OJ-132-2003 — Creation of environmental criminal jurisdiction and judge requirementsCreación de la jurisdicción penal ambiental y requisitos de los jueces

Opinión Jurídica : 132 - J   del 04/08/2003   


OJ-132-2003
4 de Agosto de 2003.
 
 
Licenciado
Federico Vargas Ulloa
Presidente
Comisión Asuntos Jurídicos
Asamblea Legislativa
S. D.

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, doy respuesta a su nota Nº CJ-37-07-03 de 21
de julio de 2003, mediante la cual se consulta nuestro criterio respecto al proyecto de "Ley de
Jurisdicción Penal Ambiental, Expediente No. 14.899".

Como colaboración con la Asamblea Legislativa, nos permitimos atender la consulta planteada, a
través de la presente Opinión Jurídica, que como tal, carece de efectos vinculantes y en
consecuencia me permito manifestarle lo siguiente:

CUESTION PRELIMINAR.

De la exposición de motivos del citado proyecto, queda claro que lo pretendido es el fortalecimiento
y especialización de los órganos que imparten la justicia penal en materia ambiental. Sobre todo por
cuanto "los tribunales penales tienen un rol importante en la defensa de la sobrevivencia y calidad
de la vida, señalando a los responsables por el daño ecológico y sancionando sus conductas".

Se indica además que la defensa del medio ambiente necesita de una formación en valores más
profundos que los que inspiran al juez penal ordinario. "Ante prácticas individualistas y agresivas
contra el medio ambiente, es preciso contraponer a jueces formados en una ética basada en la
solidaridad y en una

sensibilidad que les permitan tratar de una manera adecuada los problemas que son comunes a la
humanidad, que van más allá de la lesión a bienes jurídicos particulares. Con una formación que le
permita comprender que cuando se dicta una resolución atinente a un problema ecológico, están de por
medio valores universales.".

Compartimos plenamente los anteriores argumentos, pues hemos palpado directamente la carencia de
este tipo de valores en algunos, por suerte pocos, jueces penales encargados de resolver asuntos en
donde está de por medio la afectación directa al ambiente; al punto de que en una oportunidad se le
reclamaba en una audiencia a este Representante del Estado, nuestra vehemencia en la defensa de los
intereses ecológicos, y se nos indicaba que no había razón para tal defensa pues no estábamos
resolviendo un delito contra la propiedad o contra la vida, que la causa trataba de un simple delito
contra el ambiente. Igualmente, no son pocas las aplicaciones de Criterios de Oportunidad - conforme
al inciso a) del artículo 22 del Código Procesal Penal -, por insignificancia del hecho, en
denuncias planteadas por infracción a leyes ambientales.

Es por la vivencia diaria en nuestro quehacer laboral, que podemos afirmar la necesidad de contar
con una ley como la propuesta, que crea una Jurisdicción Penal Ambiental, a efectos de que se brinde
una tutela efectiva del ambiente al que todos los costarricenses tenemos derecho.

ANALISIS DEL PROYECTO

1.- La primera observación sobre este proyecto, nace en la enumeración que establece el artículo 2
respecto a los delitos que serán conocidos en esta nueva jurisdicción. Señala este artículo:

"Artículo 2.- Esta jurisdicción conocerá de todos aquellos delitos que se establecen en la Ley de
Pesca y Caza Marítimos, Ley de la Zona Marítimo Terrestre No. 6043; Ley de Conservación de la Vida
Silvestre No. 7317; Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 7779; Ley de Aguas No. 276; Ley
de Protección Fitosanitaria No. 7664; Ley Forestal No. 7575 y cualquier otro delito destinado a
tutelar conductas lesivas a la flora, fauna, agua y suelo, cuando así lo disponga la ley o la Corte
Plena."

No obstante que de esta disposición se desprende que la enumeración de leyes que se hace no es
exhaustiva, en ella se omiten algunos cuerpos legales vigentes que contienen delitos contra el
ambiente, por ejemplo el Código de Minería No. 6797 y la Ley de Conservación y Recuperación de las
Poblaciones de Tortugas Marinas No.8325; situación que en alguna medida tiende a dejar las leyes no
indicadas, fuera del ámbito de aplicación de la nueva disposición. Por ello consideramos que debería
suprimirse esa enumeración y sustituirla por el término genérico de delitos contra el ambiente.

La observación anterior también es válida para los bienes que se protegen con esta normativa (según
el mismo numeral la flora, fauna, agua y suelo), ya que no se incluye dentro de ellos algunos tan
importantes, como el aire, la belleza escénica o las recursos energéticos.

Acorde con lo señalado, este artículo podría ser redactado de la siguiente forma:

"Artículo 2.- Esta jurisdicción conocerá de todos aquellos delitos que afecten el derecho de los
ciudadanos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, cuando así lo disponga la ley o la Corte
Plena."

2.- Una de las más importantes innovaciones del proyecto es la modificación a la estructura de los
tribunales colegiados que conocerán de la materia, a fin de permitir que uno de sus integrantes
tenga formación académica diversa a la usual del abogado.

Establece el artículo 4) del proyecto lo siguiente:

" Artículo 4.- Para ser integrante de los tribunales penales y de Casación Penal se deberá reunir
los requisitos que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, no obstante, uno de los miembros
deberá poseer título académico en disciplinas afines a la materia que conoce de la Jurisdicción
Penal Ambiental. En tal supuesto no se exigirá la condición de abogado. Los abogados que
adicionalmente ostenten títulos académico en una disciplina afín a la materia de la Jurisdicción
Penal Ambiental podrán ocupar el puesto escabino indicado."

Como puede verse, se plantea en esta norma la creación de un tipo de tribunal de jurado, compuesto
por jueces profesionales y ciudadanos legos en derecho, quienes tendrán a cargo el juzgamiento de
los delitos cometidos contra el ambiente.

Si bien es cierto, la intención de que quienes impartan justicia en materia penal ambiental deban
ser jueces especialistas en la materia y con un alto grado de conciencia del tema, esta pretensión,
consideramos, no puede llevar a establecer este tipo de tribunal escabinado, pues en última
instancia, de lo que se trata, no solamente

es tutelar el medio ambiente, sino de afectar un derecho fundamental como es la libertad de los
ciudadanos, mediante la prisión ya sea preventiva o condenatoria, lo cual no puede estar, a nuestro
criterio, en manos de personas legas en derecho.

Recordemos que las denuncias por delitos cometidos en contra del ambiente, deben ser resueltas con
base en el derecho, y no por conciencia, razón por la cual los miembros integrantes de los
tribunales y Sala de Casación encargados de conocer este tipo de delitos, deben conocer de la
materia, deben interpretar el derecho y aplicarlo. De tal manera que como una garantía fundamental
para el ciudadano juzgado, deberá tenerse en cuenta que si se le juzga con base en el derecho, el
juez natural debe ser un juez de derecho, pues las resoluciones que se emitan serán conforme a la
ley.

Así las cosas, consideramos que la idea de crear este tipo de tribunal con ciudadanos legos en
derecho, no es conforme a nuestro sistema de justicia penal; no obstante, sí estamos plenamente de
acuerdo en que, tal y como dice el artículo 4) citado, uno de los miembros de los tribunales penales
y de Casación Penal deberá poseer título académico en disciplinas afines a la materia que conoce de
la Jurisdicción Penal Ambiental. Con este requisito, a nuestro criterio, se garantiza que las
resoluciones tomadas por los jueces, estarán acordes con la protección del ambiente.

Precisamente con la oferta de especialización en materia ambiental con que cuenta nuestro país, no
sólo en la Universidad de Costa Rica, sino en otros centros de enseñanza superior tanto estatales
como privados, no se hace difícil encontrar abogados especialistas en la materia que conocerá la
jurisdicción que crea el proyecto de ley que analizamos, con la garantía de que además de ser jueces
conocedores del derecho, tendrán preparación académica en materia ambiental. En todo caso, y a
efecto de garantizar una resolución que permita una adecuada protección al ambiente, se debe
recordar que dentro del proceso penal, está la posibilidad de contar con peritos y consultores
especialistas en materia ambiental que puedan venir a aclarar cualquier duda que sobre el tema tenga
el juzgador.

La necesidad de contar con jueces de amplia conciencia ambiental se da sobre todo en las instancias
judiciales inferiores, por cuanto son los juzgados, generalmente unipersonales - en virtud del monto
de la pena que tienen la mayoría de los delitos cometidos en contra del ambiente -, los que son más
propensos a desproteger con sus resoluciones el ambiente. Por el contrario, en las instancias
superiores, especialmente en materia de Casación, las resoluciones emitidas en la mayor parte de los
asuntos, están dirigidas a proteger ese derecho constitucional, tal y como

recientemente se ha estado pronunciando el Tribunal de Casación Penal en materia de protección del
bosque y en general de los recursos naturales, llegando incluso a demandar del Estado una actitud
más agresiva en materia de irreductibilidad del bosque.

Finalmente, hemos de señalar en cuanto a este tema, y de acuerdo con la redacción propuesta en el
artículo 4), sobre la posibilidad de que la Sala de Casación Penal esté integrada por una persona
que no sea abogada; la misma devendría evidentemente en inconstitucional, pues el artículo 159
inciso 5) de la Carta Magna establece como requisito para ser magistrado, poseer el título de
abogado, expedido o legalmente reconocido en Costa Rica, y haber ejercido la profesión durante diez
años por los menos.

Así las cosas, se sugiere que el texto del artículo 4) sea solamente el siguiente:

" Artículo 4.- Para ser integrante de los tribunales penales y de Casación Penal se deberá reunir
los requisitos que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, no obstante, uno de los miembros
deberá poseer título académico en disciplinas afines a la materia que conoce de la Jurisdicción
Penal Ambiental.".

3.- También es necesario referirnos al contenido del artículo 5, que señala:

"Artículo 5.- Tendrán capacidad procesal para ser parte, ante la Jurisdicción Penal Ambiental:

La Procuraduría General de la República
El Ministerio Público."

En esta disposición sería conveniente invertir el orden en que están ubicados los entes que son
parte dentro de este tipo de procedimientos, con la finalidad de que aparezca en primer lugar el
Ministerio Público; esto en razón de que la legislación procesal penal establece el principio
(artículos 16 y 62 del Código Procesal Penal) de que el Ministerio Público es el Órgano encargado de
ejercer la acción penal pública, mientras a la Procuraduría General de la República le corresponde
ejercer esa función en forma complementaria y para únicamente cierto tipo de delitos.

4.- Nuestra última observación está referida al contenido del artículo 6 de este Proyecto de Ley.
Dicho numeral dispone:

"Artículo 6.- Están legitimados para presentar denuncia por causa de los delitos que se señalan en
el artículo 2, toda persona que pueda invocar el legítimo

derecho a un ambiente sano y equilibrado, y los consumidores y usuarios en los términos indicados
por el artículo 4 de la Constitución Política".

En relación con esta norma, debe señalarse en primera instancia que el numeral constitucional al que
hace referencia no es el artículo 4 sino el artículo 46 (concretamente a la reforma contenida en la
Ley No. 7607 de 29 de mayo de 1996) en lo que se refiere al derecho de los consumidores y usuarios a
la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos.

La segunda observación sobre esta disposición, es que contrario a la pretensión del legislador en el
sentido de que sea muy amplia la facultad de denunciar, lo cierto es que la redacción de este
numeral crea confusión e incluso restringe esa posibilidad respecto a lo establecido en el artículo
278 del Código Procesal Penal.

Recordemos que el artículo 278 del Código de Rito es amplísimo respecto a la posibilidad de
denunciar delitos de acción pública, ya que lo pueden hacer todas aquellas personas que tengan
noticia del delito; mientras el artículo 6 de Proyecto "legítima" para denunciar solamente a quienes
puedan invocar el legítimo derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a los usuarios
y consumidores, conforme al numeral 46 constitucional; lo que no sólo no es razonable, ya que todos
tenemos derecho a ello, sino que obliga al denunciante a demostrar que está incluido dentro de
alguno de esos presupuestos.

Por ello, se propone la siguiente redacción para este numeral:

"Artículo 6.- Quienes tengan noticia de un delito de los que se señalan en el artículo 2, podrán
denunciarlo al Ministerio Público o a la Policía Judicial o Administrativa, quienes deberán ponerlo
inmediatamente en conocimiento del Ministerio Público.".

Atentamente,

 

Lic. Gilberth Calderón Alvarado
PROCURADOR PENAL AMBIENTAL

GCA/clr

Legal Opinion: 132 - J of 08/04/2003

OJ-132-2003
August 4, 2003.

Licenciado
Federico Vargas Ulloa
President
Legal Affairs Committee
Legislative Assembly
S. D.

Dear Sir:

With the approval of the Deputy Attorney General, I am responding to your note No. CJ-37-07-03 of July 21, 2003, by which you consult our opinion regarding the draft "Environmental Criminal Jurisdiction Law, File No. 14.899."

As a collaboration with the Legislative Assembly, we take the liberty of addressing the consultation posed, through this Legal Opinion, which as such, lacks binding effects and consequently I take the liberty of stating the following:

PRELIMINARY ISSUE.

From the statement of purpose of the cited draft, it is clear that the intended goal is the strengthening and specialization of the bodies that administer criminal justice in environmental matters. Above all because "the criminal courts have an important role in the defense of the survival and quality of life, identifying those responsible for ecological damage and sanctioning their conduct."

It is further indicated that the defense of the environment requires training in values deeper than those that inspire the ordinary criminal judge. "Against individualistic and aggressive practices against the environment, it is necessary to counterpose judges trained in an ethic based on solidarity and a

sensitivity that allows them to adequately address problems that are common to humanity, which go beyond the injury to particular legal interests. With training that allows them to understand that when a resolution concerning an ecological problem is issued, universal values are at stake."

We fully share the foregoing arguments, as we have directly felt the lack of this type of values in some, fortunately few, criminal judges tasked with resolving matters where direct harm to the environment is at stake; to the point that on one occasion this State Representative was reproached in a hearing for our vehemence in defending ecological interests, and it was indicated to us that there was no reason for such defense because we were not resolving a crime against property or against life, that the case concerned a simple crime against the environment. Likewise, it is not uncommon to see applications of the Opportunity Criteria - pursuant to subsection a) of Article 22 of the Code of Criminal Procedure - based on the insignificance of the act, in complaints filed for violations of environmental laws.

It is from our daily experience in our work that we can affirm the necessity of having a law like the one proposed, which creates an Environmental Criminal Jurisdiction, in order to provide effective protection of the environment to which all Costa Ricans have a right.

ANALYSIS OF THE DRAFT

1.- The first observation on this draft arises from the enumeration that Article 2 establishes regarding the crimes that will be heard in this new jurisdiction. This article states:

"Article 2.- This jurisdiction shall hear all those crimes established in the Maritime Fishing and Hunting Law, the Maritime Terrestrial Zone Law No. 6043; the Wildlife Conservation Law No. 7317; the Soil Use, Management and Conservation Law No. 7779; the Water Law No. 276; the Phytosanitary Protection Law No. 7664; the Forestry Law No. 7575 and any other crime destined to protect conduct harmful to flora, fauna, water, and soil, when so provided by law or the Plenary Court."

Notwithstanding that it follows from this provision that the enumeration of laws made is not exhaustive, some existing bodies of law that contain environmental crimes are omitted, for example the Mining Code No. 6797 and the Law for the Conservation and Recovery of Sea Turtle Populations No. 8325; a situation which to some extent tends to leave the unmentioned laws outside the scope of application of the new provision. Therefore, we consider that this enumeration should be suppressed and replaced by the generic term crimes against the environment.

The previous observation is also valid for the assets protected by this regulation (according to the same numeral, flora, fauna, water, and soil), since some very important ones are not included, such as air, scenic beauty, or energy resources.

In accordance with what has been indicated, this article could be drafted as follows:

"Article 2.- This jurisdiction shall hear all those crimes that affect the right of citizens to a healthy and ecologically balanced environment, when so provided by law or the Plenary Court."

2.- One of the most important innovations of the draft is the modification to the structure of the collegiate courts that will hear the matter, in order to allow one of their members to have academic training different from that usual for a lawyer.

Article 4) of the draft establishes the following:

" Article 4.- To be a member of the criminal trial courts and of the Criminal Cassation Chamber, one must meet the requirements provided by the Organic Law of the Judicial Branch, however, one of the members must hold an academic degree in disciplines related to the matter heard by the Environmental Criminal Jurisdiction. In such case, the condition of being a lawyer shall not be required. Lawyers who additionally hold academic degrees in a discipline related to the matter of the Environmental Criminal Jurisdiction may occupy the indicated lay-judge (escabino) position."

As can be seen, this norm proposes the creation of a type of jury court, composed of professional judges and citizens lay in law, who will be tasked with the adjudication of crimes committed against the environment.

Although it is true, the intention that those who administer justice in environmental criminal matters must be specialist judges in the matter and with a high degree of awareness of the issue, this aspiration, we consider, cannot lead to the establishment of this type of mixed court, because ultimately, what is at issue is not only

protecting the environment, but also affecting a fundamental right such as the freedom of citizens, through preventive or sentencing imprisonment, which cannot be, in our opinion, in the hands of persons lay in law.

Let us remember that complaints for crimes committed against the environment must be resolved based on law, and not on conscience, for which reason the members of the courts and the Cassation Chamber tasked with hearing this type of crime must know the matter, must interpret the law, and apply it. So that as a fundamental guarantee for the judged citizen, it must be taken into account that if he is judged based on the law, the natural judge must be a judge of law, because the resolutions issued shall be in accordance with the law.

This being the case, we consider that the idea of creating this type of court with citizens lay in law is not in accordance with our criminal justice system; however, we do fully agree that, as the cited Article 4) states, one of the members of the criminal trial courts and of the Criminal Cassation Chamber must hold an academic degree in disciplines related to the matter heard by the Environmental Criminal Jurisdiction. With this requirement, in our opinion, it is guaranteed that the resolutions taken by the judges shall be consistent with the protection of the environment.

Precisely with the offering of specialization in environmental matters available in our country, not only at the University of Costa Rica but also in other centers of higher education both state and private, it is not difficult to find lawyers specialized in the matter that the jurisdiction created by the draft law we analyze will hear, with the guarantee that in addition to being judges knowledgeable in law, they will have academic preparation in environmental matters. In any case, and in order to guarantee a resolution that allows adequate protection of the environment, it must be remembered that within the criminal process, the possibility exists of having expert witnesses and specialist consultants in environmental matters who can come to clarify any doubt that the judge may have on the issue.

The necessity of having judges with broad environmental awareness arises above all in the lower judicial instances, since it is the courts, generally single-judge - by virtue of the penalty amount applicable to the majority of crimes committed against the environment -, that are most prone to leave the environment unprotected through their resolutions. On the contrary, in the higher instances, especially in Cassation matters, the resolutions issued in most cases are directed at protecting that constitutional right, just as

the Criminal Cassation Chamber has recently been ruling in matters of forest protection and natural resources in general, even going so far as to demand from the State a more aggressive attitude regarding the lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest.

Finally, we must point out regarding this topic, and in accordance with the drafting proposed in Article 4), concerning the possibility that the Criminal Cassation Chamber might be composed of a person who is not a lawyer; this would evidently become unconstitutional, because Article 159 subsection 5) of the Magna Carta establishes as a requirement to be a magistrate, to hold a law degree, issued or legally recognized in Costa Rica, and to have practiced the profession for at least ten years.

This being the case, it is suggested that the text of Article 4) be only the following:

" Article 4.- To be a member of the criminal trial courts and of the Criminal Cassation Chamber, one must meet the requirements provided by the Organic Law of the Judicial Branch, however, one of the members must hold an academic degree in disciplines related to the matter heard by the Environmental Criminal Jurisdiction."

3.- It is also necessary to refer to the content of Article 5, which states:

"Article 5.- The following shall have standing (capacidad procesal) to be a party before the Environmental Criminal Jurisdiction:

The Office of the Attorney General of the Republic
The Public Prosecutor's Office."

In this provision, it would be convenient to invert the order in which the entities that are party to this type of proceeding are located, so that the Public Prosecutor's Office appears in first place; this because the criminal procedural legislation establishes the principle (Articles 16 and 62 of the Code of Criminal Procedure) that the Public Prosecutor's Office is the body tasked with initiating public criminal action, while the Office of the Attorney General of the Republic is responsible for exercising that function in a complementary manner and only for certain types of crimes.

4.- Our last observation refers to the content of Article 6 of this Draft Law. Said numeral provides:

"Article 6.- Any person who can invoke the legitimate

right to a healthy and balanced environment is entitled to file a complaint (denuncia) for the crimes indicated in Article 2, as are consumers and users in the terms indicated by Article 4 of the Political Constitution."

In relation to this norm, it must be noted in the first instance that the constitutional numeral to which it refers is not Article 4 but Article 46 (specifically the reform contained in Law No. 7607 of May 29, 1996) regarding the right of consumers and users to the protection of their health, environment, security, and economic interests.

The second observation on this provision is that, contrary to the legislator's intention that the power to file complaints be very broad, the truth is that the drafting of this numeral creates confusion and even restricts that possibility with respect to what is established in Article 278 of the Code of Criminal Procedure.

Let us remember that Article 278 of the Code of Procedure is very broad regarding the possibility of filing complaints for public action crimes, since any person who has knowledge of the crime may do so; while Article 6 of the Draft "grants standing" to file complaints only to those who can invoke the legitimate right to a healthy and ecologically balanced environment and to consumers and users, pursuant to Constitutional numeral 46; which is not only unreasonable, since we all have a right to it, but also forces the complainant to prove that they are included within one of those conditions.

Therefore, the following drafting for this numeral is proposed:

"Article 6.- Those who have knowledge of a crime of those indicated in Article 2 may file a complaint (denuncia) with the Public Prosecutor's Office or the Judicial or Administrative Police, who must immediately bring it to the attention of the Public Prosecutor's Office."

Sincerely,

Lic. Gilberth Calderón Alvarado
ENVIRONMENTAL CRIMINAL PROSECUTOR

GCA/clr