Decreto 43795 — Reform to the Environmental Administrative Tribunal ProcedureReforma del Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo

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Reforma Reglamento de Procedimiento del Tribunal Ambiental Administrativo y Decreto Ejecutivo N°
25082 "Regula Funciones del Contralor del Ambiente


N° 43795-MINAE





EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA





Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA





En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 50, 140 incisos 3) y 18), y 146 de la
Constitución Política; los artículos 25, 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley General de
la Administración Pública N° 6227 del 02 de mayo de 1978; y el Capítulo XXI de la Ley Orgánica del
Ambiente N° 7554 del 4 de octubre del 1995 y sus reformas.





Considerando:





I.-Que la Constitución Política en su numeral 50 establece "El Estado procurará el mayor bienestar a
todos los habitantes del país organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de
la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello
está legitimado para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del
daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las
responsabilidades y las sanciones correspondientes".





II.-Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
derechos económicos, sociales y culturales, ratificado mediante la Ley N° 7907 del 03 de setiembre
de 1999, establece: "Derecho a un medio ambiente sano. 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un
medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.





2. Los Estados Parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente".





III.-Que la Declaración de Estocolmo de 1972 sobre el Medio Ambiente Humano establece: "El hombre
tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida
adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de
bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las
generaciones presentes y futuras".





IV.-Que en la Declaración de Río de 1992, literalmente indica: "Principio 15.-Con el fin de proteger
el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función
de los costos para impedir la degradación del medio ambiente".





V.-Que la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, en su artículo 103, crea el Tribunal Ambiental
Administrativo, como órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía, con competencia
exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. Así mismo, el artículo 102
de la Ley Orgánica del Ambiente crea el cargo de Contralor del Ambiente, adscrito al despacho del
Ministro del Ambiente y Energía.





VI.-Que mediante Directriz Ministerial DM-185-2012 de fecha 12 de marzo del 2012, el Ministro de
Ambiente ordenó el uso obligatorio del Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias
Ambientales SITADA, coordinado por el Contralor del Ambiente. El SITADA es el resultado del trabajo
conjunto de las diferentes dependencias del sector ambiente, y busca establecer un esquema de
gestión de la información que sirva de soporte para la toma de decisiones, evaluación y monitoreo
del cumplimiento al seguimiento y atención de denuncias ambientales. El SITADA permite definir,
ampliar y mejorar el proceso de revisión de la información reportada por la ciudadanía en relación a
las denuncias ambientales ante las dependencias y oficinas participantes en la gestión de denuncias
ambientales en Costa Rica, lo que facilita el mantenimiento de información permitiendo agilizar el
proceso de control, atención y análisis de las mismas. El SITADA es el sitio oficial de Costa Rica,
en donde se puede ingresar y consultar las denuncias o quejas ambientales, brinda transparencia en
la actuación de las dependencias públicas, da acceso a la información y facilita la participación de
los costarricenses en la protección del ambiente nacional. Por otra parte, el Despacho Ministerial,
para consolidar el uso del SITADA, mediante Directriz DM-011-2019 de fecha 12 de noviembre de 2019,
establece el tiempo máximo que poseen las dependencias públicas para resolver las denuncias
registradas en el SITADA.





VII.-Que el transitorio III de la Ley N° 10021 del 24 de setiembre de 2021 denominada "Reforma a los
artículos 104, 105 y 111 de la Ley N° 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995"
indica que "se definirá, vía reglamento, un procedimiento para los casos pendientes".





VIII.-Que en el Dictamen N° C-219-2009 de 13 de agosto de 2009, la Procuraduría General de la
República analizó la potestad del Tribunal Ambiental Administrativo de celebrar conciliaciones u
homologarlas, señalando en lo que nos interesa; "Pregunta 3. En el tema de las "conciliaciones" que
se puedan aprobar ante el Tribunal Ambiental Administrativo, cabe hacer algunas aclaraciones
preliminares. La conciliación es un medio alternativo de solución de conflictos, lo cual supone la
existencia de partes que enfrentan pretensiones contrarias. Ello es fundamental de tener en cuenta,
por cuanto no cabe hablar de que un órgano administrativo, que está llamado a establecer sanciones
administrativas -como el caso del Tribunal Ambiental Administrativo- tenga, también, competencias
para promover, por sí mismo, conciliaciones sobre las indemnizaciones relacionadas con infracciones
comprobadas al medio ambiente. Como se señala en su consulta, esta competencia no está asignada al
citado Tribunal, y por demás, sería extraño a su naturaleza de órgano resolutor en sede
administrativa. Lo que cabe es establecer que, en su función de tutela ambiental, pueda avalar,
homologar los convenios que las partes del procedimiento le propongan, como alternativa a las
condenas que puede imponer, por decisión propia, el Tribunal (artículos 99 y 111 de la Ley Orgánica
del Ambiente). Esa homologación confiere eficacia a lo acordado, lo cual se entiende como
competencia implícita del Tribunal Ambiental Administrativo."





IX.-Que en los Procedimientos Ordinarios Administrativos la Administración Pública, incluido el
Tribunal Ambiental Administrativo, conforme al artículo 229 inciso 2 de la Ley General de la
Administración Pública, Ley N° 6227, establece que se aplicara supletoriamente, en lo que fueren
compatibles, el Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508 del 28 de abril del 2006,
que busca propiciar la implementación de mecanismos de justicia más ágil y eficiente, implementando
la alternativa de la solución de la controversia anticipada, como es el mecanismo del allanamiento
total o parcial, artículo 114 de esa última normativa.





X.-Que de conformidad con el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos
y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC y sus reformas, se determinó que la
presente propuesta no establece ni modifica trámites, requisitos o procedimientos, que el
administrado deba cumplir, situación por la que no se procedió con el trámite de control previo. Por
tanto,





Decretan:





"MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO





DEL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO, DECRETO





EJECUTIVO N° 34136-MINAE DEL 20 DE JUNIO DE 2007,





Y AL DECRETO EJECUTIVO N° 25082-MINAE DEL 15





DE MARZO DE 1996, DENOMINADO "REGULA





FUNCIONES DEL CONTRALOR





DEL AMBIENTE"





Artículo 1º-Refórmense los artículos 3 inciso a) y d), 10 del Reglamento de Procedimiento del
Tribunal Ambiental Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 34136-MINAE del 20 de junio de 2007, para
que se lean de la siguiente manera:





"Artículo 3º-Requisitos de sus miembros. Para ser miembro del Tribunal se deberá cumplir con los
siguientes requisitos:





a) Licenciatura en Derecho con al menos 5 años de experiencia en el ejercicio de la profesión





(.)





d) Incorporado al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica".





"Artículo 10.-Resoluciones. Corresponderá a los jueces el dictado de las resoluciones de los
expedientes de manera unipersonal, hasta inclusive la apertura del procedimiento ordinario
administrativo y los recursos de revocatoria.





El dictado de resoluciones de informes e inspección corresponderán al abogado tramitador.





La realización de la audiencia y el dictado de resoluciones finales corresponderán al órgano
colegiado en pleno. Cuando en la resolución de un caso algún juez se aparta de la decisión de
mayoría, deberá salvar su voto razonando los motivos, y en todo caso, debe firmar conjuntamente con
los demás integrantes la resolución correspondiente. El voto salvado deberá constar como parte
integral de la resolución a continuación de la parte dispositiva."





Ficha articulo





Artículo 2º-Adiciónese un artículo 10 bis al Reglamento de Procedimiento del Tribunal Ambiental
Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 34136-MINAE del 20 de junio de 2007, para que se lea de la
siguiente manera:





"Artículo 10 bis.-Los expedientes que se encuentren en etapa de investigación preliminar o de nuevo
ingreso que corresponda a infracciones a la legislación ambiental, que no sean competencia del
Tribunal Ambiental Administrativo o no reúnan requisitos, serán trasladados mediante resolución
fundada cuando:





1. Las denuncias remitidas a través del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias
Ambientales (SITADA), que no cuenten con el respectivo informe de la entidad competente que
determine la existencia del supuesto daño ambiental ocasionado, serán devueltas a dicha dependencia
para el cumplimiento de dicho requisito. La mencionada devolución la realizará, utilizando el
SITADA, el usuario coordinador o usuario resolutor del Tribunal Ambiental Administrativo, registrado
en el sistema.





2. Cuando la denuncia sea referente a infracciones y/o permisos municipales esta será remitida a la
Municipalidad competente para su respectivo trámite. Igualmente, la denuncia será remitida a la
Municipalidad de la jurisdicción cuando se refiera a construcciones o actividades que no cuenten con
permisos municipales tales como movimiento de tierra, para su respectiva sanción, así como para el
proceso de regularización del caso, cuando correspondiere.





3. Cuando la denuncia corresponda a infracción de falta e incumplimiento de viabilidad ambiental y
cuente con expediente en trámite en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) esta será
remitida a dicha Secretaría para su respectivo trámite. Asimismo, será remitida a la SETENA cuando
el proyecto, obra o actividad disponga de viabilidad ambiental, y se denuncie un posible
incumplimiento de los compromisos ambientales, o de la normativa objeto de la competencia de la
SETENA.





4. Cuando las denuncias correspondan a infracciones leves y graves reguladas en la Ley para la
Gestión Integral de Residuos, estas serán remitidas a la Municipalidad de la jurisdicción
respectiva.





5. Cualquier denuncia que no corresponda a las competencias de este Tribunal serán ingresadas al
SITADA, por el usuario coordinador o usuario resolutor del Tribunal Ambiental Administrativo, para
su correspondiente trámite.





Se exceptúan de la aplicación del presente artículo los expedientes que cuenten con la apertura del
procedimiento ordinario administrativo y se encuentren en etapa de dictado del Acto final, los
cuales serán tramitados por este Tribunal hasta su finalización".





Ficha articulo





Artículo 3º-Adiciónese un artículo 30 bis al Reglamento de Procedimiento del Tribunal Ambiental
Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 34136-MINAE del 20 de junio de 2007, para que se lea de la
siguiente manera:





"Artículo 30 bis.-Otros medios de terminación del proceso. Además del Procedimiento indicado en el
artículo 108 de la Ley Orgánica del Ambiente N°7554, y en este Reglamento, las partes en cualquier
momento del procedimiento, sea desde el momento de la presentación de la denuncia hasta antes de la
resolución final, podrán someter las controversias a conciliación de conformidad con lo establecido
en la Ley N° 7727 de Resolución Alterna de Conflictos y Resolución de la Paz Social RAC, para que el
Tribunal Ambiental Administrativo analice la procedencia de la respectiva Homologación.





En aquellos casos en que las denuncias sean presentadas por persona anónima, persona desconocida o
de manera oficiosa en estos se podrá llevar a cabo la conciliación con la entidad competente.





Además, la parte denunciada podrá allanarse total o parcialmente a lo indicado en la denuncia, por
escrito o durante la audiencia, caso en el cual el Tribunal Ambiental procederá sin más trámite a
dictar el Acto Final en los términos establecidos en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente
N° 7554.





Ficha articulo





Artículo 4º-Adiciónese el inciso k) al artículo 2° del Decreto Ejecutivo N° 25082-MINAE del 15 de
marzo de 1996, denominado "Regula Funciones del Contralor del Ambiente", para que se lea de la
siguiente manera:





"k) Administrar el Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA),
coordinando con las dependencias públicas del sector ambiente su uso obligatorio, verificando la
atención y resolución de las denuncias. Siendo el SITADA, una herramienta informática, que funciona
en línea las 24 horas todos los días de la semana, debe facilitarse el acceso de los ciudadanos, por
lo que también debe complementarse con la existencia de interfaz pública en internet y de línea
telefónica para la recepción de las denuncias por parte de los ciudadanos."





Ficha articulo





Artículo 5º-Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.





Dado en la Presidencia de la República.-San José, el veintiuno de setiembre del año dos mil
veintidós.





Ficha articulo





Fecha de generación: 9/3/2026 20:42:02

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Reform of the Regulations of Procedure of the Environmental Administrative Tribunal and Executive Decree No. 25082 "Regulating the Functions of the Environmental Comptroller"

No. 43795-MINAE

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

AND THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY

In exercise of the powers conferred upon them by Articles 50, 140 subsections 3) and 18), and 146 of the Political Constitution; Articles 25, 27 subsection 1) and 28 subsection 2) paragraph b) of the General Public Administration Law No. 6227 of May 2, 1978; and Chapter XXI of the Organic Environmental Law No. 7554 of October 4, 1995 and its amendments.

Considering:

I.—That the Political Constitution in its numeral 50 establishes: "The State shall strive for the greatest well-being of all the inhabitants of the country by organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. For this reason, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions."

II.—That the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the area of economic, social, and cultural rights, ratified by Law No. 7907 of September 3, 1999, establishes: "Right to a healthy environment. 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services. 2. The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment."

III.—That the 1972 Stockholm Declaration on the Human Environment establishes: "Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations."

IV.—That the 1992 Rio Declaration literally states: "Principle 15.—In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation."

V.—That the Organic Environmental Law No. 7554, in its Article 103, creates the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), as a deconcentrated body of the Ministry of Environment and Energy, with exclusive jurisdiction and functional independence in the performance of its duties. Likewise, Article 102 of the Organic Environmental Law creates the position of Environmental Comptroller (Contralor del Ambiente), attached to the office of the Minister of Environment and Energy.

VI.—That by Ministerial Directive DM-185-2012 dated March 12, 2012, the Minister of Environment ordered the mandatory use of the Integrated System for Processing and Addressing Environmental Complaints SITADA (Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales), coordinated by the Environmental Comptroller (Contralor del Ambiente). SITADA is the result of the joint work of the different departments of the environment sector, and seeks to establish an information management scheme that supports decision-making, evaluation, and monitoring of compliance with the follow-up and attention of environmental complaints. SITADA allows for defining, expanding, and improving the review process of information reported by citizens regarding environmental complaints before the departments and offices participating in the management of environmental complaints in Costa Rica, which facilitates the maintenance of information, allowing the control, attention, and analysis process of these to be streamlined. SITADA is the official site of Costa Rica, where environmental complaints or grievances can be entered and consulted, it provides transparency in the actions of public agencies, gives access to information, and facilitates the participation of Costa Ricans in the protection of the national environment. On the other hand, the Ministerial Office, to consolidate the use of SITADA, through Directive DM-011-2019 dated November 12, 2019, establishes the maximum time that public agencies have to resolve complaints registered in SITADA.

VII.—That Transitory Provision III of Law No. 10021 of September 24, 2021, called "Amendment to Articles 104, 105, and 111 of Law No. 7554, Organic Environmental Law, of October 4, 1995," indicates that "a procedure for pending cases shall be defined, via regulation."

VIII.—That in Opinion No. C-219-2009 of August 13, 2009, the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) analyzed the power of the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) to hold or approve conciliations (conciliaciones), stating, regarding what concerns us: "Question 3. On the subject of 'conciliations' (conciliaciones) that may be approved before the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), some preliminary clarifications must be made. Conciliation (conciliación) is an alternative means of conflict resolution, which presupposes the existence of parties facing opposing claims. This is fundamental to keep in mind, since one cannot speak of an administrative body, which is called upon to establish administrative sanctions—as in the case of the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo)—having, also, competence to promote, on its own, conciliations (conciliaciones) on indemnifications related to proven environmental violations. As noted in your consultation, this competence is not assigned to the mentioned Tribunal, and furthermore, it would be foreign to its nature as a decision-making body in the administrative venue. What is appropriate is to establish that, in its environmental protection function, it may endorse, approve (homologar) the agreements that the parties to the proceeding propose to it, as an alternative to the sentences it can impose, by its own decision, the Tribunal (Articles 99 and 111 of the Organic Environmental Law). That approval (homologación) confers effectiveness to what has been agreed, which is understood as an implicit competence of the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo)."

IX.—That in Ordinary Administrative Proceedings, the Public Administration, including the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), in accordance with Article 229 subsection 2 of the General Public Administration Law, Law No. 6227, establishes that the Contentious-Administrative Procedural Code, Law No. 8508 of April 28, 2006, shall be applied supplementarily, insofar as it is compatible, which seeks to promote the implementation of more agile and efficient justice mechanisms, implementing the alternative of early resolution of the controversy, such as the mechanism of total or partial acquiescence (allanamiento), Article 114 of that latter regulation.

X.—That in accordance with the Regulation to the Law for the Protection of Citizens from Excessive Administrative Requirements and Procedures, Executive Decree No. 37045-MP-MEIC and its amendments, it was determined that this proposal does not establish or modify procedures, requirements, or formalities that the administered party must comply with, a situation for which the prior control procedure was not carried out. Therefore,

Decree:

"AMENDMENT TO THE REGULATIONS OF PROCEDURE OF THE ENVIRONMENTAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, EXECUTIVE DECREE No. 34136-MINAE OF JUNE 20, 2007, AND TO EXECUTIVE DECREE No. 25082-MINAE OF MARCH 15, 1996, DENOMINATED 'REGULATING THE FUNCTIONS OF THE ENVIRONMENTAL COMPTROLLER'"

Article 1.—Amend Articles 3 subsections a) and d), and 10 of the Regulations of Procedure of the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), Executive Decree No. 34136-MINAE of June 20, 2007, to read as follows:

"Article 3.—Requirements for its members. To be a member of the Tribunal, the following requirements must be met:

a) A law degree (Licenciatura en Derecho) with at least 5 years of experience in the practice of the profession

(.)

d) Incorporated into the Costa Rican Bar Association (Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica)."

"Article 10.—Resolutions. The judges shall be responsible for issuing resolutions (resoluciones) in case files individually, up to and including the initiation of the ordinary administrative proceeding (procedimiento ordinario administrativo) and appeals for reconsideration (recursos de revocatoria).

The issuance of resolution orders (resoluciones) for reports and inspection shall be the responsibility of the processing attorney (abogado tramitador).

The holding of the hearing and the issuance of final resolutions (resoluciones finales) shall be the responsibility of the full collegiate body. When, in the resolution of a case, any judge departs from the majority decision, they shall issue a dissenting opinion (salvar su voto) stating the reasons, and in any case, must jointly sign the corresponding resolution (resolución) with the other members. The dissenting opinion (voto salvado) must be included as an integral part of the resolution (resolución) following the operative part."

Article record

Article 2.—Add an Article 10 bis to the Regulations of Procedure of the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), Executive Decree No. 34136-MINAE of June 20, 2007, to read as follows:

"Article 10 bis.—Case files (expedientes) that are in the preliminary investigation (investigación preliminar) stage or newly filed that correspond to violations of environmental legislation, which are not within the jurisdiction of the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) or do not meet requirements, shall be transferred by reasoned resolution (resolución fundada) when:

1. Complaints submitted through the Integrated System for Processing and Addressing Environmental Complaints (SITADA), which do not include the corresponding report from the competent entity determining the existence of the alleged environmental damage caused, shall be returned to that department for fulfillment of said requirement. The mentioned return shall be carried out, using SITADA, by the coordinating user or resolving user of the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), registered in the system.

2. When the complaint refers to violations and/or municipal permits, it shall be referred to the competent Municipality for its respective processing. Likewise, the complaint shall be referred to the Municipality of the jurisdiction when it refers to constructions or activities that do not have municipal permits, such as earthworks (movimiento de tierra), for their respective sanction, as well as for the regularization process of the case, when applicable.

3. When the complaint corresponds to a violation of a fault and non-compliance with environmental viability (viabilidad ambiental) and has a file in process at the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), it shall be referred to said Secretariat for its respective processing. Likewise, it shall be referred to SETENA when the project, work, or activity has environmental viability (viabilidad ambiental), and a potential non-compliance with environmental commitments, or with the regulations under SETENA's jurisdiction, is reported.

4. When the complaints correspond to minor and serious violations regulated in the Law for Integrated Waste Management, these shall be referred to the Municipality of the respective jurisdiction.

5. Any complaint that does not correspond to the jurisdiction of this Tribunal shall be entered into SITADA, by the coordinating user or resolving user of the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), for its corresponding processing.

Exempted from the application of this article are case files (expedientes) that have had the initiation of the ordinary administrative proceeding (procedimiento ordinario administrativo) and are in the stage of issuing the Final Act (Acto final), which shall be processed by this Tribunal until their conclusion."

Article record

Article 3.—Add an Article 30 bis to the Regulations of Procedure of the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), Executive Decree No. 34136-MINAE of June 20, 2007, to read as follows:

"Article 30 bis.—Other means of terminating the proceeding. In addition to the Procedure indicated in Article 108 of the Organic Environmental Law No. 7554, and in this Regulation, the parties at any time during the proceeding, whether from the moment of filing the complaint until before the final resolution (resolución final), may submit the controversies to conciliation (conciliación) in accordance with the provisions of Law No. 7727 on Alternative Conflict Resolution and Promotion of Social Peace (Resolución Alterna de Conflictos y Resolución de la Paz Social) RAC, so that the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) may analyze the appropriateness of the respective Approval (Homologación).

In those cases where complaints are filed by an anonymous person, an unknown person, or ex officio, conciliation (conciliación) may be carried out with the competent entity.

Furthermore, the accused party may acquiesce (allanarse) totally or partially to what is indicated in the complaint, in writing or during the hearing, in which case the Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental) shall proceed without further process to issue the Final Act (Acto Final) under the terms established in Article 99 of the Organic Environmental Law No. 7554."

Article record

Article 4.—Add subsection k) to Article 2 of Executive Decree No. 25082-MINAE of March 15, 1996, denominated "Regulating the Functions of the Environmental Comptroller" ("Regula Funciones del Contralor del Ambiente"), to read as follows:

"k) Administer the Integrated System for Processing and Addressing Environmental Complaints (SITADA), coordinating with the public agencies of the environment sector its mandatory use, verifying the attention and resolution of complaints. As SITADA is a computer tool that operates online 24 hours a day, every day of the week, access by citizens must be facilitated, so it must also be complemented with the existence of a public internet interface and a telephone line for the receipt of complaints from citizens."

Article record

Article 5.—It shall become effective upon its publication in the Official Gazette La Gaceta.

Issued at the Presidency of the Republic.—San José, on the twenty-first of September of the year two thousand twenty-two.

Article record

Generation date: 9/3/2026 20:42:02

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