C-251-2001 — Nullity of IDA land grants to an association in forested areas — due process violationsNulidad de adjudicaciones del IDA a asociación en áreas de bosque — incumplimiento del debido proceso

Dictamen : 251 del 19/09/2001   



C-251-2001




19 de septiembre del 2001




 




Ingeniero




José Joaquín Acuña Mesén




Presidente Ejecutivo




Instituto de Desarrollo Agrario




S. O.




 




Estimado señor:



     Con la aprobación del Procurador General Adjunto, me refiero a la solicitud planteada mediante
oficio NºPE-548, del 13 de marzo del año 2001, suscrito por su persona.




OBJETO DEL DICTAMEN




    Se manifiesta literalmente en el oficio antes señalado:



 "Por acuerdo número VI de la Sesión No. 047 celebrada el 3 de julio del 2000, la Junta Directiva
ordenó iniciar los procedimientos administrativos para la declaratoria de nulidad absoluta, evidente
y manifiesta de los acuerdos que autorizan la segregación y adjudicación de propiedades del IDA, a
la Asociación para la Protección del Ambiente y Fomento del Agroecoturismo en Asentamientos del
Instituto de Desarrollo Agrario- APROAMBIDA, todo de conformidad con el artículo 173 de la Ley
General de la Administración Pública.



 En ejecución del acuerdo citado se conformaron Órganos Directores de procedimiento a efecto de que
se determinar (Sic.) la verdad real de los hechos y emitiera la resolución de recomendación que
debería tomar este Despacho en los casos que nos ocupa.



 Dicho Órgano, una vez iniciado el procedimiento con la participación de los afectados y antes de
emitir la recomendación final, determinó que se podría estar en presencia de una Nulidad Absoluta,
Evidente y Manifiesta, de los actos que dieron origen al traspaso de una parcela del IDA a las
Asociaciones en referencia, incumpliéndose los requisitos y procedimientos establecidos.




..." (El énfasis es nuestro)



     De previo, es importante llamar la atención sobre el hecho de que mediante el expediente
remitido a este Despacho se instruyó sobre la presunta responsabilidad de los funcionarios públicos
en las adjudicaciones y traspasos supuestamente ilícitos.



     En consecuencia, sin perjuicio de lo que luego diremos sobre esta acumulación, es preciso
aclarar que la relación de hechos que consignamos en este dictamen se encuentra referida
especialmente a la Asociación para la Protección del Ambiente y Fomento del Agroecoturismo en
Asentamientos del Instituto de Desarrollo Agrario, a la que haremos mención con las siglas:
APROAMBIDA



     Igualmente, debemos aclarar que el expediente está compuesto en su mayor parte por fotocopias
simples, incluso en tratándose de documentos que podrían constituir prueba substancial en relación
con la nulidad investigada. No obstante, por la forma en que se resuelve, procedemos a realizar el
análisis con fundamento en tales piezas.




I. HECHOS QUE SE TIENEN POR ACREDITADOS



 PRIMERO. Según consta en el artículo XXIV del Acta de la Sesión Nº011-95, del 20 de marzo de 1995,
la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario autorizó adjudicar las parcelas 9 y 11-1 del
Asentamiento Bahía a APROAMBIDA.



 SEGUNDO. Mediante acuerdo que consta en el artículo L, del Acta de la Sesión Nº026-98, del 31 de
marzo de 1998, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario autorizó adjudicar los lotes
números 108, 109 y 110 del Asentamiento Bahía a APROAMBIDA.



 TERCERO. Según consta en el artículo VIII del Acta de la Sesión Nº036-98, del 4 de mayo de 1998, la
Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario autorizó adjudicar la parcela Nº73 del
Asentamiento Bahía a favor de APROAMBIDA. Se dio un error material en el tanto en que el
asentamiento al que realmente se refiere es el Asentamiento Playa Hermosa.



 CUARTO. Mediante oficio NºDOD-318, de 20 de junio del 2000, los licenciados Oldemar Guzmán Serrano
y Fanny Segura Castro, fiscalizadores del Departamento de Organismos Descentralizados de la
Contraloría General de la República rindieron informe y dispusieron en relación con las
adjudicaciones antes indicadas:




"...




3.1 A la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario



 a) Ordenar la instauración de un procedimiento administrativo ordinario en ese Instituto, tendente
a determinar las eventuales responsabilidades que procedan en contra de aquellos funcionarios de ese
Instituto que participaron en los procesos de selección, adjudicación y traspaso de propiedades a
favor de la Asociación APROAMBIDA, propiedades ubicadas en los asentamientos Bahía y Playa Hermosa,
en la Provincia de Puntarenas, según se detalla en esta Relación de Hechos...



 b) Instaurar un procedimiento administrativo tendente a declarar la nulidad de los actos
administrativos, mediante los cuales se efectuó el traspaso de tierras a favor de la citada
Asociación según se describe en la presente Relación de Hechos..." (El énfasis es nuestro).



 QUINTO. Se manifiesta en el Informe de la Contraloría General de la República, entre otras
referencias a irregularidades:




"...



 n) Auditores de esta Contraloría visitaron el Asentamiento Bahía en compañía del Ingeniero XXX,
miembro de APROAMBIDA y funcionario de la Oficina Sub - regional del IDA en Pérez Zeledón.



 En esa visita se verificó que el lote 9 del Asentamiento Bahía es un terreno plano, con frente a la
calle que se dirige al centro de la población y sus dos costados dan a calles con salida a la playa.
La mayor parte del área está cubierta por potrero, también hay frutales y una vivienda de dos
plantas, en estado de deterioro; además al lado de la casa hay otras dos construcciones, en una se
ubican los baños y la otras es una galera. De acuerdo con lo que manifiesta el Ing .XXX, esa casa se
utiliza como vivienda de la persona que se encarga del cuidado y del mantenimiento del lote; además,
indicó que la finca la usan como centro de recreación para el Personal del IDA.



 En relación con el lote 11-1 del mismo asentamiento, hay un área de protección, una parte de
manglar, frutales y 3 viviendas pequeñas y en mal estado, construidas por personas que han invadido
el área, según lo indicado por el Ing. XXX.




..." (El énfasis es nuestro).



 SEXTO. Igualmente, se manifiesta en el Informe de la Contraloría General de la República, entre
otras referencias:




"...



El señor Oscar Aguiar Muñoz, es (Sic.) ese entonces Director Región Brunca, recomendó la entrega del
título propiedad de los lotes Nº 109 y 110 del Asentamiento Bahía a favor de APROAMBIDA...

...



 En relación con la "Descripción de la naturaleza del terreno", según lo señalado en dichos
documentos relativos a ambos lotes, toda el área está cubierta de bosque.." (El énfasis es nuestro).




SEPTIMO. Según el Informe de la Contraloría General de la República:



 "...el lote 108 del Asentamiento Bahía, el cual también había sido incluido en el citado acuerdo de
adjudicación, segregación y traspaso, no fue incorporado en la escritura de traspaso ni se encuentra
inscrito en el Registro público a nombre de APROAMBIDA... mediante oficio Nº P.E. 703 del 25 de
junio de 1999, el Ing. José Joaquín Acuña... remitió a esta Contraloría nota del Lic.XXX, notario
del IDA, en el que se indica: ...



 "A pesar de que el acuerdo es de marzo, la escritura no se formalizó sino hasta el 2 de diciembre
de 1998..., y se dejó por fuera el lote 108, esto en razón de que verbalmente se me informó, por
parte de la Sección de Titulación de que el citado lote tenía problemas con el plano..." (el
subrayado no es del original)




..." (El énfasis es nuestro).




OCTAVO. Se manifiesta igualmente en el Informe de la Contraloría General de la República:



 "...esta Contraloría General solicitó al MINAE que, de conformidad con lo que establecen los
artículos 13, 14, 15 y 19 de la Ley Forestal y 12 del Reglamento a dicha Ley, clasificara los lotes
adjudicados por el IDA a AMPROAMBIDA. Las respuestas correspondientes a los lotes 108, 109 y 110 del
Asentamiento Bahía se recibieron mediante oficios Nos. OT-008-OSA, OT-OSA-008-99 y OT-023 - OSA...




En relación con el lote 108, en el oficio NºOT-023-OSA, se indicó lo siguiente: ...



 "Se tipifica como un área de protección, es una franja angosta a lo largo del camino donde su parte
más ancha es de unos 60 metros, con una pendiente bastante fuerte 60% y propenso a derrumbes./ La
cobertura es bosque intervenido donde se está dando una regeneración natural de diversas especies
pionera (sic): guarumu, balsa, jobos, melastomáceas, heliconias, platanillas u bejucos diversos./
Por el grado de pendiente y lo inestable del sustrato (suelo) es de aptitud forestal, no se
recomienda el cambio de uso, de darse este cambio ocasionaría deslizamientos, obstrucción del
camino, no es apto para la construcción de vivienda ni para cultivos. (El subrayado no es del
original).




Con respecto al lote 109, en el oficio NºOT-008-OSA, se indicó lo siguiente: ...



 "El uso actual consiste en cobertura boscosa intervenido en franca regeneración natural./... / No
se recomienda el cambio de uso del suelo en estos lotes. Lo anterior se justifica en que la
pendiente es de moderada a fuerte, el bosque se clasifica como bosque primario intervenido en
recuperación y están en la zona de recarga acuífera de la Cuenca Hidrográfica de las quebradas
Villegas, Colonia y Curinga. El área de esta cuenca está clasificada por el IDA como zona de
protección por tratarse de un bosque primario intervenido en gran parte. Lo que justifica que no se
debe permitir cambio de uso en esta cuenca." (El subrayado no es del original).




En el oficio OT-OSA-008-99, se indicó lo siguiente en relación con el lote 110: ...



 "Según informe del IDA su clasificación es de protección, su uso actual consiste en cobertura de
tacotal en franca regeneración natural, es una franja angosta a la orilla del camino de la carretera
La Unión./ No se recomienda el cambio de uso del suelo en este lote. Lo anterior se justifica en que
la pendiente es de moderado (sic.) a fuerte y esta (sic) en la zona de recarga acuífera de la
cuencas hidrográfica de las quebradas Villegas, Colonia y Curinga." (el subrayado no es del
original)




..." (El énfasis con negrita es nuestro).



 NOVENO. Respecto al lote Nº73 del Asentamiento Playa Hermosa se manifiesta en el Informe de la
Contraloría General de la República, entre otras circunstancias que se describen:




"...



 En relación con la "descripción de la naturaleza del terreno " en ese documento se indicó que 63
hectáreas 4.377.42 metros cuadrados de bosque, área que, de acuerdo con planos en poder del IDA,
corresponde a la totalidad de la finca.




... (El énfasis es nuestro).



 DECIMO. De conformidad con el artículo VI del Acta de la Sesión Nº047-00, del 3 de julio del 2000,
la Junta Directiva acordó, en lo que interesa:




"...



 DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO PE-674-2000, SUSCRITO POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, CON FECHA 26 DE
JUNIO DEL AÑO 2000, RELACIONADO CON NOTA DOD-318-2000, SE ACUERDA:



AUTORIZAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, CONSTITUIR UN ORGANO DIRECTOR DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,
TENDIENTE A DETERMINAR LAS EVENTUALES RESPONSABILIDADES QUE PROCEDAN EN CONTRA DE AQUELLOS
FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO QUE PARTICIPARON EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, ADJUDICACION Y TRASPASO,
DE PROPIEDADES A FAVOR DE LA ASOCIACION APROAMBIDA, PROPIEDADES UBICADAS EN LOS ASENTAMIENTOS BAHIA
Y PLAYA HERMOSA, EN LA PROVINCIA DE PUNTARENAS, SEGÚN SE DETALLA EN ESTA RELACION DE HECHOS.
INSTAURAR UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TENDENTE A DECLARAR LA NULIDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS, MEDIANTE LOS CUALES SE EFECTUO EL TRASPASO DE TIERRAS A FAVOR DE LA CITADA
ASOCIACION, EN VIRTUD DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TIERRAS Y COLONIZACION (ITCO) Nº2825, Y LA LEY
DEL IDA, Nº6735, CON RESPECTO DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES DE DICHO INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE EN
CUANTO A LA CONSERVACION E LOS RECURSOS RENOVABLES DE LA NACION, LAS REGULACIONES PARA LA SELECCIÓN
DE BENEFICIARIOS ESTABLECIDAS EN LA CITADA LEY DEL ITCO Y EL REGLAMENTO AUTONOMO PARA LA SELECCIÓN
DE LOS BENEFICIARIOS; ASI COMO LOS PRONUNCIAMIENTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA DE LA SALA
CONSTITUCIONAL, DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DEL IDA, DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGIA,
Y LAS RESTRICCIONES LEGALES QUE EXISTEN EN CUANTO AL USO DE ESOS SUELOS, ESPECIALMENTE LOS ARTICULOS
Nº13, 14, 15 Y 19 DE LA LEY FORESTAL..." (El énfasis con negrita es nuestro).

DECIMO PRIMERO. Igualmente, consta en el artículo XXXI, del Acta de la Sesión Nº053-00, del 31 de
julio del 2000, que la Junta Directiva acordó, en lo que interesa:




"...



 DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD DEL ING. XXX, PRESIDENTE EJECUTIVO, PARA INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS PARA LA DECLARATORIA DE NULIDAD ABSOLUTA EVIDENTE Y MANIFIESTA DE LOS ACUERDOS QUE
AUTORIZAN LA SEGREGACION Y ADJUDICACION DE PROPIEDADES DEL IDA A ASOCIACIONES Y CONSIDERANDO QUE:



EL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS TOMO ACUERDOS POR LOS CUALES
SE AUTORIZO LA SEGREGACION Y ADJUDICACION DE AREAS DE CONSERVACIÓN, A FAVOR DE ASOCIACIONES, SIN
TOMAR EN CONSIDERACION QUE CONFORME CON LA LEY FORESTAL Y LA LEY DEL MINISTERIO DE RECURSOS
NATURALES ENERGIA Y MINAS, TALES AREAS DEBEN SER TRASPASADAS AL ESTADO. DICHOS ACUERDOS CONTRAVIENEN
LAS LEYES INDICADAS, QUE LOS CONVIERTEN EN ACUERDOS ILEGITIMOS POR VIOLACION EXPRESA DE LA LEY.
CONFORME AL ARTICULO 140 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EL ACTO ADMINISTRATIVO
DECLARATORIO DE DERECHOS, SURGE EFECTOS DESDE EL MOMENTO DE SU ADOPCION, POR LO QUE PARA SU
ANULACION SE DEBE PROCEDER CONFORME LO ORDENA EL PROPIO CUERPO NORMATIVO. EN ESTE CASO ESTAMOS EN
PRESENCIA DE UNA EVENTUAL NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA DE TALES ACUERDOS. POR TANTO, SE
ACUERDA

DELEGAR EN LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, PARA QUE PROCEDA A INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
PARA LA DECLARATORIA DE NULIDAD ABSOLUTA EVIDENTE Y MANIFIESTA DE LOS ACUERDOS QUE AUTORIZAN LA
SEGREGACION Y ADJUDICACIÓN DE PROPIEDADES DEL IDA, A LAS ASOCIACIONES QUE LUEGO SE INDICARAN, TODO
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 173 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.




EXP. Nº NOMBRE DE LA ASOCIACION




...




O22-2000 ASOCIACION PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE - IDA.




..." (El énfasis con el subrayado es nuestro).



 DECIMO SEGUNDO. Igualmente, consta en el artículo XXX, del Acta de la Sesión Nº071-00, del 2 de
octubre del 2000, que la Junta Directiva acordó, en lo que interesa:




"...



 DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO PE-1156-2000, SUSCRITO POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, CON FECHA 29 DE
SETIEMBRE DEL AÑO 2000, SE ACUERDA: DESIGNAR EN LOS SIGUIENTES CASOS, LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANOS
DIRECTORES:




...




10). EXPEDIENTE: 022-2000




INVESTIGADO (OS): FUNCIONARIOS DEL IDA




ASUNTO INVESTIGADO. ADJUDICACIONES A LA ASOC. PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE DEL IDA




ORGANO DIRECTOR. LIC. CESAR HINES CESPEDES Y LIC. MARIBEL AGUILAR CEDEÑO.




11. EXPEDIENTE: O23-2000




INVESTIGADO (OS): FUNCIONARIOS DEL IDA.



 ASUNTO INVESTIGADO: SELECCIÓN, ADJUDICACIONES Y TRASPASO DE PROPIEDADES A FAVOR DE APROAMBIDA,
PROPIEDADES UBICADAS EN ASENTAMIENTOS BAHIA Y PLAYA HERMOSA.




ORGANO DIRECTOR: LIC. CESAR HINES CESPEDES Y LIC.MARIBEL AGUILAR CEDEÑO.




..." (El énfasis con el subrayado es nuestro).



 DECIMO TERCERO. Mediante resolución dictada a las 15:00 horas del 30 de octubre del 2000, el Órgano
Director inició el procedimiento, resolviendo, en lo que interesa:



 "...De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento Autónomo de Procedimientos Administrativos
del Instituto de Desarrollo Agrario, la Ley General de la Administración Pública y el oficio
PE-1206-2000, del 6 de octubre del dos mil, suscrito por el señor XXX, ejecución en acuerdo No. XXX,
de la sesión Nº071-2000, del 2 de octubre del 2000, se instruye investigación administrativa a fin
de determinar la existencia o no de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los acuerdos de la
Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, acuerdos No. XXIV, Sesión 011-95, del 20 de
marzo de 1995, confirmado por acuerdo VIII, Sesión Extraordinaria 038-95, del 19 de julio de 1995,
No. L, Sesión Extraordinaria 026-98 del 31 de marzo de 1998, No. VIII, Sesión Extraordinaria 036-98
del 4 de mayo de 1998, por los que se traspasaron la ASOCIACION PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE DEL
IDA, cédula de personería jurídica 3-002-128206, representada por la señora DAMARIS ARRIETA MOLINA,
mayor, cédula número 1-570-778, en su condición de PRESIDENTE, de las fincas inscritas en el Partido
de Puntarenas, folio real 68026-000, 108479-000, 108480-000, 96468-000. Por la responsabilidad que
les pudiera imputar, se tiene como parte investigada en este procedimiento a los señores XXX, XXX
,XXX, XXX, XXX, funcionarios del IDA, en su condición personal por el hecho de que el acto final
pudiera causarle perjuicio; todo lo anterior a fin de determinar la participación en la
recomendación del acuerdo de Junta Directiva citado y la violación al Ordenamiento Jurídico con la
adjudicación indicada, y la subsecuente nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los actos
administrativos de adjudicación y traspaso; específicamente transgresión a los artículos veintiséis
y veintisiete de la de la Ley siete mil setecientos setenta y nueve, Ley de uso, manejo y
conservación de suelos, Ley Forestal y al no contar os acuerdos de adjudicación con el respaldo de
una norma jurídica que faculte al Instituto de Desarrollo Agrario a adjudicar y traspasar su
patrimonio o parte de él a organizaciones como la aquí beneficiada. Por la infracción en la
adjudicación al artículo dos de la Ley seis mil setecientos treinta y cinco Ley de Creación del
Instituto de Desarrollo Agrario, al haber donado el IDA dicho inmueble sin estar facultado para
ello, violándose esta normativa y el artículo sesenta y nueve de la Ley de Contratación
Administrativa, número... y artículo setenta del Reglamento a esta Ley y los artículos cincuenta y
ocho y cincuenta y nueve de la Ley dos mil ochocientos veinticinco del catorce de octubre de mil
novecientos sesenta y uno. Específicamente los cargos que se les imputan a los funcionarios arriba
mencionados son los de haber emitido la recomendación de segregación y traspaso sin haber hecho la
advertencia a la Junta Directiva sobre las limitaciones legales existentes para este tipo de actos.
Se da traslado de la presente investigación de los citados señores en las condiciones indicadas y se
les previene el señalamiento de casa u oficina dentro del perímetro de San José, donde atender
notificaciones, bajo apercibimiento que de no hacerlo las resoluciones posteriores que se dicten se
tendrán por notificadas con el solo transcurso de veinticuatro horas, igual consecuencia se
producirá si el lugar señalado fuese impreciso, incierto o ya no existiere. Se les concede audiencia
por el término de QUINCE DIAS HABILES contados a partir del día siguiente de su notificación para
que se apersonen a este Instituto en defensa de sus derechos y ofrezcan las pruebas de descargo que
consideren oportunas, en las condiciones que establece el Reglamento citado y la Ley General de la
Administración Pública. SE CITA Y EMPLAZA A LOS INVESTIGADOS para que comparezcan personalmente y no
por medio de apoderado a rendir declaración sobre los hechos, para lo cual se señalan las nueve
horas, del doce de diciembre del dos mil, en las Oficinas de la Presidencia Ejecutiva sita en Barrio
Escalante San José. Por la naturaleza de lo investigado se califica el presente proceso como
ordinario para la declaratoria de la nulidad evidente y manifiesta de los actos adjudicatorios, y
ordinarios disciplinarios en relación a la responsabilidad funcionarial. Para lo que proceda se pone
en conocimiento de los investigados el expediente administrativo, el cual se encuentra en las
oficinas de la Presidencia Ejecutiva, a disposición de los interesados..." (El énfasis con el
subrayado es nuestro).



 DECIMO CUARTO. No consta en el expediente documento idóneo alguno que permita tener por acreditada
la personería jurídica de APROAMBIDA



 DECIMO QUINTO. Mediante resolución dictada a las 12:00 horas del 21 de noviembre del 2000, el
Órgano Director "corrigió" la resolución antes transcrita, teniendo como Representante Legal de
APROAMBIDA a la señora XXX.



 DECIMO SEXTO. Tampoco consta en el expediente documento idóneo que permita tener por legítima la
calidad atribuida a la señora XXX.



 DECIMO SEPTIMO. Con fecha 23 de noviembre del 2000, supuestamente se le hizo una notificación a la
señora XXX. No se indica cuál fue la resolución objeto de notificación, aunque la "constancia" de la
misma se encuentra al reverso del folio en el que consta la resolución de "corrección".



 DECIMO OCTAVO. Mediante resolución de las 8:00 horas del 5 de diciembre del 2000, el Órgano
Director varió la fecha de la audiencia, señaló las 9:00 horas del 16 de enero del 2001.



 DECIMO NOVENO. No consta que el nuevo señalamiento se haya notificado a la presunta representante
legal de APROAMBIDA.



 VIGESIMO. Mediante resolución aparece con las mismas citas de la misma enunciada en el hecho
"DECIMO QUINTO": de las 8:00 horas del 5 de diciembre del 2000, se varió nuevamente la fecha de la
audiencia señalando las 9:00 horas del 18 de enero del 2001.



 VIGESIMO PRIMERO. Con escrito de fecha 15 de diciembre del 2000, la señora XXX Angulo nombra como
abogado de APROAMBIDA al Lic. XXX



 VIGESIMO SEGUNDO. No consta fehacientemente que el nuevo señalamiento se haya notificado a la
representación legal de APROAMBIDA.



 VIGESIMO TERCERO. Mediante resolución dictada a as 15:50 horas del 17 de enero del 2001, el Órgano
Director varió nuevamente la fecha de la audiencia y se hizo nuevo señalamiento para las 10:00 horas
del 22 de febrero del 2001.



 VIGESIMO CUARTO. No consta fehacientemente que este nuevo señalamiento se haya notificado a
APROAMBIDA.



 VIGESIMO QUINTO. Mediante "actas" sin fecha se cita como testigos a los funcionarios XXX y  XXX y
se les convoca para la audiencia de las 10:00 horas del 22 de febrero del 2001.




VIGESIMO SEXTO. No constan tales actas de citaciones se le hayan notificado a APROAMBIDA.



 VIGESIMO SEPTIMO. Mediante resolución dictada a las 8:00 horas del 26 de febrero del 2000, el
Órgano Director recomendó, en lo que interesa para este pronunciamiento:




"...



Que se declare la nulidad Absoluta evidente y manifiesta de la cuerdo que se encuentra en el
artículo 50, sesión 26-98 del 31 de marzo de 1998 por lo que se aprueba la adjudicación de las
parcelas 108, 109 y 110 a favor de APROAMBIDA. Que se declare la nulidad absoluta evidente y
manifiesta del acuerdo contenido en el artículo VIII, tomado en la sesión 36-98, del 4 de mayo de
1998 por lo que se adjudica y traspasa la parcela 73 a favor de la Asociación APROAMBIDA.

...".




VIGESIMO OCTAVO. Además, consideró el Órgano Director, entre otros razonamientos:



 "...con relación a las parcelas 9 y 11 que corresponden a las fincas números 68.026-2000 y
96.468-000 quedarían excluidas de este procedimiento por haber transcurrido el plazo de cuatro años
indicado en el párrafo anterior, dado que el acuerdo VIII, sesión 038-95 es del 19 de julio de 1995
y los acuerdos de adjudicación son del año 1995.




..." (El énfasis con negrita es nuestro).




II. INCUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO



     Se requiere pronunciamiento de, conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la
Administración Pública, para la eventual declaratoria de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta
de los actos administrativos cuestionados. Consecuentemente, la Administración debe cumplir
previamente el debido proceso, que en la especie se satisfaría con el procedimiento ordinario,
establecido claramente en la Ley General de la Administración Pública, complementada, para el caso
del Instituto de Desarrollo Agrario, con el Reglamento Autónomo de Procedimientos Administrativos.



     No obstante la existencia de reiterada jurisprudencia constitucional, jurisdiccional y
administrativa, sobre la obligación garantizar el debido proceso, como presupuesto para el ejercicio
de la potestad reconocida mediante el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública
(puede consultarse, entre otros, el dictamen Nº C-049-99, de 5 de marzo de 1999, en el cual se
recogen valiosos antecedentes), en el expediente remitido a este Despacho se manifiestan omisiones,
entre ellas, varias de carácter substancial que ciertamente impiden el examen sobre la presunta
nulidad absoluta, evidente y manifiesta.




A. Vicios en el procedimiento; violación del "Derecho al Proceso Legal"




1. Carencia de constancia fehaciente de citación de APROAMBIDA



     Mediante resolución dictada a las 15:00 horas del 30 de octubre del 2000, el Órgano Director
inició el procedimiento.



     Sin embargo, mediante esta resolución se citan y se tienen como partes a funcionarios que se
investigan por la presunta responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, con oportunidad de las
adjudicaciones y traspasos a favor de APROAMBIDA. Y se hace referencia a esta asociación,
únicamente, en el tanto en que se le relaciona como la persona beneficiada con dichos actos.
Específicamente, se omite decir que se está dando participación a APROAMBIDA y se precisa la
decisión administrativa (contenido de la misma resolución) en relación con dichos funcionarios.



     En el texto de la resolución claramente se puede entender que la citación está dirigida a los
funcionarios investigados.



Omisión de los requisitos exigidos mediante el artículo 249 en relación con los artículos 308 y
siguientes de la Ley General de la Administración Pública

Mediante la resolución con la cual se inicia el procedimiento, ciertamente no se da participación en
el procedimiento a APROAMBIDA. Pero, además, si quisiera asumirse que la mera mención de dicha
persona jurídica en la misma resolución equivale a su citación (contradiciendo la lógica porque, por
propia definición, una citación no puede ser tácita), entonces, es preciso observar que no se cumple
con los requerimientos establecidos mediante el artículo 249, en sus incisos b), c) y f), así como
tampoco con el previsto en el artículo 312 inciso 1..




En efecto:



 . En la resolución objeto de este análisis se tiene como representante legal de APROAMBIDA a la
señora XXX y luego se modifica la misma atribuyendo tal condición a la señora XXX, sin que se
acredite en forma idónea la personería, en ninguno de los dos casos.



 . En la resolución objeto de este análisis no se cita a APROAMBIDA y, consecuentemente, no se puede
afirmar que se indicó la calidad en la en que se le estaba citando.



 . En la resolución no se cita a APROAMBIDA y, consecuentemente, tampoco se le indicó el fin de la
convocatoria.



 . En la resolución se hacen algunas advertencias pero no a APROAMBIDA sino a los funcionarios que
se investigaron. No se puede tener a APROAMBIDA como destinataria de las mismas ni puede presumirse
que hubo respecto a ella, una comunicación "clara y detallada" de los reproches de legalidad que se
le hacen al acto cuya anulación se pretende, ni de las consecuencias de la eventual declaratoria de
la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta.



 . Con la resolución no se le hicieron a APROAMBIDA los "apercibimientos" a que quedaba sujeta "...
caso de omisión, con indicación clara de la naturaleza y medida de las sanciones..."



 . Finalmente, tampoco se le especificó a APROAMBIDA la prueba presuntamente pertinente que obra en
poder de la Administración (artículo 312, inciso 1.).



Tramitación conjunta de los procedimientos administrativos

En los autos remitidos a este Despacho consta que en un mismo expediente se conoció tanto de la
presunta nulidad absoluta evidente y manifiesta, como de la responsabilidad administrativa de los
funcionarios que supuestamente participaron en las adjudicaciones y traspasos irregulares.



 Ello, por su misma naturaleza, es lesivo del Derecho de Defensa. Los procedimientos administrativos
deben ser tramitados en forma individual y mediante expediente separados.



 Por lo demás, en el caso del reparto administrativo correspondiente al IDA, la situación, como lo
saben sus mismos funcionarios, se encuentra regulada en forma expresa y específica en el Reglamento
Autónomo de Procedimientos Administrativos del Instituto de Desarrollo Agrario.



Vicios en la notificación

    Además de lo ya expuesto, no consta que se haya notificado la citación a la persona o personas
que tienen verdaderamente la condición de la representación legal de APROAMBIDA, dado que no se
encuentra en el expediente administrativo documento idóneo que acredite a la persona finalmente
compareciente en su nombre como su verdadera representante. Ni consta que se le haya notificado a la
presunta representante legal con el debido cumplimiento de las formalidades legales, por ejemplo, no
se indicó en la constancia la resolución que supuestamente se notificó.




B. Vicios en la intimación



     La intimación es un elemento fundamental del debido proceso, presupuesto indispensable para que
la persona pueda ejercer efectivamente el Derecho a la Defensa. En el caso del procedimiento
administrativo ordinario el momento oportuno es el de la citación.



     De lo expuesto hasta aquí se desprende que, ciertamente, APROAMBIDA no fue intimada pues, como
ya observamos, no se le comunicaron a dicha asociación, en forma "clara y detallada", los reproches
de legalidad que se le hacen al acto cuya anulación se pretende, ni se le advirtió sobre las
consecuencias de la eventual declaratoria de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta, ni
se le hicieron a APROAMBIDA los "apercibimientos" a que quedaba sujeta en "... caso de omisión, con
indicación clara de la naturaleza y medida de las sanciones..."



     Estas omisiones tienen carácter substancial, ya que ciertamente no se ha acreditado en el
expediente enviado a este Despacho que APROAMBIDA pudiera asumir la verdadera trascendencia de este
procedimiento, es decir, el objeto real sobre el cual debía ejercer su defensa, de conformidad con
las garantías constitucionales. (Pueden consultarse, entre otras, las sentencias de la Sala
Constitucional, números: 211-95, de 11 de enero de 1995; 2526 -95, del 17 de mayo de 1995; 4557, del
16 de agosto de 1995; 416-95, de 20 de enero de 1995 y 2376-98, de 1º de abril de 1998).




C. Violación del Derecho de Defensa



     Nuestro Ordenamiento Jurídico garantiza el Derecho de Defensa. En cumplimiento de esta garantía
constitucional, la Administración debe propiciar la posibilidad real de ejercer en forma efectiva el
Derecho de Defensa.



     Este derecho no se puede ejercer, en la forma en que lo garantiza la Constitución, si la
persona no es citada o si la cita se hace sin el cumplimiento de los requerimientos elementales, de
manera tal que la persona pueda conocer con certeza el objeto real sobre el cual debe ejercer la
defensa.



     De lo antes expuesto se desprende claramente que no se ha acreditado en los autos
administrativos que APROAMBIDA verdaderamente ha estado en posibilidad de ejercer en forma efectiva
la defensa de su derecho.




D. Competencias del Órgano Director del Procedimiento



     Las omisiones expuestas en las líneas anteriores impiden examinar la posibilidad de la
existencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Sin embargo, es preciso recordar también
que el Órgano Director del Procedimiento tiene, entre otros deberes, los de:



 "...adoptar todas las medidas probatorias pertinentes o necesarias, aún si no han sido propuestas
por las partes y aún contra la voluntad de ellas. Lo anterior con el fin de verificar de la forma
más fiel y completa, los hechos que sirven de motivo al acto final. (Artículo 221)..." (Dictamen
NºC-173, antes citado. El énfasis es nuestro).



     En la especie, se da una carencia absoluta de instrucción en relación con el contenido del acto
cuyo examen se pide. En lo fundamental, con excepción de los criterios vertidos en el informe de la
Contraloría, que ya hemos citado, y de los documentos anexados al mismo, no se nota ninguna acción
instructora tendiente a establecer técnicamente la naturaleza y condición jurídica del bien
adjudicado.




III. Consideraciones finales



     Tal y como lo advertimos al inicio, es preciso observar, además, que el expediente contiene
documentos originales en relación con actos y resoluciones del procedimiento pero todo el resto se
encuentra compuesto, casi en su totalidad, por fotocopias de documentos no certificadas. Ello aun
cuando se trata de piezas de muy fácil acceso; podemos notar, por ejemplo, que se incluye una
fotocopia simple de la fotocopia certificada del Informe de la Contraloría al cual hemos hecho
referencia (ver folio 296 vto.) .




CONCLUSIÓN



     Dado el incumplimiento del Debido Proceso, no procede el análisis sobre la posibilidad de la
existencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta en esta oportunidad, sin perjuicio de un
posterior examen en caso de que se enderezara el procedimiento con la debida observancia del
Ordenamiento Jurídico.




    Devolvemos a su Despacho el expediente administrativo relacionado.




Atentamente,




 Licda. María Gerarda Arias Méndez                          Licda. Clara Villegas Ramírez




PROCURADORA DE HACIENDA                              ASISTENTE ABOGADA

Legal Opinion: 251 of 09/19/2001

C-251-2001

September 19, 2001

Engineer
José Joaquín Acuña Mesén
Executive President
Institute of Agrarian Development
S. O.

Dear Sir:

With the approval of the Deputy Attorney General, I refer to the request made through official letter No. PE-548, dated March 13, 2001, signed by you.

PURPOSE OF THE LEGAL OPINION

The aforementioned official letter states literally:

"By agreement number VI of Session No. 047 held on July 3, 2000, the Board of Directors ordered the initiation of administrative procedures for the declaration of absolute, evident, and manifest nullity of the agreements authorizing the segregation and adjudication of IDA properties to the Association for the Protection of the Environment and Promotion of Agroecotourism in Settlements of the Institute of Agrarian Development - APROAMBIDA, all in accordance with Article 173 of the General Law of Public Administration.

In execution of the cited agreement, Procedure Directing Bodies were formed so that they would determine (Sic.) the real truth of the facts and issue the recommendation resolution that this Office should take in the cases at hand.

Said Body, once the procedure was initiated with the participation of the affected parties and before issuing the final recommendation, determined that there might be an Absolute, Evident, and Manifest Nullity of the acts that gave rise to the transfer of a parcel from the IDA to the referenced Associations, failing to comply with the established requirements and procedures.
..." (Our emphasis)

Previously, it is important to draw attention to the fact that the file sent to this Office provided instruction on the presumed responsibility of public officials in the allegedly illicit adjudications and transfers.

Consequently, without prejudice to what we will later say about this accumulation, it is necessary to clarify that the statement of facts we record in this legal opinion is specifically referred to the Association for the Protection of the Environment and Promotion of Agroecotourism in Settlements of the Institute of Agrarian Development, which we will mention by the acronym: APROAMBIDA

Likewise, we must clarify that the file is composed for the most part of simple photocopies, even in the case of documents that could constitute substantial evidence in relation to the investigated nullity. However, due to the manner in which this is resolved, we proceed to carry out the analysis based on such pieces.

I. FACTS DEEMED ACCREDITED

FIRST. As recorded in Article XXIV of the Minutes of Session No. 011-95, of March 20, 1995, the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development authorized the adjudication of parcels 9 and 11-1 of the Bahía Settlement to APROAMBIDA.

SECOND. By means of an agreement recorded in Article L of the Minutes of Session No. 026-98, of March 31, 1998, the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development authorized the adjudication of lots numbers 108, 109, and 110 of the Bahía Settlement to APROAMBIDA.

THIRD. As recorded in Article VIII of the Minutes of Session No. 036-98, of May 4, 1998, the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development authorized the adjudication of parcel No. 73 of the Bahía Settlement in favor of APROAMBIDA. A material error occurred insofar as the settlement to which it actually refers is the Playa Hermosa Settlement.

FOURTH. By official letter No. DOD-318, of June 20, 2000, the licensed attorneys Oldemar Guzmán Serrano and Fanny Segura Castro, auditors of the Department of Decentralized Bodies of the Comptroller General of the Republic, rendered a report and ordered in relation to the previously indicated adjudications:

"...

3.1 To the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development

a) Order the initiation of an ordinary administrative procedure in said Institute, aimed at determining the eventual responsibilities that may be applicable against those officials of said Institute who participated in the processes of selection, adjudication, and transfer of properties in favor of the APROAMBIDA Association, properties located in the Bahía and Playa Hermosa settlements, in the Province of Puntarenas, as detailed in this Statement of Facts...

b) Initiate an administrative procedure aimed at declaring the nullity of the administrative acts by which the transfer of lands was carried out in favor of the cited Association as described in the present Statement of Facts..." (Our emphasis).

FIFTH. The Report of the Comptroller General of the Republic states, among other references to irregularities:

"...

n) Auditors of this Comptroller's Office visited the Bahía Settlement in the company of Engineer XXX, member of APROAMBIDA and official of the Sub-regional Office of the IDA in Pérez Zeledón.

During that visit, it was verified that lot 9 of the Bahía Settlement is flat land, with frontage on the street that leads to the center of the town, and its two sides border streets with access to the beach. The majority of the area is covered by pastureland (potrero), there are also fruit trees and a two-story house in a state of disrepair; also next to the house there are two other constructions, one houses the bathrooms and the other is a shed. According to what Eng. XXX states, that house is used as a dwelling for the person in charge of the care and maintenance of the lot; furthermore, he indicated that they use the farm as a recreation center for the IDA Staff.

In relation to lot 11-1 of the same settlement, there is a protection area, a mangrove area, fruit trees, and 3 small, dilapidated houses built by people who have invaded the area, as indicated by Eng. XXX.

..." (Our emphasis).

SIXTH. Similarly, the Report of the Comptroller General of the Republic states, among other references:

"...

Mr. Oscar Aguiar Muñoz, was (Sic.) at that time Director of the Brunca Region, recommended the delivery of the property title for lots No. 109 and 110 of the Bahía Settlement in favor of APROAMBIDA...

...

In relation to the "Description of the nature of the land," as indicated in said documents relating to both lots, the entire area is covered by forest (bosque)..." (Our emphasis).

SEVENTH. According to the Report of the Comptroller General of the Republic:

"...lot 108 of the Bahía Settlement, which had also been included in the cited agreement for adjudication, segregation, and transfer, was not included in the transfer deed nor is it registered in the Public Registry in the name of APROAMBIDA... by official letter No. P.E. 703 of June 25, 1999, Eng. José Joaquín Acuña... sent to this Comptroller's Office a note from Lic. XXX, notary of the IDA, in which it is stated: ...

'Although the agreement is from March, the deed was not formalized until December 2, 1998..., and lot 108 was left out, this due to the fact that I was verbally informed by the Titling Section that the cited lot had problems with the plan...' (the underlining is not from the original)

..." (Our emphasis).

EIGHTH. The Report of the Comptroller General of the Republic also states:

"...this Comptroller General's Office requested that MINAE, in accordance with the provisions of Articles 13, 14, 15, and 19 of the Forest Law (Ley Forestal) and 12 of the Regulation to said Law, classify the lots adjudicated by the IDA to AMPROAMBIDA. The responses corresponding to lots 108, 109, and 110 of the Bahía Settlement were received by official letters Nos. OT-008-OSA, OT-OSA-008-99, and OT-023 - OSA...

In relation to lot 108, official letter No. OT-023-OSA indicated the following: ...

'It is classified as a protection area; it is a narrow strip along the road where its widest part is about 60 meters, with a quite steep 60% slope and prone to landslides./ The land cover (cobertura) is intervened forest where a natural regeneration of various pioneer species is taking place (sic): guarumu, balsa, jobos, melastomataceae, heliconias, platanillas, or various vines./ Due to the degree of slope and the instability of the substrate (soil), it is of forest aptitude; a change of use (cambio de uso) is not recommended. If this change were to occur, it would cause landslides, obstruction of the road; it is not suitable for housing construction or for crops.' (The underlining is not from the original).

With respect to lot 109, official letter No. OT-008-OSA indicated the following: ...

'The current use consists of intervened forest cover (cobertura boscosa) in frank natural regeneration./ ... / A change of land use (cambio de uso del suelo) on these lots is not recommended. The foregoing is justified by the fact that the slope is moderate to steep, the forest is classified as intervened primary forest under recovery, and they are in the aquifer recharge zone of the Hydrographic Basin of the Villegas, Colonia, and Curinga streams. The area of this basin is classified by the IDA as a protection zone because it involves an intervened primary forest in large part. Which justifies that a change of use should not be permitted in this basin.' (The underlining is not from the original).

Official letter OT-OSA-008-99 indicated the following in relation to lot 110: ...

'According to an IDA report, its classification is protection; its current use consists of brushland cover (cobertura de tacotal) in frank natural regeneration; it is a narrow strip at the edge of the La Unión highway road./ A change of land use (cambio de uso del suelo) on this lot is not recommended. The foregoing is justified by the fact that the slope is moderate (sic.) to steep and it is (sic.) in the aquifer recharge zone of the hydrographic basin of the Villegas, Colonia, and Curinga streams.' (the underlining is not from the original)

..." (Our emphasis in bold).

NINTH. Regarding lot No. 73 of the Playa Hermosa Settlement, the Report of the Comptroller General of the Republic states, among other circumstances that are described:

"...

In relation to the 'description of the nature of the land' in that document, it was indicated that 63 hectares, 4,377.42 square meters are forest, an area that, according to plans in the possession of the IDA, corresponds to the entirety of the farm.

... (Our emphasis).

TENTH. In accordance with Article VI of the Minutes of Session No. 047-00, of July 3, 2000, the Board of Directors agreed, in what is relevant:

"...

IN ACCORDANCE WITH OFFICIAL LETTER PE-674-2000, SIGNED BY THE EXECUTIVE PRESIDENCY, DATED JUNE 26, 2000, RELATED TO NOTE DOD-318-2000, IT IS AGREED:

TO AUTHORIZE THE EXECUTIVE PRESIDENCY TO CONSTITUTE A DIRECTING BODY FOR AN ADMINISTRATIVE PROCEDURE, AIMED AT DETERMINING THE EVENTUAL RESPONSIBILITIES THAT MAY BE APPLICABLE AGAINST THOSE OFFICIALS OF THE INSTITUTE WHO PARTICIPATED IN THE PROCESSES OF SELECTION, ADJUDICATION, AND TRANSFER OF PROPERTIES IN FAVOR OF THE APROAMBIDA ASSOCIATION, PROPERTIES LOCATED IN THE BAHIA AND PLAYA HERMOSA SETTLEMENTS, IN THE PROVINCE OF PUNTARENAS, AS DETAILED IN THIS STATEMENT OF FACTS. TO INITIATE AN ADMINISTRATIVE PROCEDURE AIMED AT DECLARING THE NULLITY OF THE ADMINISTRATIVE ACTS BY WHICH THE TRANSFER OF LANDS WAS CARRIED OUT IN FAVOR OF THE CITED ASSOCIATION, BY VIRTUE OF NON-COMPLIANCE WITH THE LANDS AND COLONIZATION LAW (ITCO) NO. 2825, AND THE IDA LAW, NO. 6735, WITH RESPECT TO THE OBJECTIVES AND FUNCTIONS OF SAID INSTITUTE, SPECIFICALLY REGARDING THE CONSERVATION OF THE RENEWABLE RESOURCES OF THE NATION, THE REGULATIONS FOR THE SELECTION OF BENEFICIARIES ESTABLISHED IN THE CITED ITCO LAW AND THE AUTONOMOUS REGULATION FOR THE SELECTION OF BENEFICIARIES; AS WELL AS THE PRONOUNCEMENTS RELATED TO THE MATTER BY THE CONSTITUTIONAL CHAMBER, THE IDA'S DIRECTORATE OF LEGAL AFFAIRS, THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY, AND THE LEGAL RESTRICTIONS THAT EXIST REGARDING THE USE OF THOSE SOILS, ESPECIALLY ARTICLES NO. 13, 14, 15, AND 19 OF THE FOREST LAW..." (Our emphasis in bold).

ELEVENTH. Likewise, it is recorded in Article XXXI of the Minutes of Session No. 053-00, of July 31, 2000, that the Board of Directors agreed, in what is relevant:

"...

IN ACCORDANCE WITH THE REQUEST OF ENG. XXX, EXECUTIVE PRESIDENT, TO INITIATE THE ADMINISTRATIVE PROCEDURES FOR THE DECLARATION OF ABSOLUTE, EVIDENT, AND MANIFEST NULLITY OF THE AGREEMENTS THAT AUTHORIZE THE SEGREGATION AND ADJUDICATION OF IDA PROPERTIES TO ASSOCIATIONS AND CONSIDERING THAT:

THE INSTITUTE OF AGRARIAN DEVELOPMENT, IN THE EXERCISE OF ITS COMPETENCIES, ADOPTED AGREEMENTS BY WHICH THE SEGREGATION AND ADJUDICATION OF CONSERVATION AREAS WAS AUTHORIZED IN FAVOR OF ASSOCIATIONS, WITHOUT TAKING INTO CONSIDERATION THAT, IN ACCORDANCE WITH THE FOREST LAW AND THE LAW OF THE MINISTRY OF NATURAL RESOURCES, ENERGY, AND MINES, SUCH AREAS MUST BE TRANSFERRED TO THE STATE. SAID AGREEMENTS CONTRAVENE THE INDICATED LAWS, WHICH MAKES THEM ILLEGITIMATE AGREEMENTS DUE TO EXPRESS VIOLATION OF THE LAW. ACCORDING TO ARTICLE 140 OF THE GENERAL LAW OF PUBLIC ADMINISTRATION, THE ADMINISTRATIVE ACT THAT DECLARES RIGHTS TAKES EFFECT FROM THE MOMENT OF ITS ADOPTION; THEREFORE, FOR ITS ANNULMENT, ONE MUST PROCEED AS ORDERED BY SAID NORMATIVE BODY ITSELF. IN THIS CASE, WE ARE IN THE PRESENCE OF AN EVENTUAL ABSOLUTE, EVIDENT, AND MANIFEST NULLITY OF SUCH AGREEMENTS. THEREFORE, IT IS AGREED:

TO DELEGATE TO THE EXECUTIVE PRESIDENCY, SO THAT IT MAY PROCEED TO INITIATE THE ADMINISTRATIVE PROCEDURES FOR THE DECLARATION OF ABSOLUTE, EVIDENT, AND MANIFEST NULLITY OF THE AGREEMENTS THAT AUTHORIZE THE SEGREGATION AND ADJUDICATION OF IDA PROPERTIES TO THE ASSOCIATIONS THAT WILL BE INDICATED LATER, ALL IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 173 OF THE GENERAL LAW OF PUBLIC ADMINISTRATION.

FILE NO. NAME OF THE ASSOCIATION

...

O22-2000 ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT - IDA.

..." (Our emphasis in underlining).

TWELFTH. Likewise, it is recorded in Article XXX of the Minutes of Session No. 071-00, of October 2, 2000, that the Board of Directors agreed, in what is relevant:

"...

IN ACCORDANCE WITH OFFICIAL LETTER PE-1156-2000, SIGNED BY THE EXECUTIVE PRESIDENCY, DATED SEPTEMBER 29, 2000, IT IS AGREED: TO DESIGNATE, IN THE FOLLOWING CASES, THE MEMBERS OF THE DIRECTING BODIES:

...

10). FILE: 022-2000

INVESTIGATED PARTY (IES): IDA OFFICIALS

INVESTIGATED MATTER: ADJUDICATIONS TO THE ASSOC. FOR THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT OF THE IDA

DIRECTING BODY: LIC. CESAR HINES CESPEDES AND LIC. MARIBEL AGUILAR CEDEÑO.

11. FILE: O23-2000

INVESTIGATED PARTY (IES): IDA OFFICIALS.

INVESTIGATED MATTER: SELECTION, ADJUDICATIONS, AND TRANSFER OF PROPERTIES IN FAVOR OF APROAMBIDA, PROPERTIES LOCATED IN THE BAHIA AND PLAYA HERMOSA SETTLEMENTS.

DIRECTING BODY: LIC. CESAR HINES CESPEDES AND LIC. MARIBEL AGUILAR CEDEÑO.

..." (Our emphasis in underlining).

THIRTEENTH. By resolution issued at 3:00 p.m. on October 30, 2000, the Directing Body initiated the procedure, resolving, in what is relevant:

"...In accordance with the provisions of the Autonomous Regulation of Administrative Procedures of the Institute of Agrarian Development, the General Law of Public Administration, and official letter PE-1206-2000, of October 6, two thousand, signed by Mr. XXX, in execution of agreement No. XXX, of session No. 071-2000, of October 2, 2000, an administrative investigation is initiated in order to determine the existence or not of the absolute, evident, and manifest nullity of the agreements of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, agreements No. XXIV, Session 011-95, of March 20, 1995, confirmed by agreement VIII, Extraordinary Session 038-95, of July 19, 1995, No. L, Extraordinary Session 026-98 of March 31, 1998, No. VIII, Extraordinary Session 036-98 of May 4, 1998, by which the following were transferred to the ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT OF THE IDA, legal identification number 3-002-128206, represented by Mrs. DAMARIS ARRIETA MOLINA, of legal age, identification number 1-570-778, in her capacity as PRESIDENT, the properties registered in the Canton of Puntarenas, real folio numbers 68026-000, 108479-000, 108480-000, 96468-000. For the responsibility that could be imputed to them, the following are considered as investigated parties in this procedure: Messrs. XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, officials of the IDA, in their personal capacity due to the fact that the final act could cause them harm; all of the foregoing in order to determine their participation in the recommendation of the cited Board of Directors agreement and the violation of the Legal System with the indicated adjudication, and the subsequent absolute, evident, and manifest nullity of the administrative acts of adjudication and transfer; specifically transgression of Articles twenty-six and twenty-seven of Law seven thousand seven hundred seventy-nine, Law on the use, management, and conservation of soils, the Forest Law, and because the adjudication agreements lacked the support of a legal norm that empowers the Institute of Agrarian Development to adjudicate and transfer its assets or part of them to organizations such as the one benefited here. For the infraction in the adjudication of Article two of Law six thousand seven hundred thirty-five, the Law Creating the Institute of Agrarian Development, by the IDA having donated said property without being empowered to do so, violating this regulation and Article sixty-nine of the Administrative Contracting Law, number... and Article seventy of the Regulation to this Law, and Articles fifty-eight and fifty-nine of Law two thousand eight hundred twenty-five of October fourteenth, nineteen hundred sixty-one. Specifically, the charges imputed to the aforementioned officials are those of having issued the recommendation for segregation and transfer without having given warning to the Board of Directors about the existing legal limitations for this type of act. A copy of this investigation is transferred to the cited gentlemen under the indicated conditions, and they are warned to designate a house or office within the perimeter of San José where they will receive notifications, with the warning that if they fail to do so, subsequent resolutions issued will be deemed notified after the mere lapse of twenty-four hours, and the same consequence will occur if the designated place is imprecise, uncertain, or no longer exists. A hearing is granted to them for a term of FIFTEEN WORKING DAYS counted from the day following their notification so that they may appear before this Institute in defense of their rights and offer the exculpatory evidence they deem appropriate, under the conditions established by the cited Regulation and the General Law of Public Administration. THE INVESTIGATED PARTIES ARE SUMMONED AND ORDERED to appear personally and not through an agent to give a statement regarding the facts, for which purpose the time of nine o'clock in the morning, on December twelfth, two thousand, is set, at the Offices of the Executive Presidency located in Barrio Escalante, San José. Given the nature of what is being investigated, this proceeding is classified as ordinary for the declaration of the evident and manifest nullity of the adjudicatory acts, and ordinary disciplinary in relation to official responsibility. For relevant purposes, the administrative file is made known to the investigated parties, which is located in the offices of the Executive Presidency, at the disposal of the interested parties..." (Our emphasis in underlining).

FOURTEENTH. There is no suitable document in the file that allows the legal status (personería jurídica) of APROAMBIDA to be deemed accredited.

FIFTEENTH. By resolution issued at 12:00 p.m. on November 21, 2000, the Directing Body "corrected" the previously transcribed resolution, designating Mrs. XXX as the Legal Representative of APROAMBIDA.

SIXTEENTH. Neither is there a suitable document in the file that allows the capacity attributed to Mrs. XXX to be considered legitimate.

SEVENTEENTH. On November 23, 2000, a notification was supposedly made to Mrs. XXX. It is not indicated which resolution was the subject of notification, although the "certification" thereof is found on the reverse of the folio containing the "correction" resolution.

EIGHTEENTH. By resolution of 8:00 a.m. on December 5, 2000, the Directing Body changed the hearing date, setting it for 9:00 a.m. on January 16, 2001.

NINETEENTH. There is no record that the new scheduling was notified to the presumed legal representative of APROAMBIDA.

TWENTIETH. By resolution appearing with the same details as the one set forth in fact "FIFTEENTH": of 8:00 a.m. on December 5, 2000, the hearing date was again changed, setting it for 9:00 a.m. on January 18, 2001.

TWENTY-FIRST. By a writing dated December 15, 2000, Mrs. XXX Angulo appointed Lic. XXX as the attorney for APROAMBIDA.

TWENTY-SECOND. There is no reliable record that the new scheduling was notified to the legal representation of APROAMBIDA.

TWENTY-THIRD. By resolution issued at 3:50 p.m. on January 17, 2001, the Directing Body again changed the hearing date and rescheduled it for 10:00 a.m. on February 22, 2001.

TWENTY-FOURTH. There is no reliable record that this new scheduling was notified to APROAMBIDA.

TWENTY-FIFTH. By undated "certificates," officials XXX and XXX are cited as witnesses and summoned for the hearing at 10:00 a.m. on February 22, 2001.

TWENTY-SIXTH. There is no record that such summonses were notified to APROAMBIDA.

TWENTY-SEVENTH. By resolution issued at 8:00 a.m. on February 26, 2000, the Directing Body recommended, in what is relevant for this pronouncement:

"...

That the absolute, evident, and manifest nullity be declared of the agreement found in Article 50, Session 26-98 of March 31, 1998, by which the adjudication of parcels 108, 109, and 110 in favor of APROAMBIDA is approved. That the absolute, evident, and manifest nullity be declared of the agreement contained in Article VIII, adopted in Session 36-98, of May 4, 1998, by which parcel 73 is adjudicated and transferred in favor of the APROAMBIDA Association.

...".

TWENTY-EIGHTH. Furthermore, the Directing Body considered, among other reasoning:

"...in relation to parcels 9 and 11, which correspond to properties numbers 68.026-2000 and 96.468-000, they would be excluded from this procedure because the four-year period indicated in the preceding paragraph has elapsed, given that agreement VIII, Session 038-95 is from July 19, 1995, and the adjudication agreements are from the year 1995.

..." (Our emphasis in bold).

II. NON-COMPLIANCE WITH DUE PROCESS

A pronouncement is required, in accordance with Article 173 of the General Law of Public Administration, for the eventual declaration of the absolute, evident, and manifest nullity of the questioned administrative acts. Consequently, the Administration must previously comply with due process, which in this case would be satisfied by the ordinary procedure, clearly established in the General Law of Public Administration, supplemented, for the case of the Institute of Agrarian Development, by the Autonomous Regulation of Administrative Procedures.

Despite the existence of reiterated constitutional, jurisdictional, and administrative jurisprudence on the obligation to guarantee due process as a prerequisite for the exercise of the power recognized by Article 173 of the General Law of Public Administration (you may consult, among others, legal opinion No. C-049-99, of March 5, 1999, which gathers valuable precedents), the file sent to this Office reveals omissions, including several of a substantial nature that certainly prevent the examination of the alleged absolute, evident, and manifest nullity.

A. Defects in the procedure; violation of the "Right to Legal Process"

1. Lack of reliable proof of summons of APROAMBIDA

By resolution issued at 3:00 p.m. on October 30, 2000, the Directing Body initiated the procedure.

However, through this resolution, officials who are being investigated for their presumed responsibility in the exercise of their functions during the adjudications and transfers in favor of APROAMBIDA are summoned and considered as parties. And reference is made to this association solely insofar as it is related as the person benefited by said acts. Specifically, it is omitted to state that APROAMBIDA is being given participation, and the administrative decision (content of the same resolution) is specified in relation to said officials.

In the text of the resolution, it can be clearly understood that the summons is directed at the investigated officials.

Omission of the requirements demanded by Article 249 in relation to Articles 308 and following of the General Law of Public Administration

Through the resolution initiating the procedure, APROAMBIDA is certainly not given participation in the procedure. But, furthermore, if one wished to assume that the mere mention of said legal entity in the same resolution is equivalent to its summons (contradicting logic because, by definition, a summons cannot be tacit), then it is necessary to observe that the requirements established by Article 249, in its subsections b), c), and f), are not met, nor is the one provided for in Article 312, subsection 1.

In effect:

. In the resolution that is the subject of this analysis, Mrs. XXX is considered the legal representative of APROAMBIDA, and later it is modified, attributing such condition to Mrs. XXX, without the legal status being accredited in a suitable manner in either of the two cases.

. In the resolution that is the subject of this analysis, APROAMBIDA is not summoned, and consequently, it cannot be affirmed that the capacity in which it was being cited was indicated.

. In the resolution, APROAMBIDA is not summoned, and consequently, the purpose of the summons was not indicated to it either.

. In the resolution, some warnings are made, but not to APROAMBIDA, but to the officials who were investigated. APROAMBIDA cannot be considered the recipient of the same, nor can it be presumed that there was, with respect to it, a "clear and detailed" communication of the legal objections being made against the act whose annulment is sought, nor of the consequences of the eventual declaration of the alleged absolute, evident, and manifest nullity.

. With the resolution, APROAMBIDA was not given the "warnings" to which it would be subject "... in case of omission, with a clear indication of the nature and measure of the sanctions..."

. Finally, APROAMBIDA was not specified the presumably pertinent evidence that is in the possession of the Administration (Article 312, subsection 1.).

Joint processing of the administrative procedures

In the records sent to this Office, it is evident that the same file addressed both the alleged absolute, evident, and manifest nullity and the administrative responsibility of the officials who supposedly participated in the irregular adjudications and transfers.

This, by its very nature, is harmful to the Right of Defense. Administrative procedures must be processed individually and in separate files.

Furthermore, in the case of the administrative distribution corresponding to the IDA, the situation, as its own officials know, is expressly and specifically regulated in the Autonomous Regulation of Administrative Procedures of the Institute of Agrarian Development.

Defects in the notification

In addition to what has already been stated, there is no record that the summons was notified to the person or persons who truly hold the condition of the legal representation of APROAMBIDA, given that there is no suitable document in the administrative file that accredits the person finally appearing in its name as its true representative. Nor is there a record that the presumed legal representative was notified with due compliance with the legal formalities; for example, the certification did not indicate the resolution that was supposedly notified.

B. Defects in the intimation

Intimation is a fundamental element of due process, an indispensable prerequisite so that the person can effectively exercise the Right to Defense. In the case of the ordinary administrative procedure, the opportune moment is that of the summons.

From what has been set forth so far, it is clear that APROAMBIDA was certainly not given intimation because, as we have already observed, said association was not communicated, in a "clear and detailed" manner, the legal objections being made against the act whose annulment is sought, nor was it warned about the consequences of the eventual declaration of the alleged absolute, evident, and manifest nullity, nor was APROAMBIDA given the "warnings" to which it would be subject "... in case of omission, with a clear indication of the nature and measure of the sanctions..."

These omissions are substantive in nature, as it has certainly not been demonstrated in the case file sent to this Office that APROAMBIDA could have grasped the true significance of this proceeding, that is, the actual object against which it had to mount its defense, in accordance with constitutional guarantees. (See, among others, the rulings of the Constitutional Chamber, numbers: 211-95, of January 11, 1995; 2526-95, of May 17, 1995; 4557, of August 16, 1995; 416-95, of January 20, 1995 and 2376-98, of April 1, 1998).


C. Violation of the Right of Defense

    Our Legal System guarantees the Right of Defense. In compliance with this constitutional guarantee, the Administration must foster the real possibility of effectively exercising the Right of Defense.

    This right cannot be exercised, in the manner guaranteed by the Constitution, if the person is not summoned or if the summons is made without fulfilling the elementary requirements, in such a way that the person can know with certainty the actual object against which the defense must be mounted.

    From the foregoing, it clearly follows that it has not been demonstrated in the administrative record that APROAMBIDA has truly been in a position to effectively exercise the defense of its right.


D. Powers of the Directing Body of the Proceeding

    The omissions set forth in the preceding lines prevent an examination of the possibility of the existence of an absolute, evident, and manifest nullity (nulidad absoluta, evidente y manifiesta). However, it is also necessary to recall that the Directing Body of the Proceeding (Órgano Director del Procedimiento) has, among other duties, those of:

 "...adopting all pertinent or necessary evidentiary measures, even if they have not been proposed by the parties and even against their will. The foregoing in order to verify, in the most faithful and complete manner, the facts serving as grounds for the final act. (Article 221)..." (Opinion Nº C-173, cited above. Emphasis is ours).

    In the instant case, there is an absolute lack of investigation (instrucción) regarding the content of the act whose review is requested. Fundamentally, with the exception of the criteria set forth in the report of the Comptroller's Office, which we have already cited, and the documents attached thereto, no investigative action is noted that is aimed at technically establishing the nature and legal status of the awarded asset.


III. Final Considerations

    As we noted at the outset, it must also be observed that the case file contains original documents related to acts and resolutions of the proceeding, but the entire remainder is composed, almost in its entirety, of uncertified photocopies of documents. This is even though the documents in question are very easily accessible; we can note, for example, that a simple photocopy of the certified photocopy of the Comptroller's Report to which we have referred is included (see folio 296 vto.).


CONCLUSION

    Given the breach of Due Process (Debido Proceso), an analysis of the possibility of the existence of an absolute, evident, and manifest nullity is not appropriate at this time, without prejudice to a subsequent examination should the proceeding be corrected with the due observance of the Legal System.


    We return the related administrative case file to your Office.


Sincerely,


Licda. María Gerarda Arias Méndez                         Licda. Clara Villegas Ramírez


TREASURY ATTORNEY                           ASSISTANT ATTORNEY