C-102-2002 — Denial of favorable opinion for absolute nullity of award in forest reserveRechazo de dictamen favorable para nulidad absoluta de adjudicación en reserva forestal

Dictamen : 102 del 18/04/2002   



C-102-2002




18 de abril del 2002




 




 




 




Ingeniero




José Carlos Salas Fonseca




Vice-Presidente




Junta Directiva




Instituto de Desarrollo Agrario




S. O




 




 




 




Estimado señor:



     Con la aprobación del Procurador General Adjunto de la República, nos referimos a la solicitud
planteada, según acuerdo de la Junta Directiva que consta en el acta de la sesión N003-02, celebrada
el 14 de enero del año 2002, y oficio NºJ.D-024-02, de 15 de enero del este mismo año, suscrito por
su persona.




I. OBJETO DEL DICTAMEN REQUERIDO




    Se manifiesta literalmente en el oficio antes señalado::



 "Mediante acuerdo de Junta Directiva, número XXIX inciso c, de la sesión 085-00, del 27 de
noviembre del año 2000, reformado por el artículo XIX, de la sesión 017’01, del 5 de marzo del 2001,
se instauró un Órgano Director del Procedimiento Administrativo para la declaratoria de nulidad
absoluta evidente y manifiesta, del acuerdo XI de la sesión 088-98, del 25 de noviembre de 1998,
única y exclusivamente con relación a la adjudicación del señor XXX, cédula XXX, de 12 hectáreas
1101 metros con 29 decímetros en un área de reserva forestal.



 El expediente administrativo fue levantado y se recibieron las pruebas documentales que determina
que, sin que la Junta Directiva reformara el acuerdo en cuanto a la medida de la parcela adjudicada,
notarios de la institución, consignaron en la escritura de traspaso una medida diferente a la
estipulada en el acuerdo de segregación, así como otras irregularidades que constan en el
expediente.



 Como se desprende del expediente, se respetó el debido proceso en todas sus dimensiones por lo que
no existen nulidades en le presente procedimiento, y mediante acuerdo XIV de la sesión 003-02 del 14
de enero del año 2002, se tuvo por cumplido la etapa instructora y se ordenó remitir a ese órgano
consultivo.



 Por todo lo anterior remitimos el mismo a esa Procuraduría, para que se pronuncien como lo
establece la Ley General de la Administración Pública en su artículo 173




..."



     Con el oficio NºJ.D-024-02 se remitió el expediente rotulado e identificado con el número
070-2000, tramitado en relación con la adjudicación, de la "parcela" Nº6-30 del Asentamiento
Forestal, Sector 7, Región Brunca, Puntarenas, hecha al señor XXX



HECHOS ACTUACIONES Y RESOLUCIONES DOCUMENTADAS EN EL EXPEDIENTE REMITIDO
Del procedimiento

PRIMERO. Según consta en el artículo XI del Acta de la Sesión Nº088-98, del 25 de noviembre de 1998,
la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario autorizó adjudicar segregar y traspasar 49
parcelas de distintos asentamientos, todos ubicados en la Región Brunca de Puntarenas. Entre ellas
una " parcela" de 12. Ha. 1101, 29 m2 al señor Manu. No podemos establecer si las copias que constan
en el expediente corresponden a la totalidad del documento. (folios 77 a 80).



 SEGUNDO. El 27 de noviembre de 1998 se realizó el traspaso de la parcela adjudicada, mediante
escritura firmada a las 9:00 horas ante los notarios Fabricio XXX y XXX.



             Comparecieron el señor Carlos Prendas Lépiz, a quien se tuvo como representante del
Instituto de Desarrollo Agrario, y el señor XXX, adjudicatario de la parcela.




TERCERO. En lo que interesa, se consigna:



 "...Comparece el señor CARLOS PRENDAS LEPIZ... en su condición de DIRECTOR ADMINISTRATIVO con
facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma del INSTITUTO DE DESARROLLO
AGRARIO...personería de la que dan fe los infrascritos notarios con vista en los libros de la
Sección de Personas del Registro público tomo ciento veinticuatro, folio doscientos cuarenta,
asiento seiscientos ochenta y siete.-



 y DICE: que su Representado es dueño de finca inscrita en propiedad Partido de PUNTARENAS AL FOLIO
REAL MATRICULA TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO- CERO CERO CERO...de la cual segrega
y vende el lote que describe así: LOTE SEIS-TREINTA...



 MIDE: CIENTO VEINTISEIS HECTAREAS MIL CIENTO UN METROS VEINTINUEVE DECIMETROS CUADRADOS SEGÚN PLANO
P-CUATRO OCHO OCHO UNO CUATRO SIETE NUEVE OCHO... Los infrascritos Notarios damos fe de que el
Representante del Instituto vendedor fue debidamente autorizado por su Junta Directiva mediante
acuerdo tomado en artículo número once de la Sesión número OCHENTA Y OCHO -NOVENTA Y OCHO..."
(folios 132 a 134).



 CUARTO. Según consta en el artículo XXIX del Acta de la Sesión Nº 085-00, del 27 de noviembre del
2000, la Junta Directiva acordó:




"....



AUTORIZAR AL PRESIDENTE EJECUTIVO, PARA QUE PREPARE LA DENUNCIA PENAL, CONTRA LOS NOTARIOS XXX, XXX
Y XXX, POR LA ESCRITURA OTORGADA A LAS NUEVE HORAS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE 1998, QUE ES
COMPRA-VENTA DEL IDA A FAVOR DEL SEÑOR XXX. ADEMAS, SE LE SOLICITA INVESTIGAR LO SIGUIENTE.

. SI LOS NOTARIOS ESTABAN DESIGNADOS POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, PARA REALIZAR EL ACTO
NOTARIAL.




. SI EL AREA SEGREGADA CORRESPONDE A LO APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA.



INSTRUIR AL PRESIDENTE EJECUTIVO, PARA QUE DE ACUERDO A SU COMPETENCIA ABRA UN PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO CONTRA LA LICDA. XXX, EL LIC. XXX Y EL SEÑOR XXX... DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
LA LEY 6735, LEY DE CREACION DEL IDA, DEL 29 DE MARZO DE 1982 Y BAJO PROCEDIMIENTO CONTEMPLADO EN
LOS ARTÍCULOS II,XI, XII INCISO A) DEL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS,
INTEGRAR UN ORGANO DIRECTOR DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DE NULIDAD DE TITULO, OTORGADO A FAVOR
DEL SEÑOR XXX, EN CASO DE QUE OTORGAMIENTO CONSTITUYA UNA VIOLACIÓN A LA LEY 2825, LEY DE TIERRAS Y
COLONIZACION DEL 14 DE OCTUBRE DE 1961 Y SUS REFORMAS.

DICHO ORGANO DIRECTOR DE NULIDAD DE TITULO, ESTARA INTEGRADO POR EL LIC. XXX, ING. XXX Y A LA LICDA.
XXX Y PRESIDIRA EL ING. XXX.




...". (El énfasis es nuestro con el uso de negrita y subrayado es nuestro)



 QUINTO. La Junta Directiva acordó, según consta en el artículo XIX del Acta de la Sesión Nº017-01,
del 05 de marzo del 2001, en lo que interesa:




"....



MODIFICAR EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA, ARTICULO XXIX, INCISO C) DE LA SESION CELEBRADA EL 27 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2000, PARA QUE SE AGREGUE COMO SECRETARIO PARA LOS EFECTOS QUE SE DIRAN, AL SEÑOR
JOSE CARLOS SALAS FONSECA, A QUIEN SE NOMBRA COMO ORGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR
LA EXISTENCIA DE VICIOS QUE CONLLEVEN A LA DECLARATORIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y
MANIFIESTA DEL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA, ARTICULO XI DE LA SESION 088-98, POR EL QUE SE ADJUDICÓ Y
TITULÓ LA PARCELA N° 6-30 DEL ASENTAMIENTO OSA FORESTAL, SECTOR 7, A FAVOR DEL SEÑOR XXX. ESTABLECER
LA VERDAD REAL DE LOS HECHOS Y LA EVENTUAL RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS XXX, XXX Y XXX Y
OTROS, POR LA PARTICIPACIÓN QUE TUVIERON EN LA TRAMITACIÓN DE LA ESCRITURA OTORGADA, A FAVOR DEL
SEÑOR XXX. EL INFORME SOBRE LA NULIDAD, DEBERÁ SER RENDIDO A LA JUNTA DIRECTIVA Y EL DE
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, PARA LO QUE CORRESPONDA. PREVIO ESTUDIO
REGISTRAL, QUE DETERMINE QUE LA PROPIEDAD ESTA INSCRITA A NOMBRE DEL SEÑOR XXX, ORDENAR LA
INMOVILIZACIÓN DE LA PARCELA.

..." (El énfasis con el uso de la negrita es nuestro)




SEXTO. Mediante resolución de las 9:00 horas del 7 de mayo del 2001, el Órgano Director dispuso:



 " En cumplimiento de lo resuelto por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, por
acuerdo XXIX inciso c) de la sesión 085-00 del 27 de noviembre del 2000, reformado por el artículo
XIX de la Sesión 017’01 del 5 de marzo del 2001, se constituye el infrascrito en Órgano Director del
Procedimiento Administrativo, como Secretario Ad Hoc de la Junta Directiva del referido Instituto,
para la declaratoria de la Nulidad Absoluta Evidente y Manifiesta del Acuerdo XI tomado en la Sesión
088-98 del 25 de noviembre de 1998, y sus antecedentes, por el cual se aprobó la adjudicación al
señor XXX, cédula XXX de doce hectáreas mil ciento un metros con veintinueve decímetros cuadrados,
en un área de reserva forestal. Téngase por iniciado el procedimiento administrativo indicado y
díctese la resolución de apertura. Notifíquese. Ing. XXX. ORGANO DIRECTOR..." (El énfasis con el
subrayado es nuestro)



 SEPTIMO. Mediante resolución dictada a las 10:30 horas del 7 de mayo del 2001, el Órgano Director
inició el procedimiento, resolviendo, en lo que interesa:



 "... Se inicia el procedimiento administrativo para la declaratoria de Nulidad Absoluta Evidente y
Notoria conforme al artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, del acuerdo de
Junta Directiva número XI de la sesión 088’98 del 25 de noviembre de 1998 y sus antecedentes, que
dieron origen a la escritura número treinta y cinco, suscrita por el señor Carlos Prendas Lépiz como
Director Administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario y autorizada por los notarios XXX y XXX,
sin que el primero de los mencionados tuviera facultades para comparecer en nombre del Instituto.
IMPUTACION: ACTOS ACUSADOS COMO ABSOLUTAMENTE NULOS POR NULIDAD ABSOLUTA EVIDENTE Y MANIFIESTA:
Nulidad Absoluta Evidente y Manifiesta del acuerdo XI de la Sesión 088’98 del 25 de noviembre de
1998, en razón que la Junta Directiva lo tomó sin contar con los antecedentes del caso, sin el
expediente administrativo que debía contener toda la información referente a los adjudicatarios
originales y al secundario (sic.), sin contar tampoco con el estudio de selección y precalificación
socio-económica de este segundo pretendido adjudicatario, señor XXX, en violación directa del
articulo 7 inciso e) del Reglamento Interno de Orden, Dirección y Disciplina de la Junta Directiva
del instituto de Desarrollo agrario, artículos 4,7,8,10. 13 14 y 16 así como por violación expresa,
sin perjuicio de otras normas, pero específicamente de los artículos 129, 130,131, 132, 133,y 136 de
la Ley General de la administración Pública, así como la violación de los artículos 3 inciso e) y 32
inciso a) de la Ley del Instituto de Desarrollo Agrario, y violación por inaplicación del artículo
13 de la Ley Forestal número 7575, de la Ley de Uso del Suelo, de la Ley Orgánica del Ministerio de
Ambiente y Energía; normativa que regula todo los referente al patrimonio forestal del Estado.
PARTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: Se tienen como partes del presente procedimiento
administrativo al señor XXX, mayor, casado, divorciado, cédula XXX a quien se le previene para que
dentro de tercero día posterior a la notificación proceda a señalar casa u oficina dentro del
perímetro judicial de San José donde atender notificaciones, o bien para recibirlas por medio de Fax
en cualquier lugar del país, bajo el apercibimiento, que de no hacer el señalamiento indicado las
demás resoluciones que se dicten se le tendrán notificadas con el solo transcurso de veinticuatro
horas. Igualmente se les hace saber que deberán comparecer personalmente y no por medio de apoderado
a una comparecencia oral y privada que se llevará a cabo en el salón de sesiones de la Junta
Directiva del Instituto de Desarrollo agrario, en Barrio Escalante en San José a las 13 horas del
día 9 de noviembre del 2001 a la que podrá asistir con sus abogados si lo consideran conveniente, y
en la que deberán de presentar y ofrecer toda la prueba que tengan en su poder, bajo la sanción de
declararla inevacuable en caso de no ser presentada a la hora y fecha indicada. El expediente
administrativo con todos los antecedentes del caso se encuentra en la Secretaría de la Junta
Directiva a efecto que pueda ser revisado por las partes involucradas o por sus abogados.




..."( El énfasis es nuestro)



 OCTAVO. Al señor XXX se le notificó el 25 de octubre del 2001, en la Oficina Subregional Osa del
Instituto de Desarrollo Agrario (constancia puesta al reverso del folio 163). No se especificaron
debidamente las citas de las resoluciones objeto de notificación. Correlativamente, mediante
escritos presentados el 29 de octubre y 1º de noviembre del 2001, autenticados por el Lic. Julio
Sánchez Carvajal, el señor XXX se dio por notificado implícitamente, gestionando "dentro del plazo
conferido". (folios 163 vto. y 166 y 167 fte.).



 NOVENO. El señor XXX pidió que se llamara a declarar a dos funcionarios del Departamento de
Titulación, así como a los miembros de la Junta Directiva. Igualmente, solicitó que se cambiara la
fecha para la audiencia oral.



 DECIMO. Mediante resolución de las 15:00 horas del 1º de noviembre del 2001, el Organo Director
hizo un nuevo señalamiento; fijó las 13:00 horas del 16 de noviembre del 2001. Con la misma
resolución aceptó como testigos a los señores Gilberto Rodríguez Soto y Hugo Jiménez Arias, ambos
funcionarios del Departamento de Titulación del Instituto de Desarrollo Agrario. Igualmente, en
forma motivada, rechazó la petición de que se llamara a los miembros de la Junta Directiva. (folio
169 fte.).



 DECIMO PRIMERO. El señor XXX impugnó el nuevo señalamiento y la negativa de citar a todos los
miembros de la Junta Directiva.



 DECIMO SEGUNDO. El 6 de noviembre del 2001, el señor XXX otorgó "poder especial administrativo y
judicial a XXX:.." (folio 175).



 DECIMO TERCERO. Mediante resolución dictada a las 9:00 horas del 9 de noviembre del 2001, el Organo
Director rechazó el recurso de XXX, sin embargo "...A efectos de evitar nulidades..." hizo un nuevo
señalamiento: 9:00 horas del 5 de diciembre del 2001. (folio 172).



 DECIMO CUARTO. Con resolución dictada a las 14:00 del 14 de noviembre del 2001, el Organo Director
aceptó como testigos a Agustín Villalobos Salazar, Director de Formación y Desarrollo de
Asentamientos y Natalia Rudín Castro, Secretaria de la Junta Directiva del IDA.



 DECIMO QUINTO. Mediante resolución dictada a las 13:00 horas del 29 de noviembre del año 2001, el
Organo Director rechazó la solicitud de declaratoria de Litis Consorcio Pasivo Necesaria, en
relación con todos los que resultaron beneficiados mediante el acuerdo que aquí parcialmente se
examina.



 DECIMO SEXTO. La audiencia oral se realizó a las 09:00 horas del 05 de diciembre del 2001, con la
presencia del señor XXX así como de su representante, el Lic. XXX.(folios 188 a 193).



 DECIMO SEPTIMO. También se presentaron en la audiencia los funcionarios Natalia Rudín Castro,
Agustín Villalobos y Hugo Jiménez, estos dos últimos funcionarios del Departamento de Titulación y
Gilberto Rodríguez Soto.



 DECIMO OCTAVO. Mediante oficio NºJ.D.0006-02, del 7 de enero del año 2002, el Ing. José Carlos
Salas Fonseca, en su condición de Vice-Presidente de la Junta Directiva remitió a la Secretaría de
este mismo órgano colegiado el expediente del señor XXX.



 DECIMO NOVENO. Según consta en el artículo XIV del Acta de la Sesión Nº003-21, del 14 de enero del
2002, la Junta Directiva acordó:



 "Se somete a consideración de los señores Directores el oficio JD-006-2002, suscrito por Secretaria
General, con fecha 07 de marzo del año 2002, referente al procedimiento administrativo, contra el
señor XXX, expediente n°170, relacionado con la parcela n° 6-30 del Asentamiento Osa.




Analizado dicho caso y habiéndose concluido la instrucción del presente procedimiento, se acuerda:



 REMITIR EL EXPEDIENTE N° 170, A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA QUE EMITA SU DICTAMEN
CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 173, INCISO 1) DE LA LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PUBLICA..." ( el subrayado es nuestro)




B. Sobre el acto que se pretende anular



 PRIMERO. Consta que la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario autorizó adjudicar
segregar y traspasar 49 parcelas de distintos asentamientos, todos ubicados en la Región Brunca de
Puntarenas. Entre ellas una " parcela" de 12. Ha. 1101, 29 m2 al señor XXX. (folios 77 a 80).



 SEGUNDO. Según fotocopia simple que se incorporó en el expediente administrativo de este
procedimiento ordinario, el 27 de noviembre de 1998 se realizó el traspaso de la parcela adjudicada.
Se designa el bien traspasado como "LOTE SEIS-TREINTA" y se consigna como medida "...CIENTO
VEINTISEIS HECTAREAS MIL CIENTO UN METROS VEINTINUEVE DECIMETROS CUADRADOS..." . Igualmente, se
relaciona con dicha escritura el plano número "P-CUATRO OCHO OCHO UNO CUATRO SIETE NUEVE OCHO" y se
dice que el bien se segrega de la finca inscrita en el Partido de Puntarenas al " FOLIO REAL
MATRICULA TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO- CERO CERO CERO"



 TERCERO. Según sello del Departamento de Catastro Nacional, el plano Nº1- 488147-98 se registró el
11 de mayo de 1998 y corresponde a parte de la finca inscrita a folio real Nº6039334. El plano
aparece con una medida de 126 Ha 1101.29 m2 (folios 98, 99 fte. y vto., 100 fte. y vto. , 128, 129 y
130 fte.).




CUARTO. El plano se registró con "nota" en la que se consignó:



 "SE INSCRIBE ESTE PLANO SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS DEL ESTADO PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS
LIMITACIONES QUE LAS LEYES DE AGUAS Y CAMINOS Y ZONA MARITIMO TERRESTRE ESTABLECEN.



 ESTA PROPIEDAD SE ENCUENTRA DENTRO DE LA RESERVA FORESTAL GOLFO DULCE SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N
º10142."




QUINTO. En el mismo plano, consta el visado Nº0294 98 en el cual literalmente dice:



 " Con base en la ubicación que aparece en este plano, el inmueble que describe se ubica DENTRO de
RESERVA FORESTAL DE GOLFO DULCE.



 Según Decreto Ejecutivo o Ley N° de10142-A del 27-06-79 lo dispuesto en la Ley Forestal Nº7575 y
legislación conexa. Se autoriza para efectos catastrales la inscripción de este plano 27 abril 1998"
(folio 98. El énfasis con el uso de la negrita es nuestro).



 SEXTO. Según lo que se muestra en el expediente existen documentos, supuestos actos preparatorios,
en los que se consigna como área a adjudicar: 126Ha. 1101.29 m2. (folios 114 y 125 ).



 SEPTIMO. Según los mismos autos, la evolución de la tenencia de tierra en la región de Osa se ha
visto determinada por muchas vicisitudes de naturaleza jurídica, social y económica, las cuales han
motivado la participación de diferentes agencias del Estado. Pueden verse las opiniones, criterios y
comentarios, que dan cuenta de ello, a folios1 a 4, 6, 7, 46 a 49, 59 a 67, 137 a 138 y 156 a 158,
entre otros.



 OCTAVO. Constan copias de lo que parecen ser documentos incompletos visibles a folios 90 a 92 y 95
al 97. No es posible saber con precisión si se trata de un solo documento disgregado o si se trata
de dos documentos distintos.



 NOVENO. Las copias antes relacionadas, visibles a folios 90 a 92 (págs. 1, 2 y 3), son de fecha 16
de noviembre de 1998 y parecen constituir un documento dirigido a la Junta Directiva. Contiene una
lista de adjudicatarios, dentro de la cual se encuentra el señor XXX, a quien se le traspasarán
12Ha1101.29 m2. Las copias visibles a folios 95 a 97 (págs.4, 5 y 6), suscrito por los funcionarios
del IDA Gilberto Rodríguez Soto y Agustín Villalobos S, parece ser un proyecto o propuesta de
acuerdo de adjudicación para la Junta Directiva, relacionada con el traspaso hecho a XXX,:



 "...4. AUTORIZAR A LOS SEÑORES JOSE JOAQUIN ACUÑA MESEN, PRESIDENTE EJECUTIVO, MARCO AURELIO
BOLAÑOS VIQUEZ, ASESOR GERENCIAL, SIGURD VARGAS YONG, ASESOR DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, O CARLOS
PRENDAS LEPIZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, A COMPARECER ANTE EL NOTARIO ASIGNADO (XXX)
PARA OTORGAR LAS RESPECTIVAS ESCRITURAS DE TRASPASO.



 5. CONCLUIDA LA FIRMA DEL PROTOCOLO Y CERRADA LA ESCRITURA PRINCIPAL LOS NOTARIOS NO PODRAN HACER
USOS DE ESTE ACUERSO PARA TRAMITES INDIVIDUALES. Atentamente, GILBERTO RODRIGUEZ SOTO COORDINADOR
PROGRAMAS TITULACION VB LIC.FEDERICO VILLLALOBOS CH. ASESOR VB.AGUSTIN VILLALOBOS S. DIRECTOR
FORMACION DESARROLLO ASENTAMIENTOS




HJA.




CC Agustin Villalobos S




Lic. Fererico Villalobos CH




Cajas Agrarias




Archivo




LA FIRMA DE PROTOCOLO SERA LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 1998




26 DE NOVIEMBRE DE 9:00 A 1:00 OFICINA REGIONAL DE OSA



 27 DE NOVIEMBRE DE 8:00 A 12:00 M EN LA OFICINA REGIONAL DE PIEDRAS BLANCAS " (El énfasis con el
uso de la negrita es nuestro).



 DECIMO. El 14 de octubre de 1997, según copias simples de compraventa privada, el señor XXX compró
finca sin inscribir al señor XXX, con una medida de 30 Ha. De la misma forma, el 26 de octubre de
1997, el señor XXX compró finca sin inscribir a XXX, con una medida de 30 Ha. Ambas posesiones
situadas en "...el sector tres de Drake de Osa, distrito tercero, cantón quinto de Puntarenas..."



 DECIMO PRIMERO. Mediante oficio NºOARO 0130-2000, de 3 de julio del 2000, el Ing. Eddie Bermúdez
Gutiérrez y Randall Barrantes Solórzano, funcionarios de la Oficina Regional de Piedras Blancas, del
Instituto de Desarrollo Agrario, informan al Presidente Ejecutivo (por requerimiento suyo), en lo
que interesa:




"...



La parcela Nº20, sector 3 Drake, estaba censada a nombre del señor XXX, cédula Nº XXX, la cual no
tenía plano catastrado. El señor XXX le vende las mejoras al señor XXX, cédula XXX, el trámite lo
hacen en la Oficina Auxiliar de Rincón de Osa el día 14 de octubre de 1997. La parcela Nº31, sector
3 Drake, estaba censada a nombre del señor Víctor Rafael Suárez Flores, cédula Nº6-059-384, la cual
no tenía plano catastrado. El señor XXX hace el trámite de la venta de las mejoras el día 14 de
octubre de 1997 en la Oficina Auxiliar de Rincón de Osa, al señor XXX, cédula XXX.

...



 La Oficina Auxiliar del IDA en Rincón de Osa hace constar que según acuerdo de Junta Directiva en
el artículo IX, sesión Nº88-98 celebrada el 25 del mes de noviembre del año mil novecientos noventa
y ocho se declara adjudicatario y se aprueba la segregación y traspaso, al señor XXX, cédula XXX, ES
PROPIETARIO de la parcela Nº6-30, del Sector 6, Asentamiento Campesino Osa, según Folio Real
Nº108874.000, con un área de 126 Ha.1101.29 m2, según plano catastro Nº488147-98.




...



 Con el punto tres donde el IDA decidió transformar la parcela Nº20 y 31 en la parcela Nº6-30 debo
indicar que las parcelas antes mencionadas no tenían plano catastrado, por lo cual el señor XXX,
hizo una sola medida, y presentó el plano para el trámite de adjudicación y titulación de dicha
parcela.




...(folios 126 y 127. El énfasis con el subrayado no es del original ).



 DECIMO SEGUNDO. Mediante oficio ST-201-2000, de fecha 18 de julio del 2000, el Topógrafo Marco
Antonio Zuñiga Montero, funcionario del Departamento de Titulación del IDA, informó al Presidente
Ejecutivo del IDA:



 "El día 26 de noviembre de 1998, ante el Lic. XXX, firmó el protocolo el señor XXX, cédula de
identidad número XXX, por la parcela N° 6-30 del Asentamiento Campesino Osa Forestal, entrega número
24, lo anterior con base al acuerdo de Junta directiva número XI de la sesión número 088-98 del 25
de noviembre de 1998.



 Esta propiedad tiene un área de 126 ha 1101.29 m2, según plano catastrado número P-488147-98 de
fecha 11 de mayo de 1998 y se encuentra inscrita bajo el sistema de Folio Real Partido de
Puntarenas, matrícula número 108874-000.




..." ( folio 121. El énfasis con el subrayado es nuestro)



 DECIMO TERCERO. La audiencia oral se celebró el 5 de diciembre del 2001. Según consta en el acta,
los comparecientes manifestaron, en lo que interesa:



XXX:

" ...que esa finca el la compró que nadie le regaló nada ni el ida ni nadie que el pago lo que
correspondía al plano catastrado y con eso le dieron la escritura en Puerto Jiménez me la entregó
Miguel Angel Rodríguez en sus propias manos y se encuentran vivos las personas que me vendieron hace
10 o 12 años eso es todo."



Natalia Rudín Castro (funcionaria del IDA que comparece como testigo).

"...En el año 99 estoy nombrada como Secretaria General. A la Junta Directiva le remiten los
expedientes para que tomen los acuerdos, si este decide que hace falta más información se manda a
solicitar. Se basa en los documentos que entran a la junta directiva si hiciera falta alguna
información se solicita...Tenemos lo que manda el área de titulación que es la responsable de
remitir a junta directiva lo que se va a conocer. Se conoce en el acta, tenemos los documentos de
cada persona, relacionado con adjudicaciones y traspasos pero se conoce en sesiones extraordinarias
lo del área de titulación...No se pasa a la secretaria para que ella los transcriba vienen del área
de titulación e ingresan directamente a la junta para su aprobación..."



Agustín Villalobos (funcionario del IDA que comparece como testigo)

"... Director de Formación y Desarrollo, ese es mi cargo. Tengo ese cargo desde julio del 90 si no
me equivoco....por norma es un trámite ante la junta directiva no le corresponde a la dirección
verificar la documentación que esta claramente definido, debe enviar la dirección regional. Llega
directamente al área de titulación y quisiera agregar que esa documentación viene con la firma del
encargado agrario del jefe regional y del director regional repito nosotros nos encargamos del
tramite de hacerlo llegar a la junta directiva. Una directriz relacionada con la obligación de
remitir o solicitar al Minae la calificación de la parcela que se va adjudicar, como directriz
emanada de la institución no la hay o no la conozco. Tampoco la conozco como acuerdo. En las
diferentes áreas es común que se den rectificaciones o modificaciones de acuerdos, muchas veces por
un error en los nombre o apellidos invertidos, es común. Se envía y justifica a la junta directiva
se le explica a efecto que la junta directiva mediante un nuevo acuerdo haga la rectificación del
caso....Siento que la unidad encargada de ejecutar el acuerdo debe revisar y se detecta un error
debe pedirse la modificación del acuerdo, si el error es por un número de área y no corresponde a
como salió el acuerdo por un error material lo lógico es que la unidad encargada de ejecutar
solicite la rectificación del acuerdo de previo a la ejecución. Fue un acuerdo que tomó la Junta
Directiva en el 90-94 ampliando un acuerdo que no recuerdo qué fecha es en el sentido de otorgar
título de propiedad a personas que estuvieran en el asentamiento antes de 1988 y a los cuales no se
les hubiera realizado los estudios de selección de beneficiarios..."



Hugo Jiménez Arias (funcionario del IDA que comparece como testigo)

"...Si tengo que haber tenido los antecedentes en el caso del señor XXX, para la solicitud del
acuerdo. Yo durante años he estado pidiendo de acuerdos de junta directiva,... y como ser humano
cometí un dedazo, un error, habiendo demasiadas solicitudes en ese tiempo yo no tuve la curiosidad
de revisar el acuerdo sino que lo archivé y me di cuenta hasta que se vino el conflicto, si yo
hubiera sabido con anticipación hubiera solicitado una modificación del acuerdo como ha sucedido en
otros casos...Los abogados cuando en aquél entonces se pedían individuales , además de la hoja legal
se solicitaba la ficha. El plano también se tiene a la vista. No después de firmada la escritura no
se ha solicitado la modificación del acuerdo. Yo he hecho modificaciones ...han enviado documentos a
modificar, inclusive estando ela cuerdo aprobado...A junta directiva nunca hemos traído los
expedientes ni los han pedido..."



Gilberto Rodríguez Soto (funcionario del IDA que comparece como testigo)

"... El trámite hay procedimientos internos que establece que las oficinas regionales que todo lo
que corresponde a la parte de inspección en la parte legal son revisados por las oficinas regionales
nosotros en sede central hacemos es analizar lo que corresponde dentro del procedimiento y trasladar
la recomendación de la oficina regional a Junta Directiva y colaboramos con el notario para
verificar lo que son las cabidas de los asentimientos y la confección de las hojas legales. En
ningún momento se remite las fichas o los expedientes individuales eso por el volumen de
documentos..." (folios 188 a 193).



 III. NATURALEZA DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA DE REVOCATORIA DE ACTOS QUE CONFIEREN DERECHOS
SUBJETIVOS



 La potestad administrativa de revocar los propios actos, reconocida legalmente a la Administración,
sólo puede ser de ejercicio en situaciones de excepción.



 En un Estado de Derecho, los actos de los funcionarios deben guardar conformidad con el
Ordenamiento Jurídico, el Principio de Legalidad nunca puede ser soslayado. Mas, cuando se trata de
una República, la Constitución tutela los mismos valores que le dan contenido. Por ello, se encarga
al Poder Judicial la potestad de revisar la legalidad de los actos de la Administración (art.49 de
la Carta Magna), aun cuando se trate de una impugnación de la misma Administración.



 Sin embargo, atendiendo a los mismos fenómenos de la realidad cotidiana, es fácil comprobar que
caben las hipótesis de actos que son violaciones groseras del Ordenamiento Jurídico. Dada la
naturaleza de las relaciones entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y el Estado, el Legislador
autorizó que la Administración pueda volver sobre sus actos (que otorgan derechos subjetivos a los
administrados) en casos excepcionales. Estas hipótesis fueron tipificadas con el establecimiento de
una categoría precisada en forma imperativa y terminante como casos de: "nulidad absoluta, evidente
y manifiesta".



 La utilización del pleonasmo no expresa un mero capricho del legislador sino una garantía para el
ciudadano, frente a la posibilidad de una eventual arbitrariedad de la Administración; una garantía
que constituye sin duda una de las manifestaciones de nuestro sistema republicano consolidado y
desarrollado sobre valores fundamentales entre ellos: la seguridad jurídica.



 El carácter excepcional de esta potestad se garantiza por el mismo Ordenamiento Jurídico, incluso
dentro del mismo artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, cuando se dispone:




"...



 6-La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea por omisión de
las formalidades previstas o por no ser la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, será
absolutamente nula.



 Además, la Administración estará obligada a pagar las costas, los daños y perjuicios, sin mengua de
las responsabilidades personales del servidor agente, conforme al segundo párrafo del artículo
199..."



 Los límites de esta potestad, se desprenden claramente de las explicaciones de Eduardo Ortiz
cuando, dentro de la discusión legislativa del proyecto de la Ley General de la Administración
Pública, buscaba la precisión de los mismos, en los siguientes términos:




"…



 El juicio de lesividad es una protección a la seguridad jurídica del administrado en el sentido de
que si tiene un derecho derivado de un acto administrativo, puede tener la confianza de que no le
será suprimido sin un juicio con todas las garantías de un proceso judicial.



 Pero se dice, y la Comisión creyó que con razón, y esto empezó a decirse en España, no en Costa
Rica, que cuando la nulidad del acto es absoluta, evidente, clara, el administrado no tiene derecho
a esa seguridad, porque está refiriendo un derecho en condiciones que obviamente no pueden
garantizarse, porque él mismo sabe que el acto que se está realizando es absolutamente nulo y en
consecuencia no tiene una expectativa bien fundada de poder mantenerse ese derecho. Luego, en esos
casos, la Administración puede deshacer ese derecho en la vía administrativa, sin ir al juez, con la
garantía y aquí nosotros hemos alegado de nuestra cuenta para que no se trate simplemente de una
volubilidad, de una veleidad de la Administración, de que tendrá que haber previo dictamen favorable
de la Procuraduría General de la República y votación por mayoría simple del Consejo de Gobierno.
Esto significa que eso no lo va decidir un Ministro, lo decide el Consejo de Gobierno y no lo va a
decidir el Consejo de Gobierno por sí y ante sí sino previo dictamen favorable, recomendando la
anulación, de la Procuraduría General de la República, sin el cual dictamen, ni siquiera el Consejo
de Gobierno podría dar lugar a esa anulación.




...



 ...si en lugar de hablar de la nulidad absoluta pusiéramos así: "La declaración de la nulidad
absoluta que sea manifiesta", en otras palabras, para acentuar el hecho de que el administrado
cuando sea evidente la nulidad no tiene derecho al juicio de lesividad, Es decir, decir "La
declaración de nulidad absoluta cuando la nulidad absoluta sea evidente y manifiesta, podrá hacerse
la declaración de la misma por el Estado, es decir, eliminar simplemente el hecho de que la nulidad
sea absoluta, puede ser que sea absoluta, pero si no es manifiesta, obvia, entonces jugará el
principio de lesividad. Entiende la modalidad que le estoy dando? Estoy restringiendo el concepto ya
no en los casos de nulidad absoluta, sino en los casos de nulidad manifiesta y evidente…



 …Yo por eso sugería, para hacer esto más tutelar del particular, poner en el párrafo primero
"cuando la nulidad absoluta sea evidente y manifiesta, " y agregar uno quinto que diga: "cuando la
administración prescinda ilegalmente del juicio de lesividad, por tratarse de una lesividad relativa
la que aqueja el acto, deberá acogerse la demanda en su contra aún si se constata la nulidad
relativa" y con eso ponemos la administración en un jaque mate porque la primera vez que la
administración quiera anular un acto arbitrariamente se va a encontrar ante esta alternativa…la
administración puede decir, si hago el juicio de lesividad porque esta nulidad es relativa, lo gano,
dado que declaran que es nulidad y anulan el acto, es decir, yendo a la lesividad, pero si no hago
el juicio de lesividad lo que va a ocurrir es que si el juez descubre que la nulidad es relativa y
ve arbitrario mi acto, pierdo el juicio aunque lo declare nulo porque la ley lo dispone así como
sanción para la arbitrariedad. Es decir, yo veo que una administración puesta en esta alternativa,
muy probablemente opte por atenerse a la ley, porque no le conviene el riesgo de perderse un juicio
que de otro modo podría ganar, si actúa correctamente…" (Acta de la Sesión Nº103, celebrada por la
Comisión Permanente de Gobierno y Administración, a las catorce horas con quince minutos del dos de
abril de mil novecientos setenta, págs. 2, 5 y 6).



 La Sala Constitucional se ha referido reiteradamente al carácter excepcional de esta potestad. Así,
entre otras, en las siguientes sentencias:



 "...Tal argumentación es manifiestamente improcedente toda vez que si bien es cierto que la
administración pública tiene la facultad de anular sus propios actos cuando ella considere que son
lesivos a sus intereses, tal facultad es limitada cuando se está ante un acto declarativo de
derechos, pues para ello deberá ir al proceso de lesividad que para los efectos contienen los
artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, según lo que
establece el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, siempre y cuando no se
esté ante una nulidad absoluta, manifiesta y evidente, en cuyo caso podrá declararla de oficio..."
.(Sentencia Nº458-90. El énfasis es nuestro).



 "...Un acto declaratorio de derechos sólo puede ser declarado nulo por la propia administración,
cuando se esté en presencia de una nulidad absoluta, manifiesta y evidente. Por manera que no se
trata de cualquier nulidad absoluta sino de aquella que se encuentre acompañada de una nota especial
y agravada. Consistente en que la nulidad absoluta sea perceptible fácilmente, o lo que es igual sin
necesidad de forzar las circunstancias para concluir ello..." (Sentencia Nº1563-91. El énfasis es
nuestro).




Se desprenden del artículo 173, dentro del contexto ideológico de nuestro Ordenamiento Jurídico que:



 . La potestad de la revocación de los propios actos, por parte de la misma Administración, es
limitada, en tratándose actos declaratorios de derechos.



 . Que la potestad administrativa de revocación de los propios actos sólo se encuentra autorizada
para los casos en los que concurre una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.



 . Que la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, por su misma naturaleza, es aquella que se
muestra por sí misma sin requerir de análisis jurídicos profundos o interpretaciones jurídicas
especiales para su establecimiento.



 . Que, sin perjuicio de los objetivos específicos de la anulación de un acto que presenta una
nulidad absoluta, evidente y manifiesta, el ejercicio de la misma constituye una aplicación concreta
de la Justicia Administrativa.



IMPOSIBILIDAD DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE REQUIERE

Se ha establecido en forma reiterada, mediante la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia
de este órgano técnico - consultivo, que no se puede declarar la existencia de una nulidad absoluta,
evidente y manifiesta sin el cumplimiento previo de un procedimiento administrativo ordinario, de
conformidad con los artículos 214 y siguientes y 308, siguientes y concordantes de la Ley General de
la Administración Pública.



Citación del señor XXX

1. El objeto del procedimiento




Se puede corroborar, en lo substancial, que:



 a. Mediante el acuerdo que consta en el artículo XXIX del Acta de la Sesión Nº085-00 (de fecha ya
indicada), la Junta Directiva estableció como objeto de este procedimiento ordinario la: "...NULIDAD
DE TITULO, OTORGADO A FAVOR DEL SEÑOR XXX, EN CASO DE QUE OTORGAMIENTO CONSTITUYA UNA VIOLACIÓN A LA
LEY 2825, LEY DE TIERRAS Y COLONIZACION DEL 14 DE OCTUBRE DE 1961 Y SUS REFORMAS..." (El énfasis es
nuestro).



 b. Luego, consta en el artículo XIX del Acta de la Sesión Nº017-01 (de fecha ya indicada) que la
Junta Directiva acordó, en lo que interesa:




"....



MODIFICAR EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA, ARTICULO XXIX, .INCISO C...PARA QUE SE AGREGUE COMO
SECRETARIO PARA LOS EFECTOS QUE SE DIRAN, AL SEÑOR JOSE CARLOS SALAS FONSECA, A QUIEN SE NOMBRA COMO
ORGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE VICIOS QUE CONLLEVEN A LA
DECLARATORIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA, ARTICULO
XI DE LA SESION 088-98, POR EL QUE SE ADJUDICÓ Y TITULÓ LA PARCELA N° 6-30 DEL ASENTAMIENTO OSA
FORESTAL, SECTOR 7, A FAVOR DEL SEÑOR XXX. ESTABLECER LA VERDAD REAL DE LOS HECHOS Y LA EVENTUAL
RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS XXX, XXX Y XXX Y OTROS, POR LA PARTICIPACIÓN QUE TUVIERON EN LA
TRAMITACIÓN DE LA ESCRITURA OTORGADA, A FAVOR DEL SEÑOR XXX.

.." (El énfasis con el uso de negrita es nuestro)



 No es claro qué es lo que constituye objeto de modificación ni la extensión de la modificación
pero, en todo caso, se encarga al órgano que se nombra la dirección del procedimiento para



 "...DETERMINAR LA EXISTENCIA DE VICIOS QUE CONLLEVEN A LA DECLARATORIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA,
EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA, ARTICULO XI DE LA SESION 088-98, POR EL QUE SE
ADJUDICÓ Y TITULÓ LA PARCELA..."



 Y se ordena además la investigación disciplinaria de los funcionarios que participaron como
notarios y al que compareció para otorgar la escritura en representación del IDA.



 c. Posteriormente, mediante resolución dictada a las 9:00 horas del 7 de mayo del 2001, el Ing.
José Carlos Salas Fonseca se constituyó en Organo Director del Procedimiento:



 "... para la declaratoria de la Nulidad Absoluta Evidente y Manifiesta del Acuerdo XI tomado en la
Sesión 088-98 del 25 de noviembre de 1998, y sus antecedentes., por el cual se aprobó la
adjudicación al señorXXX, cédula XXX de doce hectáreas mil ciento un metros con veintinueve
decímetros cuadrados, en un área de reserva forestal...." (El énfasis con el subrayado es nuestro)



 d. Después, mediante resolución dictada a 10:30 horas del 7 de mayo del 2001, el Organo Director
inició el procedimiento:



 "... para la declaratoria de Nulidad Absoluta Evidente y Notoria ... del acuerdo de Junta Directiva
número XI de la sesión 088-98 del 25 de noviembre de 1998 y sus antecedentes, que dieron origen a la
escritura número treinta y cinco, suscrita por el señor Carlos Prendas Lépiz como Director
Administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario y autorizada por los notarios XXX y XXX, sin que
el primero de los mencionados tuviera facultades para comparecer en nombre del Instituto.
IMPUTACION: ACTOS ACUSADOS COMO ABSOLUTAMENTE NULOS POR NULIDAD ABSOLUTA EVIDENTE Y MANIFIESTA: 1.
Nulidad Absoluta Evidente y Manifiesta del acuerdo XI de la Sesión 088-98 del 25 de noviembre de
1998, en razón que la Junta Directiva lo tomó sin contar con los antecedentes del caso, sin el
expediente administrativo que debía contener toda la información referente a los adjudicatarios
originales y al secundario (sic.), sin contar tampoco con el estudio de selección y precalificación
socio-económica de este segundo pretendido adjudicatario, señor XXX, en violación directa del
articulo 7 inciso e) del Reglamento Interno de Orden, Dirección y Disciplina de la Junta Directiva
del instituto de Desarrollo agrario, artículos 4,7,8,10. 13 14 y 16 así como por violación expresa,
sin perjuicio de otras normas, pero específicamente de los artículos 129, 130,131, 132, 133,y 136 de
la Ley General de la administración Pública, así como la violación de los artículos 3 inciso e) y 32
inciso a) de la Ley del Instituto de Desarrollo Agrario, y violación por inaplicación del artículo
13 de la Ley Forestal número 7575, de la Ley de Uso del Suelo, de la Ley Orgánica del Ministerio de
Ambiente y Energía; normativa que regula todo los referente al patrimonio forestal del Estado.."



 Como se puede notar, mediante esta resolución se tuvo como objeto el acuerdo, el cual se reprocha
como nulo por la presunción de que la Junta Directiva no tuvo a la vista los antecedentes y aunque
no se intima sobre la eventual nulidad de la escritura de traspaso, sí se cuestiona la validez de la
misma por la presunta falta de personería de del funcionario que compareció en nombre del IDA para
el otorgamiento.



 Se reprocha además el acuerdo por violación de las normas que se citan en la misma resolución pero
sin un grado de especificación suficiente de las mismas presuntas infracciones. Véase por ejemplo la
imputación de la infracción del artículo 3 inciso e) de la Ley Nº6735 (Ley del Instituto de
Desarrollo Agrario). Con este artículo se dispone:




"El Instituto de Desarrollo Agrario tendrá las siguientes funciones:




...



Cooperar en la conservación de los recursos naturales del país, promover y coadyuvar en las labores
de recuperación de tierras, con el objeto de elevare su productividad y de facilitar la
transformación de la propiedad rural..."

Evidentemente la sola imputación del incumplimiento de esta norma en el trámite de la adjudicación y
la titulación no facilita la comprensión del objeto de este procedimiento en grado suficiente para
el ejercicio de la defensa por parte del administrado. Aunque ciertamente sí constituye fundamento
para haber llevado adelante este procedimiento.



 e. Y, finalmente, en el oficio JD-024-02, suscrito por el Ing. Salas Fonseca, mediante el cual se
remite el expediente, se consigna:




"....



 El expediente administrativo fue levantado y se recibieron las pruebas documentales que determina
que, sin que la Junta Directiva reformara el acuerdo en cuanto a la medida de la parcela adjudicada,
notarios de la institución, consignaron en la escritura de traspaso una medida diferente a la
estipulada en el acuerdo de segregación, así como otras irregularidades que constan en el expediente




..."




En consecuencia:



 - No se puede afirmar que el objeto de este procedimiento se haya precisado claramente. Unicamente
parece claro que la Junta Directiva pretende anular vía administrativa el acuerdo de adjudicación de
12Ha 1101.29 m2 al señor XXX. Sin embargo, también se refiere a la nulidad de la escritura (el
"título") y por ello, paralelamente, acordó la investigación de quienes actuaron como notarios y de
quien compareció como representante del IDA para el otorgamiento de una escritura en la que, el área
traspasada fue de un área de 126 Ha.1101.29 m2.



 - Es claro que la Junta Directiva, si bien, ordenó la investigación de los funcionarios antes
dichos, no precisó como objeto de este procedimiento la anulación del material de la comparecencia o
de la ejecución del acuerdo por razón de la presunta falta de personería.



 - Igualmente, el Organo Director hace reproches en la resolución inicial en relación con la
investidura y la presunta falta de autorización de los notarios para realizar la escritura pero,
como advertimos, no es claro que se pretenda la nulidad de la escritura en esta vía (lo cual en todo
caso sería improcedente).



 - No se puede afirmar que la Junta Directiva haya precisado como objeto de investigación la nulidad
de los "antecedentes" ("actos preparatorios").



 - Igualmente, si bien el Organo Director, en la primera resolución que dicta destaca con letra en
negrita el área verdaderamente adjudicada, según el acuerdo que se pretende anular, en la resolución
mediante la cual se inicia el procedimiento no reprocha como vicio de acto alguno la enorme
diferencia entre el área adjudicada y el área realmente traspasada. No obstante, en el oficio con el
cual se remite el expediente a la Secretaría de la Junta Directiva sí se hace el énfasis en la
diferencia de medidas.




2. Sobre la notificación citación del señor XXX



 Al señor XXX se le notificó la citación, en los términos de la constancia puesta al reverso del
folio 163. No se especificaron las citas de las resolución objeto de la diligencia pero, sí se
describió, aunque en forma precaria, la naturaleza de la misma.



 Sin embargo, mediante escritos presentados al IDA el 29 de octubre y 1º de noviembre del 2001,
autenticados por el Lic. Julio Sánchez Carvajal, el XXX se da por notificado implícitamente,
gestionando "dentro del plazo conferido". (folios 163 vto. y 166 y 167 fte.").



 Consecuentemente, debemos concluir que no hubo indefensión del señor XXX por deficiencias en cuanto
a la notificación.




B. Insuficiencia de la instrucción



 Sin perjuicio de la necesidad de una precisión del objeto del procedimiento, es claro que en el
expediente remitido a este despacho no constan elementos suficientes para determinar la existencia
de las presuntas nulidades.




Entre otros elementos, debieron haberse incorporado en el expediente al menos:



Certificación de la inscripción registral del inmueble. Dictamen técnico sobre la presunta
pertenencia del área adjudicada y traspasada al Patrimonio Forestal Nacional. Instrumento idóneo con
el cual se pudiera determinar la persona realmente legitimada para comparecer ante los notarios para
el otorgamiento de la escritura, en representación del IDA. Certificación del acuerdo completo que
constituye objeto de examen. Instrumento idóneo que permita establecer que las piezas que se
encuentran en el expediente administrativo, correspondientes a la selección del señor XXX como
adjudicatario corresponden al expediente completo.

Esta falta de esta acreditación impide también verter el pronunciamiento requerido. Debe tomarse en
cuenta que el procedimiento que debe sustentar el pronunciamiento debe dar cumplimiento al Principio
de la Verdad Real.



 C. Sobre la participación del Ing. José Carlos Salas Fonseca y la conclusión del procedimiento
administrativo



 Según se desprende de los mismos autos, el Ing. José Carlos Salas Fonseca es Vice - presidente de
la Junta Directiva y fue nombrado "Secretario" con oportunidad de este procedimiento. Igualmente,
consta en los autos que, mediante oficio NºJ.D.0006-02, del 7 de enero del año 2002, el Ing. Salas
Fonseca remitió el expediente a la Secretaría de la Junta Directiva, en su condición de Vice-
Presidente del mismo órgano colegiado (aparentemente dando por concluida la instrucción, en forma
tácita).



 La múltiple investidura del Ing. Salas Fonseca parece ambigua y, eventualmente, ello podría
determinar una situación de incompatibilidad. Sin embargo, a este momento no se puede afirmar que se
haya producido ningún vicio, por esta razón, del Debido Proceso.



 V. INADECUACION DEL CASO CONCRETO A LA HIPOTESIS PREVISTA EN EL ARTICULO 173 DE LA LEY GENERAL DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA



 Tal y como se desprende de este enunciado, la primera condición que se requiere para la
declaratoria de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta en sede administrativa es, precisamente,
que presente el vicio de la nulidad absoluta.



 En consecuencia, es importante tener en consideración que la Ley General de la Administración
Pública dispone:




"...



 Artículo 166 : Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus
elementos constitutivos, real o jurídicamente.



 Artículo 167.- Habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos
constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin, en cuyo caso la nulidad será
absoluta.



 En la especie, según lo podemos notar, aunque como dijimos el objeto no se encuentra definido
claramente (al menos en su extensión), cabe pensar que se pretende la nulidad de:



Los antecedentes (que no fue el encargo de la Junta Directiva pero que fue asumido así por el Organo
Director). Acuerdo de adjudicación, el cual se reprocha por haberse tomado sin tener a la vista los
antecedentes para la adjudicación por presunta violación del Ordenamiento Jurídico.. Comparecencia
del funcionario para el otorgamiento de la escritura por presunta falta de investidura para ese
acto. Ello se reprocha, aunque no se precisa como objeto del procedimiento la anulación de su
comparecencia. Nulidad del título de traspaso por la razón anterior. Esta nulidad en todo caso no
podría ser declarada en esta vía. Sí lo podría ser, si se hubiera cumplido con el debido proceso, el
acto material de la comparecencia. En relación con la nulidad de los antecedentes

Con los elementos que constan en autos no puede afirmarse en forma fehaciente que el señor XXX no
tuviera las condiciones para ser declarado adjudicatario.



En relación con la nulidad del acuerdo

1. Por no tenerse a la vista los antecedentes



 El hecho de no tener a la vista la totalidad de los documentos producidos hasta el momento del
dictado de un acto administrativo no necesariamente causa una nulidad absoluta. La eventual nulidad
sólo podría tenerse como tal en el tanto en que así señalara en forma expresa por la Ley o, bien, en
el tanto que, de conformidad con los documentos que no se tuvieron a la vista, pudiera determinarse
la existencia de una nulidad absoluta del acto administrativo, de conformidad con la Ley General de
la Administración Pública.



 En la especie, según se desprende de los testimonios rendidos en la audiencia, no consta que la
Junta Directiva tuviera a la vista absolutamente todos los antecedentes del señor XXX para el
dictado del acuerdo pero, tampoco consta que hubiera tenido menos de lo acostumbrado según la
práctica administrativa. Igualmente, no consta que la selección del señor XXX como adjudicatario se
encuentre viciada.



 En la resolución con la cual se inicia el procedimiento se intima la infracción del artículo 7
inciso e) del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina de la Junta Directiva del Instituto de
Desarrollo Agrario. En este numeral se dispone:




"Son deberes y atribuciones del Secretario General:




...



 e) solicitar los antecedentes que fueren necesarios , para contar con todos los elementos de juicio
al momento de resolver cada asunto."



 Es evidente que la decisión de la Junta Directiva se encuentra dentro del ámbito de la
discrecionalidad. No constan en los autos elementos que permitan determinar que, en este caso
concreto, dicha discrecionalidad trascendió los límites establecidos en el Ordenamiento Jurídico.




2. Relevancia del área consignada en el acuerdo cuya nulidad se pretende



 Si es clara, en cambio, la discrepancia entre la medida que se consigna en la escritura, de 126Ha
1101.29 m2, y la realmente otorgada mediante el acuerdo cuestionado




La situación es más extraña si se considera:



Que si bien no constan suficientes elementos en el expediente para determinar la situación con
certeza, la Junta Directiva encontró fundamento para motivar la apertura de este procedimiento y el
Organo Director del Procedimiento reprochó la ilegitimidad de quien comparece como representante del
IDA para otorgar la escritura. El área que se hizo consignar en la escritura sí consta en documentos
anteriores a la manifestación del acuerdo de adjudicación. Y un funcionario del IDA, según su
testimonio, pareciera afirmar que el error lo cometió él cuando envió la comunicación a la Junta
Directiva, sobre el área objeto de adjudicación (aparentemente validando las 126Ha1101.29 m2). Que,
sin embargo, el área supuestamente asignada al señor XXX por el Departamento de Titulación, no
parece guardar ninguna proporcionalidad con la entregada a otras personas adjudicatarias, según los
mismos documentos que aportó ese departamento. Que, correlativamente, según lo informan el Ing.
Eddie Bermúdez Gutiérrez y el señor Randall Barrantes Solórzano (también funcionarios del IDA), el
área de 126 Ha 1101.29 m2, que está consignada igualmente en el plano catastrado a nombre del señor
XXX, contiene tanto la superficie de la parcela adjudicada con el acuerdo cuestionado (12Ha1101.29
m2) como las áreas correspondientes a las fincas sin inscribir que el mismo señor compró en esa zona
(aunque, aún así, la suma de las tres áreas no llega a la superficie traspasada mediante escritura
pública) Que, la parcela adjudicada se encuentra en el "sector 7" y las posesiones compradas a los
señores Suárez Flores se encuentran en el "sector 3". Esa discrepancia requeriría una explicación.
Que, en términos gráficos, la única diferencia entre el área realmente adjudicada y la consignada en
la escritura es el numeral seis.

En todo caso, el área cuestionable no es la que se adjudica con el acuerdo, sino la que se consigna
en la escritura.




3. Sobre al naturaleza del inmueble adjudicado



 Es evidente que la lesión del Patrimonio Forestal de la Nación constituye un hecho grave. No
obstante, como ya se advirtió, no existen en el expediente instrumentos idóneos para determinar si
la totalidad del área traspasada al señor XXX o parte de ella pertenece a dicho patrimonio. Ello
debe determinarse técnicamente.




C. En relación con la investidura de quien compareció a otorgar la escritura



 No constan, tampoco elementos que permitan determinar en forma fehaciente la incompetencia de quien
compareció para otorgar la escritura cuestionada.




D. En relación con la nulidad del "Título"



 No es posible determinar en esta vía la nulidad de la escritura de traspaso de la parcela. Sí
habría podido examinarse la eventual nulidad del acto material de la comparecencia cuestionada, si
se hubiera substanciado debidamente en los autos.



 Si no es posible fundamentar la existencia de una nulidad absoluta, ello es suficiente para
prescindir del examen de las cualidades "evidente" y "manifiesta".




CONCLUSIONES



 Los vicios en la intimación, por la falta de precisión del objeto de este procedimiento y la
extensión del mismo que hace el Organo Director, así como la insuficiente instrucción, no permiten
la emisión de un dictamen favorable sobre la existencia de una nulidad absoluta, evidente y
manifiesta.



 Como se ha manifestado en otras oportunidades, los vicios en el procedimiento no impiden un
posterior examen. Sin embargo, considerando el tiempo de duración que han tenido estos
procedimientos, es preciso advertir que se debe tomar en cuenta el plazo de caducidad.



 Igualmente, es importante recordar que la imposibilidad de dictar la nulidad absoluta, evidente y
manifiesta por la misma Administración Pública, no excluye la posibilidad del examen de los actos
administrativos en sede judicial (contenciosa o penal, si se considerase con mayores elementos que
se pudiera estar ante un ilícito de esta naturaleza), así como tampoco, la posibilidad de recurrir a
otras sedes para la protección del Patrimonio Forestal de la Nación.



 Devolvemos a su Despacho el expediente administrativo relacionado. Se adjunta escrito del Lic.
Julio Sánchez Carvajal, representante del señor XXX, de fecha 5 de febrero del 2002.




Atentamente,




 




Licda. María Gerarda Arias Méndez               Licda. Clara Villegas Ramírez




PROCURADORA DE HACIENDA          ASISTENTE ABOGADA

Opinion: 102 of 04/18/2002

C-102-2002

April 18, 2002

Engineer
José Carlos Salas Fonseca
Vice-President
Board of Directors
Institute of Agrarian Development
S. O.

Dear Sir:

With the approval of the Deputy Attorney General of the Republic, we refer to the request made, pursuant to an agreement of the Board of Directors recorded in the minutes of session N003-02, held on January 14, 2002, and official letter NºJ.D-024-02, of January 15 of this same year, signed by you.

I. PURPOSE OF THE REQUESTED OPINION

The aforementioned official letter states literally:

"By agreement of the Board of Directors, number XXIX subsection c, of session 085-00, of November 27, 2000, amended by article XIX, of session 017'01, of March 5, 2001, a Directing Body of the Administrative Procedure was established for the declaration of absolute, evident, and manifest nullity, of agreement XI of session 088-98, of November 25, 1998, solely and exclusively in relation to the award to Mr. XXX, identification number XXX, of 12 hectares 1101 meters and 29 decimeters in a forest reserve area.

The administrative file was compiled and documentary evidence was received which determines that, without the Board of Directors having amended the agreement regarding the measurement of the awarded plot, notaries of the institution recorded in the transfer deed a different measurement than that stipulated in the segregation agreement, as well as other irregularities that are recorded in the file.

As is evident from the file, due process was respected in all its dimensions, so there are no nullities in this procedure, and by agreement XIV of session 003-02 of January 14, 2002, the investigative stage was deemed completed and it was ordered to be sent to this consultative body.

For all the foregoing, we send the same to this Attorney General's Office, so that you may rule as established by the General Law of Public Administration in its article 173

..."

Official letter NºJ.D-024-02 attached the file labeled and identified with number 070-2000, processed in relation to the award of "plot" Nº6-30 of the Asentamiento Forestal, Sector 7, Brunca Region, Puntarenas, made to Mr. XXX.

FACTS, PROCEEDINGS, AND RESOLUTIONS DOCUMENTED IN THE REFERRED FILE
Regarding the procedure

FIRST. As recorded in article XI of the Minutes of Session Nº088-98, of November 25, 1998, the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development authorized awarding, segregating, and transferring 49 plots from different settlements, all located in the Brunca Region of Puntarenas. Among them, one "plot" of 12 Ha. 1101.29 m2 to Mr. XXX. We cannot establish if the copies in the file correspond to the entirety of the document. (folios 77 to 80).

SECOND. On November 27, 1998, the transfer of the awarded plot was carried out, by means of a deed signed at 9:00 a.m. before notaries Fabricio XXX and XXX.
Mr. Carlos Prendas Lépiz, who was accepted as the representative of the Institute of Agrarian Development, and Mr. XXX, awardee of the plot, appeared.

THIRD. In what is relevant, it is recorded:

"...Mr. CARLOS PRENDAS LEPIZ appears... in his capacity as ADMINISTRATIVE DIRECTOR with powers of Unlimited General Agent without limit of sum of the INSTITUTE OF AGRARIAN DEVELOPMENT... authority which the undersigned notaries attest to with a view to the books of the Persons Section of the Public Registry, volume one hundred twenty-four, folio two hundred forty, entry six hundred eighty-seven.-

and STATES: that his Principal is the owner of a property registered in ownership in the Party of PUNTARENAS AT REAL FOLIO REGISTRATION NUMBER THIRTY-NINE THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY-FOUR- ZERO ZERO ZERO...from which it segregates and sells the lot described as follows: LOT SIX-THIRTY...

IT MEASURES: ONE HUNDRED TWENTY-SIX HECTARES ONE THOUSAND ONE HUNDRED ONE METERS TWENTY-NINE SQUARE DECIMETERS ACCORDING TO PLAN P-FOUR EIGHT EIGHT ONE FOUR SEVEN NINE EIGHT... The undersigned Notaries attest that the Representative of the selling Institute was duly authorized by its Board of Directors by an agreement taken in article number eleven of Session number EIGHTY-EIGHT-NINETY-EIGHT..." (folios 132 to 134).

FOURTH. As recorded in article XXIX of the Minutes of Session Nº 085-00, of November 27, 2000, the Board of Directors agreed:

"....
AUTHORIZE THE EXECUTIVE PRESIDENT TO PREPARE THE CRIMINAL COMPLAINT AGAINST NOTARIES XXX, XXX, AND XXX, FOR THE DEED GRANTED AT NINE O'CLOCK ON NOVEMBER TWENTY-SEVENTH, NINETEEN NINETY-EIGHT, WHICH IS A PURCHASE-SALE FROM THE IDA IN FAVOR OF MR. XXX. IN ADDITION, HE IS REQUESTED TO INVESTIGATE THE FOLLOWING:

. WHETHER THE NOTARIES WERE APPOINTED BY THE BOARD OF DIRECTORS TO PERFORM THE NOTARIAL ACT.

. WHETHER THE SEGREGATED AREA CORRESPONDS TO WHAT WAS APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS.

INSTRUCT THE EXECUTIVE PRESIDENT TO OPEN, IN ACCORDANCE WITH HIS COMPETENCE, A DISCIPLINARY PROCEEDING AGAINST MS. XXX, MR. XXX, AND MR. XXX... IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF LAW 6735, THE LAW CREATING THE IDA, OF MARCH 29, 1982, AND UNDER THE PROCEDURE CONTEMPLATED IN ARTICLES II, XI, XII SUBSECTION A) OF THE AUTONOMOUS REGULATIONS OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES, TO INTEGRATE A DIRECTING BODY OF THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE FOR THE NULLITY OF THE TITLE GRANTED IN FAVOR OF MR. XXX, IN THE EVENT THAT THE GRANTING CONSTITUTES A VIOLATION OF LAW 2825, THE LAND AND COLONIZATION LAW OF OCTOBER 14, 1961, AND ITS AMENDMENTS.

SAID DIRECTING BODY FOR TITLE NULLITY SHALL BE COMPOSED OF MR. XXX, ENG. XXX, AND MS. XXX, AND SHALL BE PRESIDED OVER BY ENG. XXX.

..." (The emphasis with bold and underlining is ours)

FIFTH. The Board of Directors agreed, as recorded in article XIX of the Minutes of Session Nº017-01, of March 5, 2001, in what is relevant:

"....
MODIFY THE AGREEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS, ARTICLE XXIX, SUBSECTION C) OF THE SESSION HELD ON NOVEMBER 27, 2000, TO ADD AS SECRETARY FOR THE PURPOSES THAT WILL BE STATED, MR. JOSE CARLOS SALAS FONSECA, WHO IS APPOINTED AS THE DIRECTING BODY OF THE PROCEDURE TO DETERMINE THE EXISTENCE OF DEFECTS THAT LEAD TO THE DECLARATION OF ABSOLUTE, EVIDENT, AND MANIFEST NULLITY OF THE AGREEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS, ARTICLE XI OF SESSION 088-98, BY WHICH PLOT N° 6-30 OF THE ASENTAMIENTO OSA FORESTAL, SECTOR 7, WAS AWARDED AND TITLED IN FAVOR OF MR. XXX. ESTABLISH THE MATERIAL TRUTH OF THE FACTS AND THE EVENTUAL RESPONSIBILITY OF OFFICIALS XXX, XXX, AND XXX AND OTHERS, FOR THE PARTICIPATION THEY HAD IN THE PROCESSING OF THE DEED GRANTED IN FAVOR OF MR. XXX. THE REPORT ON THE NULLITY MUST BE RENDERED TO THE BOARD OF DIRECTORS AND THE ONE ON DISCIPLINARY RESPONSIBILITY TO THE EXECUTIVE PRESIDENCY, FOR WHATEVER IS APPROPRIATE. UPON PRIOR REGISTRY STUDY, WHICH DETERMINES THAT THE PROPERTY IS REGISTERED IN THE NAME OF MR. XXX, ORDER THE IMMOBILIZATION OF THE PLOT.

..." (The emphasis with the use of bold is ours)

SIXTH. By resolution of 9:00 a.m. on May 7, 2001, the Directing Body ordered:

"In compliance with the resolution of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, by agreement XXIX subsection c) of session 085-00 of November 27, 2000, amended by article XIX of Session 017'01 of March 5, 2001, the undersigned is constituted as the Directing Body of the Administrative Procedure, as Ad Hoc Secretary of the Board of Directors of the referred Institute, for the declaration of the Absolute, Evident, and Manifest Nullity of Agreement XI taken in Session 088-98 of November 25, 1998, and its antecedents, by which the award to Mr. XXX, identification number XXX, of twelve hectares one thousand one hundred one meters and twenty-nine square decimeters, in a forest reserve area, was approved. Let the indicated administrative procedure be deemed initiated and issue the opening resolution. Notify. Eng. XXX. DIRECTING BODY..." (The emphasis with underlining is ours)

SEVENTH. By resolution issued at 10:30 a.m. on May 7, 2001, the Directing Body initiated the procedure, resolving, in what is relevant:

"...The administrative procedure is initiated for the declaration of Absolute, Evident, and Notorious Nullity in accordance with article 173 of the General Law of Public Administration, of agreement number XI of the Board of Directors of session 088'98 of November 25, 1998, and its antecedents, which gave rise to deed number thirty-five, signed by Mr. Carlos Prendas Lépiz as Administrative Director of the Institute of Agrarian Development and authorized by notaries XXX and XXX, without the first of the aforementioned having the authority to appear on behalf of the Institute. IMPUTATION: ACTS ACCUSED AS ABSOLUTELY NULL DUE TO ABSOLUTE, EVIDENT, AND MANIFEST NULLITY: Absolute, Evident, and Manifest Nullity of agreement XI of Session 088'98 of November 25, 1998, on the grounds that the Board of Directors took it without having the case antecedents, without the administrative file that should have contained all the information referring to the original awardees and the secondary one (sic.), without having the socio-economic selection and prequalification study of this second alleged awardee, Mr. XXX, in direct violation of article 7 subsection e) of the Internal Regulations of Order, Direction, and Discipline of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, articles 4, 7, 8, 10, 13, 14, and 16, as well as for express violation, without prejudice to other norms, but specifically of articles 129, 130, 131, 132, 133, and 136 of the General Law of Public Administration, as well as the violation of articles 3 subsection e) and 32 subsection a) of the Law of the Institute of Agrarian Development, and violation by non-application of article 13 of the Forest Law number 7575, of the Land Use Law, of the Organic Law of the Ministry of Environment and Energy; regulations that govern everything related to the forest heritage (patrimonio forestal) of the State. PARTIES TO THE ADMINISTRATIVE PROCEDURE: The following are deemed parties to the present administrative procedure: Mr. XXX, of legal age, married, divorced, identification number XXX, who is warned that within three days following notification he must designate a house or office within the judicial perimeter of San José where to receive notifications, or to receive them by Fax anywhere in the country, under the warning that if he fails to make said designation, the other resolutions issued will be deemed notified upon the mere lapse of twenty-four hours. Likewise, they are informed that they must appear personally and not through an attorney-in-fact at an oral and private hearing that will be held in the session hall of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, in Barrio Escalante in San José, at 1:00 p.m. on November 9, 2001, which they may attend with their lawyers if they deem it convenient, and at which they must present and offer all the evidence in their possession, under penalty of declaring it unproducible if it is not presented at the indicated time and date. The administrative file with all the antecedents of the case is available in the Secretariat of the Board of Directors so that it may be reviewed by the involved parties or their lawyers.

..."(The emphasis is ours)

EIGHTH. Mr. XXX was notified on October 25, 2001, at the Osa Subregional Office of the Institute of Agrarian Development (certification placed on the reverse of folio 163). The citations of the resolutions being notified were not properly specified. Correspondingly, by briefs filed on October 29 and November 1, 2001, authenticated by Mr. Julio Sánchez Carvajal, Mr. XXX acknowledged notification implicitly, acting "within the granted period". (folios 163 rev. and 166 and 167 fte.).

NINTH. Mr. XXX requested that two officials from the Titling Department be called to testify, as well as the members of the Board of Directors. Likewise, he requested that the date for the oral hearing be changed.

TENTH. By resolution of 3:00 p.m. on November 1, 2001, the Directing Body set a new date; it set 1:00 p.m. on November 16, 2001. By the same resolution, it accepted Messrs. Gilberto Rodríguez Soto and Hugo Jiménez Arias as witnesses, both officials of the Titling Department of the Institute of Agrarian Development. Likewise, on reasoned grounds, it rejected the request to call the members of the Board of Directors. (folio 169 fte.).

ELEVENTH. Mr. XXX challenged the new date and the refusal to summon all the members of the Board of Directors.

TWELFTH. On November 6, 2001, Mr. XXX granted a "special administrative and judicial power of attorney to XXX:.." (folio 175).

THIRTEENTH. By resolution issued at 9:00 a.m. on November 9, 2001, the Directing Body rejected Mr. XXX's appeal; however, "...For the purpose of avoiding nullities..." it set a new date: 9:00 a.m. on December 5, 2001. (folio 172).

FOURTEENTH. By resolution issued at 2:00 p.m. on November 14, 2001, the Directing Body accepted as witnesses Agustín Villalobos Salazar, Director of Settlement Formation and Development, and Natalia Rudín Castro, Secretary of the Board of Directors of the IDA.

FIFTEENTH. By resolution issued at 1:00 p.m. on November 29, 2001, the Directing Body rejected the request for a declaration of Necessary Passive Joinder (Litis Consorcio Pasivo Necesaria), in relation to all those who benefited from the agreement that is partially examined here.

SIXTEENTH. The oral hearing was held at 09:00 a.m. on December 5, 2001, with the presence of Mr. XXX as well as his representative, Mr. XXX. (folios 188 to 193).

SEVENTEENTH. Also present at the hearing were officials Natalia Rudín Castro, Agustín Villalobos, and Hugo Jiménez, the latter two being officials of the Titling Department, and Gilberto Rodríguez Soto.

EIGHTEENTH. By official letter NºJ.D.0006-02, of January 7, 2002, Eng. José Carlos Salas Fonseca, in his capacity as Vice-President of the Board of Directors, sent Mr. XXX's file to the Secretariat of this same collegiate body.

NINETEENTH. As recorded in article XIV of the Minutes of Session Nº003-21, of January 14, 2002, the Board of Directors agreed:

"Submitted for the consideration of the Directors is official letter JD-006-2002, signed by the General Secretariat, dated March 7, 2002, referring to the administrative procedure against Mr. XXX, file number 170, related to plot number 6-30 of the Asentamiento Osa.

Having analyzed said case and the investigative stage of this procedure having been concluded, it is agreed:

SEND FILE NUMBER 170 TO THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE OF THE REPUBLIC, SO THAT IT MAY ISSUE ITS OPINION IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF ARTICLE 173, SUBSECTION 1) OF THE GENERAL LAW OF PUBLIC ADMINISTRATION..." (the underlining is ours)

B. Regarding the act intended to be annulled

FIRST. It is recorded that the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development authorized awarding, segregating, and transferring 49 plots from different settlements, all located in the Brunca Region of Puntarenas. Among them, one "plot" of 12 Ha. 1101.29 m2 to Mr. XXX. (folios 77 to 80).

SECOND. According to a simple photocopy incorporated into the administrative file of this ordinary proceeding, on November 27, 1998, the transfer of the awarded plot was carried out. The transferred property is designated as "LOT SIX-THIRTY" and its measurement is recorded as "...ONE HUNDRED TWENTY-SIX HECTARES ONE THOUSAND ONE HUNDRED ONE METERS TWENTY-NINE SQUARE DECIMETERS...". Likewise, plan number "P-FOUR EIGHT EIGHT ONE FOUR SEVEN NINE EIGHT" is related to said deed and it is stated that the property is segregated from the property registered in the Party of Puntarenas at "REAL FOLIO REGISTRATION NUMBER THIRTY-NINE THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY-FOUR- ZERO ZERO ZERO".

THIRD. According to a seal of the National Cadastre Department, plan Nº1- 488147-98 was registered on May 11, 1998, and corresponds to part of the property registered at real folio number Nº6039334. The plan appears with a measurement of 126 Ha 1101.29 m2 (folios 98, 99 fte. and rev., 100 fte. and rev., 128, 129, and 130 fte.).

FOURTH. The plan was registered with a "note" in which it was recorded:

"THIS PLAN IS REGISTERED WITHOUT PREJUDICE TO THE RIGHTS OF THE STATE FOR ALL EFFECTS OF THE LIMITATIONS ESTABLISHED BY THE WATER, ROADS, AND MARITIME-TERRESTRIAL ZONE LAWS.

THIS PROPERTY IS LOCATED WITHIN THE GOLFO DULCE FOREST RESERVE ACCORDING TO EXECUTIVE DECREE Nº10142."

FIFTH. On the same plan, there is visa Nº0294-98 in which it literally says:

"Based on the location shown on this plan, the property described is located WITHIN the GOLFO DULCE FOREST RESERVE.

According to Executive Decree or Law No. de10142-A of 06-27-79, the provisions of Forest Law Nº7575, and related legislation. The registration of this plan is authorized for cadastral purposes April 27, 1998" (folio 98. The emphasis with the use of bold is ours).

SIXTH. According to what is shown in the file, there are documents, supposed preparatory acts, in which the area to be awarded is recorded as: 126 Ha. 1101.29 m2. (folios 114 and 125).

SEVENTH. According to the same records, the evolution of land tenure in the Osa region has been determined by many vicissitudes of a legal, social, and economic nature, which have motivated the participation of different State agencies. The opinions, criteria, and comments that account for this can be seen at folios 1 to 4, 6, 7, 46 to 49, 59 to 67, 137 to 138, and 156 to 158, among others.

EIGHTH. There are copies of what appear to be incomplete documents visible at folios 90 to 92 and 95 to 97. It is not possible to know with precision whether it is a single disaggregated document or two different documents.

NINTH. The previously related copies, visible at folios 90 to 92 (pages 1, 2, and 3), are dated November 16, 1998, and appear to constitute a document addressed to the Board of Directors. It contains a list of awardees, among which is Mr. XXX, to whom 12 Ha 1101.29 m2 will be transferred. The copies visible at folios 95 to 97 (pages 4, 5, and 6), signed by IDA officials Gilberto Rodríguez Soto and Agustín Villalobos S, appear to be a draft or proposed award agreement for the Board of Directors, related to the transfer made to XXX:

"...4. AUTHORIZE MESSRS. JOSE JOAQUIN ACUÑA MESEN, EXECUTIVE PRESIDENT, MARCO AURELIO BOLAÑOS VIQUEZ, MANAGEMENT ADVISOR, SIGURD VARGAS YONG, ADVISOR TO THE EXECUTIVE PRESIDENCY, OR CARLOS PRENDAS LEPIZ, HEAD OF THE ADMINISTRATIVE DEPARTMENT, TO APPEAR BEFORE THE ASSIGNED NOTARY (XXX) TO GRANT THE RESPECTIVE TRANSFER DEEDS.

5. ONCE THE SIGNING OF THE PROTOCOL IS CONCLUDED AND THE MAIN DEED IS CLOSED, THE NOTARIES MAY NOT MAKE USE OF THIS AGREEMENT FOR INDIVIDUAL PROCEEDINGS. Sincerely, GILBERTO RODRIGUEZ SOTO TITLING PROGRAMS COORDINATOR VB MR. FEDERICO VILLLALOBOS CH. ADVISOR VB.AGUSTIN VILLALOBOS S. DIRECTOR SETTLEMENT FORMATION AND DEVELOPMENT

HJA.

CC Agustin Villalobos S
Lic. Fererico Villalobos CH
Cajas Agrarias
File

THE SIGNING OF THE PROTOCOL WILL BE ON NOVEMBER 27 AND 28, 1998
NOVEMBER 26 FROM 9:00 TO 1:00 OSA REGIONAL OFFICE
NOVEMBER 27 FROM 8:00 TO 12:00 M AT THE PIEDRAS BLANCAS REGIONAL OFFICE" (The emphasis with the use of bold is ours).

TENTH. On October 14, 1997, according to simple copies of a private sale, Mr. XXX bought an unregistered farm from Mr. XXX, with a measurement of 30 Ha. Similarly, on October 26, 1997, Mr. XXX bought an unregistered farm from XXX, with a measurement of 30 Ha. Both possessions located in "... sector three of Drake de Osa, third district, fifth canton of Puntarenas..."

ELEVENTH. By official letter NºOARO 0130-2000, of July 3, 2000, Eng. Eddie Bermúdez Gutiérrez and Randall Barrantes Solórzano, officials of the Regional Office of Piedras Blancas, of the Institute of Agrarian Development, inform the Executive President (at his request), in what is relevant:

"...
Plot Nº20, sector 3 Drake, was registered in the census under the name of Mr. XXX, identification number Nº XXX, which did not have a cadastral plan. Mr. XXX sells the improvements to Mr. XXX, identification number XXX, the procedure is done at the Auxiliary Office of Rincón de Osa on October 14, 1997. Plot Nº31, sector 3 Drake, was registered in the census under the name of Mr. Víctor Rafael Suárez Flores, identification number Nº6-059-384, which did not have a cadastral plan. Mr. XXX carries out the procedure for the sale of the improvements on October 14, 1997, at the Auxiliary Office of Rincón de Osa, to Mr. XXX, identification number XXX.

...

The Auxiliary Office of the IDA in Rincón de Osa certifies that according to an agreement of the Board of Directors in article IX, session Nº88-98 held on the 25th of November 1998, Mr. XXX, identification number XXX, is declared an awardee and the segregation and transfer is approved, HE IS THE OWNER of plot Nº6-30, of Sector 6, Asentamiento Campesino Osa, according to Real Folio Nº108874.000, with an area of 126 Ha.1101.29 m2, according to cadastral plan Nº488147-98.

...

Regarding point three where the IDA decided to transform plot Nº20 and 31 into plot Nº6-30, I must indicate that the aforementioned plots did not have a cadastral plan, for which reason Mr. XXX made a single measurement and presented the plan for the award and titling procedure for said plot.

...(folios 126 and 127. The emphasis with underlining is not from the original).

TWELFTH. By official letter ST-201-2000, dated July 18, 2000, Surveyor Marco Antonio Zuñiga Montero, an official of the Titling Department of the IDA, informed the Executive President of the IDA:

"On November 26, 1998, before Mr. XXX, Mr. XXX signed the protocol, identity card number XXX, for plot N° 6-30 of the Asentamiento Campesino Osa Forestal, delivery number 24, based on Board of Directors agreement number XI of session number 088-98 of November 25, 1998.

This property has an area of 126 ha 1101.29 m2, according to cadastral plan number P-488147-98 dated May 11, 1998, and is registered under the Real Folio system, Party of Puntarenas, registration number 108874-000.

..." (folio 121. The emphasis with underlining is ours)

THIRTEENTH. The oral hearing was held on December 5, 2001. As recorded in the minutes, the attendees stated, in what is relevant:

XXX:
"...that he bought that farm, that nobody gave him anything, neither the IDA nor anyone, that he paid what corresponded to the cadastral plan and with that they gave him the deed in Puerto Jiménez, Miguel Angel Rodríguez delivered it to me personally, and the people who sold it to me 10 or 12 years ago are still alive, that is all."

Natalia Rudín Castro (IDA official appearing as a witness).
"...In the year '99 I am appointed as General Secretary. The files are sent to the Board of Directors for them to make the agreements; if it decides more information is needed, it is requested. It is based on the documents that come before the board of directors; if any information were missing, it is requested... We have what the titling area sends, which is responsible for sending to the board of directors what will be heard. It is heard in the minutes; we have the documents for each person related to awards and transfers, but the titling area matters are heard in extraordinary sessions... It is not passed to the secretary for her to transcribe them; they come from the titling area and go directly to the board for its approval..."

Agustín Villalobos (IDA official appearing as a witness)
"...Director of Formation and Development, that is my position. I have held that position since July '90 if I am not mistaken....as a rule, it is a procedure before the board of directors; it is not the directorate's responsibility to verify the documentation, which is clearly defined, the regional directorate must send it. It arrives directly to the titling area, and I would like to add that this documentation comes with the signature of the agrarian officer in charge, the regional head, and the regional director; I repeat, we are responsible for the procedure of getting it to the board of directors. A directive related to the obligation to send or request from MINAE the classification of the plot to be awarded—as a directive emanating from the institution, there is none, or I am not aware of it. I am also not aware of it as an agreement. In the different areas, it is common for rectifications or modifications of agreements to occur, often due to an error in names or inverted surnames, it is common. It is sent and justified to the board of directors, explained so that the board of directors, by means of a new agreement, makes the rectification of the case....I feel that the unit responsible for executing the agreement must review it, and if an error is detected, the modification of the agreement must be requested; if the error is an area number and it does not correspond to how the agreement was issued due to a material error, it is logical that the unit responsible for executing it should request the rectification of the agreement prior to execution. It was an agreement that the Board of Directors made in '90-'94 extending an agreement, the date of which I do not recall, in the sense of granting property title to persons who were in the settlement before 1988 and for whom beneficiary selection studies had not been carried out..."

Hugo Jiménez Arias (IDA official appearing as a witness)
"...Yes, I must have had the antecedents in the case of Mr. XXX for the request of the agreement. For years I have been requesting board of directors agreements,... and as a human being I made a slip, an error; with too many requests at that time, I did not have the curiosity to review the agreement but rather filed it, and I only realized it when the conflict arose; if I had known in advance, I would have requested a modification of the agreement, as has happened in other cases...The lawyers, when individual requests were made back then, in addition to the legal sheet, the file card was requested. The plan is also available for viewing. No, after the deed was signed, no modification of the agreement has been requested. I have made modifications...documents have been sent to modify, including when the agreement was already approved...We have never brought the files to the board of directors, nor have they requested them..."

Gilberto Rodríguez Soto (IDA official appearing as a witness)
"...The procedure, there are internal procedures that establish that the regional offices review everything corresponding to the inspection part in the legal part; we at headquarters analyze what corresponds within the procedure and forward the recommendation from the regional office to the Board of Directors, and we collaborate with the notary to verify the areas of the settlements and the preparation of the legal sheets. At no time are the file cards or individual files sent, due to the volume of documents..." (folios 188 to 193).

III. NATURE OF THE ADMINISTRATIVE POWER TO REVOKE ACTS THAT CONFER SUBJECTIVE RIGHTS

The administrative power to revoke its own acts, legally recognized to the Administration, can only be exercised in exceptional situations.

In a State of Law, the acts of officials must conform to the Legal System; the Principle of Legality can never be circumvented. But, when it is a Republic, the Constitution protects the very values that give it content. Therefore, the Judicial Branch is entrusted with the power to review the legality of the Administration's acts (art. 49 of the Magna Carta), even when it involves a challenge by the Administration itself.

However, attending to the same phenomena of daily reality, it is easy to verify that there are hypotheses of acts that are gross violations of the Legal System. Given the nature of relations among citizens and between citizens and the State, the Legislator authorized the Administration to revisit its acts (which grant subjective rights to the administered) in exceptional cases. These hypotheses were typified by establishing a category precisely defined in an imperative and conclusive manner as cases of: "absolute, evident, and manifest nullity" (nulidad absoluta, evidente y manifiesta).

The use of this pleonasm does not express a mere whim of the legislator but a guarantee for the citizen against the possibility of potential arbitrariness by the Administration; a guarantee that undoubtedly constitutes one of the manifestations of our consolidated republican system, developed upon fundamental values, among them: legal certainty.

The exceptional nature of this power is guaranteed by the very Legal System, even within article 173 of the General Law of Public Administration itself, when it is provided:

"...
6-The administrative annulment of an act contrary to the provisions of this article, either due to omission of the required formalities or because the nullity is not absolute, evident, and manifest, shall be absolutely null.

In addition, the Administration shall be obligated to pay the costs, damages, and losses, without prejudice to the personal responsibilities of the acting servant, in accordance with the second paragraph of article 199..."

The limits of this power clearly emerge from Eduardo Ortiz's explanations when, during the legislative discussion of the General Public Administration Act bill, he sought to specify them, in the following terms:

"…

 The lesivity judgment (juicio de lesividad) is a protection of the legal certainty of the administered party (administrado) in the sense that if he has a right derived from an administrative act, he can have confidence that it will not be suppressed without a trial with all the guarantees of a judicial process.

 But it is said, and the Commission believed with reason, and this began to be said in Spain, not in Costa Rica, that when the nullity of the act is absolute, evident, clear, the administered party does not have a right to that certainty, because he is deriving a right under conditions that obviously cannot be guaranteed, because he himself knows that the act being performed is absolutely null and consequently does not have a well-founded expectation of being able to maintain that right. Therefore, in those cases, the Administration may undo that right through administrative channels, without going to the judge, with the guarantee—and here we have added on our own account so that it is not simply a matter of volubility, of a whim of the Administration—that there must be a prior favorable opinion from the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) and a vote by a simple majority of the Government Council. This means that this will not be decided by a Minister, it is decided by the Government Council, and the Government Council will not decide it by and for itself but rather upon a prior favorable opinion, recommending the annulment, from the Office of the Attorney General of the Republic, without which opinion, not even the Government Council could give rise to that annulment.


...

 ...if instead of speaking of absolute nullity we put it like this: "The declaration of absolute nullity that is manifest," in other words, to accentuate the fact that the administered party, when the nullity is evident, does not have a right to the lesivity judgment. That is, to say "The declaration of absolute nullity, when the absolute nullity is evident and manifest, may be made by the State," that is, simply eliminate the fact that the nullity is absolute; it may be absolute, but if it is not manifest, obvious, then the principle of lesivity will apply. Do you understand the modality I am giving it? I am restricting the concept, no longer to cases of absolute nullity, but to cases of manifest and evident nullity…

 …That is why I suggested, to make this more protective of the individual, to put in the first paragraph "when the absolute nullity is evident and manifest," and to add a fifth one that says: "when the administration illegally dispenses with the lesivity judgment, because the act is afflicted with relative nullity, the claim against it must be upheld even if relative nullity is found," and with that we put the administration in a checkmate because the first time the administration wants to arbitrarily annul an act, it will face this alternative…the administration can say, if I file the lesivity judgment because this nullity is relative, I win it, given that they declare it null and annul the act, that is, by going through lesivity, but if I do not file the lesivity judgment, what will happen is that if the judge discovers that the nullity is relative and finds my act arbitrary, I lose the case even if it is declared null because the law so provides as a sanction for arbitrariness. That is, I see that an administration placed in this alternative will very probably choose to abide by the law, because it is not convenient to risk losing a case that it could otherwise win, if it acts correctly…" (Record of Session No. 103, held by the Permanent Commission on Government and Administration, at fourteen hours and fifteen minutes on April 2, 1970, pp. 2, 5, and 6).

 The Constitutional Chamber has repeatedly referred to the exceptional nature of this power. Thus, among others, in the following judgments:

 "...Such argument is manifestly improper since, although it is true that the public administration has the power to annul its own acts when it considers them harmful to its interests, such power is limited when faced with an act declaratory of rights, as for that it must resort to the lesivity process contained for such purposes in Articles 10 and 35 of the Regulatory Law for the Contentious-Administrative Jurisdiction, as established in Article 173 of the General Public Administration Act, provided that it is not a case of absolute, manifest, and evident nullity, in which case it may declare it ex officio..." (Judgment No. 458-90. Emphasis is ours).

 "...An act declaratory of rights can only be declared null by the administration itself when in the presence of an absolute, manifest, and evident nullity. So it is not just any absolute nullity but that which is accompanied by a special and aggravated note. Consisting in the fact that the absolute nullity is easily perceptible, or what is the same, without the need to strain the circumstances to conclude it..." (Judgment No. 1563-91. Emphasis is ours).


The following emerges from Article 173, within the ideological context of our Legal System:

 . The power of revocation of its own acts, by the Administration itself, is limited, in the case of acts declaratory of rights.

 . The administrative power of revocation of its own acts is only authorized for cases in which an absolute, evident, and manifest nullity occurs.

 . Absolute, evident, and manifest nullity, by its very nature, is that which reveals itself without requiring deep legal analysis or special legal interpretations for its establishment.

 . Without prejudice to the specific objectives of the annulment of an act presenting absolute, evident, and manifest nullity, the exercise thereof constitutes a concrete application of Administrative Justice.

IMPOSSIBILITY OF THE PRONOUNCEMENT REQUESTED

It has been repeatedly established, through constitutional jurisprudence and the jurisprudence of this technical-advisory body, that the existence of an absolute, evident, and manifest nullity cannot be declared without the prior completion of an ordinary administrative procedure, in accordance with Articles 214 et seq. and 308 et seq. and concordant articles of the General Public Administration Act.

Summons of Mr. XXX

1. The object of the procedure


It can be corroborated, in substance, that:

 a. By the agreement recorded in Article XXIX of the Minutes of Session No. 085-00 (on the date already indicated), the Board of Directors established as the object of this ordinary procedure: "...NULLITY OF TITLE, GRANTED IN FAVOR OF MR. XXX, IN THE EVENT THAT THE GRANTING CONSTITUTES A VIOLATION OF LAW 2825, LAW OF LANDS AND COLONIZATION OF OCTOBER 14, 1961 AND ITS REFORMS..." (Emphasis is ours).

 b. Then, it is recorded in Article XIX of the Minutes of Session No. 017-01 (on the date already indicated) that the Board of Directors agreed, as relevant:


"....

TO AMEND THE AGREEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS, ARTICLE XXIX, SUBSECTION C... SO THAT MR. JOSE CARLOS SALAS FONSECA IS ADDED AS SECRETARY FOR THE PURPOSES THAT WILL BE STATED, WHO IS APPOINTED AS THE DIRECTING BODY OF THE PROCEDURE TO DETERMINE THE EXISTENCE OF DEFECTS LEADING TO THE DECLARATION OF ABSOLUTE, EVIDENT, AND MANIFEST NULLITY OF THE AGREEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS, ARTICLE XI OF SESSION 088-98, BY WHICH PLOT NO. 6-30 OF THE OSA FORESTAL SETTLEMENT, SECTOR 7, WAS ADJUDICATED AND TITLED TO MR. XXX. TO ESTABLISH THE REAL TRUTH OF THE FACTS AND THE EVENTUAL RESPONSIBILITY OF OFFICIALS XXX, XXX, AND XXX AND OTHERS, FOR THE PARTICIPATION THEY HAD IN THE PROCESSING OF THE DEED GRANTED TO MR. XXX.

.." (Emphasis using bold is ours)

 It is not clear what constitutes the object of the amendment nor the extent of the amendment, but, in any case, the appointed body is tasked with directing the procedure to

 "...DETERMINE THE EXISTENCE OF DEFECTS LEADING TO THE DECLARATION OF ABSOLUTE, EVIDENT, AND MANIFEST NULLITY OF THE AGREEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS, ARTICLE XI OF SESSION 088-98, BY WHICH THE PLOT WAS ADJUDICATED AND TITLED..."

 And the disciplinary investigation is also ordered of the officials who participated as notaries and of the one who appeared to execute the deed on behalf of the IDA.

 c. Subsequently, by resolution issued at 9:00 a.m. on May 7, 2001, Engineer José Carlos Salas Fonseca constituted himself as the Directing Body of the Procedure:

 "... for the declaration of Absolute, Evident, and Manifest Nullity of Agreement XI taken in Session 088-98 of November 25, 1998, and its antecedents, by which the adjudication to Mr. XXX, ID No. XXX, of twelve hectares, one thousand one hundred one meters and twenty-nine square decimeters, in a forest reserve area, was approved...." (Emphasis with underlining is ours)

 d. Afterwards, by resolution issued at 10:30 a.m. on May 7, 2001, the Directing Body initiated the procedure:

 "... for the declaration of Evident and Notorious Absolute Nullity ... of Board of Directors Agreement Number XI of Session 088-98 of November 25, 1998, and its antecedents, which gave rise to Deed Number Thirty-Five, signed by Mr. Carlos Prendas Lépiz as Administrative Director of the Institute of Agrarian Development and authorized by Notaries XXX and XXX, without the first of those mentioned having the authority to appear on behalf of the Institute.
IMPUTATION: ACTS ACCUSED AS ABSOLUTELY NULL DUE TO ABSOLUTE, EVIDENT, AND MANIFEST NULLITY:
1. Absolute, Evident, and Manifest Nullity of Agreement XI of Session 088-98 of November 25, 1998, on the grounds that the Board of Directors took it without having the antecedents of the case, without the administrative file that should have contained all the information regarding the original and secondary adjudicatees (sic.), without also having the socio-economic selection and prequalification study of this second intended adjudicatee, Mr. XXX, in direct violation of Article 7, subsection e) of the Internal Regulations for Order, Direction, and Discipline of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, Articles 4, 7, 8, 10, 13, 14, and 16, as well as by express violation, without prejudice to other norms, but specifically of Articles 129, 130, 131, 132, 133, and 136 of the General Public Administration Act, as well as the violation of Articles 3, subsection e) and 32, subsection a) of the Law of the Institute of Agrarian Development, and violation through non-application of Article 13 of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575, of the Land Use Law, of the Organic Law of the Ministry of Environment and Energy; legislation that regulates everything related to the State's forest heritage (patrimonio forestal del Estado).."

 As can be noted, through this resolution, the object was the agreement, which is reproached as null on the presumption that the Board of Directors did not have the antecedents in view, and although the eventual nullity of the transfer deed is not intimated, the validity of the same is questioned due to the alleged lack of standing of the official who appeared on behalf of the IDA for the execution.

 The agreement is also reproached for violation of the norms cited in the same resolution but without a sufficient degree of specification of the same alleged infractions. See, for example, the imputation of the infraction of Article 3, subsection e) of Law No. 6735 (Law of the Institute of Agrarian Development). This article provides:


"The Institute of Agrarian Development shall have the following functions:


...

To cooperate in the conservation of the country's natural resources, to promote and assist in land recovery efforts, with the purpose of increasing their productivity and facilitating the transformation of rural property..."

Evidently, the mere imputation of non-compliance with this norm in the adjudication and titling process does not facilitate the understanding of the object of this procedure to a degree sufficient for the exercise of the defense by the administered party. Although it certainly does constitute grounds for having carried out this procedure.

 e. And, finally, in official memorandum JD-024-02, signed by Engineer Salas Fonseca, through which the file is referred, it is stated:


"....

 The administrative file was compiled and documentary evidence was received that determines that, without the Board of Directors having reformed the agreement regarding the measurement of the adjudicated plot, notaries of the institution recorded in the transfer deed a measurement different from that stipulated in the segregation agreement, as well as other irregularities that appear in the file.


..."

Consequently:

 - It cannot be affirmed that the object of this procedure was clearly specified. It only seems clear that the Board of Directors intends to annul, through administrative channels, the adjudication agreement of 12Ha 1101.29 m2 to Mr. XXX. However, it also refers to the nullity of the deed (the "title") and for that reason, in parallel, it agreed to investigate those who acted as notaries and who appeared as the IDA's representative for the execution of a deed in which the transferred area was an area of 126 Ha. 1101.29 m2.

 - It is clear that the Board of Directors, although it ordered the investigation of the aforementioned officials, did not specify as the object of this procedure the annulment of the substance of the appearance or of the execution of the agreement due to the alleged lack of standing.

 - Likewise, the Directing Body makes reproaches in the initial resolution regarding the investiture and the alleged lack of authorization of the notaries to execute the deed, but, as we note, it is not clear that the nullity of the deed is intended through this channel (which in any case would be improper).

 - It cannot be affirmed that the Board of Directors specified as the object of investigation the nullity of the "antecedents" ("preparatory acts").

 - Likewise, although the Directing Body, in the first resolution it issues, highlights in bold lettering the area actually adjudicated, according to the agreement sought to be annulled, in the resolution by which the procedure is initiated it does not reproach as a defect of any act the enormous difference between the adjudicated area and the area actually transferred. However, in the official memorandum referring the file to the Secretariat of the Board of Directors, emphasis is placed on the difference in measurements.


2. Regarding the notification/summons of Mr. XXX

 Mr. XXX was notified of the summons, under the terms of the notation placed on the back of folio 163. The references of the resolution that is the object of the proceeding were not specified, but its nature was described, albeit in a precarious manner.

 However, through briefs filed with the IDA on October 29 and November 1, 2001, authenticated by Attorney Julio Sánchez Carvajal, XXX implicitly acknowledges notification, acting "within the granted time limit" (folios 163 vto. and 166 and 167 fte.").

 Consequently, we must conclude that Mr. XXX was not left defenseless due to deficiencies in the notification.


B. Insufficiency of the investigation

 Without prejudice to the need to define the object of the procedure, it is clear that the file referred to this office does not contain sufficient elements to determine the existence of the alleged nullities.


Among other elements, at least the following should have been incorporated into the file:

Certification of the registry inscription of the property. Technical opinion on the alleged belonging of the adjudicated and transferred area to the National Forest Heritage (Patrimonio Forestal Nacional). Suitable instrument by which the person truly entitled to appear before the notaries for the execution of the deed, on behalf of the IDA, could be determined. Certification of the complete agreement that constitutes the object of examination. Suitable instrument to establish that the documents found in the administrative file, corresponding to the selection of Mr. XXX as adjudicatee, correspond to the complete file.

This lack of substantiation also prevents issuing the required pronouncement. It should be taken into account that the procedure that must support the pronouncement must comply with the Principle of Real Truth (Principio de la Verdad Real).

 C. Regarding the participation of Engineer José Carlos Salas Fonseca and the conclusion of the administrative procedure

 As can be deduced from the case file itself, Engineer José Carlos Salas Fonseca is Vice-President of the Board of Directors and was appointed "Secretary" for the purpose of this procedure. Likewise, it is recorded in the case file that, through official memorandum No. J.D.0006-02, of January 7, 2002, Engineer Salas Fonseca referred the file to the Secretariat of the Board of Directors, in his capacity as Vice-President of the same collegiate body (apparently tacitly considering the investigation concluded).

 The multiple investiture of Engineer Salas Fonseca seems ambiguous and, eventually, this could determine a situation of incompatibility. However, at this time it cannot be affirmed that any defect of Due Process (Debido Proceso) has been produced for this reason.

 V. INADEQUACY OF THE SPECIFIC CASE TO THE HYPOTHESIS ENVISAGED IN ARTICLE 173 OF THE GENERAL PUBLIC ADMINISTRATION ACT

 As emerges from this statement, the first condition required for the declaration of an absolute, evident, and manifest nullity at the administrative level is, precisely, that the defect of absolute nullity be present.

 Consequently, it is important to consider that the General Public Administration Act provides:


"...

 Article 166: There shall be absolute nullity of the act when one or more of its constitutive elements are totally absent, in fact or in law.

 Article 167.- There shall be relative nullity of the act when one of its constitutive elements is imperfect, unless the imperfection prevents the fulfillment of the purpose, in which case the nullity shall be absolute.

 In the present case, as we can note, although, as we said, the object is not clearly defined (at least in its scope), it is plausible that the intended nullity is of:

The antecedents (which was not the charge of the Board of Directors but was assumed as such by the Directing Body). Award agreement, which is reproached for having been taken without having in view the antecedents for the adjudication due to an alleged violation of the Legal System. Appearance of the official for the execution of the deed due to an alleged lack of investiture for that act. This is reproached, although the annulment of his appearance is not specified as the object of the procedure. Nullity of the title of transfer for the above reason. This nullity, in any case, could not be declared through this channel. The material act of the appearance could be, if due process had been complied with. In relation to the nullity of the antecedents

With the elements present in the case file, it cannot be affirmatively stated that Mr. XXX did not meet the conditions to be declared adjudicatee.

In relation to the nullity of the agreement

1. Because the antecedents were not in view

 The fact of not having in view all the documents produced up to the moment of issuing an administrative act does not necessarily cause absolute nullity. The eventual nullity could only be considered as such insofar as it was expressly indicated by Law or, alternatively, insofar as, in accordance with the documents that were not in view, the existence of an absolute nullity of the administrative act could be determined, in accordance with the General Public Administration Act.

 In this case, according to what emerges from the testimonies given at the hearing, it is not recorded that the Board of Directors had absolutely all of Mr. XXX's antecedents in view for the issuance of the agreement, but neither is it recorded that it had less than what was customary according to administrative practice. Likewise, it is not recorded that the selection of Mr. XXX as adjudicatee is vitiated.

 In the resolution initiating the procedure, the infraction of Article 7, subsection e) of the Regulations for Order, Direction, and Discipline of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development is intimated. This numeral provides:


"These are the duties and powers of the Secretary General:


...

 e) to request the antecedents that might be necessary, in order to have all the elements of judgment when resolving each matter."

 It is evident that the decision of the Board of Directors falls within the scope of discretionary power. There are no elements in the case file that allow determining that, in this specific case, said discretionary power exceeded the limits established in the Legal System.


2. Relevance of the area recorded in the agreement whose nullity is sought

 However, the discrepancy between the measurement recorded in the deed, of 126Ha 1101.29 m2, and the one actually granted through the questioned agreement is clear.


The situation is even stranger considering:

That although there are not sufficient elements in the file to determine the situation with certainty, the Board of Directors found grounds to justify the opening of this procedure, and the Directing Body of the Procedure reproached the illegitimacy of the person appearing as the IDA representative to execute the deed. The area that was made to appear in the deed is recorded in documents prior to the manifestation of the adjudication agreement. And an IDA official, according to his testimony, seems to assert that he made the error when he sent the communication to the Board of Directors, regarding the area subject to adjudication (apparently validating the 126Ha1101.29 m2). That, nevertheless, the area supposedly assigned to Mr. XXX by the Titling Department does not seem to bear any proportionality to that delivered to other adjudicatees, according to the same documents provided by that department. That, correlatively, as reported by Engineer Eddie Bermúdez Gutiérrez and Mr. Randall Barrantes Solórzano (also IDA officials), the area of 126 Ha 1101.29 m2, which is likewise recorded in the cadastral map in the name of Mr. XXX, contains both the surface area of the plot adjudicated under the questioned agreement (12Ha1101.29 m2) and the areas corresponding to the unregistered properties that the same gentleman bought in that zone (although, even so, the sum of the three areas does not reach the surface area transferred by public deed). That the adjudicated plot is located in "sector 7" and the possessions bought from Messrs. Suárez Flores are located in "sector 3". This discrepancy would require an explanation. That, in graphical terms, the only difference between the area actually adjudicated and the one recorded in the deed is the numeral six.

In any case, the questionable area is not the one adjudicated by the agreement, but the one recorded in the deed.


3. Regarding the nature of the adjudicated property

 It is evident that injury to the Nation's Forest Heritage (Patrimonio Forestal de la Nación) constitutes a serious matter. However, as already noted, there are no suitable instruments in the file to determine whether all of the area transferred to Mr. XXX or part of it belongs to said heritage. This must be determined technically.


C. In relation to the investiture of the person who appeared to execute the deed

 There are also no elements that allow definitively determining the lack of competence of the person who appeared to execute the questioned deed.


D. In relation to the nullity of the "Title"

 It is not possible to determine the nullity of the transfer deed of the plot through this channel. The eventual nullity of the material act of the questioned appearance could have been examined if it had been duly substantiated in the case file.

 If it is not possible to establish the existence of an absolute nullity, that is sufficient to dispense with the examination of the qualities "evident" and "manifest."


CONCLUSIONS

 The defects in the intimation, due to the lack of precision of the object of this procedure and its scope as established by the Directing Body, as well as the insufficient investigation, do not allow the issuance of a favorable opinion on the existence of an absolute, evident, and manifest nullity.

 As has been stated on other occasions, defects in the procedure do not preclude a subsequent examination. However, considering the duration of time that these procedures have taken, it is necessary to warn that the expiration period (plazo de caducidad) must be taken into account.

 Likewise, it is important to remember that the impossibility of declaring absolute, evident, and manifest nullity by the Public Administration itself does not exclude the possibility of examining the administrative acts in a judicial venue (contentious or criminal, if it is considered, with greater evidence, that it could be an illicit act of this nature), nor the possibility of resorting to other venues for the protection of the Nation's Forest Heritage.

 We return the related administrative file to your Office. Attached is a brief from Attorney Julio Sánchez Carvajal, representative of Mr. XXX, dated February 5, 2002.


Sincerely,


 


Licda. María Gerarda Arias Méndez               Licda. Clara Villegas Ramírez


TREASURY ATTORNEY          LEGAL ASSISTANT