstanciada su resultado.

ARTÍCULO 138.- Efectos de la ejecución imposible

Cuando la ejecución resulte imposible, por cualquier motivo, el obligado
deberá indemnizar a la parte contraria los daños y perjuicios causados.

ARTÍCULO 139.- Imputación de pagos

Las sumas obtenidas como consecuencia de un proceso, salvo disposición
legal en contrario, serán imputadas en el siguiente orden: costas, intereses y
principal.

ARTÍCULO 140.- Adecuación de las sentencias

Las sentencias firmes y los acuerdos ejecutorios, aunque no contengan
disposición al respecto, deberán ser adecuados económicamente a futuro, a
solicitud de parte, siempre que no se contravenga el ordenamiento jurídico.

Las obligaciones dinerarias en moneda nacional se ajustarán conforme al
índice de precios al consumidor. Tratándose de moneda extranjera, será
aplicable la tasa "prime rate" o, si esta no fuera
aplicable, la tasa internacional correspondiente a la moneda de que se trate.

CAPÍTULO II

EJECUCIÓN PROVISIONAL

ARTÍCULO 141.- Procedencia de la ejecución provisional

A solicitud de parte, las sentencias condenatorias de contenido
patrimonial serán ejecutables provisionalmente sin necesidad de rendir garantía.
No serán susceptibles de ejecución provisional las sentencias que condenen a
emitir una declaración de voluntad, declaren la nulidad o caducidad de títulos
de propiedad industrial, modificación, nulidad o cancelación de asientos de
registros públicos, ni de sentencias extranjeras no firmes, salvo que se
disponga lo contrario en los tratados internacionales vigentes en Costa Rica.

ARTÍCULO 142.- Requisitos de la solicitud y admisión en ejecución
provisional de condenas no dinerarias

A la solicitud de ejecución provisional de condenas no dinerarias se
acompañará, cuando sea necesario, certificación de la sentencia. Si fuera
admisible, el tribunal le dará curso siguiendo el procedimiento incidental y
formará un legajo con el testimonio de piezas que sean indispensables.

ARTÍCULO 143.- Oposición a la ejecución provisional de sentencias de
condena no dinerarias

143.1 Causales de oposición. La oposición a la ejecución provisional de
condenas no dinerarias solo podrá fundarse en las siguientes causas:

1. Encontrarse en uno de los supuestos en que la ejecución provisional no
es procedente.

2. Cuando la sentencia fuera de condena no dineraria, pueda resultar
imposible o muy difícil, atendida la naturaleza de lo ejecutado, restaurar la
situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al
ejecutado mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le
causaran si aquella sentencia fuera revocada.

143.2 Procedimiento de la oposición. Cuando exista oposición a la solicitud de
ejecución provisional y se hubiera alegado imposibilidad o dificultad de
restaurar la situación anterior o de compensar económicamente al ejecutado, la
cuestión se debatirá en la audiencia oral.

En esta el solicitante podrá rebatir los argumentos de la oposición y
ofrecer garantía, para que de revocarse la sentencia se restaure la situación
anterior o, de ser esto imposible, se resarzan los daños y perjuicios causados.

ARTÍCULO 144.- Efectos de la revocatoria de la sentencia no dineraria
ejecutada provisionalmente

Tratándose de una sentencia de condena no dineraria, se restaurará la
situación anterior a la ejecución, salvo que ello no fuera posible, en cuyo
caso se procederá a la determinación de los daños y perjuicios ocasionados y a
hacer efectivas las garantías rendidas.

ARTÍCULO 145.- Ejecución provisional de condenas dinerarias

La ejecución provisional de sentencias dinerarias se limitará al embargo
de bienes y no se admitirá oposición del ejecutado. Si la sentencia de condena
dineraria provisionalmente ejecutada fuera revocada se levantarán los embargos
y se condenará al ejecutante al pago de las costas de la ejecución provisional
y a resarcir los daños y perjuicios que dicha ejecución hubiera ocasionado.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN

ARTÍCULO 146.- Sentencias de condena sobre extremos económicos
determinables en dinero

Cuando se pretenda ejecutar una condena sobre extremos económicos
determinables en dinero, el victorioso deberá presentar liquidación concreta y
detallada de sus pretensiones, indicando separadamente los montos respectivos y
sujetándose a las bases fijadas en la sentencia, cuando estas hayan sido
establecidas. En la solicitud se ofrecerá y presentará toda la prueba.

ARTÍCULO 147.- Procedimiento para cuantificar extremos económicos,
cantidad por liquidar y rendición de cuentas

Para cuantificar extremos económicos determinables en dinero, cantidad
por liquidar y rendición de cuentas se seguirá el procedimiento incidental.

ARTÍCULO 148.- Condena de dar

Cuando deba entregarse un bien mueble o inmueble y el obligado no lo
hiciera voluntariamente, se procederá a la entrega o puesta en posesión. Los
muebles que no deban entregarse con un inmueble se pondrán en depósito, si su
dueño no quisiera o no pudiera retirarlos en el acto de la expulsión, y sobre
dichos muebles se podrá ejercer derecho de retención por los gastos que origine
el depósito.

ARTÍCULO 149.- Condena de hacer

Tratándose de una condena de hacer, si el obligado realizara de modo
distinto o defectuoso lo ordenado, lo que se determinará por el procedimiento
incidental, se destruirá lo hecho y se dispondrá hacerlo conforme a la
sentencia. Todos los gastos correrán a cargo del incumpliente, quien deberá
indemnizar los daños y perjuicios causados con la ejecución indebida.

ARTÍCULO 150.- Condena de no hacer

Si se incumpliera la obligación de no hacer, el tribunal tomará las
medidas para lograr la efectividad de lo resuelto, incluso con el auxilio de la
autoridad de policía. Cuando sea procedente se destruirá lo hecho en contra de
lo ordenado en la sentencia. En todo caso, se condenará al vencido a indemnizar
los daños y perjuicios ocasionados.

ARTÍCULO 151.- Frutos en especie y efectos de comercio

Cuando sea necesaria la ejecución por incumplimiento de la obligación de
entrega de cantidad determinada de frutos en especie o de efectos de comercio,
se procederá a la conversión a dinero y a hacer efectiva la suma resultante,
según los parámetros fijados en la sentencia. La valoración de los frutos se
hará conforme a lo dispuesto en la sentencia; en su defecto, por el precio
corriente y actual en el mercado del lugar donde se deba verificar la entrega,
o en el más próximo, del día en que se practique. El precio se acreditará con
el informe de uno o dos corredores jurados, si los hubiera, y si no, con el de
uno o dos comerciantes de reconocida honorabilidad, nombrados unos y otros por
el tribunal, que fijará previamente sus honorarios. En todo caso, corresponderá
al tribunal establecer el procedimiento de valoración o hacerla
prudencialmente.

ARTÍCULO 152.- Embargo

Si se tratara de la ejecución de sentencias de condena sobre extremos
económicos determinables en dinero, cantidad por liquidar, de dar, de hacer, de
no hacer, si no se pudiera conseguir el inmediato cumplimiento por cualquier
causa se podrá decretar el embargo de bienes a instancia del acreedor, sin
necesidad de hacer depósito, en una cantidad suficiente, a criterio del
tribunal, para asegurar los derechos de este.

CAPÍTULO IV

EJECUCIÓN POR SUMA LÍQUIDA

ARTÍCULO 153.- Procedencia

Cuando la ejecución se refiera al pago de una suma líquida y exigible se
procederá, según las disposiciones de este capítulo, al embargo y la venta
forzosa de bienes.

ARTÍCULO 154.- Embargo

154.1 Decreto de embargo. Constatada la existencia de una obligación
dineraria líquida y exigible a solicitud del acreedor, se decretará embargo
sobre los bienes del deudor susceptibles de esa medida. El embargo se decretará
por el capital reclamado y los intereses liquidados, más un cincuenta por
ciento (50%) para cubrir intereses futuros y costas.

154.2 Práctica del embargo. Para la práctica del embargo se designará
ejecutor, a quien se le fijarán honorarios, estos deberán ser pagados
directamente por el interesado. Al practicarlo, el ejecutor solo tomará en
cuenta bienes legalmente embargables y de lo actuado levantará un acta en la
que consignará la hora, la fecha y el lugar. Si se tratara de bienes muebles,
las características necesarias para identificarlos. Si se tratara de inmuebles,
las citas de inscripción, los linderos, las obras y los cultivos que se hallen
en ellos.

En el acto designará como depositario a la persona que las partes elijan
y a falta de convenio a quien se encuentre en posesión de los bienes, salvo que
por el abandono, el peligro de deterioro, la pérdida, la ocultación, o
cualquier otra circunstancia fuera conveniente depositarlos en el acreedor o en
un tercero. Se exceptúan los supuestos que señale la ley, para el depósito de
determinados bienes. Al designado se le advertirá de las obligaciones de su
cargo y se le prevendrá señalar medio para recibir notificaciones.

El embargo de sueldos, rentas, depósitos, cuentas, títulos o ingresos
periódicos se comunicará de la forma más expedita posible. Cuando sea
necesario, se apercibirá al funcionario encargado que está en la obligación de
ejecutar lo ordenado y depositar de inmediato las sumas o bienes, bajo pena de
desobediencia a la autoridad.

Para el embargo de bienes o derechos registrados, el tribunal lo anotará
directamente en el registro respectivo por medios tecnológicos y solo en caso
de imposibilidad remitirá mandamiento para que sea el registro el que haga la
anotación. El embargo se tendrá por practicado con la anotación y afectará a
los embargantes y los anotantes posteriores, a
quienes no será necesario notificarles. En tales supuestos, la práctica
material del embargo será optativa, a solicitud del ejecutante.

No será necesario practicar otros embargos sobre un bien embargado,
siempre que tal medida se mantenga vigente; para tener por practicados los
posteriores, bastará comunicar el decreto de embargo al tribunal que decretó el
primero. Tratándose de bienes registrados, será necesario, además, comunicar los
embargos posteriores al registro respectivo.

154.3 Embargo de bienes productivos. Cuando se embarguen bienes productivos, el
ejecutado podrá solicitar al tribunal autorización para utilizarlos en la
actividad a la que están destinados. Cuando se embargue una empresa o un grupo
de empresas, o acciones o participaciones que representen la mayoría del
capital social del patrimonio común o de los bienes o derechos pertenecientes a
una empresa o adscritos a su explotación, podrá constituirse una administración;
para ello, se aplicarán las normas relativas a la medida cautelar de
administración e intervención de bienes productivos.

154.4 Custodia de dineros producto de embargos. Cuando se obtenga
dinero como producto de embargos se procederá a su depósito inmediato.

154.5 Venta anticipada de bienes embargados. A solicitud de
parte o del depositario, el tribunal podrá ordenar la venta anticipada de
bienes embargados, cuando exista peligro de que pudieran desaparecer,
desmejorarse, perder su valor o fueran de difícil o costosa conservación.

Para tal efecto, se tomará como base el valor en plaza, de comercio o en
bolsa.

154.6 Modificación, sustitución y levantamiento del embargo. El embargo se puede
ampliar o reducir cuando haya insuficiencia o exceso de bienes embargados. La
ampliación se ordenará a petición del acreedor. Para resolver sobre la
reducción se seguirá el procedimiento incidental.

Los bienes embargados no podrán ser sustituidos por otros, salvo
aquiescencia del embargante.

Mediante depósito de la suma por la que se decretó, el deudor o
cualquier interesado podrá evitar el embargo. Para levantar un embargo será
necesario depositar la totalidad de lo debido en el momento en que se haga la
solicitud.

154.7 Levantamiento de embargo sin tercería. El tercero cuyos
bienes hayan sido embargados podrá pedir el levantamiento sin promover tercería
de dominio, y acompañará la documentación exigida para esta última. De la
solicitud se emplazará por tres días al embargante y de seguido el tribunal
resolverá sin ulterior trámite. Si se denegara el levantamiento, el interesado
podrá interponer la tercería.

ARTÍCULO 155.- Preferencia entre embargantes

Prevalecerá el derecho del acreedor anotante
del embargo sobre los derechos de los acreedores reales o personales, que
nacieran con posterioridad a la presentación de la anotación en el registro.
Esos acreedores posteriores no podrán pretender derecho alguno sobre el bien,
ni en el precio de este, con perjuicio del embargante, salvo los casos de
prioridad regulados en la legislación sustantiva.

El anotante no gozará de preferencia alguna
por el solo motivo de la anotación o de la práctica del embargo en bienes no
registrados frente a los acreedores personales anteriores que hicieran tercería
cuando no existan bienes suficientes para cubrir los créditos.

ARTÍCULO 156.- Venta de valores o efectos negociables en bolsa

Si lo embargado fueran valores o efectos negociables en bolsa, se
comisionará a un puesto de bolsa para que los haga efectivos. El producto de
ellos se depositará en la cuenta bancaria correspondiente, previo rebajo de la
comisión que legalmente corresponda pagar por el servicio, de todo lo cual el
puesto deberá rendir cuenta documentada y detallada.

ARTÍCULO 157.- Actos preparatorios del remate

157.1 Concurrencia de acreedores sobre el mismo bien. Todos los acreedores
embargantes o con garantía real deberán gestionar el pago de sus créditos, en el
proceso en el cual se haya efectuado primero la publicación del edicto de
remate del bien que les sirve de garantía. Si se planteara una nueva ejecución
sobre el mismo bien, el tribunal ordenará suspender el proceso nuevo tan pronto
llegue a su conocimiento la existencia de la ejecución anterior.

Todos los acreedores apersonados, inclusive los embargantes que hayan
obtenido resolución ordenando el remate, podrán impulsar el procedimiento.

157.2 Solicitud de remate. Con la primera solicitud de remate, el ejecutante
deberá acreditar los gravámenes, los embargos y las anotaciones que pesen sobre
los bienes. Esa documentación no se requerirá para posteriores solicitudes; no
obstante, el ejecutado o cualquier interesado podrá demostrar al tribunal
cualquier modificación.

157.3. Base del remate

Servirá como base para remate la suma pactada por
las partes. En defecto de convenio, a elección del ejecutante, servirá de base
el monto que se determine mediante avalúo pericial o el valor registrado,
cuando los bienes tengan asignado un valor tributario o fiscal actualizado en
los últimos dos años. En los demás casos, se procederá al avalúo, el cual será
realizado por expertos de la lista oficial, salvo el caso de inopia absoluta o
relativa. Si los bienes por subastar soportan gravámenes, la base será siempre
la establecida para la garantía de grado preferente vencida. En las ejecuciones
sobre bienes sujetos a concurso, la base se determinará conforme a lo dispuesto
en la legislación concursal.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 74
de la ley N° 9957 del 14 de abril del 2021
"Ley Concursal de Costa Rica)

157.4. Orden de remate y
notificaciones

Si la solicitud es
procedente, el tribunal ordenará el remate e indicará el bien por rematar, las
bases, la hora y la fecha de las tres subastas.

Si el bien se vende en concurso, o por ejecución en
primer grado, el remate se ordenará libre de gravámenes. Si la venta fuera por
ejecución de un acreedor de grado inferior, se ordenará soportando los
gravámenes anteriores de condición no cumplida o de plazo no vencido; pero si
los créditos anteriores fueran ya exigibles, también se ordenará libre de
gravámenes, y el precio de ella se aplicará al pago de los acreedores, según el
orden de sus respectivos créditos.

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 74 de la ley N° 9957 del 14 de abril del 2021 "Ley Concursal
de Costa Rica", se reformó el párrafo segundo del artículo 417 del Código Civil No.63 de 28 de
setiembre de 1887, al señalar que: "Si la finca se vende en un proceso concursal o por ejecución del
acreedor hipotecario primero en grado, la recibirá el comprador libre de gravamen". No obstante, el
indicado numeral 417 había sido derogado en su totalidad por el numeral 183, apartado 4), del propio
Código Procesal Civil) 

Si de la documentación presentada se desprende la
existencia de gravámenes o anotaciones, se notificará a los terceros
adquirentes, acreedores y anotantes anteriores al embargo o a la anotación de
la demanda, cuando proceda, para que se apersonen a hacer valer sus derechos en
el plazo de cinco días. Cuando alguna de esas personas no pudiera ser
encontrada, se le podrá notificar por medio de un edicto que se publicará una
vez en el Boletín Judicial.

Para la subasta de bienes de una persona
concursada, se aplicarán las disposiciones de la legislación concursal y de
manera supletoria lo dispuesto en este Código.

(Así reformado el inciso 157.4) anterior por el
artículo 74 de la ley N° 9957 del 14 de abril
del 2021 "Ley Concursal de Costa Rica)

157.5 Publicación del aviso. El remate se anunciará por un edicto que se
publicará dos veces, en días consecutivos, en el Boletín Judicial y en él se
expresará la base, la hora, el lugar y los días de las subastas. Si se tratara
de muebles, el edicto contendrá una descripción lacónica de su identificación y
se indicará su naturaleza, clase y estado. Si fueran inmuebles, los datos de
inscripción en el Registro Público de la Propiedad, el distrito, el cantón y la
provincia donde están ubicados, así como la naturaleza, la medida, los linderos,
los gravámenes y las anotaciones, y las construcciones o cultivos que contenga,
si esto último constara en el expediente. Se consignarán, además, los
gravámenes que afecten el bien, cuando el adjudicatario deba soportarlos.

ARTÍCULO 158.- Suspensión del remate

El remate solo se suspenderá a solicitud del acreedor o de todos los
acreedores ejecutantes apersonados. También, se suspenderá cuando cualquier
interesado deposite a la orden del tribunal una suma que cubra la totalidad de
los extremos reclamados, incluyendo costas. Cuando la suma depositada sea
evidentemente insuficiente no se suspenderá el remate. Si hubiera duda, se
realizará sujeto a que, determinada la suma faltante, el interesado cubra la
diferencia dentro del tercer día, en cuyo caso se dejará sin efecto.

ARTÍCULO 159.- Remate

El remate solo podrá verificarse cuando hayan transcurrido cinco días
hábiles desde el día siguiente de la primera publicación del edicto y la
notificación a todos los interesados. Si antes de efectuarse el remate se
presentara oposición o gestión para suspenderlo, la subasta se llevará a cabo y
se advertirá a los interesados que su resultado quedará sujeto a lo que se
resuelva. Será presidido por un rematador o por el auxiliar judicial que se
designe, sin perjuicio de la intervención del juez. El día y la hora señalados
el pregonero anunciará el remate leyendo el edicto en voz alta y, quien
preside, pondrá en conocimiento de los asistentes las posturas y las mejoras
que se hagan y dará por terminado el acto cuando no haya quien mejore la última
postura, adjudicando el bien al mejor postor. No se admitirán ofertas que no
cubran la base.

Quien adquiera bienes mediante remate lo hará bajo su riesgo en cuanto a
situación, estado o condiciones de hecho, consten o no en el expediente.

El postor, para participar, debe depositar el cincuenta por ciento (50%)
de la base, en efectivo, mediante entero bancario a la orden del tribunal,
cheque certificado de un banco costarricense o cualquier mecanismo tecnológico
debidamente autorizado que garantice la eficacia del pago y señalar medio para
atender notificaciones. Si en el acto del remate el comprador no paga la
totalidad de lo ofrecido deberá depositarla dentro del tercer día; si no lo
hiciera, se declarará insubsistente la subasta.

De todo lo actuado se levantará acta, la cual firmarán quien presidió,
el comprador, las partes y sus abogados. Si cualquiera de los presentes no
puede hacerlo se consignará esa circunstancia.

El acreedor que tenga derecho preferente de pago no estará obligado a
hacer depósito para participar, siempre que la oferta fuera en abono a su
crédito, el que para este efecto se fija en el capital más el cincuenta por
ciento (50%). Si ofreciera una suma que supere su crédito, deberá depositar
para participar. Si el monto ofrecido supera lo adeudado, una vez aprobada la
liquidación final, se le prevendrá depositar la diferencia dentro del tercer
día. Si no lo hiciera, el remate se declarará insubsistente.

ARTÍCULO 160.- Presentación de los bienes y celebración del remate en
lugar donde estos se encuentren

Para efectos de remate, el tribunal podrá ordenar a quien los tenga en
su poder la presentación de los bienes, a fin de inspeccionarlos o para que los
postores los tengan a la vista. Si por su naturaleza no pudieran ser
trasladados, se podrá disponer la inspección en el lugar donde se hallen y
cuando se considere pertinente, el remate se verificará en el lugar en que
estos se encuentren. Cuando haya ocultación de los bienes o negativa a ponerlos
a disposición del tribunal, cuando este lo ordene, se pondrá en conocimiento de
la autoridad penal competente.

ARTÍCULO 161.- Remate fracasado

Si en el primer remate no hubiera postor se efectuará la segunda subasta
una vez transcurrido un plazo no menor de cinco días, rebajando la base en un
veinticinco por ciento (25%) de la original. Si en el segundo remate tampoco
hay oferentes, se celebrará una tercera subasta en un plazo no menor de cinco
días. La tercera subasta se iniciará con el veinticinco por ciento (25%) de la
base original y en ella el postor deberá depositar la totalidad de su oferta.
Si en la tercera subasta no hubiera postores, se tendrán por adjudicados los
bienes al ejecutante, por el veinticinco por ciento (25%) de la base original.

ARTÍCULO 162.- Remate insubsistente

Si el mejor oferente no consignara el precio dentro del plazo señalado,
se tendrá por insubsistente el remate. El treinta por ciento (30%) del depósito
se entregará a los ejecutantes como indemnización fija de daños y perjuicios y
el resto en abono al crédito al acreedor ejecutante de grado preferente. Cuando
hubiera varios acreedores ejecutantes de crédito vencido, el monto
correspondiente a daños y perjuicios se girará a todos por partes iguales.
Declarada la insubsistencia de la subasta, se ordenará celebrarla nuevamente y
el depósito para participar será de la totalidad de la base.

ARTÍCULO 163.- Aprobación, protocolización, cancelación de gravámenes y
entrega del bien

Practicado el remate, el tribunal lo aprobará, si para su realización se
han seguido las disposiciones legales. En la resolución que lo apruebe se ordenará
cancelar las inscripciones o anotaciones relativas al crédito de grado superior
vencido que se ejecuta y las inferiores a este, así como las que consten en la
certificación base de la subasta y las que se hubieran anotado después.
Asimismo, autorizará la protocolización pertinente y ordenará la entrega del
bien.

ARTÍCULO 164.- Liquidación del producto del remate

En el caso de venta en subasta de bienes, el producto será liquidado en
el orden siguiente:

1. Las costas.

2. Los gastos de cuido, el depósito, la administración y el mantenimiento, desde
el día del embargo hasta la firmeza del remate. El deudor no podrá cobrar
honorarios ni gastos si hubiera sido el depositario de los bienes rematados. En
ese mismo supuesto, el ejecutante solo podrá cobrar los gastos de conservación.

3. El pago de intereses y capital, atendiendo al orden de prelación cuando
existan varios acreedores. Si alguno no se presentara y el remate no se hubiera
celebrado soportando su gravamen, se reservará lo que le corresponda.

El remanente será entregado al deudor, salvo si hubiera algún motivo de
impedimento legal.

ARTÍCULO 165.- Impugnación del remate

El remate y la actividad procesal defectuosa que se haya producido antes
o durante su celebración solo serán impugnables mediante los recursos que quepan
contra la resolución que lo aprueba. La nulidad podrá alegarse con
posterioridad a la firmeza del auto aprobatorio, por la vía incidental,
únicamente cuando se sustente en una de las causales por las cuales es
admisible la demanda de revisión. Dicho incidente será inadmisible si se
planteara después de tres meses posteriores al conocimiento de la causal, del
momento en que el perjudicado debió conocerla o pudo hacerla valer.

CAPÍTULO V

EJECUCIÓN HIPOTECARIA Y PRENDARIA

ARTÍCULO 166.- Títulos

Las hipotecas comunes y de cédula, así como la prenda debidamente
inscritas, constituyen títulos de ejecución con renuncia de trámites para hacer
efectivo el privilegio sobre lo gravado o, en su caso, sobre la suma del
seguro, así como para hacer efectivas todas las garantías personales, las
cuales se entenderán limitadas al saldo en descubierto. Las hipotecas y las
prendas que por disposición legal no requieran inscripción tienen la misma
eficacia. Para esos efectos, constituyen documentos idóneos los originales de
cédulas hipotecarias y sus cupones de intereses, las certificaciones de las
escrituras de las hipotecas comunes y las prendas inscritas, siempre que en
ellas conste que las inscripciones no están canceladas o modificadas por otro
asiento.

ARTÍCULO 167.- Demanda y resolución inicial

Con la demanda deberán presentarse los documentos en que se funde la
ejecución. Se demandará al deudor y al propietario que consintió en el gravamen
sobre los bienes y si no se hiciera, previa advertencia al actor para que
complete la legitimación en el plazo de cinco días, se declarará la
inadmisibilidad de la ejecución. Se podrá demandar a los fiadores para ejercer
contra ellos su responsabilidad en caso de existir saldo en descubierto. De
oficio, en la resolución que le da curso al proceso se ordenará y practicará la
anotación de la demanda en el registro correspondiente, la cual afectará a los
embargantes y anotantes posteriores, a quienes no
será necesario notificarles.

ARTÍCULO 168.- Oposición

En los procesos de ejecución hipotecaria y prendaria solo se admitirá
oposición referida a falta de exigibilidad, pago y prescripción. Deberá
formularse en el plazo de cinco días. Para dilucidar la oposición se seguirá el
procedimiento incidental, no se suspenderá el remate, pero este no se aprobará
mientras la oposición no sea rechazada.

ARTÍCULO 169.- Desmejoramiento de la garantía

Cuando se probara que la garantía se ha desmejorado o se ha extinguido,
podrán perseguirse otros bienes en el mismo proceso.

ARTÍCULO 170.- Cobro de saldo en descubierto e inicio de proceso
concursal

Ejecutadas las garantías reales, cuando sea procedente y a solicitud de
parte, el tribunal establecerá el saldo en descubierto. Firme la resolución que
lo disponga, podrán los acreedores perseguir en el mismo proceso otros bienes.
Los acreedores de grado inferior no satisfechos podrán cobrar lo que se les
adeude en el mismo expediente, para lo cual se formarán legajos independientes
para cada uno. Cada legajo iniciará con una resolución en la que se establezca
el monto adeudado. Si se dieran los presupuestos, los acreedores no satisfechos
podrán solicitar, en el mismo expediente, la declaratoria de apertura de un
proceso concursal. Para el trámite y la resolución de la solicitud de apertura
del proceso concursal, se enviará el expediente al tribunal que corresponda.

ARTÍCULO 171.- Integración normativa

Las disposiciones de la ejecución por suma líquida y de remate serán
aplicables a estos procesos, en lo que sea pertinente.

CAPÍTULO VI

TERCERÍAS

ARTÍCULO 172.- Clases de tercerías

Las tercerías pueden ser de dominio, de mejor derecho y de distribución.
Son de dominio cuando el tercero alegue tenerlo sobre los bienes embargados; de
mejor derecho, cuando se pretenda tener preferencia para el pago con el
producto de ellos, y de distribución, cuando el tercero pretendiera participar
del producto del embargo, de forma proporcional o a prorrata, alegando tener un
crédito basado en un título de fecha cierta anterior a la práctica del embargo
o de la anotación en el caso de bienes registrados.

ARTÍCULO 173.- Admisibilidad

173.1 Requisitos de la demanda y documentos. La gestión inicial
deberá ser estimada y reunir en lo pertinente los requisitos previstos para los
incidentes, bajo apercibimiento de inadmisibilidad. Además, se deberá presentar
bajo pena de rechazo de plano:

1. En las tercerías de dominio o de mejor derecho: sobre bienes
registrables, documento acreditativo de la inscripción o de que está pendiente
de ese trámite. Tratándose de bienes no registrables, documento auténtico que
justifique el derecho del tercero, de fecha anterior al embargo.

2. En las tercerías de distribución, documento en el que conste una deuda
dineraria de fecha cierta anterior al embargo. Además, documentación que
acredite la insuficiencia patrimonial del deudor.

173.2 Oportunidad. No serán admisibles las tercerías de dominio cuando
se hayan adjudicado en firme los bienes al comprador. Tampoco, las de mejor
derecho o distribución cuando exista resolución firme que ordene el pago a
favor de acreedores determinados.

ARTÍCULO 174.- Efectos procesales de la tercería

La interposición y la tramitación de una tercería no suspende el curso
del procedimiento. Si fuera de dominio, se celebrará el remate, pero su aprobación
quedará sujeta a la resolución final de la tercería. Si fuera de mejor derecho
o de distribución, el pago que pudiera corresponder al tercerista se reservará
para que le sea entregado en el caso de que su pretensión prospere.

Los terceristas tendrán limitada su intervención a lo relacionado con el
aseguramiento y venta de bienes.

ARTÍCULO 175.- Procedimiento

Para dilucidar las tercerías se seguirá el procedimiento incidental. En
la resolución inicial se emplazará al ejecutante, al ejecutado y a cualquier
acreedor que se hubiera apersonado. En las tercerías de distribución, si el promovente
carece de sentencia a su favor, al dictarse el fallo deberá emitirse
pronunciamiento sobre la existencia y la extensión del crédito y su derecho de
participación en el producto de la ejecución.

ARTÍCULO 176.- Efectos de la extinción del proceso sobre las tercerías
de distribución

La extinción del proceso principal no implicará finalización de las
tercerías de distribución en trámite. Si existe solo una tercería de distribución
se considerará al tercerista como ejecutante, y si hubiera dos o más, lo será
el más antiguo. En tal caso, se continuará con la ejecución y se mantendrán los
embargos y cualquier otra medida precautoria que se hubiera decretado.

TÍTULO IV

PROCESO NO CONTENCIOSO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 177.- Procedencia

Se observarán las disposiciones establecidas en este título cuando la
ley exija autorizar, homologar o controlar la legalidad de determinados actos jurídicos
o comunicar, mediante intervención de tribunal, opciones u otros actos de
voluntad y no exista otro procedimiento establecido.

Por este procedimiento se tramitarán:

1. El pago por consignación.

2. El deslinde y la demarcación de linderos.

3. La declaratoria de ausencia o la muerte presunta.

4. Cualquier otro estipulado en la ley.

ARTÍCULO 178.- Procedimiento

178.1 Solicitud y audiencia inicial. El procedimiento se iniciará por gestión del
interesado, quien acompañará los documentos necesarios, indicando las normas
legales aplicables. Cuando fuera necesario dar audiencia a alguna persona o
institución, se le conferirá por un plazo de tres días.

178.2 Efectos de la oposición. Si antes de dictarse la resolución final
surgiera oposición fundada, el tribunal suspenderá el procedimiento, remitirá
al opositor a la vía ordinaria y le prevendrá la presentación del respectivo
proceso de conocimiento dentro del plazo de un mes.

Si la oposición fuera infundada o el opositor no presentara la demanda
dentro del mes, el tribunal continuará el procedimiento hasta su conclusión. En
ambos supuestos, el opositor será condenado al pago de las costas causadas con
la oposición.

178.3 Efectos de la oposición en supuestos especiales. Las reglas de la
disposición anterior, en cuanto se prevé la remisión inmediata al proceso
contencioso, no se aplicarán a la declaración de ausencia, a la presunción de
muerte, ni a los procesos respecto de los cuales la ley establezca un trámite
especial.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

ARTÍCULO 179.- Pago por consignación

179.1 Oferta de pago. Para que pueda verificarse la consignación de lo
que el deudor ofreciera en descargo de su deuda, será necesario que le haga
oferta al acreedor. La oferta de pago deberá hacerla un notario, según las
disposiciones establecidas en las normas que regulan esa función, en el lugar
designado para el pago o, en su defecto, en el domicilio del acreedor. En el
acta se dejará constancia sobre la cantidad y la calidad de las especies
ofrecidas y se consignará la aceptación o la negativa del acreedor.

Si lo debido fuera una cosa determinada en su individualidad y pagadera
en el lugar donde se encuentre o en otro lugar distinto del domicilio del acreedor,
o si el objeto no fuera determinado sino en su especie, no habrá necesidad de
llevar el bien para hacer la oferta. En ese caso, bastará que se intime al
acreedor para que acepte el pago y se indique de forma precisa el objeto de la
prestación y el lugar donde se encuentra, lo que se hará constar en el acta.

Si en el momento de la oferta el acreedor no estuviera presente en el
lugar que corresponde, se le dejará, si fuera posible, una copia del acta.

Los gastos del procedimiento de oferta, si fuera aceptada, serán a cargo
del acreedor, cuando conste que privadamente se negó a recibir el pago.

179.2 Aceptación de la oferta. Si el acreedor acepta la oferta, el pago
deberá hacerse en el acto, previa deducción de los gastos del procedimiento que
correspondan. El acreedor deberá entregar el documento en el que consta el
crédito o un recibo por la suma entregada en los demás casos. El recibo podrá
omitirse si el acreedor suscribiera el acta notarial.

179.3 Presunción de negativa a aceptar la oferta. Se presume la
negativa del acreedor a recibir lo ofrecido, cuando no se encuentre en el lugar
designado para el pago, no hubiera mandatario encargado de recibir en su nombre
o por cualquier otra causa que le sea atribuible.

179.4 Consignación. Si la oferta no es aceptada y el deudor quiere
liberarse por medio de la consignación, procederá a verificar el depósito
judicial ante el órgano del lugar donde deba verificarse el pago, dentro de los
tres días siguientes a la oferta. A la gestión en que se ponga en conocimiento
del tribunal la consignación, acompañará testimonio de escritura de la oferta.
Verificada la consignación, el tribunal ordenará el depósito según lo que
dispone la ley.

179.5 Procedimiento. De la consignación se emplazará por cinco días al
acreedor. Si la aceptara deberá pagar los gastos de la oferta y de la
consignación, que se fijarán en el mismo expediente y se pagarán de lo
depositado, si fuera dinero. El tribunal entregará lo depositado al acreedor y
al deudor el título con la razón de cancelado. Si se tratara de inscripciones o
anotaciones en los registros públicos, la cancelación se ordenará por
mandamiento.

Cuando la consignación no fuera aceptada, el acreedor deberá presentar
el proceso correspondiente para discutir sobre su validez y eficacia dentro del
plazo de un mes, salvo que exista proceso pendiente, en cuyo caso sobre ello se
resolverá en este. Si no lo hiciera en ese plazo, se tendrá por cancelada la
obligación y se le condenará al pago de ambas costas, daños y perjuicios. La
sentencia determinará a quien corresponde el pago de los gastos provenientes de
la oferta y de la consignación.

Si el acreedor fuera incapaz de recibir el pago y careciera de
representante, hecha en forma la consignación, se pondrá en conocimiento de la
Procuraduría General de la República y, en su caso, del Patronato Nacional de
la Infancia, y se nombrará representante del menor o incapacitado. Si el
acreedor fuera incierto o desconocido, se publicará la consignación por una vez
en el Boletín Judicial.

179.6 Consignación sin necesidad de oferta. Cuando lo debido
sean alquileres, obligaciones alimentarias, deudas hipotecarias o prendarias,
la consignación no requerirá oferta real de pago y se seguirá, en lo que sea
aplicable, el procedimiento establecido para la consignación con oferta.

El pago se tendrá por bien hecho si el deudor deposita el monto total
debido, incluidos los intereses cuando proceda, en el tribunal competente a la
orden del acreedor, siempre que lo haga dentro del plazo de la obligación y
comunique por cualquier medio idóneo, dentro del tercer día hábil siguiente, al
día en que hubiera sido realizada, la existencia de la consignación.

Hecha la consignación, se dará audiencia por cinco días al acreedor. Si
este la acepta o no se opone, o no contesta la audiencia, el tribunal ordenará
la entrega al acreedor y dará por terminado el proceso, salvo que se trate de
obligaciones periódicas, en cuyo caso ordenará las entregas sucesivas sin
necesidad de nueva resolución.

Se entregará al deudor el documento en que conste la obligación
debidamente pagada o se ordenará la cancelación por mandamiento, cuando
corresponda.

Cualquier tercero con interés en liberar los bienes dados en garantía
podrá acogerse a estas disposiciones.

ARTÍCULO 180.- Deslinde y demarcación de linderos

180.1 Procedencia. El proceso no contencioso de deslinde y demarcación
es procedente cuando entre dos o más fundos no exista demarcación de linderos.

180.2 Procedimiento. En la solicitud se expresará si el deslinde debe
practicarse en toda la extensión del perímetro del terreno, o solamente en una
parte que colinde con un inmueble determinado. Además, se indicarán los nombres
y las calidades de las personas necesarias para ser citadas al acto, o si se
ignoran esas circunstancias. Deberá acompañarse el título de propiedad y
cualquier otra documentación útil.

El tribunal señalará el día y la hora en que deba comenzar el acto,
previa citación a todos los interesados para que concurran con sus documentos o
los remitan. Los desconocidos y los de residencia ignorada serán citados
mediante la publicación de un solo edicto en el Boletín Judicial. La falta de
asistencia de alguno de los colindantes no suspenderá la práctica del deslinde
y la demarcación de linderos.

El acto se verificará conforme a lo establecido en el Código Civil, con
la asistencia de agrimensores y peritos de nombramiento de los interesados,
cuando fuera necesario.

Realizados sin oposición, se extenderá acta, con indicación de todas las
circunstancias topográficas para dar a conocer la línea divisoria de las
fincas, los hitos, los mojones o las señales divisorias colocadas o mandadas a
colocar, su dirección y distancia de uno a otro y demás aspectos relevantes del
acto. Del acta se dará copia a los interesados y se mandará a protocolizar si
alguno lo solicitara.

El tribunal calculará los gastos y determinará el monto que debe pagar
cada interesado.

Si surgiera oposición de alguno o algunos de los colindantes, el deslinde
y la demarcación continuará en relación con la porción respecto de la cual no
hubiera conflicto.

180.3 Remisión al proceso ordinario. Si al momento de hacer el deslinde y la
demarcación de linderos surgiera oposición entre los colindantes, se dará por terminado
el proceso no contencioso en cuanto a la parte de la finca colindante con la
del opositor u opositores, y los interesados deberán debatir el conflicto en
proceso ordinario.

ARTÍCULO 181.- Declaratoria de ausencia

181.1 Procedimiento para decretar medidas provisionales antes de la
declaratoria de ausencia. Cuando se soliciten medidas provisionales previas
a la declaratoria de ausencia, acreditados los hechos pertinentes, el tribunal
nombrará curador al ausente y se ordenará publicar tres edictos en días
consecutivos en un diario de circulación nacional, en los cuales se hará
saber del nombramiento del curador.

181.2 Procedimiento de la declaratoria de ausencia. En la solicitud se
indicará el nombre y las calidades del solicitante y del presunto ausente, su
relación con este, la fecha en que desapareció o se conocieron las últimas
noticias, acreditación de que no tiene apoderado, existencia de testamento y
una lista de sus bienes. A la solicitud de declaración de ausencia se le
agregará el expediente sobre las medidas provisionales, si se hubiera creado.
Si fuera admisible, el tribunal dispondrá la publicación de un edicto en un
diario de circulación nacional, en el que se indique la existencia del proceso,
el nombre del promovente y las calidades del presunto ausente. Además, cuando
sea necesario se nombrará a un administrador provisional de los bienes. Pasado
un mes desde la última publicación, si no hubiera noticias del ausente ni
oposición de algún interesado, si estuviera demostrada la ausencia, el tribunal
la declarará y ordenará la publicación de la parte dispositiva de la resolución
en un diario de circulación nacional, por tres veces, con intervalos de diez
días.

181.3 Administración de bienes por declaratoria de ausencia. Declarada la
ausencia por resolución firme, la administración de los bienes se regirá
por las siguientes disposiciones:

1. Si hubiera testamento, se procederá a su apertura o comprobación por el
trámite correspondiente.

2. Previo a la administración, se rendirán las garantías que procedan
conforme a la ley.

3. Si los bienes admitieran cómoda división, cada heredero, legatario,
donatario o quien tenga un derecho subordinado a la muerte del ausente, administrará
su parte. Si no admitieran cómoda división, los herederos nombrarán entre ellos
un administrador general y si no hubiera acuerdo, el tribunal lo nombrará entre
los mismos herederos y deberá rendir garantía. Si una parte admitiera cómoda
división y otra no, respecto de esta se nombrará administrador general.

ARTÍCULO 182.- Presunción de muerte

Para declarar la muerte presunta de una persona se observará el
siguiente procedimiento:

1. Demostrados los hechos, el tribunal declarará la muerte presunta y
comunicará lo resuelto al Registro Civil, para su inscripción. La parte
dispositiva de la resolución se publicará en un diario de circulación nacional,
por tres veces, con intervalos de diez días.

2. Si se hubiera entregado la posesión provisional de los bienes, en virtud
de un proceso de declaratoria de ausencia y no les fuera disputada a los
poseedores su calidad, se les tendrá por tales y se cancelarán las garantías
dadas por ellos. Si los bienes no se hubieran entregado, deberá promoverse el
proceso sucesorio.

TÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO I

DEROGACIONES

ARTÍCULO 183.- Derogaciones

Se derogan las siguientes disposiciones:

1. La Ley N.º 7130, denominada Código Procesal Civil, de 16 de agosto de 1989,
con las siguientes excepciones que se mantienen vigentes, mientras no se
publiquen las normas que las sustituyan: los artículos 709 a 818; 825 a 870 y
877 a 885.

2. La Ley N.º 8624, Ley de Cobro Judicial, de 1 de noviembre de 2007.

3. El artículo 115 de la Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de
5 de marzo de 1993.

4. Los artículos 417, 419, 544 y 555 de la Ley N.° 63, Código Civil, de 28
de setiembre de 1887.

5. Los artículos 431, inciso a) 908, 909, 910 y 915 de la Ley N.° 3284,
Código de Comercio, de 30 de abril de 1964.

6. La Ley N.° 9160, Ley de Monitorio Arrendaticio, de 13 de agosto de 2013.

CAPÍTULO II

MODIFICACIONES

ARTÍCULO 184.- Reformas

Se reforman las siguientes disposiciones legales:

1) De la Ley N.° 63, Código Civil, los artículos 529, 542, 543, 556 y 557.

"Artículo 529.- El plazo para aceptar la herencia será de quince
días hábiles, contado desde la publicación, en el Boletín Judicial, del edicto
en el que se avise sobre el inicio del proceso de sucesión y se emplace a los
interesados en esta. Cuando aparezcan en autos el nombre y el lugar de
residencia del heredero no correrá para él el término del emplazamiento, sino
desde la fecha en la que se le notifique personalmente. Si no fuera del caso
notificar personalmente al heredero, y este se hallara fuera de la República,
el término para aceptar la herencia se considerará prorrogado por treinta días
hábiles más, para el solo efecto de que, si aquel hubiera entrado en posesión
de la herencia, no haga suyos los frutos recibidos."

"Artículo 542.- El testador puede nombrar albaceas propietario y
suplente; si elige varios propietarios o varios suplentes solo ejercerá el
cargo uno de ellos y los llamará en el orden en que estén nombrados. Cuando
falte albacea testamentario, el tribunal designará a quien ocupará el cargo
entre los interesados en la sucesión y preferirá en igualdad de circunstancias
al cónyuge, a los hijos, a la madre o al padre. El cargo de albacea es por
tiempo indefinido. De igual forma, se procederá en caso de remoción o
separación.

Artículo 543.- En los asuntos en que el albacea tenga interés
propio que esté en contradicción con el de los demás interesados en la
sucesión, el juez nombrará un albacea específico."

"Artículo 556.- El albacea puede ser removido a voluntad de la
mayoría de los herederos o por faltar a alguna de sus obligaciones. Si el
albacea fuera testamentario, al removerlo sin causa, cualquiera que sea el
estado del proceso de sucesión, se le abonarán todos los honorarios como si
estuviera concluido.

Artículo 557.- El albacea gana por su trabajo los honorarios que
le haya fijado el testador y en caso de que este no le haya señalado, o de
albacea dativo, recibirá como honorario el cinco por ciento (5%) sobre los
primeros diez mil colones (¢10.000) del capital líquido de la sucesión, y el
dos coma cinco por ciento (2,5%) sobre la cantidad que exceda de diez mil
colones (¢ 10.000).

Los honorarios de los albaceas suplente y específico serán fijados por
las partes o, en su defecto, por el juez."

 

2) De la Ley N.º 7472, Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor, el párrafo final del artículo 17 y el artículo 46.

"Artículo 17.- Competencia desleal

[.]

Los agentes económicos que se consideren afectados por las conductas
aludidas en este artículo solo podrán hacer valer sus derechos en la vía
judicial por el proceso ordinario. Lo anterior, sin perjuicio de los
procedimientos administrativos y judiciales, que se realicen para proteger al
consumidor por los efectos reflejos de los actos de competencia desleal, en los
términos del inciso b) del artículo 53 de esta ley."

"Artículo 46.- Acceso a la vía judicial

Para hacer valer sus derechos, el consumidor puede acudir a la vía
administrativa o a la judicial, sin que estas se excluyan entre sí, excepto si
se opta por la vía judicial.

En la vía judicial debe seguirse el proceso sumario establecido en el Código
Procesal Civil.

Los procesos que se entablen para reclamar la anulación de contratos de
adhesión o el resarcimiento de daños y perjuicios en virtud de violaciones a
esta ley, para los cuales la Comisión Nacional del Consumidor no tiene
competencia, serán conocidos solo por los órganos jurisdiccionales competentes,
de conformidad con este artículo."

 

3) De la Ley N.° 7527, Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos,
los artículos 36, 124, 128 y 129.

"Artículo 36.- Inconformidad del arrendador. Cuando el arrendador
no esté conforme con las reparaciones solicitadas por el arrendatario o
con el monto de ellas podrá recurrir a la autoridad judicial competente,
mediante el proceso sumario, sin que por ello se suspendan las
reparaciones en la cosa arrendada."

"Artículo 124.- Pretensiones en proceso ordinario. Las pretensiones que
puedan derivar las partes, con motivo de la extinción del contrato de
arrendamiento por causa de nulidad, rescisión, evicción y pérdida o
destrucción de la cosa arrendada, así como las de indemnización por
daños y perjuicios, la del restablecimiento o reconocimiento de un
derecho subjetivo lesionado y cualquier otra pretensión procesal
derivada del contrato de arrendamiento, que no pueda deducirse por
procesos sumarios, incidental, hipotecario o prendario, se promoverán
según el proceso ordinario que establece el Código Procesal Civil."

"Artículo 128.- Acumulación de pretensiones de un mismo actor. En un mismo proceso
ordinario se acumularán todas las pretensiones que el actor tenga que
deducir contra el demandado. El arrendador podrá acumular,
voluntariamente, la acción de desahucio, en cuyo caso todas las
pretensiones se tramitarán en un solo proceso ordinario, de acuerdo con
sus propias normas, y se resolverán en una misma sentencia.

Artículo 129.- Reconvención. En el proceso ordinario se acumularán todas
las pretensiones que el demandado deba deducir contra el actor, por vía
de reconvención. En el caso de desahucio por reconvención, se aplicará
la regla del artículo anterior."

 

4) De la Ley N.º 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, se reforma: al
artículo 5 se le adiciona un párrafo primero; al 54 los incisos 1 y 7; al 55 y
56 se les adiciona un inciso; al 95 los incisos 1 y 2 y el 105, y se adiciona
un artículo 95 bis.

"Artículo 5.- Si los jueces no cumplen con los plazos
establecidos para realizar sus actuaciones y, en su caso, dictar resoluciones,
la parte interesada podrá urgir el pronto despacho ante el funcionario judicial
omiso, y si no lo obtiene dentro del término de cinco días naturales podrá
interponer la queja por retardo de justicia ante la Corte Suprema de Justicia o
la inspección judicial, según corresponda. Cuando sea demorado o rechazado el
diligenciamiento de una comisión dirigida a otro tribunal o a una autoridad
administrativa, el funcionario requirente podrá dirigirse al presidente de la
Corte Suprema de Justicia, quien, si procede, gestionará u ordenará la
tramitación. Los funcionarios judiciales podrán ser sancionados
disciplinariamente con suspensión o despido, según la magnitud de la falta,
cuando la justicia se haya retardado por causa atribuibles a ellos.

[.]."

"Artículo 54.- La Sala Primera conocerá:

1) De los recursos de casación y revisión que procedan, conforme a la ley,
en los procesos ordinarios, en las materias civil y comercial, con salvedad de
los asuntos referentes al derecho de familia y a procesos universales.

     [.]."

7) Del auxilio judicial internacional y del reconocimiento y eficacia de
sentencias y laudos extranjeros en materia civil y comercial, con la salvedad
de lo que corresponda conocer a las otras salas de la Corte.

     [.].

Artículo 55.- La Sala Segunda conocerá:

[.]

6) Del auxilio judicial internacional y del reconocimiento y eficacia de
sentencias y laudos extranjeros en materia laboral, familia, sucesoria y
concursal, con la salvedad de lo que corresponda conocer a las otras salas de
la Corte.

Artículo 56.- La Sala Tercera conocerá:

[.]

5) Del auxilio judicial internacional y del reconocimiento y eficacia de
sentencias y laudos extranjeros en materia penal, con la salvedad de lo que
corresponda conocer a las otras salas de la Corte."

"Artículo 95.- Los tribunales colegiados de apelación civiles
conocerán:

1. De los recursos de apelación que procedan contra las resoluciones de los
tribunales colegiados de primera instancia y de los juzgados civiles. Si el
proceso es de menor cuantía será conocido por un integrante del tribunal
colegiado de forma unipersonal.

2. De los cuestionamientos sobre competencia subjetiva de sus integrantes.

[.].

Artículo 95 bis.- Los tribunales colegiados de primera instancia
civiles conocerán:

1.- De los procesos ordinarios de mayor cuantía.

2.- De los cuestionamientos de competencia subjetiva de sus integrantes.

3.- De los demás procesos que determine la ley."

"Artículo 105.- Los juzgados civiles conocerán:

1) De todos los procesos civiles y comerciales, con excepción del ordinario
de mayor cuantía. Además de los monitorios arrendaticios y desahucios que sean
interpuestos a favor o en contra del Estado, un ente público o empresa pública.

2) De los cuestionamientos sobre competencia subjetiva, cuando corresponda.

3) De los demás procesos que determine la ley."

 

5) Los artículos 758, 764, 775 y 799 de la Ley N.° 7130, Código Procesal
Civil, de 16 de agosto de 1989.

"Artículo 758.- Recursos. Las resoluciones que se dicten tendrán
recurso de revocatoria y, con las excepciones resultantes de la ley
únicamente cabrá el de apelación contra las siguientes:

1. La que rechace de plano la petición del convenio.

2. La que declare insubsistente el procedimiento o el convenio ya aprobado.

3. La que fije honorarios.

4. La que resuelva sobre autorizaciones. La que se pronuncie sobre
gestiones de terceros o resuelva cuestiones sustanciales no reguladas
expresamente en las disposiciones relativas a este procedimiento.

Las resoluciones que se pronuncien sobre el concordato, su resolución o
nulidad, únicamente tendrán recurso de casación si la cuantía lo permite. Si el
negocio es de menor cuantía solo tendrán apelación.

En lo pertinente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 741."

"Artículo 764.- Recursos. La resolución que decrete la apertura del
concurso solo tendrá revocatoria y casación. La que la deniegue tendrá
recurso de revocatoria y apelación con efecto no suspensivo.

De previo a resolver la revocatoria, el juzgado podrá ordenar y recibir
las pruebas que estime indispensables.

No obstante que se admita la casación contra la resolución en que se
decrete la apertura, y mientras la sala no resuelva, el juzgado deberá seguir
conociendo del proceso concursal, sin que deba rendir garantía alguna.

En la interposición y trámite de los recursos podrán intervenir el
deudor, el curador y los acreedores.

Revocada la declaratoria del concurso, volverán las cosas al estado que
tenían con anterioridad; sin embargo, deberán respetarse los actos de
administración legalmente realizados por el curador, lo mismo que los derechos
adquiridos por terceros de buena fe.

La revocatoria se publicará de la misma manera que la declaratoria del
concurso."

"Artículo 775.- Aceptación, oposición y trámite. La existencia,
cantidad y preferencia de un crédito se reputarán reconocidas e
indisputables, cuando el curador y el deudor las hayan aceptado y los
acreedores las hayan reconocido unánimemente. El juez deberá dictar
resolución en tal sentido.

Si el informe del curador objetara alguno de esos aspectos del crédito o
si el deudor o los acreedores presentaron impugnaciones dentro del término
señalado en el artículo anterior o antes, se oirá por cinco días a los
acreedores objetados. Al contestar, deberán ofrecer las pruebas que
correspondan, de las cuales el juez ordenará recibir las que considere
pertinentes.

Estas pruebas deberán ser evacuadas dentro del plazo de veinte días y se
prescindirá de las no evacuadas en ese plazo, sin necesidad de resolución al
efecto.

Vencida la audiencia sin ofrecerse ninguna prueba o una vez evacuada la
prueba ofrecida por las partes que fue aceptada o prescindida la que falte, el
juez resolverá lo que corresponda, salvo que ordene alguna para mejor proveer.
El plazo para resolver será de quince días.

Lo resuelto admitirá únicamente el de casación, si procediera de acuerdo
con la cuantía. De lo contrario, solo admitirá el recurso de apelación.

Lo que se decida tendrá la autoridad y la eficacia de la cosa juzgada
material.

Al acreedor rechazado se le devolverán sus títulos, con la razón
correspondiente."

"Artículo 799.- Cosa juzgada material. La sentencia en la
que se apruebe o impruebe el convenio tendrá la autoridad y eficacia de
la cosa juzgada material y admitirá únicamente el recurso de casación."

 

6) Los artículos 889 y 957 de la Ley N.° 3284, Código de Comercio, de 30 de
abril de 1964:

"Artículo 889.- En la legalización de créditos se seguirá el
procedimiento establecido para el concurso civil de acreedores. Al hacer la
legalización, el acreedor deberá presentar el documento en el que conste la
obligación. Mientras el acreedor no compruebe la calidad de tal en forma
satisfactoria, no se dará curso a su legalización, ni a gestión suya, ni tendrá
voz ni voto, ni le será acordado dividendo alguno. El curador, bajo su
responsabilidad, deberá informar al juzgado acerca de la procedencia o
improcedencia de los créditos presentados."

"Artículo 957.- La sentencia que conceda o deniegue la
rehabilitación solo tendrá recurso de casación."

ARTÍCULO 185.- Se autoriza a la Corte Suprema de Justicia para que
reorganice y especialice tribunales colegiados y unipersonales de primera y
segunda instancia, para el conocimiento de procesos, pretensiones y materias
que lo requieran; además, para organizar y establecer el funcionamiento de los
tribunales, según lo amerite el servicio público.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I.- Los procesos que estuvieran pendientes a la entrada
en vigencia de este Código se tramitarán, en cuanto sea posible,
ajustándolos a la nueva legislación, procurando aplicar las nuevas disposiciones
y armonizándolas, en cuanto cupiera, con las actuaciones ya practicadas.

TRANSITORIO II.- Contra las resoluciones que estuvieran dictadas al
entrar en vigencia este Código cabrán los recursos autorizados por las
disposiciones procesales vigentes al momento en que se dictaron.

TRANSITORIO III.- A partir de la entrada en vigencia de este
Código, los procesos ordinarios y abreviados de mayor cuantía, en los cuales no
haya iniciado la fase probatoria, pasarán al tribunal colegiado de primera
instancia.

TRANSITORIO IV.- En lo que se refiere a la revisión, se aplicarán
las disposiciones de este Código.

TRANSITORIO V.- Las pretensiones que, conforme a otras leyes
estaban previstas para tramitarse por el proceso abreviado, se
dilucidarán en lo sucesivo por el proceso ordinario, salvo aquellas para
las cuales se haya establecido un proceso específico en este Código.

TRANSITORIO VI.- La Corte Suprema de Justicia dictará, de oficio
o a propuesta de los tribunales, las normas prácticas que sean necesarias para
la aplicación de este Código.

Rige treinta meses después de su publicación.

Dado en la Corte Suprema de Justicia, San José, a los tres días del mes
de febrero del año dos mil dieciséis.

Ejecútese y publíquese.

in the entirety of the text

                    -

                        Complete Text of Standard 9342

                        Civil Procedure Code

Complete Text of act: 10BBA6

No. 9342

THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA

DECREES:

CIVIL PROCEDURE CODE

BOOK ONE

RULES APPLICABLE TO ALL PROCEEDINGS

TITLE l

GENERAL PROVISIONS

CHAPTER I

SCOPE OF APPLICATION AND PRINCIPLES

ARTICLE 1.- Scope of application

Proceedings of a civil and commercial nature and those that do not have
special procedural legislation shall be governed by the provisions of this Code.

ARTICLE 2.- Principles

2.1 Procedural equality. The court shall maintain the equality of the
parties, respecting due process and equally informing all parties
of procedural activities of interest so as not to cause defenselessness.

2.2 Instrumentality. When applying the procedural rule, it shall be taken into
account that its purpose is to give application to the substantive rules.

2.3 Procedural good faith. The parties, their representatives or assistants, and, in
general, all participants in the proceeding, shall adjust their conduct to good faith,
respect, loyalty, and probity. The court shall take, at the request of
a party or on its own motion, all necessary measures resulting from the law or from its
directive powers, to prevent or sanction any action or omission
contrary to the order or principles of the proceeding, preventing procedural
fraud, collusion, and any other illicit or dilatory conduct.

2.4 Dispositive. The initiation of the proceeding is exclusively incumbent upon
the interested parties, who may terminate it unilaterally and bilaterally, in
accordance with what is regulated by law. The parties may dispose of their procedural
rights, provided they are not non-disposable. No one can be forced to
file a claim, unless otherwise provided by law.

2.5 Procedural impetus. Once the proceeding has been initiated, the parties must
drive it forward. The courts shall adopt on their own motion, with broad powers, all
necessary provisions for its advancement and conclusion. By all
means, paralysis shall be avoided and the procedure shall be driven forward with the greatest
possible speed. In any case, the principle favoring judgment (principio pro sentencia) shall be applied.

2.6 Orality. The proceeding must adhere to the principle of
orality. Oral expression shall be the fundamental means of communication. Only
those acts expressly authorized by law and those that by their nature must be recorded
in that form shall be written, whether on a physical or technological medium. In case of doubt between the application of orality and
writing, the court shall always choose orality.

2.7 Immediacy. All hearings shall be conducted by the
court hearing the proceeding, unless otherwise provided by law. The
judgments must be issued by the court before which all
evidence was taken. The use of technological means that guarantee a direct
relationship with the elements of the proceeding does not imply a breach of the principle of
immediacy.

2.8 Concentration. All procedural activity shall be carried out in
the least number of acts and time possible. Hearings shall be held in the
smallest number of sessions. Their postponement, interruption, or suspension is only
appropriate for justified cause at the court's discretion and provided that it does not
contravene the provisions of this Code.

2.9 Preclusion. The procedural acts and stages shall be carried out in
the order established by law. Once a stage has been completed or expired, except
as expressly provided by this Code, it may not be reopened or repeated.

2.10 Publicity. The proceeding shall be of public knowledge, unless
the law expressly provides otherwise or the court so decides on its own motion
or at the request of a party, when due to special circumstances the
interests of justice, the private interests of the parties, or
the fundamental rights of the procedural subjects may be harmed.

CHAPTER II

APPLICATION OF PROCEDURAL RULES

ARTICLE 3.- Application of procedural rules

3.1 Public order and application over time. Procedural rules
are of public order and have immediate application.

3.2 Application in space. This Code shall govern throughout the national
territory, without prejudice to special rules and the application of international
law contained in treaties or conventions ratified by Costa Rica.

3.3 Interpretation. When interpreting the procedural rule, the courts
must consider its instrumental character, fundamentally attending to its
spirit and purpose. To do so, the proper meaning of its
words shall be taken into account, in relation to the context, the historical background, and the
social reality of the time in which they are to be applied, shedding
unnecessary formalities.

3.4 Integration. In the absence of an express rule, recourse shall be had to the
analogical application of other provisions that contemplate similar
situations, in which an identity of reason is appreciated. Provisions of a
sanctioning, exceptional, or temporary nature may not be applied by analogy. If
analogical application is not possible, the gap shall be filled by devising procedures
applying constitutional principles, general principles of law, and
special principles of procedure, and attending to the circumstances.

3.5 Non-disposability of procedural rules. The parties may
not, by agreement between them and not even with the court's authorization,
dispose of or waive procedural rules in advance, except for
cases of alternative conflict resolution mechanisms, admissible submission to
jurisdiction, extrajudicial executions, or legal acts
expressly provided for in the legal system.

CHAPTER III

PROCEDURAL SUBJECTS:

RIGHTS, DUTIES, AND POWERS

ARTICLE 4.- Rights and duties of the parties and intervenors

4.1 Rights. The parties and intervenors must be
guaranteed:

1. Access to justice.

2. Impartial, independent, and suitable courts.

3. The use of alternative conflict resolution methods.

4. Other rights recognized by law.

4.2 Duties. The parties and intervenors must adjust their conduct to good
faith, loyalty, probity, the rational use of the procedural system,
the due respect for procedural subjects, and the duty of cooperation with the
administration of justice, avoiding any malicious, reckless,
negligent, dilatory, disrespectful, or fraudulent behavior. Any act contrary to
these duties shall be considered as procedural abuse and shall be sanctioned with the
outright rejection of the filing, without prejudice to any corresponding disciplinary,
criminal, and civil liabilities.

ARTICLE 5.- Powers of the court

The court shall have the following powers:

1. To ensure equality between the parties, respecting due process.

2. To direct the proceeding and ensure its prompt resolution.

3. To reject any request or incidental matter that is clearly improper or
implies a manifest delay.

4. To apply the disciplinary regime over the parties and their attorneys,
sanctioning any act contrary to the dignity of justice, good faith,
loyalty, probity, as well as any form of abuse and procedural fraud.
Also, when it is proven that they have carried out dilatory actions or have
assumed dilatory attitudes or litigated recklessly. Depending on the severity of the
conduct, the court shall apply reprimands, fines, expulsion from the
office or premises by the head of the office; it shall place the matter before the
respective authority for judgment when it could constitute a crime,
contravention, or infraction or, in serious cases, the suspension of the attorney, as
prescribed in Articles 216 to 223 of Law No. 7333, Organic Law of the
Judicial Branch, of May 5, 1993, and its amendments.

5. To issue decisions within the legal deadlines.

6. To seek the truth within the limits established by
the legal system.

Others established by law.

ARTICLE 6.- Procedural abuse and fraudulent proceedings

When, from the outcome of the proceeding, there is merit to consider that one
acted with recklessness, bad faith, or abuse in the exercise of procedural rights,
the court shall declare it in the judgment within the same proceeding and shall condemn the
responsible party to the payment of the damages caused, which
shall be liquidated and executed immediately.

If the court is convinced of the use of a proceeding to obtain
a purpose prohibited by law, it shall issue a judgment dismissing the claim and
shall condemn the active subjects to the payment of damages, which
may be quantified in execution, without prejudice to any corresponding disciplinary,
criminal, and civil liabilities.

CHAPTER IV

JURISDICTION

SECTION I

GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 7.- General provisions

7.1 Perpetuity of jurisdiction. Once jurisdiction is defined, the
alterations regarding the domicile of the parties, the situation of the litigious
asset, and the object of the proceeding shall not modify it, unless otherwise provided by
law.

7.2 Preventive jurisdiction. If for the same proceeding there is more than one
competent court, the one that first takes cognizance shall hear the matter.

7.3 Relatedness. Relatedness exists with reference to two or more
proceedings or claims, when two elements are identical, or only one, if it is
the cause.

7.4 Functional jurisdiction. The jurisdiction of courts of
different hierarchies is regulated by this Code, the Organic Law of the Judicial Branch,
and special laws.

SECTION II

OBJECTIVE JURISDICTION

ARTICLE 8.- Determining criteria

8.1 Subject matter. Courts shall be competent according to the specialty of the
matter in dispute.

8.2 Amount. When the determining element of jurisdiction is the amount, the proceedings
shall be of higher and lower amount, according to the estimation in the claim.

8.3 Territory. With the exceptions established by law,
courts have their jurisdiction limited to the territory designated for
exercising it.

8.3.1 Location of the immovable property. The court of the place where
the property is located shall be competent to hear the following claims:

1. Those relating to the constitution, modification, and extinction of real rights
over immovable property.

2. Lease-related claims over immovable property or over universality of goods encompassing
them.

3. Mixed or personal claims referring to or having effects on immovable property.

4. Those related to the management, administration, or maintenance of
immovable property.

8.3.2 Domicile of the claimant or petitioner. The court of the
domicile of the person making a claim shall have jurisdiction to hear:

1. Infractions in matters of intellectual property, unfair
competition, and consumer protection. The court of the place where
the events occurred shall also be competent, at the claimant's choice.

2. Non-contentious judicial proceedings, except as provided for special
cases.

8.3.3 Domicile of the defendant. The court of the defendant's domicile shall
be responsible for hearing the following claims:

1. Those of a personal nature.

2. Those of any nature regarding movable property.

3. Insolvency proceedings of non-business individuals.

8.3.4 Criterion of activity. The court of the place where
the defendant's or debtor's main activity is or was exercised shall be competent to hear:

1. Insolvency proceedings of business individuals.

2. Challenges to resolutions of legal entities and any claim by the
partners or members of those entities against them and vice versa.

3. Rendering of accounts arising from any administration or other
similar cause.

The place of the main activity shall be where the
business organization or the most important business of the defendant or debtor is located. If
they have or had several centers of activity, it shall be the one that coincides with their
domicile, real or statutory, and, in the absence of such coincidence, the matter
may be filed in the territory of any of those centers.

8.3.5 Special criteria. The following corresponds to hear:

1. The securing of assets, opening and recognition of wills,
estates, and absences, to the court of the last domicile of the deceased or absent person
and, in its defect, to the court of the place where the greater part of the assets are located.

If it is not possible to apply any of the previous criteria, the
court before which the filing was first presented shall be competent.

2. For the claim of damages, the court of the place
where the events occurred or of the claimant's domicile shall be competent, at the latter's choice,
unless these are raised as accessory to a principal claim of
another nature, as in this case jurisdiction shall lie with the court of the principal claim.

8.4 Precautionary and preparatory activities. For precautionary
or preparatory activities, the court corresponding to hear
the main proceeding shall be competent. In case of urgency, they may be filed before
any court. The actions carried out shall become part of the
main proceeding.

If requested in relation to a national arbitration proceeding or a
foreign jurisdictional or arbitration proceeding, the
first-instance court of the place where the award or judgment must be enforced, or
where the measures must take effect, shall be competent, at the choice of the petitioner.

8.5 Joinder of proceedings. If two proceedings, related to each other, are
initiated separately, their joinder shall be ordered. It is not appropriate if in one of the
proceedings a date has been set for the evidentiary hearing or a
judgment has been issued. In mortgage or pledge execution proceedings, it shall only
be admitted when there is identity of cause.

The joinder may be requested by either party or declared on the court's own motion.
It shall be filed before the court processing the oldest
proceeding, and a copy of the second claim shall be attached, indicating its
procedural status, and the date on which it was processed. The court before which
it is filed shall decide without further procedure, and if it grants it, it shall order
the other proceeding to be brought.

8.6 Lis Pendens. Lis pendens occurs when there are, in
process, two or more proceedings in which there is concurrence of identity of subjects, object, and
cause. On the court's own motion or at the request of a party, the archiving of the most
recent proceeding shall be ordered. A claim filed before a foreign court does not produce lis pendens,
unless expressly provided otherwise.

ARTICLE 9.- Lack of jurisdiction, non-extendability, non-delegability, and assistance

9.1 Lack of jurisdiction and non-extendability. Courts may only
declare their own lack of jurisdiction by reason of territory, before
processing the claim. If they did not do so, at that moment, they may only
decree it when the defendant has raised the exception within the
respective period.

By reason of subject matter, amount, and national territory, it may be
decreed on the court's own motion at any stage of the proceeding, unless it has been
defined by a final decision.

9.2 Non-delegability. Courts cannot delegate their jurisdiction.

They may request the assistance of other jurisdictional bodies and
authorities only in cases expressly established by law.

ARTICLE 10.- Conflicts of jurisdiction

If the provision on jurisdiction is appealed or within
the third day the receiving court disagrees, the matter shall be resolved according
to the provisions of Law No. 7333, Organic Law of the Judicial Branch, of May
5, 1993.

ARTICLE 11.- International jurisdiction

11.1 Jurisdiction of the Costa Rican court. Costa Rican courts
are competent when so determined by international treaties
in force. Furthermore, they shall be competent if:

1. The defendant, regardless of their nationality, is domiciled
in Costa Rica. A foreign legal entity that has an agency, subsidiary, or branch in the country is presumed to be domiciled in Costa Rica, but only
regarding the acts or contracts executed by them.

2. The obligation must be fulfilled in Costa Rica.

3. The claim is based on a fact, act, or legal transaction that occurred,
was executed, or has effects in the national territory.

4. The parties have so established contractually, provided that one
of them is Costa Rican and at the same time there is some connection criterion
with the national territory.

11.2 Exclusive jurisdiction. Costa Rican courts are
competent, to the exclusion of any other, to hear the following
claims:

1. Real or mixed claims relating to movable and immovable property located in Costa Rica.

2. Against legal entities registered in Costa Rica that affect their
constitution, validity, dissolution, or are related to decisions or resolutions of
their bodies.

3. When the parties are Costa Ricans or foreigners domiciled in the
country, provided that their effects and execution must occur in Costa Rica.

11.3 International lack of jurisdiction. Costa Rican courts must
declare themselves lacking jurisdiction on their own motion when:

1. A claim has been filed or enforcement requested regarding subjects or
assets that enjoy immunity under the rules of international law.

2. By virtue of international treaties or conventions, the matter is
assigned exclusively to the jurisdiction of another State.

3. The matter is not assigned to it according to the provisions
established in this article. However, despite the absence of the
connection factor, if the court did not decline its jurisdiction on its own motion, the
defendant may extend it tacitly or expressly.

SECTION III

SUBJECTIVE JURISDICTION

ARTICLE 12.- Grounds for disqualification

The grounds for disqualification are:

1. A direct interest in the outcome of the proceeding.

2. Being the spouse, cohabitant, ascendant, descendant, or relative
up to the third degree of consanguinity, or second degree of affinity of one of the parties, for the judge.

3. A direct interest in the outcome of the proceeding by any of the
judge's family members indicated in the preceding subsection. In collegiate courts,
the grounds of the preceding subsections extend to the other members.

4. The judge having been the attorney, guardian, conservator, proxy, representative, or
administrator of any of the parties. This ground extends to the spouse,
cohabitant, ascendant, and descendant of the judge.

5. Being a creditor, debtor, guarantor or guaranteed, employee or employer in relation to
any of the parties. There is no ground if the link is with the State or any
public institution. Neither if it occurs with a commercial company, a
corporation, an association, or any other legal entity, when the link
with them is irrelevant to detract from the official's objectivity.

6. The judge or any of the relatives indicated in subsection 2) being the
opposing party to some of the parties in another proceeding, provided that this has not been
instituted with the sole purpose of disabling them.

7. The existence or having existed, in the two years preceding the initiation
of the proceeding, a jurisdictional or administrative proceeding in which they appear as
adversaries, with respect to any of the parties, the judge or their relatives indicated
in subsection 2).

8. The judge having to rule on appeal regarding a decision issued by any
of the relatives indicated in subsection 2).

9. Being or having been, in the last year, an office or work colleague of any
of the parties.

10. The judge, their spouse, ascendant, or descendant holding an
opinion contrary to that of any of the parties, in another proceeding of their interest.

11. One of the parties being a judge or arbitrator in another proceeding in which the
judge or the relatives indicated in the preceding subsection are a party.

12. A disciplinary correction having been imposed on the judge, in the same
proceeding, based on a complaint filed by one of the parties.

13. Having expressed, outside of their functions, an opinion in favor or against
any of the parties. Opinions expressed or reports rendered that do not refer
to the specific case, such as those given in a doctrinal capacity or by
virtue of requests from the other branches of government or in other matters of which
they are or have been cognizant according to law, do not constitute this ground.

14. The judge having been an expert witness or witness in the proceeding.

15. Having participated in the decision of the act subject to the proceeding.

16. The existence of circumstances that give rise to justified doubts
regarding their impartiality or objectivity.

ARTICLE 13.- Disqualification on one's own motion

A single-judge court that has grounds for disqualification shall recuse itself
by means of a decision and shall transfer the proceeding to whoever must replace them. The latter
shall continue with the procedure, unless they deem the self-disqualification unfounded, in which
case they may raise a conflict to be resolved by the respective superior.

In collegiate courts, the self-disqualification of one of its members shall
be resolved by the remaining members; but, if the ground encompasses all of them,
the substitute court shall decide as provided in the Organic Law of the Judicial
Branch. It must be resolved within a period of twenty-four hours.

ARTICLE 14.- Recusal

14.1 Standing. Only the party or intervenor
h armed by the ground may file a recusal.

14.2 Inappropriateness of the recusal of the judge. The judge shall not be subject to recusal:

1. To hear a recusal that they are called to resolve.

2. In compliance with commissions.

3. In proceedings or acts of mere execution.

14.3 Inadmissibility of the recusal filing. The recusal shall be
inadmissible and the challenged judge shall reject it outright, when:

1. Any of the situations of the preceding subsection occurs.

2. It is not based on one of the grounds expressly established by law.

3. The interested party has intervened earlier in the proceeding having
knowledge of the ground.

4. At least a prima facie showing of the fact alleged as a
ground is not presented.

14.4 Time and manner of proposing the recusal. The recusal must be
proposed as soon as knowledge of the cause on which it is based is acquired.
If after the setting for a hearing and before its holding, a
ground arises, it must be filed at the beginning of the hearing. It may be filed
after the evidentiary hearing and before the final judgment,
provided that it concerns causes not known or supervening after the conclusion
of that hearing.

In the hearing, it must be formulated verbally, and in other cases, in
writing. In both cases, the party shall indicate the cause and the reasons for their
filing, accompanying all evidence.

14.5 Procedure for the recusal. Once the recusal is filed, if the judge accepts
the ground, they shall recuse themselves; if they deny it, they shall issue a reasoned decision and order
the proceeding to be transferred to the corresponding judge, who shall process it as an
incidental matter and decide whether to continue with the procedure or return it to the
challenged judge. In collegiate courts, the recusal of one of its members shall
be resolved by the remaining members, but if the ground encompasses all of them,
the substitute court shall decide as provided in Law No. 7333, Organic
Law of the Judicial Branch, of May 5, 1993. It must be resolved within a
period of twenty-four hours.

When the recusal is formulated in the hearing and the judge denies the
ground, whenever possible it shall be resolved at that time. For this purpose,
the judge or the challenged judges shall be substituted. If the recusal is denied, the
sitting judges shall continue with the development of the hearing. When it is admitted,
substitution shall proceed and, if possible, the hearing shall continue.

14.6 Effects of the recusal. The recusal request shall not suspend the
execution of procedural acts, and these shall be valid, even when the
recusal is declared founded, unless the principle of immediacy is harmed.

ARTICLE 15.- Time for resolution

The self-disqualification and the recusal must be resolved before the
holding of the evidentiary hearing. If that stage has been passed, before
the judgment is issued.

ARTICLE 16.- Perpetuity of subjective jurisdiction

The intervention of substitute judges as a consequence of
self-disqualification or recusal shall be definitive, even if the
reasons determining the separation subsequently disappear.

ARTICLE 17.- Appeals

The decisions issued in connection with self-disqualification and recusal shall have
no appeal whatsoever.

ARTICLE 18.- Recusal of expert witnesses and other judicial assistants

Expert witnesses appointed by agreement between the parties may not be recused,
except for causes arising after the fact or unknown to the parties at the time of
selection. The grounds for disqualification shall be applicable to them as far as they are
relevant. Furthermore, lack of suitability or
expertise and having rendered an opinion on the same matter contrary to one of the
parties constitute grounds for separation. The recusal of expert witnesses shall be processed as an incidental matter.

The present regime shall be applicable, as pertinent, to other
judicial assistants.

CHAPTER V

PARTIES AND CLAIM

ARTICLE 19.- Parties and capacity

19.1 Status as a party. A party is the person who files the procedural
claim in their own name or in whose name it is filed, and the person against whom
it is directed. The following may be parties in the proceedings:

1. Natural persons.

2. The conceived but unborn, in the manner indicated by the Civil Code.

3. Legal entities.

4. Entities without legal personality to which the law recognizes capacity
to be a party.

5. Separate estates to which the law recognizes capacity to be a
party.

6. Organized groups that are recognized as having group standing.

7. Any person who, in the interest of the community, asserts diffuse interests.

19.2 Procedural capacity and representation. Those who,
according to law, have the capacity to act shall have procedural capacity. The capacity,
participation, and procedural guarantees of minors shall be
governed by the provisions of the legal system pertaining to minors
and adolescents.

Those who, according to law, do not have procedural capacity shall act through their representatives
or persons authorized by law, their by-laws, or the corporate deed. The representatives
must demonstrate their procedural capacity from their first filing. Those users who are
authorized for that purpose shall not be obliged to present a document
accrediting representation in all proceedings.

When a legal entity domiciled abroad is sued,
it is not necessary to prove its legal existence and representation. The authority commissioned to
notify shall verify matters relating to representation, and the defendant
must prove it in their first filing.

Lack of procedural capacity and defective representation may be
noted on the court's own motion or objected to by simple allegation of the party at any
time; if the defect exists, it may be corrected in a timely manner.

19.3 Surety bond to secure appearance (Arraigo). When there is a well-founded fear that the person against whom
a claim is to be or has been filed will leave or hide,
their surety bond to secure appearance (arraigo) may be requested. The person subject to surety bond to secure appearance (arraigado) shall be ordered to
appoint a legitimate representative with sufficient powers to represent them
in the proceeding and to indicate a means for receiving notifications.

In case of refusal or insufficient representation, the proceeding shall
continue validly without their intervention, and all decisions issued shall
be deemed automatically notified. If the person subject to surety bond to secure appearance (arraigado) appears, they shall take the
proceeding in the state in which it is found. The surety bond to secure appearance (arraigo) is not appropriate if
the person has appointed in the Public Registry a proxy or representative
with sufficient powers to act in the proceeding.

19.4 Appointment of a procedural guardian. Without prejudice to
provisions in special laws, the appointment of a procedural guardian shall be
appropriate when:

1. The domicile or whereabouts of the defendant is unknown and it is not
a case for declaring their absence.

2. It is a legal entity that lacks a legitimate representative.

3. There is incompatibility or conflicting interests between the representative
and the represented party.

In the case of absent persons, minors, or persons with
special capacities, those who, according to law, are to exercise
the representation shall be called upon, so that within five days they may state whether they
are willing to assume it. Except where circumstances make it impossible,
in the designation of a procedural guardian for minors and persons with
special capacities, the opinion of the future represented party shall be taken into account.
When the address of the potential representatives appears in the file, they shall
be notified personally or at their place of residence. If the address does not
appear, they shall be notified by means of a notice published in the
Judicial Bulletin. The court shall designate the representative from among those who
appear. When no one appears within the period indicated, the court shall designate
a guardian.

The same procedure shall be followed when it concerns a legal
entity that lacks a legitimate representative. The call shall be made to the
partners, associates, or to those responsible for appointing a representative, under the
warning that, if they fail to prove such appointment within the period indicated,
the court shall proceed to appoint a guardian.

When the appointment of a guardian is appropriate, in the same decision in which
they are appointed, their fees shall be set, according to the provisions of the decree on
attorney fees, and advances may be ordered according to the stage of the proceeding and
the work performed.

ARTICLE 20.- Legal counsel and representation

20.1 Legal counsel. In hearings, the parties must act
assisted by an attorney, unless they are legal professionals. In written
acts, the authentication of an attorney shall be required, and, if such requirement is
omitted, the courts shall mandate its correction within a period of three days or
written ratification, under penalty of declaring the filing unprocessable.

20.2 Lead counsel and substitutes. The parties must appoint a lead litigation counsel (abogado director) and, optionally, may designate one or two substitutes, without this implying additional fee costs for the client. The same rule, regarding the designation of substitutes, shall apply when the party is a lawyer. In the absence of the lead counsel, the substitutes shall have the same powers, obligations, and rights.

The signature of the authenticating lawyer shall imply, unless expressly stated otherwise, direction of the process with the powers to act on behalf of the party for everything that benefits them, provided that a special power of attorney or the personal participation of the party is not required. The authenticating lawyer shall be responsible for the content of their filings.

20.3 Judicial representative (apoderado judicial). The parties may act in the process through a judicial representative. The special power of attorney may be granted by means of a simple writing, and the grantor's signature must be authenticated by a lawyer other than the representative.

The power of attorney is understood to be conferred for the entire process, unless otherwise stipulated.

20.4 Powers of attorney of parties domiciled abroad. Special powers of attorney granted abroad shall be governed by international law standards. A power of attorney granted by any means that guarantees its authenticity shall be valid.

20.5 Procedural agent (gestor procesal). One may appear judicially on behalf of a person for whom one does not have a power of attorney, when:

1. The person on whose behalf the appearance is made is impeded from doing so or absent from the country.

2. The person appearing is their ascendant, descendant, relative by consanguinity or affinity up to the second degree, spouse, cohabitant, partner, or co-owner, or possesses some common interest that legitimizes such action.

If the opposing party so requests, the agent must post sufficient bond (caución) to answer for their actions.

The agent has the obligation to notify the represented person of their action, and this action shall only be valid if the complaint or answer is ratified within one month of being filed. Once said period has elapsed, the court shall ex officio order the case file archived or shall deem the complaint unanswered, and the agent shall be ordered to pay costs, damages, and losses, which shall be liquidated in the same process.

ARTICLE 21.- Standing (Legitimación procesal)

21.1 Legitimate party. A legitimate party shall be one who claims to have, or who is attributed with, a specific legal relationship to the claim (pretensión).

21.2 Determination of capacity or standing. As a preliminary activity before filing the complaint or within the process, a request may be made to determine or complete the capacity or standing, when the person intended to be sued is unknown or there is no certainty about them. For this purpose, any person may be summoned to declare under oath regarding the facts concerning the capacity and standing, identifying the legitimized subject. The courts shall order the necessary measures to carry out such verification.

21.3 Procedural substitution. Only in cases expressly provided for by law may one claim a right belonging to another in a process, in one's own name.

21.4 Procedural succession. For procedural succession to operate, the following rules shall be observed:

1. If a party dies, the process shall continue with the executor (albacea).

2. If the party becomes absent or incapacitated, it shall continue with the representative. If lacking one, a representative shall be appointed in the same process.

3. If a company is dissolved, the process shall continue with the liquidator. In the case of a merger or transformation, with the new representative.

4. In the case of persons subject to insolvency proceedings (concurso), the process shall continue with the person assuming representation of the insolvent party (concursado).

5. The alienation of the thing or the litigious right by particular title, through an inter vivos act, allows the acquirer or assignee to succeed the alienor or assignor. If the opposing party appeals the resolution admitting the succession and the opposition is accepted, the acquirer or assignee may intervene as a third party or co-litigant (litisconsorte), as appropriate. In any case, the transferor shall continue as a party for all procedural effects that benefit the opposing party.

ARTICLE 22.- Plurality of parties and persons

22.1 Necessary joinder of parties (Litisconsorcio necesario). When, by provision of law or by the nature of the substantive legal relationship, the decision must be rendered with respect to several persons, these persons must sue or be sued in the same process.

The courts shall order the party to, within five days, extend its complaint or counterclaim against those who are missing, under warning of terminating the process with respect to the complaint or counterclaim, as applicable.

When integrating the litis, the plaintiff may only add to the allegations of the initial complaint those others that are essential to justify the claims against the new defendants, without substantially altering what was requested.

22.2 Permissive joinder of parties (Litisconsorcio facultativo). Two or more persons may litigate jointly in the same process, whether actively or passively, when their claims are connected by their cause or object.

22.3 Excluding intervention (Intervención excluyente). A person who claims for themselves, in whole or in part, the thing or right over which an ordinary process is being conducted, may exercise their claim by means of a complaint against the parties of the pending process.

The intervention complaint shall be processed jointly with the main claim and may only be filed before the preliminary hearing. The original parties shall be summoned, and the ruling on the excluding intervention shall be made in the judgment, in which case the court must rule first on the intervention and then on the main complaint.

22.4 Adhesive intervention (Intervención adhesiva). A third party may intervene in a process, without alleging any right of their own, solely for the purpose of helping a party to victory, because they have their own juridical interest in the outcome. The intervention may be filed up until the first-instance judgment. If the intervention request is made during a hearing, it shall be resolved therein immediately. If made outside a hearing, it shall be processed via the incidental procedure (vía incidental).

22.5 Call to the guarantor or mediate possessor. Each of the parties may call into the process a third party from whom they seek a guarantee. They must demonstrate the right with a document, and the judgment must issue a ruling on the required guarantee, which shall produce, with respect to the guarantor, the authority and efficacy of substantive res judicata (cosa juzgada material).

The intervention of the guarantor confers no right upon the opposing party over them, except for liability relating to costs.

Whoever holds the asset in the name of another, being sued in their own name, must state this in the answer, for which purpose they shall provide the identification details and domicile of the owner so that they may be cited.

The preceding citations must be requested before the conclusion of the preliminary hearing. The court shall grant the guarantor or the possessor, as the case may be, a period of five days to intervene in the process. If one or the other assumes the role of party, the party calling them may request, if appropriate, to be excluded from the process, for which the acceptance of the plaintiff shall be required.

22.6 Patronato Nacional de la Infancia and Procuraduría General de la República. In accordance with the provisions of the law and with the powers determined therein, the Patronato Nacional de la Infancia and the Procuraduría General de la República may be parties to proceedings or shall be given intervention, as appropriate.

ARTICLE 23.- Claims (Pretensiones)

23.1 Procedural claim. One may claim before the courts a condemnation to a specific performance, a declaration of the existence, constitution, modification, or extinction of rights and juridical situations, the adoption of precautionary measures (medidas cautelares), execution, and any other class of tutelage provided for by law.

23.2 Accumulation of claims. In a complaint or counterclaim, several claims may be proposed, provided there is a connection between them, they are not mutually exclusive, and the court is competent to hear all of them.

If they are exclusive, they may be accumulated as principal and subsidiary claims. If several claims have been improperly accumulated, the party shall be required to rectify the defect within a period of five days, maintaining the claims whose accumulation was possible. Once the period has elapsed without the rectification being made, or if the circumstance of non-accumulability persists among the claims chosen by the plaintiff, the complaint shall be declared inadmissible.

Notwithstanding, for a single time, the court may issue a second warning in exceptional cases when the party's intention to rectify the indicated defect is evident.

Once the complaint is declared inadmissible, the counterclaim shall subsist, and vice versa. The non-compliant party shall be ordered to pay the costs incurred.

TITLE II

PROCEDURAL ACTIVITY

CHAPTER I

PROCEDURAL ACTS

SECTION I

GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 24.- Informality, language, receipt, and use of technological means

24.1 Informality. Procedural acts shall not be subject to specific forms, except when the law expressly requires it.

24.2 Language. The use of the Spanish language shall be mandatory in all procedural acts. A translation must accompany documents drafted in another language. Persons who do not speak Spanish or cannot communicate orally shall be examined by such means as are pertinent, according to the circumstances. When necessary, this shall be done with the assistance of an interpreter, whose cost shall be borne by the proposing party, except in cases where it must be provided free of charge.

24.3 Receipt. For every filing, an acknowledgment of receipt shall be immediately issued by the court office, by technological means when they are received in that manner, or by means of a notation on a physical copy that the filing party shall present for that purpose. The notation must indicate at least what is received, the time and date of reception, as well as identification of the court office.

24.4 Procedural action by technological means. Subject to compliance with the established authentication and security mechanisms, the courts, the parties, and other participants in the process may use authorized technological means for the performance of any procedural act, including the reception of evidence.

When the processing of a case is carried out by technological means and petitions or documents are submitted for incorporation into the proceedings, these shall be scanned with a record that they are being used in a process and shall be returned to the interested parties, who have the obligation to safeguard them and present them to the court when required.

Failure to comply with the order to present documents shall permit the court to deem as true the objections made to the detriment of the defaulting party or to adopt pertinent coercive measures (medidas conminatorias), according to the circumstances.

ARTICLE 25.- Formation, replacement, and publicity of case files

25.1 Technological folder (Carpeta tecnológica). The filings, resolutions, and actions of the process shall give rise to the formation of a computer folder ordered sequentially and chronologically. It shall be formed, consulted, and preserved by technological means. The Corte Suprema de Justicia is authorized to determine how case files shall be formed, procedural acts shall be backed up, and they shall be adapted to technological advances.

25.2 Physical case file (Expediente físico). When necessary, a single physical case file shall be created for each process, in which shall be preserved and consulted those pieces that by their nature cannot be incorporated into the main file. This case file shall be kept duly foliated. With the exception of the base document in processes where the original is required, only a copy of the original private documents that are provided shall remain, and these shall be returned to their owners, who must present them when the court so orders.

25.3 Replacement of proceedings. If the case file is lost or misplaced, it shall be replaced immediately and by any means at the expense of the person at fault, who shall also pay for the damages and losses. To this effect, the court shall order the parties to provide copies of the documents previously submitted. If necessary, the indispensable evidence shall be replaced to decide according to law.

When no copy or backup exists of the lost or misplaced proceedings, the court shall order their replacement; for this purpose, it shall carry out the necessary proceedings to determine their pre-existence and content. When replacement is not possible, if indispensable, the acts shall be ordered repeated, prescribing, according to the circumstances, the manner of doing so.

25.4 Publicity of written proceedings. Every case file shall be accessible to the parties, the lawyers, the assistants of the lead counsel duly authorized by the latter, and those granted such power by law. An agile means for the consultation of the case file must be permanently maintained.

ARTICLE 26.- Place and time of proceedings

26.1 Place. Proceedings shall be carried out at the seat of the court, except for those that by their nature or legal provision must be performed elsewhere.

26.2 Working days and hours. All days and hours are working hours for judicial proceedings, except for those that have been declared non-working by provision of law or competent bodies. When circumstances warrant it, hearings may be scheduled and continued on non-working hours and days.

26.3 Start of judicial proceedings. When a precise time is set for carrying out judicial proceedings, these must begin at the exact time. In exceptional situations, at the court's discretion, they may begin fifteen minutes after the scheduled time. They may begin even later when there is just cause or no well-founded opposition from one of the parties.

SECTION II

ACTS OF THE PARTIES

ARTICLE 27.- Written filings and effects

27.1 Signature. When the filings of the parties must be made in writing, they shall bear their signature. If a person is unable to sign, another person shall do so at their request, their signature shall be authenticated by a lawyer, and the filing party shall affix their fingerprint, barring absolute impossibility.

When telematic, computer, or new technology means are used, the authorization of the document shall be done in the manner established by law or by the Corte Suprema de Justicia, as provided in Law No. 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, of May 5, 1993.

27.2 Copies. When it is possible to submit documents or writings by telematic, computer, or new technology means, or they are incorporated into the folder scanned or by other means, the presentation of copies shall not be required.

Of other writings and documents that are submitted, as many copies shall be provided as there are litigating persons. Copies of blueprints shall be reduced to letter-size paper. One extra copy of the documents shall be presented to be included in the case file. Those who litigate jointly and under the same representation shall be considered a single litigating person. If the copies are not presented in the established manner, or are presented incomplete, dirty, with erasures, illegible, or on scraps of paper, the court shall order that they be presented properly within three days, under warning of not attending the filing if omitted. The presenter shall be responsible for their accuracy. There shall be no need to provide copies of books or brochures, but these must be available to the litigants. Any technological means may be used for the presentation and preservation of copies.

27.3 Effects. The procedural acts of the parties, once effectively received by the competent court office, shall immediately produce the constitution, modification, or extinction of procedural rights and duties, unless a legal provision states otherwise.

SECTION III

ACTS OF THE COURT

ARTICLE 28.- Form and signature of resolutions

28.1 Form. In resolutions and proceedings, the court shall be identified, and the place, time, date, case number, name of the judges, and resolution number shall be recorded, when necessary.

Resolutions must be reasoned, clear, precise, concrete, and congruent with what was requested or provided for by law.

28.2- Issuance and signature of written resolutions. In single-judge courts, all resolutions shall be issued and signed by the judge. In the case of collegiate bodies, procedural orders (providencias), interlocutory orders (autos), and execution judgments shall be issued and signed by the reporting judge. It corresponds to all members to issue and sign only the judgments in the knowledge stage (etapa de conocimiento). Everyone who has voted on a resolution shall sign what was agreed, even if they dissented from the majority; in this case, they shall issue a dissenting vote (salvará el voto), which they shall extend, state the grounds for, and insert with their signature at the foot. When a member of a collegiate court who voted is unable to sign, this shall be recorded in the resolution.

(Thus amended the previous paragraph by Article 1 of Law No. 10892 of March 25, 2026)

In processes conducted through computer, telematic, or new technology means, the signatures on the proceedings shall be those inherent to the medium, as provided by law or the Corte Suprema de Justicia.

ARTICLE 29.- Communication of procedural acts and judicial assistance (auxilio judicial)

29.1 Service of process (Notificación) of oral resolutions. The communication of resolutions issued in a hearing shall be done orally at that time and they shall be deemed served at that moment.

29.2 Service of process of written resolutions. The communication of written resolutions shall be carried out in accordance with the provisions of the law.

29.3 Communication by edict (edicto). Communications shall be made by edict only when the law so establishes. Unless otherwise provided, publication shall be made once and in the Boletín Judicial.

29.4 Judicial assistance. The courts must provide mutual assistance in proceedings that, ordered by one, require the collaboration of another.

They may request cooperation from any administrative official who exercises their functions in the territory of the Republic. Judicial assistance is prohibited when it involves the practice of evidence or acts inherent to a hearing that violate the principle of immediacy.

SECTION IV

TIME PERIODS (PLAZOS)

ARTICLE 30.- Time Periods

30.1 Non-extendability, extension, and interruption of time periods. The time periods established in this Code are non-extendable, unless a legal provision states otherwise. When an extension is permitted, it must be requested before its expiration. Whatever is decided shall not be subject to appeal.

Time periods may be interrupted by fortuitous event or force majeure, recommencing at the moment when the cause has ceased. The occurrence of such events shall be assessed by the court ex officio or at the request of the party who suffered them. Such reasons shall not be effective when alleged by the party who has made filings after they occurred or are not invoked within five days after they have ceased.

30.2 Peremptory time period (plazo perentorio). The court shall reject outright any filing made after a peremptory time period has expired. These time periods cannot be reduced or extended, not even by agreement of the parties.

30.3 Waiver, enlargement, or restriction. Time periods may be waived, enlarged, or restricted with the consent of the parties, unless a legal provision states otherwise.

30.4 Judicial time periods. When this Code is silent concerning the duration of a time period, it shall be established by the court, taking into account the nature of the process, the importance, and the conditions of the act.

The same power shall apply when the time period must be established between a maximum and a minimum.

30.5 Counting of time periods. Unless the law determines another starting point, time periods shall begin to run from the first working day immediately following the day on which the resolution was served on all parties. When a time period of twenty-four hours is set, it shall be understood as reduced to the court office hours on the day it begins to run.

Time periods by days are understood to be working days. Time periods by years or months shall be counted according to the calendar, that is, from date to date.

When the ordinal number of the starting day does not exist in the month of expiration, the period shall conclude on the last day of that month. If the final day of a time period is a non-working day, it shall be deemed extended until the next working day; the same rule shall apply when a part of that final day is declared a holiday (asueto).

In every time period, the expiration day shall be deemed concluded, for purposes of written submissions, at the moment when, according to the law, the office where the submission must be made is required to close. Filings by electronic means may be validly submitted until the end of the day.

Filings submitted and proceedings initiated at the exact time when judicial offices close shall be admissible and valid. Filings submitted after the exact closing time shall be deemed made on the following working day, unless a legal provision states otherwise.

To determine the time of performance of the act, the court's clock or what is derived from the technological systems available to the Poder Judicial shall govern.

SECTION V

DEFECTIVE ACTIVITY AND RECTIFICATION (SUBSANACIÓN)

ARTICLE 31.- Rectification and conservation

31.1 Rectification. The defects of procedural acts must be rectified whenever possible. They shall be validated and deemed rectified when the repair of the defect was not claimed at the first available procedural opportunity.

31.2 Conservation. When the declaration of nullity is unavoidable, the unnecessary elimination, loss, or repetition of acts or stages of the process shall be prevented. All proceedings that are in themselves valid shall be conserved, so that they may be utilized once the process is adjusted to normalcy. The nullity of one act does not entail the nullity of proceedings that are independent of it. The nullity of a part of an act does not affect the other parts that are independent of it, nor does it prevent them from producing the effects for which the act is suitable, unless a legal provision states otherwise.

ARTICLE 32.- Admissibility and inadmissibility of nullity

32.1 Admissibility. The nullity of procedural acts shall only be decreed when it causes defenselessness (indefensión).

32.2 Inadmissibility of nullity. Nullity cannot be declared in the following cases:

1. It is possible to rectify the defective act.

2. If the act, although irregular, has achieved the purpose for which it was intended.

3. If the party requesting it is the one who contributed to causing it or has not suffered harm due to the violation.

4. The request for nullity is repetitive of others previously denied.

When it is evident that a nullity request falls under one of the preceding cases, it shall be rejected outright.

ARTICLE 33.- Procedure for nullity

33.1 Moment when it may be requested and declared. The nullity of defective acts may be declared ex officio at any stage of the process. When nullity is alleged via an incidental procedure, due to the impossibility of doing so through appeals or in a hearing, it must be filed within five days following the knowledge of the defective act.

Except in the case of nullities due to essential and non-rectifiable defects, the right to allege it shall be precluded if it is not formulated at the appropriate moment.

33.2 Procedure for nullity. The nullity of proceedings conducted during a hearing shall be alleged immediately after the conclusion of the act considered defective. At that moment, they shall be resolved following the oral incidental procedure.

The written incidental procedure shall be followed when nullity is asserted against proceedings conducted outside a hearing and when, due to the nature of the act or other circumstances, it is not appropriate or was impossible to do so via appeals or in the hearing.

The nullity of resolutions, due to intrinsic defects, must be alleged concomitantly with the applicable appeals.

When the nullity refers to the proceedings of a superior court, the latter shall be competent to decree it.

Nullities alleged that have already been ruled upon in the preliminary hearing (audiencia de saneamiento) cannot be presented again.

33.3 Allegation of nullity after final judgment (sentencia firme). Nullity may only be alleged after a final judgment or the conclusion of the process, by incidental means, when it is based on one of the grounds for which a review complaint (demanda de revisión) is admissible, provided that it concerns processes where review is not applicable. This incident shall only be admissible if raised within three months after learning of the ground, the moment when the aggrieved party should have learned of it, or could have asserted it.

SECTION VI

SUSPENSION OF THE PROCEEDING

ARTICLE 34.- Suspension

The suspension of the proceeding shall only be decreed by agreement of the parties, for prejudiciality (prejudicialidad), and in cases provided for by law.

34.1 Agreement of the parties. The parties, by mutual agreement, may request the suspension of the proceeding. The court shall only decree it for a maximum period of two months, extendable for an equal period, when it does not violate the principle of immediacy and does not harm the general interest or third parties.

34.2 Prejudiciality. The existence of a criminal process shall in no case give rise to prejudiciality.

When, to decide on the object of the litigation, it is necessary to decide on some question that in turn constitutes the main object of another non-criminal process pending before the same or a different court, if the accumulation of processes is not possible, the court, ex officio or at the request of a party, may decree the suspension of the course of the proceedings.

When a criminal process has been ordered to be instructed for falsity of the base document of a mortgage or pledge execution, the auction shall not be approved until the criminal process has concluded. The offeror shall have the option to maintain or withdraw the offer if, at the time of the auction, the existence of the criminal process was not known.

SECTION VII

ACTS OF ALLEGATION AND PROPOSITION

ARTICLE 35.- Complaint (Demanda)

35.1 Form and content of the complaint. The complaint must be submitted in writing and shall mandatorily contain:

1. The designation of the recipient body, the type, and the juridical subject matter of the process filed.

2. The name, identifying details (calidades), identity document number, the exact domicile of the parties, and any other necessary information. When the party is a natural person, the exact place of residence shall be indicated.

3. A precise narration of the facts, set out one by one, numbered, and well specified. They must be drafted in an orderly, clear, precise, and chronological manner, insofar as possible.

4. When damages and losses are claimed, the separate indication of their cause, description, and estimation of each.

5. The juridical basis for the claims.

6. The detailed and orderly offer of all means of proof. If testimonial evidence is proposed, the facts about which the witness will testify must be indicated, without a formal interrogatory.

For expert evidence, the specific topics of the expert examination and the expert's specialty shall be indicated. When the evidence is recorded in a public registry, with access by computer means, the party interested in this evidence shall indicate how to identify it in the registry, so that the judge who must receive it can access it when needed and place the respective records in the processing of the case.

7. The clear, precise, and individualized formulation of the claims. Claims formulated subsidiarily, in the event the principal claims are dismissed, shall be stated in their order and separately.

8. The justified estimation of the complaint in national currency.

When there are claims in foreign currency, the respective exchange rate at the time of its submission shall be used, without prejudice to the fact that the judgment may grant what was requested in the requested currency.

9. The name of the lawyer responsible for the direction of the process and that of the substitutes.

10. The indication of the means for receiving future communications.

11. The signature of the party or their representative.

35.2 Submission of documents with the complaint. The documents offered must be attached to the complaint. The parties may request the assistance of the courts to bring documents that are impossible to obtain. The processing shall always be at the expense and responsibility of the requester.

If the documents submitted to justify procedural capacity have any defect, the court shall warn that it must be rectified within a period of five days, under warning of declaring the complaint inadmissible. If the documents are recorded in a public registry, with access by computer means, the party interested in proving it shall indicate to the court how to verify it.

35.3 Estimation. The estimation shall be fixed according to the economic interest of the complaint. For this purpose, the basis shall be:

1. In claims concerning movable or immovable property, the value of the object of the claim that is documented, and, otherwise, the value that the plaintiff gives it based on objective parameters.

2. In mortgage or pledge executions, the amount of the claimed credit. In the case of mortgage certificates (cédulas hipotecarias), the value shall be determined by the total amount of the obligation for which they were issued.

3. If a sum of money is claimed, the amount in controversy shall be represented by the sum claimed.

4. If the recovery of damages (daños y perjuicios) is sought, only those incurred up to the filing of the claim will be taken into account.

5. When the claim concerns the creation, existence, modification, validity, effectiveness, or extinction of an obligatory title, its value shall be calculated based on the total amount owed, even if it is payable in installments. The same rule shall apply when the performance of personal obligations is claimed.

6. In the case of highly personal claims and claims for abstention from doing something, the amount of damages (daños y perjuicios) shall serve as the basis, even when their performance is claimed. When the claim seeks obligations to do something, the cost of that which is sought to be performed or the amount of damages (daños y perjuicios) arising from the breach shall serve as the parameter.

7. In proceedings related to an inheritance or a set of separate estates or asset masses, the preceding rules shall be applied with respect to the assets, rights, or credits listed in the inheritance or the estate subject to the litigation.

8. In eviction proceedings (desahucio) or those concerning periodic, perpetual, or indefinite obligations, the value shall be the rent or obligation for one semester.

9. Bankruptcy proceedings (procesos concursales) and those in which the amount in controversy is impossible to determine by their nature, even if they have economic significance, shall be considered unquantifiable.

35.4 Defective claim. If the claim does not meet the legal requirements, the court shall specify all of them at once and order their correction within a period of five days. If the order is not complied with, the claim shall be declared inadmissible and its archiving ordered. However, a second order for correction may be issued, for one time only, in exceptional cases, when the party's intention to remedy the indicated defects is evident.

The defendant, within the service-of-process period (emplazamiento), may request that the defects in the claim be corrected or that any defect in the capacity or representation of the plaintiff be remedied. The request must be resolved immediately. If the correction involves substantial changes to the claim, a new service-of-process period (emplazamiento) shall be granted, which shall be notified at the address indicated by the party.

35.5 Claim without merit. A manifestly meritless claim (demanda manifiestamente improponible) shall be rejected, either on the court's own motion or at a party's request, by means of an early judgment (sentencia anticipada) issued at the outset or at any stage of the proceeding.

A claim shall be meritless (improponible) when:

1. The object or the claim is clearly contrary to the legal system, impossible, absurd, or lacking in interest.

2. It is brought in procedural fraud or with abuse of process.

3. A statute of limitations (caducidad) has expired.

4. The claim has already been the subject of a ruling in a prior proceeding with the authority of res judicata (cosa juzgada), such that the new proceeding is a reiteration of the previous one.

5. The person bringing it manifestly lacks standing (legitimación).

6. The right was waived in a prior proceeding.

7. The right had been previously conciliated or settled.

8. The proceeding refers to procedural nullities that should have been raised in the proceeding where they were caused.

9. The manifest absence of a material or essential prerequisite for the claim is evident.

Prior to the declaration of a claim without merit (improponibilidad), a hearing shall be granted for a period of up to three days.

35.6 Modification or expansion of the claim. The claim may be modified or expanded with respect to the parties, facts, claims, and evidence, before the filing of the answer (contestación) or before the deadline for answering has expired. Such expansion shall be possible, by mutual agreement between the parties, before the preliminary hearing concludes. The service-of-process (emplazamiento) must be carried out anew.

In the ordinary proceeding (proceso ordinario), after the answer (contestación) or the reply (réplica), and until before the evidence hearing (audiencia de prueba) is held, the claim or counterclaim may be expanded with respect to the facts, when some fact of notorious influence on the decision occurs or some fact of such importance comes to the party's knowledge and they assure they did not have knowledge of it before.

This petition shall be processed in the main proceeding; the opposing party shall be served notice (emplazar) for three days; the evidence shall be presented at the respective hearing; and it shall be resolved in the judgment.

In the ordinary proceeding (proceso ordinario), until before the start of the evidence hearing (audiencia de prueba), for one time only, it shall be possible to expand or modify the claim and the counterclaim with respect to the parties, facts, claims, and evidence, when a new fact makes it impossible to preserve all or part of the original claim. The admissibility of the expansion shall be resolved at the evidence hearing (audiencia de prueba). If admitted, the procedural acts necessary to guarantee due process shall be carried out.

ARTICLE 36.- Service of process (Emplazamiento)

36.1 Content. If the claim is admissible, the court shall serve process (emplazará) on the defendant for their answer (contestación). In the respective ruling, it shall indicate the period and the manner in which they must do so, and the consequences in case of omission.

36.2 Effects. The effects of service of process (emplazamiento), both substantive and procedural, are produced from its notification.

The substantive effects are:

a) The interruption of the statute of limitations (prescripción), which shall be maintained until the final judgment. If the claim is declared inadmissible after service of process (emplazamiento), the interruption is considered as not having occurred.

b) To place the defendant in default (mora), unless they were already in it by law.

c) To prevent the defendant from retaining the fruits of the thing, if they were ordered to deliver it.

The procedural effects are:

1. To vest the court with jurisdiction over the proceeding.

2. To subject the parties to the court's jurisdiction, if the defendant does not object to it.

ARTICLE 37.- Answer to the claim (Contestación)

37.1 Form and content. The defendant must answer the claim (contestar la demanda) in writing, within the service-of-process period (emplazamiento), even if any procedural objection (excepción procesal), recusal, or allegation of any nature is made.

They shall answer all the facts of the claim in the order in which they were set forth, expressing in a reasoned manner whether they reject them as inaccurate, admit them as true, with variations or rectifications, or declare absolutely unaware of them. They shall also clearly state their position regarding the claim and its valuation, the legal grounds, and the evidence presented and proposed by the plaintiff. They shall offer and present all their evidence in the same manner provided for the claim.

If they do not answer the facts in said manner, the court shall order them, with an indication of the defects, to correct them within five days. If the defendant fails to comply with this order, the facts that have not been answered in the specified manner shall be deemed admitted.

37.2 Time and manner for raising objections (excepciones). Procedural and substantive objections (excepciones procesales y materiales) must be raised with the answer (contestación) and duly reasoned. Substantive objections (excepciones materiales) may be invoked even at the evidence hearing (audiencia de prueba), when the facts occurred after the answer (contestación) or came to the defendant's knowledge after the deadline for answering had expired. These objections shall be substantiated at the evidence hearing (audiencia de prueba). In ordinary proceedings (procesos ordinarios), the objections of res judicata (cosa juzgada), settlement (transacción), and statute of limitations (caducidad) may be raised until the start of the closing arguments (alegación de conclusiones).

37.3 Procedural objections (Excepciones procesales). Only the following are admissible as procedural objections (excepciones procesales):

1. Lack of jurisdiction.

2. Arbitration agreement.

3. Incomplete necessary joinder of parties (litisconsorcio).

4. Improper joinder of claims.

5. Lis pendens (litispendencia).

Those that are clearly improper and those presented without evidence or without an offer thereof, when it is necessary, shall be summarily rejected. They shall be declared without merit immediately when the production of evidence was ordered and it was not carried out at the appropriate time.

When it is necessary to produce evidence for the procedural objections (excepciones procesales), these shall be resolved at a hearing or at the first hearing, as applicable. In other cases, the incidental procedure outside of a hearing shall be followed.

ARTICLE 38.- Counterclaim (Reconvención) and reply (Réplica)

38.1 Counterclaim (Reconvención). The defendant may file a counterclaim (reconvenir) against the plaintiff, but only in the written document contesting the claim, and may bring to the proceeding as a counterclaim defendant a person who is not the plaintiff. The claim and the counterclaim must be related (conexas) or be a consequence of the outcome of the claim. The counterclaim must meet the same requirements as the claim. If it is defective, its correction shall be ordered under the same terms as for the claim. Unless a legal provision states otherwise, the counterclaim (reconvención) shall only be admissible in ordinary proceedings (procesos ordinarios).

38.2 Reply (Réplica). If the counterclaim (reconvención) is admissible, the counterclaim defendant shall be granted a period equal to that of the service of process (emplazamiento) for the claim to file the reply (réplica), which must meet the same requirements as the answer (contestación).

ARTICLE 39.- Failure to answer (Falta de contestación) and acquiescence (allanamiento)

The defendant's failure to answer the claim (falta de contestación) shall allow the facts to be considered as proven, insofar as they are not contradicted by the evidence appearing in the case file. The defaulting party (rebelde) may appear at any time but shall take the proceeding in the state in which it is found. If the defendant acquiesces to what was claimed in the lawsuit (se allanara a lo pretendido), or omits answering it, or answers it untimely, an early judgment (sentencia anticipada) shall be issued without further procedure, unless there are indications of procedural fraud, the matter raised is of public policy, it involves non-waivable rights, or it is essential to receive evidence to resolve, in which case the proceeding shall continue.

If the acquiescence (allanamiento) is partial, an early judgment (sentencia anticipada) shall be issued without further procedure on the accepted points and it may be executed immediately, in a separate file. The proceeding shall continue its normal course regarding the points not accepted.

ARTICLE 40.- Joint claim and answer

The plaintiff and the defendant may present the claim and its answer jointly. In such a case, the service of process (emplazamiento) is understood to be waived and judgment shall be issued, if it is a matter of law. If there are disputed facts that require evidence, its production shall be ordered and the acts specific to this hearing shall be carried out.

SECTION VIII

EVIDENCE (PRUEBA)

ARTICLE 41.- General provisions on evidence (prueba)

41.1 Burden of proof (Carga de la prueba). The burden of proof (carga de la prueba) falls upon:

1. The person asserting a claim, with respect to the facts constituting their right.

2. The person opposing a claim, with respect to the facts that impede, modify, or extinguish the plaintiff's right.

3- In cases related to consumer defense, environment, personal electronic frauds, or those of any type of financial entity, both at the administrative and judicial levels, the reversal of the burden of proof (inversión de la carga de la prueba) shall apply in favor of the affected consumers.

For the application of the provisions in the preceding subparagraphs of this article, the availability and ease of proof (disponibilidad y facilidad probatoria) that corresponds to each of the parties must be kept in mind, according to the nature of what is being debated.

The preceding rules shall always apply unless an express legal provision distributes the burden of proof (carga de la prueba) with special criteria.

(Thus added subparagraph 3)
above by Article 7 of Law on Protection of Consumers in the Custody of their Money Managed by Any Financial Entity in Costa Rica, whether public or private, authorized for this purpose, No. 10889 of March 23, 2026)

For the application of the provisions in the preceding subparagraphs of this article, the availability and ease of proof (disponibilidad y facilidad probatoria) that corresponds to each of the parties must be kept in mind, according to the nature of what is being debated.

The preceding rules shall always apply unless an express legal provision distributes the burden of proof (carga de la prueba) with special criteria.

41.2 Means of evidence (Medios de prueba). The following are admissible as means of evidence (medios de prueba):

1. Party testimony (Declaración de parte).

2. Witness testimony (Declaración de testigos).

3. Expert opinion (Dictamen de peritos).

4. Documents and reports.

5. Judicial inspection (Reconocimiento judicial).

6. Scientific and technological means.

7. Any other not prohibited.

41.3 Admissibility of evidence (prueba). Evidence (pruebas) that has a direct relationship with the facts and the claim shall be admissible, provided they are disputed. Evidence referring to facts expressly admitted or that must be considered as such under the law, protected by an absolute presumption, evident, or widely known, as well as evidence that is irrelevant, excessive, inconclusive, or illegal, shall be rejected. In a single ruling, the court shall indicate the admitted evidence and that which it rejects.

At the hearing in which evidence is admitted, the court may propose to the parties the incorporation of other evidence not offered, and even order it on its own motion.

At the evidence hearing (audiencia de prueba), exceptionally, if it is indispensable and providing well-founded reasons, other evidence may be ordered to verify or clarify relevant facts, respecting the principles of contradiction (contradicción) and concentration.

41.4 Presentation of evidence (Práctica de la prueba). The presentation of evidence (práctica de la prueba) shall be governed by the following provisions:

1. Duty of cooperation. It is the sole responsibility of the proponent party to summon and present their evidence sources. They may request the cooperation of the courts to obtain orders, summon witnesses and experts, or order their appearance by any available means.

The parties and witnesses have the legal duty to testify. This obligation extends to public officials regarding reports and certifications. The courts shall require their attendance at the hearings by any means, even with the assistance of the Public Force, if necessary. When the testifying party does not attend or refuses to answer, it shall be recorded and the questionnaire shall be entered into the record.

2. Duty of truthfulness and oath. Every testimony and expert report (informe pericial) or report from a public office must express the truth about the facts. In the testimony of parties (declaraciones de partes), witnesses, or experts, an oath before God or what is most sacred in their beliefs shall be administered, with the legal warnings of the importance of infringing the duty of truthfulness or omitting essential elements. The oath shall not be required of minors under twelve years of age.

3. Concentration. Evidence (prueba) shall be presented in a single hearing. When this is not possible in a single day, the hearing shall be extended on immediate and consecutive days. Every effort shall be made to receive the greatest amount of evidence per day, establishing which evidence is to be presented at each session. The parties may arrange the order in which their witnesses testify.

4. Order in the presentation of evidence (pruebas). The evidence (pruebas) shall be presented respecting the following order: judicial inspection (reconocimiento judicial), party testimony (declaración de partes), expert testimony (declaración de peritos), and witness interrogation (interrogatorio de testigos). At the request of the parties or on the court's own motion, for justified cause, the indicated order may be altered.

5. Form of interrogation (interrogatorio). The interrogation (interrogatorio) shall be oral and direct. The party shall pose the questions to the declarant without the court's intermediation.

The questions shall be clear and precise; they shall not refer to more than one fact, they shall not include assessments or qualifications, except for those of experts and technical witnesses. The court shall reject questions and statements that are not directly related to the disputed facts or the object of a dilatory claim, those that refer to evident, widely known, or admitted facts, or those in which the question is suggestive, insinuating a response, offensive, vexatious, or misleading. When questions are considered essential, at a party's request, the rejected question shall be recorded.

Direct interrogation of minors may be authorized when the court considers that, given their degree of maturity, they will not be affected. Otherwise, it is the court's responsibility to conduct the interrogation.

When a controversy arises over the form and content of a question, the matter shall be discussed succinctly in the same act, without suggesting or insinuating responses, without the need to suspend the act or remove the declarant from the room, except in highly qualified cases.

The declarant may not read notes or memos, except if authorized when the questions refer to figures, dates, data that are difficult to recall precisely, or in other cases considered justified. If their consultation at the hearing is foreseeable, they must bring them on the day of their testimony and only in exceptional cases shall the hearing be suspended if they do not have them with them.

If two or more persons must testify about the same facts, the necessary measures shall be taken to prevent communication between them during the course of the hearing.

The taking of evidence (práctica de prueba) abroad or in places distant from the court's seat may be done through technological means that guarantee immediacy. Only in exceptional cases, considering the importance of the evidence and the difficulty of presenting it directly or through technological means, may letters rogatory be sent for the taking of evidence (práctica de prueba) abroad.

When party testimony (declaración de parte), witness testimony, or expert testimony is received through electronic means or new technologies, and the source of the evidence is located abroad, the formalities established in this Code shall apply and the evidence shall be considered as received in the national territory for all purposes.

6. Taking of evidence (práctica de prueba) at the location of the facts. Evidence (prueba) shall be taken at the location of the facts, without being subject to the limitations of territorial jurisdiction, when necessary for the validity of the principle of immediacy, according to the nature of what is debated and when the court deems it convenient.

7. Testimony at domicile. When, due to illness or other specially justified circumstances, the person who must testify cannot appear at the court's seat, at a party's request, it may be ordered that they testify at their domicile or at the location where they are. For this purpose, the video conference system may be used. If, considering the circumstances, the court deems it prudent not to allow the parties and their lawyers to attend the testimony at the domicile, the responses obtained shall be made known to the parties so that they may request the clarifications or additions they deem necessary.

8. Appointment of interpreters and translators. When physical or language limitations exist, the offering party must request the appointment of interpreters or translators at the time of offering the evidence (prueba). Unless stated otherwise, the proponent must cover the fees.

9. Transfer and incorporation of evidence (pruebas). Evidence (pruebas) validly taken in another proceeding or in the same proceeding, and in administrative proceedings, may be admitted, preserving their nature, when it is not possible or it is considered unnecessary to repeat them, provided that the participation of the parties has been guaranteed or is guaranteed. The hearing shall record the incorporation, and reading or reproduction thereof is optional.

10. Failure to produce evidence (Inevacuabilidad). Evidence not presented due to the fault of the proponent party shall be considered as not produced (inevacuable), without the need for an express ruling.

41.5 Appreciation of evidence (prueba). Evidence (pruebas) shall be appreciated in its entirety, according to criteria of logic, experience, science, and sound human understanding, unless a legal text expressly provides for a different rule of appreciation.

The conduct of the parties during the proceeding may constitute an element of ratifying conviction of the evidence (pruebas).

ARTICLE 42.- Party testimony (Declaración de parte)

42.1 Duty to testify and form. The parties have the duty to testify about their own or third-party facts, and they may pose questions to each other reciprocally. The testimony of natural persons shall be personal.

In the case of legal entities, their legal representative must testify.

If they did not participate in the disputed facts, without prejudice to the indication they must make, they shall be obliged to respond according to the knowledge they must have of them.

In all cases of mandate or representation, the representatives must testify when it concerns facts carried out in their function.

In any case, if the person called to testify was not the one who participated in the disputed facts, they must allege this circumstance within five days from the notification of the hearing date setting, or, when it is not possible to do so, at the time of the presentation of evidence (práctica de la prueba). They must provide the identity of the person who intervened on behalf of the person, who may be summoned as a witness. If they do not make such an indication or if they state they do not know the person involved in the facts, the court may consider that statement as an evasive response.

The party may not be forced to testify twice about the same facts.

42.2 Effects of party testimony (declaración de parte). The admission of one's own facts, expressly or tacitly, allows them to be presumed as true and constitutes evidence against the testifying party, unless it involves non-waivable rights, the declarant does not have the authority to confess in representation, or it contradicts the other evidence. Spontaneous affirmations made in the proceeding shall have the same effect.

If the party does not appear, without just cause, does not arrive at the appointed time, refuses to testify, responds evasively, or does not bring supporting documents with them when they are necessary, the effects of the tacit admission of the interrogation, whether of their own or third-party facts, shall be produced.

ARTICLE 43.- Witness testimony (Declaración de testigos)

43.1 Admissibility. Witness testimony (prueba de testigos) shall be admissible to prove all types of facts. Any natural person who has knowledge of the disputed facts, is over twelve years of age, and has legal capacity may be a witness. Minors under twelve years old may be admitted as witnesses when, in the court's opinion, they have the necessary discernment to know and declare truthfully.

If the witness has scientific, technical, professional, artistic, or practical knowledge, the statements they add to their response by virtue of such knowledge shall be admitted.

The court shall admit the witness evidence (prueba testimonial), expanding or reducing the number of witnesses, according to the importance and necessity of said evidence.

Witness testimony (prueba de testigos) from individuals located abroad shall only be admitted when it is considered absolutely indispensable and the proponent lacks other sufficient means of proof within the country to prove the invoked facts.

43.2 Abstention from testifying. Persons who are examined about facts that entail criminal liability for the declarant or for their spouse, cohabitant, ascendants, descendants, or collateral relatives up to the third degree, inclusive, by consanguinity or affinity, may abstain from testifying as witnesses.

Likewise, those who are protected by professional secrecy or who, by provision of law, must keep confidentiality, may refuse to answer questions that violate their duty or capacity for reserve.

Minor witnesses shall have the right to abstain from testifying or answering specific questions, when such an act could generate a conflict of loyalty towards their parents. The court must inform the minor witness of this right.

43.3 Substitution of witnesses. The substitution of offered and admitted witnesses shall be permitted; substitution of the latter shall only proceed in exceptional cases. In proceedings where a preliminary hearing exists, the substitution of an offered witness shall be resolved at that hearing, and the substitution of admitted witnesses may be requested and resolved up to the evidence hearing (audiencia de práctica de prueba).

In proceedings with a single hearing, whether the substitution refers to offered or admitted witnesses, the request may be made before the conclusion of the hearing and shall be processed and resolved therein.

Whenever the substitution of witnesses is admitted, the court shall adopt the necessary measures to secure the right to contradictory proceedings (contradictorio).

43.4 Presentation of witness evidence (prueba testimonial). At the beginning of the testimony, the court shall administer the oath to the witness and ask them about their personal identification data, their relationship with the parties or their lawyers, and whether they have a direct or indirect interest in the outcome of the matter.

The witness shall be interrogated first by the proponent party, then by the opposing party, and finally by the court. When answering, they shall justify the circumstances of time, place, and manner in which the facts occurred and how they obtained knowledge of them, in the most complete manner possible. Once the testimony is concluded, the parties and the court may interrogate again to request clarifications.

43.5 Confrontations (Careos). When witnesses incur serious contradictions, the court, on its own motion or at a party's request, may agree to subject them to a confrontation (careo). A confrontation (careo) between the parties and one or more witnesses may also be ordered, based on their respective testimonies.

The request shall be formulated at the end of the interrogation and, in this case, the witness shall be advised not to leave so that said proceedings can be carried out subsequently.

43.6 Payment of expenses to witnesses. The expenses incurred by witnesses due to their appearance shall be satisfied by the proponent party. If there is no agreement between the party and the witness, the court, at the hearing, taking into account the data and circumstances on record, shall set the amount and order its payment without delay.

If the proponent is successful and benefits from a ruling of procedural costs (costas procesales), they shall be entitled to the corresponding reimbursement from the losing party for that concept. If several parties propose the same witness, the amount shall be prorated among them.

The ruling that sets the amount and orders its payment may only be subject to a motion to revoke. If the party or parties who must indemnify fail to do so within five days from the ruling becoming final, the witness may assert their rights in the same proceeding through the incidental channel.

ARTICLE 44.- Expert evidence (Prueba pericial)

44.1 Admissibility. Expert evidence (prueba pericial) shall be admissible when scientific, artistic, technical, or practical knowledge, outside the field of law, is necessary to assess relevant facts or circumstances or to acquire certainty about them.

The parties may submit, with the claim or answer (contestación), expert reports (dictámenes de peritos) or technical reports prepared by individuals, public institutions, or through a professional association. They shall be attached, along with the other documents, instruments, or materials necessary for their assessment. Likewise, they may request the appointment of an expert by the court.

44.2 Designation, acceptance, and fees of court-appointed experts. Court-appointed experts (peritos judiciales) shall be designated from the list prepared by the Judicial Branch, taking into account the nature and object of the expert task.

Upon making the appointment, the court shall precisely indicate the aspects on which they must report.

Once the appointment is communicated, the expert shall state immediately or within three days, by any suitable means, if they accept the position, which shall be recorded. If they do not accept the position, a new appointment shall be made.

The fees shall be set at the time of designation, and a period of five days shall be granted to the offering party or parties for their deposit. If the opposing party expands the topics subject to the expert task, they must contribute proportionally, as ordered by the court.

Failure to deposit the fees within the established period shall result in the total or partial failure to produce (inevacuabilidad) the evidence (prueba), unless one of the parties maintains an interest in its presentation, in which case they must deposit the full amount within five days following the expiration of the previously granted period.

The fees shall be disbursed once their work is concluded.

44.3 Elaboration and presentation of the expert report (dictamen). The parties are obligated to assist the expert in whatever is necessary for the fulfillment of their task. In case of refusal, they may ask the court to adopt the pertinent measures.

When issuing the report (dictamen), every expert must state, under oath or promise to tell the truth, that they have acted and, where applicable, will act with objectivity and impartiality, and that they are aware of the criminal and civil sanctions in which they could incur if they breach their duty. The report (informe) shall be substantiated and shall contain, in a clear and precise manner, a detailed account of the operations carried out, their results, the technical and evidentiary elements used, and the conclusions. The respective documents and annexes shall be attached, or the corresponding source shall be indicated when it is not possible to attach them. It must be presented at least five days before the evidence hearing (audiencia de práctica de pruebas).

If they do not submit the report (dictamen) within the legal period, do not expand upon it, or do not appear at the hearing if summoned, without just cause, they shall lose their fees and must pay the damages (daños y perjuicios) caused.

44.4 Examination of the report (dictamen) at the hearing. The expert report (dictamen pericial) shall be examined at the evidence hearing (audiencia de prueba), first by the proponent, then by the opposing party, and finally by the court. For this purpose, the parties may rely on the assistance of technical experts or consultants. The expert must appear at the hearing, unless the parties and the court deem it unnecessary. Those participating in the hearing may make observations, request clarifications, expansions, explanations of operations, methods, premises, sources, or even challenge and question the report (informe) with other evidentiary means.

44.5 Special reports or opinions. The court may, on its own motion or at a party's request, request expert reports (dictámenes) or reports from universities, institutes, academies, professional associations, or other specialized bodies, public or private, when they refer to technical aspects within their knowledge and experience. The report shall indicate the person responsible for preparing it.

44.6 Verification of economic, financial statuses and rendering of accounts. In order to carry out audits, inventories of assets, determination of economic status, rendering of accounts, accounting reports or any other type of report, the court may appoint professionals in accounting sciences or in the required specialty. For the taking of said evidence, the court may order any other evidence or request the information that may be necessary. When this evidence is requested in advance, it may only be requested by partners (socios), quota holders (cuotistas), co-owners (copropietarios) or associates (asociados) in respect of legal entities of which they are a part or members, which they must demonstrate in their request. In the case of commercial companies, the applicants must represent at least ten percent (10%) of the capital or, in other cases, be holders of quotas in the same proportion.

ARTICLE 45.- Documentary evidence

45.1 Presumption of authenticity, validity and effectiveness of documents. Public documents and admitted private documents, tacitly or expressly, are presumed authentic and valid as long as the contrary is not proven. Documents received or preserved by technological means and those that judicial offices issue as copies of originals stored by these same means shall enjoy the validity and effectiveness of the original physical document, provided that their authenticity, integrity and preservation are guaranteed, as well as compliance with the requirements demanded by law.

45.2 Public documents. Public documents are all those drafted or issued by public officials, according to the required forms and within the limit of their attributions, and those qualified with that character by law. Those granted abroad with that character by virtue of treaties, international conventions or international law shall also have that nature. In the absence of a written rule, such documents must comply with the requirements of the legal system where they were granted.

The document granted by the parties before a notary attests not only to the existence of the convention or provision for which it was granted, but even to the prior facts or legal acts that are related in it, in simply enunciative terms, provided that the enunciation is directly linked to the main convention or provision.

Reproductions of documents shall have the probative effectiveness of these, if the authorizing official certifies the reason that they are faithful copies of the originals. Simple copies, whose authenticity has not been timely challenged, shall have the same effectiveness.

45.3 Private documents and acknowledgment (reconocimiento). Private documents are those that do not have the status of public documents.

The acknowledgment (reconocimiento) may be express or tacit, in the latter case, when the party does not challenge it in due course. They shall be acknowledged (reconocidos) by the person who issued them or their representative. Witnesses may acknowledge (reconocer) documents prepared or signed by them and those to which they have had access or knowledge.

The acknowledgment (reconocimiento) of the signature, unless objected to, implies acceptance of the content, and this may be acknowledged (reconocer) even if the document was not signed.

45.4 Exhibition of documents. The exhibition of documents, reports, books or any other evidentiary source shall be ordered to the parties, if they are under their control or disposal, refer to the object of the process, are common, or probative conclusions may be derived for the requesting party.

The court may order that exhibition before the expert, when so requested by the parties or the expert for the purposes of the expert examination (pericia).

With the exhibition request, the requesting party may provide a copy or reproduction of the document, but if they do not have it in their possession, they shall indicate its content in concrete terms.

The exhibition shall be mandatory, and in the resolution ordering it, the person required shall be warned that their refusal shall allow value to be attributed to the simple copy, the reproduction or the version of the content of the document, and it may be taken as confirmation of the accuracy of the other party's assertions regarding the content of the document or the fact to be proved.

If the document requested to be exhibited is in the possession of a third party, they shall be warned to present it, provided that it is significant for the purposes of the process and does not cause harm to the person required.

The person obligated to the exhibition may present a certified copy or testimony of the document requested, under their responsibility, unless the court doubts its authenticity or the opposing party demands the original for well-founded reasons.

Officials of the State and public institutions may not refuse to issue certifications or testimonies, nor object to exhibiting the documents of their dependencies and archives.

45.5 Challenge (Impugnación) of documents. The challenge (impugnación) of documents presented with the complaint (demanda) and the counterclaim (reconvención) must be made in the response (contestación) and in the reply (réplica). Those presented and added after the complaint (demanda) and counterclaim (reconvención) must be challenged (impugnarse) in the hearing (audiencia). In any case, it shall be necessary to set forth the concrete reasons for the challenge (impugnación) and the evidence supporting it.

The challenge (impugnación) on grounds of falsity may be made in the same process, and the effects of what is decided shall be limited to it. Judgments issued by criminal courts regarding the falsity of a document influential in the process shall have the value of res judicata (cosa juzgada).

45.6 Verification of documents. When a signature is unknown or ignorance of the authorship of a document is manifested, the interested party may prove it by means of a party statement (declaración de parte), technical evidence, comparison (cotejo), documents, and any other means of proof.

45.7 Reports and case files (expedientes). The court, at the request of a party or on its own motion (de oficio), may request reports from any natural or legal person, public or private institution or office, in relation to facts or acts of interest for the process. The report shall not be admissible when it manifestly tends to substitute another means of evidence. The report shall be sent as soon as possible, in any authorized format, under oath of accuracy.

The required entity may refuse to render the report only when it involves information declared a State secret or may seriously compromise commercial secrecy or undisclosed information. In such a case and once the request is received, it shall immediately and clearly set forth the reasons for its refusal.

The referral of case files (expedientes), testimonies, documents, annexes, studies related to the reports, annotations, book entries, archives, or similar items may also be requested.

45.8 Certain date. The certain date of a private document shall be counted with respect to a third party when one of the following events is verified:

1. The death of one of the signatories.

2. The presentation of the document before any public office to become part of a case file (expediente) for any purpose.

3. The presentation of the document before a notary, in order for them to authenticate the date on which it is presented.

If the third party, at the time of contracting, had knowledge of the existence of the document, they may not reject it on the pretext that it does not fall within one of the three preceding cases.

ARTICLE 46.- Judicial inspection (Reconocimiento judicial)

46.1 Admissibility. Judicial inspection (Reconocimiento judicial) shall be admissible for the clarification and appreciation of facts when it is necessary or convenient for the court to examine, by itself, some place, object, or person.

46.2 Practice. The taking of the judicial inspection (Reconocimiento judicial) evidence shall be governed by the following provisions:

1. Object of the judicial inspection (reconocimiento judicial). The proposing party shall indicate the aspects to be verified and state if they intend to attend the act with a technician. The opposing party may propose, before the inspection (reconocimiento) is carried out, other aspects of their interest.

2. Attendance of parties, lawyers, experts (peritos), and witnesses. The parties and their lawyers may attend the inspection (reconocimiento), formulate observations they deem pertinent, and provide photographs, tracings (calcos), image or sound recordings, or similar items to leave a record. At the request of a party or on its own motion (de oficio), the attendance of experts (peritos) or witnesses to said act may be ordered, where they may be examined.

3. Duty of collaboration of parties and third parties. The parties and third parties have the duty to provide maximum collaboration for the effective taking of the inspection (reconocimiento). The unjustified refusal of third parties empowers the courts to take the corresponding compulsory measures, without prejudice to the possibility of certifying pieces for the Public Ministry (Ministerio Público), if it is deemed that an illicit act is being committed. If the unjustified refusal comes from one of the parties, they shall be admonished to provide collaboration; if they maintain their attitude, it may be interpreted as confirmation of the accuracy of the other party's assertions regarding the fact to be proven.

The courts may enter properties (inmuebles) or premises that are the subject of controversy, or where the assets to be examined are located. For such purpose, they may order entry and seek assistance from the Public Force (Fuerza Pública), if necessary.

4. Documentation of the judicial inspection (reconocimiento judicial). The inspection (reconocimiento) shall be documented using image and sound recording means. When this is not possible, it shall be recorded in minutes (acta). The relevant aspects shall be noted in the electronic medium used or in the minutes (acta). Only in exceptional cases shall the documentation of the judicial inspection (reconocimiento judicial) be deferred.

5. Recognition (Reconocimiento) of persons. In the practice of recognition (reconocimiento) of persons, the necessary measures shall be taken to fully respect personal rights. For that purpose, they shall be allowed the company of a family member or person of their trust, and it may even be ordered without the attendance of parties or lawyers, or at the person's own home or the place where the person to be recognized (reconocido) is located.

ARTICLE 47.- Reconstruction of facts

For the reconstruction of facts, the same procedure established for judicial inspection (reconocimiento judicial) shall be followed.

ARTICLE 48.- Scientific means

The taking of reproductions of any nature, tracings (calcos), reliefs, films or photographs of objects, persons, documents and places, radiographs, radioscopies, hematological and bacteriological analyses, and, in general, any scientific evidence may be ordered. In the hearing (audiencia), this evidence shall be given the same treatment established for expert evidence (prueba pericial).

ARTICLE 49.- Advanced evidence (Prueba anticipada)

Before the filing of the complaint (demanda) or during the course of the proceeding, but before the appropriate procedural moment, any means of evidence may be requested, admitted, and taken. Advancement (anticipación) shall only be appropriate when there is a risk of impossibility of taking it later or that, even if it can be taken, it may lose its effectiveness. When it turns out that the advancement of evidence (anticipación de prueba) was not justified, the applicant shall be ordered to pay costs.

In any case, without being subject to the provisions of the preceding paragraph, verification of economic and financial statuses and rendering of accounts, party statement (declaración de parte) on personal facts, and the exhibition of documents or movable assets are appropriate as advanced evidence (prueba anticipada).

The request must indicate the name and statuses of the parties, the object and estimation of the future process, when it has not yet been filed, the justification, the evidence requested, and the address for receiving notifications.

When communication to the opposing party could frustrate the purpose or effectiveness of the activity and, in cases of urgency, it shall be carried out without prior notification. If the opposing party appears despite not having been summoned, they may intervene in the taking of the evidence; otherwise, the result must be notified to them within five days after its completion. In other cases, the participation of the opposing party shall be guaranteed. The court shall arrange what is necessary for the effective compliance with what it orders, on any day and at any time, even with the assistance of the Public Force (Fuerza Pública).

The advanced evidence (prueba anticipada) taken shall be incorporated into the process when it has been filed.

CHAPTER II

ORAL HEARINGS (AUDIENCIAS ORALES)

ARTICLE 50.- Oral hearings (audiencias orales)

50.1 Concentration of activity. Hearings (audiencias) may be held in one or several sessions separated by recesses and may even continue the next day as a single procedural unit.

50.2 Attendance and effects of non-appearance

1. Duty of attendance. The parties must appear at the hearings (audiencias) personally or represented by lawyers with powers to mediate (conciliar).

2. Non-attendance at the preliminary hearing (audiencia preliminar). If the party acting as plaintiff fails to appear at the preliminary hearing (audiencia preliminar), the complaint (demanda) or counterclaim (reconvención) shall be deemed abandoned (desistida), and they shall be ordered to pay costs and the damages caused. However, the process may continue if one of the parties present alleges a legitimate interest or when the nature of the matter debated requires continuation, provided there is no impediment whose overcoming depends exclusively on the plaintiff party.

If the non-attendee is the defendant, judgment shall be handed down immediately, unless it is necessary to take the evidence offered by the plaintiff, because the facts are not susceptible to being proven by confession (confesión) or the claims refer to matters of public order or non-waivable rights.

If neither party appears at the preliminary hearing (audiencia preliminar), the process shall be deemed abandoned (desistido) without any condemnation.

3. Non-attendance at the evidentiary hearing (audiencia de prueba). If one of the parties does not appear at the evidentiary hearing (audiencia de prueba), the evidence of the attending party shall be taken. The evidence offered by the party that does not appear shall not be taken, unless the opposing party manifests an interest in it or the court considers it indispensable. If neither party appears, judgment shall be handed down immediately, if possible, in accordance with what appears in the case file (expediente).

4. Non-attendance at the hearing in single hearing (audiencia única) proceedings. In single hearing (audiencia única) proceedings, if the non-attendee is the plaintiff, the complaint (demanda) or counterclaim (reconvención) shall be deemed abandoned (desistida), and they shall be ordered to pay costs and the damages caused. However, the process may continue if one of the parties present alleges a legitimate interest or when the nature of the matter debated requires continuation, provided there is no impediment whose overcoming depends exclusively on the plaintiff party. If the process continues, the evidence shall be taken and the judgment handed down.

If the non-attendee is the defendant, the court shall hand down judgment immediately, unless it is necessary to take the evidence offered by the plaintiff, because the facts are not susceptible to being proven by confession (confesión) or the claims refer to matters of public order or non-waivable rights.

If neither party appears at the single hearing (audiencia única), the process shall be deemed abandoned (desistido), without any condemnation.

5. Non-attendance of the judge or tribunal member. If a hearing (audiencia) cannot be held due to the non-attendance of the judge or a tribunal member, a time and date for its celebration shall be set immediately, within the following ten days.

50.3 Postponement and suspension of hearings (audiencias). The postponement and suspension of hearings (audiencias) shall only be admitted due to fortuitous event or force majeure, duly verified.

Once the act has begun, it may be suspended in very qualified cases, when necessary for the proper progress of the process, to deliberate on complex aspects, or at the request of a party, to promote a mediation agreement (acuerdo conciliatorio). The suspension must be brief, and upon decreeing it, a time and date shall be set, within a maximum period of ten days, for resumption.

When the suspension of the hearing (audiencia) exceeds five days and the principle of immediacy (inmediación) is affected, it cannot be resumed, and it shall be necessary to schedule a new one, without prejudice to the corresponding responsibility.

Hearings (audiencias) shall not be postponed or suspended due to the absence of lawyers. The overlapping of hearings (audiencias) that the parties or their lawyers must attend is not grounds for justification; however, if this circumstance is made known within three days following the notification of the hearing (audiencia) scheduling, the one that was scheduled last shall be rescheduled.

50.4 Direction of the hearing (audiencia). The court shall direct the hearings (audiencias) according to the powers and duties conferred upon it by law. At the beginning of each hearing (audiencia), it shall verify and record the time, date, nature of the hearing (audiencia), identification of the parties, witnesses, and other assistants who appear at it.

It shall explain to the parties the purposes and activities of the hearing (audiencia). It shall make the corresponding legal warnings; prevent the formulation of impertinent questions and the unnecessary reading of texts and documents; moderate the debate, avoiding impertinent digressions without curtailing the right of defense; withdraw the right to speak or order the removal from the premises of anyone who does not follow its instructions; maintain order and ensure that due respect and consideration are observed, using for this the powers of correction and discipline conferred upon it by law.

When a party is assisted by more than one lawyer, only one may intervene per declarant. In other activities not related to statements, they shall decide among themselves who will act.

50.5 Documentation of hearings (audiencias)

1. Documentation using formats suitable for image and sound recording. Oral actions in hearings (audiencias) shall be recorded on a format suitable for recording and reproducing sound and, if possible, also image.

The parties may always request, at their own expense, a copy of the formats on which the hearing (audiencia) was recorded.

2. Documentation by minutes (acta). If the referred recording means cannot be used for any cause, it shall be documented by minutes (acta). The minutes (actas) shall be laconic, unless otherwise provided by law. When documenting the taking of evidence, the minutes (actas) must necessarily be exhaustive. In exceptional cases, when it is necessary to draw up minutes (acta), at the court's discretion, the literal transcription of the hearing (audiencia) may be ordered.

The minutes (acta) must contain, according to the activities carried out in it:

a) The place, date, start time, nature, and conclusion of the hearing (audiencia), with an indication of suspensions and resumptions.

b) The name of the judges, the parties present, the defenders, and the representatives.

c) Indication of the name of the witnesses, experts (peritos), and other assistants who are testifying, the reference to the transferred evidence and the other evidentiary elements reproduced.

d) The resolutions issued, the challenges (impugnaciones) raised, and the decision regarding them, concisely recording the grounds for the decision.

e) The new scheduling for the continuation of the hearing (audiencia).

f) A synthesis of the main conclusions of the parties.

g) Mention of the pronouncement of the judgment.

h) Any other data the court considers pertinent.

i) The identification of the judges who participated in the hearing (audiencia).

The backup medium used for the recording of the hearing (audiencia) shall remain in the court as an annex to the case file (expediente).

50.6 Deliberation. The deliberation to decide shall always be secret, and the court, when it deems it necessary, shall consider whether to withdraw from the hearing room. In the case of judgments, the period for deliberation shall not exceed two days, except in complex processes in which it shall be extended to five. Once the drafting is completed, the decision shall be communicated.

In the case of a judgment, at least one judge of the tribunal must be present in the hearing (audiencia).

CHAPTER III

EXTRAORDINARY FORMS OF

CONCLUSION OF THE PROCESS

ARTICLE 51.- Mediation (Conciliación)

51.1 Extrajudicial mediation (conciliación). Mediation (conciliación) may be carried out extrajudicially, before or during the process, according to the provisions of this Code and special laws.

The execution of the approved (homologado) agreement shall be carried out through the procedure established for executing judgments.

51.2 Judicial mediation (conciliación). Judicial mediation (conciliación) is appropriate before initiating the process or at any stage of the proceeding. The parties may have the advice of their lawyer.

If the parties agree, they may do so before the judicial mediator (conciliador judicial) of the court, a judicial mediation (conciliación) center specialized in the matter, extrajudicially, and, if that is not possible, before a judge of the court hearing the process.

In the case of single-judge courts, the corresponding judge shall conduct it, and in collegiate courts, only one of the members. When conducted before a judicial mediator (conciliador judicial), they shall assume their function in the same hearing (audiencia), replacing the person directing it for that sole activity.

Statements made in the hearing (audiencia) may not be interpreted as acceptance of the proposals made and may not constitute grounds for recusal (recusación).

Statements made by the parties during the mediation (conciliación) shall not be included in the minutes (acta).

The mediation agreement (acuerdo conciliatorio) must be reviewed and, if applicable, approved (homologado) by the judge who conducted the mediation (conciliación) or one from the tribunal that should hear the process once said activity is concluded.

The court has the duty to promote mediation agreements (acuerdos conciliatorios) at the procedural stages established by law. It shall also do so when circumstances favor the settlement or when the parties so request by mutual agreement. In this last case, they may request the suspension of the proceeding for a reasonable period not exceeding three months, extendable for an equal period at the parties' convenience.

51.3 Approval (Homologación), effects, and execution of the mediation agreement (acuerdo conciliatorio). The mediation agreement (acuerdo conciliatorio) must be examined by the court to determine if it is lawful and does not violate public order norms or affect non-waivable or inalienable rights. Once duly approved (homologado), it shall terminate the process if it encompasses all the claims. If partial, the proceeding shall continue with respect to what has not been resolved, unless expressly agreed otherwise by the parties.

Said agreement shall produce the effects of material res judicata (cosa juzgada material), except when the law provides otherwise due to the nature of the controversy. When it does not encompass all aspects of the claim, it shall partially produce the effects of res judicata (cosa juzgada).

The agreement may be judicially executed in the same process.

ARTICLE 52.- Settlement (Transacción)

52.1 Timing and form. The parties, at any stage of the proceeding, may invoke the settlement (transacción) regarding the right in dispute, providing the private or public document in which the agreement is recorded. It may also be subscribed through minutes (acta) before the court, which shall make the pertinent objections, if necessary.

52.2 Approval (Homologación), effects, and limit. The court shall analyze the settlement (transacción) to determine if the legal requirements for its validity are met, and if there are no objections, it shall approve (homologará) it. If it contains remediable defects, before resolving accordingly, it shall order their correction.

Unless otherwise provided by law, the approved (homologada) settlement (transacción) produces material res judicata (cosa juzgada material). If it encompasses all the debated claims, it will result in the termination of the process.

ARTICLE 53.- Waiver of the right (Renuncia del derecho)

At any stage of the process, the right claimed may be waived, without the need for the consent of the opposing party. When appropriate, the process shall be terminated, unless it is partial, in which case the proceeding shall continue in relation to what has not been waived. The waiving party (renunciante) shall be ordered to pay costs and the damages caused to the opposing party and may not bring a new process for the same cause or object. The waiver (renuncia) of the rights of the complaint (demanda) does not affect the counterclaim (contrademanda) or the excluding intervention.

ARTICLE 54.- Extra-procedural satisfaction (Satisfacción extraprocesal)

54.1 Appropriateness. Extra-procedural satisfaction (Satisfacción extraprocesal) occurs when the defendant or counter-defendant satisfies, totally or partially, outside of the process, the claim formulated by the plaintiff. Either party may bring it to the court's attention.

54.2 Declaration and effects. When it is verified that the claim has been satisfied, totally or partially, the court shall so declare. In the first case, the process shall be concluded, and if it is partial, it shall continue for what has not been satisfied.

If the extra-procedural satisfaction (satisfacción extraprocesal) is a consequence of the defendant's unilateral will, they may be ordered to pay costs, interest, damages, or losses, taking into account the nature and state of the process, the rights satisfied, and the estimation of the complaint (demanda). Payment of costs, damages, and losses may be waived, according to the circumstances.

ARTICLE 55.- Supervening impossibility of the process

When, on its own motion (de oficio) or at the request of a party, the court concludes that the litigation is impossible, due to the disappearance of one of the parties when succession does not occur, due to the disappearance of the object when its substitution is not possible, due to the disappearance of the cause, or due to the impossibility of the legal effect sought to be constituted, it shall terminate the process by reasoned resolution. In such a case, each party shall bear its own costs of the terminated process.

ARTICLE 56.- Abandonment (Desistimiento)

56.1 Appropriateness and timing. Abandonment (Desistimiento) is appropriate before a final judgment. It may refer to all or part of the claims, to one of the parties, or to the opposition. Partial subjective abandonment (desistimiento) is inappropriate if there is necessary joinder of parties (litisconsorcio necesario).

In the ordinary process, if it is requested after the response (contestación), the acceptance of the opposing party is indispensable. If it is unilateral, the other party shall be granted a hearing (audiencia) for five days to state whether they agree with the request, under warning that it shall be deemed accepted if they remain silent. In other processes, acceptance is not indispensable.

56.2 Effects of abandonment (desistimiento). Once the abandonment (desistimiento) is admitted, the process shall be terminated, totally or partially. If the complaint (demanda) is abandoned, the counterclaim (contrademanda) shall remain, and vice versa, unless the opposing party expressly states they also abandon their action. When the defendant abandons their opposition, the effects of acquiescence (allanamiento) shall occur. The party who abandons (desiste) shall be ordered to pay costs, as well as the damages caused to the opposing party, unless the defendant has not been notified, is in default (rebeldía), or there is mutual abandonment (desistimiento). When the abandonment (desistimiento) is partial or refers to a procedural act, the condemnation shall be proportional. Things shall remain in the same state they were in before the complaint (demanda) was filed.

ARTICLE 57.- Expiration (Caducidad) of the process

57.1 Appropriateness

As long as a first-instance judgment has not been handed down, the complaint (demanda) or counterclaim (contrademanda) shall expire (caducará) when its course has not been pursued for more than six months. The period shall be counted from the last activity aimed at effective prosecution. Actions that do not have that effect do not interrupt the period. It shall be declared on its own motion (de oficio), at the request of a party, or at the petition of any interested party with standing.

Expiration (Caducidad) is not appropriate:

1. If the paralysis was exclusively attributable to the court, force majeure, or any other cause independent of the will of the parties.

2. When any of the parties or intervenors pursue the proceeding before the declaration made on its own motion (de oficio) or request.

3. In universal and non-contentious processes.

4. In payment order (monitorios) and execution processes, when there is no effective seizure.

57.2 Effects of the declaration of expiration (caducidad)

Once the expiration (caducidad) of the complaint (demanda) and the counterclaim (contrademanda) is declared, the process is extinguished, and any right acquired with the filing or notification of the complaint (demanda) and counterclaim (reconvención), but it does not prevent the parties from formulating the claims again. However, if the inactivity is exclusively attributable to one of the parties, the opposing party may request that the process continue with their claim. In that case, the effects of expiration (caducidad) shall be produced only with respect to the party responsible for the inactivity, who shall be ordered to pay the costs incurred.

CHAPTER IV

JUDICIAL RESOLUTIONS AND MEANS OF CHALLENGE (IMPUGNACIÓN)

SECTION I

JUDICIAL RESOLUTIONS

ARTICLE 58.- Name and time limits

58.1 Name

Judicial resolutions shall be oral or written and shall be called orders (providencias), interlocutory decrees (autos), and judgments (sentencias). Orders (providencias) are those of simple procedure; interlocutory decrees (autos), those containing a value judgment; and judgments (sentencias), those deciding the debated issues.

58.2 Time limit for issuing orders (providencias) and interlocutory decrees (autos)

Orders (providencias) and interlocutory decrees (autos) in a hearing (audiencia) shall be issued immediately, unless the complexity of the matter raised requires special study or deliberation, in which case a brief recess may be decreed. Written orders (providencias) and interlocutory decrees (autos) must be issued within a period of five days, without prejudice to the provisions of special rules.

58.3 Addition, clarification, and correction of interlocutory decrees (autos)

Regarding oral rulings, their supplementation, clarification, or correction shall be requested and made in the same hearing. Written rulings may be clarified by the court on its own motion (de oficio), before the resolution is notified, or at the request of a party made within three days. The court shall resolve the matter within twenty-four hours. If the court omits to rule on a specific petition, it may be requested orally that the court, on its own motion, remedy the omission. Courts may correct purely material errors at any time.

ARTICLE 59.- Rulings in single-judge courts

In single-judge courts, when after a hearing the judge who attended it becomes incapacitated and cannot issue the ruling, a new hearing shall be held by the judge who replaces the incapacitated one.

ARTICLE 60.- Rulings in collegiate courts

60.1 Competence and incapacity to resolve

In matters that must be resolved after a hearing, the deliberation, voting, drafting, and validation of the ruling shall correspond to the members who attended the hearing, even if they subsequently ceased to exercise their functions in the court due to transfer, promotion, expiration of appointment, retirement, or resignation. Those who are suspended or have left their position for other reasons shall be incapacitated from participating.

If after the hearing any of the members becomes incapacitated, such that he cannot attend the discussion and voting, the remaining members shall take the pertinent measures to conduct the deliberation, including relocating to the place where the incapacitated member is located or using technological means that permit the decision. If it is not feasible to integrate the incapacitated member, the matter shall be decided by the other members who attended the hearing, if they can form a majority; otherwise, the procedure established for discord (discordia) shall be followed.

60.2 Deliberation, voting, and drafting of rulings

In collegiate courts, the discussion and voting of rulings shall be secret and directed by the presiding judge. The reporting judge (informante) shall submit the questions of fact and law to the court's deliberation. After discussion, voting shall proceed, which may not be interrupted except for some insurmountable impediment. For a ruling to exist, the concurring vote of the majority of all members is required on each of the points subject to pronouncement. When the ruling has several parts that depend on each other, having voted negatively on the first points, on which there has been a majority, shall not be grounds authorizing the member who so voted to refrain from contributing his opinion and vote to the resolution of the remaining points.

The drafting of the ruling corresponds to the reporting judge (informante). When he does not concur with the majority vote, it shall be assigned to another member. Those who dissented from the majority shall state the reasons for their dissenting vote (salvarán su voto) within the time limit for drafting. If the dissenting vote is not drafted within the indicated time limit, it shall be deemed automatically (de pleno derecho) not filed, without affecting what was decided.

60.3 Discord (discordia)

If a majority cannot be reached on any point submitted to a vote, the decision on which a majority was obtained shall be drafted and signed, kept confidential, and added to what is later resolved on the discordant points. To resolve the discord (discordia), the court shall be integrated with the judges necessary to form an odd-numbered court. The new member or members shall form their opinion based on the hearing record. Only when the principle of immediacy (principio de inmediación) is affected shall a new hearing be held, within the following ten days, which shall be limited to the points on which there is discord (discordia) and those that depend on them. If a majority is not obtained and there is a single vote, it must necessarily adhere to any of the other votes in order to form a majority.

ARTICLE 61.- Special provisions regarding the judgment

61.1 Issuance of the judgment. Once the evidentiary hearing is concluded in any type of proceeding, the judgment shall be issued. If possible, it shall be issued orally at that act. To this end, the court may order a recess. The judgment issued orally must be typed, and a reproduction shall be delivered to the parties at the act of notification.

When it is not possible to issue it orally at the act, it shall be issued in writing within the following five days.

In highly complex proceedings, the decision to be communicated to the parties shall be issued in writing within a period of fifteen days.

61.2 Content of the judgment. Judgments must resolve each and every one of the points that have been the subject of debate, may not grant more than what was requested—except as otherwise provided by law—and may not include issues other than those claimed; excepting those for which the law does not require party initiative.

In addition to the requirements inherent to any judicial ruling, judgments shall have a heading, a recitals section (parte considerativa), and an operative part (parte dispositiva).

The heading shall contain the type of proceeding, the names of the parties, their representatives, and their attorneys.

The recitals section (parte considerativa) shall include:

1. A synthesis of the allegations and claims and mention of the defenses (excepciones) raised.

2. A clear, precise, and chronologically ordered enunciation of the facts proven and not proven that are material to the decision, with specific reference to the means of proof supporting the conclusion and the criteria for evaluating those elements.

3. An analysis of the issues debated by the parties, the defenses (excepciones) raised, and matters relating to costs, with proper legal reasoning, including strictly indispensable citations of legislation, case law (jurisprudencia), and doctrine deemed applicable.

4. The operative part (parte dispositiva) shall begin by ruling on the procedural incidents that could not be resolved previously and on the defenses (excepciones) raised. Subsequently, the decision (fallo) shall be set forth in imperative and concrete terms, with an express and separate indication of the claims that are declared admissible or denied.

Finally, it shall provide what corresponds regarding the economic repercussions of the procedural activity.

Judgments of second instance and cassation shall include a brief summary of the aspects debated in the challenged ruling and the arguments of the appellants.

ARTICLE 62.- Condemnatory judgments

62.1 Condemnations on economic matters determinable in money

In any condemnatory pronouncement on economic matters determinable in money, the exact amount of the sums awarded must be established at once, including their adjustments up to the judgment, including interest and costs.

If the existence of such matters has been proven but not their amount or extent, an abstract condemnation may be issued indicating the bases upon which the determination is to be made.

62.2 Periodic condemnations. When condemnations are imposed to pay sums of money periodically, the parameters for their determination, future adjustment, and payment shall be established. Likewise, at the request of a party, their commutation may be carried out.

62.3 Amount to be liquidated and rendering of accounts. When a party is condemned to pay an amount to be liquidated, derived from fruits, rents, profits, or products of any kind, as well as in the rendering of accounts, the court shall grant, in the judgment, a ten-day period to the obligor to present the liquidation or rendering of accounts (rendición de cuentas), in accordance with the bases it establishes. Said liquidation shall be formulated by attaching or offering the supporting evidence, with the warning (apercibimiento) that, if not done within that period, the creditor shall be automatically authorized (de pleno derecho), without need for a further ruling, to formulate the respective liquidation or account.

62.4 Condemnation to deliver. If the judgment orders the delivery of an asset, the defeated party shall be warned to comply within the period granted by the court, according to the circumstances, after which the putting into possession shall be ordered.

When the judgment condemns to the delivery of a determined quantity of goods in kind or commercial instruments, the debtor shall be warned that if he does not comply within the established period, they shall be converted into money, and the resulting sum shall be enforced.

62.5 Condemnation to do. If the judgment obliges to do something, the court shall grant the defeated party a period, according to the circumstances, to comply and shall warn him that if he fails to do so within the given period, the victorious party shall be automatically authorized (de pleno derecho), without need for a further ruling, to perform it at the expense of the defeated party, who must also pay the damages (daños y perjuicios) caused by his refusal.

62.6 Granting of a deed. In the judgment condemning a party to grant a deed (escritura), the defeated party shall be granted a period for compliance, according to the circumstances, under the warning (apercibimiento) that, if not done within that period, the court shall proceed to grant it in the name of the obligor.

62.7 Judgment on matters of impossible execution. If, upon issuing judgment, it is evident that, despite the admissibility of what was requested, execution is impossible, the court may order the obligor to indemnify the victorious party for the damages (daños y perjuicios) caused.

ARTICLE 63.- Invariability, supplementation, clarification, and correction of material errors

Courts may not revoke or modify their judgments, but they may clarify any obscure or contradictory pronouncement, or supply any omission regarding any discussed point. These clarifications or supplementations (adiciones) shall only be admissible with respect to the operative part (parte dispositiva).

If the judgment is issued orally, the parties may request it at the act, and it shall be resolved immediately. They may also request it within the following three days. If the judgment is issued in writing, the court may do so on its own motion (de oficio) before notification. The parties may request it within the third day, and it must be resolved within a period of three days. The request for supplementation (adición) or clarification interrupts the time limit for filing remedies.

Courts may correct purely material errors at any time, even during the execution stage.

ARTICLE 64.- Res judicata (cosa juzgada)

For res judicata (cosa juzgada) to arise, the identity of subjects, object, and cause is necessary, and it may be declared on the court's own motion (de oficio). Its effects are limited to the operative part. Final judgments (sentencias firmes) issued in ordinary proceedings and rulings expressly indicated by law produce material res judicata (cosa juzgada material), which makes the existence or nonexistence of the adjudicated legal relationship indisputable in another proceeding. Judgments issued in other proceedings shall have the effect of formal res judicata (cosa juzgada formal), and the filing of an ordinary proceeding shall not prevent their execution.

SECTION II

MEANS OF CHALLENGE (MEDIOS DE IMPUGNACIÓN)

ARTICLE 65.- General provisions

65.1 Exhaustiveness of means of challenge (Taxatividad de los medios de impugnación).
Judicial rulings may only be challenged through the means and in the cases expressly established. The means of challenge (medios de impugnación) are reconsideration (revocatoria), appeal (apelación), cassation (casación), and review (revisión).

65.2 Standing to challenge. Only those prejudiced by the rulings may challenge them, according to the terms and conditions provided by law.

65.3 Waiver of the right to challenge. Whoever has standing to challenge may waive his right at the act of notification or within the time limit to appeal. If the waiver is made in an oral hearing, the court shall deem the ruling final immediately, when appropriate.

65.4 Effects of the challenge on time limits. The filing of remedies shall not interrupt or suspend the time limits granted by the challenged ruling for the performance or fulfillment of procedural acts.

65.5 Grounds for the challenge. The challenge must contain, under penalty of inadmissibility, the clear and precise reasons that warrant the modification or nullity of what was decided and the offer of evidence. Procedural grounds shall be stated first, followed by the substantive grounds.

65.6 Prohibition of reformatio in peius (reforma en perjuicio). The challenge shall be considered only in what is unfavorable to the appellant. The ruling may not be amended or revoked in matters that are not the subject of disagreement, unless the variation in the challenged part necessarily requires modifying other points of the appealed ruling, or if it is necessary to correct inconsistencies, ambiguities, obscurities, or material errors.

65.7 Provisional execution. Challenged condemnatory judgments that have not become final may be executed provisionally, as established in the rules governing execution.

65.8 Withdrawal of the challenge. Withdrawal of a challenge is admissible before it is resolved. It shall be requested before the court that issued the challenged ruling or before the superior court. The court before which it is pursued shall admit the withdrawal without further procedure or subsequent remedy and shall declare the challenged ruling final. In no case shall the party withdrawing the remedy be condemned to pay the costs of the remedy.

65.9 Decrees (providencias). No remedy whatsoever shall lie against decrees (providencias); however, courts may set them aside or modify them within three days following their notification, either on their own motion (de oficio) or by virtue of written or oral observations from the interested party. If the observations are deemed improper, no ruling need be issued.

ARTICLE 66.- Remedy of reconsideration (recurso de revocatoria)

66.1 Admissibility, timeliness, and remedies. The remedy of reconsideration (recurso de revocatoria) shall be admissible against rulings (autos) and must be filed before the court that issued it, within the third day, if the ruling (auto) was written, or immediately, when issued in a hearing.

Without the need for a party's request, courts may reconsider (revocar) their own rulings (autos) in the hearing, when it is an oral ruling, or within three days in other cases.

The ruling (auto) that denies a reconsideration (revocatoria) shall have no remedy whatsoever.

66.2 Remedy of reconsideration (recurso de revocatoria) in a hearing. When the remedy of reconsideration (recurso de revocatoria) is filed in a hearing, it shall be formulated orally, and the court shall resolve it immediately, unless it involves a complex aspect meriting discussion, in which case the opposing party shall be heard at the same act.

66.3 Joint reconsideration and appeal. In cases where the remedy of appeal (apelación) is also admissible in addition to the remedy of reconsideration (revocatoria), the filing of the appeal shall always imply the concomitant filing of the reconsideration (revocatoria), even if not expressly requested. The ruling on reconsideration and the admission of the appeal shall be resolved in the same pronouncement.

ARTICLE 67.- Remedy of appeal (recurso de apelación)

67.1 General provisions. The remedy of appeal (recurso de apelación) shall be admissible only against the rulings expressly provided, and it shall be filed before the court that issued it.

When it is permitted to be filed in a hearing, it must be done immediately upon issuance of the ruling. The time limit to appeal written rulings (autos) is three days, and for judgments (sentencias), five days.

Once the remedy is filed, a pronouncement on its admission shall be issued, and without the need for an express ruling, the parties must appear before the superior court to assert their rights within the fifth day.

When a significant procedural act is pending, the case file (expediente) shall not be sent to the superior court until it is completed. If it is before the superior court and the lower court needs it to carry out a procedural action, it shall request it, and the superior court shall send it immediately. It must be returned to the superior court as soon as possible.

67.2 Evidence in the second instance. The admission of evidence in the second instance shall be restrictive and exceptional. Only that evidence which is strictly necessary to resolve the points subject to appeal may be admitted, when it could not be offered or produced in the first instance for reasons beyond the party's control. The court shall only order evidence on its own motion (de oficio) when it is indispensable.

67.3 Appeal of rulings (autos). Rulings (autos) are appealable only when they:

1. Deny the procedure chosen by the party.

2. Terminate the proceeding for any reason.

3. Decree the suspension or interruption of the proceeding.

4. Rule on the request for granting, modification, substitution, or lifting of a precautionary (cautelar) or protective (tutelar) measure.

5. Reject the representation of any of the parties.

6. Uphold procedural defenses (excepciones procesales).

7. Rule interlocutorily on the setting of rents, pensions, or guarantees.

8. Rule on the joinder or severance of proceedings.

9. Decide on the intervention of procedural successors or third parties.

10. Rule on withdrawal (desistimiento) and settlement (transacción).

11. Decree the nullity of procedural actions.

12. Issue a pronouncement on the merits of an incident, unless they deny nullity.

13. Order the surrender of real property for non-payment of rent differences.

14. Rule on the setting of attorney's fees.

15. Conclude the opening and verification of wills.

16. Declare successors.

17. Issue a pronouncement on the exclusion or inclusion of assets.

18. Approve or reject claims.

19. Rule on the removal of the executor (albacea).

20. Rule definitively on the rendering of accounts (rendición de cuentas).

21. Deny the reopening of the probate proceeding.

22. Rule on the adjudication, transfer, or probate act carried out abroad.

23. Deny provisional execution.

24. Approve or disapprove the liquidation of interest or costs.

25. Order or deny an attachment (embargo) or its lifting.

26. Order or deny the request for a public auction (remate).

27. Approve the public auction (remate).

28. Declare the invalidity of the public auction (remate).

29. Rule on the liquidation of the proceeds of the public auction (remate).

30. Rule on the merits of third-party claims (tercerías).

31. Impose coercive and disciplinary sanctions.

32. As expressly provided by law.

In higher-quantity (mayor cuantía) proceedings, rulings (autos) issued on incidents or aspects that do not exceed the sum established for lower-quantity (menor cuantía) proceedings shall not be subject to the remedy of appeal (recurso de apelación).

67.4 Deferred appeal. When the appeal of rulings (autos) or anticipated judgments is filed in the evidentiary hearing, the proceeding shall not be suspended, unless the appealed ruling terminates the proceeding. If the appealed point does not have suspensive effects, the appeal shall be deemed filed in a deferred manner and conditioned upon the party challenging the judgment, reiterating the appeal, and the point being material to the final ruling, in which case it shall be resolved when the judgment is reviewed. If the party who filed the remedy does not appear as an appellant of the judgment because he was victorious and, due to the admissibility of the remedy of any other litigant, the objection regains relevance, the deferred appeal must be considered.

If the judgment admits only the remedy of cassation (casación), the deferred appeal is not admissible; however, the party may assert his disagreement when challenging the judgment, if the argument constitutes a ground for cassation.

67.5 Appeal of judgments and effects. Judgments, except those issued in ordinary higher-quantity (mayor cuantía) proceedings, shall be subject to the remedy of appeal (recurso de apelación). Those issued in execution of judgment shall only have this remedy. Its admission does not produce suspensive effects; the court retains its competence to continue hearing all matters processed in a separate piece (pieza separada), precautionary (cautelares) and protective (tutelares) measures, and provisional execution.

67.6 Procedure in the second instance. Upon receiving the case file (expediente), the court shall first review the formal admissibility of the remedy, the procedure, and the nullity issues raised. In all cases, it shall order any necessary corrections, preserving all procedural actions not affected by the defect or that can be remedied.

67.7 Hearing in the second instance and ruling. If evidence is admitted, or any of the parties requests it and the court deems it pertinent, an oral hearing shall be scheduled within the following fifteen days. At the hearing, the admitted evidence shall be produced, and the appellants shall speak, followed by the other parties. Courts may question the parties on the issues raised. Once the hearing is concluded, the final ruling shall be issued.

No remedy whatsoever shall lie against what is resolved by the court.

ARTICLE 68.- Appeal for denial of admission (apelación por inadmisión)

68.1 Admissibility and time limit. The remedy of appeal for denial of admission (apelación por inadmisión) shall be admissible against the ruling that denies a remedy of appeal (apelación).

It must be filed at the act if it was denied in a hearing, or within the third day if it is a written ruling.

68.2 Requirements and procedure. The request must be made before the same court that denied the remedy and shall clearly state the reasons why the denial is considered illegal.

When the appeal for denial of admission refers to the denial of an appeal that should have been admitted with deferred effect, the court of first instance shall limit itself to allowing the filing of the remedy of appeal for denial of admission (apelación por inadmisión), which shall be reserved to be resolved and taken into consideration at the time the superior court rules on the remedy filed against the final judgment, provided that the appellant's interest in the denial of admission subsists.

When it refers to the denial of an appeal that should have been admitted with non-deferred effect, once the appeal for denial of admission is raised, the court of first instance shall immediately send the case file (expediente) to the superior court.

68.3 Effects of the filing and ruling. The filing of the remedy of appeal for denial of admission (apelación por inadmisión) does not suspend the normal course of the proceeding, unless the court expressly orders otherwise.

If the appeal is inadmissible, the superior court shall confirm the denial ruling (auto). If it declares it admissible, it shall revoke the denial ruling (auto) and admit the appeal. Without the need for an express ruling, the parties must appear before the superior court to assert their rights within the fifth day.

ARTICLE 69.- Remedy of cassation (recurso de casación)

69.1 Rulings against which it is admissible. The remedy of cassation (recurso de casación) may be filed against judgments issued in ordinary higher-quantity (mayor cuantía) or unquantifiable proceedings and in cases expressly indicated by law. The modification of the amount established for higher quantity (mayor cuantía), after a proceeding has commenced, shall not prevent access to the remedy.

69.2 Grounds. The remedy of cassation (recurso de casación) may be based on procedural and substantive reasons.

It shall be admissible for procedural reasons when based on the following:

1. Infringement or erroneous application of procedural rules that are essential for the guarantee of due process, provided that the defective activity has not been remedied in accordance with the law.

2. Violation of the principle of immediacy (principio de inmediación) due to the absence of judges at the evidentiary hearing, closing arguments, or deliberation.

3. The judgment having been issued by a number of judges fewer than that required by law.

4. Absence or serious contradiction in the legal reasoning.

5. Having been based on illegitimate means of proof or those illegally introduced into the proceeding.

6. Inconsistency (incongruencia).

The failure to rule on costs, incidents without direct influence on the merits of the matter, or when the supplementation (adición) of the decision to fill the omission has not been requested, shall not be grounds for appeal.

Only the party harmed by the non-observance of the procedural law may allege a cassation ground for procedural reasons. Furthermore, it is indispensable, when the procedure permits it, to have sought the rectification of the defect and to have exhausted all admissible remedies against the ruling.

The remedy of cassation (recurso de casación) shall be admissible for substantive reasons when based on:

a) Violation of the substantive rules applicable to the specific case. This ground includes the infringement of legal rules on the evaluation of evidence and error in the interpretation of evidence.

b) Breach of res judicata (cosa juzgada), provided that this defense (excepción) was raised in a timely manner.

69.3 Form and time limit. The remedy shall be filed before the court that issued the challenged ruling within a period of fifteen days.

69.4 Requirements

The remedy must indicate:

1. The nature of the proceeding, the parties, and the time and date of the challenged ruling.

2. Mention of the legal rules infringed or erroneously applied.

3. The statement of the specific grounds constituting the basis for the cassation, set forth in an orderly, clear, and concise manner.

69.5 Summary rejection. The remedy of cassation (recurso de casación) shall be rejected outright when:

1. It is not possible to identify the proceeding.

2. It is filed untimely.

3. The challenged ruling does not admit this type of remedy.

4. The alleged infringements are not expressed with clarity and precision.

5. Legal reasoning is omitted.

6. In the case of a procedural nullity, it is not one of those provided as a ground, it was not claimed before the corresponding court, or no remedy was filed against the ruling when it was invoked.

7. It refers to issues not raised in a timely manner, nor debated in the proceeding, unless mandatory or public policy rules are involved.

69.6 Effects of the remedy of cassation. The admission of the remedy does not produce suspensive effects. The court retains its competence to continue hearing all matters processed in a separate piece (pieza separada), precautionary (cautelares) and protective (tutelares) measures, and provisional execution.

69.7 Procedure for the remedy of cassation

1. Summons (emplazamiento). Once the remedy is filed, the court shall send the case file (expediente) and grant a period of five days to the opposing party to appear before the superior court to assert its rights.

2. Admission and setting of the hearing. Upon receiving the case file, the cassation chamber (sala de casación) shall rule on the admission of the remedy. If it admits it on its own motion (de oficio) or at the request of the parties, and provided that the chamber deems it pertinent, it shall convene the oral hearing.

3. Evidence in cassation. The admission of evidence in cassation shall be restrictive and exceptional. Only that evidence which is strictly necessary to resolve the points subject to challenge may be admitted, when it could not be offered or produced in the first instance for reasons beyond the party's control. The chamber shall only order evidence on its own motion (de oficio) when it is indispensable.

4. Oral hearing. The oral hearing shall be presided over by the reporting member (integrante relator). When the setting of the hearing is made at the request of a party, the unjustified absence of the requesting appellant party shall imply withdrawal (desistimiento) of his remedy. The hearing shall begin with the identification of the proceeding, mention of the intervening parties, and an indication of how the hearing will proceed. The president shall give the floor first to the appellant party and shall indicate the time during which he shall make his presentation, requiring him to do so in an orderly manner with respect to each of the alleged defects. Reading of writings or documents shall not be permitted, unless it involves citations of evidence or legal or doctrinal texts that may be read only as relevant. After the presentation by the appellants, the floor shall be given to the opposing party or parties for the same amount of time.

When deemed necessary, replies and surreplies shall be permitted. In any event, the members may request clarifications or explanations from the parties. Once the hearing is concluded, the chamber shall retire and deliberate as many times as necessary to resolve the remedy.

69.8 Judgment. The judgment must be issued within a period of fifteen days from the conclusion of the oral hearing. The challenge relating to procedural defects shall be examined first, and if they are not admissible, the substantive grounds shall be analyzed.

If the judgment is overturned (casada) due to procedural defects, a remand (reenvío) to the court shall be ordered, which shall correct the defects and rule again, repeating the taking of evidence if necessary. When the defect can be remedied without infringing the principle of immediacy (principio de inmediación), in the case of inconsistency or lack of reasoning, judgment shall be issued on the merits without the need for remand (reenvío).

If the judgment is overturned (casada) on the merits, a new judgment shall be issued in its place. To this end, it shall take into account the defenses of the party opposing the appellant, omitted or overlooked in the challenged judgment, if that party, having been victorious, could not file the remedy of cassation (recurso de casación).

69.9 Remedies. No remedy whatsoever shall lie against the judgments issued by the cassation chamber (sala de casación). Against other rulings, only the remedy of reconsideration (revocatoria) shall be available.

ARTICLE 70.- Cassation in the interest of the law (casación en interés de la ley)

70.1 Admissibility. Cassation in the interest of the law (casación en interés de la ley) is admissible, in relation to judgments issued in extraordinary remedies, when the cassation chambers (salas de casación) of the Supreme Court of Justice (Corte Suprema de Justicia) hold conflicting criteria on substantially identical procedural or substantive matters. Its purpose is to promote the uniformity of case law (jurisprudencia).

70.2 Standing. The Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) and the Office of the Ombudsman (Defensoría de los Habitantes), as well as legal entities and public law bodies that, due to the activities they carry out and the functions assigned to them in relation to the challenged criteria, demonstrate a legitimate interest in jurisprudential unity, may file a request in the interest of the law.

70.3 Competence and procedure. The Full Court (Corte Plena) shall be competent to hear it.
It shall be governed, in everything compatible, by the provisions for the cassation appeal (recurso de casación). The members of the chamber that have participated in the discrepant rulings shall not be impeded nor may they be recused for that reason. The period to file it is one year, from the time the most recent judgment becomes final (firmeza). It shall be filed directly before the Full Court and shall be accompanied by a certified copy or testimony of the resolutions where the alleged discrepancy is evident. The president shall designate the rapporteur and shall convene an oral and public hearing.

70.4 Judgment. The judgments that are rendered shall respect the particular legal situations derived from the resolutions analyzed and, when estimatory, shall establish the jurisprudential doctrine.

ARTICLE 71.- Cassation appeals in the interest of jurisprudence (casación en interés de la jurisprudencia)

71.1 Admissibility, competence, and effects. A cassation appeal in the interest of jurisprudence is admissible, in relation to judgments not challengeable through the cassation appeal (recurso de casación), when contradictory rulings on specific legal issues have been rendered by the courts of justice and there exists a public interest in defining the discrepancy.

The respective cassation chamber shall be competent to hear it, according to its competence. Its filing shall not have suspensive effects on the pending proceedings.

71.2 Standing, selection of proposed topics, and procedure

Those who may file a cassation appeal in the interest of the law (casación en interés de la ley) shall have standing, as well as groups of three or more judges directly linked to the proposed topics.

The respective chamber shall select, according to its criteria, the cases it considers of interest for its analysis and shall follow, as far as compatible, the procedure provided for the cassation appeal in the interest of the law. That which is resolved shall contribute to informing the legal system without binding effect. The chamber's ruling shall not affect the judgments previously rendered.

ARTICLE 72.- Review (Revisión)

72.1 Admissibility and grounds. A review shall be admissible against rulings that have the effect of substantive res judicata (cosa juzgada material), provided that any of the following grounds occurs:

1. They were rendered as a consequence of prevarication (prevaricato), bribery (cohecho), or fraudulent acts declared in a criminal judgment.

2. When there is procedural fraud, collusion, or other fraudulent maneuver by the parties to achieve the ruling.

3. When any of the decisive evidence for the challenged ruling has been declared false in a final criminal judgment.

4. They were obtained through violence, intimidation, or fraud (dolo).

5. When, due to force majeure or due to fraudulent acts by the opposing party, essential evidence could not be presented or the appearance of the interested party at any act where significant evidence was taken was rendered impossible.

6. The judgment was rendered without summoning the challenger.

7. There was a lack of or improper representation during the entire proceeding or at least during the evidentiary hearing.

8. That the judgment is contradictory to a prior one with the authority of substantive res judicata, provided that said exception could not have been raised.

9. That the judgment is contradictory to a subsequent criminal one with the authority of substantive res judicata in which it is established whether the person to whom the acts constituting a criminal offense are attributed is or is not the perpetrator thereof.

10. When property or rights of third parties who did not participate in the proceeding have been illicitly affected.

11. In any other case where a serious and significant violation of due process (debido proceso) has occurred.

12. When new scientific or technological evidentiary means arise that allow the conclusions reached in the challenged judgment to be invalidated.

It shall be necessary that the defect has caused prejudice to the challenger and that it has not been possible to remedy it within the same proceeding in which it occurred.

A review is not admissible when it is based on a ground already known and not invoked by the challenger in a prior review petition.

72.2 Time limits. The period to file the review complaint shall be three months, counted from the moment at which the injured party had the possibility of alleging the respective ground.

It shall not be admissible when ten years have elapsed from the time the judgment giving rise to the review became final (firmeza).

72.3 Standing. The review complaint may be filed by those who have been parties, their successors or assigns (causahabientes), the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República), when the invoked facts affect the public interest, other public institutions for the protection of the purposes established in their laws, and third parties, when it concerns grounds established in their interest.

72.4 Competence and form of the petition. The review complaint must be filed before the corresponding cassation chamber and shall have the following requirements:

1. The name, qualifications (calidades), and place for notifications of the appellant and the other parties, or their assigns.

2. The indication of the type of proceeding in which the judgment was rendered, the date, the court, and the office where the case file is located.

3. The express indication of the ground and the specific facts that support it. All grounds known at the time of filing must be invoked.

4. The proposition of evidence.

The review complaint shall not suspend the execution of the appealed judgment. However, according to the circumstances and at the request of the challenger, the execution of the judgment may be suspended, upon prior determination by the chamber of the amount of a guarantee (garantía), for the setting of which the value of what is discussed in the main action and the damages that could be caused shall be considered.

72.5 Procedure and suspension. If the complaint does not meet the requirements, its correction shall be ordered. If it meets them, the chamber shall request the case file from the office where it is located. Once received, it shall rule on its admissibility and on the suspension guarantee (garantía), if it has been requested. The complaint and the case file shall be joined for the purposes of the review.

Once the complaint is admitted, those who litigated in the proceeding or their assigns shall be summoned for a period of fifteen days. Once the complaint is answered or the period to do so has elapsed, ex officio or at the request of a party, and provided that the chamber deems it pertinent, it shall convene an oral hearing in which evidence shall be admitted and taken, and conclusions shall be presented. The issuance of the judgment shall be governed by the provisions for the cassation appeal (recurso de casación).

72.6 Estimatory judgment. If the review complaint is granted, the challenged judgment shall be annulled, in whole or in part, as appropriate, and the chamber shall order the necessary proceedings to be repeated. Despite the existence of the ground, if it was not determinative of the challenged decision, the resolution may be kept intact.

Once the judgment is rendered, the case file shall be remitted to the court that rendered the challenged resolution so that it proceeds as ordered. If proceedings must be repeated, the evidence received and taken in the court that heard the review shall be valid.

The declared nullity shall produce all its legal effects, except for the rights acquired by third parties, which must be respected.

If the invoked ground is that the judgment is contradictory to a prior one that produces substantive res judicata (cosa juzgada material), the chamber shall annul the challenged judgment and render the corresponding one.

If it is granted, the losing party shall be ordered to pay costs, damages, and prejudice, if that party had participated in the facts causing the nullity of the judgment.

72.7 Dismissive judgment and destination of the suspension guarantee. When the review complaint is declared without merit, the petitioner shall be ordered to pay costs, damages, and prejudice. When a guarantee has been provided to suspend the execution of the challenged ruling, this shall be transferred to the person or persons who have suffered prejudice from the suspension, as minimum indemnification, according to the proportion determined by the chamber that heard the challenge.

72.8 Appeals. No appeal shall be admissible against the judgment that resolves the review. Rejection for purely formal reasons shall not prevent the filing of a new review complaint.

CHAPTER V

ECONOMIC REPERCUSSIONS OF THE PROCEDURAL ACTIVITY

ARTICLE 73.- Ruling on costs

73.1 Order to pay costs. In every resolution that concludes the proceeding, the losing party shall be ordered, ex officio, to pay costs. Costs shall be considered to include attorney's fees (honorarios de abogado), compensation for the time invested by the party in attending procedural acts where their presence was necessary, and other indispensable expenses of the proceeding.

73.2 Exemption. Exemption may be granted, in whole or in part, in a reasoned manner, when:

1. The complaint or counterclaim includes exaggerated claims.

2. The ruling admits significant defenses invoked by the losing party that substantially modify what was claimed.

3. There is a significant reciprocal loss on claims, defenses, or exceptions.

4. The party has adjusted its conduct to good faith, loyalty, probity, and the rational use of the procedural system.

If there is no order to pay costs, each party shall pay those it has caused and both parties shall pay common ones.

73.3 Order to pay costs in cases of multiple parties. When there is a plurality of persons ordered to pay costs, considering the circumstances, it shall be determined whether the obligation is joint and several or divisible. In case of a divisible obligation, the judge must indicate how the responsibility is distributed among the losing parties.

When the cost award is in favor of several subjects, the amount of the award shall benefit all in equal parts, unless a different distribution is justified.

ARTICLE 74.- Fees (Honorarios) and expenses

The Supreme Court of Justice (Corte Suprema de Justicia) shall regulate matters relating to the fees of executors, expert witnesses (peritos), and other judicial assistants. No judicial officer may receive remuneration or retribution from the parties for the performance of their function. When the payment of transportation, lodging, and meal expenses is permitted for carrying out judicial acts, the court must set a prudent amount and order the interested parties to deposit it before its celebration, with an express indication of the amount corresponding to each one. It is up to the court to prudently set the allowances and expenses of witnesses.

ARTICLE 75.- Guarantees (Garantías)

When the amount of a guarantee must be established, unless expressly provided otherwise, the court shall set it prudently, considering the nature and entity of what is intended to be secured. The guarantee may consist of money, certified checks, investment certificates, mortgages, insurance policies, and bank guarantees or those from authorized institutions. For its admission, the court shall determine the suitability of the guarantee and the solvency of the issuer. Guarantees with automatic expiration periods or that, due to their conditions or terms, make their collection difficult shall not be admitted. The court shall provide what is necessary so that the guarantee is maintained for the entire time its validity is necessary. Its enforceability may not in any case exceed a one-year term.

Only a first-degree mortgage guarantee on registered property shall be admitted, and it shall be necessary to present an appraisal of the property carried out by a qualified professional and to demonstrate that the property is free of liens and annotations. The appraisal must detail the location, extent, and nature of the property and a list of everything existing on it. The mortgage must be granted in the name of the respective court, with maturity conditional on the guaranteed event and a default interest equal to the basic passive rate in effect in the National Banking System at the time of granting. If the guarantee is at risk of losing its effectiveness, the court shall order its renewal or substitution, under warning of executing them immediately or leaving without effect the guaranteed measures or benefits.

ARTICLE 76.- Attorney's fees (Honorarios de abogado)

76.1 Right to fees and determination. Attorney's fees belong to the attorney, with the exceptions established by law. When the party is an attorney and has acted personally, they shall be entitled to them. Unless agreed otherwise, they shall be determined considering the work, the status, and the economic significance of the proceeding, based on the provisions of Law No. 13, Organic Law of the Bar Association (Ley N.° 13, Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas), of October 28, 1941, and the decree on attorney and notary fees.

76.2 Joint request for fee determination. The client and their attorney may jointly request the court to determine the fees of the latter.

76.3 Incidental proceedings for collection of attorney's fees, for accountability, and for professional liability. For the determination and collection of their fees, in relation to their client in a specific proceeding, attorneys may resort to the incidental proceeding (vía incidental). Clients may also resort to this proceeding against their attorney to request accountability or professional liability. Both incidences must be filed, under penalty of expiration (caducidad) of the proceeding, within one year following the attorney's withdrawal or the conclusion of the process. They shall be substantiated in a separate file in the same proceeding and shall not suspend its processing.

Once the incidental proceeding is filed by the client or the attorney, the defendant therein may enforce the rights conferred by this rule, by way of counterclaim. The final resolution shall determine the obligations corresponding to each of the parties and the compensation that is appropriate. It shall have the effect of substantive res judicata (cosa juzgada material) and shall only be challengeable by appeal (apelación).

76.4 Contractual determination of attorney's fees. Attorneys and their clients may contractually determine the amount of the fees and their payment modalities, respecting the limits imposed by law and the respective decree. Said stipulation shall not affect the opposing parties in the proceeding, for the purposes of determining personal costs (costas personales).

76.5 Contingency fee agreement (convenio de cuota litis). A contingency fee agreement between the attorney and their client is lawful, provided it does not exceed fifty percent (50%) of whatever, for all concepts, is obtained in the respective proceeding, a percentage that shall include up to the judgment execution proceeding, of whatever nature it may be, in the event that the professional conditions the collection of their emoluments on the success of the complaint or another favorable result determined by the parties. The agreement must be in writing and must specify how the expenses, guarantees, or adverse results of the proceeding are to be distributed or assumed. Any stipulation granting greater benefits in favor of the attorney, even through third parties, and any assignment made for the purpose of allowing the illegal practice of the legal profession shall be null and void.

An attorney who resigns without just cause may not collect any sum. If the withdrawal occurs due to legal or material impossibility, or by unilateral decision of the client, before the proceeding concludes, the attorney or their assigns shall be entitled to a retribution proportional to the professional's contribution in obtaining the favorable result ultimately achieved. Said fee shall be settled once the proceeding is concluded or the legal situation on which the success fee depended is defined. When the agreement is entered into with several attorneys, the obligations of each shall be established, the stipulated percentage shall be distributed proportionally among them or according to what is agreed, and the withdrawal of one of the attorneys does not imply termination of the contract, unless provided otherwise.

A mixed contract is also lawful, in which the attorney's retribution is composed, in part, of a fixed fee not linked to the result and, in part, to obtaining the favorable results defined in the contract. This agreement shall be governed by the principle of freedom of contract and shall be subject to the equity controls of common law.

The portion of the fees corresponding to the attorney may not be seized for the client's debts.

The client may not settle or waive the portion of the fees corresponding to the attorney.

TITLE III

INJUNCTIVE RELIEF (TUTELA CAUTELAR)

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 77.- Opportunity, standing, and liability

In any type of proceeding, before or during the procedure, the adoption of precautionary measures (medidas cautelares) may be requested. Unless expressly provided otherwise, these shall be ordered at the request of a party and under their liability.

ARTICLE 78.- Requirements and purpose

Precautionary measures shall be admissible when there is a danger of loss, alteration, current or potential damage to the right or legally relevant interests, or when it is necessary to secure future results or consolidate certain or possible legal situations. To order them, the court shall analyze the probability or plausibility of the claim.

ARTICLE 79.- Admissibility

To decide on the admissibility of the injunctive relief, the appearance of a good right, the proportionality and reasonableness of the measure, its relationship to the claim, and the eventual impact on third parties or the public interest shall be assessed. A precautionary measure different from the one requested may be ordered if it is considered adequate and sufficient. When admitted, its content, duration shall be determined, and a guarantee shall be ordered if necessary.

They shall not be ordered when it is intended to affect factual situations consented to by the petitioner for a long time, unless the reasons why such measures have not been requested until then are justified.

ARTICLE 80.- Guarantees (Garantías)

To request and order a precautionary measure, it shall be necessary to provide a guarantee (garantía), unless expressly exempted from that burden by specific provision. In the same resolution granting the measure, the amount of the security (caución) shall be set, as provided by this Code regarding guarantees. The measure shall not be executed until the security has been provided.

Exceptionally, at the court's discretion, a person requesting a precautionary measure may be exempted from providing a guarantee, when there are well-founded reasons or reliable evidence of the seriousness of the claim or in cases of proceedings involving social interest.

ARTICLE 81.- Modification of precautionary measures

At the request of a party, unless expressly provided otherwise, precautionary measures may be modified at the court's discretion, when circumstances justify it.

ARTICLE 82.- Substitution and lifting of precautionary measures

Precautionary measures may be substituted or lifted, unless their nature prevents it or there is a danger that the plaintiff's right will become nugatory. The petitioner must provide a sufficient guarantee to protect the interests of the beneficiary. To decide, the court shall adhere to the principles of proportionality and reasonableness.

ARTICLE 83.- Expiration of precautionary measures (caducidad de las medidas cautelares)

Precautionary measures shall expire within one month from their decree, when they are not executed within that period due to the petitioner's fault. They shall expire within the same period if, after being executed, the complaint is not filed. Likewise, they shall expire when three months of inactivity in the proceeding attributable to the petitioner elapse, provided that the expiration of the proceeding (caducidad del proceso) is not applicable.

ARTICLE 84.- Impossibility of reiterating precautionary measures

Once a precautionary measure is rejected, lifted, or declared expired, it shall be prohibited to order the same precautionary measures, unless different grounds are alleged, based on new or different facts.

ARTICLE 85.- Order to pay costs, damages, and prejudice

The petitioner of a precautionary measure may be ordered to pay damages, prejudice, and costs when:

1. The expiration of the measure is declared.
2. The cancellation is ordered because it is inappropriate.
3. It was requested and executed in an abusive manner.
4. The complaint is declared inadmissible, not susceptible to being proposed, or is denied in judgment.
5. The proceeding ends due to waiver, abandonment (desistimiento), or expiration.

The order shall be decreed in the resolution that orders the lifting of the precautionary measure, and its amount shall be established, if necessary, through the corresponding execution procedure. If the measure is part of a main proceeding, that order shall be resolved in the judgment.

When this Code establishes the obligation to provide a guarantee for a fixed amount, it shall be enforced in favor of the affected party as minimum indemnification, without prejudice to their claiming a greater sum for said items.

CHAPTER II

PRECAUTIONARY MEASURES (MEDIDAS CAUTELARES)

ARTICLE 86.- Pre-judgment attachment (Embargo preventivo)

86.1 Admissibility. To prevent the debtor, through the concealment or diversion of assets, from evading eventual patrimonial liability, the creditor may request that a pre-judgment attachment be ordered.

86.2 Guarantee. With the petition, a guarantee corresponding to twenty-five percent (25%) of the amount for which the attachment is requested must be deposited. Said security is not necessary if the action is based on an enforceable instrument (título ejecutivo). The guarantee may be reduced, in proportion to the value of what is actually attached, when sufficient assets of the debtor on which to impose the measure are not found.

86.3 Reduction and lifting of the pre-judgment attachment. The pre-judgment attachment may be reduced when it exceeds the amount claimed; it shall be lifted when the person subject to attachment deposits the amount for which it was ordered.

ARTICLE 87.- Notice of pendency (Anotación de demanda)

A notice of pendency shall be admissible, on assets registered in public or private registries that affect third parties, without the need to provide a guarantee, when the constitution, modification, or extinction of an in rem right or a personal right with in rem effects is requested.

The courts shall make the annotation or issue a writ to the respective office or entity, stating the name, surnames, and identification document number of the plaintiff and the defendant, if known, as well as the registration information of the asset in litigation. Once the writ is annotated, any act relating to the assets shall be understood to be carried out without prejudice to the right of the annotator.

ARTICLE 88.- Administration and intervention of productive assets

88.1 Admissibility and content. The administration or intervention of productive assets may be ordered when their delivery is sought as owner, usufructuary, or any other title involving a legitimate interest in maintaining or improving productivity, or when guaranteeing this is of primary interest for the effectiveness of the judgment that may be imposed.

The resolution ordering a judicial intervention must necessarily set its term, which may be extended through summary justification of its necessity, and the powers of the intervener (interventor) or administrator, which shall be limited to those strictly indispensable to secure the right invoked; as far as possible, the continuation of the intervened operation shall be sought.

The court shall set the monthly retribution of the intervener or administrator, which shall be paid by the petitioner or, if circumstances so dictate, from the intervened estate, without prejudice to what is finally decided regarding the party that must bear the payment. To determine said retribution, the complexity of the administration and the powers conferred on the intervener or administrator shall be considered.

88.2 The intervener or administrator. The court shall assign the respective powers to the intervener or administrator. When necessary, it shall grant them authority to co-administer with the titleholder and, in very qualified cases, even to substitute for them.

The obligations of the intervener are as follows:

1. Perform the position personally. When authorized, they may do so in association with others or avail themselves of advisors.
2. Demand the delivery of the assets and rights that must be in their custody or administration.
3. Ensure the conservation of the assets and rights.
4. Report on the state of the assets and the activity or operations carried out, with the periodicity set by the court.
5. Inform the court and the parties of any irregularity observed in the administration.
6. Submit a final report of their management.

The rules on expert witnesses (peritos) regarding incompatibility, appointment, acceptance, fees, and removal are applicable to the intervener or administrator. The same principles shall apply to the appointment of examiners (fiscales), auditors, or agents, when it is necessary to appoint them for being in analogous circumstances.

88.3 Cessation of the administration or intervention. The administration or intervention shall cease when the intended purpose has been fulfilled, the lack of justification for the measure is verified, or the intervened party deposits the claimed sums in the proceeding, or provides sufficient guarantee for the fulfillment of legal or contractual obligations.

ARTICLE 89.- Provisional suspension of corporate, condominium, and similar resolutions

When the infringement of legal or conventional rights is alleged, referring to corporate, condominium, or other legally constituted group resolutions, the provisional suspension of the effects of the challenged resolution may be ordered. To prevent its execution, the annotation of the measure in the respective registry may be ordered. In the case of commercial companies, the petitioner must demonstrate and represent at least ten percent (10%) of the capital. In the case of other legal entities or entities, they must demonstrate that they hold quotas in the same proportion.

ARTICLE 90.- Deposit of movable or immovable property

The deposit of movable or immovable property that is the object of litigation shall be admissible when the complaint seeks its delivery and it is in the possession of the defendant. The court shall designate a depositary, set its fees, and order an inventory, if indispensable.

ARTICLE 91.- Prohibition against innovating, modifying, contracting, or ceasing an activity

When an asset or right may suffer impairment or deterioration due to modification or alteration during the course of the proceeding, the prohibition against innovating, modifying, or contracting may be ordered, as well as against ceasing an activity or temporarily refraining from carrying out a conduct or performance. These prohibitions shall be ordered whenever the protection cannot be obtained through another expressly provided precautionary measure.

ARTICLE 92.- Other precautionary measures

In addition to the precautionary measures expressly contemplated by the legal system, the court may adopt all those that are necessary to ensure the effectiveness of the judicial protection that may be granted in the judgment. It may order the temporary deposit of specimens; the intervention and deposit of income; other registry annotations, in cases where registry publicity is useful for the purpose of execution; the formation of inventories; the confiscation of assets; the provisional ineffectiveness of contractual clauses; access to enclaved estates (fundos enclavados), and any other measure of a conservatory, innovative or anticipatory nature that is appropriate, in accordance with the circumstances.

CHAPTER III

PROCEDURE

ARTICLE 93.- Request for precautionary measures

The request must indicate the name and qualifications (calidades) of the parties, the object of the proceeding, the requested precautionary measure, the cause or title giving rise to the protection, the purpose, the justification, the evidence when necessary, the current or approximate valuation of the claim, and the means for receiving notifications if not previously indicated. Likewise, the offering of a guarantee must be made, specifying what type is offered and with justification of the proposed amount.

ARTICLE 94.- Convening and holding of hearing

As a general rule, before adopting a precautionary measure, the opposing party shall be given the opportunity to be heard. For this purpose, once the request is received, the parties shall be convened to an oral hearing that shall be held as soon as possible, on a preferential basis. At the hearing, the parties shall be heard, and the necessary evidence shall be admitted and taken.

ARTICLE 95.- Admission of the precautionary measure

When ruling, the court shall precisely determine the measure or measures that are admitted and shall determine the form, amount, and time within which the security (caución) must be provided. Whatever is necessary for the effective fulfillment of what is ordered shall be provided.

ARTICLE 96.- Provisional admission without hearing

The pre-judgment attachment (embargo preventivo) and the notice of pendency (anotación de la demanda) shall be provisionally ordered without hearing the opposing party. Also, other precautionary measures may be provisionally ordered without a prior hearing, when the petitioner so requests and demonstrates that there are reasons of urgency or that holding a hearing may compromise their purpose. The resolution provisionally ordering the precautionary measure without a hearing shall not be subject to any appeal.

Once the affected party is notified regarding the adoption of the measure, they may oppose it within three days; request, in a justified manner, its lifting or modification and offer the pertinent evidence. The lack of opposition shall imply conformity with the measure. If an opposition is filed, the parties shall be convened to an oral hearing that shall be held as soon as possible; at this hearing, it shall be decided whether the provisional measures are maintained, modified, or lifted.

ARTICLE 97.- Execution of precautionary measures

The precautionary measures decreed shall be executed immediately; no appeal, incident, or petition may halt the execution. If the measure was executed with the knowledge of the affected party, without having been formally notified, they shall be notified subsequently. If the party participates in the execution of the measure, they shall be notified at that act.

TITLE IV

INTERNATIONAL PROCEDURAL RULES

ARTICLE 98.- Applicable regulations

In the case of international judicial cooperation, the provisions of current treaties and international conventions shall apply, and in their absence, national regulations. In no case shall foreign law be applied ex officio, except if the parties base their right on a foreign law and legally prove its existence, validity, content, and interpretation. When applicable, foreign law must be interpreted as the courts of the State to whose legal order it belongs would do so. The precepts of foreign law may only be declared inapplicable when they manifestly contravene the essential principles of international public order on which the State bases its juridical individuality. Proceedings, whatever their nature, shall be subject to national law.

ARTICLE 99.- Efficacy of foreign judgments and awards

99.1 Efficacy of recognized judgments and awards. Recognized judgments and awards, in any matter, shall have res judicata effects in the national territory.

99.2 Requirements for the recognition request. For the recognition of foreign judgments and awards, the following prerequisites must be met:

1. An authentic copy of the resolution must be presented, issued by the judicial authority or the arbitrator responsible for issuing it in the country of origin, stating that the diplomatic or consular requirements demanded by the country of origin and Costa Rica have been met.

2. An official translation of the resolution shall be attached, when the ruling was issued in another language.

3. It must be proven that in the proceeding where the international resolution was handed down, the service of process (emplazamiento) of the defendant was legally carried out and, in the case of default (rebeldía), that they were declared as such, in accordance with the regulations of the country of origin.

4. The claim invoked must not be the exclusive competence of Costa Rican jurisdictional bodies, must have a connection with Costa Rica, and must not be manifestly contrary to national public order.

5. There must not be a pending proceeding or a judgment with res judicata authority in Costa Rica.

99.3 Competence and procedure. It shall be the responsibility of each of the cassation chambers, according to their competence, to hear the recognition and efficacy of foreign judgments and awards.

For this purpose, the incidental procedure shall be followed.

No appeal shall be admissible against the final resolution, and in no case may the ordered execution be suspended.

If recognition is denied, the documentation shall be returned to the party who presented it. If the rejection was due to formal issues, once resolved, a new request may be filed.

If recognition is granted, notification shall be made to the court of the place where the obligor is domiciled for its execution. If the defendant is domiciled outside of Costa Rica, the court of the place chosen by the plaintiff shall be competent.

If the defendant's domicile is unknown, a procedural guardian (curador procesal) shall be appointed, and the obligor may appear at any time, but shall take the proceeding in the state in which it is found.

ARTICLE 100.- International judicial assistance

Requests for judicial assistance from foreign courts or arbitrators shall be processed by the competent chamber based on the subject matter. In the absence of treaties or conventions, they shall be processed in accordance with national procedural laws; however, at the request of the requesting court, specific procedures established by the chamber may be observed, providing for the fulfillment of any requirements deemed necessary.

If appropriate, what is requested shall be complied with, notification to the interested parties shall be ordered, and the necessary measures shall be taken to guarantee due process and the effective fulfillment of what was requested. The chambers shall only process letters rogatory from jurisdictional bodies.

BOOK TWO

PROCEEDINGS

TITLE I

COGNIZANCE PROCEEDINGS

CHAPTER I

ORDINARY PROCEEDING

ARTICLE 101.- Scope of application

Claims that do not have an expressly indicated procedure shall be processed through the ordinary proceeding.

ARTICLE 102.- Procedure

102.1 Commencement and deadline to answer the complaint and counterclaim. If the complaint meets the legal requirements, the defendant shall be served with process (emplazada) with the pertinent warnings. For the answer and counterclaim, the court shall grant a peremptory period of thirty days.

102.2 Procedure without a hearing or in a single hearing. If, due to the nature or circumstances of the proceeding, because there is no evidence to be taken, or for any other reason at the court's discretion, the scheduling of a hearing is not justified, it shall be dispensed with. Likewise, the court may order that the proceeding be processed in a single hearing.

102.3 Preliminary hearing. Once the complaint or counterclaim is answered, if there is no procedural aspect that warrants an interlocutory resolution, if necessary, a time and date shall be set for the preliminary hearing, which must be held as soon as possible. This hearing shall be conducted by one of the judges of the court of the place where the proceeding is pending.

In said hearing, the following activities shall be carried out:

1. Informing the parties of the purpose of the proceeding and the order in which the issues to be resolved shall be heard.

2. Conciliation.

3. The ratification, clarification, adjustment, and correction of the parties' propositions, when in the court's opinion they are obscure, imprecise, or omitted, when it was previously omitted to do so.

4. The answer by the plaintiff or the counterclaimant to the exceptions raised, and the offering and presentation of counter-evidence.

5. The reception, admission, and taking of pertinent evidence regarding allegations of defective procedural activity not previously resolved, procedural defects invoked at the hearing, and procedural exceptions.

6. The resolution on allegations of defective procedural activity, procedural exceptions, and procedural correction (saneamiento).

7. The definition of the amount in controversy (cuantía) of the proceeding.

8. The determination of what will be the subject of the debate.

9. The admission of evidence, the provisions for its taking, and the scheduling of the complementary hearing when necessary.

10. The resolution on the suspension, cancellation, or modification of precautionary measures, when there is a pending petition.

102.4 Issuance of the judgment at the end of the preliminary hearing. If, due to the nature or circumstances of the proceeding, because there is no evidence to be taken, or for any other reason, in the judge's opinion, the scheduling of the complementary hearing is not justified, said activity shall be omitted. In that case, at the end of the preliminary hearing, the parties shall be given the opportunity to formulate their conclusions, and the judgment shall be issued.

102.5 Complementary hearing. The complementary hearing must be held within twenty days following the holding of the preliminary hearing, unless a longer period is justified. In this hearing, the following activities must be carried out:

1. The taking of evidence.

2. The conclusions of the parties.

3. The deliberation and issuance of the judgment.

CHAPTER II

SUMMARY PROCEEDING

ARTICLE 103.- General provisions

103.1 Scope of application and claims. These general provisions shall apply to all summary proceedings, without prejudice to the special rules provided for specific claims. The following shall be processed through the summary procedure:

1. Eviction (desahucio) and collection of liquid and due monetary obligations, when they do not correspond to the payment order proceeding (proceso monitorio).

2. Those arising from a lease contract.

3. Possessory interdicts (interdictales).

4. The suspension of new works.

5. Demolition (derribo).

6. Jactitation (jactancia).

7. Those related to the provisional possession of movable property, except money.

8. The delivery or return of goods, when there is a title that proves the respective right or obligation.

9. Disputes over the administration of co-ownership, horizontal property, and shared ownership.

10. On the provision, modification, or extinction of guarantees.

11. The request for authorization to enter another's property, when permitted by law.

12. The collection of credits guaranteed by the right of retention on movable property.

13. The reinstatement of a right of way based on a pre-existing title, when the possessory interdict does not apply.

14. Those provided for in special laws.

103.2 Commencement and deadline to answer the complaint. If the complaint meets the legal requirements, the defendant shall be served with process (emplazada) with the pertinent warnings. To answer the complaint, the court shall grant a period of five days.

103.3 Hearing. The summary proceeding shall be substantiated in a single hearing. When necessary, according to the nature and circumstances of the proceeding, a time and date for the hearing shall be set, which shall be held as soon as possible. To this end, the court shall determine the evidence that must be taken before the hearing and shall take the pertinent measures so that it is verified before that act. The parties must appear at the hearing with all the sources of evidence offered and that they intend to propose.

According to the particularities of each summary proceeding, the following activities shall be carried out at the hearing:

1. Informing the parties of the purpose of the proceeding and the order in which the issues to be resolved shall be heard.

2. Conciliation.

3. Clarification of the parties' propositions, when in the court's opinion they are obscure, imprecise, or omitted, when it was previously omitted to do so.

4. The answer by the plaintiff to the exceptions raised, and the offering and presentation of counter-evidence.

5. The reception, admission, and taking of pertinent evidence on allegations of defective procedural activity not previously resolved, procedural defects invoked at the hearing, and procedural exceptions.

6. The resolution on allegations of defective procedural activity, procedural exceptions, and procedural correction (saneamiento).

7. The definition of the amount in controversy (cuantía) of the proceeding.

8. The determination of what will be the subject of the debate.

9. The admission and taking of evidence.

10. The resolution on the suspension, cancellation, or modification of precautionary measures, when there is a petition pending resolution.

11. The conclusions of the parties.

12. The issuance of the judgment.

103.4 Dismissive judgment and conversion to ordinary. When the judgment is dismissive, any act of execution or precautionary measure that had been agreed upon shall be revoked. However, the plaintiff may request within ten days, from the finality of the dismissive judgment, that the summary proceeding be converted into an ordinary one. When the conversion is admitted, the precautionary measures obtained through a bond, as well as the notation of the complaint, shall be preserved, and all evidence previously taken shall be effective, provided that the principle of immediacy is not violated.

ARTICLE 104.- Summary eviction proceeding (desahucio)

104.1 Admissibility. Eviction (desahucio) shall proceed when the vacancy of a property is sought as a consequence of the termination of the lease contract in the cases provided by law, or to cease mere tolerance.

Claims that must be ventilated through the payment order proceeding (proceso monitorio) are excepted.

The ground of term expiration shall proceed only when the plaintiff demonstrates that they expressed in writing their will not to renew the contract, in accordance with Article 71 of Law No. 7527, General Law of Urban and Suburban Leases, of July 10, 1995.

104.2 Standing. Eviction may be established by whoever proves their status as owner, lessor or sublessor, or possessor of the property by legitimate title, or whoever proves that their right derives from whoever had the authority to grant it. Eviction shall proceed against the lessee, sublessee, assignee, or possessors of the property.

104.3 Requirements of the complaint, documents. In addition to the requirements provided by general provisions and special laws, the complaint must state the ground for eviction, the current rent amount, the payment date, and the place where the property is located.

Ownership of the property or the plaintiff's right and the existence of the lease contract, if any, must be proven. When the claim relates to a dwelling, the fiscal value of the property, regarding the current value of the land and the building, must be demonstrated, or failing that, if that appraisal is more than five years old, an appraisal performed by a registered engineer or architect.

104.4 Service of process (emplazamiento) and third-party intervention. With the service of process, in any complaint based on a contract involving the payment of rent, the court shall warn the defendant of the obligation to deposit the rent subsequent to the complaint into the account and to the order of the court, under penalty of ordering the immediate eviction in case of non-compliance. If there is doubt about the rent amount, the court shall prudently determine the sum to be deposited. When the delivery of the property is ordered due to failure to pay the subsequent rent, the eviction proceeding shall be terminated, and the defendant shall be ordered to pay costs.

When third parties possess or sublease the property without the lessor's consent, it shall not be necessary to sue them; they shall be notified to assert their rights.

104.5 Judgment. In the awarding judgment, the defendant shall be ordered to deliver the property within a reasonable period to be granted by the court, according to the circumstances; once this period has elapsed, possession shall be ordered.

104.6 Unpaid rent and right of retention. Once the judgment declaring the eviction well-placed is final, the plaintiff may manage, through the incidental procedure, to have the defendant ordered to pay the unsatisfied lease payments and the services and other expenses inherent to the lease relationship that the tenant has not covered. To guarantee payment, from the beginning of the incidental proceeding, the plaintiff may request that an inventory of goods be taken in the leased property, and based on it, shall indicate which must remain there as security.

As long as the obligation is not satisfied, the plaintiff may exercise the right of retention over them, in accordance with the provisions of Law No. 7527, General Law of Urban and Suburban Leases, of July 10, 1995, and Law No. 63, Civil Code, of September 28, 1887.

ARTICLE 105.- Readjustment of the lease price

105.1 Admissibility. The summary proceeding for readjustment of the lease price shall be admissible when a modification of the rent amount is sought in the cases provided by law.

105.2 Requirements of the complaint and documents. In addition to the requirements provided by general provisions and special laws, the complaint must state the exact location of the property, the current rent price, the age of the rent, and the new rent sought. Ownership and the existence of the lease contract, if any, shall be proven.

105.3 Provisional rent. In the initial resolution, at the request of a party, the court shall set a provisional rental rent, which the lessee must deposit starting from the month following its finality, without prejudice to the amount being modified in the judgment. In case of non-compliance, at the request of a party, the immediate delivery of the property shall be ordered, and if necessary, the eviction. The sums deposited as rent shall be immediately transferred to the plaintiff.

105.4 Awarding judgment. In the awarding judgment, the applicable rent amount and its period of validity shall be set.

105.5 Effects of the judgment and differences between the provisional and final rent. The price set in the judgment shall be retroactive to the month following the notification of the complaint. If it is higher than the provisionally set amount, in that same resolution the lessee shall be granted a period of three months to deposit the totality of the differences with the court, under warning that if they fail to do so, the delivery of the property shall be ordered, and if necessary, the eviction. When the delivery of the property is ordered due to failure to pay the differences, payment may be claimed in the same file and the right of retention may be exercised under the same terms as provided for the eviction proceeding. If the price is lower, the differences shall be returned to the lessee within the same period or applied to future rents, at their choice.

ARTICLE 106.- Possessory interdicts

106.1 Admissibility and expiration. Possessory interdicts shall only proceed regarding the current and momentary possession of real property. In no way shall they affect issues of ownership or definitive possession, upon which no discussion shall be admitted. The possessory interdicts are for protection of possession (amparo de posesión), restitution, and restoration of boundaries (reposición de linderos). When one interdict has been mistakenly filed for another, or all at the same time, according to the factual situation, the one that proceeds shall be declared well-placed. The possessory interdict does not proceed when the act of disturbance or dispossession originates from judicial or administrative decisions.

A possessory interdict may not be filed if three months have elapsed since the beginning of the acts or works complained of.

106.2 Protection of possession. The possessory interdict for protection of possession shall be admissible when one who is in possession of a property is disturbed by acts that harm the free enjoyment of the property or that manifest an intention of dispossession, or when these acts are carried out affecting the use and enjoyment of public goods, to the detriment of the community.

If the complaint is directed against whoever immediately and previously possessed as owner, whoever requests the protection must prove that they have possessed publicly and peacefully as owner for more than one year, or that they have any other legitimate title to possess, or that they are acting in defense of diffuse interests when it concerns public goods.

If it concerns continuous non-apparent easements (servidumbres) or discontinuous ones, the claim, to be admissible, must be based on a title originating from the owner of the servient tenement or from those from whom the latter obtained it. Proof of said title shall not be required when it concerns landlocked properties (fundos enclavados).

The awarding judgment shall order the defendant to maintain the plaintiff's right and to refrain from carrying out disturbing acts, under warning of being tried for the crime of disobedience to authority, without prejudice to the application of the provisions corresponding to non-compliance with judgments ordering an obligation not to do.

106.3 Restitution. The possessory interdict of restitution is admissible when the possessor, or the citizenry in general, in the case of public goods, are illegitimately dispossessed of the property, totally or partially. The awarding judgment shall order the defendant to restore possession to the plaintiff, under warning of being tried for the crime of disobedience to authority, without prejudice to the application of the provisions corresponding to non-compliance with judgments ordering an obligation to give.

106.4 Restoration of boundaries. The possessory interdict for restoration of boundaries proceeds when a boundary alteration between properties is incurred. The injured party must direct their complaint against the perpetrator of the act, against whoever benefited from it, or against both.

In the awarding judgment, the restoration of the boundaries to their original state shall be ordered. The expenses incurred by the replacement or restitution shall be borne by the person responsible for the alteration or by whoever benefited from it, as the court deems appropriate. If the defendant admitted the existence of the alteration but denied being the perpetrator, or if the perpetrator could not be determined, restitution may be ordered at the expense of the plaintiff and the defendant(s), as appropriate. If there is no voluntary compliance with the provisions of the judgment, the procedure shall be as provided for orders to do.

106.5 Award of damages. In every awarding judgment in possessory interdict proceedings, the defendant shall be ordered to pay the damages caused. The liquidation, proof, and collection shall be carried out in the execution of judgment phase, in the same file.

ARTICLE 107.- Summary proceeding for suspension of new works

107.1 Admissibility and suspension of the work. When the threat to the rights of the owner or possessor, or of persons traveling on public roads, originates from any new work that someone begins, or it may harm public goods, the new work shall be suspended or placed in a state that offers complete security. To this end, the court shall appear at the site of the work to conduct a judicial inspection, which it may supplement with expert evidence. It shall warn the defendant owner of the work to suspend it, but if the owner is not present at the act, the warning shall be given to the director, manager, or workers, so that they immediately suspend the works, under warning of being tried for the crime of disobedience to authority. The court shall order the works that are absolutely indispensable for the conservation of what has been built to be carried out. At any time, at the request of a party, the destruction of what was built in contravention of the suspension order may be ordered, at the cost of the offender.

107.2 Continuation of the work. If the continuation of the work would only cause slight damage and the person executing it provides a guarantee to destroy it if the complaint is declared well-placed in the judgment, its continuation may be authorized.

107.3 Awarding judgment. In the awarding judgment, the definitive suspension of the work shall be ordered, the execution of which shall be carried out immediately even if the ruling is appealed. Furthermore, the defendant shall be ordered to pay damages. When it constitutes a danger or evident transgression of another's property right, the destruction of what was built may be ordered.

ARTICLE 108.- Summary proceeding for demolition

108.1 Admissibility and standing. The summary proceeding for demolition (derribo) shall proceed when the poor condition of a building, construction, tree, or property constitutes a threat to the rights of the possessor or passersby, or may harm public goods. The complaint may be filed by anyone having an interest.

108.2 Adoption of security measures. Once the complaint is filed, the court shall conduct an inspection of the place, with the assistance of experts if it deems it convenient, and shall dictate the security measures that are necessary. The expenses occasioned by the execution of the security measures shall be borne by the owner of the dilapidated property. Failing this, the plaintiff shall cover the expenses, who shall be entitled to the corresponding reimbursement if the defendant is ordered to pay the costs.

108.3 Awarding judgment. In the awarding judgment, the demolition or the adoption of permanent security measures shall be ordered. If demolition is ordered, even if it is appealed, total or partial destruction may be carried out immediately when it is not possible to delay execution without serious and imminent risk. Security measures may also be ordered and executed when they had not been previously ordered or executed. Furthermore, the defendant shall be ordered to pay damages.

ARTICLE 109.- Summary proceeding for jactitation

109.1 Admissibility and expiration. When a person boasts (se jacte), outside of a proceeding, of having a right they are not enjoying, anyone whose credit or peaceful possession of their status or assets may be affected by such jactitation (jactancia) may request that the boaster be compelled to file a complaint. Jactitation exists when the statement of the boaster is recorded in their own writing, or they have expressed it verbally before two or more persons. The complaint may not be attempted if three months have elapsed since the events constituting the jactitation occurred.

109.2 Service of process (emplazamiento), summons, and effects. In the service of process, the defendant shall be summoned to state whether they accept the facts. If they admit them, they must file the corresponding complaint within a period of fifteen days, starting from the answer to the complaint of jactitation. If the defendant denies the facts, the general procedure established for the summary proceeding shall be followed.

109.3 Judgment. If the defendant does not answer, or if upon acceptance of the facts they state that they will not file the complaint, or if having said they would file it they let the period elapse without doing so, or if, despite their opposition, it is proven that they incurred in jactitation, at the request of a party, the court shall order the boaster to retract their statement and shall impose a fine of one to five minimum salaries of a professional one in the public sector, depending on the severity of the jactitation, which shall be transferred to the education board (junta de educación) of the district where the boaster resides, and shall also order the payment of both sets of costs, damages, and losses in favor of the plaintiff. The claimant of the jactitation shall subsequently have no right against the boaster for that fact, but may demand the publication of the condemnatory resolution in two nationally circulated newspapers, at the boaster's expense.

CHAPTER III

PAYMENT ORDER PROCEEDING

ARTICLE 110.- General provisions

110.1 Admissibility. Through the payment order proceeding (proceso monitorio), the following claims shall be resolved:

1. The collection of liquid and due monetary obligations, based on public or private documents, with or without executive force.

2. Eviction (desahucio) originating from a lease relationship of any nature that is documented, if based on the grounds of term expiration, failure to pay rent or public services, failure to pay condominium expenses.

Failure to pay condominium expenses shall proceed only if the contract or document giving rise to the contractual relationship stipulates that they shall be covered by the lessee. In this case, the account or accounts must be certified by an authorized public accountant, in accordance with Article 20 of Law No. 7933, Regulatory Law of Condominium Property, of October 28, 1999, and its amendments. Likewise, the defendant may invoke the exhaustion of the provisions of Article 23 of said law before the admissibility of this payment order proceeding, although the judge may assess whether it is substantiated through the summary proceeding provided in the Civil Procedure Code. The ground of failure to pay public services shall proceed with the certification or proof issued by the service providers.

The ground of term expiration shall proceed only when the plaintiff demonstrates that they expressed in writing their will not to renew the contract, in accordance with Article 71 of Law No. 7527, General Law of Urban and Suburban Leases, of July 10, 1995.

110.2 Payment order resolution, opposition, and effects. Once the complaint is admitted, a resolution shall be issued ordering the defendant to perform the service requested by the plaintiff. In that ruling, a period of five days shall be granted for compliance or for opposition, filing at that act the relevant procedural exceptions. When there is a well-founded opposition, the effects of the payment order resolution shall be suspended, except for those relating to attachments.

110.3 Acquiescence and lack of opposition. If the defendant acquiesces to the claim, does not oppose it within the period, or the opposition is unfounded, the payment order resolution shall be executed, without further procedure.

110.4 Oral hearing, judgment, and conversion to ordinary. Upon well-founded opposition, an oral hearing shall be scheduled, which shall be governed by the provisions established for the summary proceeding. In the judgment, it shall be determined whether the payment order resolution is confirmed or revoked. When the opposition is upheld, the plaintiff may request the conversion of the payment order proceeding to an ordinary one, as provided for the summary proceeding.

ARTICLE 111.- Monetary payment order proceeding

111.1 Document. The document on which a monetary payment order proceeding is based must be an original, a signed copy, or be contained in a medium in which it appears indubitable who the debtor is through their signature or any other equivalent sign.

111.2 Executive titles. The following are executive titles, provided they record the existence of a liquid and due monetary obligation:

1. The testimony or certification of a non-recordable public deed.

2. The certification of a public deed duly recorded in the National Registry.

3. The judicially recognized private document.

4. The judicial confession.

5. The certifications of firm judicial resolutions establishing the obligation to pay a sum of money, when its collection in the same proceeding is not applicable.

6. The unrecorded pledge and mortgage.

7. All kinds of documents that, by special laws, have executive force.

111.3 Payment demand and attachment. In the demand resolution, payment of principal, liquidated interest, future interest, and both sets of costs shall also be ordered. If an executory title is provided, at a party's request, attachment shall be decreed for the claimed principal and liquidated interest, plus an additional fifty percent (50%) to cover future interest and costs, which attachment shall be communicated immediately. If the document lacks enforceability, to decree the precautionary measure, the guarantee deposit for a prejudgment attachment must be made.

111.4 Content of the opposition. Only opposition based on falsity of the document, lack of enforceability of the obligation, payment proven in writing, or statute of limitations (prescripción) shall be admitted.

ARTICLE 112.- Summary Proceedings for Rent

112.1 Proof of standing. Standing to initiate a summary proceedings for rent may be proven with the contract, by a prior judicial resolution establishing it, or by periodic payment receipts.

112.2 Eviction demand. Once the claim is admitted, the eviction (desalojo) shall be ordered. In the same initial resolution, at a party's request, the preventive seizure of the defendant's property shall be ordered.

112.3 Content of the opposition. Only opposition based on payment proven in writing, statute of limitations (prescripción), the non-existence of the obligation to pay rent, and the term not having expired shall be admitted.

112.4 Normative integration. To the extent they are compatible, the rules of summary eviction proceedings (sumario de desahucio) regarding standing, admissibility requirements for the claim, successive deposit of rents, execution of the eviction (desalojo), and collection of unpaid rents shall apply to this summary proceeding.

CHAPTER IV

INCIDENTAL PROCEEDINGS

ARTICLE 113.- General Provisions

Incidental proceedings shall be governed by the following general provisions:

113.1 Applicability. Incidental proceedings are admissible when it is necessary to resolve matters that have an immediate relationship with the main proceeding and no other established procedure exists.

113.2 Timing. Incidental matters that arise after the hearing date has been set must be raised and decided at the hearing.

113.3 Simultaneity. The parties shall simultaneously raise all incidental matters to which they may then be entitled. Those raised later, based on facts already known, shall be rejected outright.

113.4 Effects on the main proceeding. Incidental proceedings do not suspend the main proceeding, unless the law expressly grants that effect, it is impossible to continue the proceeding, or the court so orders because it deems it essential for the proper development of the main proceeding.

113.5 Expiration. Incidental matters whose procedure has been at a standstill for one month due to the fault of the moving party shall expire (caducarán) without the need for a resolution declaring it and shall be deemed definitively dismissed.

ARTICLE 114.- Procedure

114.1 Incident at the hearing. Incidental matters raised at the hearing shall be processed there. They shall be raised orally, and the opposing party shall be heard. Evidence that is not presented on the spot or whose practice is not possible at the same hearing shall not be admitted. Once evidence has been taken, a final resolution shall be issued, and the debated matter may not be raised again.

114.2 Incidents outside the hearing. Incidental matters raised outside a hearing shall be processed as a separate piece (pieza separada).

The initial filing must contain the supporting facts and the claim. All evidence must be provided or offered, and if it is already in the case file, it shall suffice to indicate it. If the indicated requirements are not met, the incidental matter shall be rejected outright.

Once the incidental matter has been admitted, the opposing party shall be summoned for a term of three days. With the response, the party against whom the incidental matter is raised (incidentado) shall offer evidence, unless it is in the case file, in which case it shall suffice to indicate it.

The final resolution shall be issued within five days, when it is not necessary to take evidence at a hearing.

If evidence that must be taken at a hearing is admitted, a hearing shall be scheduled for that purpose within the following ten days. The final resolution shall be issued immediately after the evidence-taking hearing concludes. The non-appearance of the parties shall be governed by the provisions of this Code for failure to appear in single-hearing proceedings (procesos de audiencia única).

TITLE II

PROBATE PROCEEDINGS (PROCESO SUCESORIO)

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 115.- Applicability

Probate proceedings (proceso sucesorio) are appropriate to verify and declare the existence of the decedent's successors, determine the estate (patrimonio relicto), end the joint ownership of estate property, and provide the estate with representation.

ARTICLE 116.- Proof of Death

The death or a declaration of presumption of death must be demonstrated to initiate any probate proceeding. When there is urgency, at the court's discretion, it may be proven by any suitable evidentiary means. Death must be conclusively proven before the declaration of heirs (declaratoria de herederos).

ARTICLE 117.- Precautionary Measures and Securing of Property

117.1 Precautionary measures. The court may adopt, even ex officio, the necessary precautionary measures for the preservation of the estate (haber sucesorio).

117.2 Securing of property. Before or during the probate proceeding, the securing of the decedent's property may be ordered, adopting all necessary measures. Property easily subject to misappropriation shall be secured first. Communications may be sent to banks and public and private offices to immobilize the property. Once the securing has been carried out, the property shall be delivered to the executor (albacea) or to a depositary appointed by the court, while the executor (albacea) accepts the appointment. In urgent cases, the police authority may affix seals and watch over the integrity of the estate and shall communicate with the court as soon as possible so that it may order the securing.

ARTICLE 118.- Opening and Probate of Wills

118.1 Standing. Anyone alleging a legitimate interest may request the court to open a closed will and to probate a non-authentic will and a privileged will.

118.2 Closed will. A closed will must necessarily be presented to the court for opening, along with the certified copy of the deed of its presentation before the notary. Upon its receipt, a record shall be made of the condition of the envelope, its seals, and what is written on it. A hearing shall be convened for the opening, to which the notary and the witnesses must appear; they shall be examined regarding the authenticity of their signatures, whether the document is in the condition it was in when it was executed, the truth of the statements contained in the notarial statement, and whether the envelope was executed following the legal formalities. In the absence of the notary or any of the witnesses, a comparison of signatures shall be conducted, and the others shall indicate whether the absentees were present at the act. A record shall be made of all observations made, and the will shall be opened and read before those present.

The court shall take necessary measures to guarantee the existence of at least one exact copy of the will, for safekeeping. Anyone believing themselves to have an interest may attend this hearing.

118.3 Non-authentic open will and privileged will. In the case of a non-authentic open will and a privileged will, probate shall proceed. For this purpose, the witnesses to the execution shall be convened and examined regarding the authenticity of their signatures and compliance with the solemnities required for the validity of the respective type of will, according to civil law. In the case of a privileged will, the person before whom it was executed shall also be summoned, and everyone shall be examined regarding the existence of the exceptional situation provided for by civil law for its execution.

118.4 Resolution. When the will is valid, the court shall declare it so and, in the same resolution, shall order the opening of the probate proceeding (sucesorio) as a testate proceeding, if appropriate. Otherwise, the estate shall be ordered to be processed as an intestate proceeding.

ARTICLE 119.- Pending and Subsequent Proceedings

The establishment of a probate proceeding (proceso sucesorio) shall in no case affect jurisdiction over pending or subsequent proceedings concerning the decedent, the estate, or their heirs.

Article 120- Prejudiciality. When a claim is filed regarding the status of successors, or the validity or effectiveness of the will, the probate proceeding (proceso sucesorio) shall be suspended until the final resolution. The same effect shall apply to claims affecting the integrity of the estate or regarding the existence, extent, or priority of credits, provided that the outcome of the litigation affects the estate such that it is not possible to make partial liquidations.

The probate proceeding (proceso sucesorio) shall also be suspended with respect to a successor who is charged in an investigation for the femicide of the decedent.

(Thus reformed by Article 14 of the Law for Comprehensive Reparation for Survivors of Femicide, No. 10263 of May 6, 2022)

ARTICLE 121.- Consolidation of Probate Proceedings

Consolidation of probate proceedings (procesos sucesorios) shall only be appropriate when there is community of property or identity of heirs.

When several probate proceedings are initiated separately in relation to the same decedent, they shall be consolidated with the one in which the opening was first declared.

When a judicial probate proceeding and a notarial probate proceeding are initiated, the first shall be consolidated with the second, if legally appropriate.

Priority shall be given to the appointment of a testamentary executor (albacea) or, failing that, the one designated in the proceeding where the opening was first declared.

ARTICLE 122.- Intervention of the Procuraduría General de la República and the Patronato Nacional de la Infancia

When the absence of successors is determined, the Procuraduría General de la República and the Patronato Nacional de la Infancia shall be allowed to intervene when there are minors with an interest.

ARTICLE 123. Objections

To resolve any objection raised in a probate proceeding (proceso sucesorio) that does not have an expressly indicated procedure, the incidental proceedings provided for in this Code shall be followed.

ARTICLE 124.- Directing Attorney for the Estate

The directing attorney (abogado director) for the estate shall be freely chosen by the executor (albacea).

ARTICLE 125.- Fees of Executor and Attorney

The fees of the executor (albacea) and directing attorney (abogado director) shall be paid upon completion of their work. If funds are available, advance payments may be disbursed, which must be proportional to the work performed and the approximate amount of the total fees, leaving a wide margin to satisfy those generated in the future. The same rule shall be followed in the case of resignation or removal. Only the fees of the executor (albacea) and the directing attorney (abogado director) shall be borne by the estate. If for any reason it is necessary to open a probate proceeding without patrimonial purposes, the fees of the executor (albacea) and their attorney shall be borne by the interested party.

CHAPTER II

PROCEDURE

ARTICLE 126.- Opening

126.1 Standing. Any person who demonstrates a legitimate interest may initiate the probate proceeding (sucesorio).

126.2 Requirements for the application. The initial application must contain:

1. The name, characteristics, and last domicile of the decedent.

2. The names, characteristics, domicile, and, if known, the address of the presumed heirs.

3. Whether there are minors, persons with special capacities, or absent persons.

4. Whether there is knowledge of the existence of a will.

5. Proof of the decedent's death.

6. A provisional list of the decedent's property and its approximate value.

If the filing does not meet the requirements, its correction shall be required within five days, under warning of inadmissibility.

When an authentic will exists, it shall be presented with the application. If the petitioner does not have it in their possession, they shall indicate the place where it is located or the person who holds it, so that the court may require its presentation. In such case, delivery shall be required within five days, under warning that failure to comply shall result in liability for damages and losses that the delay or failure to present may cause.

126.3 Initial resolution. Once all requirements are met, the opening of the probate proceeding (procedimiento sucesorio) shall be decreed, and a summons (emplazamiento) of fifteen days shall be ordered for the successors and interested parties to appear to accept the inheritance and assert their rights. Publication shall be made once in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial). The summons (emplazamiento) shall be notified to the successors whose names and addresses are in the court file. The testamentary executor (albacea) shall be called, or, failing that, one who shall act until the conclusion of the probate proceeding (sucesorio) shall be appointed. They must accept the appointment tacitly or expressly within three days, and if they do not, another person shall be appointed. Provisions shall be made concerning the representation of absent persons, minors, or persons with special capacities.

ARTICLE 127.- Declaration of Successors

Once the summons (emplazamiento) period has elapsed and objections to the status of successors have been resolved, the declaration of heirs and legatees shall be made, without prejudice to any third party with equal or better right.

If, at any time before the distribution of assets, persons claiming the status of successors, whose equal or better right is evident, appear, the court may modify the declaration.

If the education board (junta de educación) is declared an heir, it may be placed in possession of the property once that ruling becomes final.

ARTICLE 128.- Verification of Assets

128.1 Inventory. Within fifteen days after accepting the appointment, the executor (albacea) must present the inventory of property. This shall be made known to the interested parties for a period of five days.

128.2 Approval of the inventory. Once the resolution declaring successors becomes final, if there are no pending objections, the inventory shall be considered approved.

128.3 Appraisal. When real estate, vehicles, or other property have an assigned tax or fiscal value updated within the last two years, or if they are exchange-listed property, that value shall be considered the real value. In all other cases, an expert shall be appointed.

When an expert is appointed, the expert's report shall be made known to the interested parties for a period of five days. If objections are raised and they are well-founded, a new expert shall be appointed. The court shall set the final price, taking the technical reports into account.

128.4 Exclusion and inclusion of property. Anyone with a direct interest shall have standing to exclude or include property in a probate proceeding (proceso sucesorio). The incidental proceedings shall be followed, unless the request comes from the executor (albacea).

ARTICLE 129.- Verification and Satisfaction of Liabilities

129.1 Duty to legalize. All general creditors, excluding separatist creditors, must claim their credit in the proceeding, indicating in detail the amounts claimed and providing supporting documentation. Those with a favorable final judgment must prove it.

Only those with a real or equivalent guarantee have the character of separatist creditors, to the extent of the guarantees.

To collect any uncovered balance, they must do so within the probate proceeding (proceso sucesorio), jointly with the other general creditors.

Payment shall be made on a pro rata basis if necessary, barring a legal reason for priority.

129.2 Procedure. If there are legalizing creditors, the claimed credits shall be made known to all interested parties for a period of five days. If there are no objections, the appropriate decision shall be made regarding the existence, extent, and priority of the credits. Otherwise, the objection shall be substantiated through incidental proceedings.

129.3 Satisfaction of liabilities and delivery of legacies. Credits shall be paid, if possible, once the resolution recognizing them becomes final. If necessary, the sale of property chosen for that purpose shall be ordered, which the executor (albacea) shall carry out, and a sale price lower than the appraisal (avalúo) may be authorized when circumstances warrant it. The delivery of legacies shall be ordered provided that the interests of the creditors are guaranteed by the remaining property. Creditors and legatees, by mutual agreement, may make arrangements for the payment of what corresponds to them.

ARTICLE 130.- Administration

130.1 Possession of inventoried property. Upon acceptance of the appointment, the executor (albacea) enters, as a matter of law and without any formality, into the possession of the property and shall exercise its management and administration until delivery to the successors. The surviving spouse or the common-law partner to whom the law grants rights, and the children living with them, may continue to inhabit the house they occupied at the time of the decedent's death, as long as it is not awarded to another person.

When real estate is in the possession of third parties by virtue of de facto situations consented to by the decedent for a long time, and according to the legal system, it is necessary to file a judicial action to recover it, it shall not be delivered to the executor (albacea) for administration or possession. Nor shall this be done when there is prejudiciality due to claims related to the integrity or existence of the estate.

If the executor (albacea) encounters difficulty in taking possession of all or some of the property, they shall seek the intervention of the court, which shall order that they be placed in possession.

The powers of the executor (albacea) conclude with the execution of the agreement or distribution statement (cuenta partición) or with their resignation, death, or final removal; however, in the case of resignation, they must continue in the administration until the substitute accepts the appointment.

130.2 Administration file. All matters relating to administration shall be processed in a separate file (legajo separado). In the event that there come to be several executors (albaceas), a separate file shall be created for each one. It is not permitted to include in those files petitions proper to the main file.

130.3 Periodic rendering of accounts. When the estate is susceptible to management or administration, the executor (albacea) must render periodic, documented, and detailed accounts, justifying the income and expenses. Once presented, they shall be made known to the interested parties. The court shall determine, according to the circumstances, the frequency with which accounts must be rendered and the manner of custody of the money.

130.4 Administration plan. In testate estates, the indications included in the will regarding the manner of administration must be complied with. If no provisions exist in this regard, and in intestate estates, within fifteen days following acceptance of the appointment, the executor (albacea) must present an administration plan, justifying the expenses contemplated. This duty may be dispensed with depending on the nature of the property or the size of the estate. The interested parties shall be given a hearing regarding the plan for five days, after which a decision shall be made on its approval.

130.5 Products of the administration. The products of the administration must be deposited as ordered, after deducting the authorized expenses or those necessarily incurred for obtaining them. The executor (albacea), unless otherwise provided by the interested parties, is obliged to ensure that these products are kept placed in nominal or time deposits in banks of the National Banking System (Sistema Bancario Nacional), in a manner that does not hinder distribution.

130.6 Authorizations. When the executor (albacea) requires authorizations, the interested parties shall be heard for three days, and then the appropriate decision shall be made.

130.7 Sale of property. When the sale of property is appropriate, it shall be done based on an expert appraisal (avalúo pericial). After a hearing with the interested parties, reductions in price may be authorized if there are difficulties in carrying out the sale. When ordered judicially, the provisions for a public auction (remate) shall be followed, in which case, if the auction is declared void, the participation deposit shall be credited in full to the estate as damages.

In the case of public or commercial securities, the executor (albacea) may use the established trading systems for the sale of such securities.

The court may authorize the anticipated sale of property without hearing the interested parties when it concerns perishable property or when it is evidently necessary and useful.

130.8 Advance of income for support. At the request of the interested parties, it may be ordered that sums of money from the products of the administration be delivered to the successors who need them, for the satisfaction of support obligations, up to the amount that may respectively correspond to them as net income from the property to which they are entitled.

It is the responsibility of the executor (albacea) to execute what is decided under the terms provided by the court.

130.9 Final account. Every executor (albacea) must render an account of their administration within fifteen days following the conclusion of their work, unless all interested parties are of legal age and capable and have exempted them. The account shall be reviewed in the administration file following incidental proceedings. If there is no opposition, no discrepancy with the statements presented, and it does not contravene the law, the account shall be approved. Otherwise, the presented account shall be rejected, and the executor (albacea) shall be required to formulate it anew.

In all pertinent matters, the rules for the execution of judgments regarding the rendering of accounts shall apply, which shall be done in the same proceeding. For these purposes, a specific executor (albacea) shall be appointed.

ARTICLE 131.- Removal of the Executor

The executor (albacea) may be removed, ex officio or at the request of an interested party, when they fail to fulfill the duties of their office with correctness and diligence, or proceed improperly in the exercise of their functions to the detriment of the interests of the estate. The removal shall be processed through incidental proceedings.

ARTICLE 132.- Award of Estate Property Subject to Special Regimes

In probate proceedings (procesos sucesorios) where there is property subject to special regimes, for which prior authorization from a public entity is required for its transfer, once the declaration of heirs becomes final, approval shall be sought from the corresponding entity. If there is other property not subject to special regimes, the distribution or partition proceeding shall be suspended pending the result of the authorization, unless there is a unanimous agreement of the heirs for partial distributions to be carried out, if appropriate.

ARTICLE 133.- Distribution and Partition of Estate Property

133.1 Distribution by agreement of the interested parties. Once the declaration of successors is final, the inventory is approved, and if no pending controversies exist, all interested parties, by mutual agreement, without the need for express authorization, may dispose regarding the distribution of the property. If the property must be registered, the agreement must be recorded in a public deed, a certified copy of which shall be sent to the court. In all other cases, what has been agreed shall be communicated.

When the agreement involves the interests of absent persons, minors, or persons with special capacities, it must be approved (homologado) by the court.

133.2 Setting the bases for the judicial partition. Whether or not the credits have been satisfied, all those who remain as interested parties shall be convened to a hearing to set the bases for the partition. These can only result from the unanimous agreement of all interested parties, shall be binding on the executor (albacea), and shall be established reserving what is necessary to satisfy all the costs of the proceeding not yet covered and those that must be covered in the future, to execute the partition, and any claim by creditors that is pending.

133.3 Project for partition. If there is no agreement at the hearing, the executor (albacea) is, as a matter of law, authorized to present a project for partition, which they shall prepare respecting the right of each and every one of the interested parties, so that its value is effectively satisfied through the award of property or abstract rights representing that value. If it includes registrable property, it must contain the formalities and requirements necessary for registration.

The project for distribution shall be made known to the interested parties for five days, so they may make the observations they deem pertinent. If there is any opposition, it shall be substantiated through incidental proceedings. When reviewing the project, whether or not opposition has been filed, the court must ensure the protection of the interests of minors, persons with special capacities, or absent persons. If it does not contain provisions contrary to the law, it shall approve it as it was presented or with the pertinent corrections or rectifications. Only if it is not possible to correct it shall it reject it so that it can be done again. In the same ruling, it may order the initiation of the procedure for removal of the executor (albacea), if the defects are due to malicious, arbitrary, or careless action on their part. The approval of the project for partition, when there is opposition, shall have the effect of material res judicata. If the partition is of a higher amount, it shall only be subject to cassation appeal; if it is of a lower amount, it shall only be subject to appeal.

133.4 Partial distributions. The interested parties, by mutual agreement, may request partial distributions when it is not yet possible to carry out the final one. They shall not be approved when the rights of creditors who are litigating for the recognition of their credits are put at risk, and when it could affect the final distribution.

133.5 Execution of the partition. Once the partition is finally approved, the property shall be placed at the disposal of the awardees. In the case of registrable property, its registration shall be done through notarized protocolization. In the case of documents or credit instruments, they shall be delivered to the corresponding person, with the respective statement.

133.6 Termination of the probate proceeding. The probate proceeding (proceso sucesorio) ends with the execution of the distribution and with the rendering of accounts by the executor (albacea), unless they had been exempted from such duty.

ARTICLE 134.- Reopening

134.1 Applicability and procedure. Once the probate proceeding (proceso sucesorio) has concluded, it may be reopened if property not taken into account appears, or if claims or legal situations arise that justify reopening. A hearing shall be granted for three days regarding the request to the awardees, who shall be ordered to be notified personally or at their place of residence. When the domicile is unknown and they cannot be located, they shall be notified by an edict published once in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial).

If the reopening is ordered, the last executor (albacea) shall be called upon to assume the appointment again, and if that is not possible, a specific executor (albacea) shall be appointed.

134.2 Effects of the reopening. The reopening shall not affect the declaration of successors, approvals of credits, or extrajudicial or judicial partitions previously carried out.

When the reopening is done for the purpose of conferring representation to the estate to support a claim for patrimonial purposes, the fees of the executor (albacea) and their attorney shall be covered by the party requesting the reopening if they are unsuccessful in the filed proceeding. In all other cases, such fees shall be covered by the estate or the heirs or legatees, as the court deems appropriate, according to the prudential determination made.

ARTICLE 135.- Estate Abroad

135.1 Effectiveness of awards made abroad. If a person domiciled abroad left property in Costa Rica and a probate proceeding (proceso sucesorio) was conducted abroad, the awards and other legal acts performed there shall be valid here, provided that they were processed by those entitled to do so and were conducted in accordance with the laws of that place.

135.2 Procedure. To give effect in Costa Rica to partitions made abroad, it shall be necessary for the interested party, after obtaining the legal exequatur, to request the court of the place where the property or the majority of it is located to summon those who, according to the laws of the country, could be prejudiced by the awards, transfers, or acts performed at the domicile of the estate. For this purpose, the summons procedure established for national judicial probate proceedings shall be followed. If, after the term has elapsed, no one appears, or if existing objections are dismissed, what was ordered abroad shall be approved. Any objections raised shall be resolved through incidental proceedings. If the objection is upheld, it shall proceed according to the better right claimed, and what was ordered abroad shall be complied with only to the extent that it is not affected by the decision of the national court.

135.3 Claims against an estate domiciled abroad. Creditors of an estate domiciled abroad may sue in Costa Rica when they have a real or equivalent guarantee, the debtor has validly renounced their domicile, or it concerns the execution of a judgment obtained at the domicile of the estate.

The other creditors must file their claim before the court hearing the proceeding. However, while they appear before the appropriate authority, they may request the attachment of property (embargo de bienes) or other precautionary measures. The attaching creditor may only be prejudiced by the adjudication or payment made with the attached property to another creditor abroad after it is declared, according to Costa Rican laws, that the right recognized abroad, by its nature, is of a better condition.

TITLE III

ENFORCEMENT PROCEEDINGS

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 136.- Commencement of enforcement and jurisdiction

The enforcement of enforceable judgments and agreements shall be ordered upon the motion of a party. It may be ordered ex officio when it concerns rights or interests of a public or social nature. The court that rendered the judgment or approved the agreement, or the specialized courts established for that purpose, shall have jurisdiction. Only when this is legally impossible shall it be carried out by the appropriate court, according to the general rules of jurisdiction. The authentic document recording the respective act or agreement shall serve as the basis for enforcement.

ARTICLE 137.- Allowing entry (Allanamiento)

For the enforcement of enforceable judgments and agreements, regardless of their nature, the court may order allowing entry (allanamiento) when circumstances warrant it. For this purpose, it shall specify the purpose, as well as the conditions under which the entry will be conducted, and shall have broad powers to enter premises, remove any obstacle, or request the assistance of the Public Force when deemed necessary. A record of the entry shall be drawn up, signed by the interested parties, setting forth its outcome in detail.

ARTICLE 138.- Effects of impossible enforcement

When enforcement becomes impossible for any reason, the obligor must compensate the opposing party for the damages and losses caused.

ARTICLE 139.- Application of payments

Sums obtained as a result of a proceeding, unless otherwise provided by law, shall be applied in the following order: costs, interest, and principal.

ARTICLE 140.- Adjustment of judgments

Final judgments and enforceable agreements, even if they do not contain a provision in this regard, must be economically adjusted for the future, upon the request of a party, provided this does not contravene the legal system.

Monetary obligations in national currency shall be adjusted according to the consumer price index. In the case of foreign currency, the "prime rate" shall apply, or, if this is not applicable, the corresponding international rate for the currency in question.

CHAPTER II

PROVISIONAL ENFORCEMENT

ARTICLE 141.- Availability of provisional enforcement

Upon the request of a party, condemnatory judgments of a pecuniary nature shall be provisionally enforceable without the need to post a bond. Judgments ordering the issuance of a declaration of intent, declaring the nullity or lapse of industrial property titles, the modification, nullity, or cancellation of entries in public registries, nor non-final foreign judgments shall be susceptible to provisional enforcement, unless otherwise provided in international treaties in force in Costa Rica.

ARTICLE 142.- Requirements for the petition and admission of provisional enforcement of non-monetary judgments

The petition for provisional enforcement of non-monetary judgments shall be accompanied, when necessary, by a certification of the judgment. If admissible, the court shall process it following the incidental procedure and shall form a file with transcripts of the indispensable documents.

ARTICLE 143.- Opposition to the provisional enforcement of non-monetary condemnatory judgments

143.1 Grounds for opposition. Opposition to the provisional enforcement of non-monetary condemnatory judgments may only be based on the following grounds:

1. Falling under one of the circumstances where provisional enforcement is not available.

2. When the judgment is a non-monetary condemnatory judgment, it may be impossible or very difficult, given the nature of what was enforced, to restore the situation prior to the provisional enforcement or to compensate the judgment debtor economically through the indemnification of the damages and losses caused if that judgment were reversed.

143.2 Procedure for opposition. When there is opposition to the petition for provisional enforcement and the impossibility or difficulty of restoring the prior situation or compensating the judgment debtor economically has been alleged, the matter shall be debated in the oral hearing.

In this hearing, the petitioner may refute the arguments of the opposition and offer a bond, so that if the judgment is reversed, the prior situation is restored or, if this is impossible, the damages and losses caused are compensated.

ARTICLE 144.- Effects of revocation of a provisionally enforced non-monetary judgment

In the case of a non-monetary condemnatory judgment, the situation prior to enforcement shall be restored, unless this is not possible, in which case the damages and losses caused shall be determined and the posted bonds shall be made effective.

ARTICLE 145.- Provisional enforcement of monetary judgments

The provisional enforcement of monetary judgments shall be limited to the attachment of property (embargo de bienes), and no opposition from the judgment debtor shall be admitted. If the provisionally enforced monetary condemnatory judgment is revoked, the attachments shall be lifted, and the enforcing party shall be ordered to pay the costs of the provisional enforcement and to compensate for the damages and losses that such enforcement may have caused.

CHAPTER III

ENFORCEMENT PROCEDURES

ARTICLE 146.- Condemnatory judgments on economic matters determinable in money

When the enforcement of a judgment on economic matters determinable in money is sought, the prevailing party must submit a specific and detailed liquidation of its claims, indicating the respective amounts separately and adhering to the bases established in the judgment, when these have been set. All evidence shall be offered and presented with the petition.

ARTICLE 147.- Procedure for quantifying economic matters, amounts to be liquidated, and rendering of accounts

The incidental procedure shall be followed to quantify economic matters determinable in money, amounts to be liquidated, and the rendering of accounts.

ARTICLE 148.- Judgment to deliver (Condena de dar)

When a movable or immovable property must be delivered and the obligor does not do so voluntarily, the delivery or placement in possession shall proceed. Movable property that is not to be delivered with an immovable property shall be placed in deposit, if its owner does not wish or is unable to remove them at the time of eviction, and a right of retention may be exercised over said movable property for the expenses arising from the deposit.

ARTICLE 149.- Judgment to do (Condena de hacer)

In the case of a judgment to do (condena de hacer), if the obligor performs what was ordered in a different or defective manner, which shall be determined through the incidental procedure, what was done shall be destroyed, and it shall be ordered to be done in accordance with the judgment. All costs shall be borne by the non-compliant party, who must indemnify the damages and losses caused by the improper performance.

ARTICLE 150.- Judgment not to do (Condena de no hacer)

If the obligation not to do is breached, the court shall take the measures necessary to achieve the effectiveness of the decision, including with the assistance of the police authority. When appropriate, what was done contrary to the order in the judgment shall be destroyed. In any case, the unsuccessful party shall be ordered to indemnify the damages and losses caused.

ARTICLE 151.- Fruits in kind and negotiable instruments

When enforcement is necessary due to breach of the obligation to deliver a determined quantity of fruits in kind or negotiable instruments, they shall be converted into money, and the resulting sum shall be made effective, according to the parameters set in the judgment. The valuation of the fruits shall be made according to the provisions of the judgment; failing this, at the current market price at the place where delivery must be verified, or at the nearest place, on the day the valuation is conducted. The price shall be credited by the report of one or two sworn brokers, if available, and if not, by that of one or two merchants of recognized integrity, both appointed by the court, which shall previously set their fees. In any case, it shall be the court's responsibility to establish the valuation procedure or to conduct it prudentially.

ARTICLE 152.- Attachment (Embargo)

In the case of the enforcement of condemnatory judgments on economic matters determinable in money, amounts to be liquidated, judgments to deliver, to do, or not to do, if immediate compliance cannot be achieved for any reason, the attachment of property (embargo de bienes) may be ordered at the instance of the creditor, without the need to make a deposit, in an amount sufficient, in the court's discretion, to secure the creditor's rights.

CHAPTER IV

ENFORCEMENT FOR A LIQUID SUM

ARTICLE 153.- Availability

When enforcement relates to the payment of a liquid and due sum, the attachment and forced sale of property shall proceed in accordance with the provisions of this chapter.

ARTICLE 154.- Attachment (Embargo)

154.1 Attachment order. Once the existence of a liquid and due monetary obligation is verified, at the creditor's request, an attachment (embargo) shall be ordered on the debtor's property susceptible to such measure. The attachment shall be ordered for the claimed principal and the liquidated interest, plus fifty percent (50%) to cover future interest and costs.

154.2 Practice of the attachment. An enforcing officer shall be designated to carry out the attachment, whose fees shall be set and must be paid directly by the interested party. When carrying it out, the enforcing officer shall only take into account legally attachable property and shall draw up a record of the proceedings, in which they shall record the time, date, and place. If it concerns movable property, the characteristics necessary to identify them. If it concerns immovable property, the registration citations, boundaries, buildings, and crops found on them.

At the proceeding, they shall designate as depositary the person chosen by the parties, and in the absence of an agreement, the person in possession of the property, except when, due to abandonment, risk of deterioration, loss, concealment, or any other circumstance, it is advisable to deposit them with the creditor or a third party. The cases indicated by law for the deposit of certain property are excepted. The designated person shall be warned of the obligations of their position and shall be ordered to indicate a means for receiving notifications.

The attachment of salaries, income, deposits, accounts, securities, or periodic income shall be communicated in the most expeditious manner possible. When necessary, the responsible official shall be warned that they are under the obligation to execute what was ordered and immediately deposit the sums or property, under penalty of disobedience to authority.

For the attachment of registered property or rights, the court shall directly note it in the respective registry by technological means, and only if this is impossible shall it send an order for the registry to make the notation. The attachment shall be considered as having been carried out upon the notation and shall affect the attaching creditors and subsequent annotating parties, whom it shall not be necessary to notify. In such cases, the physical practice of the attachment shall be optional, at the request of the enforcing party.

It shall not be necessary to carry out other attachments on an already attached property, provided such measure remains in force; for subsequent attachments to be considered as carried out, it shall suffice to communicate the attachment order to the court that ordered the first one. In the case of registered property, it shall also be necessary to communicate the subsequent attachments to the respective registry.

154.3 Attachment of productive property. When productive property is attached, the judgment debtor may request authorization from the court to use it in the activity for which it is intended. When a company or group of companies is attached, or shares or participations representing the majority of the share capital of the common equity or of the property or rights belonging to a company or assigned to its operation, an administration may be established; for this purpose, the rules relating to the precautionary measure of administration and intervention of productive property shall apply.

154.4 Custody of monies derived from attachments. When money is obtained as a result of attachments, it shall be deposited immediately.

154.5 Anticipated sale of attached property. At the request of a party or the depositary, the court may order the anticipated sale of attached property when there is a risk that it could disappear, deteriorate, lose its value, or be of difficult or costly conservation.

For this purpose, the market, trade, or stock exchange value shall be taken as the basis.

154.6 Modification, substitution, and lifting of the attachment. The attachment may be expanded or reduced when there is an insufficiency or excess of attached property. The expansion shall be ordered at the request of the creditor. To decide on the reduction, the incidental procedure shall be followed.

Attached property may not be substituted by other property, except with the acquiescence of the attaching creditor.

By depositing the sum for which the attachment was ordered, the debtor or any interested party may prevent the attachment. To lift an attachment, it shall be necessary to deposit the totality of what is owed at the time the request is made.

154.7 Lifting of attachment without a third-party claim. The third party whose property has been attached may request its lifting without filing a third-party claim of ownership (tercería de dominio), and shall accompany the documentation required for the latter. The attaching creditor shall be summoned for three days regarding the request, and the court shall thereafter decide without further procedure. If the lifting is denied, the interested party may file the third-party claim.

ARTICLE 155.- Priority among attaching creditors

The right of the creditor who first noted the attachment shall prevail over the rights of real or personal creditors that arose after the presentation of the notation in the registry. Such subsequent creditors may not claim any right over the property, nor over its price, to the prejudice of the attaching creditor, except in cases of priority regulated by substantive legislation.

The noting party shall not enjoy any preference solely by reason of the notation or practice of the attachment of unregistered property over prior personal creditors who filed a third-party claim when there are insufficient assets to cover the credits.

ARTICLE 156.- Sale of securities or negotiable instruments on the stock exchange

If what is attached consists of securities or negotiable instruments on the stock exchange, a stock exchange firm shall be commissioned to make them effective. The proceeds thereof shall be deposited in the corresponding bank account, after deducting the commission legally payable for the service, for all of which the firm must render a documented and detailed account.

ARTICLE 157.- Preparatory acts for the public auction (remate)

157.1 Concurrence of creditors over the same property. All attaching or secured creditors must pursue the payment of their credits in the proceeding in which the publication of the edict for the public auction (remate) of the property serving as their security was first made. If a new enforcement proceeding is filed over the same property, the court shall order the new proceeding to be suspended as soon as the existence of the prior enforcement comes to its knowledge.

All appearing creditors, including the attaching creditors who have obtained a resolution ordering the auction, may drive the procedure forward.

157.2 Request for public auction. With the first request for a public auction (remate), the enforcing party must credit the encumbrances, attachments, and notations encumbering the property. This documentation shall not be required for subsequent requests; however, the judgment debtor or any interested party may demonstrate any modification to the court.

157.3. Basis for the public auction

The sum agreed upon by the parties shall serve as the basis for the public auction (remate). In the absence of an agreement, at the election of the enforcing party, the amount determined by expert appraisal or the registered value shall serve as the basis, when the property has an assigned tax or fiscal value updated within the last two years. In other cases, an appraisal shall be conducted, which shall be carried out by experts from the official list, except in cases of absolute or relative indigence. If the property to be auctioned bears encumbrances, the basis shall always be that established for the preferred matured security. In enforcement proceedings over property subject to insolvency proceedings, the basis shall be determined in accordance with the provisions of the insolvency legislation.

(Thus amended by Article 74 of Law No. 9957 of April 14, 2021, "Costa Rican Insolvency Law")

157.4. Order for public auction and notifications

If the request is admissible, the court shall order the public auction (remate) and indicate the property to be auctioned, the bases, the time, and the date of the three auctions.

If the property is sold in an insolvency proceeding, or by enforcement of a first-degree creditor, the auction shall be ordered free of encumbrances. If the sale is by enforcement of a lower-degree creditor, it shall be ordered bearing the prior encumbrances with unfulfilled conditions or unexpired terms; but if the prior credits are already due, it shall also be ordered free of encumbrances, and the price thereof shall be applied to the payment of the creditors, according to the order of their respective credits.

If the submitted documentation reveals the existence of encumbrances or notations, the third-party purchasers, creditors, and earlier annotating parties prior to the attachment or the notation of the lawsuit shall be notified, when appropriate, to appear and assert their rights within a period of five days. When any of those persons cannot be found, they may be notified by means of an edict published once in the Judicial Bulletin.

For the auction of property of a person in insolvency proceedings, the provisions of the insolvency legislation and, supplementarily, the provisions of this Code shall apply.

(Thus amended by Article 74 of Law No. 9957 of April 14, 2021, "Costa Rican Insolvency Law")

157.5 Publication of the notice. The public auction (remate) shall be announced by an edict published twice, on consecutive days, in the Judicial Bulletin, and it shall state the basis, the time, the place, and the days of the auctions. If it concerns movable property, the edict shall contain a concise description of its identification and indicate its nature, class, and condition. If it concerns immovable property, the registration data in the Public Registry of Property, the district, canton, and province where it is located, as well as the nature, measurement, boundaries, encumbrances and notations, and the buildings or crops it contains, if this latter information appears in the case file. It shall also specify the encumbrances affecting the property, when the highest bidder must bear them.

ARTICLE 158.- Suspension of the public auction

The public auction (remate) shall only be suspended at the request of the creditor or all appearing enforcing creditors. It shall also be suspended when any interested party deposits with the court a sum covering the totality of the claimed amounts, including costs. When the deposited sum is evidently insufficient, the auction shall not be suspended. If there is doubt, it shall be held subject to the condition that, once the missing sum is determined, the interested party covers the difference within three days, in which case it shall be rendered void.

ARTICLE 159.- Public auction (Remate)

The public auction (remate) may only be held when five business days have elapsed since the day following the first publication of the edict and the notification to all interested parties. If opposition or a motion to suspend the auction is filed before it is held, the auction shall take place, and the interested parties shall be warned that its outcome will be subject to the resolution of the matter. It shall be presided over by an auctioneer or by the judicial assistant designated, without prejudice to the intervention of the judge. On the appointed day and time, the crier shall announce the auction by reading the edict aloud, and the person presiding shall inform the attendees of the bids and improvements made and shall conclude the proceeding when no one improves the last bid, adjudicating the property to the highest bidder. Offers that do not cover the basis shall not be admitted.

Whoever acquires property through a public auction does so at their own risk regarding its situation, condition, or de facto circumstances, whether or not they appear in the case file.

To participate, the bidder must deposit fifty percent (50%) of the basis, in cash, by bank deposit to the order of the court, certified check from a Costa Rican bank, or any duly authorized technological mechanism guaranteeing the effectiveness of the payment, and must indicate a means for receiving notifications. If, at the auction proceeding, the buyer does not pay the entirety of the amount offered, they must deposit it within three days; if they do not do so, the auction shall be declared void.

A record shall be drawn up of all proceedings, which shall be signed by the person presiding, the buyer, the parties, and their attorneys. If any of those present cannot do so, that circumstance shall be recorded.

The creditor with a preferential payment right shall not be obliged to make a deposit to participate, provided the offer is in payment towards their credit, which for this purpose is fixed at the principal plus fifty percent (50%). If they offer a sum exceeding their credit, they must make a deposit to participate. If the offered amount exceeds the amount owed, once the final liquidation is approved, they shall be ordered to deposit the difference within three days. If they do not do so, the public auction shall be declared void.

ARTICLE 160.- Presentation of the property and holding the public auction at the place where it is located

For the purposes of the public auction (remate), the court may order whoever has possession of the property to present it, in order to inspect it or so that bidders may view it. If, due to its nature, the property cannot be moved, an inspection at the place where it is located may be ordered, and when considered pertinent, the auction shall be held at the place where it is found. When there is concealment of the property or refusal to make it available to the court when so ordered, this shall be brought to the attention of the competent criminal authority.

ARTICLE 161.- Failed public auction

If there is no bidder at the first public auction (remate), the second auction shall be held after a period of no less than five days has elapsed, reducing the basis by twenty-five percent (25%) of the original. If there are again no bidders at the second auction, a third auction shall be held within a period of no less than five days. The third auction shall begin at twenty-five percent (25%) of the original basis, and the bidder must deposit the entirety of their offer at that auction. If there are no bidders at the third auction, the property shall be deemed adjudicated to the enforcing party for twenty-five percent (25%) of the original basis.

ARTICLE 162.- Void public auction

If the highest bidder does not consign the price within the indicated period, the public auction (remate) shall be deemed void. Thirty percent (30%) of the deposit shall be delivered to the enforcing parties as fixed compensation for damages and losses, and the remainder as a credit payment to the preferred enforcing creditor. When there are several enforcing creditors of matured credits, the amount corresponding to damages and losses shall be disbursed to all in equal parts. Once the auction is declared void, it shall be ordered to be held again, and the deposit to participate shall be the entirety of the basis.

ARTICLE 163.- Approval, registration protocolization, cancellation of encumbrances, and delivery of the property

Once the public auction (remate) is held, the court shall approve it if the legal provisions have been followed for its execution. The resolution approving it shall order the cancellation of the registrations or notations relating to the matured superior-degree credit being enforced and those inferior to it, as well as those appearing in the certification serving as the basis for the auction and those noted subsequently. It shall also authorize the pertinent registration protocolization and order the delivery of the property.

ARTICLE 164.- Liquidation of the proceeds of the public auction

In the case of a sale of property at auction, the proceeds shall be liquidated in the following order:

1. Costs.

2. Expenses for care, deposit, administration, and maintenance, from the day of the attachment until the auction becomes final. The debtor may not collect fees or expenses if they were the depositary of the auctioned property. In that same case, the enforcing party may only collect conservation expenses.

3. Payment of interest and principal, following the order of priority when there are several creditors. If any creditor does not appear and the auction was not held bearing their encumbrance, what corresponds to them shall be reserved.

The remainder shall be delivered to the debtor, unless there is some cause for legal impediment.

ARTICLE 165.- Challenge to the public auction

The public auction (remate) and the defective procedural activity that occurred before or during its holding may only be challenged through the remedies available against the resolution approving it. Nullity may be alleged after the approval order becomes final, through an incidental proceeding, only when it is based on one of the grounds on which a petition for review is admissible. Such incidental proceeding shall be inadmissible if filed more than three months after the knowledge of the ground, or from the moment the aggrieved party should have known of it or could have asserted it.

CHAPTER V

MORTGAGE AND PLEDGE ENFORCEMENT

ARTICLE 166.- Enforceable instruments

Common and mortgage certificate (cédula) mortgages, as well as duly registered pledges, constitute enforceable instruments with a waiver of procedures to make effective the privilege over the encumbered property or, as applicable, over the insurance sum, as well as to make effective all personal guarantees, which shall be understood as limited to the uncovered balance. Mortgages and pledges that by legal provision do not require registration have the same efficacy. For these purposes, the original mortgage certificates and their interest coupons, certifications of the deeds of common mortgages, and registered pledges constitute suitable documents, provided they state that the registrations have not been canceled or modified by another entry.

ARTICLE 167.- Complaint and initial resolution

The documents on which the enforcement is based must be filed with the complaint. The debtor and the owner who consented to the encumbrance on the property shall be sued, and if this is not done, after prior warning to the plaintiff to complete the legal standing within a period of five days, the enforcement shall be declared inadmissible. The guarantors may be sued to exercise their liability in the event of an uncovered balance. Ex officio, in the resolution processing the proceeding, the notation of the complaint in the corresponding registry shall be ordered and carried out, which shall affect subsequent attaching creditors and annotating parties, whom it shall not be necessary to notify.

ARTICLE 168.- Opposition

In mortgage and pledge enforcement proceedings, opposition shall only be admitted regarding lack of enforceability, payment, and statute of limitations. It must be filed within a period of five days. To resolve the opposition, the incidental procedure shall be followed; the public auction (remate) shall not be suspended, but it shall not be approved while the opposition is not rejected.

ARTICLE 169.- Deterioration of the security

When it is proven that the security has deteriorated or has been extinguished, other property may be pursued in the same proceeding.

ARTICLE 170.- Collection of the uncovered balance and initiation of insolvency proceedings

Once the real guarantees have been executed, when appropriate and at the request of a party, the court shall establish the uncovered balance. Once the resolution ordering this becomes final, the creditors may pursue other property in the same proceeding. Unsatisfied lower-degree creditors may collect what is owed to them in the same case file, for which independent files shall be formed for each one. Each file shall begin with a resolution establishing the amount owed. If the prerequisites are met, the unsatisfied creditors may request, in the same case file, the declaration of the opening of an insolvency proceeding. For the processing and resolution of the request to open the insolvency proceeding, the case file shall be sent to the appropriate court.

ARTICLE 171.- Normative integration

The provisions on enforcement for a liquid sum and public auction shall be applicable to these proceedings, to the extent pertinent.

CHAPTER VI

THIRD-PARTY CLAIMS

ARTICLE 172.- Types of third-party claims

Third-party claims (tercerías) may be for ownership (dominio), better right (mejor derecho), and distribution (distribución).
They are for ownership when the third party alleges ownership over the seized assets; for better right, when they claim preference for payment from the proceeds thereof; and for distribution, when the third party seeks to participate in the proceeds of the seizure (embargo), proportionally or pro rata, alleging a credit based on a document with a certain date prior to the execution of the seizure or its annotation in the case of registered assets.

ARTICLE 173.- Admissibility

173.1 Requirements for the claim and documents. The initial filing must be valued and must meet, as applicable, the requirements set forth for incidental proceedings (incidentes), under penalty of inadmissibility. Furthermore, the following must be presented under penalty of summary dismissal (rechazo de plano):

1. In ownership or better right third-party claims: for registrable assets, a document proving the registration or that such registration is pending. For non-registrable assets, an authentic document justifying the third party's right, dated prior to the seizure.

2. In distribution third-party claims, a document evidencing a monetary debt with a certain date prior to the seizure. Additionally, documentation proving the debtor's insufficient assets.

173.2 Timing. Ownership third-party claims shall not be admissible once the assets have been definitively awarded (adjudicado en firme) to the buyer. Nor shall better right or distribution claims be admissible when a final resolution ordering payment to specific creditors exists.

ARTICLE 174.- Procedural effects of the third-party claim

The filing and processing of a third-party claim does not suspend the course of the proceeding. If it is an ownership claim, the auction (remate) shall be held, but its approval shall be subject to the final resolution of the third-party claim. If it is a better right or distribution claim, the payment that might correspond to the third-party claimant (tercerista) shall be reserved to be delivered to them should their claim succeed.

The third-party claimants' intervention shall be limited to matters related to the securing and sale of assets.

ARTICLE 175.- Procedure

The incidental proceeding shall be followed to resolve third-party claims. In the initial resolution, the executing creditor (ejecutante), the debtor (ejecutado), and any creditor who has appeared shall be summoned. In distribution third-party claims, if the promoter lacks a judgment in their favor, when issuing the ruling, a pronouncement must be made regarding the existence and extent of the credit and their right to participate in the proceeds of the execution.

ARTICLE 176.- Effects of the termination of the proceeding on distribution third-party claims

The termination of the main proceeding shall not imply the termination of pending distribution third-party claims. If there is only one distribution third-party claim, the third-party claimant shall be considered the executing creditor, and if there are two or more, the oldest one shall be. In such case, the execution shall continue, and the seizures and any other precautionary measure (medida precautoria) that had been decreed shall be maintained.

TITLE IV

VOLUNTARY JURISDICTION PROCEEDING (PROCESO NO CONTENCIOSO)

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 177.- Applicability

The provisions established in this title shall be observed when the law requires authorizing, approving (homologar), or controlling the legality of certain legal acts or communicating, through court intervention, options or other acts of will, and no other procedure is established.

The following shall be processed through this procedure:

1. Payment into court (pago por consignación).

2. Demarcation of boundaries (deslinde) and boundary marking (demarcación de linderos).

3. Declaration of absence (ausencia) or presumed death (muerte presunta).

4. Any other stipulated by law.

ARTICLE 178.- Procedure

178.1 Application and initial hearing. The procedure shall be initiated by application of the interested party, who shall attach the necessary documents, indicating the applicable legal rules. When it is necessary to grant a hearing to any person or institution, it shall be granted for a period of three days.

178.2 Effects of opposition. If, before the final resolution is issued, a founded opposition arises, the court shall suspend the procedure, refer the opponent to the ordinary proceeding (vía ordinaria), and order them to file the respective plenary proceeding (proceso de conocimiento) within a period of one month.

If the opposition is unfounded or the opponent does not file the lawsuit within the month, the court shall continue the procedure until its conclusion. In both cases, the opponent shall be ordered to pay the costs caused by the opposition.

178.3 Effects of opposition in special cases. The rules of the preceding provision, insofar as they provide for immediate referral to the adversarial proceeding (proceso contencioso), shall not apply to the declaration of absence, the presumption of death, nor to proceedings for which the law establishes a special process.

CHAPTER II

SPECIFIC PROCEEDINGS

ARTICLE 179.- Payment into court

179.1 Offer of payment. For the consignment (consignación) of what the debtor offered in discharge of their debt to be effective, it is necessary that they make an offer to the creditor. The offer of payment must be made by a notary, according to the provisions established in the rules governing that function, at the place designated for payment or, failing that, at the creditor's domicile. The record (acta) shall state the quantity and quality of the items offered and shall record the creditor's acceptance or refusal.

If what is owed is a specific determined thing and payable at the place where it is located or at a place other than the creditor's domicile, or if the object is not determined but specified by its kind, there is no need to bring the asset to make the offer. In that case, it shall suffice to summon (intimar) the creditor to accept the payment and to precisely indicate the object of the obligation (prestación) and the place where it is located, which shall be recorded in the record.

If at the time of the offer the creditor is not present at the relevant place, a copy of the record shall be left for them, if possible.

The costs of the offer procedure, if accepted, shall be borne by the creditor, when it is on record that they privately refused to receive payment.

179.2 Acceptance of the offer. If the creditor accepts the offer, payment must be made immediately, after deducting the applicable procedural costs. The creditor must deliver the document evidencing the credit or a receipt for the amount delivered in other cases. The receipt may be omitted if the creditor signs the notarial record.

179.3 Presumption of refusal to accept the offer. The creditor's refusal to receive what was offered is presumed when they are not at the place designated for payment, they have no agent (mandatario) responsible for receiving on their behalf, or for any other cause attributable to them.

179.4 Consignment. If the offer is not accepted and the debtor wishes to be released by means of consignment, they shall proceed to make the judicial deposit before the organ of the place where payment must be made, within three days following the offer. The certified copy of the deed of offer shall be attached to the filing notifying the court of the consignment. Once the consignment is verified, the court shall order the deposit in accordance with the law.

179.5 Procedure. The creditor shall be summoned (emplazado) for five days regarding the consignment. If they accept it, they must pay the costs of the offer and the consignment, which shall be determined in the same file (expediente) and paid from the deposited amount, if it is money. The court shall deliver the deposited amount to the creditor and the instrument (título) with the notation of cancellation to the debtor. In the case of entries or annotations in public registries, the cancellation shall be ordered by judicial order (mandamiento).

When the consignment is not accepted, the creditor must file the corresponding proceeding to dispute its validity and effectiveness within a period of one month, unless a proceeding is pending, in which case it shall be resolved therein. If they do not do so within that period, the obligation shall be deemed canceled and they shall be ordered to pay all costs, damages (daños y perjuicios). The judgment shall determine who bears the costs arising from the offer and the consignment.

If the creditor is incapable of receiving payment and lacks a representative, once the consignment is properly made, it shall be brought to the attention of the Procuraduría General de la República and, where appropriate, the Patronato Nacional de la Infancia, and a representative shall be appointed for the minor or incapacitated person. If the creditor is uncertain or unknown, the consignment shall be published once in the Boletín Judicial.

179.6 Consignment without the need for an offer. When the debt consists of rents, maintenance obligations (obligaciones alimentarias), mortgage or pledge debts, the consignment shall not require an actual offer of payment and, to the extent applicable, the procedure established for consignment with an offer shall be followed.

Payment shall be deemed properly made if the debtor deposits the total amount owed, including interest when applicable, in the competent court to the order of the creditor, provided they do so within the term of the obligation and communicate the existence of the consignment by any suitable means, within the third working day following the day it was made.

Once the consignment is made, a hearing shall be granted to the creditor for five days. If the creditor accepts or does not oppose, or does not respond to the hearing, the court shall order delivery to the creditor and declare the proceeding concluded, except in the case of periodic obligations, in which case it shall order successive deliveries without the need for a new resolution.

The document evidencing the duly paid obligation shall be delivered to the debtor, or cancellation by judicial order shall be ordered where appropriate.

Any third party with an interest in releasing the assets given as security may avail themselves of these provisions.

ARTICLE 180.- Demarcation of boundaries and boundary marking

180.1 Applicability. The voluntary jurisdiction proceeding for demarcation of boundaries and boundary marking is applicable when there is no boundary marking between two or more properties (fundos).

180.2 Procedure. The application shall state whether the demarcation must be carried out along the entire perimeter of the land, or only on a part bordering a specific property. Furthermore, it shall indicate the names and identification details (calidades) of the persons necessary to be summoned to the act, or if those circumstances are unknown. The title of ownership and any other useful documentation must be attached.

The court shall set the day and time for the act to commence, after summoning all interested parties to appear with their documents or send them. Unknown persons and those whose residence is unknown shall be summoned by the publication of a single public notice (edicto) in the Boletín Judicial. The lack of attendance of any adjoining owner (colindante) shall not suspend the execution of the demarcation and boundary marking.

The act shall be carried out in accordance with the provisions of the Civil Code, with the assistance of surveyors (agrimensores) and experts appointed by the interested parties, when necessary.

If carried out without opposition, a record shall be drawn up, indicating all topographical circumstances to make known the dividing line of the properties, the boundary markers (hitos, mojones) or dividing signs placed or ordered to be placed, their direction and distance from one to another, and other relevant aspects of the act. A copy of the record shall be given to the interested parties, and it shall be ordered to be protocolized (protocolizar) if any party so requests.

The court shall calculate the costs and determine the amount each interested party must pay.

If opposition arises from one or some of the adjoining owners, the demarcation and boundary marking shall continue regarding the portion for which there was no conflict.

180.3 Referral to the ordinary proceeding. If, at the time of performing the demarcation and boundary marking, opposition arises among the adjoining owners, the voluntary jurisdiction proceeding shall be terminated regarding the part of the property bordering that of the opponent(s), and the interested parties must debate the conflict in an ordinary proceeding.

ARTICLE 181.- Declaration of absence

181.1 Procedure for decreeing provisional measures before the declaration of absence. When provisional measures prior to the declaration of absence are requested, once the relevant facts are proven, the court shall appoint a guardian (curador) for the absent person and order the publication of three public notices on consecutive days in a nationally circulated newspaper, informing of the guardian's appointment.

181.2 Procedure for the declaration of absence. The application shall indicate the name and identification details of the applicant and the alleged absent person, their relationship to the latter, the date they disappeared or the last news was received, proof that they have no attorney-in-fact, the existence of a will, and a list of their assets. The file on the provisional measures, if one was created, shall be added to the application for the declaration of absence. If admissible, the court shall order the publication of a public notice in a nationally circulated newspaper, indicating the existence of the proceeding, the name of the promoter, and the identification details of the alleged absent person. Furthermore, when necessary, a provisional administrator of the assets shall be appointed. After one month from the last publication, if there is no news of the absent person nor opposition from any interested party, and if the absence is demonstrated, the court shall declare it and order the publication of the operative part (parte dispositiva) of the resolution in a nationally circulated newspaper, three times, at ten-day intervals.

181.3 Administration of assets upon declaration of absence. Once the absence is declared by final resolution, the administration of the assets shall be governed by the following provisions:

1. If there is a will, its opening or probate shall proceed according to the corresponding process.

2. Prior to administration, the guarantees that apply according to law shall be provided.

3. If the assets permit convenient division, each heir, legatee (legatario), donee (donatario), or anyone having a right subordinate to the death of the absent person shall administer their share. If they do not permit convenient division, the heirs shall appoint from among themselves a general administrator, and if there is no agreement, the court shall appoint one from among the same heirs, who must provide a guarantee. If one part permits convenient division and another does not, a general administrator shall be appointed for the latter.

ARTICLE 182.- Presumption of death

To declare the presumed death of a person, the following procedure shall be observed:

1. Once the facts are proven, the court shall declare the presumed death and communicate the decision to the Registro Civil for registration. The operative part of the resolution shall be published in a nationally circulated newspaper, three times, at ten-day intervals.

2. If provisional possession (posesión provisional) of the assets had been granted by virtue of a declaration of absence proceeding and their status is not disputed by the possessors, they shall be considered as such and the guarantees provided by them shall be canceled. If the assets had not been delivered, the succession proceeding (proceso sucesorio) must be initiated.

TITLE V

FINAL PROVISIONS

CHAPTER I

REPEALS (DEROGACIONES)

ARTICLE 183.- Repeals

The following provisions are repealed:

1. Law No. 7130, called the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil), of August 16, 1989, with the following exceptions that remain in force, until the rules that replace them are published: articles 709 to 818; 825 to 870 and 877 to 885.

2. Law No. 8624, Judicial Collection Law (Ley de Cobro Judicial), of November 1, 2007.

3. Article 115 of Law No. 7333, Organic Law of the Judiciary (Ley Orgánica del Poder Judicial), of March 5, 1993.

4. Articles 417, 419, 544, and 555 of Law No. 63, Civil Code (Código Civil), of September 28, 1887.

5. Articles 431, subsection a), 908, 909, 910, and 915 of Law No. 3284, Code of Commerce (Código de Comercio), of April 30, 1964.

6. Law No. 9160, Law on Rent Payment Order (Ley de Monitorio Arrendaticio), of August 13, 2013.

CHAPTER II

AMENDMENTS (MODIFICACIONES)

ARTICLE 184.- Amendments

The following legal provisions are amended:

1) Of Law No. 63, Civil Code, articles 529, 542, 543, 556, and 557.

"Article 529.- The period to accept the inheritance shall be fifteen working days, counted from the publication, in the Boletín Judicial, of the public notice informing of the commencement of the succession proceeding and summoning the interested parties therein. When the name and place of residence of the heir appear in the court record (autos), the summoning period shall not run for them from the date of the public notice, but from the date they are personally notified. If it is not appropriate to personally notify the heir, and they are outside the Republic, the period for accepting the inheritance shall be considered extended by an additional thirty working days, for the sole purpose that, if they had entered into possession of the inheritance, they do not retain the fruits received."

"Article 542.- The testator may appoint principal (propietario) and alternate (suplente) executors (albaceas); if they choose several principals or several alternates, only one of them shall exercise the role, and they shall be called in the order in which they are named. When a testamentary executor is lacking, the court shall designate who will hold the role from among the parties interested in the succession and, in equality of circumstances, shall prefer the spouse, children, mother, or father. The role of executor is for an indefinite period. The same procedure shall be followed in case of removal or separation.

Article 543.- In matters where the executor has an interest of their own that conflicts with that of the other parties interested in the succession, the judge shall appoint a specific executor."

"Article 556.- The executor may be removed at the will of the majority of the heirs or for failing to fulfill any of their obligations. If the executor is testamentary, upon removal without cause, regardless of the state of the succession proceeding, all their fees shall be paid as if it were concluded.

Article 557.- The executor earns for their work the fees set by the testator, and in the event that the testator has not specified them, or in the case of an executor appointed by the court (albacea dativo), they shall receive as a fee five percent (5%) on the first ten thousand colones (¢10,000) of the net capital of the succession, and two point five percent (2.5%) on the amount exceeding ten thousand colones (¢10,000).

The fees of alternate and specific executors shall be set by the parties or, failing that, by the judge."

 

2) Of Law No. 7472, Promotion of Competition and Effective Defense of the Consumer, the final paragraph of article 17 and article 46.

"Article 17.- Unfair competition (Competencia desleal)

[.]

Economic agents who consider themselves affected by the conducts referred to in this article may only assert their rights through the judicial process via the ordinary proceeding. The foregoing is without prejudice to the administrative and judicial procedures carried out to protect the consumer from the collateral effects of acts of unfair competition, under the terms of subsection b) of article 53 of this law."

"Article 46.- Access to the judicial process

To assert their rights, the consumer may resort to the administrative process or the judicial process, without these being mutually exclusive, except if the judicial process is chosen.

In the judicial process, the summary proceeding (proceso sumario) established in the Code of Civil Procedure must be followed.

Proceedings initiated to claim the annulment of adhesion contracts or compensation for damages (daños y perjuicios) by virtue of violations of this law, for which the Comisión Nacional del Consumidor lacks competence, shall be heard only by the competent jurisdictional organs, in accordance with this article."

 

3) Of Law No. 7527, General Law on Urban and Suburban Leases (Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos), articles 36, 124, 128, and 129.

"Article 36.- Lessor's non-conformity. When the lessor (arrendador) does not agree with the repairs requested by the lessee (arrendatario) or with their amount, they may resort to the competent judicial authority, through the summary proceeding, without the repairs in the leased thing being suspended for that reason."

"Article 124.- Claims in the ordinary proceeding. Claims that the parties may derive, on the occasion of the termination of the lease contract due to nullity, rescission, eviction, and loss or destruction of the leased thing, as well as claims for compensation for damages, the reinstatement or recognition of an injured subjective right, and any other procedural claim derived from the lease contract, which cannot be brought through summary, incidental, mortgage, or pledge proceedings, shall be promoted according to the ordinary proceeding established in the Code of Civil Procedure."

"Article 128.- Accumulation of claims by the same plaintiff. In a single ordinary proceeding, all claims that the plaintiff has to bring against the defendant shall be accumulated. The lessor may voluntarily accumulate the eviction action (acción de desahucio), in which case all claims shall be processed in a single ordinary proceeding, according to its own rules, and shall be resolved in a single judgment.

Article 129.- Counterclaim. In the ordinary proceeding, all claims that the defendant must bring against the plaintiff shall be accumulated, by way of counterclaim. In the case of eviction by counterclaim, the rule of the preceding article shall apply."

 

4) Of Law No. 7333, Organic Law of the Judiciary, the following are amended: a first paragraph is added to article 5; subsections 1 and 7 are added to article 54; a subsection is added to articles 55 and 56; subsections 1 and 2 and article 105 are amended, and an article 95 bis is added.

"Article 5.- If judges do not comply with the established deadlines to perform their actions and, where appropriate, issue resolutions, the interested party may demand prompt dispatch before the negligent judicial official, and if they do not obtain it within a period of five calendar days, they may file a complaint for delay of justice (retardo de justicia) before the Corte Suprema de Justicia or the judicial inspection (inspección judicial), as appropriate. When the processing of a request for judicial assistance (comisión) directed to another court or an administrative authority is delayed or rejected, the requesting official may address the president of the Corte Suprema de Justicia, who, if appropriate, shall manage or order the processing. Judicial officials may be disciplined with suspension or dismissal, according to the magnitude of the fault, when justice has been delayed for causes attributable to them.

[.]."

"Article 54.- The First Chamber (Sala Primera) shall hear:

1) The appeals in cassation (recursos de casación) and review (revisión) that are admissible, according to law, in ordinary proceedings, in civil and commercial matters, with the exception of matters relating to family law and universal proceedings (procesos universales).

     [.]."

7) International judicial assistance (auxilio judicial internacional) and the recognition and enforcement of foreign judgments and awards (reconocimiento y eficacia de sentencias y laudos extranjeros) in civil and commercial matters, with the exception of what the other chambers of the Court are responsible for hearing.

     [.].

Article 55.- The Second Chamber (Sala Segunda) shall hear:

[.]

6) International judicial assistance and the recognition and enforcement of foreign judgments and awards in labor, family, succession, and insolvency matters, with the exception of what the other chambers of the Court are responsible for hearing.

Article 56.- The Third Chamber (Sala Tercera) shall hear:

[.]

5) International judicial assistance and the recognition and enforcement of foreign judgments and awards in criminal matters, with the exception of what the other chambers of the Court are responsible for hearing."

"Article 95.- The collegiate appellate courts for civil matters (tribunales colegiados de apelación civiles) shall hear:

1. The appeals (recursos de apelación) admissible against the resolutions of the collegiate trial courts of first instance (tribunales colegiados de primera instancia) and the civil courts (juzgados civiles). If the proceeding is of lesser amount (menor cuantía), it shall be heard by a single member of the collegiate court.

2. Challenges regarding the subjective competence (competencia subjetiva) of its members.

[.].

Article 95 bis.- The collegiate trial courts of first instance for civil matters shall hear:

1.- Ordinary proceedings of greater amount (mayor cuantía).

2.- Challenges regarding the subjective competence of their members.

3.- Other proceedings as determined by law."

"Article 105.- The civil courts shall hear:

1) All civil and commercial proceedings, with the exception of the ordinary proceeding of greater amount. Also, rent payment order proceedings (monitorios arrendaticios) and evictions (desahucios) filed for or against the State, a public entity, or a public company.

2) Challenges regarding subjective competence, where applicable.

3) Other proceedings as determined by law."

 

5) Articles 758, 764, 775, and 799 of Law No. 7130, Code of Civil Procedure, of August 16, 1989.

"Article 758.- Appeals. The resolutions issued shall be subject to a motion for reversal (recurso de revocatoria) and, with the exceptions provided by law, an appeal (recurso de apelación) shall only be admissible against the following:

1. The one that summarily rejects (rechace de plano) the petition for the arrangement (convenio).

2. The one that declares the proceeding or the already approved arrangement void (insubsistente).

3. The one that sets fees.

4. The one that resolves authorizations. The one that decides on third-party petitions or resolves substantial issues not expressly regulated in the provisions relating to this procedure.

Resolutions issued regarding the composition agreement (concordato), its resolution or nullity, shall only be subject to an appeal in cassation if the amount permits it. If the matter is of lesser amount, they shall only be subject to appeal.

Where relevant, the provisions of article 741 shall apply."

"Article 764.- Appeals. The resolution ordering the commencement of the insolvency proceeding (concurso) shall only be subject to reversal and cassation. The one denying it shall be subject to a motion for reversal and an appeal not having suspensive effect.

Before resolving the motion for reversal, the court may order and receive the evidence it deems indispensable.

Notwithstanding the admission of cassation against the resolution ordering the commencement, and while the chamber does not rule, the court must continue hearing the insolvency proceeding, without having to provide any guarantee.

The debtor, the receiver (curador), and the creditors may intervene in the filing and processing of appeals.

If the declaration of insolvency is reversed, matters shall return to their previous state; however, the administrative acts legally performed by the receiver must be respected, as well as the rights acquired by bona fide third parties.

The reversal shall be published in the same manner as the declaration of insolvency."

"Article 775.- Acceptance, opposition and procedure. The existence, amount, and preference of a credit shall be deemed recognized and indisputable, when the receiver and the debtor have accepted them and the creditors have unanimously recognized them. The judge must issue a resolution to that effect.

If the receiver's report objects to any of those aspects of the credit or if the debtor or the creditors presented objections within the term indicated in the preceding article or earlier, the objected creditors shall be heard for five days. When responding, they must offer the corresponding evidence, from which the judge shall order the receipt of what they consider pertinent.

This evidence must be taken within a period of twenty days, and any evidence not taken within that period shall be dispensed with, without the need for a resolution to that effect.

Once the hearing period expires without any evidence being offered, or once the evidence offered by the parties that was accepted has been taken or the missing evidence dispensed with, the judge shall rule accordingly, unless they order evidence for a better decision. The period to rule shall be fifteen days.

The decision shall only admit cassation, if appliccable in accordance with the amount. Otherwise, it shall only admit the appeal.

What is decided shall have the authority and effectiveness of res judicata (cosa juzgada material).

The rejected creditor shall be returned their instruments, with the corresponding notation."

"Article 799.- Res judicata. The judgment approving or disapproving the arrangement shall have the authority and effectiveness of res judicata and shall only admit the appeal in cassation."

 

6) Articles 889 and 957 of Law No. 3284, Code of Commerce, of April 30, 1964:

"Article 889.- In the verification of credits (legalización de créditos), the procedure established for the civil insolvency of creditors (concurso civil de acreedores) shall be followed. When performing the verification, the creditor must present the document evidencing the obligation. As long as the creditor does not satisfactorily prove their standing as such, their verification shall not be processed, nor any petition of theirs, nor shall they have voice or vote, nor shall any dividend be granted to them. The receiver, under their responsibility, must inform the court about the appropriateness or inappropriateness of the credits presented."

"Article 957.- The judgment granting or denying rehabilitation shall only be subject to an appeal in cassation."

ARTICLE 185.- The Corte Suprema de Justicia is authorized to reorganize and specialize collegiate and single-judge courts of first and second instance, for the hearing of proceedings, claims, and matters that require it; moreover, to organize and establish the operation of courts, as required by the public service.

TRANSITORY PROVISIONS

TRANSITORY I.- Proceedings that are pending upon the entry into force of this Code shall be processed, as far as possible, adapting them to the new legislation, seeking to apply the new provisions and harmonizing them, insofar as possible, with the actions already taken.

TRANSITORY II.- Against resolutions already issued when this Code enters into force, the appeals authorized by the procedural provisions in force at the time they were issued shall be admissible.

TRANSITORY III.- As of the entry into force of this Code, ordinary and abbreviated proceedings (procesos ordinarios y abreviados) of greater amount, in which the evidentiary phase has not begun, shall be transferred to the collegiate trial court of first instance.

TRANSITORY PROVISION IV.- Regarding review, the provisions of this Code shall apply.

TRANSITORY PROVISION V.- Claims that, under other laws, were envisaged to be processed through the summary proceeding (proceso abreviado), shall henceforth be resolved through the ordinary proceeding (proceso ordinario), except for those for which a specific proceeding has been established in this Code.

TRANSITORY PROVISION VI.- The Supreme Court of Justice shall issue, ex officio or upon the proposal of the courts, the practical rules necessary for the application of this Code.

It shall take effect thirty months after its publication.

Done at the Supreme Court of Justice, San José, on the third day of the month of February of the year two thousand sixteen.

Let it be executed and published.