OJ-005-2003 — Illegal timber transport with expired guide and unknown originTransporte ilegal de madera con guía vencida y procedencia ignorada

Opinión Jurídica : 005 - J   del 10/01/2003   
( RECONSIDERADO PARCIALMENTE )  


O. J.-005-2003
10 de enero del 2003
 
 
 
Lic. Geovanny Castillo Orozco
Inspector Fiscal
Unidad de Inspección Fiscal
Fiscalía General de la República
Poder Judicial
S. O.
 
 
 
Estimado señor:

   Con aprobación del señor Procurador Adjunto de la República, damos respuesta a su Oficio N°
930-UIF-02-GCO, de 17 de octubre del 2002, en el cual, por requerirlo la Unidad de Inspección Fiscal
del Ministerio Público en la investigación de la Causa Administrativa N° 77-2002 (2), solicita le
informemos el criterio que prevalece en la Procuraduría General de la República acerca del
transporte ilegal de madera cuando se ignora su procedencia y se presenta una guía de transporte
vencida.



     Al respecto, le comunicamos que esta Institución no se ha pronunciado sobre el punto de su
interés.



     El dictamen C-022-89 es un precedente relativo a una problemática algo próxima: la posibilidad
de fijar un horario para el transporte de madera en troza dentro del territorio nacional,
circunscribiéndolo de 6 a. m. a 10 p. m., a la luz del estado de emergencia de la actividad forestal
que declaró el Decreto 17754-MIEM-MAG de 18 e setiembre de 1987. (Sobre el horario para el
transporte de madera, vid. para la época el Decreto 19122-MIRENEM del 19 de julio de 1989, reformado
por el N° 19498-MIRENEM).



     Limitar el trasiego de madera en troza a horas en que las autoridades pueden ejercer la
vigilancia, se consideró en esa oportunidad un medio de control efectivo contra la deforestación
furtiva e ilegal. A la vez, se sostuvo que la libertad de tránsito (artículo 22 de la Constitución)
es una garantía referida al desplazamiento físico, y no abarca los vehículos de transporte de carga
donde los individuos se movilizan, los que sí pueden regularse.



     Tampoco su solicitud podría dar lugar a emitir un pronunciamiento vinculante por lo que se
expone a continuación.




 




I.- IMPROCEDENCIA DE CONSULTA DE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL Y ALCANCE DE ESTE PRONUNCIAMIENTO



     En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en nuestra Ley Orgánica, N° 6815 de 27 de setiembre de
1982 (arts. 1° y 2°), la Procuraduría General de la República es órgano superior consultivo,
técnico-jurídico de la Administración Pública. Sus pronunciamientos constituyen jurisprudencia
administrativa y los dictámenes son de acatamiento obligatorio para la Administración consultante.



     Luego, son los órganos de la misma Administración Pública, por medio de los jerarcas de los
diferentes niveles administrativos, los que pueden consultar a la Procuraduría, siempre que
acompañen la opinión de su asesor legal; lo que será imperativo para el Poder Central cuando se
trata de reclamaciones que puedan ocasionar egresos considerables (art. 4°).



     Están excluidos del trámite de consulta los asuntos propios de los órganos administrativos que
tienen una jurisdicción especial; supuesto en que se encuentran los casos concretos pendientes de
resolver ante las diversas instancias, pues por vía de dictamen vinculante sustituiríamos la
voluntad de la Administración activa, lo que no procede.



     En lo que hace a las funciones jurisdiccionales y a los órganos auxiliares de la Administración
de Justicia, como el Ministerio Público, rige el principio de separación e independencia de
"Poderes", que plasma la Constitución en el artículo 9°, en armonía con el 149 de su Ley Orgánica
7333, modificado por Ley 7728 de 15 de diciembre de 1997, el 84 ibid., 62 y sigts. Código Procesal
Penal y concordantes.



     No es dable entonces a los Fiscales en desempeño de sus cargos consultar a la Procuraduría
situaciones jurídicas específicas en las que están llamados a verter criterio con motivo de
denuncias o trámites en curso, para determinar el mérito de las actuaciones.



     Por tanto, tratándose de actos inherentes a la Fiscalía General, insustituibles por esta
Institución a través de dictamen, se emite por esta vez una opinión jurídica no obligatoria, a modo
de apreciaciones generales en torno a lo consultado, con el afán de colaborar en el cumplimiento de
sus deberes




    Para ello, se comentan los siguientes aspectos.




 




II.- TRANSPORTE DE PRODUCTOS FORESTALES EN LA LEGISLACIÓN ANTERIOR




 



     Un breve repaso de la normativa anterior sobre el tema, permite apreciar mejor el contexto de
la actual.



 a) Del transporte de madera en troza se ocupó ya la primera Ley Forestal, N° 4465 del 25 de
noviembre de 1969, que exigía como requisito para movilizar por cualquier parte del territorio
nacional, la aprovechada en el bosque, "la documentación respectiva" que se indicara por vía
reglamentaria (art. 93). La falta de manejo de los productos del bosque con arreglo al articulado de
la ley y su reglamento, en cuanto al transporte, entre otras actividades, se consideraba infracción
reprimible con multa.



 a) El Reglamento a esa Ley, Decreto N° 2923-A del 22 de enero de 1973, obligó al conductor de todo
vehículo que transportara madera a portar la "Guía de Transporte de Productos Forestales",
debidamente firmada, con una serie de anotaciones, a entregar al interesado por la Administración
Forestal previa presentación del permiso de aprovechamiento. Si contenía irregularidades o el
transportista no la portaba, procedía el decomiso de la madera, que era puesta a la orden de la
autoridad judicial competente, y la aplicación de sanciones (art. 104 sigts.).



 b) La segunda Ley Forestal, N° 7032 del 7 de mayo de 1986, reguló la cuestión en términos
parecidos, introduciendo la variante de reprimir el transporte ilícito de materia prima y productos
forestales con pena de prisión o días multa ( arts. 106 y 122, inciso e).



     Para extender las autorizaciones de aprovechamiento, la Administración Forestal del Estado
debía contar con el visto bueno de la municipalidad del lugar en lo que atañe al uso de caminos
vecinales, y podía prohibir en las labores de transporte el empleo de equipo o maquinaria que
perjudicaran la regeneración del recurso forestal u otros usos y beneficios (arts. 60 y 62).



 b’) Su Reglamento, Decreto N° 16986-MAG, del 9 de mayo de 1986, normó el transporte de la materia
prima forestal en el Título IV, pero en el artículo 140 dispuso que la Administración Forestal
fijaría cada año, por vía administrativa, los productos forestales que necesitaban autorización de
transporte, así como los documentos requeridos. Lo que se erigió en cortapisa al alcance del numeral
106 de la Ley, con aparentes visos de ilegalidad. Al no acreditarse que aquellos estuvieran
incluidos en la prohibición, se absolvía de responsabilidad (SALA TERECERA DE LA CORTE, resolución
N° 87 de 10 hrs. 25 mts. del 8 de mayo de 1986. Sobre la determinación administrativa de requisitos
y documentos para el transporte, cfr. del TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL la resolución N° 192 de las 9
hrs. 30 mts. del 13/03/97).



     Las industrias y personas que adquirieran productos forestales debían cerciorarse de la
existencia del permiso de aprovechamiento y de los documentos oficiales que respaldaban el
transporte, dependiendo del sitio de la adquisición, cuyo incumplimiento se sancionaba. Los
transportistas de maderas debían inscribirse en un registro especial (arts. 122, 123 y 141).



 c) La misma línea y tipo de penas adoptó la Ley Forestal N° 7174, que a pesar de indicar que es una
reforma a la Ley 4465, en realidad se trata de una repromulgación y de cuerpos legales
independientes en cuanto a la validez y constitucionalidad. (SALA CONSTITUCIONAL, sentencias N°
5375-95, 5578-96).



     La Ley 7174 mantuvo el visto bueno municipal sobre el uso de caminos vecinales, para autorizar
tala de árboles o el aprovechamiento del bosque y demás productos forestales (artículos 15, 60, 106
y 122, incisos d y e).



     La regulación del uso de las vías públicas en el trasiego de madera, obedece a la necesidad de
hacer una utilización racional de éstas, conservar su integridad material y a razones de orden
público (seguridad y sanidad públicas) y del buen régimen de la cosa pública. (Con referencia al
tema, vid. la parte considerativa del Decreto 30494-MINAE-MOPT-SP del 5 de junio del 2002, y la
resolución de la SALA CONSTITUCIONAL N° 0846-95, de las 15:54 hrs. del 14 de febrero de 1995).



     En punto a las sanciones alternativas de prisión y multa, para imponer la primera el TRIBUNAL
DE CASACIÓN PENAL exigió la debida fundamentación de las razones por las que se estimaba procedente
la pena privativa de libertad y no la de multa. Declaró violatorias del principio del debido proceso
y nulas las sentencias que omitían fundamentar la sanción aplicable (resoluciones números 192/1997,
de las 9 hrs. 30 mts. del 13/03/97; 677/98, de 15 hrs. 45 mts. del 16/10/1998).



 (En torno a la inconstitucionalidad de la conversión de la multa en prisión dentro de los procesos
contravencionales, por ser una pena sustitutiva de mayor gravedad que la sanción pecuniaria; atender
razones ajenas a la culpabilidad o antijuridicidad del hecho (la condición patrimonial del
condenado); infringir el principio de igualdad, al colocar al contraventor condenado en peores
condiciones que al sentenciado por delito, pues el primero no tiene acceso al beneficio de libertad
condicional e indulto; resultar irracional, por cuanto ubica al contraventor, quien no ha lesionado
bienes jurídicos de importancia, en un ambiente criminalizante; contrariar el valor justicia, al
imponer una pena privativa de libertad a los desposeídos, profundizando en las desigualdades
económicas; y lesionar el principio de igualdad jurídica, cfr. las sentencias números 1054-94 y
1997-01781 de la SALA CONSTITUCIONAL).



  c’) El Reglamento a la Ley 7174, Decreto 19886-MIRENEM, en los artículos 141, 142 y 159,
estableció las comprobaciones de permisos y documentos que amparaban la adquisición de productos
forestales por industriales y particulares, en tránsito o industrias; pago de impuesto forestal y
fijación administrativa anual de los productos que necesitaban autorización de transporte.



     En cuanto a los requisitos de permisos y guías de transporte para la adquisición de productos
forestales en el área de aprovechamiento, industria o en tránsito, cfr. del TRIBUNAL DE CASACIÓN
PENAL, sentencias números 192 de 9 hrs. 30 mts. del 13 de marzo de 1997 y 677 de las 15 hrs. 45 mts.
del 16 de octubre de 1998.



 c’’) Con asidero en la Ley Forestal 7174, la Administración Forestal del Estado, mediante
Resolución N° 108-94 DGF-MIRENEM, dictó el Manual de Procedimiento Técnico-Administrativo para el
Manejo y Aprovechamiento Forestal en Costa Rica (Alcance N° 28 a La Gaceta N° 211 del 7 de noviembre
de 1994), que incorporó algunas disposiciones relativas al Regente Forestal (ptos. I. 4; III. 11 y
12; V. 1.9 y VI.3), trámites a seguir ante el transporte ilegal de madera (III.22; decomiso,
denuncia y avalúo de la madera), y control de éste (pto. VI).



     El último concretó los requisitos para el transporte (la guía y placas metálicas colocadas en
las trozas, excepto en trozas procedentes de plantaciones forestales que utilizarán triángulos de
identificación del vehículo); los controles a nivel de campo, Puestos de Control e industria
forestal o patios de acopio; al tiempo que distinguía los procedimientos para el control según
hubiera o no regencia forestal.



     Pese a que las trozas o tucas provenieran de una finca forestal del imputado o de la empresa
que representaba, su tala y transporte requerían los permisos respectivos (de explotación y
transporte; guías y placas de identificación uniformes), para trasladarlas al aserradero, por la
protección legal que tienen los árboles maderables de bosques en propiedades particulares (TRIBUNAL
DE CASACIÓN PENAL, sentencia N° 1999-000354).




 




III.- MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES EN LA NORMATIVA ACTUAL




 




III.1) TRANSPORTE DE MADERA PROVENIENTE DE PLANTACIONES FORESTALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES



     Como medida de fomento o incentivo, las plantaciones forestales, incluidos los sistemas
agroforestales, los árboles plantados individualmente y sus productos, no necesitan permiso de
corta, transporte, industrialización ni exportación.



     Mas para movilizar fuera de la finca, hacia cualquier parte del territorio nacional, madera en
trozas, escuadrada o aserrada, proveniente de plantaciones forestales, se requiere un Certificado de
Origen, expedido por su regente forestal o el Consejo Regional Ambiental, del que previamente debe
entregarse copia a la Administración Forestal del Estado. Servirá de constancia el sello de recibido
(artículos 28 y 31 de la Ley Forestal N° 7575, el segundo reformado por Ley N° 7761 de 24 de abril
de 1998; resolución R-SINAC-DG 010 de 15 hrs. del 31 de mayo del 2000. Gaceta 143 del 26/7/2000,
pto. 1.5. Sentencia del TRIBUNAL DE CASACIÓN P ENAL N° 334 de 1996. Sobre la información que debe
contener el Certificado de Origen, vid resolución R-SINAC-DG-010 de las 15 hrs. del 31 de mayo del
2000, Gaceta 143 del 26/772000, PG. 29 ss., pto. 1.5.1OOooRIGEN ).



     Por plantación forestal se entiende el "terreno de una o más hectáreas, cultivado de una o más
especies forestales cuyo objetivo principal, pero no el único, será la producción de madera" (Ley
7575; art. 3, inciso f).



     El sistema agroforestal es la "forma de usar de la tierra que implica la combinación de
especies forestales en tiempo y espacio con especies agronómicas, en procura de la sostenibilidad
del sistema" (art. 3, inciso h ibid).



     Algunos otros términos que menciona la Ley Forestal se definen en el Reglamento a la Ley (art.
2°):



     Madera escuadrada: Pieza de madera dimensionada, producto de someter una troza de madera a un
proceso mecánico de transformación, en la que se modifica su forma redondeada, simulando cuatro
caras sin alterar notablemente su fisonomía.



     Certificado de Origen: "Fórmula Oficial diseñada por la A.F.E. en la cual el regente, el
responsable Municipal o del Consejo Regional Ambiental, cuando corresponda, por una única vez
certifique que en determinada finca existe una plantación o un sistema agroforestal, que puede ser
cosechado libremente".



     Regente: "Profesional Forestal autorizado por el Colegio, que de conformidad con las leyes y
reglamentos asume la supervisión y control de la ejecución de los Planes de Manejo Forestal
aprobados por la A. F. E."



     La Ley Forestal pone la ejecución de los planes de manejo a cargo y bajo responsabilidad de los
Regentes Forestales, a quienes atribuye fe pública a ese efecto, y el carácter obligatorio de sus
recomendaciones y observaciones para las personas que los han contratado (arts. 20 y 21).



     Vid. con relación a los deberes, derechos, funciones de los regentes forestales,
recomendaciones en las labores de transporte de madera, emisión de los certificados de origen e
informes de regencia: arts. 22, 23, incs. 1, 3 y 8. del Reglamento a la Ley Forestal; el Decreto N°
26870-MINAE del 4 de marzo de 1998, Alcance N° 12 a La Gaceta N° 88 del 8 de mayo del mismo año,
arts. 6, inc. j, 7, incs. c y j, 15, 19 y 20 y 36; los votos de la SALA CONSTITUCIONAL números
2001-1058, 2001-11931, 2002-4889 y 2002-5425; la Circular SINAC-DG-1564, del 4 de setiembre del 2002
y la resolución N° R-SINAC-DG 010 de las 15 hrs. del 31 de mayo del 2002, pto.1.2.1.



     Troza es "la sección del árbol libre de ramas, con un diámetro mayor o igual a 29 centímetros
en el extremo más delgado…" (resolución R-SINAC-010 de 15 hrs. del 31 de mayo del 2000. Gaceta N°
143 del 26 de julio del 2000. Gaceta del 26/7/2000, pg. 31). (Difiere del concepto que recogió el
Reglamento a la derogada Ley de Vida Silvestre N° 6919 de 1984, Decreto N° 15403-MAG del 10 de abril
de 1984, artículo 36: "defínese por troza de madera aquella cuyo diámetro promedio mínimo en el
extremo más delgado sea de 40 cm. Y cuya longitud mínima sea de 350 cm.).



     Por perjudicar los recursos naturales, la SALA CONSTITUCIONAL ha anulado Certificados de Origen
emitidos por el Regente Forestal, que autorizan la tala de árboles sin los necesarios estudios
técnicos para determinar el impacto ambiental (resolución N° 1999-01456).



     Sobre la emisión del Certificado de Origen por el Regente Forestal en una plantación bajo el
sistema agroforestal después del inventario forestal y el marcaje de los árboles que lo conforman,
puede consultarse la sentencia del TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN PRIMERA, N° 312-2001, de las 9
hrs. 40 mts. del 3 de agosto.



     Los Consejos Regionales Ambientales no se han conformado aún. Los creó la Ley Orgánica del
Ambiente (arts. 7° y sigts.) para promover una mayor participación de la sociedad civil en asuntos
vinculados al ambiente que afectan la región, con facultades autorizantes en materia de
aprovechamiento forestal (artículo 27 de la Ley Forestal, reformado por Ley 7761). Las Areas de
Conservación del SINAC asumen sus funciones en orden a autorizar la corta de árboles (hasta tres
árboles por hectárea anual en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, sin sobrepasar diez árboles
por inmueble).




 




III.1.1) ACREDITACIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN Y ENTREGA DE GUÍAS DE TRANSPORTE



     El Certificado de Origen es único para cada finca o área a explotar. Se expide por una única
vez, para un viaje dice el Decreto 30494-MINAE-MOPT-SP (art. 1°), certifica la existencia de una
plantación o sistema agroforestal en determinada finca, e indica el área plantada, número de
especies, ubicación y nombre del propietario (a).



     Para el control del transporte, luego de entregada la copia del Certificado de Origen a la
Administración Forestal del Estado, el propietario (a) tiene derecho, sin ningún requisito
adicional, a un número proporcional de guías de transporte, según el área reforestada o volumen a
extraer, las que deberá llenar cada vez que transporte madera y entregarlas al centro de
industrialización primaria, para respaldar la procedencia (Ley Forestal, art. 31; y su Reglamento,
art. 30).



     Es ambigua la legislación en esta materia, pues la literalidad del Decreto 30494, artículo 1°,
en relación con el 31 de la Ley Forestal, admite el transporte de madera proveniente de plantaciones
forestales y sistemas agroforestales, en único viaje, con sólo el Certificado de Origen, que sería
sellado en tránsito por el Puesto de Control del MINAE.



     No empece, el Certificado de Origen sirve de requisito para el transporte, certifica la
existencia de una plantación forestal o sistema agroforestal, con sus características, comprueba la
legitimidad de la corta y de la madera, pero tiene funciones distintas de la guía, a la que no
debería suplir, toda vez que de ordinario omite datos importantes para el control, como la
información de la madera que se transporta (número de trozas por especies, dimensiones y volúmenes),
destino y entrega, identificación del conductor y vehículo que la transporta, etc. Así, la
resolución R-SINAC-DG-010 de las 15 hrs. del 31 de mayo del 2000 (Gaceta 143 del 26/7/2000, pto.
2.2, expresa: "Toda madera en troza, escuadrada o aserrada, deberá portar la guía de transporte
correspondiente…" (Se agrega el subrayado).



     Si en razón de la cantidad de madera, superior a veinte metros cúbicos por ejemplo, o cualquier
otra circunstancia, el transporte debe hacerse en varios viajes, es claro que requiere de las guías.



     Los requisitos mínimos que deben contener las guías de transporte los fija la Administración
Forestal del Estado por resolución administrativa (artículo 30; Reglamento a la Ley Forestal).




 




III.2) USO DEL TRIANGULO EN SISTEMAS INTEGRADOS




 



     Si la persona –física o jurídica- tiene integrada su materia prima proveniente de sus
plantaciones forestales o sistemas agroforestales a una industria forestal, puede acogerse a un
sistema alternativo para las guías de transporte. Consiste en un emblema permanente en forma de
triángulo, que debe colocarse en la parte trasera de la carga. Sus características y número de
identificación los establece el Director del Area de Conservación, en avenencia con los productores
(as), con costo y elaboración a cargo del administrado (Idem. Resoluciones N° 613-SINAC, pto. 4.
Gaceta 154 del 12 de agosto de 1997 y R-SINAC-DG-010 de 15 hrs. del 31 de mayo del 2000, pto. 1.7.
Sobre el concepto de industrialización primaria forestal, vid. art. 2° del Reglamento a la Ley
Forestal).



     El uso del triángulo en cadenas productivas (producción e industrialización), sustitutivo de
las guías, tiende a incentivar a las industrias interesadas, al permitirles hacer varios viajes con
ese emblema. Lo propio es que con el triángulo, el transportista porte el documento acreditativo de
la resolución del Area de Conservación que lo autoriza a usarlo.



     Como antecedente, el Manual de Procedimiento Técnico-Administrativo para el Manejo y
Aprovechamiento Forestal, Resolución N° 108-94 DGF-MIRENEM, en vigor bajo la Ley Forestal 7174, al
enumerar los requisitos exigidos para el transporte de madera: la guía de transporte y placas
plásticas, exceptuaba del uso de las últimas a las trozas de plantaciones forestales que utilizarán
triángulos de identificación del vehículo, con ajuste a la resolución 023-93-DGF. Pto. VI.2.




 



 III.3) TRANSPORTE DE MADERA PROVENIENTE DEL BOSQUE MANEJADO O TERRENOS DE USO AGROPECUARIO SIN
BOSQUE




 



     Para movilizar fuera de la finca madera en troza, en bloc o escuadrada, que no dimane de
plantaciones forestales y sistemas agroforestales, sea originaria del bosque o terrenos de uso
agropecuario sin bosque, debe contarse con una guía de transporte y un distintivo o bandera
(Reglamento a la Ley Forestal, artículo 31).




 




III.3.1) LA GUÍA DE TRANSPORTE



     Compete a la Administración Forestal del Estado establecer por resolución administrativa los
requisitos mínimos que la guía de transporte debe contener, la que determinará: el número de permiso
forestal (resolución que autoriza el aprovechamiento) o aprobación del plan de manejo, y el nombre
del propietario (a) de la finca de que proviene. Queda a cargo del permisionario completar el resto
de la información.



     La edición y entrega de las guías, al costo, al titular del permiso o del plan de manejo, es
responsabilidad del Area de Conservación, del Regente, del profesional forestal y del Consejo
Regional Ambiental, cuando corresponda.



     Las guías de transporte deben entregarse en la industria que procesará o empatiará las trozas
(sea, la que compra o aserra la madera), la cual ha de llevar un registro de guías para respaldar la
madera recibida y procesada (Reglamento a la Ley Forestal, artículo 31).



     Para amparar el traslado de madera que se realiza y demostrar que se actúa a derecho, la guía
de transporte de madera debe cumplir los requisitos legales y contener todos los datos necesarios de
validez. Si presenta alteraciones, falsea su contenido (SALA TERCERA DE LA CORTE, resolución
369-F-91 y TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, voto 677-F de 15 hrs. 45 mts. del 16/10/98).



     El transporte de trozas de madera de especies ajenas al permiso de aprovechamiento y a las
guías de transporte que se extendieron con fundamento en esa autorización motiva el decomiso (última
resolución de cita).



     Es razonable la suspensión temporal de la entrega de guías de transporte, adoptada por el Jefe
de la Oficina Subregional del MINAE, en ejercicio de su potestad de administración e inspección,
para verificar la regularidad legal de la explotación forestal que fundamentará el transporte (SALA
CONSTITUCIONAL, voto 2000-10589).



     El aprovechamiento de productos forestales en terrenos privados de bosque requiere un plan de
manejo aprobado por la Administración Forestal del Estado, que contenga el impacto que pueda
ocasionar al ambiente (Ley Forestal, artículo 20), y puede denegarse si contraviene el principio de
uso racional y sostenible de los recursos naturales (SALA CONSTITUCIONAL, resolución 1999-01456).




 




III.3.2) EL DISTINTIVO o BANDERA




 



     El emblema distintivo para el transporte de la madera denominado bandera, que debe adherirse en
la parte posterior de la carga en cada viaje a realizar, lo diseña y confecciona la Administración
Forestal del Estado.



     En su elaboración han tomarse en consideración elementos que garanticen seguridad en el uso,
consignar el nombre del Area de Conservación y ser del color designado a ésta, para diferenciar por
región la procedencia de la madera y facilitar los controles.



     Las banderas deben tener una numeración para cada Area de Conservación, suministrarse al costo
a los administrados, regentes y Consejos Regionales, y entregarse en la industria que procesará o
empatiará las trozas.



     A falta de disponibilidad de los emblemas o banderas, no será requisito para el transporte de
la madera (Reglamento a la Ley Forestal, artículo 31). Al parecer, a la fecha la Administración
Forestal del Estado no ha implementado el uso de banderas, pero sí el sistema de placas plásticas en
su reemplazo (vid. pto. III.3.4 infra. Resolución R-SINAC-DG-010 de 15 hrs. del 31 de mayo del 2000.
Gaceta 143 del 26/7/2000, ptos. 1.5.4, 1.9, 2,2 y 2,3).




 




III.3.3) FORMATO DEL TRIÁNGULO, GUÍAS Y BANDERAS PARA TRANSPORTAR MADERA




 



     La Dirección del Sistema Nacional de Areas de Conservación, por resoluciones administrativas
números 613-SINAC de las 12 hrs. del 9 de mayo de 1997 (Gaceta N° 154 del 12 de agosto de 1997, pgs.
38 a 40) y R-SINAC-DG-010 de las 15 hrs. del 31 de mayo del 2000, publicada en La Gaceta N° 143 del
26 de julio del 2000, pg. 29 a 32, dictó las directrices para la aplicación del Reglamento a la Ley
Forestal, en lo que concierne a los Libros de Registro, de Registro de Proyectos Forestales
(artículo 49), Registro de Industrias Forestales (artículo 72), Registro del Régimen Forestal
(artículo 100) e Inhabilitación por infracciones.



     Además precisó el formato del triángulo, guías y banderas para el transporte de madera, así
como del Certificado de Origen. También oficializó los criterios de sostenibilidad en planes de
manejo y evaluación de impacto ambiental.



     Aclara que los alcances de la evaluación a que se refieren los artículos 20 de la Ley 7575 y 17
de su Reglamento no deben confundirse con la evaluación de impacto ambiental (EIA) que norma la Ley
Orgánica del Ambiente, artículo 17.




 




III.3.4) SISTEMA DE PLACAS PLÁSTICAS




 



     El Decreto N° 27240-MINAE del 22 de julio de 1998, que derogó el Decreto 26748-MINAE, establece
el sistema de placas plásticas a fin de facilitar las labores de control en el aprovechamiento de
productos forestales, salvo plantaciones forestales a tenor de los artículos 27 y 28 de la Ley
Forestal.



     Las placas se utilizarán con numeración consecutiva, alta seguridad y en colores amarillo,
blanco y anaranjado para los permisos que autorice respectivamente la Administración Forestal del
Estado, los Consejos Regionales Ambientales y Regentes con respaldo en certificados de origen
(Decreto 27240-MINAE, arts. 1° y 2°, y Resolución R-SINAC-DG-010 de las 15 hrs. del 31 de mayo del
2000 , pto. 1.5.4).



    Mediante el sistema de placas debe marcarse la madera en troza a transportar fuera de la finca,
o desde el patio de acopio a la industria forestal o patio de comercialización, o en balsas. Es
obligación del permisionario o empresario forestal colocar las placas en las trozas. La guía de
transporte ha de contener el número de placas numeradas (Decreto 27240- MINAE, arts. 3° a 5°).



     El dueño de la industria forestal es responsable de velar porque la madera en troza ingrese
plaqueada al patio de la industria y se mantenga con las placas hasta el momento en que se coloque
la troza en el carro del aserradero. Las placas removidas de las trozas antes del aserrío debe
depositarlas el industrial en una caja cerrada con candado y una pequeña ranura que la
Administración Forestal del Estado habrá de colocar en las industrias de aserrío (art. 8° y 9°).



     El funcionario de control de cada Area de Conservación es el encargado de colocar, mantener,
portar la llave de esas cajas, hacer visitas quincenales a las industrias forestales, retirar las
placas, con levantamiento de acta, y trasladarlas a la sede central del SINAC para su reciclaje y
destrucción (arts. 9°, 10, 11 y 13).



     La Dirección del Sistema Nacional de Areas de Conservación, por resolución N° R-SINAC-DG-010 de
las 15 horas del 31 de mayo del 2000, publicada en La Gaceta N° 143 del 26 de julio del 2000, dictó
las directrices que rigen la entrega y empleo de guías y placas de transporte de madera.




 




III.4) TRANSPORTE DE MADERA ASERRADA



     El transporte de madera aserrada (transformación primaria) debe ampararse en una factura
autorizada (timbrada), de venta o aserrío. Si se aserra directamente por el propietario (a) de la
madera, ha de aportarse el Certificado de Origen (para madera de plantación y sistemas
agroforestales) que compruebe la legitimidad.



     Cuando el producto proviene de un centro de industrialización primaria y se traslada a un
depósito de madera propiedad de la misma empresa, podrá transportarse madera de aserrío sin la
factura autorizada, pero con respaldo en una guía de transporte, emitida con los requisitos legales
(Reglamento a la Ley Forestal, artículo 32. Resolución R-SINA-DG-010 de 15 hrs. del 31 de mayo de
2000, pto. 1. 6. Vid. comentarios sobre la propuesta final de Reglamento a la nueva Ley Forestal N°
7575, en: Desde el bosque. Boletín Informativo Mensual de la Cámara Costarricense Forestal, Año 4,
Número 17. Agosto de 1996, pgs. 3 y 4).



     Como antecedente, el Decreto N}° 19498-MIRENEM estableció, en el artículo 3°, que "el
transporte de madera aserrada, proviene de industrias forestales estacionarias o aserraderos
convencionales, debe portar únicamente la factura membretada del aserradero o industria forestal,
donde se indique la fecha, clases, cantidad y especie de las piezas transportadas").




 



 III.5) DECRETO 30494-MINAE-MOPT-SP, SOBRE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE DE MADERA
POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES




 



     Ante la dispersión normativa, el Decreto 30494-MINAE-MOPT-SP del 5 de junio del 2002 (Gaceta N°
119 del 21 de junio del 2002) ordena los documentos necesarios para el transporte de madera.



     Se cimienta en la existencia de estudios técnicos (del CATIE) demostrativos de que un 34% de la
madera que se comercializa en el país procede de la tala ilegal; en la función prioritaria que tiene
el Estado de conservar y proteger los bosques, velar por el aprovechamiento sostenible de todos los
recursos forestales; en la necesidad de regular el uso adecuado de las vías públicas y de contar con
un tiempo prudencial para que la Administración Forestal del Estado diseñe un sistema institucional
de control de tala legal.



     Los documentos que el Decreto cataloga necesarios para el transporte de madera por vías
públicas terrestres del territorio nacional son:



     Origen: Bosque natural; tipo de madera, madera en troza: guía amarilla y una placa en cada una
de las trozas.



     Plantaciones forestales, madera en troza: guía de transporte. Certificado de Origen, para
aquellos casos en que el transporte sea de un único viaje.



 (Es contradictoria la resolución del Sistema Nacional de Areas de Conservación, N° R-SINAC-DG-010
de 15 hrs. del 31 de mayo del 2000. Gaceta N° 143 del 26 de julio del 2000, en orden al uso de
placas en el transporte de productos de plantaciones forestales, pues mientras en el punto 2.5
dispone que "sólo podrá transportarse sin placas las trozas procedentes de plantación", en el punto
1.5 alude a "la entrega de guías y placas para transporte de productos procedentes de árboles
plantados", lo mismo que el pto. 1.5.2).



     Sistemas agroforestales, madera en troza: guía de transporte y una placa anaranjada en cada una
de las trozas.



     Terrenos de uso agropecuario y sin bosque, madera en troza: guía de transporte y una placa de
color amarillo en cada una de las trozas.



     Centros de industrialización primaria, aserraderos portátiles, Industrias de plantaciones
forestales, madera en troza, escuadrada o aserrada: Factura de compraventa, o del servicio de
aserrío debidamente autorizada por la Dirección de Tributación Directa y con el detalle del impuesto
de ventas. La factura ha de identificar claramente el comprador y al vendedor de la madera.



     Si la madera es aserrada "in situ", debe aportarse la guía de transporte -para madera aserrada-
más la factura de aserrío, extendida por el responsable autorizado (dueño del aserradero ambulante).
Si se trata del propietario de la finca, es exigible la guía de transporte (Decreto 30494-MINAE-
MOPT-SP, art. 1°; resolución R-SINAC-DG-010 de las 15 hrs. del 31 de mayo del 2000, pto.1.6).



     En aras de controlar la tala ilegal, para el transporte de madera en troza, en block o
escuadrada y aserrada, el Decreto señala el siguiente horario: de lunes a viernes, de las cinco
horas a las veintiuna horas (de 5 a. m. a 9 p. m.), y prohibe el transporte de madera durante los
fines de semana, desde los viernes a las 9 p. m. hasta los lunes a las 5 a. m.



     A ese propósito, el MINAE debe establecer en vías los puestos de control fijos y móviles que
estime conveniente, y formar brigadas de control, a nivel central y regional, que tendrán apoyo de
las instituciones estatales. (Arts. 2° y 3°. El Decreto 19498-MIRENEM, artículo 3°, atribuía a la
Guardia de Asistencia Rural el deber de velar conjuntamente con los funcionarios de la Dirección
General Forestal por el respeto del horario para transportar madera en troza o aserrada dentro del
territorio nacional. Sobre los operativos de control en Honduras por transporte ilegal de madera,
cfr.: Revista Forestal Centroamericana N° 25, pg. 27).



     Se decomisarán la madera y el medio de transporte empleado que no cuente con la debida
documentación o circule fuera de las horas autorizadas (arts. 4° y 5°).



     Por último, fija la vigencia máxima de las guías en un mes e impone al MINAE la obligación de
evaluar el problema de la tala ilegal en todo el territorio, adoptar las medidas administrativas
para reducirla y recomendar los cambios que amerita la legislación vigente (arts. 6°, 7° y 8°).




 




III.6) ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN PARA TRANSPORTAR MADERA A LA INDUSTRIA TRANSFORMADORA



     La documentación para el transporte de madera se entrega y deposita en la industria donde se
transformará, la que debe adjuntarse a la factura que formalice la transacción del bien y servirá
como respaldo a la misma.



     Su incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Forestal,
artículo 63, inciso a), y normas tributarias (art. 77; Reglamento a la Ley Forestal).




 




III.7) DECOMISO DE MADERA Y VEHÍCULO POR INCUMPLIMIENTO



     La inobservancia de requisitos para movilizar madera aserrada, de bosque o terrenos de uso
agropecuario sin bosque, faculta a la Administración Forestal del Estado o a las autoridades
públicas que ejercen el control, a decomisar la madera y el vehículo que la transporta, como medio
de ejecución del delito, y a interponer la denuncia penal correspondiente (Reglamento a la Ley
Forestal, artículo 32. TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, voto 677-F de 15 hrs. 45 mts. del 16 de octubre
de 1998).




 




III.8) ATRIBUCIONES DE LOS INSPECTORES DE TRÁNSITO PARA CONTROLAR EL TRANSPORTE DE MADERA




 



     En lo que respecta al transporte de madera en trozas o productos forestales, la Ley de Tránsito
por Vías Terrestres, N° 7331 del 13 de abril de 1993 (Gaceta N° 76, Alcance 13 del 22 de abril de
1993), artículo 196, asigna a los inspectores de tránsito la atribución de "velar porque se cumpla
lo estipulado en la Ley Forestal N° 4465 del 25 de noviembre y sus reformas", confiriéndoles los
derechos y facultades que ostentan los miembros de la Fuerza Pública.



    El artículo presenta problemas de aplicación por cuanto al promulgarse la actual Ley Forestal N°
7575 no se tuvo el cuidado de introducir la reforma del caso.



     Además, los conductores de vehículos de carga deben acatar una serie de regulaciones; entre
éstas sujetar y acondicionar la carga para seguridad de los peatones y vehículos que transiten a su
lado (artículo 100).




 




IV.- EL DELITO DE TRASIEGO DE MADERA SIN PERMISO



    A tono con la Ley Forestal "no podrá movilizarse madera en trozas, escuadrada ni aserrada
proveniente de bosque o de plantación, si no se cuenta con la documentación respectiva" (artículo
56).



     A quien contravenga lo dispuesto en esa norma se impone pena de prisión de un mes a un año
(artículo 63, inciso a, ibid).



     Si los hechos sucedieron durante la Ley Forestal N° 7174 de 28/6/1990, y se juzgan estando en
vigor la Ley Forestal actual (art. 75), debe aplicarse la primera por ser más favorable al imputado,
en la medida de que en la segunda la conducta sólo aparece sancionada con pena de prisión. (TRIBUNAL
DE CASACIÓN PENAL, resolución N° 677 de 15 hrs. 45 mts. del 16/10/98; arts. 11 y 12 del Código
Penal).




IV.1) EL PERMISO DE TRANSPORTE DE MADERA



     Es ilícito el transporte de madera con la procedencia descrita, fuera de una finca privada, que
omita el permiso administrativo o viole sus términos.



     La prohibición de movilizar madera sin los documentos legitimantes lo es con reserva de
autorización (prohibición relativa). El permiso es un medio de control sobre el cumplimiento de
requisitos legales y se exterioriza a través de la expedición de los "documentos respectivos",
complementados de otros distintivos materiales: placas metálicas, banderas, cuando se implementen,
triángulos, etc.



     La Administración no violenta los derechos fundamentales al oponerse al transporte de madera
talada ilegalmente. (SALA CONSTITUCIONAL, voto 6071-93). Es de interés público la protección,
conservación, aprovechamiento e industrialización adecuados de los recursos forestales del país
(SALA CONSTITUCIONAL, votos 6940-95, 7020-95, 0144-96 y 5578-96; y del TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL el
334 de 9 hrs. del 12/06/1996).




 




IV.2) OBLIGACIÓN DE PORTAR LOS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE EN REGLA




 



     El transportista de madera es responsable de portar la documentación de respaldo de la madera
que traslada, con la que ha de ser coincidente y ajustarse a derecho. Si la persona se dedica a esa
actividad y conoce los presupuestos del tipo penal, la discordancia entre la madera que transporta y
la que estipula el documento, hace dolosa su conducta (TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, resolución N° 192
de 1997).



     El tipo penal exige al momento de transportar la madera el sujeto activo porte los documentos
que legitimen y autoricen el acto. A efecto de cumplir la obligación, ha de solicitarlos a la
autoridad competente, y ésta debe extenderlos, a menos que tenga razones válidas para la
denegatoria. (TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, resolución N° 357 del 25/06/1996, de 09 hrs. 00 m.).



     Con una tesis discutible, se ha llegado incluso a eximir de responsabilidad al transportista de
madera aserrada legalmente, a quien la Administración no le entregó las guías, por carecer de
formularios, estimándose que el permiso de transporte no requería una orden impresa, y era factible
confeccionar la guía de transporte por otros medios que cumplieran los requisitos legales. El caso
se equiparó al estado de necesidad, que es causa de justificación. (Artículo 27 del Código Penal.
TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, resoluciones números 194 de 1996 y 1999-00549).



     Empero, el TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL ha desechado el argumento de falta de conocimientos
técnicos del transportista acerca de las diversas especies maderables, como excluyente de
culpabilidad, señalando que no son necesarios, al constar en la guía de transporte el número de
trozas y su placa de identificación, en concordancia con cada una de las especies forestales.



     Ello permite al transportista determinar que las trozas cargadas en su camión "son las mismas
que están autorizadas, conforme a la documentación que porta" y debe "presentar en los distintos
puestos de control, con los números de identificación visibles" (sentencia N° 192 de las 9 hrs. 30
mts. del 13/03/97).



     El impedimento de extraer la madera por desidia del interesado en gestionar a su tiempo las
guías de transporte y placas numeradas, antes de revocarse un permiso de aprovechamiento, se ha
dicho, no le lesiona ningún derecho fundamental (SALA CONSTITUCIONAL, voto N° 7266-94).




 




IV.3) TRANSPORTE ILÍCITO DE MADERA COMO TIPO PENAL EN BLANCO




 



     Los documentos que deben portarse con el transporte de madera en trozas (artículo 56 de la Ley
Forestal), a criterio del TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, suelen referirse a los extendidos por la
Administración Forestal para autorizarlo, según la competencia que le asigna el artículo 6° ibid., y
"pueden establecerse "mediante reglamento o a través de un acto administrativo específico" (votos
números 75 de 1996, 357 de 1996 y 244 de 1997).



     La colaboración que brinda el Decreto Ejecutivo número 25721-MINAE, Reglamento a la Ley
Forestal 7575, a los numerales 56 y 63 de ésta, no incurre en vicio que riña con el principio de
legalidad, porque "no excede la propia definición de las normas legales" (TRIBUNAL DE CASACIÓN
PENAL, sentencia de las 12 hrs. del 20 de junio del 2002).



     Sea, que el delito de transporte ilícito de madera constituye "un tipo penal en blanco, que el
intérprete debe completar". Si lo hace en forma defectuosa, el error del juzgador no es de
naturaleza constitucional, sino legal, subsanable por la vía ordinaria de los recursos, como el de
casación. La ley penal en blanco, "si bien puede conllevar alguna dificultad de interpretación, no
presenta ningún roce de constitucionalidad." (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones del año 1993 las
números 3540, 3541, 3542, 3543 y 3544, 3465, 06940-95, 5578-96 y 05876-99).



     Para especificar la documentación a que se refiere el citado artículo, el juzgador ha de
remitirse a otras disposiciones del ordenamiento, pero esa remisión no atenta contra el principio de
tipicidad, pues la necesidad de control sobre la explotación de los recursos naturales, podría
implicar la variación, aumento o disminución, de documentos que acrediten los permisos o licencias,
lo que de acuerdo a la lógica elemental no puede estar definido en la ley", sino que debe hacerlo el
Poder Ejecutivo en uso de sus atribuciones legales y constitucionales. (SALA TERCERA DE LA CORTE,
resolución N° 570 de 1993). La tipicidad ha de interpretarse "en consonancia con las disposiciones
reglamentarias, en punto a determinar la documentación requerida, que complementan el articulado de
la ley" (TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, sentencia N° 75 de 8 hrs. 14 mts. del 15 de febrero de 1996).



    A juicio de la SALA TERCERA DE LA CORTE, esos "documentos respectivos no pueden ser
cualesquiera, ni los que se le ocurran arbitrariamente al Poder Ejecutivo". Se trata de "documentos
indispensables para acreditar la licitud de la corta de madera y la licitud del transporte de la
madera", autorizados por la Administración Forestal". La interpretación podría ser inconstitucional,
pero no la ley cuando los juzgadores se excedan, exigiendo más de los documentos mínimos idóneos
para la configuración del delito (res. N° 570 de 09 hrs. 40 mts. del 22/10/1993. Cita de la misma
SALA TERCERA la sentencia N° 511 de 9 hrs. del 10 de setiembre de 1993, y de la SALA CONSTITUCIONAL,
N° 1876 de 16:00 hrs. del 19 de diciembre de 1990).



     Es aceptable la técnica legislativa de utilización de leyes penales no completas o en blanco
para fijar los tipos penales, "que logran su plena integración al relacionarlas con otras de menor
rango", como el reglamento (votos 1876-90, 1877-90 y 447-91), "siempre que al hacerlo el Poder
Ejecutivo se mantenga dentro de su esfera propia de competencia y que la ley que remite establezca
con suficiente claridad los presupuestos de la punibilidad, así como la clase y extensión de la
pena". (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones números 1876-90, 1877-90, 4417-9 y del TRIBUNAL SUPERIOR
DE CASACIÓN PENAL los números 226-F-97, 682-97, 2001-929 y 2001-09748).



     Sobre las normas penales en blanco, su integración con otros textos de igual, superior o
inferior rango, confrontación con los tipos penales abiertos, cerrados y su validez constitucional,
vid. además: de la SALA CONSTITUCIONAL, las resoluciones números 3465-93, 3540 a 3544 de 1993,
6377-94, 5755-94 y 2001-09748; de la SALA TERCERA DE LA CORTE, la sentencia 570-93 y 0057-2000. VON
BELING, Ernst. Esquema de Derecho Penal. La doctrina del Delito-tipo. Trad. de Sebastián Soler.
Edit. Depalma. Buenos Aires. 1944, Apéndice, pg. 11. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Teoría del Delito.
EDIAR. Buenos Aires. 1973, cit., pg. 189. Del mismo autor: Manual de Derecho Penal. Parte general.
EDIAR. Buenos Aires. 1978, pgs. 374-375, ésta citada por la Sala Tercera. JESCHECK, Hans Heirich:
Tratado de Derecho Penal. Parte General. Vol. I. Trad. por S. Mir Puig y F. Muñoz Conde. Bosch.
Barcelona. 1981, pg. 150, 191 y 365. RODRÍGUEZ DEVESA, Jose María: Derecho Penal Español. Parte
General. Quinta edición. Madrid Gráficas Carasa. 1976, pg. 153. RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo: Derecho
Penal. Parte General. Madrid, Edit. Civitas, 1978, pg. 357. NÚÑEZ , Ricardo: Derecho Penal
Argentino. Parte General. Tomo primero. Edit. Bibliográfica Argentina. Buenos Aires. 1959, pg. 99.
VIDAL RICEROLL, Carlos: El tipo y la tipicidad. En: Derecho Penal Contemporáneo. N° 12, enero-
febrero. 1966, México D. F., pg. 73, y sesión de Corte Plena de 13:30 hrs. del 20 de junio de 1985.
RODRÍGUEZ RAMOS, Luis: Presente y Futuro de la protección del medio ambiente en España., en Cuarto
Seminario Internacional de los Delitos de Cuello Blanco. México, D. F. Junio de 1981. Publicación de
la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzaico, pgs. 227 y 228). Cita a Martínez Rincones,
Delito ecológico. Mérida. Venezuela. 1978, pg. 30.




 




IV.4) ESTABLECIMIENTO DEL ORIGEN DE LA MADERA




 



     El Decreto N° 30494-MINAE-MOPT-SP del 5 de junio del 2002 (art. 1°), que enlista los documentos
para el transporte de la madera por vías públicas terrestres en el territorio nacional, reconoce
como probables orígenes de la madera: el bosque natural, las plantaciones forestales, incluidos los
sistemas agroforestales, los terrenos de uso agropecuario y sin bosque, los centros de
industrialización primaria, aserraderos portátiles e industrias de plantaciones forestales.



     Para la jurisprudencia penal, la Ley Forestal 7575, arts. 56 y 63 inciso a), en relación con el
28 ibid, sólo sanciona como delito el transporte de madera "sin la documentación respectiva" cuando
ésta proviene de bosque o plantación, elemento del tipo penal.



     De ahí que sea imprescindible esclarecer su procedencia. Incurre en vicio de falta de
fundamentación la sentencia condenatoria que omite referirse a este aspecto, toda vez que debe
contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos.



     El defecto es motivo de casación por la forma. Provoca la anulación del fallo y del debate que
le sirvió de base, e impide conocer el fondo del asunto y determinar si se hizo debida aplicación de
las normas sustantivas. Arts. 395 inciso 3°, 482, pfo final, y 483 del Código Procesal Penal.
(TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, resoluciones números 418-F-97, de las 15 horas 30 minutos del 19 de
mayo de 1997; 610 del 31 de octubre de 1997, 45-F-98, de las 14 horas 20 minutos del 26 de enero de
1998; 368-F-98, de las 11 horas 20 minutos del 25 de mayo de 1998; 641 de 25 de setiembre de 1998;
2000-541, de 14 de julio del 2000; 2002-0454 de las 12 hrs. del 20/6/2002).



     Sí ha admitido el TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL que de la valoración integral de indicios graves y
concordantes con otros elementos de juicio, pueda inferirse una conclusión cierta del origen de la
madera y dar soporte al fallo condenatorio por el delito en comentario. Son ejemplos indiciarios: la
compatibilidad del diámetro y dimensiones de las trozas que se transportan con las cortadas en la
finca boscosa donde no se autorizó la tala; su transporte sin el distintivo legal o placas, ni
consignar en la guía; la ubicación en el vehículo tratando de ocultarlas, etc. (Sentencia 2002-0454,
de las 12 hrs. del 20/6/2002).




 



 IV.4.1) DEMOSTRACIÓN DE CULPABILIDAD E IMPROCEDENCIA DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA EN EL JUZGAMIENTO
DEL ILÍCITO PENAL



     Lo expuesto se concilia con el principio de inocencia y la consecuente comprobación de culpa o
responsabilidad, que rige en materia represiva. En lo que interesa, el artículo 39 de la
Constitución garantiza que a nadie se le hará sufrir pena sino por delito y prueba de culpabilidad.



     Se recoge en el artículo 30 del Código Penal. Enuncia que no hay pena sin culpa y exige
acreditar la existencia del delito: "Nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente tipificado
en la ley si no lo ha realizado con dolo, culpa o preterintención". El juzgador debe hacer el examen
de la tipicidad subjetiva del hecho, para determinar si la persona acusada actuó de esa forma.
(TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, resoluciones números N° 004-F-96 y 149-F-97)". Las disposiciones del
Código Penal se aplican a "los hechos punibles previstos en leyes especiales, siempre que éstas no
establezcan nada en contrario" (artículo 3° ibid.).



     En salvaguarda de los principios de debido proceso e inocencia, comprendidos en el artículo 39
constitucional, es "indispensable que la demostración de culpabilidad del acusado se haga
plenamente, y llegue más allá de toda duda razonable". (SALA CONSTITUCIONAL, resolución N°
3423-C-94).



     Por ello, la SALA CONSTITUCIONAL indicó que la Ley Forestal –se refería a la N° 7174, pero la
apreciación es válida para la actual-, en el título sobre infracciones, sanciones y procedimientos,
no instituye la culpa objetiva, y que en el proceso seguido ante las autoridades judiciales, con
encaje al Código Procesal Penal, "se debe demostrar la culpabilidad del imputado" (resoluciones
números 5578-96 y 5876-99).



     En otras sentencias el Tribunal Constitucional manifestó que del principio de culpabilidad,
necesario para que una acción sea capaz de producir consecuencias penales, no es posible
constitucional y legalmente hablando, aceptar la teoría de la responsabilidad objetiva, de
aplicación en otras materias, "pero que por el carácter propio de la pena se encuentran excluidas de
aplicación en lo penal, pues en ésta debe demostrarse necesariamente una relación de culpabilidad
entre el hecho cometido y el resultado de la acción, para que aquél le sea atribuido al sujeto
activo".



     Con base en la responsabilidad objetiva, al autor de un hecho se le puede imponer una pena no
obstante que su comportamiento no pueda ser reprochado personalmente; en este caso lo decisivo es la
causación objetiva del resultado dañoso, sin exigir que entre éste y la acción del sujeto exista
relación de culpabilidad". (SALA CONSTITUCIONAL, votos 500-90 y de 1993 los números: 3540, 3541,
3542, 3543 y 3544, entre otros).



     La falta de demostración de la procedencia de la madera (Ley Forestal, artículo 55) no parece
suficiente para sustentar sin más una condenatoria penal.




 



 IV.5) EL TRANSPORTE ILÍCITO DE MADERA COMO FIGURA DE REFERENCIA PARA INTERPRETAR LA ATIPICIDAD DE
LA TALA DE ÁRBOLES EN TERRENOS PRIVADOS QUE NO SEAN BOSQUE



     El problema se complica porque la jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal ha asumido como
tesis de referencia la figura del transporte ilícito de madera para restringir el delito de tala de
árboles en áreas boscosas de propiedad privada.



     Aduce que si la figura delictiva del transporte de madera no autorizado excluye el proveniente
de terrenos que no sean bosque o plantación forestal, no habría razón para sancionar el
aprovechamiento en inmuebles que no reúnan esas características (arts. 27, 56, 61, inciso a), y 63,
inciso a), de la Ley Forestal. TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, res. 2001-929, de las 9 hrs. 45 mts. 16
de noviembre del 2001, entre otras).



     El aprovechamiento maderable, sin autorización o sin ajustarse a lo autorizado, que sanciona el
artículo 61 inciso a) de la Ley 7575, incluye la corta de árboles. (Mismo Tribunal, resoluciones N°
226-F-97; 524-F-97; 704-F-97 y 2001-929).



     Otros argumentos en los que se apoya la jurisprudencia penal (votos del TRIBUNAL DE CASACIÓN
PENAL números 682-F-97 y 845-F-97 y 2001-929) para sostener la atipicidad de la tala de árboles en
fundos diversos de bosque son:



 a) El delito de tala de árboles en terrenos privados y el término forestal, descriptivo del tipo,
se ligan a los bosques, con las dimensiones legales (superficie de dos hectáreas o más; Ley Forestal
7575, art. 3°, inciso e). En otros supuestos, aquella sería atípica. (TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL,
res. 2001-929).



     La tesis abandona la posición precedente sobre la tutela jurídica amplia que consideraba a
todos los recursos forestales del país integrantes del bien jurídico protegido por el artículo 61
inciso a) de la Ley 7575. Con lo cual la acción de cortar sin permiso un árbol maderable,
independientemente de si formaba parte de un bosque o plantación forestal, tipificaba el delito.
(TRIBUNAL SUPERIOR DE CASACIÓN PENAL, N° 524-F-97).



 b) En terrenos que no sean de uso agropecuario, sin bosque, no hay prohibición para cortar árboles
(Ley Forestal, artículo 27, a contrario sensu).



     Tampoco se apareja sanción al acto de infringir dicho artículo 27 en lo concerniente a tala de
árboles en terrenos de uso agropecuario, y es cuestionable que la tenga en los artículos 61, inciso
a (aprovechamiento ilícito de productos forestales), o 63, inciso a (transporte ilícito de madera),
de la Ley Forestal, porque amplía el tipo penal. Comprende como típica una conducta que no aparece
claramente descrita, contra el principio de legalidad. Es lo que ocurre con la definición de
"terrenos de uso agropecuario sin bosque" que da el Reglamento a la Ley Forestal (artículo 2°),
englobando en el concepto agropecuario lo que no es forestal.



     Con otra perspectiva, podría sostenerse que la Ley Forestal protege los recursos forestales en
general, sin vincularlos indefectiblemente a los bosques. Son ejemplos, entre otros: el artículo 27,
que considera al árbol recurso forestal, al exigir autorización para talar hasta tres árboles por
hectárea anual o diez árboles por inmueble, en terrenos sin bosque; el 61, incisos a, b y e, admite
una definición más amplia de productos forestales; el 32, da relevancia y valor de uso a los árboles
individuales, para fines prendarios, etc. (Vid. en desarrollo de ese art. 32 : el Reglamento de
Pignoración de árboles en pie. Decreto N° 25734-MINAE del 4 de diciembre de 1996. Gaceta N° 18 del
27 de enero de 1997).



     También la FAO ha reconocido la importancia de los árboles fuera de bosques: "La definición de
recursos forestales debería incluir, necesaria y crecientemente, a los árboles fuera del bosque",
aunque estos se encuentren sobre suelos de aptitud agrícola (o ganadera) y haya dificultades para
inventariarlos". (Información sobre Manejo Forestal, Recursos Forestales y cambio en el uso de la
tierra en América Latina. Memorias de Talleres. Volumen 3. Lima- Perú, 3 al 6 de septiembre del
2001. Comisión Europea y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Santiago de Chile. Dic. 2001, pg. 26-27).



     Por lo demás, aun cuando lo deseable es la protección del bosque en tanto ecosistema (en sus
interacciones con el suelo, fauna, agua, comunidades humanas y otros elementos), la Ley Forestal
hace énfasis en los recursos forestales económicamente explotables.



     Y desde el punto de vista del Derecho Agrario, la actividad forestal es típica, bien que se
adopte una clasificación dual de éstas (vegetales y animales; esto es, agricultura, forestal y
pecuarias), o tripartita, como lo hace el Código Civil italiano, artículo 2135: cultivo del fundo
(agricultura), silvicultura (forestal) y ganadería o crianza de ganado, en sentido amplio; amén de
las actividades agrícolas conexas.



     Asimismo, no debe confundirse el bien jurídico tutelado en el transporte ilícito de madera con
el de otras figuras delictivas afines e independientes: la sustracción de productos forestales de
una propiedad privada o su aprovechamiento sin permiso de la Administración Forestal del Estado o
sin ajustarse a lo autorizado (Ley Forestal, arts. 61, incisos a) y e), por ejemplo.




 




 IV.6) REFORMA LEGISLATIVA PARA APERTURA DEL TIPO



     Para la apertura del tipo, en la corriente legislativa se halla presentada una reforma al
artículo 56 de la Ley Forestal 7575, que se tramita bajo el expediente N° 13.868, cuyo texto diría.
"No se podrá movilizar madera en trozas, escuadrada ni aserrada, sino se cuenta con la documentación
respectiva".



     La enmienda suprime el requisito de que la madera provenga de bosque o plantación y pretende
penalizar, con el reenvió que hace el artículo 63, inciso a) ibid, el transporte de madera omitiendo
la documentación requerida, sin importar su origen.



     En realidad, no hay razón objetiva aparente que justifique el distinto trato apreciable en el
artículo 56 de comentario, el que podría contener una discriminación negativa violatoria del
artículo 33 constitucional, en tanto excluye del transporte ilícito de madera el que tiene otros
orígenes, diversos del bosque o plantación forestal. Por lo que se recomienda la reforma del texto
para equiparar todos las situaciones similares.




 



 V.- TRANSPORTE ILEGAL DE MADERA CUANDO SE IGNORA SU PROCEDENCIA Y SE PRESENTA UNA GUÍA DE
TRANSPORTE VENCIDA




 




V.1) TRANSPORTE ILEGAL DE MADERA



     Recapitulando: el transporte de madera en trozas configura delito, y "la certeza de la conducta
ilícita del agente" (TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL N° 334 de 9 hrs. 30 mts. del 12 /06/1996), cuando
proviene de bosque o plantación forestal y se hace "sin la documentación respectiva". Caso en que
procede el decomiso e interposición de la denuncia penal.



     También tendría carácter de ilegal el transporte de ese género con una guía alterada (con
tachones, borrones, etc), o que no se adecúe a la carga del acarreo, vencida, etc.




V.2) INEFICACIA DE LA GUÍA VENCIDA



     Las guías comportan permisos temporales de transporte de madera, con el propósito de restringir
el uso y facilitar la fiscalización. Su período máximo de vigencia es de un mes y no puede
prorrogarse. Al sobrevenir su vencimiento, debe presentarse nueva solicitud, justificada por el
regente y el criterio razonado luego de una inspección por los funcionarios de la Administración
Forestal. (Decreto 30494-MINAE-MOPT-SP del 5 de junio del 2002, artículo 6°). Para expedir las
nuevas guías, la Administración deberá constatar que la madera detallada en la guía vencida no se
transportó y sus razones.



     En sentido análogo, la resolución del Sistema Nacional de Areas de Conservación N° R-SINAC-
DG-010 de las 15 hrs. del 31 de mayo del 2000 (Gaceta N° 143 del 26/7/2000, pg. 29 ss.) dispone:
"1.4 No se podrá renovar guías mediante nota u observación sobre el documento vencido (guía). Cuando
se requiera renovar una guía, ésta se elaborará de nuevo". Mas entra en pugna con el ulterior
Decreto 30494-MINAE-MOPT-SP, cuando esa resolución señala: "2.2 Toda madera en troza, escuadrada o
aserrada, deberá portar la guía de transporte correspondiente, diseñada para tal efecto por la AFE;
documento que no podrá extenderse con una vigencia superior a dos meses". (Se agrega el subrayado).



    En acatamiento del principio de jerarquía normativa, ante la antinomia surgida entre el artículo
6° del Decreto 30494-MINAE-MOPT-SP y la resolución R-SINAC-DG-010 del 2002, ha de optarse por la
aplicación del primero, que por ser de rango superior prevalece sobre la resolución administrativa
de inferior categoría (dictamen C-210-2002). En virtud lo cual, se recomienda a la Dirección del
SINAC hacer a la brevedad posible la enmienda del caso, para armonizar esa resolución administrativa
con el Decreto de reciente cita.



     La cantidad de trozas, el mal estado de los caminos, condiciones climáticas, la demora al
emprender los viajes, aparición de desperfectos mecánicos en el vehículo, la negativa de compra de
madera por la industria en prospecto, etc., pueden impedir que se haga el transporte completo a
tiempo.



     El transporte que se apoye en una guía vencida estaría al margen de la ley. Con una orientación
parecida, se ha pronunciado la jurisprudencia. Son ejemplos, las siguientes resoluciones:



 a) "El instrumento que pretendió hacer valer el imputado a requerimiento de la autoridad fue
precisamente una guía para el transporte de madera, vencida…. Pero la falta de vigencia del
documento dejó la conducta dentro de la norma prohibida". SALA TERCERA DE LA CORTE, sentencia N° 570
de 9hrs.40 mts. del 22/10/1993.



 b) La documentación que portaba el imputado para movilizar madera en trozas fuera de la finca "se
encontraba vencida", e "incluso conocía de la necesidad de ella para el transporte, no contando con
la misma, por lo que el artículo 56 de la Ley Forestal fue bien aplicado". TRIBUNAL SUPERIOR DE
CASACIÓN PENAL, resolución N° 244 de 08/04/1997.



 c) "Uno de los elementos constitutivos de cualquier clase de permiso o autorización viene a ser el
tiempo de vigencia" (…). "Si éste se encuentra vencido, el permiso ya no existe y por consiguiente
la acción que en él se autoriza no encuentra sustento legal para ser realizada; situación que cobra
mayor relevancia en cuanto a los permisos forestales (…). "Esas autorizaciones sólo son válidas por
el tiempo que ellas indiquen, de manera que no pueden ser utilizadas con posterioridad a su
vencimiento". TRIBUNAL SUPERIOR DE CASACIÓN PENAL, resolución N° 82 de 11 hrs. 30 mts. del 31 de
enero de 1997.



 d) El gestionante interpone recurso de amparo porque considera que "se venció su permiso para
transportar madera" y "no se le permite sacarla del lugar adonde está". Sin embargo, sabía que a
partir del 31 de mayo de 1991 "ya no era posible la extracción y transporte de madera".



     Entonces es responsabilidad suya no haber aprovechado el plazo que se le otorgó para hacer la
extracción, "permitiendo que al vencerse dicho término no pudiera transportar la madera de la finca
donde se encuentra ubicada hasta el aserradero de su propiedad, negligencia que ha sido propia del
aquí recurrente, no achacable de ningún modo a la Administración recurrida". SALA CONSTITUCIONAL,
voto 5724 de las 16 hrs. 18 mts. del 5 de noviembre de 1993. (Vid. también de la propia SALA
CONSTITUCIONAL, vid. resolución 495-95 de las 16: 30 hrs. del 25 de enero de 1995).



 e) Si el permiso de aprovechamiento otorgado por un tiempo determinado, ya había vencido por causas
no imputables a la Administración, y las condiciones cambiaron, el interesado debe atenerse a la
nueva legislación. SALA CONSTITUCIONAL, voto 6081-93.



 f) Como el amparado no puedo aprovechar la madera cortada antes de la revocación del permiso (de
tala), por falta de diligencia en gestionar las guías de transporte y placas numeradas que se usan,
el recurso debe declararse sin lugar. SALA CONSTITUCIONAL N° 7266-94, de las 8:45 hrs. del 9 de
diciembre de 1994.



    Mantener la eficacia de una guía vencida de transporte de madera desvirtuaría un elemento
esencial de ésta: el plazo, y los controles sobre aquél.




 




V.3) DESCONOCIMIENTO DE LA PROCEDENCIA DE LA MADERA CON PRESENTACIÓN DE UNA GUÍA VENCIDA



     Es inconcebible que se ignore la procedencia de la madera con la presentación de una guía de
transporte vencida, porque ésta, aun vencida, e inválida para el transporte, debería consignar el
origen de las trozas.



     Sin embargo, se observa que las resoluciones números 613-SINAC de 12 hrs. del 9 de mayo de 1997
(Gaceta N° 154 del 12 de agosto de 1997), sobre el formato de dichas guías, y R-SINAC-DG 010 de las
15 hrs. del 31 de mayo del 2000 (Gaceta N° 143 del 26 de junio del 2000) no incluyen ese dato en
forma expresa, ni se llena el vacío por vía reglamentaria.



     Es, sin duda, una omisión grave, de cara a los controles en ruta que deben practicarse en ruta
y a la jurisprudencia penal reseñada, que considera la determinación del origen de la madera parte
de la tipicidad descrita por el legislador. En vista de ello, se recomienda a la Dirección General
del Sistema Nacional de Areas de Conservación hacer, a la brevedad posible, las enmiendas del caso
para incorporar tal aspecto con claridad.



      Si el dato no consta de manera explícita en la guía, podría obtenerse de otras referencias que
ésta suministre, tras una indagación sumaria en la Oficina que la expidió: los códigos
identificativos de la resolución del plan de manejo, por ejemplo. Las Areas de Conservación suelen
emplear simbologías en las resoluciones, como MB o IF, que denotan por su orden: manejo de bosque,
inventario forestal, para corta en repastos o potreros, etc. Pero serían deficientes para
evidenciar, de modo directo, la procedencia de la madera, sobre todo a terceros ajenos al Area.



     El artículo 55 de la Ley Forestal obliga a la persona física o jurídica que tenga madera en
troza para realizar sus actividades, a comprobar su origen cuando lo solicite la Administración
Forestal.



     La falta de documentación da base a incautar administrativamente los objetos y, si hubiere
mérito, a interponer la denuncia penal. "La madera que no cuente con la respectiva documentación
será decomisada por las autoridades correspondientes. También se decomisará el medio de transporte
usado. Ambos serán puestos a la orden de las autoridades del MINAE, quienes contarán con un plazo de
hasta tres días para realizar la respectiva investigación y si es del caso ponerlos a la orden de la
autoridad judicial competente." (Decreto N° 30494-MINAE-MOPT-SP del 5 de junio del 2002, artículo
5°, en relación con el art. 54, párrafo 3°, de la Ley Forestal).



     La jurisprudencia penal ha calificado el transporte como "un mecanismo de explotación de la
madera" (art. 61, inc. a de la Ley Forestal), con posibilidad de decomisar las trozas que se
transporten de forma ilícita; acto que pueden llevar a cabo los funcionarios del Ministerio de
Seguridad Pública, con apego al artículo 164 inciso 4) del Código Procesal Penal. (TRIBUNAL DE
CASACIÓN PENAL, sentencias números 43-F de 9:30 hrs. del 24 de enero y 334 de 9 hrs. 30 mts. del 12
de junio; ambas de 1996).



     La detención de vehículos, y no de sus conductores, para verificar si las guías de transporte
de madera cumplían los requisitos de ley, no transgrede el canon que garantiza la libertad de
tránsito, ni importa vulneración constitucional alguna. (SALA CONSTITUCIONAL, voto 2625-92).



     En suma, dentro de la órbita administrativa, los funcionarios del MINAE tienen un plazo de tres
días, posteriores al decomiso administrativo, para hacer las averiguaciones atinentes a la madera
transportada sin documentos y recabar la prueba que pueda cimentar la puesta del asunto a la orden
de la autoridad judicial competente.




 




VI) CONCLUSIONES:




 




De lo expuesto se concluye:




1) La Procuraduría no se ha pronunciado con relación al punto objeto de interés.



 2) No procede la consulta a la Procuraduría por parte de los Fiscales del Ministerio Público
relativas a casos concretos que están llamados a verter criterio en el ejercicio de su cargo, ya sea
para ejercer la acción penal, practicar diligencias útiles conducentes a clarificar la existencia de
hechos delictivos o actuar en expedientes en trámite.



 3) Por tanto, se emite por esta vez una opinión jurídica no vinculante, a manera de apreciaciones
generales en torno a lo consultado, con el afán de colaborar en el cumplimiento de los deberes de
esa Fiscalía.



 3.1) A diferencia de la legislación anterior, la Ley Forestal vigente reprime como delito, la
movilización de madera en trozas, escuadrada o aserrada, proveniente del bosque o plantación
forestal.



 3.2) Es ilícito el transporte de madera fuera de una finca privada sin permiso administrativo o
violando sus términos. El permiso es el medio de control sobre el cumplimiento de los requisitos
legales y se exterioriza a través de la expedición de los "respectivos documentos", complementados
de otros medios materiales: placas metálicas, banderas, cuando se implementen, triángulos, etc.



     El transportista de madera es responsable de portar en regla los documentos necesarios que
legitiman y autorizan el acto, con los cuales debe ser coincidente.



 3.3) El delito de transporte ilícito de madera constituye un tipo penal en blanco. Para precisar
"los documentos" indispensables que acreditan la licitud del acto, el juzgador ha de remitirse a
otras disposiciones legales o administrativas, con las que se integra.



 3.4) Los documentos y distintivos materiales necesarios para transportar trozas de madera por el
territorio nacional, fuera de la finca privada donde se produce, son: Bosque natural: guía amarilla
de transporte y una placa en cada una de las trozas. Plantaciones forestales: Certificado de Origen
cuando el transporte se hace en un único viaje (aspecto en que es ambigua la legislación), y guía de
transporte en los demás casos. Sistemas agroforestales: guía de transporte y una placa anaranjada en
cada una de las trozas. Terrenos de uso agropecuario y sin bosque: guía de transporte y una placa de
color amarillo en cada una de las trozas. Centros de industrialización primaria, aserraderos
portátiles e industrias de plantaciones forestales: factura de compraventa, que identifique el
vendedor y comprador de la madera, o del servicio de aserrío debidamente autorizada por la Dirección
General de Tributación Directa, con el detalle del impuesto de ventas. Para madera aserrada "in
situ": la guía de transporte, más la factura de aserrío. Si se trata del propietario de la finca
debe aportarse la guía de transporte.



     Es contradictoria la resolución del Sistema Nacional de Areas de Conservación, N° R-SINAC-
DG-010 de 15 hrs. del 31 de mayo del 2000 Gaceta N° 143 del 26 de julio del 2000, , en orden al uso
de placas para transportar productos de plantaciones forestales, pues mientras en el punto 2.3
contempla que "sólo podrá transportarse sin placas las trozas procedentes de plantación", el punto
1.5 alude a "la entrega de guías y placas para transporte de productos procedentes de árboles
plantados", lo mismo que el pto. 1.5.2.




    El Decreto 30404-MINAE-MOPT-SP no las exige para el transporte de trozas de plantación.



     La guía de transporte debe cumplir los requisitos legales y contener todos los datos necesarios
de validez. La documentación para el transporte de madera ha de ser entregada en la industria donde
se transformará. (Ley Forestal, art. 31; su Reglamento, arts. 30, 31, 32 y 77; Decreto 27240-MINAE
del 22 de julio de 1998 y 30494-MINAE-MOPT-SP del 5 de junio del 2002).



 3.5) Si la persona física o jurídica tiene integrada materia prima proveniente de sus plantaciones
forestales o sistemas agroforestales a una industria forestal, puede acogerse a un sistema
alternativo para las guías de transporte, consistente en un emblema permanente, en forma de
triángulo, que debe colocarse en la parte trasera de la carga, cuyas características y número de
identificación establece el Area de Conservación.



     Lo propio es que con el triángulo el transportista porte el documento acreditativo de la
resolución del Area de Conservación que lo autoriza a usarlo.



     Al parecer, la bandera, como emblema distintivo para el transporte de madera, no se ha
implementado; pero sí el sistema de placas plásticas, en su reemplazo, establecido para facilitar
las labores de supervisión por el Decreto 27240-MINAE, con numeración consecutiva, seguridad y
colores identificativos, que han de colocarse en las trozas. Deben removerse hasta antes del
aserrío, depositarse en las cajas con candado y ranura que las Areas de Conservación han de colocar
en las industrias, y ser retiradas por los funcionarios de control en sus visitas periódicas, con
levantamiento de acta, para su traslado a la sede central.



 3.6) El transporte de madera en troza, en block, escuadrada y aserrada, sólo puede realizarse de
lunes a viernes, entre las cinco y las veintiuna horas (de 5 a. m. a 9 p. m.). Está prohibido el
transporte de madera los fines de semana, desde los viernes a las 9 p. m. hasta los lunes a las 5 a.
m. (Sobre la limitación horario del transporte de madera en troza dentro del territorio nacional,
como medio de control efectivo contra la deforestación furtiva e ilegal, vid. dictamen C-022-98).



 3.7) Según la jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal, para dictar un fallo condenatorio es
imprescindible establecer el origen de la madera, elemento del tipo, con la consiguiente
demostración de culpabilidad. Si lo omite, la sentencia incurre en un vicio de falta de
fundamentación y genera un motivo de casación por la forma.



     Aunque el mismo Tribunal admite que de la valoración integral de indicios graves y concordantes
con otros elementos de juicio, pueda inferirse una conclusión cierta acerca de la procedencia de la
madera.



     También ha asumido esa jurisprudencia como tesis referencial la figura del transporte ilícito
de madera para restringir el delito de tala (o aprovechamiento) de árboles, que liga a los bosques,
aun cuando desde otra perspectiva puedan incluirse dentro del bien jurídico protegido por la Ley
Forestal los recursos forestales en general, sin dicha vinculación indefectible.



 3.8) Para la apertura del tipo, en la corriente legislativa se halla presentada una reforma al
artículo 56 de la Ley Forestal (expediente N° 13.868), que suprime el requisito de que la madera
provenga de bosque o plantación y pretende penalizar, con la remisión que hace al artículo 63,
inciso a), ibid., el transporte de madera omitiendo la documentación requerida, sin importar el
origen.



    Como no hay razón objetiva aparente que justifique el distinto trato apreciable en el artículo
56 de comentario, el que podría contener una discriminación violatoria del artículo 33
constitucional, al excluir del transporte ilícito de madera el que tiene otros orígenes, diversos
del bosque o plantación, se recomienda, a la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y de
Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa, la reforma del texto para equiparar todas las
situaciones.



 4) Las guías comportan permisos temporales de transporte de madera, con el propósito de restringir
el uso y facilitar el control. Su período de vigencia es de un mes y no puede renovarse (Decreto
30494-MINAE-MOPT-SP del 5 de junio del 2002, artículo 6°). Al sobrevenir su vencimiento, debe
presentarse una nueva solicitud, debidamente justificada, al sobrevenir su vencimiento.



     Entra en pugna con esa norma la resolución R-SINAC-DG-010 de las 15 hrs. del 31 de mayo del
2000 (Gaceta N° 143 del 26 de julio del 2000, pgs. 29 ss.), punto 2.2, que extiende hasta dos meses
la vigencia de las guías.



     Ante la antinomia, en acatamiento del principio de jerarquía normativa, ha de optarse por la
aplicación del Decreto 30494-MINAE-MOPT-S (artículo 6°), que por ser de rango superior prevalece
sobre la resolución administrativa de inferior categoría.



     Se recomienda a la Dirección del SINAC hacer a la brevedad posible la enmienda del caso, para
armonizar esa resolución administrativa con el Decreto de reciente cita.



 4.1) Siendo un elemento esencial de validez de las guías su tiempo de vigencia, si éste se
encuentra vencido, la acción de transporte que autoriza no tendría sustento legal para realizarla;
sería ineficaz.



 4.2) La guía, aun vencida e inválida para el transporte de madera, debería consignar el origen de
las trozas.



     Sin embargo, como las resoluciones números 613-SINAC de 12 hrs. del 9 de mayo de 1997 (Gaceta
N° 154 del 12 de agosto de 1997), sobre el formato de dichas guías, y R-SINAC-DG 010 de las 15 hrs.
del 31 de mayo del 2000 (Gaceta N° 143 del 26 de junio del 2000, no incluyen ese dato en forma
expresa, lo que constituye una omisión grave, de cara a los controles en ruta o tránsito que deben
practicarse y a la jurisprudencia penal que considera la determinación del origen de la madera parte
de la tipicidad descrita en el artículo 63, inciso a, y 56 de la Ley Forestal, se recomienda a la
Dirección General del Sistema Nacional de Areas de Conservación hacer, a la brevedad posible, las
enmiendas del caso para incorporar tal aspecto con claridad.



 4.3) Si el origen de la madera no consta de manera explícita en la guía, el dato podría obtenerse
de otras referencias que ésta suministre y sean insuficientes para evidenciarlas de modo directo,
tras una indagación sumaria en la Oficina que la emitió.



 4.4) El transporte de madera que se realice sin documentos -o fuera de las horas y días
autorizados-, da base a la incautación administrativa provisional y, si hubiere mérito, a interponer
la denuncia penal.




    Las autoridades del MINAE cuentan con el plazo de tres días para realizar la investigación.




 



 De usted, atentamente,         Dr. José J. Barahona Vargas                                      
Licda. Lydiana Rodríguez Paniagua Procurador Director
 Abogada Procuraduría Ambiental Area de Derecho Agrario y Ambiental       c.c Lic. Carlos A. Arias
Núñez Fiscal General   Ing. Agr. Mario Calderón Castillo Presidente Comisión Permanente de Asuntos
Agropecuarios y de Recursos Naturales Asamblea Legislativa (Para lo indicado en los puntos IV.6 in
fine y VI.3.8)   Licda. Zayda Trejos Esquivel Directora General del SINAC (Para lo indicado en los
puntos V.2, V.3, VI.3.4, VI.4 in fine y VI.4.2)    JJBV/LRP/fmc

Legal Opinion: 005 - J of 10/01/2003
(PARTIALLY RECONSIDERED)

O. J.-005-2003
January 10, 2003

Lic. Geovanny Castillo Orozco
Fiscal Inspector
Fiscal Inspection Unit
Office of the Attorney General of the Republic
Judicial Branch
S. O.

Dear Sir:

With the approval of the Deputy Attorney General of the Republic, we respond to your Official Communication No. 930-UIF-02-GCO, dated October 17, 2002, in which, as required by the Fiscal Inspection Unit of the Public Ministry in the investigation of Administrative Case No. 77-2002 (2), you request that we inform you of the prevailing opinion within the Office of the Attorney General of the Republic regarding the illegal transportation of lumber when its origin is unknown and an expired transport guide is presented.

In this regard, we inform you that this Institution has not issued an opinion on the point of your interest.

Legal Opinion C-022-89 is a precedent relating to a somewhat proximate issue: the possibility of setting a schedule for the transportation of lumber in logs (madera en troza) within the national territory, limiting it from 6 a.m. to 10 p.m., in light of the state of emergency for forestry activity declared by Decreto 17754-MIEM-MAG of September 18, 1987. (Regarding the schedule for lumber transportation, see for that period Decreto 19122-MIRENEM of July 19, 1989, amended by No. 19498-MIRENEM).

Limiting the movement of lumber in logs to hours when the authorities can exercise surveillance was considered at that time a means of effective control against furtive and illegal deforestation. At the same time, it was held that freedom of transit (article 22 of the Constitution) is a guarantee referring to physical movement, and does not encompass the cargo transport vehicles in which individuals move, which can indeed be regulated.

Nor could your request give rise to issuing a binding pronouncement for the reasons set forth below.

I.- INAPPROPRIATENESS OF CONSULTATION BY JUDICIAL BRANCH ORGANS AND SCOPE OF THIS PRONOUNCEMENT

Indeed, in accordance with the provisions of our Organic Law, No. 6815 of September 27, 1982 (arts. 1 and 2), the Office of the Attorney General of the Republic is the superior consultative, technical-legal organ of the Public Administration. Its pronouncements constitute administrative jurisprudence and the opinions are of obligatory compliance for the consulting Administration.

Therefore, it is the organs of the Public Administration itself, through the heads of the different administrative levels, that may consult the Procuraduría, provided they accompany the opinion of their legal advisor; this shall be imperative for the Central Government when dealing with claims that may cause considerable expenditures (art. 4).

Matters proper to the administrative organs that have a special jurisdiction are excluded from the consultation process; a scenario in which specific cases pending resolution before the various instances fall, since by way of a binding opinion we would substitute the will of the active Administration, which is not appropriate.

With respect to jurisdictional functions and auxiliary organs of the Administration of Justice, such as the Public Ministry, the principle of separation and independence of "Powers" applies, as embodied in the Constitution in article 9, in harmony with article 149 of its Organic Law 7333, amended by Law 7728 of December 15, 1997, article 84 ibid., articles 62 et seq. of the Criminal Procedure Code, and concordant provisions.

It is therefore not permissible for Prosecutors, in the performance of their duties, to consult the Procuraduría on specific legal situations in which they are called upon to render an opinion by reason of ongoing complaints or proceedings, in order to determine the merit of the actions.

Therefore, since these are acts inherent to the Fiscalía General, irreplaceable by this Institution through an opinion, a non-binding legal opinion is issued on this one occasion, by way of general observations regarding the matter consulted, with the aim of collaborating in the fulfillment of your duties.

To this end, the following aspects are discussed.

II.- TRANSPORTATION OF FOREST PRODUCTS UNDER PREVIOUS LEGISLATION

A brief review of the previous regulations on the subject allows for a better appreciation of the context of the current one.

a) The transportation of lumber in logs was already addressed by the first Ley Forestal, No. 4465 of November 25, 1969, which required as a prerequisite to move lumber harvested in the forest through any part of the national territory, "the respective documentation" to be indicated by regulatory means (art. 93). The lack of handling of forest products in accordance with the articles of the law and its regulation, regarding transportation, among other activities, was considered an infraction punishable by a fine.

a) The Regulation to that Law, Decreto No. 2923-A of January 22, 1973, obligated the driver of any vehicle transporting lumber to carry the "Forest Products Transport Guide" (Guía de Transporte de Productos Forestales), duly signed, with a series of annotations, to be delivered to the interested party by the Forest Administration (Administración Forestal) upon prior presentation of the harvesting permit (permiso de aprovechamiento). If it contained irregularities or the transporter did not carry it, the seizure (decomiso) of the lumber proceeded, which was placed at the order of the competent judicial authority, along with the application of sanctions (art. 104 et seq.).

b) The second Ley Forestal, No. 7032 of May 7, 1986, regulated the issue in similar terms, introducing the variant of penalizing the illicit transportation of raw material and forest products with imprisonment or day-fines (arts. 106 and 122, subsection e).

To issue harvesting authorizations, the State Forest Administration required the approval (visto bueno) of the local municipality regarding the use of local roads, and it could prohibit the use of equipment or machinery in transportation tasks that would harm the regeneration of the forest resource or other uses and benefits (arts. 60 and 62).

b’) Its Regulation, Decreto No. 16986-MAG, of May 9, 1986, regulated the transportation of forest raw material in Title IV, but in article 140 it provided that the Forest Administration would set each year, through administrative means, the forest products that required transportation authorization, as well as the required documents. This constituted a restriction on the scope of article 106 of the Law, with apparent signs of illegality. When it was not proven that those products were included in the prohibition, liability was absolved (SALA TERCERA DE LA CORTE, resolution No. 87 of 10:25 a.m. on May 8, 1986. On the administrative determination of requirements and documents for transportation, cf. from the TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL resolution No. 192 of 9:30 a.m. on 03/13/97).

Industries and persons acquiring forest products had to ascertain the existence of the harvesting permit and the official documents supporting the transportation, depending on the site of acquisition, non-compliance with which was sanctioned. Lumber transporters had to register in a special registry (arts. 122, 123 and 141).

c) The same line and type of penalties were adopted by Ley Forestal No. 7174, which, despite indicating that it is a reform to Law 4465, is in reality a repromulgation and involves independent legal bodies in terms of validity and constitutionality. (SALA CONSTITUCIONAL, rulings No. 5375-95, 5578-96).

Law 7174 maintained the municipal approval (visto bueno) on the use of local roads, to authorize tree felling or the harvesting of the forest and other forest products (articles 15, 60, 106 and 122, subsections d and e).

The regulation of the use of public roads for lumber movement responds to the need for rational utilization of these roads, preserving their material integrity, and to reasons of public order (public safety and health) and the good governance of public assets. (With reference to the subject, see the recital part of Decreto 30494-MINAE-MOPT-SP of June 5, 2002, and the ruling of the SALA CONSTITUCIONAL No. 0846-95, of 3:54 p.m. on February 14, 1995).

Regarding the alternative sanctions of imprisonment and fine, to impose the former, the TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL required the proper substantiation of the reasons why the custodial sentence was deemed appropriate and not the fine. It declared sentences that omitted to substantiate the applicable sanction as violative of the principle of due process and null (resolutions numbers 192/1997, of 9:30 a.m. on 03/13/97; 677/98, of 3:45 p.m. on 10/16/1998).

(Regarding the unconstitutionality of converting the fine into imprisonment within contraventional processes, for being a substitute penalty of greater severity than the pecuniary sanction; for addressing reasons unrelated to the culpability or unlawfulness of the act (the financial condition of the convicted person); for infringing the principle of equality, by placing the convicted offender in worse conditions than the person sentenced for a crime, since the former has no access to the benefit of parole and pardon; for being irrational, insofar as it places the offender, who has not harmed significant legal interests, in a criminalizing environment; for contravening the value of justice, by imposing a custodial sentence on the dispossessed, deepening economic inequalities; and for harming the principle of legal equality, cf. rulings numbers 1054-94 and 1997-01781 of the SALA CONSTITUCIONAL).

c’) The Regulation to Law 7174, Decreto 19886-MIRENEM, in articles 141, 142 and 159, established the verifications of permits and documents that supported the acquisition of forest products by industrialists and individuals, in transit or industries; payment of forest tax; and annual administrative determination of the products that needed transportation authorization.

Regarding the requirements of permits and transport guides for the acquisition of forest products in the harvesting area, industry, or in transit, cf. from the TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, rulings numbers 192 of 9:30 a.m. on March 13, 1997, and 677 of 3:45 p.m. on October 16, 1998.

c’’) Based on Ley Forestal 7174, the State Forest Administration, through Resolution No. 108-94 DGF-MIRENEM, issued the Manual of Technical-Administrative Procedure for Forest Management and Harvesting in Costa Rica (Manual de Procedimiento Técnico-Administrativo para el Manejo y Aprovechamiento Forestal en Costa Rica) (Supplement No. 28 to La Gaceta No. 211 of November 7, 1994), which incorporated some provisions relating to the Forest Regent (Regente Forestal) (pts. I. 4; III. 11 and 12; V. 1.9 and VI.3), procedures to follow in the event of illegal lumber transportation (III.22; seizure, complaint, and appraisal of the lumber), and control thereof (pt. VI).

The latter specified the requirements for transportation (the guide and metal plates placed on the logs, except for logs from forest plantations which would use vehicle identification triangles); controls at the field level, Control Posts, and forest industry or collection yards; while distinguishing the control procedures depending on whether or not there was forest regency (regencia forestal).

Despite the logs or short logs (trozas or tucas) coming from a forest farm of the accused or the company they represented, their felling and transportation required the respective permits (for exploitation and transportation; uniform guides and identification plates) to transfer them to the sawmill, due to the legal protection afforded to timber-yielding trees from forests on private properties (TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, ruling No. 1999-000354).

III.- MOVEMENT OF FOREST PRODUCTS UNDER CURRENT REGULATIONS

III.1) TRANSPORTATION OF LUMBER FROM FOREST PLANTATIONS AND AGROFORESTRY SYSTEMS

As a promotion or incentive measure, forest plantations (plantaciones forestales), including agroforestry systems (sistemas agroforestales), individually planted trees, and their products, do not need a cutting, transportation, industrialization, or export permit.

However, to move lumber in logs, squared lumber (madera escuadrada), or sawn lumber (madera aserrada) originating from forest plantations outside the farm to any part of the national territory, a Certificate of Origin (Certificado de Origen) is required, issued by its forest regent (regente forestal) or the Regional Environmental Council (Consejo Regional Ambiental), a copy of which must previously be delivered to the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado). The received stamp shall serve as proof (articles 28 and 31 of Ley Forestal No. 7575, the second amended by Law No. 7761 of April 24, 1998; resolution R-SINAC-DG 010 of 3:00 p.m. on May 31, 2000. Gaceta 143 of 7/26/2000, pt. 1.5. Ruling of the TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL No. 334 of 1996. Regarding the information that the Certificate of Origin must contain, see resolution R-SINAC-DG-010 of 3:00 p.m. on May 31, 2000, Gaceta 143 of 7/26/2000, pg. 29 et seq., pt. 1.5.1).

Forest plantation is understood as "land of one or more hectares, cultivated with one or more forest species whose main objective, but not the only one, shall be the production of lumber" (Law 7575; art. 3, subsection f).

Agroforestry system is the "form of land use that involves the combination of forest species in time and space with agronomic species, in pursuit of the system's sustainability" (art. 3, subsection h ibid).

Some other terms mentioned by the Ley Forestal are defined in the Regulation to the Law (art. 2):

Squared lumber (Madera escuadrada): Dimensioned piece of lumber, the product of subjecting a log to a mechanical transformation process, in which its rounded shape is modified, simulating four faces without notably altering its physiognomy.

Certificate of Origin (Certificado de Origen): "Official Form designed by the F.A. (A.F.E.) in which the regent (regente), the responsible Municipal authority, or the Regional Environmental Council (Consejo Regional Ambiental), as appropriate, certifies for a single time that on a specific farm there exists a plantation or an agroforestry system, which may be harvested freely."

Regent (Regente): "Forestry Professional authorized by the Association (Colegio), who, in accordance with the laws and regulations, assumes the supervision and control of the execution of the Forest Management Plans (Planes de Manejo Forestal) approved by the F.A. (A.F.E.)."

The Ley Forestal places the execution of management plans under the charge and responsibility of the Forest Regents, to whom it attributes public faith for that purpose, and the mandatory nature of their recommendations and observations for the persons who have contracted them (arts. 20 and 21).

See in relation to the duties, rights, functions of forest regents, recommendations in lumber transportation tasks, issuance of certificates of origin and regency reports: arts. 22, 23, subs. 1, 3 and 8 of the Regulation to the Ley Forestal; Decreto No. 26870-MINAE of March 4, 1998, Supplement No. 12 to La Gaceta No. 88 of May 8 of the same year, arts. 6, subs. j, 7, subs. c and j, 15, 19 and 20 and 36; the votes of the SALA CONSTITUCIONAL numbers 2001-1058, 2001-11931, 2002-4889 and 2002-5425; the Circular SINAC-DG-1564, of September 4, 2002 and resolution No. R-SINAC-DG 010 of 3:00 p.m. on May 31, 2002, pt.1.2.1.

Log (Troza) is "the section of the tree free of branches, with a diameter greater than or equal to 29 centimeters at the thinnest end…" (resolution R-SINAC-010 of 3:00 p.m. on May 31, 2000. Gaceta No. 143 of July 26, 2000. Gaceta of 7/26/2000, pg. 31). (It differs from the concept included in the Regulation to the repealed Ley de Vida Silvestre No. 6919 of 1984, Decreto No. 15403-MAG of April 10, 1984, article 36: "a log is defined as that whose minimum average diameter at the thinnest end is 40 cm and whose minimum length is 350 cm.").

For harming natural resources, the SALA CONSTITUCIONAL has annulled Certificates of Origin issued by the Forest Regent, which authorize the felling of trees without the necessary technical studies to determine the environmental impact (resolución No. 1999-01456).

Regarding the issuance of the Certificate of Origin by the Forest Regent in a plantation under the agroforestry system after the forest inventory and marking of the trees that make it up, the ruling of the TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCIÓN PRIMERA, No. 312-2001, of 9:40 a.m. on August 3, may be consulted.

The Regional Environmental Councils have not yet been formed. They were created by the Ley Orgánica del Ambiente (arts. 7 and et seq.) to promote greater participation of civil society in matters related to the environment that affect the region, with authorizing powers in forestry harvesting matters (article 27 of the Ley Forestal, amended by Law 7761). The SINAC Conservation Areas (Areas de Conservación) assume their functions in order to authorize the cutting of trees (up to three trees per hectare annually on land for agricultural use and without forest, not exceeding ten trees per property).

III.1.1) ACCREDITATION OF THE CERTIFICATE OF ORIGIN AND DELIVERY OF TRANSPORT GUIDES

The Certificate of Origin is unique for each farm or area to be exploited. It is issued for a single time, for one trip according to Decreto 30494-MINAE-MOPT-SP (art. 1), certifies the existence of a plantation or agroforestry system on a specific farm, and indicates the planted area, number of species, location, and name of the owner.

For transportation control, after delivering the copy of the Certificate of Origin to the State Forest Administration, the owner has the right, without any additional requirement, to a proportional number of transport guides (guías de transporte), according to the reforested area or volume to be extracted, which must be filled out each time lumber is transported and delivered to the primary industrialization center, to support the origin (Ley Forestal, art. 31; and its Regulation, art. 30).

The legislation in this matter is ambiguous, as the literal wording of Decreto 30494, article 1, in relation to article 31 of the Ley Forestal, allows the transportation of lumber from forest plantations and agroforestry systems, in a single trip, with only the Certificate of Origin, which would be sealed in transit by the MINAE Control Post.

Nonetheless, the Certificate of Origin serves as a requirement for transportation, certifies the existence of a forest plantation or agroforestry system, with its characteristics, proves the legitimacy of the cutting and the lumber, but it has functions distinct from the guide, which it should not replace, since it ordinarily omits important data for control, such as information on the lumber being transported (number of logs by species, dimensions, and volumes), destination and delivery, identification of the driver and the vehicle transporting it, etc. Thus, resolution R-SINAC-DG-010 of 3:00 p.m. on May 31, 2000 (Gaceta 143 of 7/26/2000, pt. 2.2, states: "All lumber in logs, squared or sawn, must carry the corresponding transport guide…" (Emphasis added).

If, due to the quantity of lumber, exceeding twenty cubic meters for example, or any other circumstance, the transportation must be made in several trips, it is clear that the guides are required.

The minimum requirements that the transport guides must contain are set by the State Forest Administration through administrative resolution (article 30; Regulation to the Ley Forestal).

III.2) USE OF THE TRIANGLE IN INTEGRATED SYSTEMS

If the person – physical or legal – has integrated their raw material originating from their forest plantations or agroforestry systems into a forest industry, they may avail themselves of an alternative system for transport guides. It consists of a permanent emblem in the shape of a triangle, which must be placed on the rear part of the load. Its characteristics and identification number are established by the Director of the Conservation Area (Area de Conservación), in agreement with the producers, with cost and preparation at the expense of the regulated party (Idem. Resolutions No. 613-SINAC, pt. 4. Gaceta 154 of August 12, 1997 and R-SINAC-DG-010 of 3:00 p.m. on May 31, 2000, pt. 1.7. On the concept of primary forest industrialization, see art. 2 of the Regulation to the Ley Forestal).

The use of the triangle in productive chains (production and industrialization), as a substitute for the guides, tends to incentivize interested industries, by allowing them to make several trips with that emblem. It is proper that, with the triangle, the transporter carry the document accrediting the resolution of the Conservation Area that authorizes its use.

As background, the Manual of Technical-Administrative Procedure for Forest Management and Harvesting, Resolution No. 108-94 DGF-MIRENEM, in force under Ley Forestal 7174, when listing the requirements demanded for lumber transportation: the transport guide and plastic plates, exempted logs from forest plantations, which would use vehicle identification triangles, from the use of the latter, in accordance with resolution 023-93-DGF. Pt. VI.2.

III.3) TRANSPORTATION OF LUMBER FROM MANAGED FORESTS OR LAND FOR AGRICULTURAL USE WITHOUT FOREST

To move lumber in logs, in blocks, or squared, which does not originate from forest plantations and agroforestry systems, whether originating from the forest or from land for agricultural use without forest, a transport guide and a distinctive or flag (bandera) must be possessed (Regulation to the Ley Forestal, article 31).

III.3.1) THE TRANSPORT GUIDE

It is the responsibility of the State Forest Administration to establish through administrative resolution the minimum requirements that the transport guide must contain, which shall determine: the forest permit number (resolution authorizing the harvesting) or approval of the management plan, and the name of the owner of the farm from which it originates. The permit holder is responsible for completing the rest of the information.

The editing and delivery of the guides, at cost, to the permit or management plan holder, is the responsibility of the Conservation Area, the Regent, the forestry professional, and the Regional Environmental Council, as appropriate.

The transport guides must be delivered to the industry that will process or join the logs (that is, the one that buys or saws the lumber), which must keep a register of guides to support the lumber received and processed (Regulation to the Ley Forestal, article 31).

To support the transfer of lumber that is carried out and demonstrate that one is acting lawfully, the lumber transport guide must meet the legal requirements and contain all the necessary validity data. If it presents alterations, it falsifies its content (SALA TERCERA DE LA CORTE, resolution 369-F-91 and TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, vote 677-F of 3:45 p.m. on 10/16/98).

The transportation of lumber logs of species not covered by the harvesting permit and the transport guides that were issued based on that authorization, motivates the seizure (last cited resolution).

The temporary suspension of the delivery of transport guides, adopted by the Head of the MINAE Subregional Office, in the exercise of their administrative and inspection powers, to verify the legal regularity of the forest exploitation that will be the basis for the transportation, is reasonable (SALA CONSTITUCIONAL, vote 2000-10589).

The harvesting of forest products on private forest lands requires a management plan approved by the State Forest Administration, which must consider the impact it may cause to the environment (Ley Forestal, article 20), and may be denied if it contravenes the principle of rational and sustainable use of natural resources (SALA CONSTITUCIONAL, resolution 1999-01456).

III.3.2) THE DISTINCTIVE or FLAG (BANDERA)

The distinctive emblem for lumber transportation called flag (bandera), which must be affixed to the rear part of the load on each trip to be made, is designed and produced by the State Forest Administration.

In its preparation, elements must be taken into consideration that guarantee safety in use, state the name of the Conservation Area, and be of the color designated for that Area, to differentiate the origin of the lumber by region and facilitate controls.

The flags must have a numbering for each Conservation Area, be supplied at cost to the regulated parties, regents, and Regional Councils, and be delivered to the industry that will process or join the logs.

In the event of a lack of availability of the emblems or flags, it shall not be a requirement for lumber transportation (Regulation to the Ley Forestal, article 31). Apparently, to date, the State Forest Administration has not implemented the use of flags, but rather the system of plastic plates as a replacement (see pt. III.3.4 below. Resolution R-SINAC-DG-010 of 3:00 p.m. on May 31, 2000. Gaceta 143 of 7/26/2000, pts. 1.5.4, 1.9, 2.2 and 2.3).

III.3.3) FORMAT OF THE TRIANGLE, GUIDES, AND FLAGS FOR TRANSPORTING LUMBER

The Directorate of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Areas de Conservación), through administrative resolutions numbers 613-SINAC of 12:00 noon on May 9, 1997 (Gaceta No. 154 of August 12, 1997, pgs. 38 to 40) and R-SINAC-DG-010 of 3:00 p.m. on May 31, 2000, published in La Gaceta No. 143 of July 26, 2000, pg. 29 to 32, issued the guidelines for the application of the Regulation to the Ley Forestal, concerning the Registry Books, the Forest Projects Registry (article 49), Forest Industries Registry (article 72), Forest Regime Registry (article 100), and Disqualification for infractions.

Furthermore, it specified the format of the triangle, guides, and flags for lumber transportation, as well as the Certificate of Origin. It also formalized the sustainability criteria in management plans and environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental).

It clarifies that the scope of the evaluation referred to in articles 20 of Law 7575 and 17 of its Regulation should not be confused with the environmental impact assessment (EIA) regulated by the Ley Orgánica del Ambiente, article 17.

III.3.4) SYSTEM OF PLASTIC PLATES

Decreto No. 27240-MINAE of July 22, 1998, which repealed Decreto 26748-MINAE, establishes the system of plastic plates in order to facilitate control tasks in the harvesting of forest products, except for forest plantations pursuant to articles 27 and 28 of the Ley Forestal.

The plates shall be used with consecutive numbering, high security, and in colors yellow, white, and orange for the permits authorized respectively by the State Forest Administration, the Regional Environmental Councils, and Regents backed by certificates of origin (Decreto 27240-MINAE, arts. 1 and 2, and Resolution R-SINAC-DG-010 of 3:00 p.m. on May 31, 2000, pt. 1.5.4).

Through the plate system, lumber in logs to be transported out of the farm, or from the collection yard (patio de acopio) to the forest industry or commercialization yard, or on rafts, must be marked. It is the obligation of the permit holder or forestry entrepreneur to place the plates on the logs. The transport guide must contain the number of the numbered plates (Decreto 27240- MINAE, arts. 3 to 5).

The owner of the forest industry is responsible for ensuring that lumber in logs enters the industry yard plated and remains with the plates until the moment the log is placed on the sawmill carriage. The industrialist must deposit the plates removed from the logs before sawing in a closed box with a padlock and a small slot that the State Forest Administration shall place in the sawmill industries (arts. 8 and 9).

The control official of each Conservation Area is in charge of placing, maintaining, and carrying the key to those boxes, making bi-weekly visits to the forest industries, removing the plates, with the drawing up of a record (acta), and transferring them to the central headquarters of SINAC for their recycling and destruction (arts. 9, 10, 11 and 13).

The Directorate of the National System of Conservation Areas, through resolution No. R-SINAC-DG-010 of 3:00 p.m. on May 31, 2000, published in La Gaceta No. 143 of July 26, 2000, issued the guidelines governing the delivery and use of lumber transport guides and plates.

III.4) TRANSPORTATION OF SAWN LUMBER

The transportation of sawn lumber (primary transformation) must be supported by an authorized (stamped) invoice, for sale or sawing. If sawn directly by the owner of the lumber, the Certificate of Origin (for plantation lumber and agroforestry systems) that proves legitimacy must be provided.

When the product originates from a primary industrialization center and is transferred to a lumber warehouse owned by the same company, sawn lumber may be transported without the authorized invoice, but backed by a transport guide, issued with the legal requirements (Regulation to the Ley Forestal, article 32. Resolution R-SINA-DG-010 of 3:00 p.m. on May 31, 2000, pt. 1.6. See comments on the final proposal for the Regulation to the new Ley Forestal No. 7575, in: Desde el bosque. Monthly Informative Bulletin of the Cámara Costarricense Forestal, Year 4, Number 17. August 1996, pgs. 3 and 4).

As background, Decreto No. 19498-MIRENEM established, in article 3, that "the transportation of sawn lumber, originating from stationary forest industries or conventional sawmills, must carry only the letterhead invoice of the sawmill or forest industry, indicating the date, classes, quantity, and species of the pieces transported."

III.5) Decree 30494-MINAE-MOPT-SP, ON THE DOCUMENTS REQUIRED FOR TIMBER TRANSPORT ON PUBLIC LAND ROUTES

Given the regulatory dispersion, Decree 30494-MINAE-MOPT-SP of June 5, 2002 (Gazette No. 119 of June 21, 2002) organizes the documents required for timber transport.

It is based on the existence of technical studies (from CATIE) demonstrating that 34% of the timber marketed in the country comes from illegal logging; on the priority function of the State to conserve and protect forests, ensuring the sustainable use of all forest resources; on the need to regulate the adequate use of public roads and to have a prudential time for the State Forest Administration to design an institutional system for controlling legal logging.

The documents that the Decree catalogs as necessary for timber transport on national public land routes are:

Origin: Natural forest; timber type, logs (madera en troza): yellow guide (guía amarilla) and a plate (placa) on each of the logs.

Forest plantations, logs (madera en troza): transport guide (guía de transporte). Certificate of Origin, for those cases where transport is a single trip.

(The resolution of the National System of Conservation Areas, No. R-SINAC-DG-010 of 3:00 p.m. on May 31, 2000, Gazette No. 143 of July 26, 2000, is contradictory regarding the use of plates in the transport of forest plantation products, because while point 2.5 provides that "only logs from plantations may be transported without plates," point 1.5 refers to "the delivery of guides and plates for transporting products from planted trees," as does point 1.5.2).

Agroforestry systems, logs (madera en troza): transport guide and an orange plate (placa anaranjada) on each of the logs.

Lands under agricultural use and without forest (terrenos de uso agropecuario y sin bosque), logs (madera en troza): transport guide and a yellow plate on each of the logs.

Primary industrialization centers, portable sawmills, forest plantation industries, logs, squared or sawn timber (madera en troza, escuadrada o aserrada): Purchase and sale invoice, or sawing service invoice duly authorized by the Directorate of Direct Taxation and with the detail of the sales tax. The invoice must clearly identify the buyer and the seller of the timber.

If the timber is sawn "in situ," the transport guide—for sawn timber—must be provided along with the sawing invoice, issued by the authorized responsible party (owner of the mobile sawmill). If it is the farm owner, the transport guide is required (Decree 30494-MINAE-MOPT-SP, Art. 1; resolution R-SINAC-DG-010 of 3:00 p.m. on May 31, 2000, point 1.6).

For the purpose of controlling illegal logging, for the transport of logs, block or squared timber, and sawn timber, the Decree establishes the following schedule: Monday through Friday, from five o'clock to twenty-one o'clock (from 5 a.m. to 9 p.m.), and prohibits timber transport during weekends, from Friday at 9 p.m. until Monday at 5 a.m.

For that purpose, MINAE must establish fixed and mobile control posts on roads as it deems appropriate, and form control brigades, at the central and regional levels, which shall have the support of state institutions. (Arts. 2 and 3. Decree 19498-MIRENEM, Article 3, assigned to the Guardia de Asistencia Rural the duty of ensuring jointly with officials of the Dirección General Forestal respect for the schedule for transporting logs or sawn timber within the national territory. On control operations in Honduras for illegal timber transport, cf.: Revista Forestal Centroamericana No. 25, pg. 27).

The timber and the means of transport used that do not have the proper documentation or circulate outside the authorized hours shall be seized (decomisarán) (Arts. 4 and 5).

Finally, it sets the maximum validity of the guides at one month and imposes on MINAE the obligation to evaluate the problem of illegal logging throughout the territory, adopt administrative measures to reduce it, and recommend the changes that current legislation merits (Arts. 6, 7, and 8).

III.6) DELIVERY OF DOCUMENTATION FOR TRANSPORTING TIMBER TO THE PROCESSING INDUSTRY

The documentation for timber transport is delivered and deposited at the industry where it will be processed, which must be attached to the invoice formalizing the transaction of the goods and will serve as support for it.

Failure to comply gives rise to the application of the sanctions provided for in the Forest Law (Ley Forestal), Article 63, subsection a), and tax regulations (Art. 77; Reglamento a la Ley Forestal).

III.7) SEIZURE (DECOMISO) OF TIMBER AND VEHICLE FOR NON-COMPLIANCE

Non-observance of requirements to move sawn timber, from forest or lands under agricultural use without forest, empowers the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado) or the public authorities exercising control to seize (decomisar) the timber and the vehicle transporting it, as the means of committing the crime, and to file the corresponding criminal complaint (Reglamento a la Ley Forestal, Article 32. TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, vote 677-F of 3:45 p.m. on October 16, 1998).

III.8) ATTRIBUTIONS OF TRAFFIC INSPECTORS TO CONTROL TIMBER TRANSPORT

With respect to the transport of timber in logs or forest products, the Ley de Tránsito por Vías Terrestres, No. 7331 of April 13, 1993 (Gazette No. 76, Supplement 13 of April 22, 1993), Article 196, assigns to traffic inspectors the attribution of "ensuring compliance with what is stipulated in the Ley Forestal No. 4465 of November 25 and its amendments," granting them the rights and powers held by members of the Fuerza Pública.

The article presents application problems because when the current Ley Forestal No. 7575 was enacted, care was not taken to introduce the corresponding reform.

In addition, drivers of cargo vehicles must comply with a series of regulations; among these, securing and conditioning the load for the safety of pedestrians and vehicles traveling alongside them (Article 100).

IV.- THE CRIME OF TRANSPORTING TIMBER WITHOUT A PERMIT

In accordance with the Ley Forestal, "logs, squared or sawn timber originating from forest or plantation may not be moved without the respective documentation" (Article 56).

Anyone contravening the provisions of that rule is punished with imprisonment from one month to one year (Article 63, subsection a, ibid).

If the events occurred during the Ley Forestal No. 7174 of June 28, 1990, and are judged while the current Ley Forestal is in force (Art. 75), the former must be applied as it is more favorable to the accused, insofar as in the latter the conduct only appears sanctioned with imprisonment. (TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, resolution No. 677 of 3:45 p.m. on October 16, 1998; Arts. 11 and 12 of the Código Penal).

IV.1) THE TIMBER TRANSPORT PERMIT

The transport of timber of the described origin, outside a private farm, that omits the administrative permit or violates its terms, is unlawful.

The prohibition on moving timber without legitimating documents is subject to authorization (relative prohibition). The permit is a means of control over compliance with legal requirements and is externalized through the issuance of the "respective documents," supplemented by other material identifiers: metal plates (placas metálicas), flags, when implemented, triangles, etc.

The Administration does not violate fundamental rights by opposing the transport of illegally logged timber. (SALA CONSTITUCIONAL, vote 6071-93). The protection, conservation, adequate use, and industrialization of the country's forest resources are of public interest (SALA CONSTITUCIONAL, votes 6940-95, 7020-95, 0144-96, and 5578-96; and of the TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, 334 of 9:00 a.m. on June 12, 1996).

IV.2) OBLIGATION TO CARRY TRANSPORT DOCUMENTS IN ORDER

The timber transporter is responsible for carrying the supporting documentation for the timber being transported, with which it must coincide and conform to the law. If the person is engaged in that activity and knows the elements of the criminal offense, the discrepancy between the timber being transported and that stipulated in the document makes their conduct intentional (dolosa) (TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, resolution No. 192 of 1997).

The criminal offense requires that, at the time of transporting the timber, the active subject carry the documents that legitimize and authorize the act. In order to fulfill the obligation, they must request them from the competent authority, and the latter must issue them, unless it has valid reasons for refusal. (TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, resolution No. 357 of June 25, 1996, at 09:00 a.m.).

With a debatable thesis, a transporter of legally sawn timber, to whom the Administration did not deliver the guides due to a lack of forms, was even exempted from liability, it being considered that the transport permit did not require a printed order, and it was feasible to prepare the transport guide by other means that met the legal requirements. The case was equated to a state of necessity (estado de necesidad), which is a ground for justification. (Article 27 of the Código Penal. TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, rulings numbers 194 of 1996 and 1999-00549).

However, the TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL has rejected the argument of the transporter's lack of technical knowledge about the various timber species as an exculpatory factor, noting that such knowledge is not necessary, since the transport guide records the number of logs and their identification plate, in concordance with each of the forest species.

This allows the transporter to determine that the logs loaded on their truck "are the same ones that are authorized, according to the documentation being carried" and must "be presented at the various control posts, with the identification numbers visible" (judgment No. 192 of 9:30 a.m. on March 13, 1997).

It has been stated that the impediment to extracting timber due to the interested party's negligence in timely obtaining the transport guides and numbered plates, before a harvesting permit (permiso de aprovechamiento) was revoked, does not injure any fundamental right of theirs (SALA CONSTITUCIONAL, vote No. 7266-94).

IV.3) ILLICIT TIMBER TRANSPORT AS A BLANK CRIMINAL OFFENSE (TIPO PENAL EN BLANCO)

The documents that must be carried with the transport of logs (Article 56 of the Ley Forestal), in the opinion of the TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, usually refer to those issued by the Forest Administration to authorize it, according to the competence assigned to it by Article 6 ibid., and "may be established by regulation or through a specific administrative act" (votes numbers 75 of 1996, 357 of 1996, and 244 of 1997).

The collaboration provided by Decreto Ejecutivo number 25721-MINAE, Reglamento a la Ley Forestal 7575, to numerals 56 and 63 thereof, does not incur any defect that conflicts with the principle of legality, because "it does not exceed the very definition of the legal norms" (TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, judgment of 12:00 p.m. on June 20, 2002).

That is, the crime of illicit timber transport constitutes "a blank criminal offense (tipo penal en blanco), which the interpreter must complete." If done defectively, the judge's error is not constitutional in nature, but legal, correctable through the ordinary route of appeals, such as cassation. The blank criminal law, "although it may entail some difficulty of interpretation, presents no friction with constitutionality." (SALA CONSTITUCIONAL, rulings from the year 1993 numbers 3540, 3541, 3542, 3543 and 3544, 3465, 06940-95, 5578-96, and 05876-99).

To specify the documentation referred to in the cited article, the judge must refer to other provisions of the legal system, but that reference does not violate the principle of typicality (tipicidad), because the need for control over the exploitation of natural resources could imply the variation, increase, or decrease of documents proving permits or licenses, which according to basic logic cannot be defined in the law," but must be done by the Poder Ejecutivo in use of its legal and constitutional powers. (SALA TERCERA DE LA CORTE, resolution No. 570 of 1993). Typicality must be interpreted "in accordance with the regulatory provisions, regarding determining the required documentation, which complement the articles of the law" (TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, judgment No. 75 of 8:14 a.m. on February 15, 1996).

In the opinion of the SALA TERCERA DE LA CORTE, those "respective documents cannot be just any documents, nor those arbitrarily occurred to the Poder Ejecutivo." They are "indispensable documents to prove the lawfulness of the timber harvest and the lawfulness of the timber transport," authorized by the Forest Administration." The interpretation could be unconstitutional, but not the law when judges overreach, demanding more than the minimal suitable documents for the configuration of the crime (res. No. 570 of 09:40 a.m. on October 22, 1993. The same SALA TERCERA cites judgment No. 511 of 9:00 a.m. on September 10, 1993, and of the SALA CONSTITUCIONAL, No. 1876 of 4:00 p.m. on December 19, 1990).

The legislative technique of using incomplete or blank criminal laws (leyes penales en blanco) to define criminal offenses (tipos penales) is acceptable, "which achieve their full integration when related to others of lower rank," such as a regulation (votes 1876-90, 1877-90, and 447-91), "provided that in doing so the Poder Ejecutivo remains within its own sphere of competence and that the law to which reference is made establishes with sufficient clarity the prerequisites for punishability, as well as the type and extent of the penalty." (SALA CONSTITUCIONAL, resolutions numbers 1876-90, 1877-90, 4417-9 and of the TRIBUNAL SUPERIOR DE CASACIÓN PENAL numbers 226-F-97, 682-97, 2001-929, and 2001-09748).

On blank criminal rules, their integration with other texts of equal, superior, or inferior rank, comparison with open and closed criminal offenses and their constitutional validity, see also: from the SALA CONSTITUCIONAL, resolutions numbers 3465-93, 3540 to 3544 of 1993, 6377-94, 5755-94, and 2001-09748; from the SALA TERCERA DE LA CORTE, judgments 570-93 and 0057-2000. VON BELING, Ernst. Esquema de Derecho Penal. La doctrina del Delito-tipo. Trad. by Sebastián Soler. Edit. Depalma. Buenos Aires. 1944, Appendix, pg. 11. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Teoría del Delito. EDIAR. Buenos Aires. 1973, cited, pg. 189. By the same author: Manual de Derecho Penal. Parte general. EDIAR. Buenos Aires. 1978, pgs. 374-375, this cited by the Sala Tercera. JESCHECK, Hans Heirich: Tratado de Derecho Penal. Parte General. Vol. I. Trad. by S. Mir Puig and F. Muñoz Conde. Bosch. Barcelona. 1981, pg. 150, 191 and 365. RODRÍGUEZ DEVESA, Jose María: Derecho Penal Español. Parte General. Fifth edition. Madrid Gráficas Carasa. 1976, pg. 153. RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo: Derecho Penal. Parte General. Madrid, Edit. Civitas, 1978, pg. 357. NÚÑEZ , Ricardo: Derecho Penal Argentino. Parte General. Volume One. Edit. Bibliográfica Argentina. Buenos Aires. 1959, pg. 99. VIDAL RICEROLL, Carlos: El tipo y la tipicidad. In: Derecho Penal Contemporáneo. No. 12, January-February. 1966, Mexico D. F., pg. 73, and session of Corte Plena of 1:30 p.m. on June 20, 1985. RODRÍGUEZ RAMOS, Luis: Presente y Futuro de la protección del medio ambiente en España., in Cuarto Seminario Internacional de los Delitos de Cuello Blanco. Mexico, D. F. June 1981. Publication of the Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzaico, pgs. 227 and 228). Cites Martínez Rincones, Delito ecológico. Mérida. Venezuela. 1978, pg. 30.

IV.4) ESTABLISHMENT OF THE ORIGIN OF THE TIMBER

Decree No. 30494-MINAE-MOPT-SP of June 5, 2002 (Art. 1), which lists the documents for timber transport on public land routes in the national territory, recognizes as probable origins of the timber: natural forest, forest plantations, including agroforestry systems, lands under agricultural use and without forest, primary industrialization centers, portable sawmills, and forest plantation industries.

For criminal jurisprudence, the Ley Forestal 7575, Arts. 56 and 63 subsection a), in relation to 28 ibid., only sanctions as a crime the transport of timber "without the respective documentation" when it originates from forest or plantation, an element of the criminal offense.

Hence, clarifying its origin is essential. A conviction judgment that omits reference to this aspect incurs a defect of lack of reasoning (falta de fundamentación), since it must contain a clear, precise, and detailed account of the facts.

The defect is grounds for cassation for form. It causes the annulment of the ruling and the debate that served as its basis, and prevents knowing the merits of the matter and determining whether due application of the substantive rules was made. Arts. 395 subsection 3, 482, final paragraph, and 483 of the Código Procesal Penal. (TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, resolutions numbers 418-F-97, of 3:30 p.m. on May 19, 1997; 610 of October 31, 1997; 45-F-98, of 2:20 p.m. on January 26, 1998; 368-F-98, of 11:20 a.m. on May 25, 1998; 641 of September 25, 1998; 2000-541, of July 14, 2000; 2002-0454 of 12:00 p.m. on June 20, 2002).

The TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL has admitted that from the integral assessment of serious and concordant indicia with other elements of judgment, a certain conclusion about the origin of the timber can be inferred and support the conviction judgment for the crime under discussion. Examples of indicia are: the compatibility of the diameter and dimensions of the transported logs with those cut on the forested farm where logging was not authorized; their transport without the legal identifier or plates, nor recorded on the guide; the placement on the vehicle attempting to hide them, etc. (Judgment 2002-0454, of 12:00 p.m. on June 20, 2002).

IV.4.1) DEMONSTRATION OF GUILT AND INADMISSIBILITY OF STRICT LIABILITY (RESPONSABILIDAD OBJETIVA) IN THE PROSECUTION OF THE CRIMINAL OFFENSE

The foregoing is reconciled with the principle of innocence and the consequent proof of guilt or liability, which applies in repressive matters. As relevant, Article 39 of the Constitution guarantees that no one shall suffer a penalty except for a crime and proof of guilt.

It is enshrined in Article 30 of the Código Penal. It states that there is no penalty without guilt and requires proving the existence of the crime: "No one may be sanctioned for an act expressly defined in the law if they have not committed it with intent (dolo), fault (culpa), or preterintention (preterintención)." The judge must examine the subjective typicality (tipicidad subjetiva) of the act, to determine whether the accused person acted in that manner. (TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, resolutions numbers No. 004-F-96 and 149-F-97). The provisions of the Código Penal apply to "punishable acts foreseen in special laws, provided these laws do not establish anything to the contrary" (Article 3 ibid.).

In safeguarding the principles of due process and innocence, encompassed in constitutional Article 39, it is "indispensable that the demonstration of the accused's guilt be made fully, and go beyond all reasonable doubt." (SALA CONSTITUCIONAL, resolution No. 3423-C-94).

Therefore, the SALA CONSTITUCIONAL indicated that the Ley Forestal—referring to No. 7174, but the assessment is valid for the current one—, in the title on infractions, sanctions, and procedures, does not institute strict liability (culpa objetiva), and that in the proceeding before judicial authorities, fitting within the Código Procesal Penal, "the guilt of the accused must be demonstrated" (resolutions numbers 5578-96 and 5876-99).

In other judgments, the Constitutional Tribunal stated that from the principle of guilt, necessary for an action to be capable of producing criminal consequences, it is not constitutionally and legally possible to accept the theory of strict liability (responsabilidad objetiva), applicable in other matters, "but which, due to the nature of the penalty, is excluded from application in criminal law, since in this area a relationship of guilt must necessarily be demonstrated between the act committed and the result of the action, so that it may be attributed to the active subject."

"Based on strict liability, a penalty can be imposed on the perpetrator of an act even though their behavior cannot be personally reproached; in this case, the decisive factor is the objective causation of the harmful result, without requiring that a relationship of guilt exists between it and the subject's action." (SALA CONSTITUCIONAL, votes 500-90 and from 1993 numbers: 3540, 3541, 3542, 3543, and 3544, among others).

The lack of demonstration of the timber's origin (Ley Forestal, Article 55) does not seem sufficient to sustain a criminal conviction without more.

IV.5) ILLICIT TIMBER TRANSPORT AS A REFERENCE FIGURE FOR INTERPRETING THE ATYPICALITY OF TREE FELLING ON PRIVATE LANDS THAT ARE NOT FOREST

The problem is complicated because the jurisprudence of the Tribunal de Casación Penal has assumed the figure of illicit timber transport as a reference thesis to restrict the crime of tree felling in forested areas of private property.

It argues that if the criminal figure of unauthorized timber transport excludes that originating from lands that are not forest or forest plantation, there would be no reason to sanction harvesting (aprovechamiento) on properties that do not meet those characteristics (Arts. 27, 56, 61, subsection a), and 63, subsection a), of the Ley Forestal. TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, res. 2001-929, of 9:45 a.m. November 16, 2001, among others).

Timber harvesting (aprovechamiento maderable), without authorization or without conforming to the authorized, sanctioned by Article 61 subsection a) of Law 7575, includes the felling of trees. (Same Tribunal, resolutions No. 226-F-97; 524-F-97; 704-F-97 and 2001-929).

Other arguments on which criminal jurisprudence relies (votes of the TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL numbers 682-F-97 and 845-F-97 and 2001-929) to support the atypicality of tree felling on lands other than forest are:

a) The crime of tree felling on private lands and the term forest (forestal), descriptive of the offense, are linked to forests (bosques), with the legal dimensions (area of two hectares or more; Ley Forestal 7575, Art. 3, subsection e). In other cases, that felling would be atypical. (TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, res. 2001-929).

The thesis abandons the previous position on broad legal protection, which considered all the country's forest resources to be part of the legal interest protected by Article 61 subsection a) of Law 7575. Whereby the action of cutting a timber-yielding tree without a permit, regardless of whether it was part of a forest or forest plantation, constituted the crime. (TRIBUNAL SUPERIOR DE CASACIÓN PENAL, No. 524-F-97).

b) On lands that are not under agricultural use, without forest, there is no prohibition on cutting trees (Ley Forestal, Article 27, a contrario sensu).

Nor is a sanction attached to the act of infringing said Article 27 regarding tree felling on lands under agricultural use, and it is questionable whether it has one in Articles 61, subsection a (illicit harvesting of forest products), or 63, subsection a (illicit timber transport), of the Ley Forestal, because it expands the criminal offense. It encompasses as typical a conduct that is not clearly described, against the principle of legality. This is what occurs with the definition of "terrenos de uso agropecuario sin bosque" given by the Reglamento a la Ley Forestal (Article 2), encompassing in the agricultural concept what is not forest.

From another perspective, it could be argued that the Ley Forestal protects forest resources in general, without indissolubly linking them to forests. Examples, among others, are: Article 27, which considers the tree a forest resource, by requiring authorization to fell up to three trees per hectare annually or ten trees per property, on lands without forest; 61, subsections a, b, and e, admits a broader definition of forest products; 32, gives relevance and use value to individual trees, for collateral purposes, etc. (See in development of that Art. 32: Reglamento de Pignoración de árboles en pie. Decree No. 25734-MINAE of December 4, 1996. Gazette No. 18 of January 27, 1997).

FAO has also recognized the importance of trees outside forests: "The definition of forest resources should necessarily and increasingly include trees outside the forest," even if these are located on soils of agricultural (or livestock) suitability and there are difficulties in inventorying them." (Information on Forest Management, Forest Resources and land-use change (cambio en el uso de la tierra) in Latin America. Workshop Proceedings. Volume 3. Lima- Perú, September 3 to 6, 2001. European Commission and Food and Agriculture Organization of the United Nations. Santiago de Chile. Dec. 2001, pg. 26-27).

Moreover, even though the desirable goal is the protection of the forest as an ecosystem (in its interactions with soil, fauna, water, human communities, and other elements), the Ley Forestal emphasizes economically exploitable forest resources.

And from the point of view of Agrarian Law, forestry activity is typical, whether a dual classification of these (vegetal and animal; that is, agriculture, forestry, and livestock) is adopted, or a tripartite one, as the Italian Civil Code does, Article 2135: cultivation of the land (agriculture), silviculture (forestry), and livestock farming or animal husbandry, in a broad sense; in addition to related agricultural activities.

Likewise, the legal interest protected in illicit timber transport should not be confused with that of other related and independent criminal figures: the theft of forest products from private property or their harvesting without permission from the State Forest Administration or without conforming to what is authorized (Ley Forestal, Arts. 61, subsections a) and e), for example).

IV.6) LEGISLATIVE AMENDMENT TO EXPAND THE OFFENSE

To expand the offense, in the legislative process, an amendment to Article 56 of the Ley Forestal 7575 has been filed, processed under file No. 13.868, the text of which would read: "Logs, squared or sawn timber may not be moved without the respective documentation."

The amendment eliminates the requirement that the timber originate from forest or plantation and aims to criminalize, through the cross-reference made by Article 63, subsection a) ibid., the transport of timber omitting the required documentation, regardless of its origin.

In reality, there is no apparent objective reason justifying the different treatment observable in Article 56 under discussion, which could contain a negative discrimination violating constitutional Article 33, insofar as it excludes from illicit timber transport that which has other origins, different from forest or forest plantation. Therefore, the reform of the text is recommended to equalize all similar situations.

V.- ILLEGAL TIMBER TRANSPORT WHEN ITS ORIGIN IS UNKNOWN AND AN EXPIRED TRANSPORT GUIDE IS PRESENTED

V.1) ILLEGAL TIMBER TRANSPORT

Recapitulating: the transport of logs constitutes a crime, and "the certainty of the illicit conduct of the agent" (TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL No. 334 of 9:30 a.m. on June 12, 1996), when it originates from forest or forest plantation and is done "without the respective documentation." A case in which seizure (decomiso) and filing of the criminal complaint proceed.

The transport of that type of material with an altered guide (with erasures, smudges, etc.), or one that does not correspond to the haulage load, is expired, etc., would also be illegal.

V.2) INEFFECTIVENESS OF THE EXPIRED GUIDE

The guides constitute temporary permits for timber transport, with the purpose of restricting use and facilitating supervision. Their maximum period of validity is one month and cannot be extended. Upon expiration, a new application must be submitted, justified by the regent (regente) and the reasoned opinion following an inspection by officials of the Forest Administration. (Decree 30494-MINAE-MOPT-SP of June 5, 2002, Article 6). To issue the new guides, the Administration must verify that the timber detailed in the expired guide was not transported and the reasons why.

Analogously, the resolution of the Sistema Nacional de Areas de Conservación No. R-SINAC-DG-010 of 3:00 p.m. on May 31, 2000 (Gazette No. 143 of July 26, 2000, pg. 29 et seq.) provides: "1.4 Guides may not be renewed by means of a note or observation on the expired document (guide). When a guide needs to be renewed, it shall be drawn up anew." But it conflicts with the subsequent Decree 30494-MINAE-MOPT-SP, when that resolution states: "2.2 All logs, squared or sawn timber must carry the corresponding transport guide, designed for that purpose by the AFE; a document that may not be issued with a validity exceeding two months." (Underlining added).

In compliance with the principle of normative hierarchy, given the antinomy that has arisen between Article 6 of Decree 30494-MINAE-MOPT-SP and resolution R-SINAC-DG-010 of 2002, the application of the former must be chosen, which, being of a higher rank, prevails over the administrative resolution of a lower category (opinion C-210-2002). By virtue of which, it is recommended that the Directorate of SINAC make the pertinent amendment as soon as possible, to harmonize that administrative resolution with the recently cited Decree.

The quantity of logs, the poor condition of the roads, climatic conditions, delays in undertaking the trips, the appearance of mechanical failures in the vehicle, the refusal to purchase wood by the prospective industry, etc., may prevent the complete transport from being done on time.

Transport supported by an expired transport permit (guía) would be outside the law. Jurisprudence has pronounced itself with a similar orientation. The following resolutions are examples:

a) "The instrument that the accused attempted to assert at the authority's requirement was precisely an expired wood transport permit (guía)…. But the document's lack of validity left the conduct within the prohibited norm." SALA TERCERA DE LA CORTE, judgment No. 570 of 9:40 a.m. on 10/22/1993.

b) The documentation carried by the accused to move wood in logs outside the farm "was expired," and "he even knew of the need for it for transport, and did not have it, therefore Article 56 of the Forest Law (Ley Forestal) was correctly applied." TRIBUNAL SUPERIOR DE CASACIÓN PENAL, resolution No. 244 of 04/08/1997.

c) "One of the constitutive elements of any kind of permit or authorization is the period of validity" (…). "If it is expired, the permit no longer exists and consequently the action it authorizes finds no legal basis to be carried out; a situation that takes on greater relevance regarding forest permits (…). These authorizations are only valid for the time they indicate, such that they cannot be used after their expiration." TRIBUNAL SUPERIOR DE CASACIÓN PENAL, resolution No. 82 of 11:30 a.m. on January 31, 1997.

d) The petitioner files an amparo appeal because he considers that "his permit to transport wood expired" and "he is not allowed to remove it from the place where it is." However, he knew that as of May 31, 1991, "the extraction and transport of wood was no longer possible."

It is therefore his responsibility for not having taken advantage of the period granted to him to carry out the extraction, "allowing that, upon the expiration of said term, he could not transport the wood from the farm where it is located to his own sawmill, a negligence that is attributable to the petitioner himself, and cannot be charged in any way to the respondent Administration." SALA CONSTITUCIONAL, opinion 5724 of 4:18 p.m. on November 5, 1993. (See also from the SALA CONSTITUCIONAL itself, see resolution 495-95 of 4:30 p.m. on January 25, 1995).

e) If the harvesting permit (permiso de aprovechamiento) granted for a determined time had already expired for reasons not attributable to the Administration, and conditions changed, the interested party must abide by the new legislation. SALA CONSTITUCIONAL, opinion 6081-93.

f) Since the petitioner could not make use of the wood cut before the revocation of the (felling) permit, due to a lack of diligence in processing the transport permits (guías de transporte) and numbered plates that are used, the appeal must be dismissed. SALA CONSTITUCIONAL No. 7266-94, of 8:45 a.m. on December 9, 1994.

Maintaining the effectiveness of an expired wood transport permit (guía) would distort an essential element of it: the term, and the controls over said term.

V.3) IGNORANCE OF THE WOOD'S ORIGIN WITH THE PRESENTATION OF AN EXPIRED TRANSPORT PERMIT (GUÍA)

It is inconceivable that the origin of the wood be ignored with the presentation of an expired transport permit (guía), because the latter, even if expired and invalid for transport, should state the origin of the logs.

However, it is observed that resolutions No. 613-SINAC of 12:00 p.m. on May 9, 1997 (Gaceta No. 154 of August 12, 1997), regarding the format of said permits, and R-SINAC-DG 010 of 3:00 p.m. on May 31, 2000 (Gaceta No. 143 of June 26, 2000) do not expressly include that datum, nor is the gap filled by regulatory means.

It is, without a doubt, a serious omission, in view of the in-transit controls that must be performed and the reviewed criminal jurisprudence, which considers the determination of the wood's origin as part of the elements of the offense (tipicidad) described by the legislator. In view of this, it is recommended that the General Directorate of the National System of Conservation Areas make, as soon as possible, the pertinent amendments to clearly incorporate such an aspect.

If the datum is not explicitly stated on the permit (guía), it could be obtained from other references that the permit provides, after a summary investigation at the Office that issued it: the identification codes of the management plan (plan de manejo) resolution, for example. The Conservation Areas (Areas de Conservación) often use symbols in the resolutions, such as MB or IF, which denote in order: forest management (manejo de bosque), forest inventory (inventario forestal), for felling in pastures or paddocks, etc. But these would be deficient for directly evidencing the origin of the wood, especially to third parties outside the Area.

Article 55 of the Forest Law (Ley Forestal) obligates the natural or legal person who has wood in logs to carry out their activities, to prove its origin when requested by the Forest Administration (Administración Forestal).

The lack of documentation provides grounds for the administrative seizure of the objects and, if there is merit, for filing a criminal complaint. "Wood that does not have the respective documentation shall be confiscated by the corresponding authorities. The means of transport used shall also be confiscated. Both shall be placed at the disposal of the MINAE authorities, who shall have a period of up to three days to carry out the respective investigation and, if applicable, place them at the disposal of the competent judicial authority." (Decree No. 30494-MINAE-MOPT-SP of June 5, 2002, Article 5, in relation to Article 54, paragraph 3, of the Forest Law (Ley Forestal)).

Criminal jurisprudence has classified transport as "a mechanism for the exploitation of wood" (Article 61, subsection a of the Forest Law (Ley Forestal)), with the possibility of confiscating the logs transported illicitly; an act that can be carried out by officials of the Ministry of Public Security (Ministerio de Seguridad Pública), in accordance with Article 164, subsection 4) of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal). (TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, judgments No. 43-F of 9:30 a.m. on January 24 and No. 334 of 9:30 a.m. on June 12; both of 1996).

The detention of vehicles, and not of their drivers, to verify whether the wood transport permits (guías de transporte) met the legal requirements, does not violate the canon that guarantees freedom of transit, nor does it constitute any constitutional violation. (SALA CONSTITUCIONAL, opinion 2625-92).

In summary, within the administrative sphere, MINAE officials have a period of three days, following the administrative seizure, to make the pertinent inquiries regarding the wood transported without documents and to gather the evidence that may support placing the matter at the disposal of the competent judicial authority.

VI) CONCLUSIONS:

From the foregoing, it is concluded:

1) The Attorney General's Office (Procuraduría) has not pronounced itself on the point of interest.

2) Consultation with the Attorney General's Office (Procuraduría) by the Prosecutors of the Public Ministry (Ministerio Público) regarding specific cases on which they are called to give an opinion in the exercise of their duties, whether to exercise criminal action, carry out useful proceedings aimed at clarifying the existence of criminal acts, or act in pending proceedings, is not appropriate.

3) Therefore, a non-binding legal opinion is issued this time, by way of general observations regarding the matter consulted, with the aim of collaborating in the fulfillment of that Prosecutor's Office's (Fiscalía) duties.

3.1) Unlike previous legislation, the current Forest Law (Ley Forestal) punishes as a crime the mobilization of wood in logs, squared, or sawn, originating from the forest or forest plantation.

3.2) The transport of wood outside a private farm without an administrative permit or in violation of its terms is illicit. The permit is the means of control over compliance with legal requirements and is externalized through the issuance of the "respective documents," complemented by other material means: metal plates, flags, when implemented, triangles, etc.

The wood transporter is responsible for carrying the necessary documents that legitimize and authorize the act, with which the transport must be consistent.

3.3) The crime of illicit wood transport constitutes an open criminal offense (tipo penal en blanco). To specify "the documents" that are indispensable for proving the legality of the act, the judge must refer to other legal or administrative provisions, with which the offense description is integrated.

3.4) The documents and material distinctive marks necessary to transport wood logs through the national territory, outside the private farm where it is produced, are: Natural forest: yellow transport permit (guía amarilla de transporte) and one plate on each of the logs. Forest plantations: Certificate of Origin (Certificado de Origen) when transport is made in a single trip (an aspect on which the legislation is ambiguous), and a transport permit (guía de transporte) in other cases. Agroforestry systems: transport permit (guía de transporte) and one orange plate on each of the logs. Agricultural land without forest: transport permit (guía de transporte) and one yellow plate on each of the logs. Primary industrialization centers, portable sawmills, and industries of forest plantations: purchase-sale invoice (factura de compraventa), identifying the seller and buyer of the wood, or the sawing service duly authorized by the General Directorate of Direct Taxation (Dirección General de Tributación Directa), with the detail of the sales tax. For wood sawn "in situ": the transport permit (guía de transporte), plus the sawing invoice. If it involves the owner of the farm, the transport permit (guía de transporte) must be provided.

Resolution No. R-SINAC-DG-010 of 3:00 p.m. on May 31, 2000, Gaceta No. 143 of July 26, 2000, of the National System of Conservation Areas, is contradictory regarding the use of plates for transporting products from forest plantations, because while point 2.3 provides that "logs from plantations may only be transported without plates," point 1.5 refers to "the delivery of permits and plates for the transport of products from planted trees," as does point 1.5.2.

Decree 30404-MINAE-MOPT-SP does not require them for the transport of plantation logs.

The transport permit (guía de transporte) must meet the legal requirements and contain all the necessary data for validity. The documentation for wood transport must be delivered to the industry where it will be processed. (Forest Law (Ley Forestal), Article 31; its Regulation, Articles 30, 31, 32, and 77; Decree 27240-MINAE of July 22, 1998 and 30494-MINAE-MOPT-SP of June 5, 2002).

3.5) If a natural or legal person has integrated raw material originating from their forest plantations or agroforestry systems into a forest industry, they may avail themselves of an alternative system for transport permits (guías de transporte), consisting of a permanent emblem, in the shape of a triangle, which must be placed on the rear of the load, the characteristics and identification number of which are established by the Conservation Area (Area de Conservación).

It is proper that with the triangle, the transporter carries the documentary proof of the Conservation Area's (Area de Conservación) resolution authorizing its use.

Apparently, the flag, as a distinctive emblem for wood transport, has not been implemented; but the system of plastic plates has been, as a replacement, established to facilitate supervision tasks by Decree 27240-MINAE, with consecutive numbering, security, and identifying colors, which must be placed on the logs. They must be removed before sawing, deposited in boxes with a padlock and slot that the Conservation Areas (Areas de Conservación) must place in the industries, and removed by control officials during their periodic visits, with the drawing up of a record (acta), for transfer to the central headquarters.

3.6) The transport of wood in logs, in blocks, squared, and sawn, may only be carried out from Monday to Friday, between five and twenty-one hundred hours (from 5 a.m. to 9 p.m.). The transport of wood is prohibited on weekends, from Friday at 9 p.m. until Monday at 5 a.m. (On the time limitation for the transport of wood in logs within the national territory, as a means of effective control against furtive and illegal deforestation, see opinion C-022-98).

3.7) According to the jurisprudence of the Tribunal de Casación Penal, to issue a conviction it is essential to establish the origin of the wood, an element of the offense description (tipo), with the consequent demonstration of guilt. If omitted, the judgment incurs a defect of lack of reasoning and generates grounds for cassation based on form.

Although the same Court admits that from the integral assessment of serious and concordant circumstantial evidence (indicios) with other elements of judgment, a certain conclusion about the origin of the wood may be inferred.

That jurisprudence has also adopted as a reference thesis the concept of illicit wood transport to restrict the crime of felling (or harvesting) trees, which it links to forests, even though from another perspective forest resources in general may be included within the legal interest protected by the Forest Law (Ley Forestal), without that indispensable linkage.

3.8) For the opening up of the offense description (tipo), a reform to Article 56 of the Forest Law (Ley Forestal) has been presented in the legislative process (file No. 13,868), which eliminates the requirement that the wood must come from a forest or plantation and aims to penalize, with the referral it makes to Article 63, subsection a), ibid., the transport of wood omitting the required documentation, regardless of origin.

Since there is no apparent objective reason that justifies the different treatment appreciable in the aforementioned Article 56, which could contain discrimination violating Article 33 of the Constitution, by excluding from illicit wood transport that which has other origins, different from forest or plantation, it is recommended, to the Permanent Commission of Agricultural and Natural Resources Affairs (Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y de Recursos Naturales) of the Legislative Assembly (Asamblea Legislativa), the reform of the text to equate all situations.

4) The transport permits (guías) constitute temporary permission for wood transport, with the purpose of restricting use and facilitating control. Their validity period is one month and cannot be renewed (Decree 30494-MINAE-MOPT-SP of June 5, 2002, Article 6). Upon their expiration, a new, duly justified application must be submitted.

Resolution R-SINAC-DG-010 of 3:00 p.m. on May 31, 2000 (Gaceta No. 143 of July 26, 2000, pages 29 ff.), point 2.2, which extends the validity of the permits (guías) to up to two months, conflicts with that norm.

Given the antinomy, in compliance with the principle of normative hierarchy, the application of Decree 30494-MINAE-MOPT-S (Article 6) must be chosen, which, being of a higher rank, prevails over the administrative resolution of a lower category.

It is recommended that the Directorate of SINAC make the pertinent amendment as soon as possible, to harmonize that administrative resolution with the recently cited Decree.

4.1) Since an essential element of the validity of the transport permits (guías) is their effective period, if this has expired, the transport action it authorizes would have no legal basis to be carried out; it would be ineffective.

4.2) The permit (guía), even if expired and invalid for wood transport, should state the origin of the logs.

However, since resolutions No. 613-SINAC of 12:00 p.m. on May 9, 1997 (Gaceta No. 154 of August 12, 1997), regarding the format of said permits, and R-SINAC-DG 010 of 3:00 p.m. on May 31, 2000 (Gaceta No. 143 of June 26, 2000), do not expressly include that datum, which constitutes a serious omission, in view of the road or transit controls that must be performed and the criminal jurisprudence that considers the determination of the wood's origin part of the elements of the offense (tipicidad) described in Article 63, subsection a, and Article 56 of the Forest Law (Ley Forestal), it is recommended that the General Directorate of the National System of Conservation Areas make, as soon as possible, the pertinent amendments to clearly incorporate such an aspect.

4.3) If the origin of the wood is not explicitly stated on the permit (guía), the datum could be obtained from other references that the permit provides and that are insufficient to directly evidence it, after a summary investigation at the Office that issued it.

4.4) The transport of wood carried out without documents—or outside the authorized hours and days—provides the basis for provisional administrative seizure and, if there is merit, for filing a criminal complaint.

The MINAE authorities have a period of three days to carry out the investigation.

Sincerely yours,         Dr. José J. Barahona Vargas
Licda. Lydiana Rodríguez Paniagua
Attorney General
Environmental Attorney General's Office
Area of Agrarian and Environmental Law

c.c. Lic. Carlos A. Arias Núñez
Attorney General (Fiscal General)

Agr. Eng. Mario Calderón Castillo
President
Permanent Commission of Agricultural and Natural Resources Affairs (Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y de Recursos Naturales)
Legislative Assembly (Asamblea Legislativa)
(For what is indicated in points IV.6 in fine and VI.3.8)

Licda. Zayda Trejos Esquivel
General Director of SINAC
(For what is indicated in points V.2, V.3, VI.3.4, VI.4 in fine, and VI.4.2)

JJBV/LRP/fmc