Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Ahora bien, tal y como se preciso supra la derogación de las distintas exoneraciones acordada en la ley N° 7293 del 3 de abril de 1992, tiene como excepción los casos expresamente establecidos en el artículo 2° de este cuerpo legal. Del estudio de dicho numeral se desprende que el legislador no contempló exoneración alguna a favor de las reservas indígenas, ni a favor de sus pobladores, razón por la cual la exoneración objetiva contenida en el artículo 3° de la Ley Indígena se vio afectada por la derogatoria general que establece el artículo 1° de la Ley de Todas las Exoneraciones Vigentes, sus derogatorias y sus excepciones.
En razón de lo expuesto, y teniendo en cuenta que no existe norma legal vigente que otorgue una exoneración al pago del impuesto a las construcciones dentro de las reservas indígenas, debemos concluir que las construcciones que se realicen en el interior de las reservas indígenas se encuentran afectas al pago del impuesto sobre las construcciones contenido en el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana, por lo cual la Municipalidad de Mora está en la obligación de cobrar dicho tributo.
English (translation)However, as stated above, the repeal of the various exemptions agreed upon in Law No. 7293 of April 3, 1992, has as exceptions the cases expressly established in Article 2 of that legal body. From the study of said numeral it is clear that the legislator did not contemplate any exemption in favor of indigenous reserves, nor in favor of their inhabitants, which is why the objective exemption contained in Article 3 of the Indigenous Law was affected by the general repeal established in Article 1 of the Law on All Current Exemptions, its repeals and exceptions.
In view of the foregoing, and considering that there is no valid legal norm granting an exemption from payment of the construction tax within indigenous reserves, we must conclude that constructions carried out inside indigenous reserves are subject to payment of the construction tax contained in Article 70 of the Urban Planning Law, and therefore the Municipality of Mora is obliged to collect said tax.
Interpretive opinion
Dictamen : 356 del 03/10/2007 C-356-2007 03 de octubre de 2007 Licenciado Gilberto Monge Pizarro Alcalde Municipalidad de Mora Estimado Señor: Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su oficio de fecha 11 de setiembre del 2007, en el cual se solicita criterio técnico jurídico sobre si se debe cobrar el impuesto del 1% sobre el valor de las construcciones que se hagan en reservas indígenas, establecido en el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana N° 4240, o si existe exención vigente que dispense el cobro de este tributo. Se adjunta a la presente consulta los criterios legales DAJ-042-2006 del 22 de mayo del 2006 y DAJ-033-2007 del 19 de febrero del 2007, ambos vertidos por el Licenciado Roberto Morales Delgado, Director de Asuntos Jurídicos de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Mora, en los cuales se recomienda el rechazo de la solicitud de exoneración del impuesto sobre las construcciones en los terrenos de las reservas indígenas del cantón; así como copia del oficio sin número de fecha 2 de marzo del 2007, de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), suscrito por el Licenciado Salvador Arauz Figueroa, Jefe del Departamento Legal, en el cual se indica que en materia de permisos de construcción, el ente municipal no podría cobrar el impuesto sobre las construcciones o las edificaciones que se realizasen dentro de las reservas indígenas, toda vez que a criterio del CONAI, la Ley Reguladora de Todas la Exoneraciones Vigentes podría ir en contra de la Ley Indígena y del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo. I. SOBRE EL IMPUESTO A LAS CONSTRUCCIONES El impuesto sobre las construcciones surge a partir de lo estipulado en la Ley de Construcciones, N° 833 del 2 de noviembre de 1949, y la Ley de Planificación Urbana, ley N° 4240 de 15 de noviembre de 1968, las cuales le otorgan a los gobiernos locales la potestad de control sobre las construcciones que se realicen en las diferentes poblaciones de la República, así como la planificación regional, tal y como se desprende de los artículos 1 y 87 de la Ley de Construcciones y 15 de la Ley de Planificación Urbana. Es importante señalar que el artículo 74 de la Ley de Construcciones establece la obligación de los particulares de solicitar a las entidades municipales la respectiva licencia para poder efectuar obras de construcción dentro de una localidad. Dispone esa norma: "Artículo 74.- Licencias. Toda obra relacionada con la construcción, que se ejecute en las poblaciones de la República, sea de carácter permanente o provisional, deberá ejecutarse con licencia de la Municipalidad correspondiente." Por su parte el articulo 70 de la Ley de Planificación Urbana, ley N° 4240 del 15 de noviembre de 1968, autoriza a los gobiernos locales para establecer un impuesto sobre el valor de las construcciones y urbanizaciones que se realicen dentro de su jurisdicción territorial. Indica el citado numeral: Articulo 70.- Se autoriza a las municipalidades para establecer impuestos, para los fines de la presente ley, hasta el 1% sobre el valor de las construcciones y urbanizaciones que se realicen en el futuro, y para recibir contribuciones especiales para determinadas obras o mejoras urbanas. Las corporaciones municipales deberán aportar parte de los ingresos que, de acuerdo con este artículo se generen, para sufragar los gastos originados por la centralización que de los permisos de construcción se realice. No pagarán dicha tasa las construcciones del Gobierno Central e instituciones autónomas, siempre que se trate de obras de interés social, ni las de instituciones de asistencia médico-social o educativas El legislador estableció claramente los elementos esenciales del tributo, a saber; Hecho Generador: la realización de construcciones o urbanizaciones; Sujeto Pasivo: quien realice las construcciones o urbanizaciones dentro de la jurisdicción territorial de la Municipalidad, quien se constituye en sujeto activo o acreedor del tributo; la Base Imponible: el valor de las construcciones, y la tarifa que es el 1% sobre el valor de las construcciones. De igual forma, estableció una exoneración general de este tributo a favor de las construcciones del Gobierno Central e instituciones autónomas siempre que se trate de obras de interés social o de instituciones de asistencia médico-social o educativas. Sobre la exoneración prevista en el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana la Procuraduría General de la Republica ha tenido la oportunidad de pronunciarse, así mediante el dictamen C-169-2007 del 28 de mayo del 2007, este Órgano Asesor señaló, en lo que interesa: “ (…) I. SOBRE LA EXENCION CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA Ahora bien, en el presente caso, nos encontramos ante una norma de índole legal, artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana, la cual contiene una exención de tipo subjetivo, es decir, “…las que excluyen a determinables personas por las razones que la legislación estime del caso, para ser sujetos pasivos…” (Washington Lanziano, Teoría General de la Exención Tributaria, Argentina, Ediciones Depalma, 1979, pág. 262). Dispone el citado numeral: "Artículo 70.- Se autoriza a las municipalidades para establecer impuestos, para los fines de la presente ley, hasta un 1% sobre el valor de las construcciones y urbanizaciones que se realicen en el futuro (...) No pagarán dicha tasa las construcciones del Gobierno Central e instituciones autónomas, siempre que se trate de obras de interés social, ni las instituciones de asistencia médico-social o educativas". Tal norma ha sido objeto de análisis por parte de este órgano consultivo, y se ha concluido que el impuesto sobre el valor de las construcciones y urbanizaciones contenido en el artículo de cita, responde no solo a la necesidad de las municipalidades de contar con fondos para sufragar los gastos propios de la localidad que administra, sino también a la necesidad de ejercer un control ordenado de la planificación urbana dentro de una determinada circunscripción territorial. Por ello, el legislador facultó a las municipalidades a cobrar dicho tributo, pero también paralelamente dispensó de su pago a determinados sujetos, y bajo ciertas condiciones. (Véase dictámenes C-192-1995, OJ-050-2000, OJ-106-2002, OJ-161-2004, C-376-2006, C-388-2006). Así, la exención en estudio aplica única y exclusivamente al Gobierno Central e instituciones autónomas --cuando las obras a construir sean de interés social--, y a las instituciones de asistencia médico-social o educativas. En este punto, es importante considerar que a efecto de determinar los alcances de la exoneración en cuestión, este órgano asesor deslindó el concepto de “Gobierno Central” utilizado por el legislador en el artículo transcrito supra, concluyendo que dicho término debe ser entendido como sinónimo de Estado (Dictamen C-192-95 de 05 de setiembre de 1995). Siendo así, y a efectos de aplicar la exención contenida en el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana, corresponde a la entidad municipal verificar que los solicitantes sean los sujetos exentos contemplados en la norma, y que las obras de construcción sean de interés social, o que correspondan a instituciones de asistencia médico social o educativas. Significa entonces que, las Municipalidades no se encuentran facultadas para eximir del pago del impuesto sobre el valor de las construcciones, a sujetos o hechos que el legislador no comprendió en la dispensa tributaria en cuestión. Por siguiente, deben los entes municipales regirse por el principio de reserva legal, a efecto de evitar extender dicho beneficio a supuestos no enunciados en la referida norma de exención.” II. SOBRE LA DEROGATORIA DE TODAS LAS EXONERACIONES CONTENIDAS EN LA LEY N° 7293. Mediante la Ley N° 7293 del 3 de abril de 1992, Ley de Todas las Exoneraciones Vigentes, sus derogatorias y sus excepciones, el legislador pretendió eliminar todos los regímenes exonerativos existentes al momento de su creación; no obstante mediante el artículo 2º se exceptuó una lista exoneraciones cuya vigencia se prolonga a pesar de la promulgación de esta ley. Así, mediante el artículo 1° de la ley, se derogan todas las exoneraciones tributarias objetivas y subjetivas vigentes en el momento. Dice el respecto el artículo: “ARTICULO 1.- Derogatoria General. Se derogan todas las exenciones tributarias objetivas y subjetivas previstas en las diferentes leyes, decretos y normas legales referentes, entre otros impuestos, a los derechos arancelarios, a las ventas, a la renta, al consumo, al territorial, a la propiedad de vehículos, con las excepciones que indique la presente Ley. En virtud de lo dispuesto, únicamente quedarán vigentes las exenciones tributarias que se mencionan en el artículo siguiente”. Es decir, que con la entrada en vigencia de la Ley N° 7293, se derogaron tácitamente todos los regímenes exonerativos que habían sido creados a la fecha de su promulgación, sobreviniendo únicamente aquellos regímenes que expresamente se encuentran contemplados en el artículo 2° o bien aquellas disposiciones que estén comprendidas dentro de los supuestos previstos en el artículo 3°. En lo que atañe a la exención contenida en el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana, la misma se mantuvo vigente por disposición del inciso l) del artículo 2° de la Ley N° 7293, toda vez que el legislador expresamente dispuso que “seguirán vigentes todas las exoneraciones que se hayan otorgado al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Tribunal Supremo de Elecciones, a las instituciones descentralizadas, a las municipalidades, a las empresas públicas estatales y municipales y a las universidades estatales”, razón por la cual las exoneración a favor de las construcciones del Gobierno Central e instituciones autónomas comprendida en el articulo 70 de la Ley de Planificación Urbana mantuvieron su vigencia. III. SOBRE EL FONDO. La presente consulta tiene como objeto determinar si la Municipalidad de Mora debe cobrar el impuesto del 1% establecido en el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana sobre el valor de las construcciones que se hagan en reservas indígenas, o bien si existe alguna exoneración vigente que dispense el cobro del tributo. En principio, el artículo 3° la ley N° 6172 del 29 de noviembre de 1977, Ley Indígena, las tierras y sus mejoras –construcciones- y los productos de las reservas indígenas estaban exoneradas al pago de toda clase de impuesto, tanto nacionales como municipales, presentes y futuros. Reza el citado numeral: Artículo 3°.- Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros. (Lo resaltado no es original). Ahora bien, tal y como se preciso supra la derogación de las distintas exoneraciones acordada en la ley N° 7293 del 3 de abril de 1992, tiene como excepción los casos expresamente establecidos en el artículo 2° de este cuerpo legal. Del estudio de dicho numeral se desprende que el legislador no contempló exoneración alguna a favor de las reservas indígenas, ni a favor de sus pobladores, razón por la cual la exoneración objetiva contenida en el artículo 3° de la Ley Indígena se vio afectada por la derogatoria general que establece el artículo 1° de la Ley de Todas las Exoneraciones Vigentes, sus derogatorias y sus excepciones. La Procuraduría General de la República al evacuar una consulta relacionada con la exención contenida en el artículo 3 de la Ley N° 6172, manifestó: “No obstante, la exención supra indicada fue derogada tácitamente por la Ley Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones, Ley Nº 7293 publicada en la Gaceta Nº 66 del 03 de abril de 1992, la cual en su artículo 1° previó una derogatoria general de todas las exenciones tributarias, objetivas y subjetivas prevista en las diferentes leyes y decretos y normas referentes. De igual forma, la extensión de dicha exoneración en el tiempo, resulta jurídicamente imposible, por cuanto el artículo 63 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, modificado por la Ley Nº 7293, señala que los regímenes exonerativos no se extienden a los tributos establecidos posteriormente a su creación, aún y cuando exista una disposición expresa en ese sentido, como el caso en estudio.” (C-277-2001 del 5 de octubre del 2001). Ahora bien, en cuanto a los argumentos expuestos por el CONAI en el oficio del 2 de marzo del 2007 referentes a que cualquier medida legislativa o administrativa que afecte los intereses de los pueblos indígenas debe consultarse previamente a éstos; no esta por demás precisar que de conformidad con lo que indica el artículo 56 la Ley de Todas las Exoneraciones Vigentes, sus derogatorias y sus excepciones, esta normativa rige a partir de su publicación en el diario oficial, la cual se efectuó en La Gaceta N° 66 del 3 del abril de 1992; por otro lado el Convenio N° 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) fue ratificado por Costa Rica mediante la ley N° 7316 del 12 de noviembre de 1992, la cual fue publicada en La Gaceta N° 234 del 4 de diciembre de 1992. Siendo así, es claro que para la promulgación de la ley N° 7293 no era jurídicamente necesario el requisito contenido en articulo 6 inciso a) del Convenio N° 169 de la OIT, ya que este convenio no estaba formalmente integrado al ordenamiento jurídico costarricense al momento de la formación de la ley N° 7293, y por ende dentro del procedimiento legislativo aplicado a este cuerpo normativo no existía una obligación jurídica de consultar a los pueblos indígenas sobre la derogación de las excepciones que contiene dicha ley. En razón de lo expuesto, y teniendo en cuenta que no existe norma legal vigente que otorgue una exoneración al pago del impuesto a las construcciones dentro de las reservas indígenas, debemos concluir que las construcciones que se realicen en el interior de las reservas indígenas se encuentran afectas al pago del impuesto sobre las construcciones contenido en el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana, por lo cual la Municipalidad de Mora está en la obligación de cobrar dicho tributo. Con toda consideración, suscribe atentamente; Lic. Esteban Alvarado Q. Lic. Juan Luis Montoya S. ABOGADO PROCURADURIA PROCURADOR TRIBUTARIO Eaq/JLMS/Smpu
Opinion: 356 of 10/03/2007 C-356-2007 October 3, 2007 Licenciado Gilberto Monge Pizarro Mayor Municipality of Mora Dear Sir: With the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to your official letter dated September 11, 2007, in which a technical legal opinion is requested on whether the 1% tax on the value of constructions carried out in indigenous reserves, established in Article 70 of the Urban Planning Law No. 4240, should be charged, or if a current exemption exists that waives the collection of this tax. Attached to this consultation are the legal opinions DAJ-042-2006 of May 22, 2006, and DAJ-033-2007 of February 19, 2007, both rendered by Licenciado Roberto Morales Delgado, Director of Legal Affairs of the Legal Advisory Office of the Municipality of Mora, which recommend rejecting the request for exoneration from the tax on constructions on lands of the indigenous reserves of the canton; as well as a copy of the unnumbered official letter dated March 2, 2007, from the National Commission on Indigenous Affairs (CONAI), signed by Licenciado Salvador Arauz Figueroa, Head of the Legal Department, which indicates that regarding construction permits, the municipal entity could not charge the tax on constructions or buildings carried out within the indigenous reserves, given that, in the opinion of CONAI, the Regulating Law of All Current Exonerations could go against the Indigenous Law and Convention No. 169 of the International Labour Organization. I. ON THE TAX ON CONSTRUCTIONS The tax on constructions arises from the provisions stipulated in the Construction Law, No. 833 of November 2, 1949, and the Urban Planning Law, Law No. 4240 of November 15, 1968, which grant local governments the power of control over constructions carried out in the different localities of the Republic, as well as regional planning, as can be inferred from Articles 1 and 87 of the Construction Law and 15 of the Urban Planning Law. It is important to note that Article 74 of the Construction Law establishes the obligation of private parties to request the respective license from municipal entities to be able to carry out construction works within a locality. That rule provides: "Article 74.- Licenses. All works related to construction, which are executed in the localities of the Republic, whether of a permanent or provisional nature, must be executed with a license from the corresponding Municipality." For its part, Article 70 of the Urban Planning Law, Law No. 4240 of November 15, 1968, authorizes local governments to establish a tax on the value of constructions and urban developments (urbanizaciones) that are carried out within their territorial jurisdiction. The cited numeral indicates: Article 70.- Municipalities are authorized to establish taxes, for the purposes of this law, up to 1% on the value of constructions and urban developments carried out in the future, and to receive special contributions for specific urban works or improvements. The municipal corporations shall contribute part of the income generated, in accordance with this article, to cover the expenses originated by the centralization of construction permits. Constructions of the Central Government and autonomous institutions shall not pay said tax, provided that they are works of social interest, nor those of medical-social assistance or educational institutions. The legislator clearly established the essential elements of the tax, namely: Taxable Event: the execution of constructions or urban developments; Taxpayer: whoever carries out the constructions or urban developments within the territorial jurisdiction of the Municipality, which constitutes the tax authority or tax creditor; the Tax Base: the value of the constructions; and the rate, which is 1% on the value of the constructions. Likewise, it established a general exoneration from this tax in favor of constructions of the Central Government and autonomous institutions, provided that they are works of social interest or belong to medical-social assistance or educational institutions. Regarding the exoneration provided in Article 70 of the Urban Planning Law, the Attorney General's Office of the Republic has had the opportunity to rule, thus by means of Opinion C-169-2007 of May 28, 2007, this Advisory Body pointed out, in what is relevant: "(...) I. ON THE EXEMPTION CONTAINED IN ARTICLE 70 OF THE URBAN PLANNING LAW Now, in the present case, we are faced with a rule of a legal nature, Article 70 of the Urban Planning Law, which contains a subjective type exemption, that is, "...those that exclude determinable persons for the reasons that the legislation deems pertinent, from being taxpayers..." (Washington Lanziano, General Theory of Tax Exemption, Argentina, Ediciones Depalma, 1979, p. 262). The cited numeral states: "Article 70.- Municipalities are authorized to establish taxes, for the purposes of this law, up to 1% on the value of constructions and urban developments carried out in the future (...) Constructions of the Central Government and autonomous institutions shall not pay said tax, provided that they are works of social interest, nor those of medical-social assistance or educational institutions." This rule has been the subject of analysis by this consultative body, and it has been concluded that the tax on the value of constructions and urban developments contained in the cited article responds not only to the need of municipalities to have funds to cover the expenses of the locality they administer, but also to the need to exercise orderly control of urban planning within a specific territorial circumscription. Therefore, the legislator empowered the municipalities to collect said tax, but also simultaneously exempted certain subjects from its payment, under certain conditions. (See Opinions C-192-1995, OJ-050-2000, OJ-106-2002, OJ-161-2004, C-376-2006, C-388-2006). Thus, the exemption under study applies solely and exclusively to the Central Government and autonomous institutions--when the works to be constructed are of social interest--, and to medical-social assistance or educational institutions. At this point, it is important to consider that in order to determine the scope of the exoneration in question, this advisory body delineated the concept of "Central Government" used by the legislator in the article transcribed supra, concluding that said term must be understood as synonymous with State (Opinion C-192-95 of September 5, 1995). This being so, and for the purpose of applying the exemption contained in Article 70 of the Urban Planning Law, it is incumbent upon the municipal entity to verify that the applicants are the exempt subjects contemplated in the rule, and that the construction works are of social interest, or that they correspond to medical-social assistance or educational institutions. This means, then, that Municipalities are not empowered to exempt from payment of the tax on the value of constructions subjects or events that the legislator did not include in the tax waiver in question. Therefore, municipal entities must be governed by the principle of legal reserve, in order to avoid extending said benefit to cases not enunciated in the referred exemption rule." II. ON THE DEROGATION OF ALL EXONERATIONS CONTAINED IN LAW No. 7293. Through Law No. 7293 of April 3, 1992, the Law of All Current Exonerations, its Derogations and its Exceptions, the legislator intended to eliminate all exonerative regimes existing at the time of its creation; however, through Article 2, a list of exonerations was excepted, the validity of which extends despite the enactment of this law. Thus, through Article 1 of the law, all objective and subjective tax exonerations in effect at the time are derogated. The article states in this regard: "ARTICLE 1.- General Derogation. All objective and subjective tax exemptions provided in the different laws, decrees, and related legal norms concerning, among other taxes, tariff duties, sales, income, consumption, territorial, and vehicle property taxes are derogated, with the exceptions indicated in this Law. By virtue of the foregoing, only the tax exemptions mentioned in the following article shall remain in force." That is to say, that with the entry into force of Law No. 7293, all exonerative regimes that had been created as of the date of its enactment were tacitly derogated, only those regimes expressly contemplated in Article 2 or those provisions that fall within the cases provided in Article 3 surviving. As regards the exemption contained in Article 70 of the Urban Planning Law, it remained in force by provision of subsection l) of Article 2 of Law No. 7293, since the legislator expressly provided that "all exonerations that have been granted to the Executive Branch, the Judicial Branch, the Legislative Branch, the Supreme Electoral Tribunal, decentralized institutions, municipalities, state and municipal public enterprises, and state universities shall remain in force," which is why the exoneration in favor of constructions of the Central Government and autonomous institutions included in Article 70 of the Urban Planning Law maintained its validity. III. ON THE MERITS. The purpose of this consultation is to determine whether the Municipality of Mora must charge the 1% tax established in Article 70 of the Urban Planning Law on the value of constructions carried out in indigenous reserves, or whether there exists any current exoneration that waives the collection of the tax. In principle, according to Article 3 of Law No. 6172 of November 29, 1977, Indigenous Law, the lands and their improvements –constructions- and the products of the indigenous reserves were exonerated from payment of all kinds of taxes, both national and municipal, present and future. The cited numeral reads: Article 3.- The indigenous reserves are inalienable and imprescriptible, non-transferable, and exclusive for the indigenous communities that inhabit them. Non-indigenous persons may not rent, lease, buy, or in any other way acquire lands or properties comprised within these reserves. Indigenous people may only negotiate their lands with other indigenous people. Any transfer or negotiation of lands or their improvements in the indigenous reserves, between indigenous and non-indigenous persons, is absolutely null, with the legal consequences pertaining thereto. The lands and their improvements and the products of the indigenous reserves shall be exempt from all kinds of national or municipal taxes, present or future. (The highlighting is not original). Now, as was specified supra, the derogation of the different exonerations agreed upon in Law No. 7293 of April 3, 1992, has as an exception the cases expressly established in Article 2 of this legal body. From the study of said numeral, it is inferred that the legislator did not contemplate any exoneration in favor of the indigenous reserves, nor in favor of their inhabitants, which is why the objective exoneration contained in Article 3 of the Indigenous Law was affected by the general derogation established in Article 1 of the Law of All Current Exonerations, its Derogations and its Exceptions. The Attorney General's Office of the Republic, when addressing a consultation related to the exemption contained in Article 3 of Law No. 6172, stated: "However, the exemption indicated supra was tacitly derogated by the Regulating Law of All Current Exonerations, its Derogation and its Exceptions, Law No. 7293 published in Gazette No. 66 of April 3, 1992, which in its Article 1 provided for a general derogation of all tax exemptions, objective and subjective, provided in the different laws, decrees, and related norms. Likewise, the extension of said exoneration over time is legally impossible, since Article 63 of the Code of Tax Norms and Procedures, amended by Law No. 7293, states that exonerative regimes do not extend to taxes established after their creation, even when there is an express provision in that sense, as in the case under study." (C-277-2001 of October 5, 2001). Now, regarding the arguments put forth by CONAI in the official letter of March 2, 2007, concerning that any legislative or administrative measure affecting the interests of indigenous peoples must be previously consulted with them; it is worth clarifying that in accordance with what Article 56 of the Law of All Current Exonerations, its Derogations and its Exceptions indicates, this regulation governs from its publication in the official gazette, which was carried out in La Gaceta No. 66 of April 3, 1992; on the other hand, Convention No. 169 of the International Labour Organization (ILO) was ratified by Costa Rica through Law No. 7316 of November 12, 1992, which was published in La Gaceta No. 234 of December 4, 1992. This being so, it is clear that for the enactment of Law No. 7293, the requirement contained in Article 6, subsection a) of Convention No. 169 of the ILO was not legally necessary, since this convention was not formally integrated into the Costa Rican legal system at the time of the formation of Law No. 7293, and therefore, within the legislative procedure applied to this normative body, there was no legal obligation to consult the indigenous peoples about the derogation of the exceptions contained in said law. By reason of the foregoing, and taking into account that there is no current legal norm that grants an exoneration from payment of the tax on constructions within the indigenous reserves, we must conclude that constructions carried out within the indigenous reserves are subject to payment of the tax on constructions contained in Article 70 of the Urban Planning Law, for which reason the Municipality of Mora is obligated to charge said tax. With every consideration, I respectfully subscribe, Lic. Esteban Alvarado Q. Lic. Juan Luis Montoya S. ATTORNEY, ATTORNEY GENERAL'S OFFICE TAX ATTORNEY Eaq/JLMS/Smpu