OJ-041-2007 — Penal reform of Wildlife Conservation Law — Bill 15.673Reforma penal de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre — Proyecto 15.673

Opinión Jurídica : 041 - J   del 09/05/2007   



OJ-041-2007




9 de mayo de 2007




 




 




Señora




Mauren Patricia Ballestero Vargas




Presidenta




Comisión Permanente Especial de Ambiente




Asamblea Legislativa




 




Estimada señora:




 



 Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, Licda. Ana Lorena Brenes
Esquivel, atendemos el oficio sin numeración de fecha 17 de septiembre de 2004 suscrito por la
señora Hannia M. Durán, en su condición de Jefa de Área de la comisión que usted dirige, siguiendo
instrucciones de quien presidía anteriormente la citada comisión legislativa, señor German Rojas
Hidalgo, en el que se solicita el criterio técnico -jurídico de esta Procuraduría en relación con el
proyecto de ley denominado “Reforma de los capítulos XI y XII y de varios artículos de la Ley de
Conservación de la Vida Silvestre, Ley No. 7317 del 30 de octubre de 1992”, que se tramita bajo el
expediente legislativo No. 15.673, publicado en la Gaceta No. 167 del 26 de agosto de 2004.




 




I- Consideración preliminar.




 



 En vista que la gestión formulada por la Comisión consultante no se ajusta al procedimiento de
solicitud de dictámenes, establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República, los comentarios siguientes no obligan al órgano consultante, ni constituyen
jurisprudencia administrativa de acatamiento obligatorio, sino que deviene de una colaboración a los
señores Diputados en sus labores legislativas.




 



 Se advierte, como es usual frente a este tipo de requerimiento parlamentario, que no se emitirán
juicios definitivos o concluyentes sobre la bondad de la innovación legislativa proyectada, y sobre
la oportunidad de las medidas que por ese medio se adoptarían, ni nos ocuparemos de formular un
análisis sistemático y exhaustivo del proyecto, por ser ello ajeno a la naturaleza de la
Procuraduría General de la República como órgano superior consultivo técnico-jurídico que es.




 



 Finalmente, conviene advertir que dado que esta Institución no se encuentra dentro de los supuestos
que informan lo preceptuado en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, no le es
aplicable el plazo de 8 días hábiles ahí dispuesto. [1] En todo caso, estamos atendiendo su
solicitud dentro del plazo que nuestras labores ordinarias nos lo permiten.




 




II. Motivación del proyecto en estudio.




 



 Con esta iniciativa de ley los señores legisladores pretenden reformar las sanciones penales
contenidas en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317 de 30 de octubre de 1992, y las
consecuencias civiles de tales hechos contempladas en varios artículos de esa normativa, tomando en
consideración, entre otras razones, que el sistema de conversión de la pena de multa en prisión por
incumplimiento de pago, que contemplaba un gran número de tipos penales que tutelan la vida
silvestre, fue declarado contrario a los artículos 33 y 38 de nuestra Constitución Política.
Asimismo, en cuanto a los montos de las multas en los delitos y contravenciones, la actual
legislación presenta el inconveniente de utilizar valores nominales fijos en colones, lo cual otorga
poco margen para adecuar la pena en el caso concreto y puede llevar a un trato discriminatorio en su
aplicación ante sujetos con mucha y poca capacidad económica, al grado que en el caso específico de
las contravenciones, al ser la multa fija, se impide adecuar la sanción según la gravedad de la
falta.




 



 Otro problema de la normativa que se pretende sustituir, es la devaluación de los montos fijos de
las multas por el paso del tiempo y lo poco efectivo que ha resultado la actualización mediante
decreto ejecutivo, según lo ordenan los numerales 104 y 120 de la Ley de Conservación de la Vida
Silvestre.




 



 Así, con la finalidad de tutelar de manera efectiva la biodiversidad nacional frente a la amenaza
diaria que enfrenta, el legislador pretende fortalecer y actualizar las sanciones e infracciones en
contra de la vida silvestre, pues no solamente se reforma la normativa existente, sino que se agrega
conductas no tipificadas, tales como destrucción de nidos, relleno de humedales y liberación de
especies exóticas o materiales para el control biológico.




 




III. Criterio de la Procuraduría General de la República sobre el proyecto de ley número 15.673.




 



 a- Reforma de los delitos relativos a la flora y fauna de la Ley de Conservación de la Vida
Silvestre.




 



 El proyecto bajo estudio reemplaza los delitos que contempla la Ley de Conservación de la Vida
Silvestre por un nuevo articulado desarrollado en diecisiete tipos penales, que con las
observaciones que haremos adelante, cumplen con los requisitos de tipicidad penal que ha
desarrollado tanto la Sala Tercera como la Sala Constitucional, ambas de la Corte Suprema de
Justicia, pues revisando la estructura de cada uno de los tipos numerados del 90 al 106 del
proyecto, que en su mayoría guardan similitud con la acción prohibida del texto actual, se verifica
que se respetan y cumplen las reglas mínimas sobre tipicidad de la norma penal,[2] relativas a una
adecuada proposición condicional (presupuesto de la conducta), el sujeto activo, el verbo activo, y
la penalidad (proporcional y razonable), pues siguiendo la Teoría del Delito, los tipos penales en
mención comprenden de forma clara una acción y describen la conducta prohibida por la norma en los
elementos objetivos y subjetivos del tipo, máxime tratándose de los delitos especiales - propios o
impropios,[3] contando las normas penales con una estructura precisa y clara suficiente para que el
ciudadano común comprenda el contenido del delito, sin que se encuentren aquí problemas de
aplicación por concurso aparente de normas, tipos incompletos o desproporcionados, ni tipos penales
abiertos que puedan llevar a la desaplicación de la norma por razones de constitucionalidad o
ilegalidad.[4]




 



 Es la novedosa propuesta que se hace sobre la penalidad de los delitos y sus efectos, la que debe
ser valorada al modificar sustancialmente la anterior forma de reprimir la comisión de dichos
ilícitos penales, pues innova con penas alternativas de prisión y multa fijada bajo el concepto de
salario base mensual, comiso y suspensión de licencias, entre otros.




 



 Las penas establecidas para los delitos posibilitan la imposición ya sea de una multa económica o
una sanción privativa de libertad, alternativa que le corresponde aplicar al juez de forma
excluyente, pudiendo ser cualquiera según se determine atendiendo la gravedad del daño al medio
ambiente, la condición personal del autor, y las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde se
desarrollen los hechos, según lo regula el guarismo número 71 del Código Penal.




 



 Esa posibilidad de imponer una u otra pena (multa y prisión) no presenta vicios que lleven a
desaplicar la norma por razones de legalidad o constitucionalidad, en tanto no implica la conversión
de la multa en pena de prisión por incumplimiento de pago, aspecto que sí ha sido rechazado por
nuestro tribunal constitucional en reiterada jurisprudencia,[5] por cierto relativa a la misma
legislación que se propone reformar, reglas de aplicación del tema de la multa que están definidas
por los artículos 53, 56 y 69 del Código Penal, como tampoco implica violación al debido proceso
penal el establecer los montos de las penas de multa con la fijación del salario base mensual de
Oficinista Uno contenido en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la
República, según el artículo 2 de la Ley No. 7337 de 5 de mayo de 1993,[6] al definirse su monto
mediante un procedimiento concreto, preciso, claro, público y bajo un análisis razonado y
proporcionado por parte del Poder Ejecutivo semestralmente, lo que permite mantener actualizado el
monto de la multa respecto a la inflación y devaluación, mecanismo avalado por nuestra Sala
Constitucional en variadas resoluciones, entre los cuales están los votos 02460-95 de 16 de mayo de
1995, del expediente No. 93-003016-0007-CO, voto 04794-93 de 30 de septiembre de 1993, del
expediente No. 93-003924-0007-CO, voto 05744 de 29 de octubre de 1996, del expediente No.
96-005807-0007-CO, y el voto 05924-96 de 5 de noviembre de 1996, del expediente No.
96-005808-0007-CO, de los cuales se transcribe en lo que interesa el primero citado:




 



 “IVo. Por otro lado, la parte más autorizada de la doctrina considera que en aquellas leyes cuyo
efecto total o parcial, cambia constantemente en un plazo determinado, es decir con el transcurso
del tiempo -como es el caso del párrafo en estudio-, no se les puede aplicar el principio de la
retroactividad más favorable, pues no tendrían prácticamente ninguna autoridad durante su vigencia.
A mayor abundamiento y para lograr entender la razonabilidad de la medida contenida en el párrafo
impugnado cabe agregar, que el principio general de la irretroactividad de la ley penal tiene su
fundamento en la naturaleza del derecho penal, el cual cambia conforme cambian los valores sociales
y procura que cuando la sociedad ya no considere lesiva determinada violación a un bien jurídico se
desafecte el bien jurídico originalmente protegido, porque ya no es necesario para la seguridad
jurídica. En síntesis, la ley más benigna debe aplicarse retroactivamente, cuando implica que para
proveer a la seguridad jurídica no es ya necesaria la mayor afectación de bienes jurídicos que
preveía la ley más gravosa. En el caso en estudio, esa condición no se da, pues como ya se señaló,
el legislador no ha decidido cambiar su política criminal en cuanto a los bienes jurídicos
protegidos, por el contrario, se hace necesario, a su juicio, la continuidad de la política de
protección, solo que varía la cuantía del valor (la forma de calcularlo), -no el valor en sí-, para
adecuar el delito a las circunstancias inflacionarias señaladas supra. El valor del objeto o bien
sustraído puede variar frente a la devaluación del colón (el reloj que costaba quince mil colones
hace dos años, ahora tiene un valor de veintiuno), pero en realidad se trata del mismo objeto, por
ello debe existir una forma de mantener para efectos penales un valor constante, pues su valor real
es circunstancia tomada en consideración en el tipo penal para revisar la gravedad del hecho
(contravención, hurto simple, hurto agravado), la establecida en la norma impugnada es razonable y
evita lo ocurrido con la reforma anterior en que al aumentar el valor expresado en colones para los
bienes, la sustracción de un mismo objeto en tiempos diversos, posibilita imposición de una pena
superior en el último de los casos, sin que en realidad el hecho fuere más grave.



 Vo. Por último, hay que señalar, que tampoco viola el párrafo impugnado el principio de igualdad,
al permitir la retroactividad de la ley únicamente para los no sentenciados, pues en primer lugar,
ello obedece a la lógica aplicación de la ley en el tiempo y del principio explicado supra, que
señala que los delitos han de juzgarse conforme a la ley vigente (artículos 34 y 39 de la
Constitución), y, en segundo lugar, porque no está en la misma situación una persona juzgada que una
no juzgada, lo cual permite racionalmente hacer una diferencia como la apuntada por el legislador en
cuanto a estas dos categorías, además de que el legislador debe señalar en forma indubitable a
partir de qué momento debe aplicarse la reforma por él aprobada. Sobre este tema ya la Sala se ha
pronunciado en otras oportunidades, señalando la posibilidad de tratar en forma diferente,
situaciones diferentes, siempre y cuando la diversidad de trato esté fundamentada en criterios de
razonabilidad. Las diferencias entre estas dos categorías -sentenciados y no sentenciados-, existe,
y la racionalidad de la medida está determinada por las razones de política criminal expuestas en
los considerandos anteriores. A manera de referencia sobre el principio de igualdad y sus alcances,
puede consultarse la sentencia número 1372-92, que señaló:



 "La jurisprudencia constitucional a través de varios pronunciamientos ha logrado decantar el
contenido del principio de igualdad establecido en el artículo 33 de la Constitución señalando que
por medio de él, se prohíbe hacer diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una
misma situación jurídica o en condiciones idénticas, sin que pueda pretenderse un trato igual cuando
las condiciones o circunstancias son desiguales y se posibilita un trato diferente a situaciones y
categorías personales diferentes. Esa fórmula tan sencilla fue reconocida desde hace muchos años por
la Corte Constitucional, a la fecha la Corte Suprema de Justicia, que tenía a su cargo el
conocimiento de los recursos de inconstitucionalidad antes de la creación de esta Sala
especializada. Pero la exigencia de igualdad no legitima cualquier desigualdad para autorizar un
trato diferenciado; para determinar si realmente se justifica una discriminación, hay que analizar
si el motivo que la produce es razonable, es decir, si atendiendo a las circunstancias particulares
del caso se justifica un tratamiento diverso." (Voto 02460-95 de 16 de mayo de 1995).




 



 La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia también ha ratificado le legalidad de la normativa
citada en varias resoluciones,[7] como lo es la sentencia No. 00416-93 del 30 de septiembre de 1993,
que en lo conducente indica:




 



 “… En tercer lugar, la modificación anual del parámetro para determinar la cuantía en los tipos
penales de comentario, no constituye una reforma dirigida a favorecer al reo ni tampoco a reducir la
penalidad en forma anual, sino por el contrario sólo busca mantener la punibilidad en valores
monetarios reales. En efecto, al utilizarse como parámetro de determinación de la cuantía un factor
económico variable, se pretende mantener los niveles de punición en los valores reales que según un
específico criterio de política criminal adoptó el legislador en un determinado momento histórico,
valores que por efecto de la inflación están sujetos a cambiar numéricamente. Pero eso no significa
que los cambios inflacionarios en el factor constituyan reformas cuyo propósito esté dirigido a
favorecer al reo, o para disminuir la penalidad en algunos delitos, o para convertir delitos en
contravención. Sólo se pretende mantener la punibilidad en los niveles económicos reales, pues si se
utilizan cifras fijas, como lo hizo la reforma penal de 1982, muy rápidamente esas cantidades fijas
pierden actualidad ante un proceso inflacionario constante, y en consecuencia, sin que ese haya sido
el objetivo del legislador ni el de la norma, se aumenta la pena en forma proporcional a la
inflación monetaria. Para evitar esos inconvenientes se recurre ahora a un factor económico
variable, no para disminuir sanciones, sino para mantener los niveles de punibilidad en sus términos
reales, según la opción legislativa inicial. Tampoco la depreciación de los objetos constituye una
causa que pueda favorecer al reo a efecto de reducir la sanción. En efecto, los objetos tienden a
reducir de precio por el sólo transcurso del tiempo, ante el uso y deterioro normal que sufren, sin
incluir los daños o la falta de mantenimiento. Esa depreciación del valor de los objetos ocurrida
por el sólo transcurso del tiempo, tampoco constituye una causal eficiente para pretender una
revaloración del bien objeto del delito, con el supuesto fin de buscar una solución más favorable.
En realidad el valor de los bienes debe ser aquel que tenía al momento de realizarse el hecho, y
aunque el transcurso del tiempo reduzca ese valor, no podría pretenderse una aplicación más
beneficiosa de la norma. VI.- En cuarto lugar, quizás previendo una posible discusión al momento de
interpretarse la reforma legal, debe indicarse que el propio legislador resolvió el problema y
señaló en forma expresa cual debía ser la solución. En efecto, se aclara la posible duda sobre el
carácter de la reforma y las modificaciones sucesivas a la cuantía, al señalarse en el artículo 2 en
forma simple, clara y expresa que "... LAS MODIFICACIONES CONTENIDAS EN ESTA LEY Y LAS QUE SE
HICIEREN EN UN FUTURO AL SALARIO BASE DEL OFICINISTA 1 CITADO, NO SE CONSIDERARAN COMO VARIACION AL
TIPO PENAL, A LOS EFECTOS DEL ARTICULO 13 DEL CODIGO PENAL Y 490, INCISO 4 DEL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES..."  (Artículo 2 de la ley 7337). Se trata de una interpretación del propio
órgano que aprobó la norma, la cual nos evidencia el propósito de las modificaciones a la cuantía.
VII.- En quinto y último lugar debemos hacer referencia a un aspecto práctico, que si bien no
constituye un razonamiento dogmático al menos contribuye a evidenciar la logicidad de las
interpretaciones. La realidad y la experiencia nos demuestran que nuestro país no mantiene una
situación financiera estable, y que por ello la tendencia siempre ha sido la de que el colón se
devalúa constantemente todos los años frente a las monedas de países desarrollados. Esto significa
que el "salario base" referido en la reforma tendrá día con día una denominación numérica expresada
en unidades de moneda nacional cada vez más alto. En consecuencia, si concluimos que deben aplicarse
esas cuantías futuras a los casos fallados cuando estaba vigente otra cuantificación numérica de ese
salario base, ello implicará a la vez afirmar que el sólo transcurso del tiempo se constituirá en
una causa automática de despenalización de la conducta (al menos el paso de delito a contravención
para unos casos, o la reducción de la pena para otros), por la tendencia inflacionaria que siempre,
absolutamente siempre, ha existido en nuestro país, lo que implica un absurdo desde el punto de
vista de una racional política criminal. A su vez esto nos conduciría a afirmar, prácticamente, en
todos los fallos que en el futuro se impongan por los delitos de robo, hurto, daños, estafa,
estelionato, fraude de simulación, fraude en la entrega de cosas, estafa mediante cheque,
administración fraudulenta, y apropiación o retención indebida, que tarde o temprano el delito
desaparecerá y se convertirá en contravención, o deberá reducirse la pena impuesta, y para quienes
ya la hubieren cumplido habrá que indemnizarlos, porque la cuantía del salario base aumentará ante
el proceso inflacionario del país. Desde luego que ello nos conduce a un absurdo, y si bien este no
es un argumento jurídico sino real y efectivo, es digno de considerarse para resolver un problema de
interpretación de normas en una disciplina jurídica que, como el derecho penal, pretende contribuir
a solucionar conflictos sociales, reales, ciertos, determinados, para evitar que la solución quede
en la barbarie que está a la base de una venganza privada. La aplicación de criterios jurídicos,
aislados de la realidad y desprovistos de un contenido práctico, puede llevarnos a un sinsentido,
como sería admitir que las modificaciones a la cuantía deben aplicarse retroactivamente. La reforma
penal pretendió resolver un problema de justicia en favor de los acusados de delito, pues con
anterioridad la pena y la represión aumentaban con el aumento de la inflación, al establecerse
montos fijos en la descripción típica de aquellos hechos delictivos. Para resolver el problema en
favor de los acusados se buscó un factor variable, pero se exigieron ciertas garantías: primero que
fuera establecido año con año por el propio legislador, siguiendo en alguna medida las orientaciones
inflacionarias que afectan los salarios, y segundo que se aprobara por medio de una ley, con la
publicidad y la transparencia que ello implica. Otros países han recurrido a ese y otro tipo de
factores variables para resolver el mismo problema, al tomar como parámetro unos el monto del seguro
obligatorio de vehículos, otros el precio de un litro de gasolina, y otros los salarios mínimos
establecidos por el Poder Ejecutivo. El legislador costarricense optó por un salario fijado por la
Asamblea Legislativa en la Ley de Presupuesto, tomado en cuenta también el principio de legalidad.
Pero la solución ahora no puede conducirnos a un absurdo inverso al que existía antes de la reforma
penal, pues si bien se quiso corregir un aumento ilógico de la represión penal, al fijar el
legislador parámetros variables para establecer las cuantías penales, lo cierto es que tampoco
pretendió una descriminalización sin sentido. Al fin y al cabo ambos aspectos constituyen un
contrasentido que no rima con los demás derechos fundamentales, también constitucionales, que tutela
el Derecho Penal en cada figura delictiva en favor de las víctimas, y que también tienen que ser
considerados en una correcta interpretación de nuestro sistema normativo. Por todas esas razones,
los suscritos no dudamos de la constitucionalidad de la reforma, sin perjuicio del derecho de los
ciudadanos de dirigirse a la Sala Constitucional."




 



 Precisamente, en caso de incumplimiento en el pago de la pena de multa, son los artículos citados
números 53, 56 y 69 del Código Penal los que regularán el incumplimiento en su pago por parte del
condenado, pudiéndose convertir la multa en prisión si el obligado tiene capacidad económica y no
paga, y si no la tiene, podrá resarcir el eventual daño mediante la prestación de trabajos comunales
a favor de instituciones estatales, sin incurrirse en violación a la prohibición de prisión por
deudas.[8]




 



 Junto con estas penas, se impone además en la mayoría de tipos penales otras sanciones accesorias
aplicables de forma concomitante, como lo son la cancelación de licencias, inhabilitaciones y
pérdida de bienes que constituyen el objeto del delito o el medio con el que se cometió el ilícito.
Esa posibilidad de castigar con diversas sanciones a una persona por un mismo hecho deviene posible
y no presenta vicios de ilegalidad ni inconstitucionalidad, por cuanto de conformidad con la
jurisprudencia de la Sala Constitucional,[9] no es prohibido imponer dos o más sanciones a una misma
persona por un mismo hecho, sino tener dos o más enjuiciamientos diferentes por esa actividad,
siendo también procedente la sanción a un mismo sujeto cuando provenga de autoridades de diferente
naturaleza, como es la sanción penal respecto de la sanción laboral o administrativa.[10]




 



 En todo caso, en sede penal puede el tipo penal decretar una o varias penas por un mismo hecho,
como sería multa, inhabilitación, extrañamiento, trabajo de utilidad pública y prisión a la vez, ya
que se ha entendido que no hay roce con la Constitución Política cuando ello ocurre al no haber ni
doble juzgamiento ni doble sanción, sino una regulación sobre la gravedad con que se castiga
determinado acto. Como se indicó atrás, no hay ninguna norma o principio que prohíba un doble
castigo por un único hecho ilícito,[11] al grado que otras normas contemplan esa posibilidad, como
ocurre con el artículo 67 de la Ley Forestal y los numerales 216 y 225 inciso a) de la Ley General
de Aduanas. Cabe valorar aquí el plazo máximo de inhabilitación que dispone el proyecto para
cancelación y renovación de licencias que se podría imponer junto con otras sanciones, que es fijado
en doce años, ya que el mismo debe ser proporcionado y razonable de acuerdo con el bien jurídico
afectado, pues lo que se exige en este tema es evitar sanciones que no guarden relación con el tipo
y naturaleza de la infracción, así como el no incurrir en penas prohibidas por nuestras Constitución
Política,[12] por lo que es potestad del legislador establecer el plazo de inhabilitación al
infractor que, bajo los Principios de Proporcionalidad y Razonabilidad, estime convenientes para la
tutela del bien jurídico que protege la legislación en análisis.[13]




 



 En cuanto al comiso de los bienes objeto del ilícito o que sirvieron para su comisión, el mismo
resulta plenamente procedente en los tipos penales en estudio, pues si bien no se trata de una pena
en contra del imputado ni de una consecuencia civil del delito, sino de una consecuencia “ex lege”
de un hecho delictivo prohibido, la pérdida que expresamente se ordena de los bienes que se
describen en los tipos penales encuentra sustento legal en los artículos 103 inciso 3) y 110 del
Código Penal.




 




b. Reforma a las contravenciones que tutelan la flora y fauna.




 



 El proyecto en comentario pretende reformar el capítulo decimosegundo de la Ley de Conservación de
la Vida Silvestre, denominado “De las contravenciones”, del artículo 107 al 121 inclusive.




 



 Lo referido en el punto a) anterior en cuanto a los requisitos de tipicidad, contenido de las
normas, aplicación y ejecución de las multas, así como el comiso de los bienes resulta plenamente
aplicable en cuanto a las faltas menores citadas, que sancionan únicamente con multa al infractor de
una conducta descrita adecuadamente, con un monto fácilmente determinable bajo el parámetro del
salario base incluido en el artículo 2 de la Ley No. 7337 de 5 de mayo de 1993, por lo que no
encontramos prima facie problemas de aplicación de dichos tipos penales.




 



 En cuanto a la naturaleza y procedencia del régimen legal de las contravenciones, esta Procuraduría
en Opinión Jurídica No. OJ-008-2007 de 12 de febrero de 2007 realizó varias consideraciones que
pueden resultar de interés en el presente estudio, con la finalidad de equiparar los requerimientos
de los delitos con las contravenciones o faltas menores, para efectos de cumplir con el Principio de
Legalidad y Tipicidad. Dicho criterio en lo que interesa, dispuso:




 



 “…Nuestra Constitución Política, en su artículo 39, contempla las contravenciones en materia penal
al indicar que a nadie se le hará sufrir pena si no es, entre otros, por la comisión de lo que
denomina “falta”, (9) (Ver voto de la Sala Constitucional No. 408 de las 15 horas del 18 de febrero
de 1992, que en lo conducente dice: “En la nomenclatura utilizada por el constituyente, el término
falta contiene íntegramente al de contravención, razón por la que el legislador ha dado a ambos un
mismo trato, reconocido expresamente en el Código de Procedimiento Penales al titularse su Capítulo
III, “Juicio de Faltas y Contravenciones”) ubicada en el Libro Tercero del Código Penal, las cuales,
en criterio de la doctrina y jurisprudencia constitucional, son entendidas en nuestro medio como
faltas menores provenientes de hechos sin trascendencia ni gravedad relevante, (10) (CHIRINO
SÁNCHEZ, Eric. Las contravenciones y el ámbito sancionatorio del Derecho Penal.




 



 En: Jurisprudencia Crítica, No. 3, ILANUD, Comisión para el Mejoramiento de la Administración de
Justicia, San José, 1989, p.43-44.) en contraposición a los delitos, que protegen bienes jurídicos
de mayor relevancia, al grado que aquellos son sancionados con penas de multa, mientras los últimos
implican una o varias penas a la vez, (11) (Artículo 50 del Código Penal) incluyendo la privativa de
libertad.




 



 Así consta de la exposición de motivos del Código Penal actual, redactada por el Presidente de la
Comisión Redactora, Dr. Guillermo Padilla Castro, del año 1970, que indica en cuanto a las
contravenciones:




 



 “Faltas. Artículos 374 a 413.- La denominación correspondiente a faltas bien pudo ser la de
contravenciones, ya que hemos agrupado una serie de hechos sin mayor trascendencia y que no acusan
peligrosidad alguna por parte de quines los cometen. El nombre es indiferente. Lo que cuenta es su
contenido puesto que eliminamos infracciones que figuran en el código actual para trasladarlas al
libro de los delitos y que deben estar allí en razón de que lo son en su esencia.”




 



 Al respecto, la Sala Constitucional, en resolución número 8360 de las 14 horas 12 minutos del 5 de
diciembre  de 1997, expediente No .8364-M-97, indicó:




 



 “VI.- La doctrina imperante considera que las contravenciones protegen bienes jurídicos de menor
importancia y con este argumento justifican una menor rigurosidad en las formalidades contenidas en
el procedimiento que las regula, no permitidas en el procedimiento penal que sanciona los delitos. A
simple vista pareciera que tal como está regulado el procedimiento contravencional no presenta
ningún problema serio desde el punto de vista social, ni de los derechos humanos. No obstante es muy
cuestionable esta postura, si se toma en cuenta que la mayoría de la población contraventora
pertenece a una clase social baja o de escasos recursos, o a aquella que tiene valores y costumbres
distintos a los de la clase predominante. Desde este punto de vista un importante sector de la
doctrina considera que el sistema contravencional sirve como instrumento de control social,
criminalizante y opresor de la población más marginada. Si a esto aunamos el hecho de que la mayoría
de los contraventores de esta clase, de no pagar la multa, deban cumplir el castigo con pena de
prisión, el problema se torna aún más grave y peligroso dentro del contexto de un sistema
democrático de derecho.” Para efectos del contenido de la norma, tanto en materia de delitos como en
contravenciones, ambos tipos deben ajustarse a lo ordenado por el Principio de Tipicidad Penal,
correspondiéndole al legislador valorar la importancia del bien jurídico tutelado aquí, para
determinar la procedencia de considerar el tipo penal como una contravención, de acuerdo con la
política criminal que se siga para ello. Nuestra jurisprudencia así lo ha consignado:




 



 “Si bien no existe una diferencia radical entre delito y contravención, esto por cuanto ambos
figuras exigen tanto la demostración de la tipicidad, la antijuricidad, y la culpabilidad. Sin
embargo, el legislador –por razones de política criminal- ha preferido ubicar dentro de las
contravenciones algunas acciones que considera no son de tal entidad en cuanto a la violación al
bien jurídico tutelado y al daño que puedan causar a la sociedad” (Tribunal de Casación Penal,
resolución No. 2004-1191 de las diez horas con doce minutos del dieciocho de noviembre del dos mil
cuatro). …”




 



 De ahí que seamos del criterio de que los tipos penales contravencionales antes citados cumplen con
los requisitos de tipicidad citados anteriormente al ser conocidos los elementos que los conforman.




 



 Pese a ello, y a que se cumple con los requisitos de tipicidad, sí merece especial atención el
delito contemplado en el artículo número 117 del proyecto, que literalmente indica:




 



 “Artículo 117.- Será sancionado con multa del veinticinco por ciento (25% al cincuenta por ciento
(50%) de un salario base definido en el artículo 2 de la Ley No. 7337 de 5 de mayo de 1993, quien
voluntariamente, deje de buscar las piezas que ha cazado o pescado y con ello provoque el
desperdicio del recurso.”




 



 De acuerdo con la redacción del tipo penal, se reprime a quien sin justificación alguna abandone y
desperdicie el producto animal obtenido de la caza o pesca, pero debe aclararse que dicha actividad
debe entenderse como aquella permitida y ejercida con el permiso correspondiente, pues de tratarse
de caza o pesca ilegal, siguiendo los preceptos de constitucionalidad aplicables, si se aplicara la
norma podría generarse un problema de uso del tipo contravencional al obligarse al sujeto activo a
retener y recuperar el objeto material de su falta, pese a provenir el mismo de un proceder
delictivo, pudiéndose poner en peligro el valor constitucional del Principio de Inocencia y
Culpabilidad por imponérsele una carga que en realidad no debería soportar.




 



 Sobre este tema, la Sala Constitucional fue clara al resolver una Consulta Judicial de
Constitucionalidad (No. 1531-C-90) sobre el artículo 328 del Código Penal, mediante la cual, en voto
No. 525-93 de las 14:24 horas del 3 de febrero de 1993, declaró dicha norma como contraria a nuestra
Constitución Política así:




 



 “.. TERCERO: El artículo 328 del Código Penal dispone: "El que, después de un accidente de tránsito
en el que ha tenido parte y del que hayan resultado lesiones o muerte, se alejare del lugar para
sustraerse a su identificación o para eludir las comprobaciones necesarias, o el que habiéndose
alejado por razones atendibles, omitiere después dar cuenta inmediatamente a la autoridad, será
reprimido con prisión de seis meses a dos años." En efecto, se tipifica aquí la falta de
colaboración del imputado en la averiguación de la verdad, lo que es incompatible con un proceso
penal acusatorio, en perjuicio de la "necesaria demostración de culpabilidad" exigida por el
artículo 39 de la Constitución Política; por otro lado, hay falta de razonabilidad legislativa pues
esa colaboración no se le exige al autor de toda una serie de delitos contra la vida, contra la
libertad sexual, contra la libertad...conductas aún más graves por la naturaleza del bien jurídico
tutelado. Lleva razón la Procuraduría General de la República al estimar infringido el principio de
inocencia : es tarea del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal pública, y de los
órganos jurisdiccionales el fallar conforme a derecho al cabo de un debido proceso sin que el
encartado deba colaborar en el descubrimiento de la verdad de los hechos.



 CUARTO: Por lo demás, el tipo que nos ocupa forma parte del título XIV del Código Penal: Delitos
contra la Administración de justicia. Está colocado entonces, arbitrariamente, junto al falso
testimonio y soborno de testigos, la denuncia y querella calumniosa, la receptación , el
favorecimiento real, la evasión y el quebrantamiento de pena...El bien jurídico protegido por el
artículo 328 está arbitrariamente asimilado al que tutelan otras figuras delictivas que forman parte
del mismo título del Código Penal; la asimilación del primero a las segundas no es afortunada y
lleva a absurdas consecuencias: por ejemplo, el autor de un homicidio calificado que se aleja del
lugar para sustraerse a su identificación o para eludir las comprobaciones necesarias es penado
conforme al artículo 112 del Código Penal; sin embargo, si de un accidente de tránsito resulta la
muerte de una persona y uno de los partícipes en el mismo se aleja del lugar para substraerse a su
identificación o para eludir las comprobaciones necesarias, puede ser penado por homicidio culposo y
abandono del lugar del accidente, como si el abandono fuera más grave en esta última hipótesis que
en la primera (el homicidio calificado).



 QUINTO: Un último orden de consideraciones es referente al bien jurídico tutelado por el artículo
328 del Código Penal. No podemos partir de la ubicación de este tipo en el título XIV, lo cual sería
ilegítimo, según se expresó en el considerando cuarto anterior. Si indagáramos el bien jurídico
garantizado, a partir del texto del artículo 328, encontraríamos que no es, como aparenta, una
defensa de la integridad corporal y de la vida. En efecto, uno de los elementos del tipo es que del
accidente de tránsito hubieran resultado "lesiones o muerte"; de no haberlas, luego, la conducta no
sería delictiva. En realidad se trata, inconstitucionalmente, de una descripción de conducta, de un
tipo en sentido objetivo, sin bien jurídico inherente, pues la integridad corporal y la vida son
tuteladas por el numeral l42 del Código Penal. Al disponerse constitucionalmente que "las acciones
privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la
acción de la ley" -art. 28- se impone un límite al denominado ius puniendi, pues a cada figura
típica ha de ser inherente una lesión o peligro de un valor ético social precisamente determinado;
en otros términos, puesto que no basta que una conducta u omisión "encaje" abstractamente en un
tipo, es también necesaria una lesión significativa de un bien jurídico. De lo contrario, tendríamos
conductas delictivas pese a que no dañan la moral o el orden público o a que no perjudican a
tercero.



 POR TANTO Se evacua la consulta judicial en el sentido de que es inconstitucional y en consecuencia
se anula el artículo 328 del Código Penal. Esta sentencia es declarativa y retroactiva a la fecha de
vigencia de la norma. Quienes descontaren pena en su virtud deberán ser puestos en libertad.
Notifíquese.”




 




c. Sobre el agravante en la pena del funcionario público infractor.




 



 El artículo 122 del proyecto bajo análisis establece como causal de agravación de las sanciones, a
los funcionarios públicos que participen en la comisión de los delitos y contravenciones que
describe la nueva legislación, hasta en un tercio de la pena que corresponda, lo cual es plenamente
procedente en virtud del cargo que se ostenta y los deberes que le asisten a las personas que
ostentan esa condición, al igual que ocurre con la pena accesoria de inhabilitación hasta por un
plazo de doce años para el ejercicio del cargo, según la gravedad del hecho, con la ratificación de
lo que ya la normativa penal sustantiva establece para el funcionario que incumple sus funciones,
que es incurrir en el presupuesto establecido en el artículo 332 del Código Penal.




 



 Se trata en realidad de una práctica lícita y común en la legislación punitiva, como ocurre en la
Ley General de Aduanas en sus artículos 216 bis y 225 inciso a), y con el artículo 67 de la Ley
Forestal, que también incorporan una regulación similar que agrava la sanción en atención a la
condición de ostentar un cargo público.




 



 d. Responsabilidad civil de las personas jurídicas y las personas físicas que integran los grupos
económicos.




 



 El proyecto contempla, en su numeral 130, un nuevo texto que regula la responsabilidad civil
solidaria por daños y perjuicios de las personas jurídicas que participen en los actos ilícitos que
se describen en los tipos penales, y de las personas físicas que no necesariamente sean los
responsables subjetivos del hecho ilícito y de las personas jurídicas que conformen un mismo grupo
de interés económico con la persona moral que participa en la falta, lo cual no solo resulta
procedente sino conveniente debido a las nuevas formas de participación de organizaciones de hecho y
de derecho que actúan de forma oculta por medio de terceros que no siempre forman parte de ellas.




 



 Al respecto, de forma acertada se establece la posibilidad de que una persona jurídica responda
civilmente por hechos inicuos en los que haya tenido intervención con total independencia de la
carga que pese sobre las personas físicas que la componen. Y respecto a las personas físicas (ajenas
a cualquier responsabilidad penal subjetiva) y jurídicas que participan de un mismo grupo de interés
económico con esa persona jurídica que tenga relación con el hecho dañino, también la doctrina[14] y
la jurisprudencia[15] han admitido esa posibilidad de sancionar civilmente a aquellos sujetos de
derecho nacional e internacional que materialmente no forman parte del sujeto garante y que actúan
bajo el ocultamiento utilizando personas físicas o jurídicas que actúan bajo su mando, con
fundamento en el Principio Jurídico del Levantamiento del Velo Corporativo y las figuras
doctrinarias del Grupo Económico Empresarial y Holding Financiero, en donde ahora es posible
responsabilizar en sede judicial a aquellas personas jurídicas y físicas que en fraude esconden la
realidad de los negocios bajo otras personas relacionadas directa o indirectamente con ellas. 




 



 En doctrina, esta modalidad se acomoda en la tesis del abuso de la personalidad jurídica, que
consiste en el abuso de la inmunidad de responsabilidad que la ley otorga a socios o propietarios
ocultos del patrimonio social, para cometer actos ilícitos por medio de la sociedad que controlan;
escudo o impunidad que se materializa cuando la persona es utilizada de forma dolosa para lograr una
irresponsabilidad económica y penal, mediante el fraude y el ocultamiento de la realidad. La
doctrina ha creado presupuestos para su aplicación; como lo son el ocultamiento de la nacionalidad,
el fraude fiscal, la unipersonalidad social, carteles o filiales y la quiebra. Bajo estos elementos,
el levantamiento del velo social surge con la utilización del régimen social para aprovechar las
ventajas o privilegios de la limitación de su responsabilidad, bajo modalidades de fraude,
ocultamiento y mala fe, figuras que exigirán siempre la relación del sujeto activo con la sociedad
utilizada indebidamente, el fraude, y la subsidiariedad respecto a otras figuras como la simulación
y la acción pauliana. A tal grado doctrinario y jurisprudencial ha llegado el avance y aceptación de
la citada figura a nivel mundial, que en Estados Unidos y Europa es amplio el número de obras
didácticas y sentencias judiciales dictadas en ese sentido, máxime en materia de narcotráfico y
Derechos Humanos, donde el trasiego y afectación de bienes, animales y personas por parte del Crimen
Organizado, como sujeto reconocido, ha alcanzado un notable grado de negociación ilícita entre
grupos organizados poderosos cuya identidad pocas veces es de fácil descubrimiento, situación real
que inclusive ha llevado a la Comunidad Internacional al dictado de acuerdos entre los Estados
tendentes a la defensa de sus intereses, como lo es, a manera de ejemplo, la " Convenio de Naciones
Unidas contra la delincuencia organizada transnacional", Ley No. 8302 publicada en la Gaceta No. 123
de fecha 27 de junio del 2003, proyecto de ley tramitado bajo el expediente legislativo No. 14.620.




 



 Sirven como referencia en la aplicación de esta normativa, el artículo 67 de la Ley de Promoción de
la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472, y el artículo 226 de la Ley General de
Aduanas, No. 7557 de 20 de octubre de 1995,[16] así como los artículos 1, 4,  20, 22 y 468 del
Código Civil, artículo 4 del Código de Comercio,  numerales 140, 289 y 468 del Código Procesal
Penal, 242 y 282 del Código Procesal Civil.




 



 Por ello, resulta procedente y razonable que el legislador opte por la posibilidad de prescindir de
las formas jurídicas que adopte un determinado agente económico nacional o transnacional, individual
o bajo el Crimen Organizado, cuando no corresponda a la realidad de los hechos investigados,
debiendo responder civil y penalmente cuando así proceda, pues ese agente físico y jurídico en
realidad se constituye en el promovente de la falta penal que genera responsabilidad civil. 




 



 Es nuestro criterio, prima facie, que esta iniciativa de ley se ajusta a los principios de
proporcionalidad y legalidad en el ejercicio de la acción penal vigente en un Estado de Derecho, sin
olvidar las observaciones y consideraciones antes expuestas sometidas a valoración de esta Honorable
Comisión Legislativa.  




 




IV. Conclusiones.




 



 a. Los tipos penales catalogados como delitos y contravenciones del proyecto de ley respetan y
cumplen los requisitos sobre tipicidad de la norma penal, pues contemplan adecuadamente los
elementos de una proposición condicional como presupuesto de la conducta, el sujeto activo del tipo,
el verbo activo que describe la acción prohibida y la penalidad con sanciones proporcionales y
razonables.




 



 b. La posibilidad de imponer la pena de multa o prisión  por un mismo hecho delictivo no presenta
vicios que afecten la norma por razones de legalidad o constitucionalidad, pues dicha práctica no
implica la conversión de la multa en pena de prisión por incumplimiento de pago, sino la potestad
del juzgador de disponer, de acuerdo a las circunstancias objetivas y subjetivas del caso, de penas
de diferente naturaleza a imponer.




 



 c. No se violenta el debido proceso penal si se adopta un sistema de fijación de los montos de las
penas de multa con base en el salario base mensual de Oficinista Uno contenido en la relación de
puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, según el artículo 2 de la Ley No. 7337
de 5 de mayo de 1993, lo que permite mantener actualizado el monto de la multa respecto a la
inflación y devaluación.




 



 d. La existencia de sanciones accesorias en el proyecto de ley en estudio, como la cancelación de
licencias, inhabilitaciones y pérdida de bienes que constituyen el objeto del delito o el medio con
el que se cometió el ilícito, en principio no genera problemas de legalidad e inconstitucionalidad,
por cuanto si resulta posible castigar al sujeto infractor con diversas sanciones por un mismo
hecho. Igual sucede con el comiso de bienes que expresamente se indican en la mayoría de cada uno de
los tipos penales, por tener como fundamento sustantivo los artículos 103 inciso 3) y 110 del Código
Penal.




 



 e. Las contravenciones que se incluyen en la reforma planteada, como faltas menores y de menor
importancia que los delitos, cumplen en su penalidad con los principios de Razonabilidad y
Proporcionalidad.




 



 f. La contravención estipulada en el artículo 117 del proyecto, referente a la sanción en contra de
quien abandone el producto que ha cazado o pescado, debe entenderse que se aplica siempre y cuando
esa actividad cuente con permiso y, por ende, no sea ilegal, pues de lo contrario, se le estaría
imponiendo una carga sobre una actividad de por sí ilícita con la finalidad de no incurrir en esa
otra sanción, exponiéndose la norma a un enfrentamiento con los Principios de Inocencia y
Culpabilidad.




 



 g. Como práctica común legislativa, y en una idónea tutela del bien jurídico en juego, resulta
oportuna la regulación que se hace en contra del funcionario público que delinque en esta materia
–al igual que en muchas otras-, para que su pena sea agravada en virtud del cargo que ostenta.




 



 h. Con fundamento en el Principio de la Realidad y en la Doctrina del Levantamiento de Velo
Corporativo, resulta procedente la legislación que se propone sobre la responsabilidad civil de
aquellas personas jurídicas que participan en la actividad que genera el daño ambiental, así como de
las personas físicas y jurídicas que participan de un mismo grupo de interés económico con esa
persona jurídica relacionada con el hecho dañino, pudiéndose prescindir de las formas jurídicas que
adopte un determinado agente económico nacional o transnacional, individual u organizado, cuando su
intervención sea oculta o no corresponda a la realidad de los hechos investigados.




 




Reciba las muestras de nuestra mayor estima y consideración,




 




 




Licdo. Rodrigo Herrera Fonseca




Procurador Adjunto




 




 





 [1] Dicho plazo “(...) se refiere a las consultas que de conformidad con la Constitución Política
(artículo 88, 97, 167 y 190) debe serle formuladas obligatoriamente a las instituciones del Estado,
interesados en un determinado proyecto de ley (verbigracia el Tribunal Supremo de Elecciones, la
Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una Institución Autónoma), no así a las consultas
optativas o voluntarias como la presente, que no está regulada por la normativa de cita.” (Opinión
Jurídica N° OJ-053-98 del 18 de junio de 1998. En sentido similar –entre otras- las opiniones
jurídicas números OJ-177-2004 del 21 de diciembre del 2004, OJ-174-2005 y OJ-181-2005
–respectivamente- de los días 2 y 14 de noviembre del 2005). 



 [2] Sobre el tema, el voto 2000-11524 de la Sala Constitucional indica: “II.- DEL PRINCIPIO DE
TIPICIDAD Y SUS POSIBLES VARIANTES. En variadas ocasiones esta Sala se ha manifestado acerca del
contenido del principio constitucional de tipicidad de las leyes en materia penal, así como a dos
formas estructuradas de una manera diversa, que son los tipos penales abiertos y los tipos penales
en blanco. De esta suerte, en sentencia número 1877-90 de las dieciséis horas y dos minutos del
diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa indicó: "III.- Los tipos penales deben estar
estructurados básicamente como una proposición condicional, que consta de un presupuesto
(descripción de la conducta) y una consecuencia (pena), en la primera debe necesariamente indicarse,
al menos, quién es el sujeto activo, pues en los delitos propios reúne determinadas condiciones
(carácter de nacional, de empleado público, etc.) y cuál es la acción constitutiva de la infracción
(verbo activo), sin estos dos elementos básicos (existen otros accesorios que pueden o no estar
presentes en la descripción típica del hecho) puede asegurarse que no existe tipo penal. IV.-... La
necesaria utilización del idioma y sus restricciones obliga a que en algunos casos no pueda lograrse
el mismo nivel de precisión, no por ello puede estimarse que la descripción presente problemas
constitucionales en relación con la tipicidad, el establecer el límite de generalización o
concreción que exige el principio de legalidad, debe hacerse en cada caso particular. V.- Problemas
de técnica legislativa hacen que en algunas oportunidades el legislador se vea obligado además de
utilizar términos no del todo precisos (tranquilidad pública en el artículo 271 del Código Penal), o
con gran capacidad de absorción (artificios o engaños en el artículo 216 del Código Penal), a
relacionar las normas con otras, tema este que ya fue tratado por la Sala en el voto 1876-90 antes
citado. Ambas prácticas pueden conllevar oscuridad a la norma y dificultar su comprensión, causando
en algunos casos roces con las exigencias que conlleva la tipicidad como garantía. Aunque no
necesariamente con la constitución." Como lo evidencian las transcripciones anteriores, para este
Tribunal, la tipicidad exige que las conductas delictivas sean acuñadas en tipos que tengan una
estructura básica conformada con el sujeto activo y el verbo activo. Se ha indicado también, que la
norma puede hacer alusión a conceptos amplios o con una gran capacidad de absorción, de manera tal
que mediante una valoración pueda concretarse y definirse el tipo penal, es decir, se determine el
sujeto activo y la acción que se sanciona. Sin embargo, ésta práctica puede presentar problemas de
comprensión de la norma, pero en ningún caso tales conceptos pueden significar tal vaguedad que no
pueda delimitarse el contenido a que se refiere, haciendo ilusorio el principio de tipicidad. Debe
tenerse en cuenta que esta Sala se pronunció además, sobre la constitucionalidad de las normas que
requieren de otra norma para su complemento y que la doctrina denomina "norma penal en blanco" (ver
voto número 1876-90 de las dieciséis horas del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa),
admitiendo su conformidad con el orden constitucional, y no admitió la utilización de los
denominados "tipos penales abiertos", que la doctrina más autorizada del derecho penal define como
aquellos tipos penales en los que la materia de prohibición no se encuentra establecida por el
legislador y la misma es dejada a la determinación judicial. Estos tipos -ha dicho la Sala- en tanto
entrañan un grave peligro de arbitrariedad, lesionan abiertamente el principio de legalidad de los
delitos (ver sentencia número 0490-94 de las dieciséis horas quince minutos del veinticinco de enero
de mil novecientos noventa y cuatro).”



 [3] El delito propio implica la necesidad de la participación de una persona que ostenta una
determinada condición, y el impropio lleva a que esa especial condición que se tiene agrave la
situación. Sobre la Teoría del Delito y Tipicidad, véase: BACIGALUPO, Enrique. “Manual de Derecho
Penal, Parte General, reimpresión, Editorial Temis, Bogotá, 1989, p. 67-116, 261 páginas.




 




[4] Así, voto número 5060-94 de la Sala Constitucional.




 



 [5] Votos de la Sala Constitucional números 2668-94, 8360-97, 5646-97, 2002-07694, 2003-4670,
2003-6306, 2003-6307, 5857-99, 1781-97, y 2004-10488.



 [6] ARTICULO 2.- La denominación "salario base", contenida en los artículos 209, 212, 216 y 84 del
Código Penal, corresponde al monto equivalente al salario base mensual del "Oficinista 1" que
aparece en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, aprobada en el
mes de noviembre anterior a la fecha de consumación del delito. Dicho salario base regirá durante
todo el año siguiente, aun  cuando el salario que se toma en consideración, para la fijación, sea
modificado durante ese período. En caso de que llegaren a existir, en la misma Ley de Presupuesto,
diferentes salarios para ese mismo cargo, se tomará el de mayor monto para los efectos de este
artículo. La Corte Suprema de Justicia comunicará, por medio de publicación en el Diario Oficial La
Gaceta, las variaciones anuales que se produzcan en el monto del salario referido. Las
modificaciones contenidas en esta Ley y las que se hicieren en un futuro al salario base del
"Oficinista 1" citado, no se considerarán como variación al tipo penal, a los efectos del artículo
13 del Código Penal y 490, inciso 4) del Código de Procedimientos Penales, excepto en los casos
pendientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, en los que no haya recaído sentencia firme.




 



 [7] En resolución No. 00095 de 26 de enero de 2001, la Sala Tercera refiere: “En cuarto lugar,
quizás previendo una posible discusión al momento de interpretarse la reforma legal, debe indicarse
que el propio legislador resolvió el problema y señaló en forma expresa cual debía ser la solución.
En efecto, se aclara la posible duda sobre el carácter de la reforma y las modificaciones sucesivas
a la cuantía, al señalarse en el artículo 2 en forma simple, clara y expresa que " ...LAS
MODIFICACIONES CONTENIDAS EN ESTA LEY Y LAS QUE SE HICIEREN EN UN FUTURO AL SALARIO BASE DEL
OFICINISTA 1 CITADO, NO SE CONSIDERARAN COMO VARIACION AL TIPO PENAL, A LOS EFECTOS DEL ARTICULO 13
DEL CODIGO PENAL Y 490, INCISO 4 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES..." (Artículo 2 de la ley
7337). Se trata de una interpretación del propio órgano que aprobó la norma, la cual nos evidencia
el propósito de las modificaciones a la cuantía. (...) En quinto y último lugar debemos hacer
referencia a un aspecto práctico, que si bien no constituye un razonamiento dogmático al menos
contribuye a evidenciar la logicidad de las interpretaciones. La realidad y la experiencia nos
demuestran que nuestro país no mantiene una situación financiera estable (...) Esto significa que el
"salario base" referido en la reforma tendrá día con día una denominación numérica expresada en
unidades de moneda nacional cada vez más alto. En consecuencia, si concluimos que deben aplicarse
esas cuantías futuras a los casos fallados cuando estaba vigente otra cuantificación numérica de ese
salario base, ello implicará a la vez afirmar que el sólo transcurso del tiempo se constituirá en
una causa automática de despenalización de la conducta (al menos el paso de delito a contravención
para unos casos, o la reducción de la pena para otros), por la tendencia inflacionaria que siempre,
absolutamente siempre, ha existido en nuestro país, lo que implica un absurdo desde el punto de
vista de una racional política criminal.(..)” Voto N° 416-A-93 de las 10:50 horas del treinta de
septiembre de 1993.”  Ver en igual sentido resoluciones de la misma Sala, No. 00416-93 de 30 de
septiembre de 1993 y No. 00806-96 de 23 de diciembre de 1996, así como la resolución del Tribunal de
Casación Penal, No. 00788 de 29 de noviembre de 1996.




 



 [8] En cuanto a la aplicación de los artículos 53 y 56 del Código Penal, pueden consultarse los
votos del Tribunal de Casación Penal, No. 00043-05, 00270-98, 00445-06, 00696-03, 01118-04 y
01208-03.



 [9] Sobre el tema, consultar votos de la Sala Constitucional, No. 7007-94, 6695-94, 6379-94,
6699-94, 4819-98 y 1606-96.



 [10] HERRERA FONSECA, Rodrigo. Jurisprudencia constitucional sobre principios del debido proceso
penal, primera edición, San José, Investigaciones Jurídicas S.A., 1991, p. 241. En igual sentido
HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, El Derecho de la Constitución II, primera edición, Juricentro, 1994, p. 435.
Voto 95-97 de la Sala Constitucional, que indica: "… Es decir, es posible imponer una sanción
disciplinaria cuando el hecho fue penalizado en la jurisdicción común …"




 



 [11] Consultar voto 7007-94 de la Sala Constitucional: “En virtud del principio de non bis in ídem,
se prohíbe el juzgar y sancionar dos veces a una persona, por una misma falta. Al establecer el
artículo 321 cuestionado la imposición conjunta de pena de prisión y pena de multa por la comisión
de un mismo delito, no está violentando el principio de prohibición del doble juzgamiento. El
legislador está facultado para regular la potestad sancionatoria del Estado, disponiendo, dentro del
marco de la legalidad, racionalidad y el respeto a los derechos fundamentales, la clase y gravedad
de las penas que se impondrán por la comisión de un determinado delito. La doctrina penal ha
aceptado como válido la imposición, para un mismo hecho,  de dos o más sanciones de manera conjunta
y ambas como penas principales. Esto no implica, ni un doble juzgamiento por un mismo hecho ni una
doble sanción, sino que es una regulación legislativa que determina la gravedad de la pena a
imponer. El deliberar sobre la conveniencia o inconveniencia de sancionar con prisión y multa el
delito de receptación, no es un problema de constitucionalidad sino  de política criminal que debe
ser definido por el legislador. De conformidad con todo lo expuesto, se debe declarar sin lugar esta
acción.” Ver también votos 6695-94, 6379-94, 6699-94, 4819-98 y 1606-96.




 




[12] Votos de la Sala Constitucional No. 5039-94 y 3133-92.




[13] Así, voto No. 3484-94 de las 12 horas del 8 de julio de 1994, de la Sala Constitucional.



 [14] Al respecto puede consultarse a HERRERA FONSECA,  Rodrigo. La Doctrina del Levantamiento del
Velo de las personas jurídicas y su responsabilidad civil por hechos ilícitos penales, primera
edición, San José, 2000, 109 p.




 



 [15] Resoluciones de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, No. 2000-00178 de las 9:42
horas del  de febrero del 2000, del Tribunal Superior Segundo Civil de San José,  Sección Primera,
No. 249 de las  9:40 horas   del 20 de julio de 1998, y voto No. 639-97 de las 16:20 horas del 19 de
mayo de 1997 del antiguo Tribunal Superior Cuarto Penal de San José, expediente No.
94-001127-202-PE.



 [16] “ARTÍCULO 226.- Responsabilidad de las personas jurídicas. Cuando se incurra en un delito por
incumplimiento de obligaciones aduaneras de personas jurídicas, responderán del delito y,
consiguientemente, se les aplicarán las penas respectivas a los representantes legales, gerentes o
administradores responsables del cumplimiento de tales obligaciones; asimismo, a los socios de
sociedades de personas o a los directores de sociedades anónimas según corresponda, cuando hayan
adoptado las decisiones que impliquen la comisión del delito. Cada uno de los indicados antes, será
sancionado de acuerdo con su propia responsabilidad personal. En cualquiera de los delitos
contemplados en este título, para establecer la verdad real de la relación tributaria aduanera, el
Servicio Nacional de Aduanas, el Ministerio de Hacienda o la autoridad jurisdiccional competente,
ante la presencia de fraude aduanero, podrán prescindir de las formas jurídicas que adopte un
determinado agente económico nacional o transnacional, individual o bajo el crimen organizado,
cuando no corresponda a la realidad de los hechos investigados. El sujeto físico y jurídico que sea
en realidad el promovente de la falta tributaria deberá responder, administrativa, civil y
penalmente, cuando así proceda.” (Así adicionado el párrafo anterior,  por el artículo 1° de la Ley
No. 8373 de 18 de agosto de 2003).

Legal Opinion: 041 - J of 05/09/2007

OJ-041-2007

May 9, 2007

Mrs.
Mauren Patricia Ballestero Vargas
President
Comisión Permanente Especial de Ambiente
Asamblea Legislativa

Dear Madam:

With the approval of the Attorney General of the Republic, Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel, we respond to the unnumbered official communication dated September 17, 2004, signed by Mrs. Hannia M. Durán, in her capacity as Area Head of the commission you chair, following instructions from the former chair of said legislative commission, Mr. German Rojas Hidalgo, in which the technical-legal opinion of this Procuraduría is requested regarding the bill called "Reform of Chapters XI and XII and various articles of the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 30, 1992" (Reforma de los capítulos XI y XII y de varios artículos de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley No. 7317 del 30 de octubre de 1992), which is being processed under legislative file No. 15.673, published in Gazette No. 167 of August 26, 2004.

I- Preliminary Consideration.

Given that the request made by the consulting Commission does not conform to the procedure for requesting opinions, established in Article 4 of the Organic Law of the Procuraduría General de la República, the following comments are not binding on the consulting body, nor do they constitute administrative jurisprudence of mandatory compliance, but rather arise from collaboration with the Deputies in their legislative work.

As is usual with this type of parliamentary request, it is noted that definitive or conclusive judgments will not be issued on the merits of the projected legislative innovation, nor on the timeliness of the measures that would be adopted by that means, nor will we undertake a systematic and exhaustive analysis of the bill, as this is outside the nature of the Procuraduría General de la República as the superior technical-legal consultative body that it is.

Finally, it is appropriate to note that since this Institution is not among the cases covered by the provisions of Article 157 of the Rules of Procedure of the Asamblea Legislativa, the 8-business-day deadline stipulated therein is not applicable. [1] In any case, we are attending to your request within the timeframe that our ordinary duties allow.

II. Motivation for the Bill Under Study.

With this legislative initiative, the legislators aim to reform the criminal sanctions contained in the Wildlife Conservation Law, No. 7317 of October 30, 1992, and the civil consequences of such acts contemplated in several articles of that regulation, considering, among other reasons, that the system of converting a fine into imprisonment for non-payment, which contemplated a large number of criminal offenses protecting wildlife, was declared contrary to Articles 33 and 38 of our Political Constitution. Likewise, regarding the amounts of fines for crimes and contraventions, the current legislation has the disadvantage of using fixed nominal values in colones, which provides little margin to adapt the penalty in the specific case and can lead to discriminatory treatment in its application against subjects with high and low economic capacity, to the extent that, in the specific case of contraventions, because the fine is fixed, it prevents adapting the sanction according to the gravity of the offense.

Another problem with the regulations intended to be replaced is the devaluation of the fixed fine amounts over time and the ineffectiveness of the updating via executive decree, as ordered by numerals 104 and 120 of the Wildlife Conservation Law.

Thus, with the aim of effectively protecting national biodiversity against the daily threat it faces, the legislator intends to strengthen and update the sanctions and infractions against wildlife, since not only is the existing regulation being reformed, but new, untypified conducts are being added, such as destruction of nests, filling of wetlands, and release of exotic species or materials for biological control.

III. Criteria of the Procuraduría General de la República on Bill Number 15.673.

a- Reform of Crimes Related to Flora and Fauna of the Wildlife Conservation Law.

The bill under study replaces the crimes contemplated in the Wildlife Conservation Law with a new set of articles developed into seventeen criminal offenses (tipos penales), which, with the observations we will make below, meet the requirements of criminal specificity (tipicidad penal) developed by both the Third Chamber (Sala Tercera) and the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), both of the Supreme Court of Justice, since reviewing the structure of each of the offense types numbered from 90 to 106 of the bill, which mostly maintain similarity with the prohibited action of the current text, it is verified that the minimum rules on specificity of the criminal norm are respected and met,[2] related to an adequate conditional proposition (presupposition of the conduct), the active subject, the active verb, and the penalty (proportional and reasonable), since following the Theory of Crime, the criminal offenses in question clearly comprise an action and describe the conduct prohibited by the norm in the objective and subjective elements of the offense (tipo), especially in the case of special crimes - proper or improper,[3] with the criminal norms having a precise and clear structure sufficient for the ordinary citizen to understand the content of the crime, without encountering problems of application due to apparent concurrence of norms, incomplete or disproportionate offenses, or open criminal offenses that could lead to the non-application of the norm for reasons of constitutionality or illegality.[4]

It is the novel proposal made regarding the penalty for crimes and its effects that must be assessed, as it substantially modifies the previous form of repressing the commission of such criminal illicit acts, innovating with alternative penalties of imprisonment and fines set under the concept of a monthly base salary, seizure (comiso), and suspension of licenses, among others.

The penalties established for the crimes allow for the imposition of either a monetary fine or a custodial sanction, an alternative that the judge must apply exclusively, either one being possible as determined by considering the seriousness of the environmental damage (daño al medio ambiente), the personal condition of the perpetrator, and the circumstances of manner, time, and place where the acts occurred, as regulated by numeral 71 of the Penal Code.

That possibility of imposing one penalty or another (fine and imprisonment) presents no defects that would lead to non-application of the norm for reasons of legality or constitutionality, as long as it does not imply the conversion of the fine into imprisonment for non-payment, an aspect that has indeed been rejected by our constitutional court in reiterated jurisprudence,[5] incidentally related to the very same legislation proposed for reform, with the rules for applying the fine matter being defined by Articles 53, 56, and 69 of the Penal Code, nor does establishing the amounts of the fines by fixing the monthly base salary of Office Clerk One contained in the position table of the Ordinary Budget Law of the Republic, according to Article 2 of Law No. 7337 of May 5, 1993,[6] imply a violation of criminal due process, since its amount is defined through a concrete, precise, clear, public procedure and under a reasoned and proportional analysis by the Executive Branch semi-annually, which allows the amount of the fine to be kept updated against inflation and devaluation, a mechanism endorsed by our Constitutional Chamber in various resolutions, among which are votes 02460-95 of May 16, 1995, from file No. 93-003016-0007-CO, vote 04794-93 of September 30, 1993, from file No. 93-003924-0007-CO, vote 05744 of October 29, 1996, from file No. 96-005807-0007-CO, and vote 05924-96 of November 5, 1996, from file No. 96-005808-0007-CO, from which the first cited is transcribed in relevant part:

"IVo. On the other hand, the most authoritative part of the doctrine considers that in those laws whose total or partial effect constantly changes within a determined period, that is, with the passage of time—as is the case of the paragraph under study—the principle of the most favorable retroactivity cannot be applied, as they would have practically no authority during their validity. For greater clarification and to understand the reasonableness of the measure contained in the challenged paragraph, it should be added that the general principle of non-retroactivity of criminal law is based on the nature of criminal law, which changes as social values change and seeks, when society no longer considers a specific violation of a legal interest harmful, to remove the protection from the legal interest originally protected, because it is no longer necessary for legal certainty. In summary, the more benign law must be applied retroactively when it implies that for the provision of legal certainty, the greater impact on legal interests that the more burdensome law provided for is no longer necessary. In the case under study, that condition does not apply, since, as already noted, the legislator has not decided to change its criminal policy regarding the protected legal interests; on the contrary, the continuity of the protection policy is necessary, in its judgment, only the quantum of the value (the way to calculate it) varies, not the value itself, to adapt the crime to the inflationary circumstances mentioned above. The value of the stolen object or good may vary due to the devaluation of the colón (the watch that cost fifteen thousand colones two years ago now has a value of twenty-one thousand), but in reality, it is the same object, therefore there must be a way to maintain a constant value for criminal purposes, since its real value is a circumstance taken into consideration in the criminal offense (tipo penal) to review the gravity of the act (contravention, simple theft, aggravated theft), and the one established in the challenged norm is reasonable and avoids what occurred with the previous reform, where, by increasing the value expressed in colones for the goods, the theft of the same object at different times made it possible to impose a higher penalty in the latter case, without the act actually being more serious.

 Vo. Finally, it must be pointed out that the challenged paragraph also does not violate the principle of equality by permitting the retroactivity of the law only for those not yet sentenced, because, first, this is due to the logic of the application of law over time and the principle explained above, which states that crimes must be judged according to the law in force (Articles 34 and 39 of the Constitution), and, second, because a person who has been judged is not in the same situation as one who has not been judged, which rationally allows a difference to be made, as noted by the legislator regarding these two categories, in addition to the fact that the legislator must indicate unequivocally from what moment the reform he has approved must be applied. On this subject, the Chamber has already ruled on other occasions, pointing out the possibility of treating different situations differently, provided that the diversity of treatment is based on criteria of reasonableness. The differences between these two categories—sentenced and unsentenced—exist, and the rationality of the measure is determined by the criminal policy reasons set forth in the preceding recitals (considerandos). For reference on the principle of equality and its scope, judgment number 1372-92 may be consulted, which stated:

 "Constitutional jurisprudence, through various pronouncements, has managed to refine the content of the principle of equality established in Article 33 of the Constitution, noting that through it, it is prohibited to make differences between two or more persons who are in the same legal situation or in identical conditions, without being able to claim equal treatment when the conditions or circumstances are unequal, and different treatment is possible for different personal situations and categories. That simple formula was recognized many years ago by the Constitutional Court, previously the Supreme Court of Justice, which was in charge of hearing unconstitutionality appeals before the creation of this specialized Chamber. But the requirement of equality does not legitimize any inequality to authorize differentiated treatment; to determine whether discrimination is truly justified, one must analyze whether the reason that produces it is reasonable, that is, if, considering the particular circumstances of the case, different treatment is justified." (Vote 02460-95 of May 16, 1995).

The Third Chamber of the Supreme Court of Justice has also ratified the legality of the cited regulation in several resolutions,[7] such as judgment No. 00416-93 of September 30, 1993, which in the relevant part states:

"… Thirdly, the annual modification of the parameter for determining the amount in the criminal offenses under discussion does not constitute a reform aimed at favoring the defendant nor at reducing the penalty annually, but on the contrary, only seeks to maintain punishability in real monetary values. Indeed, by using a variable economic factor as a parameter for determining the amount, the intent is to maintain the levels of punishment at the real values that, according to a specific criminal policy criterion adopted by the legislator at a specific historical moment, values that, due to the effect of inflation, are subject to numerical change. But that does not mean that inflationary changes in the factor constitute reforms whose purpose is aimed at favoring the defendant, or at decreasing the penalty for some crimes, or at converting felonies into contraventions. It only seeks to maintain punishability at real economic levels, because if fixed figures are used, as the 1982 criminal reform did, those fixed amounts very quickly become outdated in the face of a constant inflationary process, and consequently, without that having been the legislator's objective or the norm's, the penalty is increased in a manner proportional to monetary inflation. To avoid these drawbacks, a variable economic factor is now used, not to decrease sanctions, but to maintain the levels of punishability in their real terms, according to the initial legislative option. Nor does the depreciation of objects constitute a cause that can favor the defendant to reduce the sanction. Indeed, objects tend to decrease in price merely due to the passage of time, given the normal use and deterioration they suffer, not including damages or lack of maintenance. That depreciation of the value of objects occurring merely due to the passage of time also does not constitute an efficient cause to seek a revaluation of the good that is the object of the crime, with the supposed aim of seeking a more favorable solution. In reality, the value of the goods must be that which they had at the moment the act was committed, and even if the passage of time reduces that value, a more beneficial application of the norm could not be sought. VI.- Fourthly, perhaps anticipating a possible discussion at the moment of interpreting the legal reform, it should be indicated that the legislator itself resolved the problem and expressly indicated what the solution should be. Indeed, the possible doubt about the character of the reform and the successive modifications to the amount is clarified by stating in Article 2, in a simple, clear, and express manner, that "... THE MODIFICATIONS CONTAINED IN THIS LAW AND THOSE MADE IN THE FUTURE TO THE BASE SALARY OF OFFICE CLERK 1 CITED, SHALL NOT BE CONSIDERED AS A VARIATION TO THE CRIMINAL OFFENSE, FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 13 OF THE PENAL CODE AND 490, INCISO 4 OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE..." (Article 2 of Law 7337). This is an interpretation by the very body that approved the norm, which shows us the purpose of the modifications to the amount. VII.- Fifthly and lastly, we must refer to a practical aspect, which, although it does not constitute a dogmatic reasoning, at least helps to demonstrate the logic of the interpretations. Reality and experience show us that our country does not maintain a stable financial situation, and that therefore the trend has always been for the colón to constantly devalue every year against the currencies of developed countries. This means that the "base salary" referred to in the reform will daily have a numerical denomination expressed in units of national currency that is increasingly higher. Consequently, if we conclude that those future amounts must be applied to cases adjudicated when another numerical quantification of that base salary was in force, this will simultaneously imply affirming that the mere passage of time will constitute an automatic cause of decriminalization of the conduct (at least the transition from felony to contravention for some cases, or the reduction of the penalty for others), due to the inflationary trend that has always, absolutely always, existed in our country, which implies an absurdity from the point of view of a rational criminal policy. In turn, this would lead us to affirm, practically, in all future judgments imposed for the crimes of robbery, theft, damages, fraud, swindle (estelionato), simulation fraud, fraud in the delivery of things, check fraud, fraudulent administration, and misappropriation or undue retention, that sooner or later the crime will disappear and become a contravention, or the imposed penalty must be reduced, and for those who have already served it, they will have to be compensated, because the amount of the base salary will increase given the country's inflationary process. Of course, this leads us to an absurdity, and while this is not a legal argument but rather a real and effective one, it is worthy of consideration to resolve a problem of interpreting norms in a legal discipline that, like criminal law, aims to help resolve social, real, certain, determined conflicts, to prevent the solution from remaining in the barbarism that underpins private vengeance. The application of legal criteria, isolated from reality and lacking practical content, can lead us to nonsense, such as would be admitting that the modifications to the amount must be applied retroactively. The criminal reform aimed to resolve a justice problem in favor of those accused of crimes, since previously the penalty and repression increased with rising inflation, by establishing fixed amounts in the typical description of those criminal acts. To resolve the problem in favor of the accused, a variable factor was sought, but certain guarantees were demanded: first, that it be established year after year by the legislator itself, following to some extent the inflationary trends affecting salaries; and second, that it be approved by law, with the publicity and transparency that this entails. Other countries have resorted to that and other types of variable factors to resolve the same problem, taking as a parameter some the amount of mandatory vehicle insurance, others the price of a liter of gasoline, and others the minimum wages established by the Executive Branch. The Costa Rican legislator opted for a salary set by the Legislative Assembly in the Budget Law, also taking into account the principle of legality. But the solution now cannot lead us to an inverse absurdity to that which existed before the criminal reform, because while the intent was to correct an illogical increase in criminal repression by the legislator setting variable parameters to establish penal amounts, the truth is that it also did not intend a senseless decriminalization. Ultimately, both aspects constitute a contradiction that does not harmonize with the other fundamental rights, also constitutional, that Criminal Law protects in each criminal figure in favor of the victims, and which must also be considered in a correct interpretation of our normative system. For all these reasons, the undersigned do not doubt the constitutionality of the reform, without prejudice to the right of citizens to address the Constitutional Chamber."

Precisely, in the event of non-payment of the fine penalty, it is the cited Articles numbers 53, 56, and 69 of the Penal Code that will regulate the non-payment by the convicted person, with the fine being convertible to imprisonment if the obligor has the economic capacity and does not pay, and if they do not have it, they may compensate for the eventual damage through the provision of community service (trabajos comunales) in favor of state institutions, without incurring a violation of the prohibition of imprisonment for debt.[8]

Along with these penalties, most criminal offenses additionally impose other accessory sanctions applicable concomitantly, such as the cancellation of licenses, disqualifications (inhabilitaciones), and loss of property that constitutes the object of the crime or the means with which the illicit act was committed. That possibility of punishing a person with various sanctions for the same act becomes possible and presents no defects of illegality or unconstitutionality, since in accordance with the jurisprudence of the Constitutional Chamber,[9] it is not prohibited to impose two or more sanctions on the same person for the same act, but rather to have two or more different prosecutions for that activity, with a sanction against the same subject also being admissible when it comes from authorities of different natures, such as a criminal sanction versus a labor or administrative sanction.[10]

In any case, in criminal matters, the criminal offense (tipo penal) can decree one or more penalties for the same act, such as a fine, disqualification, banishment (extrañamiento), community service work, and imprisonment at the same time, since it has been understood that there is no friction with the Political Constitution when this occurs, as there is neither double prosecution nor double sanction, but rather a regulation on the gravity with which a specific act is punished. As indicated above, there is no norm or principle that prohibits a double punishment for a single illicit act,[11] to the extent that other norms contemplate this possibility, as occurs with Article 67 of the Ley Forestal and numerals 216 and 225, section a) of the General Customs Law. It is worth assessing here the maximum disqualification period that the bill provides for the cancellation and renewal of licenses that could be imposed along with other sanctions, which is set at twelve years, since it must be proportional and reasonable according to the legal interest affected, as what is required on this subject is to avoid sanctions that bear no relation to the type and nature of the infraction, as well as not incurring penalties prohibited by our Political Constitution,[12] so it is the legislator's power to establish the disqualification period for the offender that, under the Principles of Proportionality and Reasonableness, it deems appropriate for the protection of the legal interest that the legislation under analysis protects.[13]

As for the seizure (comiso) of the goods that are the object of the illicit act or that served for its commission, it is fully admissible in the criminal offenses under study, since although it is not a penalty against the accused nor a civil consequence of the crime, but rather an "ex lege" consequence of a prohibited criminal act, the loss that is expressly ordered of the goods described in the criminal offenses finds legal support in Articles 103, section 3) and 110 of the Penal Code.

b. Reform of Contraventions Protecting Flora and Fauna.

The bill under discussion intends to reform the twelfth chapter of the Wildlife Conservation Law, called "Of Contraventions" (De las contravenciones), from Article 107 to 121 inclusive.

The points referred to in section a) above regarding the requirements of specificity (tipicidad), content of the norms, application, and execution of fines, as well as the seizure (comiso) of goods, are fully applicable to the cited minor offenses, which sanction the offender of a properly described conduct solely with a fine, in an amount easily determinable under the parameter of the base salary included in Article 2 of Law No. 7337 of May 5, 1993, so we do not prima facie find problems in the application of said criminal offenses.

As for the nature and origin of the legal regime for contraventions, this Procuraduría, in Legal Opinion No. OJ-008-2007 of February 12, 2007, made several considerations that may be of interest in the present study, with the aim of equating the requirements for crimes with those for contraventions or minor offenses, for purposes of complying with the Principle of Legality and Specificity. Said criterion, in what is relevant, stated:

"…Our Political Constitution, in Article 39, contemplates contraventions in criminal matters by indicating that no one shall be made to suffer punishment except, among others, for the commission of what it calls a "fault" (falta), (9) (See vote of the Constitutional Chamber No. 408 of 15:00 hours on February 18, 1992, which, in the relevant part, states: "In the nomenclature used by the constitution-maker, the term fault contains entirely that of contravention, which is why the legislator has given both the same treatment, expressly recognized in the Code of Criminal Procedure when its Chapter III is titled, 'Trial of Faults and Contraventions' (Juicio de Faltas y Contravenciones)") located in Book Three of the Penal Code, which, in the opinion of the doctrine and constitutional jurisprudence, are understood in our context as minor faults arising from acts without relevant significance or gravity, (10) (CHIRINO SÁNCHEZ, Eric. Las contravenciones y el ámbito sancionatorio del Derecho Penal. In: Jurisprudencia Crítica, No. 3, ILANUD, Commission for the Improvement of the Administration of Justice, San José, 1989, p.43-44.) in contrast to crimes, which protect legal interests of greater relevance, to the point that the former are sanctioned with fines, while the latter imply one or several penalties simultaneously, (11) (Article 50 of the Penal Code) including deprivation of liberty.

This is recorded in the statement of motives of the current Penal Code, drafted by the President of the Drafting Commission, Dr. Guillermo Padilla Castro, in 1970, which indicates regarding contraventions:

"Faults. Articles 374 to 413.- The denomination corresponding to faults could well have been contraventions, since we have grouped a series of acts without major significance and that do not show any dangerousness on the part of those who commit them. The name is indifferent. What matters is its content, since we eliminated infractions that appear in the current code to transfer them to the book of crimes and that should be there because they are essentially so."

In this regard, the Constitutional Chamber, in resolution number 8360 of 14 hours 12 minutes on December 5, 1997, file No. 8364-M-97, stated:

"VI.- The prevailing doctrine considers that contraventions protect legal interests of lesser importance, and with this argument, they justify less rigor in the formalities contained in the procedure that regulates them, not permitted in the criminal procedure that sanctions crimes. At first glance, it would seem that the contraventional procedure, as regulated, presents no serious problem from a social or human rights perspective. However, this position is very questionable, if one takes into account that the majority of the contravening population belongs to a lower social class or one of scarce resources, or to that which has values and customs different from those of the predominant class. From this point of view, an important sector of the doctrine considers that the contraventional system serves as an instrument of social control, criminalizing and oppressive of the most marginalized population. If to this we add the fact that the majority of contravenors of this class, if they do not pay the fine, must serve the punishment with a prison sentence, the problem becomes even more serious and dangerous within the context of a democratic system of law." For purposes of the content of the norm, both in matters of crimes and contraventions, both types must conform to what is ordered by the Principle of Criminal Specificity (Tipicidad Penal), with the legislator being responsible for assessing the importance of the protected legal interest here, to determine the appropriateness of considering the criminal offense as a contravention, in accordance with the criminal policy followed for it. Our jurisprudence has recorded this:

"Although there is no radical difference between crime and contravention, this is because both figures require the demonstration of specificity (tipicidad), unlawfulness (antijuricidad), and culpability (culpabilidad). However, the legislator—for reasons of criminal policy—has preferred to place within contraventions some actions considered not to be of such magnitude regarding the violation of the protected legal interest and the damage they may cause to society" (Criminal Cassation Court (Tribunal de Casación Penal), resolution No. 2004-1191 of ten hours twelve minutes on November eighteen, two thousand four). …"

Therefore, we are of the opinion that the aforementioned contraventional criminal offenses satisfy the previously cited requirements of specificity (tipicidad) given that the elements that comprise them are known.

Despite this, and although the requirements of specificity (tipicidad) are met, the offense set forth in Article 117 of the draft bill does merit special attention; it literally states:

"Article 117.- Whoever voluntarily fails to retrieve the pieces they have hunted or fished and thereby causes the waste of the resource shall be punished with a fine of twenty-five percent (25%) to fifty percent (50%) of a base salary defined in Article 2 of Law No. 7337 of May 5, 1993."

According to the wording of the criminal offense, it punishes anyone who, without any justification, abandons and wastes the animal product obtained from hunting or fishing, but it must be clarified that such activity must be understood as that which is permitted and carried out with the corresponding permit, since, in the case of illegal hunting or fishing, following the applicable precepts of constitutionality, if the rule were applied, it could create a problem in the use of the contraventional offense by requiring the active subject to retain and recover the material object of their infraction, even though it comes from criminal conduct, potentially endangering the constitutional value of the Principle of Innocence and Culpability (Principio de Inocencia y Culpabilidad) by imposing upon them a burden that they should not actually bear.

On this subject, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) was clear when ruling on a Judicial Consultation of Constitutionality (No. 1531-C-90) regarding Article 328 of the Criminal Code, through which, in ruling No. 525-93 at 2:24 p.m. on February 3, 1993, it declared that provision contrary to our Political Constitution, as follows:

".. THIRD: Article 328 of the Criminal Code provides: 'Whoever, after a traffic accident in which they have taken part and from which injuries or death have resulted, leaves the scene to avoid identification or to evade the necessary verifications, or who, having left for justifiable reasons, subsequently fails to immediately report to the authority, shall be punished with imprisonment of six months to two years.' Indeed, what is criminalized here is the accused's lack of cooperation in ascertaining the truth, which is incompatible with an accusatory criminal process, to the detriment of the 'necessary demonstration of guilt' required by Article 39 of the Political Constitution; on the other hand, there is a lack of legislative reasonableness, for such cooperation is not required of the perpetrator of a whole series of crimes against life, against sexual freedom, against freedom...conducts even more serious due to the nature of the protected legal interest. The Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) is correct in finding that the principle of innocence has been infringed: it is the task of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) to exercise the public criminal action, and of the jurisdictional bodies to rule according to law at the end of a due process without the accused having to cooperate in discovering the truth of the facts.

FOURTH: Moreover, the offense in question forms part of Title XIV of the Criminal Code: Crimes against the Administration of Justice. It is placed, then, arbitrarily, alongside false testimony and witness bribery, false reporting and malicious complaints, receiving stolen property, real facilitation, evasion, and breach of sentence...The legal interest protected by Article 328 is arbitrarily assimilated to that protected by other criminal figures that form part of the same title of the Criminal Code; the assimilation of the former to the latter is unfortunate and leads to absurd consequences: for example, the perpetrator of a qualified homicide who leaves the scene to avoid identification or to evade the necessary verifications is punished under Article 112 of the Criminal Code; however, if a traffic accident results in the death of a person and one of the participants therein leaves the scene to avoid identification or to evade the necessary verifications, they may be punished for negligent homicide and abandoning the scene of the accident, as if the abandonment were more serious in this latter hypothesis than in the first (qualified homicide).

FIFTH: A final set of considerations concerns the legal interest protected by Article 328 of the Criminal Code. We cannot begin from the placement of this offense in Title XIV, which would be illegitimate, as expressed in the fourth recital (considerando) above. If we were to inquire into the guaranteed legal interest, based on the text of Article 328, we would find that it is not, as it appears, a defense of bodily integrity and life. Indeed, one of the elements of the offense is that 'injuries or death' resulted from the traffic accident; if there were none, the conduct would not be criminal. In reality, it involves, unconstitutionally, a description of conduct, an objective-type offense (tipo en sentido objetivo), without an inherent legal interest, since bodily integrity and life are protected by Article 142 of the Criminal Code. Since the Constitution provides that 'private actions that do not harm public morals or order, or that do not harm third parties, are outside the action of the law' -Art. 28- a limit is imposed on the so-called ius puniendi, because inherent to each criminal figure must be a precisely determined injury or danger to a social-ethical value; in other terms, since it is not enough for a conduct or omission to 'fit' abstractly into an offense, a significant injury to a legal interest is also necessary. Otherwise, we would have criminal conduct even though it does not harm public morals or order or does not harm third parties.

THEREFORE (Por Tanto): The judicial consultation is resolved in the sense that Article 328 of the Criminal Code is unconstitutional and is consequently annulled. This judgment is declaratory and retroactive to the date the provision took effect. Those serving a sentence pursuant to it must be released. Let it be notified."

c. On the aggravating circumstance in the penalty of the public official offender.

Article 122 of the draft bill under analysis establishes as a ground for aggravation of the sanctions, for public officials who participate in the commission of the crimes and contraventions described in the new legislation, an increase of up to one-third of the applicable penalty, which is entirely appropriate by virtue of the position held and the duties incumbent upon persons holding that status, as is the case with the ancillary penalty of disqualification from holding office for a period of up to twelve years, depending on the gravity of the act, thereby ratifying what the substantive criminal law already establishes for the public official who breaches their duties, which is incurring the predicate set forth in Article 332 of the Criminal Code.

This is, in truth, a lawful and common practice in punitive legislation, as occurs in the General Customs Law (Ley General de Aduanas) in its Articles 216 bis and 225 subsection a), and with Article 67 of the Forestry Law (Ley Forestal), which also incorporate similar regulation that aggravates the sanction in consideration of the status of holding public office.

d. Civil liability of legal entities and natural persons that comprise economic groups.

The draft bill contemplates, in its Article 130, a new text regulating the joint and several civil liability (responsabilidad civil solidaria) for damages of legal entities that participate in the unlawful acts described in the criminal offenses, and of natural persons who are not necessarily subjectively responsible for the unlawful act and of legal entities that form the same economic interest group with the legal entity participating in the infraction; this is not only appropriate but advisable due to the new forms of participation of de facto and de jure organizations that act covertly through third parties who are not always part of them.

In this regard, the possibility that a legal entity may be civilly liable for wrongful acts in which it has intervened is correctly established, completely independent of the liability borne by the natural persons who compose it. And with respect to the natural persons (unrelated to any subjective criminal liability) and legal entities that participate in the same economic interest group with that legal entity that is related to the harmful act, doctrine[14] and jurisprudence[15] have also admitted that possibility of civilly sanctioning those subjects of national and international law that do not materially form part of the guaranteeing subject and that act covertly using natural or legal persons that act under their command, based on the Legal Principle of Piercing the Corporate Veil (Principio Jurídico del Levantamiento del Velo Corporativo) and the doctrinal figures of the Business Economic Group and Financial Holding, whereby it is now possible to hold liable in court those legal and natural persons who, in fraud, conceal the reality of dealings under other persons directly or indirectly related to them.

In doctrine, this modality fits within the thesis of abuse of legal personality, which consists of abusing the immunity from liability that the law grants to partners or concealed owners of the corporate assets, in order to commit unlawful acts through the company they control; a shield or impunity that materializes when the person is used fraudulently to achieve economic and criminal impunity, through fraud and concealment of reality. Doctrine has created predicates for its application, such as concealment of nationality, tax fraud, sole-shareholder corporations, cartels or subsidiaries, and bankruptcy. Under these elements, piercing the corporate veil arises with the use of the corporate regime to take advantage of the benefits or privileges of the limitation of its liability, under modalities of fraud, concealment, and bad faith, figures that will always require the relationship of the active subject with the company improperly used, the fraud, and subsidiarity with respect to other figures such as simulation and the Paulian action. The advancement and acceptance of the cited figure has reached such a doctrinal and jurisprudential degree worldwide that in the United States and Europe there is a vast number of didactic works and judicial rulings issued in that sense, especially in matters of drug trafficking and Human Rights, where the trafficking and affecting of goods, animals, and persons by Organized Crime, as a recognized subject, has reached a notable degree of illicit negotiation among powerful organized groups whose identity is seldom easily discovered, a real situation that has even led the International Community to dictate agreements between States aimed at defending their interests, such as, by way of example, the "United Nations Convention against Transnational Organized Crime," Law No. 8302 published in Gazette No. 123 of June 27, 2003, a bill processed under legislative file No. 14.620.

Serving as reference in the application of this regulation are Article 67 of the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Protection (Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor), No. 7472, and Article 226 of the General Customs Law, No. 7557 of October 20, 1995,[16] as well as Articles 1, 4, 20, 22, and 468 of the Civil Code, Article 4 of the Commercial Code, Articles 140, 289, and 468 of the Criminal Procedure Code, and Articles 242 and 282 of the Civil Procedure Code.

Therefore, it is appropriate and reasonable for the legislator to opt for the possibility of disregarding the legal forms adopted by a specific national or transnational economic agent, individually or under Organized Crime, when they do not correspond to the reality of the investigated facts, and must answer civilly and criminally when appropriate, because that physical and legal agent actually constitutes the promoter of the criminal infraction that generates civil liability.

It is our opinion, prima facie, that this legislative initiative conforms to the principles of proportionality and legality in the exercise of criminal prosecution in force in a State governed by the rule of law, without forgetting the observations and considerations set forth above, which are submitted for the consideration of this Honorable Legislative Committee.

IV. Conclusions.

a. The criminal offenses categorized as crimes and contraventions in the draft bill respect and meet the requirements regarding specificity (tipicidad) of the criminal provision, as they adequately contemplate the elements of a conditional proposition as the predicate of the conduct, the active subject of the offense, the active verb describing the prohibited action, and the penalty with proportional and reasonable sanctions.

b. The possibility of imposing a fine or imprisonment for the same criminal act does not present defects that affect the provision for reasons of legality or constitutionality, since such practice does not imply the conversion of the fine into a prison sentence for failure to pay, but rather the power of the judge to order, according to the objective and subjective circumstances of the case, penalties of a different nature to be imposed.

c. Due criminal process is not violated if a system is adopted for setting the amounts of fines based on the monthly base salary of Office Clerk One (Oficinista Uno) contained in the list of positions of the Ordinary Budget Law of the Republic (Ley de Presupuesto Ordinario de la República), pursuant to Article 2 of Law No. 7337 of May 5, 1993, as this makes it possible to keep the amount of the fine updated with respect to inflation and devaluation.

d. The existence of ancillary sanctions in the draft bill under study, such as the cancellation of licenses, disqualifications, and loss of property that constitute the object of the crime or the means by which the illicit act was committed, does not, in principle, create problems of legality or unconstitutionality, since it is indeed possible to punish the offending subject with various sanctions for the same act. The same applies to the confiscation (comiso) of property that is expressly indicated in the majority of each criminal offense, since its substantive basis lies in Articles 103 subsection 3) and 110 of the Criminal Code.

e. The contraventions included in the proposed reform, as minor infractions of lesser importance than crimes, comply in their penalty with the Principles of Reasonableness and Proportionality.

f. The contravention stipulated in Article 117 of the draft bill, concerning the sanction against whoever abandons the product they have hunted or fished, must be understood to apply only as long as that activity is permitted and, therefore, not illegal; otherwise, a burden would be imposed regarding an activity that is illicit in itself, for the purpose of not incurring that other sanction, thereby exposing the provision to a conflict with the Principles of Innocence and Culpability.

g. As a common legislative practice, and as an appropriate protection of the legal interest at stake, the regulation aimed at the public official who commits a crime in this matter—as in many others—is opportune, so that their penalty is aggravated by virtue of the office they hold.

h. Based on the Principle of Reality and the Doctrine of Piercing the Corporate Veil, the proposed legislation is appropriate regarding the civil liability of those legal entities that participate in the activity causing environmental damage, as well as the natural and legal persons that participate in the same economic interest group with that legal entity related to the harmful act, it being possible to disregard the legal forms adopted by a specific national or transnational economic agent, whether individual or organized, when their intervention is concealed or does not correspond to the reality of the investigated facts.

Receive the assurances of our highest esteem and consideration,

Licdo. Rodrigo Herrera Fonseca
Assistant Attorney General (Procurador Adjunto)

[1] Said deadline "(...) refers to the consultations that, in accordance with the Political Constitution (Articles 88, 97, 167, and 190), must be mandatorily formulated to State institutions interested in a specific bill of law (for example, the Supreme Electoral Tribunal, the University of Costa Rica, the Judicial Branch, or an Autonomous Institution), and not to optional or voluntary consultations such as the present one, which is not regulated by the cited provisions." (Legal Opinion No. OJ-053-98 of June 18, 1998. In a similar sense – among others – Legal Opinion numbers OJ-177-2004 of December 21, 2004, OJ-174-2005 and OJ-181-2005 – respectively – of November 2 and 14, 2005).

[2] On the subject, ruling 2000-11524 of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) states: "II.- ON THE PRINCIPLE OF SPECIFICITY (TIPICIDAD) AND ITS POSSIBLE VARIANTS. On various occasions, this Chamber has expressed its views on the content of the constitutional principle of specificity of laws in criminal matters, as well as on two forms structured in a different manner, which are open criminal offenses (tipos penales abiertos) and blank criminal offenses (tipos penales en blanco). Thus, in judgment number 1877-90 at sixteen hours and two minutes on December nineteenth, nineteen ninety, it stated: "III.- Criminal offenses must be structured basically as a conditional proposition, consisting of a predicate (description of the conduct) and a consequence (penalty). The former must necessarily indicate, at least, who the active subject is, since in specific-intent crimes (delitos propios) they meet certain conditions (status as a national, a public employee, etc.), and what action constitutes the infraction (active verb). Without these two basic elements (there are other accessory elements that may or may not be present in the description of the criminal act), it can be assured that no criminal offense exists. IV.-... The necessary use of language and its restrictions obliges that sometimes the same level of precision cannot be achieved, but this does not mean that the description presents constitutional problems in relation to specificity. Establishing the limit of generalization or concreteness required by the principle of legality must be done on a case-by-case basis. V.- Problems of legislative technique mean that on some occasions the legislator is forced not only to use terms that are not entirely precise (public tranquility in Article 271 of the Criminal Code), or with great absorptive capacity (artifices or deceptions in Article 216 of the Criminal Code), but also to relate the provisions to others, a matter which was already addressed by the Chamber in the aforementioned ruling 1876-90. Both practices may entail obscurity in the provision and hinder its understanding, causing in some cases friction with the requirements that specificity as a guarantee entails, although not necessarily with the Constitution." As evidenced by the foregoing transcriptions, for this Court, specificity (tipicidad) requires that criminal conduct be coined into offenses having a basic structure composed of the active subject and the active verb. It has also been indicated that the provision may refer to broad concepts or those with great absorptive capacity, in such a way that, through an assessment, the criminal offense can be specified and defined, that is, the active subject and the punished action are determined. However, this practice can present problems of comprehension of the provision, but in no case can such concepts signify such vagueness that the content to which they refer cannot be delimited, rendering the principle of specificity illusory. It must be borne in mind that this Chamber also ruled on the constitutionality of provisions that require another provision for their complement and that doctrine calls a 'blank criminal provision (norma penal en blanco)' (see ruling number 1876-90 at sixteen hours on December nineteenth, nineteen ninety), admitting its conformity with the constitutional order, and did not admit the use of so-called 'open criminal offenses (tipos penales abiertos),' which the most authoritative criminal law doctrine defines as those criminal offenses in which the matter of prohibition is not established by the legislator and is left to judicial determination. These offenses - the Chamber has stated - insofar as they entail a serious danger of arbitrariness, openly violate the principle of legality of crimes (see judgment number 0490-94 at sixteen hours fifteen minutes on January twenty-fifth, nineteen ninety-four)."

[3] A specific-intent crime (delito propio) implies the necessity of the participation of a person who holds a certain condition, and an improper-intent crime (delito impropio) means that said special condition aggravates the situation. On the Theory of Crime and Specificity, see: BACIGALUPO, Enrique. "Manual de Derecho Penal, Parte General," reprint, Editorial Temis, Bogotá, 1989, pp. 67-116, 261 pages.

[4] Thus, ruling number 5060-94 of the Constitutional Chamber.

[5] Rulings of the Constitutional Chamber numbers 2668-94, 8360-97, 5646-97, 2002-07694, 2003-4670, 2003-6306, 2003-6307, 5857-99, 1781-97, and 2004-10488.

[6] ARTICLE 2.- The denomination "base salary," contained in Articles 209, 212, 216, and 84 of the Criminal Code, corresponds to the amount equivalent to the monthly base salary of "Office Clerk 1" (Oficinista 1) that appears in the list of positions of the Ordinary Budget Law of the Republic (Ley de Presupuesto Ordinario de la República), approved in the month of November prior to the date of consummation of the crime. Said base salary shall govern throughout the following year, even when the salary taken into consideration for its setting is modified during that period. In the event that different salaries for that same position should exist in the same Budget Law, the highest amount shall be taken for the purposes of this article. The Supreme Court of Justice shall communicate, by means of publication in the Official Gazette La Gaceta, the annual variations that occur in the amount of the referred salary. The modifications contained in this Law and those made in the future to the base salary of the cited "Office Clerk 1" shall not be considered as a variation of the criminal offense, for the purposes of Article 13 of the Criminal Code and Article 490, subsection 4) of the Code of Criminal Procedure (Código de Procedimientos Penales), except in cases pending upon the entry into force of this Law in which a final judgment has not been rendered.

[7] In Resolution No. 00095 of January 26, 2001, the Third Chamber (Sala Tercera) states: "Fourthly, perhaps foreseeing a possible discussion at the time of interpreting the legal reform, it must be noted that the legislator himself resolved the problem and expressly indicated what the solution should be. Indeed, the possible doubt about the nature of the reform and the successive modifications to the amount is clarified by stating in Article 2 simply, clearly, and expressly that ' ...THE MODIFICATIONS CONTAINED IN THIS LAW AND THOSE MADE IN THE FUTURE TO THE BASE SALARY OF THE CITED OFFICE CLERK 1 SHALL NOT BE CONSIDERED AS A VARIATION TO THE CRIMINAL OFFENSE, FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 13 OF THE CRIMINAL CODE AND 490, SUBSECTION 4 OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE...' (Article 2 of Law 7337). This is an interpretation by the very body that approved the provision, which demonstrates the purpose of the modifications to the amount. (...) Fifthly and lastly, we must refer to a practical aspect, which, although it does not constitute a dogmatic reasoning, at least contributes to demonstrating the logic of the interpretations. Reality and experience show us that our country does not maintain a stable financial situation (...) This means that the 'base salary' referred to in the reform will, day by day, have a numerical denomination expressed in units of national currency that are increasingly higher. Consequently, if we conclude that those future amounts must be applied to cases decided when another numerical quantification of that base salary was in force, this would simultaneously imply affirming that the mere passage of time would constitute an automatic cause of decriminalization of the conduct (at least the change from crime to contravention for some cases, or the reduction of the penalty for others), due to the inflationary trend that has always, absolutely always, existed in our country, which implies an absurdity from the point of view of rational criminal policy. (...)” Ruling No. 416-A-93 at 10:50 hours on September thirty, 1993." See in the same sense resolutions of the same Chamber, No. 00416-93 of September 30, 1993 and No. 00806-96 of December 23, 1996, as well as the resolution of the Criminal Cassation Court (Tribunal de Casación Penal), No. 00788 of November 29, 1996.

[8] Regarding the application of Articles 53 and 56 of the Criminal Code, see the rulings of the Criminal Cassation Court, No. 00043-05, 00270-98, 00445-06, 00696-03, 01118-04, and 01208-03.

[9] On the subject, see rulings of the Constitutional Chamber, No. 7007-94, 6695-94, 6379-94, 6699-94, 4819-98, and 1606-96.

[10] HERRERA FONSECA, Rodrigo. Jurisprudencia constitucional sobre principios del debido proceso penal, first edition, San José, Investigaciones Jurídicas S.A., 1991, p. 241. In the same sense, HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, El Derecho de la Constitución II, first edition, Juricentro, 1994, p. 435. Ruling 95-97 of the Constitutional Chamber, which states: "… That is, it is possible to impose a disciplinary sanction when the act was penalized in the ordinary jurisdiction …"

[11] See ruling 7007-94 of the Constitutional Chamber: "By virtue of the principle of non bis in idem, it is prohibited to try and punish a person twice for the same infraction. By establishing the joint imposition of a prison sentence and a fine for the commission of the same crime, the challenged Article 321 is not violating the principle of prohibition against double jeopardy. The legislator is empowered to regulate the sanctioning power of the State, providing, within the framework of legality, rationality, and respect for fundamental rights, the type and severity of the penalties to be imposed for the commission of a specific crime. Criminal doctrine has admitted as valid the imposition, for the same act, of two or more sanctions jointly and both as principal penalties. This implies neither double jeopardy for the same act nor double punishment, but rather it is a legislative regulation that determines the severity of the penalty to be imposed. Deliberating on the advisability or inadvisability of sanctioning the crime of receiving stolen property with imprisonment and a fine is not a problem of constitutionality but rather of criminal policy that must be defined by the legislator. In accordance with all the foregoing, this action must be declared without merit." See also rulings 6695-94, 6379-94, 6699-94, 4819-98, and 1606-96.

[12] Rulings of the Constitutional Chamber No. 5039-94 and 3133-92.

[13] Thus, ruling No. 3484-94 at 12:00 hours on July 8, 1994, of the Constitutional Chamber.

[14] In this regard, see HERRERA FONSECA, Rodrigo. La Doctrina del Levantamiento del Velo de las personas jurídicas y su responsabilidad civil por hechos ilícitos penales, first edition, San José, 2000, 109 p.

[15] Resolutions of the Second Chamber (Sala Segunda) of the Supreme Court of Justice, No. 2000-00178 at 9:42 hours on February ?, 2000, of the Second Superior Civil Court of San José, First Section, No. 249 at 9:40 hours on July 20, 1998, and ruling No. 639-97 at 16:20 hours on May 19, 1997, of the former Fourth Superior Criminal Court of San José, file No. 94-001127-202-PE.

[16] "ARTICLE 226.- Liability of legal entities. When a crime is committed due to non-compliance with customs obligations of legal entities, the legal representatives, managers, or administrators responsible for complying with such obligations shall be liable for the crime and, consequently, the respective penalties shall be applied to them; likewise, to partners of partnerships or directors of corporations as applicable, when they have adopted the decisions that imply the commission of the crime. Each of the individuals indicated above shall be sanctioned according to their own personal responsibility. In any of the crimes contemplated in this title, in order to establish the real truth of the customs tax relationship, the National Customs Service (Servicio Nacional de Aduanas), the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda), or the competent jurisdictional authority, in the presence of customs fraud, may disregard the legal forms adopted by a specific national or transnational economic agent, individually or under organized crime, when they do not correspond to the reality of the investigated facts. The physical and legal subject who is actually the promoter of the tax infraction must answer, administratively, civilly, and criminally, when appropriate." (The preceding paragraph was thus added by Article 1 of Law No. 8373 of August 18, 2003).