C-108-1996 — Concession regime in the maritime-terrestrial zone and islandsRégimen de concesiones en zona marítimo terrestre e islas

Dictamen : 108 del 01/07/1996   



C-108-96




1º de julio, 1996




 




Señores




Concejo Municipal de Puntarenas




Puntarenas




 




Estimados señores:



    Con aprobación del señor Procurador General Adjunto, me refiero a nota suscrita por la
Secretaria Municipal, donde transcribe acuerdo de ese Concejo, tomado en sesión ordinaria No. 158 de
14 de junio de 1995, artículo 1º, inciso k, por el que solicita nuestra intervención para investigar
en el Departamento Municipal de Arriendos presuntas irregularidades en el trámite de expedientes
para concesión sobre la zona marítimo terrestre.



    Al respecto me permito indicarles que de verificarse la presencia de posibles anomalías en el
trámite para el otorgamiento de concesiones, ese Concejo debe proceder a ajustar la actuación
administrativa al bloque de legalidad, sujetando a los particulares al cumplimiento de los
requisitos legales o gestionando la nulidad de aquellos actos en que se detectare la existencia de
vicios en los procedimientos. Este deber es propio del ente municipal como administrador de la zona
marítimo terrestre y garante de los intereses locales, sin que requiera para hacerlo efectivo de la
intervención de otros organismos públicos, tal como en este caso, la Procuraduría General de la
República.



    Esta Institución ha visto reducirse sustancialmente su personal, tanto profesional como de
apoyo, en los últimos meses, por recortes presupuestarios significativos, directrices de empleo
público y acogimiento al régimen de movilidad voluntaria. Lo anterior, junto a una ampliación en el
número de sus atribuciones legales, ha incidido en un recargo de nuestras labores, lo que
imposibilita la realización de tareas como la por ustedes propuesta, que en todo caso, insistimos,
es de resorte municipal.



    No obstante, de surgir dudas en el análisis legal de los expedientes por parte de esa
Municipalidad, podrá solicitarse nuestro criterio técnico-jurídico a través de una consulta formal,
procurando observar sus formalidades propias (artículo 4º de nuestra Ley Orgánica); sin descartar la
posibilidad de asesoría por nuestros funcionarios o de denuncia en casos concretos.



    Sin perjuicio de lo expuesto, y notando que los principales "errores de procedimiento" en la
tramitación de expedientes, según se desprende del acuerdo transcrito, se deben a una falta de
claridad en cuanto al régimen jurídico aplicable a las islas y el orden de prelación en el
otorgamiento de concesiones ante varias solicitudes sobre idéntico sector, hemos creído oportuno
expresar algunas consideraciones sobre estos dos temas, con el fin de que sean tomados en cuenta al
momento de valorar los expedientes cuestionados y otras situaciones análogas futuras.




I.- ANALISIS DEL ARTICULO 44 DE LA LEY No. 6043



    El artículo 44 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977, se
enmarca dentro del capítulo VI, dedicado a la zona restringida y sus concesiones.



   Como se sabe, por regla general, y salvo casos excepcionales de la Ley, sólo en la zona
restringida (normalmente la franja de ciento cincuenta metros de ancho contigua a la zona pública de
libre tránsito) pueden otorgarse concesiones relativas a la zona marítimo terrestre (artículo 39
íbid).



    La prevalencia para el otorgamiento de las concesiones, cuando existen varios intereses
particulares sobre una misma área de terreno, ha provocado a las corporaciones municipales, únicos
entes con competencia para ello (artículo 40 íbid), no pocas dificultades.



    El artículo 44 de la Ley No. 6043 es la regla jurídica que debe regir para dar un adecuado
tratamiento a estas situaciones:



 "Artículo 44º.- Las concesiones se otorgarán atendiendo al principio de que el primero en tiempo es
primero en derecho. Sin embargo, el reglamento de esta ley podrá establecer un orden de prioridades
atendiendo a la naturaleza de la explotación y a la mayor conveniencia pública de ésta; pero en
igualdad de condiciones se ha de preferir al ocupante del terreno que la haya poseído quieta,
pública y pacíficamente en forma continua."



    Como puede apreciarse, este artículo fija un principio general por el que han de regirse las
Municipalidades al momento de decidir sobre el otorgamiento de las concesiones, cual es el dar
prioridad a la persona que hubiese presentado la solicitud de forma previa a cualquier otra. Por
ello, es de suma importancia consignar por la Oficina municipal correspondiente la hora y fecha en
que se reciben las solicitudes de concesión.



    Ahora bien, no basta que una solicitud se hubiese presentado de primera en tiempo para proceder
al otorgamiento; es necesario además que se cumplan todos los requisitos, tanto subjetivos como
objetivos, fijados por la Ley No. 6043 y su Reglamento, No. 7841-P de 16 de diciembre de 1977, de
manera primordial, el ajuste de lo solicitado a la planificación de la zona.



    Este último presupuesto es básico si se quiere ajustar la conducta de la Administración al marco
jurídico, y más aún, a la voluntad legislativa para el ordenamiento territorial de la zona marítimo
terrestre, fin principal que subyace en el conjunto de disposiciones que componen la Ley No. 6043.



 En efecto, al exigirse una planificación previa al otorgamiento de concesiones, el legislador
persigue la realización de un proceso ordenado de crecimiento para las distintas zonas costeras de
forma específica, utilizando como instrumento jurídico el plan regulador.



 Una vez que se ha llegado a determinar las solicitudes que son conformes a la planificación
sectorial, el Reglamento a la Ley No. 6043, fundamentado en el texto del artículo 44 de ésta, que le
delega la facultad de "establecer un orden de prioridades atendiendo a la naturaleza de la
explotación y a la mayor conveniencia pública", elenca dos órdenes de prioridades inversos, según
sea la zona declarada como turística o no turística:



 "Artículo 57.- Las concesiones se otorgarán atendiendo al principio de que el primero en tiempo es
primero en derecho. Sin embargo, cuando para el mismo terreno se presenten solicitudes para usos
diferentes que se ajusten a los lineamientos del plan de desarrollo de la zona, la concesión se
otorgará de acuerdo al siguiente orden de prioridades:




a. En las zonas declaradas como turísticas, tendrán prioridad:




1.- Actividades turísticas declaradas como tales por el ICT.




2.- Actividades recreativas y deportivas.




3.- Uso residencial.




4.- Actividades comerciales y artesanales.




5.- Explotaciones agropecuarias, de pesca no deportiva, o industriales.




b. En las zonas declaradas no turísticas, el orden de prioridades será el siguiente:




1.- Explotaciones agropecuarias, de pesca no deportiva, o industriales.




2.- Uso residencial.




3.- Actividades comerciales y artesanales.




4.- Explotaciones recreativas y deportivas.




5.- Explotaciones turísticas. (...)"



    Una vez llegado a este punto, de persistir la existencia de dos o más solicitudes con uso
preferente y concorde con la planificación zonal, deberá darse prioridad en el otorgamiento al
llamado ocupante. A esto se refiere el artículo 44 de la Ley No. 6043 cuando estatuye que "en
igualdad de condiciones se ha de preferir al ocupante del terreno que la haya poseído quieta,
pública y pacíficamente en forma continua".



    La interpretación de que el término "en igualdad de condiciones" se refiere a la presentación
simultánea (al mismo tiempo) por dos o más particulares de solicitudes sobre un mismo sector de la
zona marítimo terrestre, debe ser descartada, pues es prácticamente imposible que esto suceda en la
práctica, y, por ende, que el legislador hubiese estimado oportuno regular una hipótesis tan
restringida.



    Sobre la figura del ocupante es oportuno indicar que el dictamen No. C-157-95 de 7 de julio de
1995 se dedicó en forma extensa al detalle de esta categoría. Para este análisis, baste sólo con
recordar que se trata de aquella persona que no contaba con un contrato de arrendamiento cuando
entra en vigencia la Ley No. 6043 y que aún se halla ocupando la zona marítimo terrestre en el mismo
sitio. Se reitera, también, que la calidad de ocupante no es transmisible:



 "Se ha perdido la perspectiva de que este status no es susceptible de ser transmitido. Como ya se
dijo, la Ley no. 6043 ha decidido favorecer en forma excepcional a las personas que califican como
pobladores y ocupantes con un régimen que se sustrae del común para la zona marítimo terrestre.



 No es su objetivo, bajo ningún modo, que terceros, ajenos totalmente a las peculiaridades propias
de aquellos, pudieran continuar hacia el futuro en su misma situación.



 Así como es evidente que nadie puede venir a sustituir al poblador, en tanto éste reúne
determinadas características que lo hacen particular, las cuales fueron tomadas en cuenta para
legislar en su favor, igual el ocupante es tenido como tal sólo en razón de sus especiales
circunstancias. No es posible aplicar a terceras personas las mismas prerrogativas, ya que los
intereses que motivaron su creación dejaron de existir." (dictamen No. C-157-95)



    Entonces, no debe perderse de vista que el ocupante tiene un derecho de prioridad al
otorgamiento de concesiones, aún incluso por encima del que hubiere presentado primero en tiempo su
solicitud, sólo si cumple con los requerimientos legales y reglamentarios, y, sobre todo, si el uso
solicitado es conforme a la planificación de la zona y es preferente dentro de la categorización del
artículo 57 del Reglamento.



    A este punto, si no existe ningún ocupante, se procederá conforme al principio general de
primero en el tiempo primero en derecho (artículos 44 de la Ley No. 6043, y 57 y 75, párrafo cuarto,
de su Reglamento).



    En síntesis, al momento de valorar diferentes solicitudes sobre un mismo terreno de la zona
marítimo terrestre, deberá verificarse primeramente que se cumplen todos los requisitos, tanto
subjetivos como objetivos, que fijan la Ley No. 6043 y su Reglamento, haciendo énfasis en la
conformidad con la planificación de la zona. Constatado lo anterior, deberá atenderse al orden de
prioridad por actividades dispuesto en el artículo 57 del Reglamento. Existiendo aún varias
solicitudes con igual uso preferente, deberá otorgarse la concesión al que fuere ocupante del
terreno, el que deberá cumplir con las características que le asigna la Ley. Por último, si no
hubiere ocupante, se atenderá a la regla genérica de primero en el tiempo es primero en derecho.



     Por último, la presentación de una mera solicitud sobre un terreno de la zona marítimo
terrestre no legitima a nadie para permanecer en él mientras se le resuelve o se elabora un plan
regulador (pronunciamiento No. C-100-95 de 10 de mayo de 1995), criterio del que participa también
nuestra Sala Constitucional:



 "La recurrente pretende derivar derechos de una simple solicitud de concesión que no le ha sido
resuelta por el fondo y lleva razón la Municipalidad de Puntarenas, transcribiendo la opinión de la
Procuraduría General de la República, en el sentido que la simple solicitud no confiere derecho
alguno a ocupar de inmediato el inmueble y si se ha hecho eso precisamente, se ha violado la ley que
regula esta materia" (Voto No. 2658-93 de 8 horas 54 minutos del 11 de junio de 1993).




II.- MARCO JURIDICO DE LAS ISLAS MARITIMAS




a) Situación histórico-jurídica



    Por isla marítima podemos entender "una extensión natural de tierra, rodeada de agua, que se
encuentra sobre ésta en pleamar" (artículo 10, párrafo primero, de la Convención sobre el Mar
Territorial y la Zona Contigua, suscrita en Ginebra el 29 de abril de 1958; y el artículo 121,
párrafo primero, del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada en Montego
Bay el 10 de diciembre de 1982), para así diferenciarla de las ubicadas dentro de territorio
continental ("islas que se forman en los vasos de los lagos, lagunas o esteros o en cauces de las
corrientes de propiedad nacional, siempre que no procedan de una bifurcación del río en terrenos de
propiedad particular"; artículo 3º, inciso VI, de la Ley de Aguas, No. 276 de 27 de agosto de 1942).



    Las islas, al igual que la franja terrestre contigua a la línea costera, han gozado desde hace
mucho tiempo en nuestro país de protección jurídica, incluso del siglo precedente.



    Ya en nuestra centuria, son varios los cuerpos legales que han resguardado estas importantes
áreas del patrimonio nacional. El Decreto Ley No. 11 de 22 de noviembre de 1905 revela claramente su
destino jurídico:



 "Artículo 1º.- Declárense inalienables los terrenos de las islas situadas en ambos mares, golfos y
bahías dentro de la jurisdicción de la República."



    Este Decreto fue a su vez aprobado por el No. 17 de 29 de mayo de 1906, manifestándose
expresamente que se dictó para establecer "especiales prescripciones con el fin de mantener las
islas bajo el absoluto dominio del Estado".



    La Ley No. 60 de 13 de agosto de 1914, por su parte, enmarca las islas dentro de una lista de
terrenos en el sector del Golfo de Nicoya que bajo ningún caso podrán ser vendidos.



    En 1939, mediante la Ley General sobre Terrenos Baldíos, No. 13 de 10 de enero, se reafirma la
inalienabilidad de los terrenos insulares, al estatuirse en su artículo 7º que "tampoco podrán
enajenarse los terrenos de las islas".



    Al dictarse la nueva Ley de Aguas, No. 276 de 27 de agosto de 1942, el legislador nuevamente
consigna su voluntad de sustraer a las islas del dominio particular (ya lo había hecho en la Ley de
Aguas anterior, No. 11 de 25 de mayo de 1884, artículo 33):




"Artículo 3.- Son igualmente de propiedad nacional:



 VI.- Las islas que se forman en los mares territoriales, en los vasos de los lagos, lagunas o
esteros o en cauces de las corrientes de propiedad nacional, siempre que éstas no procedan de una
bifurcación del río en terrenos de propiedad particular."



 "Artículo 75.- Son propiedad del Estado las islas ya formadas o que se formen en la zona marítima o
en la parte navegable de los ríos y en las rías y desembocaduras. (...)"



    También merece mencionarse como dato adicional que el Decreto-Ley No. 116 de 27 de julio de
1948, reformado por el No. 803 de 2 de noviembre de 1949, "confirma y proclama la Soberanía Nacional
sobre toda la plataforma submarina o zócalo continental e insular adyacente a las costas
continentales e insulares del territorio nacional, cualquiera que sea la profundidad a que éste se
encuentre, reafirmando el derecho inalienable de la Nación en todas las riquezas naturales que
existen sobre, en o bajo dicho zócalo o plataforma".



    En la década de los sesenta, la Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 de 14 de octubre de
1961, retomando parte de la enumeración de los bienes de dominio público de la Ley General sobre
Terrenos Baldíos, reitera la tutela demanial a las islas en el artículo 7º, inciso c), al
declararlas inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión.



    Finalmente, la Ley No. 6043 de 2 de marzo de 1977, en forma novedosa, incluye dentro del
concepto de zona marítimo terrestre a las islas, resguardando siempre el régimen de dominio público:




"Artículo 9.- (...)



 Para todos los efectos legales, la zona marítimo terrestre comprende las islas, islotes y peñascos
marítimos, así como toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel del océano dentro del
mar territorial de la República.



 Se exceptúa la Isla del Coco que estará bajo el dominio y posesión directos del Estado y aquellas
otras islas cuyo dominio o administración se determinen en la presente ley o en leyes especiales."




 



 "Artículo 1º.- La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al
Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es
obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y
aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley."



    Todas estas disposiciones son coincidentes en revestir de carácter demanial los terrenos
insulares, y, por ende, los beneficia con su especial tutela jurídica:



 "Como atributo demanial, consignado expresamente en el artículo 1º de la Ley No. 6043, la
inalienabilidad hace alusión a su no pertenencia al comercio de los hombres, es decir, que no pueden
ser enajenados, por ningún medio de derecho público o privado. No son reducibles al dominio
particular bajo ninguna forma. Véase en este sentido, el Voto No. 7-93 de la Sala Primera de la
Corte Suprema de Justicia, de 15 horas 5 minutos del 20 de enero de 1993.



 Derivación del anterior es la imprescriptibilidad de estos bienes. Al no ser susceptibles de
apropiación privada, nadie puede alegar válidamente prescripción positiva sobre los mismos a su
favor, no importa el tiempo que se hubieren ocupado. Ningún tipo de posesión es válida para reclamar
derechos de propiedad en ellos. Además del artículo 1º, el artículo 7º de la Ley No. 6043 desarrolla
este principio: "Los terrenos situados en la zona marítimo terrestre no pueden ser objeto de
informaciones posesorias y los particulares no podrán apropiarse de ellos ni legalizarlos a su
nombre, por éste u otro medio." (dictamen No. C- 100-95 de 10 de mayo de 1995).



    Y es que este reforzado amparo, si bien al inicio tuvo connotaciones de índole estratégico para
defensa, edificación de puertos, favorecimiento del desarrollo pesquero, entre otros, que aún se
mantienen, es claro que hoy en día halla su mayor justificación en el resguardo y debido uso de las
excepcionales riquezas naturales y escénicas que las islas encierran frente al acelerado desarrollo
en materia turística.




b) Las islas como zona marítimo terrestre



    A este punto, merece destacarse cómo la inclusión dentro del concepto de zona marítimo terrestre
afectó el territorio insular. Valga recordar, en primera instancia, que en términos generales la
zona marítimo terrestre en nuestro país, definida como la franja de doscientos metros de ancho,
tierra adentro, a todo lo largo de los litoriales Atlántico y Pacífico, medidos horizontalmente a
partir de la línea de pleamar ordinaria (artículo 9º, párrafo primero, de la Ley No. 6043), se
divide en dos zonas de terreno con diferente régimen jurídico.



    La primera, conocida como zona pública, está conformada por la faja de cincuenta metros de ancho
contigua a la línea de pleamar ordinaria (artículo 10 íbid) y está destinada al uso público y en
especial al libre tránsito de personas, por lo que no puede ser, salvo excepción de ley, objeto de
ocupación bajo ningún título ni en ningún caso (artículo 20 íbid).



    La otra, denominada zona restringida, abarca la franja de ciento cincuenta metros restantes
(artículo 10 íbid), y es susceptible de uso y disfrute por particulares a través del otorgamiento de
concesión por la Municipalidad respectiva y bajo el plazo y condiciones que la Ley No. 6043 estipula
(artículos 39, 40 y 41 íbid).



    Trayendo estas delimitaciones al caso de las islas, resulta interesante de observar que el
concepto de zona pública se mantiene igual, pero el de zona restringida se amplía a todo el
territorio insular (artículo 10 íbid), con lo que se reconoce la posibilidad de otorgar concesiones
en cualquier sitio de una isla, siempre y cuando se respete la faja de cincuenta metros destinada al
uso público, y por supuesto, se reúnan las condiciones y requisitos legales. Queda a salvo cualquier
área afecta también a un régimen demanial, como el caso de los manglares, que en la Ley No. 6043 son
tenidos como zona pública (artículo 11).



    En complemento de lo anterior, debe agregarse que los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y
formaciones naturales que sobresalgan del mar se elencan dentro de la definición de zona pública
(artículo 10, párrafo segundo, de la Ley No. 6043).



    Existen casos de islas sustraídas del régimen expuesto por vía de excepción, como la Isla del
Coco (parte del territorio nacional por disposición expresa del artículo 5º in fine de la
Constitución Política) que se encuentra bajo el dominio y posesión del Estado en categoría de Parque
Nacional (Decreto No. 8748 de 22 de junio de 1978, ratificado mediante Ley No. 6794 de 25 de agosto
de 1982) y "aquellas otras cuyo dominio o administración se determinan en la Ley No. 6043 o en leyes
especiales" (artículo 9º, párrafo segundo, Ley No. 6043).



    En ese orden de cosas, la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (artículo 78) conserva para la
Isla de San Lucas la situación jurídica anterior a su promulgación, rigiéndose por lo estipulado en
la Ley No. 5469 de 25 de abril de 1974, que traspasa la propiedad a la Municipalidad de Puntarenas
para su explotación como centro turístico, y los Decretos Nos. 16933 de 31 de marzo de 1986 y 19703
de 3 de mayo de 1990.



    Un ejemplo de trato singular por ley especial lo constituyen las islas Guayabo, Negritos y
Pájaros declaradas como Reservas Biológicas (Decretos Nos. 2858-A de 28 de febrero de 1973 y 5963-A
de 28 de abril de 1976, ratificadas por la Ley No. 6794 de 25 de agosto de 1982). Recuérdese que la
Ley No. 6043, artículo 73, excluye de su aplicación a las zonas marítimas terrestres incluidas en
los parques nacionales y reservas equivalentes, las que se rigen por su legislación respectiva.




c) Aprobación legislativa de concesiones



    Las islas en la Ley No. 6043 ostentan además un régimen reforzado de tutela al requerirse la
aprobación por parte de la Asamblea Legislativa para el otorgamiento de concesiones sobre ellas:



 "Artículo 37.- Ninguna municipalidad podrá autorizar proyectos de desarrollo turístico que ocupen
áreas de la zona declarada turística, sin previa aprobación del Instituto Costarricense de Turismo
mediante acuerdo de su Junta Directiva o sin autorización legislativa cuando se trate de islas o
islotes."



 "Artículo 42.- Las concesiones en las áreas turísticas requieren la aprobación del Instituto
Costarricense de Turismo. En las demás áreas de la zona marítimo terrestre la aprobación
corresponderá al Instituto de Desarrollo Agrario.



 Estos institutos no podrán denegar la aprobación, salvo que ésta viole la ley, lo que deberá
indicar expresamente, en forma razonada.



 Si la concesión se refiere a una isla o islote marítimos, o parte de las mismas, será necesaria la
aprobación de la Asamblea Legislativa."



    Al respecto, merece destacarse el hecho, tal y como lo señala el artículo recién transcrito, que
el trámite aprobatorio ante el Congreso es requerido siempre, independientemente si se trata de una
concesión sobre toda una isla o sólo sobre una parte de ella. En ese sentido, valga recordar lo
expresado en las actas de discusión parlamentaria del proyecto que dio lugar a la actual Ley No.
6043:



 "Debo reconocer con satisfacción que el dictamen que discutimos recoge una de las proposiciones
esenciales de nuestra fracción parlamentaria, la de prohibir definitivamente la venta de la zona
marítimo terrestre, y en cuanto se refiere a las islas, el dictamen de la Comisión de Asuntos
Jurídicos recogió nuestra demanda de que las islas parcial o totalmente, no podrán ser dadas en
arrendamiento sin autorización de la Cámara Legislativa." (Diputado Ferreto Segura, expediente
legislativo No. 7371, folio 1130)



 "Quiero recordar a los señores Diputados que el nuevo dictamen contempla el punto de vista
sustentado por nosotros en forma también reiterada para que se prohiba el arrendamiento de las islas
parcial o totalmente sin consentimiento legislativo..." (Ibid, folio 1178)




d) Análisis del concepto de islas en mar territorial



    Resulta de interés, finalmente, para este estudio detenerse un momento en la interpretación del
artículo 9º, párrafo segundo, de la Ley No. 6043, en cuyo texto se señala que "para todos los
efectos legales, la zona marítimo terrestre comprende las islas, islotes y peñascos marítimos, así
como toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel del océano dentro del mar territorial
de la República".



    En el artículo 6º, párrafo primero, de nuestra Constitución Política encontramos una primera
definición de mar territorial:



 "El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus
aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de
sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del
Derecho Internacional."



    Siguiendo este mismo criterio, el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
suscrito en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982 y aprobado mediante Ley No. 7291 de 23 de marzo
de 1992, prescribe en su artículo 5º que:



 "Salvo disposición en contrario de esta Convención, la línea de base normal para medir la anchura
del mar territorial es la línea de bajamar a lo largo de la costa, tal como aparece marcada mediante
el signo apropiado en cartas a gran escala reconocidas oficialmente por el Estado ribereño."




   Más adelante, en su artículo 7º, el Convenio establece el sistema de líneas de base rectas:



 "1.- En los lugares en que la costa tenga profundas aberturas y escotaduras o en los que haya una
franja de islas a lo largo de la costa situada en su proximidad inmediata, puede adoptarse, como
método para trazar la línea de base desde la que ha de medirse el mar territorial, el de líneas de
base rectas que unan los puntos apropiados."



    Por último, el artículo 8º íbid, aparte primero, define como parte de las aguas interiores del
Estado las aguas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial.



    Nuestro país, según Decreto No. 18581-RE de 14 de octubre de 1988, fijó sus líneas de base por
el Océano Pacífico, para delimitar la anchura de las aguas territoriales, siguiendo ambos sistemas.
De acuerdo con el método de línea de base normal se demarcaron dos sectores: de Punta San Francisco,
también conocida como Madero, a Punta Guiones, y de Punta Llorona hasta Punta Salsipuedes.



    Conforme al criterio de líneas de base rectas, desde un punto coincidente con el extremo sur de
la línea que cierra la Boca de Bahía de Salinas, determinada dicha línea por el Laudo Cleveland, se
trazan sucesivas líneas pasando por los siguientes puntos: Punta Descartes, Punta Blanca, Punta
Santa Elena, el islote más al oeste de las Islas Murciélago, Cabo Velas o Morro Hermoso y Punta San
Francisco. Luego, de Punta Guiones, se sigue el mismo método de trazado desde Isla Cabo Blanco en su
extremo suroeste al mismo extremo de la Isla del Caño y de éste a Punta Llorona en la Península de
Osa; para terminar con una línea recta entre Punta Salsipuedes hasta el extremo sur del límite
internacional con Panamá en Punta Burica.



    El artículo 3º del citado Decreto ratifica que las aguas situadas en el interior de las líneas
de base rectas indicadas forman parte de las aguas interiores de la República.



    La precedente normativa podría llevarnos a la confusión de pensar que estando la mayor parte de
nuestras islas, por el lado del Océano Pacífico, hacia el interior de las líneas de base rectas
trazadas, es decir, dentro de aguas interiores, no les son aplicables el concepto de zona marítimo
terrestre por encontrarse éste limitado, según el artículo 9º de la Ley No. 6043, a las islas
ubicadas "dentro del mar territorial de la República".



    Esta interpretación es definitivamente errónea, ya que al momento en que entra en vigencia la
Ley No. 6043 estaba lejos de promulgarse el Decreto No. 18581-RE, y la normativa existente a ese
momento tomaría como línea de base para fijar el límite interior del mar territorial la línea de
bajamar a lo largo de la costa (artículo 6º, párrafo primero, de nuestra Constitución Política y
artículos 3, 4 y 5 del Convenio sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, firmado en Ginebra el
29 de abril de 1958, aprobado por Ley No. 5031 de 27 de julio de 1972).



    A mayor abundamiento sobre este punto, conviene remitirse de nuevo a las actas del expediente
legislativo No. 7371, donde queda patente la preocupación de los señores Diputados por proteger
jurídicamente a las islas, y en ese respecto, son de continua cita las islas del Golfo de Nicoya
(véanse folios 305, 342, 369, 1130, 1410, etc.), por lo que no podría desvirtuarse esa intención
legislativa de resguardarlas simplemente porque un Decreto (el No. 18581- RE), al trazar las líneas
rectas de base, las situó en aguas interiores, fuera del mar territorial.



    De acuerdo, pues, a este razonamiento se debe concluir, para ser fiel al espíritu del legislador
y conforme a los principios de interpretación estatuidos en el Código Civil (artículo 10), que las
islas marítimas y otras formaciones a que se refiere el artículo 9º, párrafo segundo, de la Ley No.
6043 son las que al momento de promulgarse esta Ley se encontraban ubicadas dentro del mar
territorial, conforme a la legislación vigente a ese entonces.



    Por último, me permito indicar que del presente pronunciamiento se está enviado copia a todas
las Municipalidades del país con jurisdicción en la zona marítimo terrestre a fin de que sea tomado
en cuenta en los trámites para otorgamiento de concesiones.




De ustedes, atentamente




Lic. Víctor F. Bulgarelli Céspedes




PROCURADOR ADJUNTO




VBC/




c.c. Licda. Ana Catalina Brenes Loaiza




Jefe Departamento de Concesiones




Instituto Costarricense de Turismo




Municipalidades del país con administración de zona marítimo terrestre

Legal Opinion: 108 of 01/07/1996  

C-108-96

July 1, 1996

Gentlemen
Municipal Council of Puntarenas
Puntarenas

Dear Sirs:

With the approval of the Assistant Attorney General, I refer to the note signed by the Municipal Secretary, transcribing an agreement of that Council, taken in ordinary session No. 158 of June 14, 1995, article 1, subsection k, by which it requests our intervention to investigate in the Municipal Department of Leases alleged irregularities in the processing of case files for concession over the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre).

In this regard, I would like to indicate that if the presence of possible anomalies in the process for granting concessions is verified, that Council must proceed to adjust the administrative action to the rule of law (bloque de legalidad), subjecting private parties to compliance with legal requirements or seeking the nullity of those acts in which the existence of defects in the procedures is detected. This duty is inherent to the municipal entity as administrator of the maritime-terrestrial zone and guarantor of local interests, without requiring the intervention of other public bodies to make it effective, such as, in this case, the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República).

This Institution has seen its staff, both professional and support, substantially reduced in recent months, due to significant budget cuts, public employment directives, and acceptance of the voluntary mobility program. The foregoing, together with an expansion in the number of its legal attributions, has resulted in an overload of our work, making it impossible to carry out tasks such as the one proposed by you, which in any case, we insist, is a municipal responsibility.

However, if doubts arise in the legal analysis of the case files by that Municipality, our technical-legal opinion may be requested through a formal consultation, endeavoring to observe its own formalities (article 4 of our Organic Law—Ley Orgánica); without discarding the possibility of advice by our officials or complaints in specific cases.

Without prejudice to the foregoing, and noting that the main "procedural errors" in the processing of case files, as inferred from the transcribed agreement, are due to a lack of clarity regarding the legal regime applicable to the islands and the order of priority in the granting of concessions when there are several applications for the same sector, we have deemed it opportune to express some considerations on these two topics, so that they may be taken into account when assessing the questioned case files and other future analogous situations.

I.- ANALYSIS OF ARTICLE 44 OF LAW No. 6043

Article 44 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre), No. 6043 of March 2, 1977, is framed within chapter VI, dedicated to the restricted zone (zona restringida) and its concessions.

As is known, as a general rule, and except for exceptional cases in the Law, only in the restricted zone (normally the strip of one hundred and fifty meters wide adjacent to the public zone of free transit—zona pública) can concessions relating to the maritime-terrestrial zone be granted (article 39 ibid).

The prevalence for the granting of concessions, when there are several private interests over the same area of land, has caused municipal corporations, the only entities with competence to do so (article 40 ibid), no few difficulties.

Article 44 of Law No. 6043 is the legal rule that must govern to adequately address these situations:

"Article 44.- Concessions shall be granted in accordance with the principle that first in time is first in right. However, the regulation to this law may establish an order of priorities based on the nature of the exploitation and its greater public convenience; but under equal conditions, preference shall be given to the occupant of the land who has possessed it quietly, publicly, and peacefully in a continuous manner."

As can be seen, this article establishes a general principle by which the Municipalities must be governed when deciding on the granting of concessions, which is to give priority to the person who has submitted the application prior to any other. Therefore, it is of utmost importance that the corresponding municipal Office record the time and date on which concession applications are received.

Now, it is not sufficient that an application was submitted first in time to proceed with the granting; it is also necessary that all requirements, both subjective and objective, established by Law No. 6043 and its Regulation, No. 7841-P of December 16, 1977, are met, primarily, the conformity of what is requested with the zoning plan (planificación de la zona).

This last precondition is basic if one wishes to adjust the Administration's conduct to the legal framework, and even more so, to the legislative will for the land-use planning (ordenamiento territorial) of the maritime-terrestrial zone, the main purpose underlying the set of provisions that make up Law No. 6043.

Indeed, by requiring prior planning for the granting of concessions, the legislator pursues the realization of an orderly growth process for the different coastal zones in a specific manner, using the regulatory plan (plan regulador) as a legal instrument.

Once the applications that conform to the sectoral planning have been determined, the Regulation to Law No. 6043, based on the text of article 44 thereof, which delegates to it the power to "establish an order of priorities based on the nature of the exploitation and greater public convenience," lists two inverse orders of priority, depending on whether the zone is declared as touristic or non-touristic:

"Article 57.- Concessions shall be granted in accordance with the principle that first in time is first in right. However, when applications for different uses that conform to the guidelines of the development plan for the zone are submitted for the same land, the concession shall be granted according to the following order of priorities:

a. In zones declared as touristic, the following shall have priority:

1.- Tourism activities declared as such by the ICT.
2.- Recreational and sports activities.
3.- Residential use.
4.- Commercial and artisanal activities.
5.- Agricultural, non-sport fishing, or industrial exploitations.

b. In zones declared as non-touristic, the order of priorities shall be as follows:

1.- Agricultural, non-sport fishing, or industrial exploitations.
2.- Residential use.
3.- Commercial and artisanal activities.
4.- Recreational and sports exploitations.
5.- Tourism exploitations. (...)"

Once this point is reached, if two or more applications with preferred use and in accordance with the zoning plan persist, priority in the granting must be given to the so-called occupant. This is what article 44 of Law No. 6043 refers to when it states that "under equal conditions, preference shall be given to the occupant of the land who has possessed it quietly, publicly, and peacefully in a continuous manner."

The interpretation that the term "under equal conditions" refers to the simultaneous presentation (at the same time) by two or more private parties of applications over the same sector of the maritime-terrestrial zone must be discarded, as it is practically impossible for this to happen in practice, and, therefore, that the legislator would have deemed it opportune to regulate such a restricted hypothesis.

Regarding the figure of the occupant, it is opportune to indicate that legal opinion No. C-157-95 of July 7, 1995, extensively detailed this category. For this analysis, it suffices only to remember that it refers to that person who did not have a lease contract when Law No. 6043 came into force and who is still occupying the maritime-terrestrial zone in the same site. It is reiterated, also, that the status of occupant is not transferable:

"The perspective has been lost that this status is not capable of being transmitted. As already stated, Law No. 6043 has decided to exceptionally favor persons who qualify as settlers (pobladores) and occupants with a regime that departs from the common one for the maritime-terrestrial zone.
Its objective is not, in any way, that third parties, totally alien to the peculiar characteristics of those, could continue into the future in the same situation.
Just as it is evident that no one can come to substitute the settler, insofar as the latter meets certain characteristics that make them particular, which were taken into account to legislate in their favor, likewise the occupant is considered as such only by reason of their special circumstances. It is not possible to apply the same prerogatives to third persons, since the interests that motivated their creation have ceased to exist." (legal opinion No. C-157-95)

Therefore, it should not be lost sight of that the occupant has a right of priority in the granting of concessions, even above the person who submitted their application first in time, only if they meet the legal and regulatory requirements, and, above all, if the requested use conforms to the zoning plan and is preferred within the categorization of article 57 of the Regulation.

At this point, if there is no occupant, proceedings shall be in accordance with the general principle of first in time, first in right (articles 44 of Law No. 6043, and 57 and 75, fourth paragraph, of its Regulation).

In summary, when assessing different applications for the same land in the maritime-terrestrial zone, it must first be verified that all requirements, both subjective and objective, established by Law No. 6043 and its Regulation are met, emphasizing conformity with the zoning plan. Once the foregoing is verified, the order of priority by activities set forth in article 57 of the Regulation must be followed. If several applications with the same preferred use still exist, the concession must be granted to the occupant of the land, who must meet the characteristics assigned to them by the Law. Finally, if there is no occupant, the generic rule of first in time is first in right shall apply.

Lastly, the mere submission of an application for land in the maritime-terrestrial zone does not legitimize anyone to remain on it while it is being resolved or while a regulatory plan is being prepared (pronouncement No. C-100-95 of May 10, 1995), a criterion shared by our Constitutional Chamber (Sala Constitucional):

"The appellant seeks to derive rights from a simple concession application that has not been resolved on the merits, and the Municipality of Puntarenas is correct, transcribing the opinion of the Office of the Attorney General of the Republic, in the sense that a simple application does not confer any right to immediately occupy the property, and if that has precisely been done, the law regulating this matter has been violated" (Voto No. 2658-93 of 8 hours 54 minutes of June 11, 1993).

II.- LEGAL FRAMEWORK OF MARITIME ISLANDS

a) Historical-legal situation

By maritime island we can understand "a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide" (article 10, first paragraph, of the Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, signed in Geneva on April 29, 1958; and article 121, first paragraph, of the United Nations Convention on the Law of the Sea, signed in Montego Bay on December 10, 1982), in order to differentiate it from those located within continental territory ("islands that form in the beds of lakes, lagoons, or estuaries or in the channels of nationally-owned watercourses, provided they do not originate from a bifurcation of the river on privately-owned land"; article 3, subsection VI, of the Water Law (Ley de Aguas), No. 276 of August 27, 1942).

The islands, like the land strip adjacent to the coastline, have enjoyed legal protection in our country for a long time, even from the preceding century.

Already in our century, there are several legal bodies that have safeguarded these important areas of the national heritage. Decree Law No. 11 of November 22, 1905 clearly reveals their legal destiny:

"Article 1.- The lands of the islands located in both seas, gulfs, and bays within the jurisdiction of the Republic are declared inalienable."

This Decree was in turn approved by Decree No. 17 of May 29, 1906, expressly stating that it was issued to establish "special prescriptions in order to maintain the islands under the absolute dominion of the State."

Law No. 60 of August 13, 1914, for its part, includes the islands within a list of lands in the Gulf of Nicoya sector that under no circumstances may be sold.

In 1939, through the General Law on Baldíos Lands (Ley General sobre Terrenos Baldíos), No. 13 of January 10, the inalienability of insular lands is reaffirmed, establishing in its article 7 that "the lands of the islands may also not be alienated."

Upon the issuance of the new Water Law, No. 276 of August 27, 1942, the legislator once again records its will to remove the islands from private dominion (it had already done so in the previous Water Law, No. 11 of May 25, 1884, article 33):

"Article 3.- The following are equally national property:
VI.- Islands that form in the territorial seas, in the beds of lakes, lagoons, or estuaries or in the channels of nationally-owned watercourses, provided they do not originate from a bifurcation of the river on privately-owned land."

"Article 75.- Islands already formed or that may form in the maritime zone or in the navigable part of rivers and in rias and mouths are State property. (...)"

It is also worth mentioning as an additional fact that Decree-Law No. 116 of July 27, 1948, amended by Decree No. 803 of November 2, 1949, "confirms and proclaims National Sovereignty over the entire submarine platform or continental and insular shelf adjacent to the continental and insular coasts of the national territory, whatever the depth at which it may be, reaffirming the inalienable right of the Nation to all natural riches that exist on, in, or under said shelf or platform."

In the sixties, the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización), No. 2825 of October 14, 1961, taking up part of the enumeration of public domain assets from the General Law on Baldíos Lands, reiterates the public domain protection (tutela demanial) for the islands in article 7, subsection c), by declaring them inalienable and not susceptible to acquisition by denouncement or possession.

Finally, Law No. 6043 of March 2, 1977, in a novel way, includes the islands within the concept of the maritime-terrestrial zone, always safeguarding the public domain regime:

"Article 9.- (...)
For all legal effects, the maritime-terrestrial zone comprises maritime islands, islets, and rocks (islotes y peñascos marítimos), as well as all land or natural formation that protrudes from the ocean level within the territorial sea of the Republic.
Cocos Island (Isla del Coco) is excepted, which shall be under the direct dominion and possession of the State, and those other islands whose dominion or administration are determined in this law or in special laws."

"Article 1.- The maritime-terrestrial zone constitutes part of the national heritage, belongs to the State, and is inalienable and imprescriptible. Its protection, as well as that of its natural resources, is an obligation of the State, its institutions, and all the inhabitants of the country. Its use and exploitation are subject to the provisions of this law."

All these provisions coincide in cloaking insular lands with public domain character (carácter demanial), and, therefore, benefit them with their special legal protection:

"As a public domain attribute, expressly recorded in article 1 of Law No. 6043, inalienability alludes to its non-belonging to the commerce of men, that is, they cannot be alienated, by any means of public or private law. They are not reducible to private dominion under any form. See in this regard, Voto No. 7-93 of the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice (Corte Suprema de Justicia), of 15 hours 5 minutes of January 20, 1993.
Deriving from the foregoing is the imprescriptibility of these assets. Not being susceptible to private appropriation, no one can validly claim adverse possession (prescripción positiva) over them in their favor, regardless of the time they may have been occupied. No type of possession is valid to claim property rights over them. In addition to article 1, article 7 of Law No. 6043 develops this principle: 'Lands located in the maritime-terrestrial zone cannot be the subject of possessory information proceedings (informaciones posesorias) and private parties may not appropriate them nor legalize them in their name, by this or any other means.'" (legal opinion No. C-100-95 of May 10, 1995).

And it is that this reinforced protection, although initially it had strategic connotations for defense, port construction, favoring fishing development, among others, which still remain, it is clear that today it finds its greatest justification in the safeguarding and proper use of the exceptional natural and scenic riches that the islands contain, in the face of accelerated development in tourism matters.

b) The islands as maritime-terrestrial zone

At this point, it is worth highlighting how the inclusion within the concept of maritime-terrestrial zone affected the insular territory. It is worth recalling, in the first instance, that in general terms, the maritime-terrestrial zone in our country, defined as the strip of two hundred meters wide, inland, along the entire length of the Atlantic and Pacific coastlines, measured horizontally from the ordinary high tide line (línea de pleamar ordinaria) (article 9, first paragraph, of Law No. 6043), is divided into two zones of land with different legal regimes.

The first, known as the public zone, is made up of the strip of fifty meters wide adjacent to the ordinary high tide line (article 10 ibid) and is destined for public use and especially for the free transit of persons, so it cannot be, except by exception of law, the object of occupation under any title or in any case (article 20 ibid).

The other, called the restricted zone, covers the remaining strip of one hundred and fifty meters (article 10 ibid), and is susceptible to use and enjoyment by private parties through the granting of a concession by the respective Municipality under the term and conditions stipulated by Law No. 6043 (articles 39, 40 and 41 ibid).

Bringing these delimitations to the case of the islands, it is interesting to observe that the concept of the public zone remains the same, but that of the restricted zone is expanded to all the insular territory (article 10 ibid), thereby recognizing the possibility of granting concessions in any location on an island, provided that the fifty-meter strip destined for public use is respected, and of course, the legal conditions and requirements are met. Any area also subject to a public domain regime is exempt, such as the case of mangroves, which in Law No. 6043 are considered as public zone (article 11).

In complement to the foregoing, it must be added that islets, rocks, and other small areas and natural formations that protrude from the sea are listed within the definition of the public zone (article 10, second paragraph, of Law No. 6043).

There are cases of islands removed from the exposed regime by way of exception, such as Cocos Island (part of the national territory by express provision of article 5 in fine of the Political Constitution—Constitución Política) which is under the dominion and possession of the State in the category of National Park (Decree No. 8748 of June 22, 1978, ratified by Law No. 6794 of August 25, 1982) and "those others whose dominion or administration are determined in Law No. 6043 or in special laws" (article 9, second paragraph, Law No. 6043).

In that order of things, the Law on the Maritime-Terrestrial Zone (article 78) preserves for San Lucas Island (Isla de San Lucas) the legal situation prior to its enactment, being governed by what is stipulated in Law No. 5469 of April 25, 1974, which transfers ownership to the Municipality of Puntarenas for its exploitation as a tourist center, and Decrees Nos. 16933 of March 31, 1986 and 19703 of May 3, 1990.

An example of singular treatment by special law is constituted by the Guayabo, Negritos, and Pájaros Islands declared as Biological Reserves (Decrees Nos. 2858-A of February 28, 1973 and 5963-A of April 28, 1976, ratified by Law No. 6794 of August 25, 1982). It should be remembered that Law No. 6043, article 73, excludes from its application the maritime-terrestrial zones included in national parks and equivalent reserves, which are governed by their respective legislation.

c) Legislative approval of concessions

The islands in Law No. 6043 also possess a reinforced protection regime by requiring approval by the Legislative Assembly for the granting of concessions over them:

"Article 37.- No municipality may authorize tourism development projects that occupy areas of the zone declared touristic, without prior approval of the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo) by agreement of its Board of Directors or without legislative authorization when it concerns islands or islets."

"Article 42.- Concessions in tourist areas require the approval of the Costa Rican Tourism Institute. In the other areas of the maritime-terrestrial zone, the approval shall correspond to the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario).
These institutes may not deny approval, unless it violates the law, which they shall expressly indicate, in a reasoned manner.
If the concession refers to a maritime island or islet, or part thereof, the approval of the Legislative Assembly shall be necessary."

In this regard, it is worth highlighting the fact, as indicated by the article just transcribed, that the approval process before Congress is always required, regardless of whether it concerns a concession over an entire island or only over a part of it. In that sense, it is worth recalling what was expressed in the records of parliamentary discussion of the bill that gave rise to the current Law No. 6043:

"I must acknowledge with satisfaction that the opinion we are discussing incorporates one of the essential propositions of our parliamentary fraction, that of definitively prohibiting the sale of the maritime-terrestrial zone, and regarding the islands, the opinion of the Committee on Legal Affairs (Comisión de Asuntos Jurídicos) incorporated our demand that the islands, partially or totally, may not be leased without authorization from the Legislative Chamber." (Deputy Ferreto Segura, legislative file No. 7371, folio 1130)

"I want to remind the Deputies that the new opinion contemplates the point of view sustained by us also repeatedly so that the leasing of islands partially or totally without legislative consent is prohibited..." (Ibid, folio 1178)

d) Analysis of the concept of islands in the territorial sea

Finally, it is of interest for this study to pause for a moment on the interpretation of article 9, second paragraph, of Law No. 6043, whose text states that "for all legal effects, the maritime-terrestrial zone comprises maritime islands, islets, and rocks, as well as all land or natural formation that protrudes from the ocean level within the territorial sea of the Republic."

In article 6, first paragraph, of our Political Constitution we find a first definition of territorial sea:

"The State exercises complete and exclusive sovereignty over the airspace of its territory, over its territorial waters within a distance of twelve miles from the low-water line along its coasts, over its continental shelf, and over its insular shelf in accordance with the principles of International Law."

Following this same criterion, the United Nations Convention on the Law of the Sea, signed in Montego Bay on December 10, 1982, and approved by Law No. 7291 of March 23, 1992, prescribes in its article 5 that:

"Except as otherwise provided in this Convention, the normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal State."

Further on, in its article 7, the Convention establishes the system of straight baselines:

"1. In localities where the coastline is deeply indented and cut into, or if there is a fringe of islands along the coast in its immediate vicinity, the method of straight baselines joining appropriate points may be employed in drawing the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured."

Finally, article 8 ibid, first part, defines as part of the internal waters of the State the waters on the landward side of the baseline of the territorial sea.

Our country, according to Decree No. 18581-RE of October 14, 1988, established its baselines for the Pacific Ocean, to delimit the breadth of the territorial waters, following both systems. According to the normal baseline method, two sectors were demarcated: from Punta San Francisco, also known as Madero, to Punta Guiones, and from Punta Llorona to Punta Salsipuedes.

In accordance with the straight baselines criterion, from a point coinciding with the southern end of the line closing the Mouth of Salinas Bay (Boca de Bahía de Salinas), said line being determined by the Cleveland Award, successive lines are drawn passing through the following points: Punta Descartes, Punta Blanca, Punta Santa Elena, the westernmost islet of the Murciélago Islands, Cabo Velas or Morro Hermoso, and Punta San Francisco. Then, from Punta Guiones, the same drawing method is followed from Cabo Blanco Island at its southwestern end to the same end of Caño Island and from this to Punta Llorona on the Osa Peninsula; to end with a straight line between Punta Salsipuedes to the southern end of the international limit with Panama at Punta Burica.

Article 3 of the cited Decree ratifies that the waters on the landward side of the indicated straight baselines form part of the internal waters of the Republic.

The preceding regulations could lead us to the confusion of thinking that since most of our islands, on the Pacific Ocean side, are located inward of the drawn straight baselines, that is, within internal waters, the concept of the maritime-terrestrial zone is not applicable to them, as this is limited, according to article 9 of Law No. 6043, to the islands located "within the territorial sea of the Republic."

This interpretation is definitively erroneous, since at the time Law No. 6043 came into force, Decree No. 18581-RE was far from being enacted, and the regulations existing at that time would take the low-water line along the coast as the baseline to establish the inner limit of the territorial sea (article 6, first paragraph, of our Political Constitution and articles 3, 4, and 5 of the Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, signed in Geneva on April 29, 1958, approved by Law No. 5031 of July 27, 1972).

To further elaborate on this point, it is advisable to refer again to the records of legislative file No. 7371, where the concern of the Deputies to legally protect the islands is evident, and in that respect, the islands of the Gulf of Nicoya are continually cited (see folios 305, 342, 369, 1130, 1410, etc.), so that legislative intention to safeguard them could not be distorted simply because a Decree (No. 18581-RE), when drawing the straight baselines, placed them in internal waters, outside the territorial sea.

In accordance, then, with this reasoning, it must be concluded, to be faithful to the spirit of the legislator and in accordance with the principles of interpretation established in the Civil Code (Código Civil) (article 10), that the maritime islands and other formations referred to in article 9, second paragraph, of Law No. 6043 are those that at the time this Law was enacted were located within the territorial sea, according to the legislation in force at that time.

Finally, I would like to indicate that a copy of this pronouncement is being sent to all the Municipalities of the country with jurisdiction over the maritime-terrestrial zone so that it may be taken into account in the procedures for granting concessions.

Sincerely yours,

Lic. Víctor F. Bulgarelli Céspedes
ASSISTANT ATTORNEY GENERAL
VBC/

c.c. Licda. Ana Catalina Brenes Loaiza
Head of Concessions Department
Costa Rican Tourism Institute
Municipalities of the country with administration of maritime-terrestrial zone