C-319-2009 — SETENA’s authority to require additional studies to prevent agricultural subdivisions used as sham urbanizationsExigencia de estudios adicionales por SETENA para prevenir urbanizaciones disfrazadas de fraccionamientos agrícolas

Dictamen : 319 del 18/11/2009   



18 de noviembre de 2009




C-319-2009




 




Master




Sonia Espinoza Valverde




Secretaria General




Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)




 




 




Estimada señora:




 



 Con la anuencia de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su oficio N° SG-
AJ-737-2009-SETENA del 17 de agosto de 2009, mediante el cual nos solicita que se emita criterio
sobre la posibilidad de SETENA “como Administración que otorga una licencia ambiental, de exigir
estudios y documentos que permitan evitar la posibilidad de la presentación de solicitudes de
viabilidad ambiental a proyectos presentados como de fraccionamientos agrícolas, pero que en
realidad, con posterioridad, se constituyen como proyectos de urbanizaciones, así como las posibles
sanciones que corresponderían cuando un administrado ha realizado un uso abusivo del Derecho en
cuanto a la normativa de los fraccionamientos agrícolas”




 



 En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
la República, se aportó el criterio de la Asesoría Jurídica de la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (en adelante SETENA), la cual concluyó que dicha institución puede exigir la presentación
de estudios dentro del proceso de evaluación ambiental, y no limitarse únicamente al visado del
plano que otorga la Municipalidad, además, las sanciones a establecer en caso de que se disfrace una
urbanización como fraccionamiento agrícola, serían las dispuestas en el artículo 99 de la Ley
Orgánica del Ambiente.




 




 




I.                   SOBRE LOS FRACCIONAMIENTOS AGRÍCOLAS




 




 



 La posibilidad de fraccionar un terreno para fines agrícolas, se encuentra contemplada en el
Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, N° 3391 del 13 de
diciembre de 1982, que establece:




 



 "Artículo II.2.1.6. Para fines agrícolas, pecuarios y forestales se podrán permitir segregaciones
de parcelas con frente a servidumbres especiales, que en adelante se denominarán agrícolas y
forestales, las porciones resultantes deberán ser iguales o mayores a los 5 000 m2, en estos casos
los planos individuales deben indicar "uso agrícola", "uso pecuario"; o "uso forestal", según
corresponda. Las construcciones de vivienda y demás instalaciones y estructuras quedan sujetas a un
máximo del 15% en área de cobertura.




 



 Las servidumbres reguladas en este artículo serán de un ancho mínimo de 7 metros y deberán estar
dentro de las parcelas en forma total o en partes proporcionales.




 



 Según el mismo Reglamento, en su artículo II.3, el fraccionador de terrenos con vocación
agropecuaria no se encuentra obligado a ceder gratuitamente el diez por ciento destinado a áreas
verdes y equipamiento urbano, como sí debe hacerse para los fraccionamientos destinados a
urbanizaciones.




 



 Otra de las ventajas que se establece para los fraccionamientos agrícolas, se encuentra regulada en
el Decreto Ejecutivo 25902 del 12 de febrero de 1997, Reforma al Plan Regional de Desarrollo Urbano
del Gran Área Metropolitana, que permite que estos se realicen frente a servidumbres o caminos
privados, mientras que para los demás fraccionamientos, incluyendo urbanizaciones, debe existir al
frente un camino público dotado de todos los servicios básicos. Establece dicha norma: 




 



 “3.3 Sólo se permitirá el fraccionamiento frente a caminos públicos existentes previos a la
promulgación del GAM, (Gaceta número 119 del 22 de Junio de 1982), y cuando éstos cuenten con los
servicios básicos y se deje el derecho de vía reglamentarios. No se permitirá el fraccionamiento en
caminos públicos que no cuenten con los servicios aunque éstos hayan sido habilitados después de la
promulgación del GAM. Se exceptúan los caminos dentro del área de expansión de los poblados tal como
se definió en el inciso uno de este Artículo.




 



 No obstante lo anterior, para fines estrictamente agrícolas, se podrá permitir segregaciones con
frente a servidumbres o caminos privados, en porciones resultantes no menores de siete mil (7.000)
metros cuadrados.




 



 En el mismo sentido, el Decreto Ejecutivo 34331-J del 29 de noviembre de 2007, que es el Reglamento
a la Ley de Catastro, establece en su artículo 79 lo relativo a los visados que se requieren para
cada fraccionamiento, disponiendo que para los de naturaleza agrícola basta con el visado de la
municipalidad respectiva, mientras que para urbanizaciones, además del visado de la municipalidad se
requiere el del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.




 



 Todo lo anterior, lleva a concluir, que los fraccionamientos agrícolas tienen requisitos menos
complejos que los fraccionamientos para construir urbanizaciones, lo cual según señala la propia
consultante se ha prestado para que muchos desarrolladores presenten sus proyectos como
fraccionamientos agrícolas cuando en realidad están destinados a vivienda, con el consecuente
problema de la apertura de urbanizaciones prematuras y sin requisitos.




 



 Bajo ese panorama, es precisamente que la consultante requiere nuestro criterio, para determinar si
SETENA está en posibilidad de requerir estudios y documentos adicionales a quienes soliciten la
viabilidad ambiental, para asegurarse que el proyecto que se plantea como un fraccionamiento
agrícola, no termine siendo una urbanización, en evidente menoscabo del ambiente. 




 




 



 II.                SOBRE LO CONSULTADO A LA LUZ DE LAS ATRIBUCIONES DE SETENA Y LA EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL




 



 El artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley 7554 del 14 de octubre de 1995, establece la
obligación de requerir de SETENA, una evaluación de impacto ambiental para todas aquellas
actividades humanas que pongan en peligro el ambiente. Establece dicho numeral:




 




“ARTICULO 17.- Evaluación de impacto ambiental




 



 Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos,
materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la
Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este
organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y
los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto
ambiental.”




 



 La finalidad de dicha evaluación es precisamente determinar los efectos que podría generar sobre el
medio ambiente una actividad, obra o proyecto, lo cual incluye tres fases: a) la evaluación
ambiental inicial; b) la confección del estudio de impacto ambiental o de otros instrumentos de
evaluación ambiental y; c) el control y seguimiento ambiental de la actividad, obra o proyecto a
través de los compromisos ambientales establecidos. (Artículo 3 del Reglamento General sobre los
Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo 31849 del 24 de mayo de 2004)




 



 La Procuraduría se ha referido anteriormente a la importancia del pronunciamiento de SETENA,
estableciendo en el dictamen número C-181-94 del 23 de noviembre de 1994, lo siguiente:




 



 “Ha de recordarse que este tipo de estudios son imprescindibles cuando se trata de obras que, por
sus características, podrían ocasionar severos daños al ambiente. Son análisis que presentan, en
tesis de principio, investigación objetiva y científica respecto de la alteración mayor o menor de
distintos elementos componentes del medio y recomendaciones para eliminar o mitigar los efectos
perjudiciales. Por ende, la revisión de estos estudios debe estar a cargo de una Oficina con
conocimiento técnico suficiente para interpretar de forma adecuada las conclusiones de los mismos."




 



 Consecuentemente, la evaluación de impacto ambiental permite al Estado, a través de SETENA, ejercer
su tutela sobre el medio de ambiente, en cumplimiento del derecho fundamental consagrado en el
artículo 50 constitucional, por lo que las atribuciones de dicho órgano siempre deben valorarse a
partir de ese derecho y del deber que tiene el Estado de protegerlo.




 



 En ese sentido, el artículo 84 de la Ley Orgánica del Ambiente establece amplias y numerosas
atribuciones a SETENA, las cuales son las siguientes: a) analizar las evaluaciones de impacto
ambiental y resolverlas; b) recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el
medio, así como las técnicamente convenientes para recuperarlo; c) atender e investigar las
denuncias que se le presenten en lo relativo a la degeneración o al daño ambiental; d) realizar las
inspecciones de campo correspondientes antes de emitir sus acuerdos; e) aprobar y presentar informes
de labores al Ministro del Ambiente y Energía, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo; f)
elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental, así como
gestionar su disposición y divulgación; g) recomendar, al Consejo, mediante el Ministro del Ambiente
y Energía, las políticas y los proyectos de ley sobre el ambiente, surgidos de los sectores de la
actividad gubernamental; h) fijar los montos de las garantías para cumplir con las obligaciones
ambientales, los cuales deberán depositar los interesados, con la debida periodicidad y el monto de
los tratos; i) realizar labores de monitoria y velar por la ejecución de las resoluciones; j)
establecer fideicomisos, según lo estipulado en el inciso d) del artículo 93 de esta ley, k)
cualesquiera otras funciones necesarias para cumplir con sus fines.




 



 De lo anterior, se deduce que la ley dejó un amplio margen de acción a SETENA para realizar su
actividad, estableciéndose incluso la posibilidad de adoptar cualquier función necesaria para
cumplir con el fin que le ha sido encomendado. Asimismo, en los artículos 20 y 89 de la ley
indicada, se establece la posibilidad de que SETENA de seguimiento a las resoluciones de la
evaluación de impacto ambiental, para lo cual puede realizar inspecciones, y en caso de violación,
ordenar la paralización de las obras.




 



 En el ámbito reglamentario, el Decreto Ejecutivo  N° 32711  del 19 de julio de 2005, que es
Reglamento General sobre la Organización y Funcionamiento de la SETENA, establece en su artículo 7
las funciones de la Comisión Plenaria de dicho órgano. Dentro de las funciones más importantes y que
tienen relación con lo consultado se encuentran:




 



 a)         Aprobar o rechazar la viabilidad (licencia) ambiental de las Evaluaciones de Impacto
Ambiental;



 b)         recomendar las directrices, las políticas, los instrumentos, las guías, que se aplicarán
a las Evaluaciones de Impacto Ambiental;



 c)         analizar y aprobar, desde el punto de vista de la Evaluación Ambiental Estratégica, los
estudios y los mapas de zonificación de uso del territorio desarrollados sobre la base de la
fragilidad ambiental del territorio y de la capacidad de carga de los espacios geográficos;



 d)        solicitar cualquier análisis o información adicional, que se requiera para determinar la
viabilidad ambiental de los estudios de impacto ambiental y su eventual rechazo o aprobación;



 e)         realizar o bien disponer que se realicen las inspecciones de campo correspondientes,
previo a aprobar un Estudio de Impacto Ambiental;



 f)         establecer los procedimientos y aplicar las medidas y acciones necesarias para
supervisar, dar seguimiento y vigilar el adecuado cumplimiento de las obligaciones a que se
comprometen los proponentes antes, durante y después de concluida la actividad, obra o proyecto;




g)         proponer y actualizar los procedimientos técnicos y administrativos internos;



 h)         establecer los mecanismos necesarios y coordinar con las instituciones correspondientes,
el suministro de la información base necesaria, para el cumplimiento de sus atribuciones;



 i)          establecer los mecanismos necesarios de coordinación y cooperación entre la SETENA,
otras dependencias del Poder Ejecutivo, del Estado o cualesquiera otras personas e instituciones, a
efectos de realizar las labores de monitoreo, seguimiento y supervisión de actividades, obras o
proyectos sometidos a un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.




 



 De lo anterior puede concluirse que la Comisión Plenaria de la SETENA, tiene amplias facultades
para definir cuál es el procedimiento, las políticas y los estudios que se requerirán en el proceso
de evaluación ambiental, lo cual incluye la posibilidad de requerir cualquier análisis o información
adicional para aprobar o rechazar la viabilidad ambiental de una actividad, obra o proyecto.




 



 Lo anterior, sumado a la obligación del Estado de proteger el derecho fundamental al disfrute de un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, llevan a esta representación a concluir, que SETENA
puede solicitar estudios y requisitos adicionales para asegurarse que un proyecto de fraccionamiento
agrícola se desarrolle con esa finalidad, sin poner en peligro el ambiente, lo cual incluye no sólo
la fase de fiscalización sino también la fase de aprobación del proyecto. Lo contrario, sería negar
el carácter preventivo de la evaluación de impacto ambiental, lo cual fue expuesto en la opinión
jurídica número OJ-022-99 del 19 de febrero de 1999, donde esta representación manifestó:




 



 "La evaluación de impacto ambiental, de constante recomendación en las declaraciones y organismos
internacionales, es una eficaz técnica preventiva que permite a los entes públicos encargados de
aprobar proyectos o actividades de cierta envergadura, tener en cuenta, por anticipado y sobre bases
confiables, las perjudiciales repercusiones al ambiente que podrían producir. Con este mecanismo se
logra una toma de decisión más correcta, al poder elegir, entre las opciones posibles, la que mejor
salvaguarde los intereses generales, desde una óptica global e integrada."




 



 Ahora bien, también debe tomarse en consideración que según lo dispone 86 de la Ley Orgánica del
Ambiente, SETENA debe responder a las necesidades de eficiencia y eficacia en el análisis de las
evaluaciones de impacto ambiental, tomando como norte el desarrollo sostenible. Dado lo anterior,
surge la interrogante de si la exigencia de requisitos adicionales atenta contra esa eficiencia y
constituyen trámites excesivos en perjuicio del desarrollador. Dicha respuesta, únicamente puede
encontrarse bajo el parámetro de la razonabilidad y la proporcionalidad de los requisitos que se
soliciten, para lo cual en concordancia con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del
Ambiente, se obliga a que las resoluciones que emita SETENA sean fundadas y razonadas. Asimismo, esa
decisión es susceptible de impugnación en vía administrativa, a la luz de lo dispuesto en el
artículo 87 de la ley indicada, que prevé la posibilidad de presentar recurso de revocatoria contra
el acuerdo firme de la SETENA y de apelación ante el Ministerio de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones; sin perjuicio de acudir también ante los tribunales de justicia. Por tal motivo,
los documentos adicionales que se soliciten deben estar justificados en una razón técnica, que
tendrá que determinar la Administración, y deberán ser necesarios para el cumplimiento del fin
público encomendado a SETENA, que es la protección del ambiente.




 



 Asimismo, debe tomarse en consideración que la eliminación de excesos en los trámites
administrativos, no podría generar bajo ningún supuesto la desprotección del ambiente como interés
jurídico superior, por lo que SETENA está en capacidad de requerir aquella información que sea
necesaria para el cumplimiento del fin público encomendado. De lo contrario, se atentaría contra la
obligación impuesta constitucionalmente al Estado de proteger del ambiente.




 



 Ya esta representación en otras oportunidades ha ponderado entre la necesidad de agilizar los
procedimientos administrativos y la actuación del Estado dirigida a tutelar el ambiente como fin
impuesto. Así, en la opinión jurídica número OJ 113-2000 de 11 de octubre de 2000 señaló:




 



 "Va parejo, en consecuencia, con el proceso de desregulación emprendido por la Ley N ° 7472, de
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, para simplificar o racionalizar
trámites y requisitos o suprimir los no indispensables en el control y regulación de las actividades
económicas, que impidan, entorpezcan o distorsionen las transacciones de mercado.




 



 Ley que si bien encarga a la Administración Pública "revisar, analizar y eliminar, cuando
corresponda, esos trámites y requisitos para proteger el ejercicio de la libertad de empresa y
garantizar la defensa de la productividad", lo hace dentro de ciertos límites, pues no puede
perjudicarse el ambiente, además de la salud (humana, animal y vegetal), la seguridad y los
estándares de calidad de vida, en consonancia con las respectivas leyes especiales y convenios
internacionales, debiendo cumplirse, como condición, las exigencias requeridas a fin de tutelar esos
bienes (art. 3, 7 y 8; 50 constitucional). Principio reproducido por su Reglamento en el artículo
4°: "Se consideran como únicas regulaciones aceptables a la actividad económica las que sean
necesarias para proteger la seguridad nacional, para la prevención de prácticas que puedan inducir a
error, la protección de la salud o la seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o
del medio ambiente". (La negrita no forma parte del original)




 



 Consecuentemente, para simplificar o racionalizar trámites y requisitos o suprimir los no
imprescindibles en el control y regulación de actividades económicas, no podría atentarse contra el
ambiente, por lo que SETENA podría exigir documentos adicionales, en la medida que sean necesarios
para lograr su fin último, para lo cual debe motivar y razonar su decisión. Esta atribución de la
SETENA encuentra su sustento constitucional en el deber estatal de  tutelar el derecho a un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, ante lo cual la Sala Constitucional ha indicado:




 



 “La viabilidad ambiental por su parte, representa la condición de armonización o de equilibrio
aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y ejecución de una
actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, y el ambiente del espacio
geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y jurídico, la
viabilidad ambiental corresponde al acto en que se aprueba el proceso de evaluación de impacto
ambiental, ya sea en su fase de Evaluación Ambiental Inicial, o en la fase de aprobación del Estudio
de Impacto Ambiental o del Plan de Gestión Ambiental, según la actividad de que se trate y amerite.
De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de
septiembre de mil novecientos noventa y cinco, las actividades que requieren un estudio de impacto
ambiental aprobado por SETENA son aquellas actividades humanas que alteren o destruyan elementos del
ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos. Su aprobación previa, de parte de este
organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Es así como
la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar
las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales
medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran varios instrumentos técnicos
entre los que destaca el Estudio de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en el artículo citado,
siendo la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, su necesidad.” (Sala
Constitucional, Voto No. 9927-2004 de las 11:01 horas del 3 de setiembre del 2004).




 



 Para concluir sobre este punto, debe señalarse que el acto de otorgamiento de la viabilidad
ambiental, tiene efectos propios e independientes al visado municipal, y por tal motivo, SETENA se
encuentra en capacidad de exigir el cumplimiento de los requisitos que estime pertinentes para el
cumplimiento del fin legal que le ha sido encomendado, cual es la protección del ambiente. Si bien
no puede realizarse un proyecto teniendo únicamente la viabilidad ambiental de SETENA, pues se
requieren los permisos de las demás autoridades competentes, lo cierto es que el pronunciamiento de
SETENA por sí mismo genera derechos al administrado, en la medida que una vez dictado
favorablemente, no podría cuestionarse la viabilidad ambiental sino se anula el acto por las vías
legalmente establecidas. Consecuentemente, no resulta razonable ni correcto desde el punto de vista
de protección al ambiente, que se limite la competencia de SETENA a otorgar la viabilidad ambiental
en todos los casos donde exista un visado municipal, sin posibilidad de realizar cuestionamiento
alguno, pues precisamente dentro de sus potestades, está determinar que el proyecto no tenga un
impacto negativo desde el punto de vista ambiental, y si lo tiene, que se adopten las medidas de
mitigación correspondientes. En ese sentido, es claro que si una parcela que únicamente tiene
vocación agrícola se utiliza para fines urbanísticos contrarios a su naturaleza, se estaría
propiciando una violación ambiental.




 



 Por tal razón, SETENA se encuentra facultada para solicitar los estudios y documentos que estime
pertinentes para determinar la viabilidad ambiental del proyecto. La determinación de los mismos
debe ser establecida por la propia entidad, aunque lógicamente debe advertirse que las decisiones
que adopte deben ser motivadas, razonables y se encuentran sujetas al control jurisdiccional. 




 




 




III.      SOBRE LAS SANCIONES A IMPONER




 



 La segunda parte de la consulta planteada por la Secretaria General de SETENA, tiene relación con
las sanciones que corresponderían aplicar cuando un administrado ha realizado un uso abusivo del
derecho en cuanto a la normativa de los fraccionamientos agrícolas.




 



 Al respecto, debe señalarse que el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, establece en los
artículos 93, 94 y 105 las posibles sanciones a imponer por SETENA.




 



 En primer lugar, el artículo 93 se refiere a los supuestos donde se ha iniciado una actividad, obra
o proyecto, sin pronunciamiento de SETENA sobre la viabilidad ambiental. Establece dicho artículo:




 



 “Artículo 93.—Inicio de actividades sin otorgamiento de Viabilidad (licencia) ambiental. Si la
SETENA constatare que el desarrollador ha dado inicio a las actividades, obras o proyectos sin haber
cumplido con el proceso de EIA, esta ordenará, de conformidad con el artículo 99 de la Ley Orgánica
del Ambiente, según corresponda, las siguientes acciones:




 




1. Paralizar, clausurar temporal o definitivamente, la actividad, obra o proyecto.




2. La demolición o modificación de las obras de infraestructura existentes.




 



 3. Cualquier otra medida protectora de prevención, conservación, mitigación o compensación
necesarias.




 



 Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el artículo 101 de la Ley Orgánica del Ambiente,
los causantes de la infracción, por su acción u omisión, serán acreedores de la sanción que
corresponda, siempre que se comprobare que se ha generado un daño ambiental, mediante la celebración
de un procedimiento administrativo ordinario con fundamento en la Ley General de la Administración
Pública y en plena observancia y respeto de la garantía constitucional del debido proceso.”




 



 En segundo lugar, el artículo 94 del Reglamento, se refiere a las sanciones a imponer durante la
fase de fiscalización, en caso de incumplimiento de los compromisos ambientales. Señala ese
artículo:




 



 Artículo 94.—En los casos de incumplimiento de los compromisos ambientales. Si se constata el
incumplimiento de las obligaciones o compromisos ambientales contraídos mediante el EIA aprobado por
la SETENA, se ordenará suspender temporalmente la actividad, obra o proyecto, concediendo un plazo
perentorio para realizar las medidas técnicas y legales correctivas necesarias. Sin embargo,
dependiendo de la gravedad de los hechos, podrá ordenar la clausura de dicha actividad, obra o
proyecto.




 



 En cualquier caso, si se generara un daño ambiental se podrá ordenar también la ejecución parcial o
total de la garantía de cumplimiento que establece el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ambiente,
así como los costos adicionales, si el monto de la garantía no fuera suficiente




 




 



 Finalmente, en el artículo 105 se establece una sanción genérica, para todos aquellos casos en que
no se cumpla la Ley Orgánica del Ambiente, los reglamentos y la normativa en materia ambiental,
posibilitando la clausura de la actividad, obra o proyecto. Dispone dicho artículo:




 



 Artículo 105.—De la potestad para ordenar la clausura de las actividades, obras o proyectos. La
SETENA u otras autoridades ambientales, podrán ordenar la clausura de las actividades, obras o
proyectos, cuando no cumplan con la Ley Orgánica del Ambiente, los reglamentos y normativas que
sobre materia ambiental se hayan emitido, la legislación conexa y los compromisos ambientales
adquiridos.



 Tal como lo dispone la Ley Orgánica del Ambiente, las personas físicas o jurídicas en estos casos,
permitirán el libre acceso a sus inmuebles para proceder a la clausura. En caso de ser necesario,
las autoridades ambientales solicitarán la colaboración y se harán acompañar por la autoridad
policial o judicial respectiva.




 



 Sólo en casos extremos o excepcionales, cuando no se le permita el libre ingreso a la autoridad
ambiental, ésta gestionará la orden de allanamiento a la autoridad judicial competente.




 



 Si el caso lo permite y previo acuerdo de la Comisión Plenaria de la SETENA, en el momento que la
persona física o jurídica subsane las anomalías cometidas o bien cumpla con lo requerido en la
resolución administrativa que se le notifique, la autoridad ambiental que procedió a la clausura, o
a quien ésta delegue, podría proceder al levantamiento de la orden.




 




(Así reformado por el artículo 11° del Decreto Ejecutivo N° 32734 del 09 de agosto de 2005).




 



 Aunado a las sanciones específicas dispuestas reglamentariamente, no pueden obviarse las sanciones
generales establecidas en la Ley Orgánica del Ambiente ante cualquier violación al ambiente o a la
normativa que lo protege. Dispone dicho artículo:




 




“ARTICULO 99.- Sanciones administrativas




 



 Ante la violación de las normativas de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente
claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública aplicará las siguientes medidas
protectoras y sanciones:




 




a) Advertencia mediante la notificación de que existe un reclamo.




 




b) Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios y una vez comprobados.




 




c) Ejecución de la garantía de cumplimiento, otorgada en la evaluación de impacto ambiental.




 



 d) Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que originan
la denuncia.




e) Clausura total o parcial, temporal o definitiva, de los actos o hechos que provocan la denuncia.




 



 f) Cancelación parcial, total, permanente o temporal, de los permisos, las patentes, los locales o
las empresas que provocan la denuncia, el acto o el hecho contaminante o destructivo.




 



 g) Imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la diversidad
biológica.




 




h) Modificación o demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente.




 



 i) Alternativas de compensación de la sanción, como recibir cursos educativos oficiales en materia
ambiental; además, trabajar en obras comunales en el área del ambiente.




 



 Estas sanciones podrán imponerse a particulares o funcionarios públicos, por acciones u omisiones
violatorias de las normas de esta ley, de otras disposiciones de protección ambiental o de la
diversidad biológica.”




 



 Consecuentemente, SETENA tendrá la posibilidad de aplicar las sanciones indicadas, de acuerdo a las
características del caso y a la etapa de intervención en que se encuentre. Ello aplica también, para
el caso de fraccionamientos agrícolas que posteriormente son utilizados para urbanizaciones, en
menoscabo del ambiente. Lo anterior, sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal que pudiera
existir, para lo cual SETENA puede dar parte a las autoridades competentes.




 




IV.      CONCLUSIONES




 




En vista de las anteriores consideraciones, esta representación llega a las siguientes conclusiones:




 



 a)                  La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) se encuentra facultada para
solicitar los estudios y documentos adicionales que estime pertinentes, para determinar la
viabilidad ambiental de una actividad, obra o proyecto, en la medida que sean necesarios para
cumplir el fin público que le ha sido encomendado, que es la protección al ambiente. Lo anterior
aplica para el caso de fraccionamientos agrícolas que luego son utilizados como urbanizaciones, al
desnaturalizarse el sentido conservacionista de los primeros;




 



 b)                  La eliminación de excesos en los trámites administrativos, no podría generar
bajo ningún supuesto la desprotección del ambiente como interés jurídico superior;




 



 c)                  La imposición de nuevos requisitos encuentra su límite en parámetros de
razonabilidad y proporcionalidad, según el criterio técnico que se emita en protección del ambiente,
para lo cual en concordancia con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se
obliga a que las resoluciones que emita SETENA sean fundadas y razonadas. Asimismo, esa decisión es
susceptible de impugnación en vía administrativa y jurisdiccional.




 



 d)                 Ante cualquier violación o amenaza al ambiente, SETENA tendrá la posibilidad de
aplicar las sanciones indicadas en los numerales 94, 95 y 105 del Reglamento General sobre los
Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-
MAG-MEIC, así como las dispuestas en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, de acuerdo a
las características del caso y a la etapa de intervención en que se encuentre. Lo anterior, sin
perjuicio de la eventual responsabilidad penal que pudiere existir.




 




 




Atentamente,




 




Silvia Patiño Cruz




Procuradora




 




SPC/gcga

Opinion: 319 of 18/11/2009

November 18, 2009

C-319-2009

Master

Sonia Espinoza Valverde

Secretary General

National Environmental Technical Secretariat (SETENA)

Dear Madam:

With the consent of the Attorney General of the Republic, I refer to your communication No. SG-AJ-737-2009-SETENA of August 17, 2009, through which you request that an opinion be issued on the possibility of SETENA, “as the Administration that grants an environmental license, demanding studies and documents that allow avoiding the possibility of the presentation of requests for environmental feasibility (viabilidad ambiental) for projects presented as agricultural subdivisions (fraccionamientos agrícolas), but that in reality, subsequently, are constituted as housing development projects, as well as the possible sanctions that would apply when an administered party has made an abusive use of the Law regarding the regulations on agricultural subdivisions (fraccionamientos agrícolas).”

In compliance with the provisions of Article 4 of the Organic Law of the Attorney General’s Office, the opinion of the Legal Advisory Office of the National Environmental Technical Secretariat (hereinafter SETENA) was provided, which concluded that said institution may require the submission of studies within the environmental assessment process, and not limit itself solely to the approval (visado) of the plan granted by the Municipality; additionally, the sanctions to be established in the event that a housing development is disguised as an agricultural subdivision (fraccionamiento agrícola), would be those provided in Article 99 of the Organic Law of the Environment.

I. ON AGRICULTURAL SUBDIVISIONS (FRACCIONAMIENTOS AGRÍCOLAS)

The possibility of subdividing (fraccionar) land for agricultural purposes is contemplated in the Regulation for the National Control of Subdivisions and Housing Developments, No. 3391 of December 13, 1982, which establishes:

“Article II.2.1.6. For agricultural, livestock, and forestry purposes, segregations of parcels fronting special easements (servidumbres) may be permitted, which hereinafter shall be called agricultural and forestry; the resulting portions must be equal to or greater than 5,000 m². In these cases the individual plans must indicate ‘agricultural use’, ‘livestock use’; or ‘forestry use’, as applicable. The constructions of dwellings and other installations and structures are subject to a maximum of 15% in coverage area.

The easements (servidumbres) regulated in this article shall have a minimum width of 7 meters and must be within the parcels in whole or in proportional parts.”

According to the same Regulation, in its Article II.3, the subdivider (fraccionador) of lands with agricultural vocation is not obligated to cede gratuitously ten percent destined for green areas and urban equipment, as must be done for subdivisions (fraccionamientos) destined for housing developments.

Another of the advantages established for agricultural subdivisions (fraccionamientos agrícolas), is regulated in Executive Decree 25902 of February 12, 1997, Reform to the Regional Urban Development Plan of the Greater Metropolitan Area, which allows these to be carried out fronting on easements (servidumbres) or private roads, whereas for other subdivisions (fraccionamientos), including housing developments, there must be a public road fronting equipped with all basic services. Said norm establishes:

“3.3 Subdivision (fraccionamiento) shall only be permitted fronting existing public roads prior to the promulgation of the GAM (Gazette number 119 of June 22, 1982), and when these have basic services and the regulatory right-of-way is set aside. Subdivision (fraccionamiento) on public roads that do not have services, even if these were enabled after the promulgation of the GAM, shall not be permitted. Roads within the expansion area of the towns as defined in paragraph one of this Article are excepted.

Notwithstanding the foregoing, for strictly agricultural purposes, segregations fronting on easements (servidumbres) or private roads may be permitted, in resulting portions of not less than seven thousand (7,000) square meters.”

In the same sense, Executive Decree 34331-J of November 29, 2007, which is the Regulation to the Cadastre Law, establishes in its Article 79 the provisions relating to the approvals (visados) required for each subdivision (fraccionamiento), providing that for those of an agricultural nature, the approval (visado) of the respective municipality is sufficient, while for housing developments, in addition to the municipal approval (visado), that of the National Institute of Housing and Urbanism is required.

All of the foregoing leads to the conclusion that agricultural subdivisions (fraccionamientos agrícolas) have less complex requirements than subdivisions (fraccionamientos) for building housing developments, which, according to the inquirer, has lent itself to many developers presenting their projects as agricultural subdivisions (fraccionamientos agrícolas) when in reality they are destined for housing, with the consequent problem of the opening of premature and requirementless housing developments.

Under this panorama, it is precisely that the inquirer requires our opinion, to determine if SETENA is in a position to require additional studies and documents from those requesting environmental feasibility (viabilidad ambiental), to ensure that the project presented as an agricultural subdivision (fraccionamiento agrícola) does not end up being a housing development, in evident detriment to the environment.

II. ON THE MATTER CONSULTED IN LIGHT OF THE ATTRIBUTIONS OF SETENA AND THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL)

Article 17 of the Organic Law of the Environment, Law 7554 of October 14, 1995, establishes the obligation to require from SETENA an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) for all those human activities that endanger the environment. Said numeral establishes:

“ARTICLE 17.- Environmental impact assessment (Evaluación de impacto ambiental)

Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the National Environmental Technical Secretariat created in this law. Its prior approval, by this agency, shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. The laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental).”

The purpose of said assessment is precisely to determine the effects that an activity, work, or project could generate on the environment, which includes three phases: a) the initial environmental assessment; b) the preparation of the environmental impact study or other environmental assessment instruments; and c) the environmental control and monitoring of the activity, work, or project through the established environmental commitments. (Article 3 of the General Regulation on Procedures for Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental), Executive Decree 31849 of May 24, 2004)

The Attorney General’s Office has previously referred to the importance of SETENA’s pronouncement, establishing in opinion number C-181-94 of November 23, 1994, the following:

“It must be remembered that this type of study is essential when dealing with works that, by their characteristics, could cause severe damage to the environment. They are analyses that present, in principle, objective and scientific investigation regarding the greater or lesser alteration of different component elements of the environment and recommendations to eliminate or mitigate the harmful effects. Therefore, the review of these studies must be in charge of an Office with sufficient technical knowledge to adequately interpret their conclusions.”

Consequently, the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) allows the State, through SETENA, to exercise its guardianship over the environment, in compliance with the fundamental right enshrined in Article 50 of the Constitution, for which the attributions of said body must always be assessed based on that right and the duty of the State to protect it.

In that sense, Article 84 of the Organic Law of the Environment establishes broad and numerous attributions to SETENA, which are the following: a) analyze environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental) and resolve them; b) recommend the necessary actions to minimize the impact on the environment, as well as those technically convenient to recover it; c) attend to and investigate the complaints presented to it regarding environmental degeneration or damage; d) carry out the corresponding field inspections before issuing its agreements; e) approve and present work reports to the Minister of Environment and Energy, in his capacity as Executive Secretary of the Council; f) prepare guides for activities, works, and projects of environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), as well as manage their provision and dissemination; g) recommend, to the Council, through the Minister of Environment and Energy, the policies and law projects on the environment, arising from the sectors of governmental activity; h) set the amounts of the guarantees to comply with environmental obligations, which the interested parties must deposit, with the due periodicity and the amount of the dealings; i) carry out monitoring tasks and ensure the execution of the resolutions; j) establish trusts, as stipulated in subsection d) of Article 93 of this law; k) any other functions necessary to fulfill its purposes.

From the foregoing, it is deduced that the law left a wide margin of action to SETENA to carry out its activity, even establishing the possibility of adopting any function necessary to fulfill the purpose that has been entrusted to it. Likewise, in Articles 20 and 89 of the indicated law, the possibility is established for SETENA to follow up on the resolutions of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), for which it can carry out inspections, and in case of violation, order the stoppage of the works.

In the regulatory sphere, Executive Decree No. 32711 of July 19, 2005, which is the General Regulation on the Organization and Functioning of SETENA, establishes in its Article 7 the functions of the Plenary Commission of said body. Among the most important functions that are related to the matter consulted are:

a) Approve or reject the environmental feasibility (viabilidad ambiental) (license) of the Environmental Impact Assessments (Evaluaciones de Impacto Ambiental);
b) recommend the directives, policies, instruments, guides, that will be applied to the Environmental Impact Assessments (Evaluaciones de Impacto Ambiental);
c) analyze and approve, from the standpoint of Strategic Environmental Assessment (Evaluación Ambiental Estratégica), the studies and maps of land-use zoning developed on the basis of the environmental fragility of the territory and the carrying capacity of the geographic spaces;
d) request any additional analysis or information, required to determine the environmental feasibility (viabilidad ambiental) of the environmental impact studies and their eventual rejection or approval;
e) carry out or arrange for the corresponding field inspections to be carried out, prior to approving an Environmental Impact Study;
f) establish the procedures and apply the measures and actions necessary to supervise, follow up, and monitor the adequate compliance with the obligations to which the proponents commit themselves before, during, and after concluding the activity, work, or project;
g) propose and update the internal technical and administrative procedures;
h) establish the necessary mechanisms and coordinate with the corresponding institutions, the supply of the base information necessary, for the fulfillment of its attributions;
i) establish the necessary mechanisms of coordination and cooperation between SETENA, other dependencies of the Executive Branch, the State, or any other persons and institutions, for the purpose of carrying out the tasks of monitoring, follow-up, and supervision of activities, works, or projects submitted to an Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) process.

From the foregoing, it can be concluded that the Plenary Commission of SETENA has broad powers to define the procedure, the policies, and the studies that will be required in the environmental assessment process, which includes the possibility of requiring any additional analysis or information to approve or reject the environmental feasibility (viabilidad ambiental) of an activity, work, or project.

The foregoing, added to the State’s obligation to protect the fundamental right to the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, lead this office to conclude, that SETENA may request additional studies and requirements to ensure that an agricultural subdivision (fraccionamiento agrícola) project is developed for that purpose, without endangering the environment, which includes not only the supervision phase but also the project approval phase. The contrary would be to deny the preventive nature of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), which was expressed in legal opinion number OJ-022-99 of February 19, 1999, where this office stated:

“The environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), constantly recommended in international declarations and organizations, is an effective preventive technique that allows the public entities responsible for approving projects or activities of a certain scale, to take into account, in advance and on reliable bases, the harmful repercussions to the environment that they could produce. With this mechanism, a more correct decision-making is achieved, being able to choose, among the possible options, the one that best safeguards the general interests, from a global and integrated perspective.”

Now then, it must also be taken into consideration that, according to Article 86 of the Organic Law of the Environment, SETENA must respond to the needs of efficiency and effectiveness in the analysis of environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental), taking sustainable development as its guide. Given the foregoing, the question arises whether the requirement of additional requirements undermines that efficiency and constitutes excessive procedures to the detriment of the developer. Such answer can only be found under the parameter of reasonableness and proportionality of the requirements requested, for which, in accordance with the provisions of Article 19 of the Organic Law of the Environment, it is mandatory that the resolutions issued by SETENA be substantiated and reasoned. Likewise, that decision is susceptible to challenge through administrative channels, in light of the provisions of Article 87 of the indicated law, which foresees the possibility of filing an appeal for revocation against the final agreement of SETENA and an appeal before the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications; without prejudice to also resorting to the courts of justice. For this reason, the additional documents requested must be justified on a technical basis, which the Administration must determine, and must be necessary for the fulfillment of the public purpose entrusted to SETENA, which is the protection of the environment.

Likewise, it must be taken into consideration that the elimination of excesses in administrative procedures, could not under any circumstance generate the lack of protection of the environment as a superior legal interest; therefore, SETENA is in a capacity to require that information that is necessary for the fulfillment of the public purpose entrusted to it. Otherwise, it would go against the constitutionally imposed obligation of the State to protect the environment.

This office has on other occasions weighed the need to streamline administrative procedures and the State’s action aimed at protecting the environment as an imposed purpose. Thus, in legal opinion number OJ 113-2000 of October 11, 2000, it stated:

“It goes hand in hand, consequently, with the deregulation process undertaken by Law No. 7472, for the Promotion of Competition and Effective Defense of the Consumer, to simplify or rationalize procedures and requirements or suppress those not indispensable in the control and regulation of economic activities, that impede, hinder, or distort market transactions.

A Law that, although it charges the Public Administration to ‘review, analyze, and eliminate, when applicable, those procedures and requirements to protect the exercise of freedom of enterprise and guarantee the defense of productivity’, it does so within certain limits, since the environment cannot be harmed, in addition to health (human, animal, and plant), safety, and quality-of-life standards, in accordance with the respective special laws and international agreements, having to fulfill, as a condition, the requirements needed to protect those assets (Arts. 3, 7, and 8; 50 of the Constitution). A principle reproduced by its Regulation in Article 4: ‘The only acceptable regulations for economic activity are those necessary to protect national security, for the prevention of practices that may induce error, the protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment.’”

Consequently, to simplify or rationalize procedures and requirements or suppress those not essential in the control and regulation of economic activities, the environment could not be harmed, so SETENA could demand additional documents, to the extent that they are necessary to achieve its ultimate purpose, for which it must state the grounds and reasons for its decision. This attribution of SETENA finds its constitutional basis in the State duty to protect the right to a healthy and ecologically balanced environment, before which the Constitutional Chamber has indicated:

“Environmental feasibility (viabilidad ambiental) for its part, represents the condition of harmonization or acceptable balance, from the point of view of environmental load, between the development and execution of an activity, work, or project and its potential environmental impacts, and the environment of the geographic space where it is desired to be implemented. From the administrative and legal point of view, environmental feasibility (viabilidad ambiental) corresponds to the act by which the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) process is approved, whether in its Initial Environmental Assessment (Evaluación Ambiental Inicial) phase, or in the phase of approval of the Environmental Impact Study or the Environmental Management Plan, depending on the activity in question and as merited. In accordance with Article 17 of the Organic Law of the Environment, number 7554, of September eighteenth, nineteen ninety-five, the activities that require an environmental impact study approved by SETENA are those human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous material waste. Its prior approval, by this agency, shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. It is thus that the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obliges the State to take preventive measures to avoid its impact; and within the main measures provided by the legislator in this sense, are several technical instruments among which the Environmental Impact Study stands out, according to the provisions of the cited article, with the condition of the project or work being that which will determine, in each case, its necessity.” (Constitutional Chamber, Vote No. 9927-2004 of 11:01 a.m. on September 3, 2004).

To conclude on this point, it should be noted that the act of granting environmental feasibility (viabilidad ambiental), has its own effects independent of the municipal approval (visado municipal), and for this reason, SETENA is in a capacity to demand compliance with the requirements it deems pertinent for the fulfillment of the legal purpose entrusted to it, which is the protection of the environment. Although a project cannot be carried out having only the environmental feasibility (viabilidad ambiental) from SETENA, since the permits of the other competent authorities are required, the truth is that SETENA’s pronouncement itself generates rights for the administered party, to the extent that once issued favorably, the environmental feasibility (viabilidad ambiental) could not be questioned unless the act is annulled through the legally established channels. Consequently, it is neither reasonable nor correct from the environmental protection standpoint, to limit SETENA’s competence to granting environmental feasibility (viabilidad ambiental) in all cases where there is a municipal approval (visado municipal), without the possibility of making any inquiry, since precisely within its powers, is to determine that the project does not have a negative impact from the environmental point of view, and if it does, that the corresponding mitigation measures are adopted. In that sense, it is clear that if a parcel that only has agricultural vocation is used for urbanistic purposes contrary to its nature, it would be fostering an environmental violation.

For this reason, SETENA is empowered to request the studies and documents it deems pertinent to determine the environmental feasibility (viabilidad ambiental) of the project. The determination of the same must be established by the entity itself, although logically it must be noted that the decisions adopted must be reasoned, reasonable, and are subject to jurisdictional control.

III. ON THE SANCTIONS TO BE IMPOSED

The second part of the consultation raised by the Secretary General of SETENA, is related to the sanctions that would apply when an administered party has made an abusive use of the law regarding the regulations on agricultural subdivisions (fraccionamientos agrícolas).

In this regard, it should be noted that the General Regulation on the Procedures for Environmental Impact Assessment (EIA), Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, establishes in Articles 93, 94, and 105 the possible sanctions to be imposed by SETENA.

First, Article 93 refers to the cases where an activity, work, or project has been initiated, without SETENA’s pronouncement on environmental feasibility (viabilidad ambiental). Said article establishes:

“Article 93.—Commencement of activities without the granting of Environmental Feasibility (Viabilidad ambiental) (license). If SETENA verifies that the developer has commenced the activities, works, or projects without having completed the EIA process, it shall order, in accordance with Article 99 of the Organic Law of the Environment, as applicable, the following actions:

1. To paralyze, temporarily or definitively close, the activity, work, or project.
2. The demolition or modification of the existing infrastructure works.
3. Any other protective measure of prevention, conservation, mitigation, or compensation necessary.

Without prejudice to the foregoing, in accordance with Article 101 of the Organic Law of the Environment, those causing the infraction, by their action or omission, shall be subject to the corresponding sanction, provided that it is proven that environmental damage has been generated, through the holding of an ordinary administrative procedure based on the General Law of Public Administration and in full observance and respect of the constitutional guarantee of due process.”

Second, Article 94 of the Regulation, refers to the sanctions to be imposed during the supervision phase, in case of non-compliance with environmental commitments. That article states:

“Article 94.—In cases of non-compliance with environmental commitments. If non-compliance with the obligations or environmental commitments contracted through the EIA approved by SETENA is verified, the activity, work, or project shall be ordered temporarily suspended, granting a peremptory period to carry out the necessary corrective technical and legal measures. However, depending on the seriousness of the facts, it may order the closure of said activity, work, or project.

In any case, if environmental damage is generated, the partial or total execution of the compliance guarantee established by Article 21 of the Organic Law of the Environment may also be ordered, as well as the additional costs, if the amount of the guarantee were not sufficient.”

Finally, Article 105 establishes a generic sanction, for all those cases in which the Organic Law of the Environment, the regulations, and the environmental regulations are not complied with, enabling the closure of the activity, work, or project. Said article provides:

“Article 105.—Of the power to order the closure of activities, works, or projects. SETENA or other environmental authorities, may order the closure of activities, works, or projects, when they do not comply with the Organic Law of the Environment, the regulations, and regulations on environmental matters that have been issued, related legislation, and the environmental commitments acquired.

As provided by the Organic Law of the Environment, individuals or legal entities in these cases, shall permit free access to their properties to proceed with the closure. If necessary, the environmental authorities shall request collaboration and shall be accompanied by the respective police or judicial authority.

Only in extreme or exceptional cases, when free entry is not allowed to the environmental authority, shall it request a search warrant from the competent judicial authority.

If the case permits it and by prior agreement of the Plenary Commission of SETENA, at the moment the individual or legal entity corrects the anomalies committed or complies with what is required in the administrative resolution notified to it, the environmental authority that proceeded with the closure, or whom it delegates, could proceed with the lifting of the order.”

(As reformed by Article 11 of Executive Decree No. 32734 of August 9, 2005).

In addition to the specific sanctions provided by regulation, the general sanctions established in the Organic Law of the Environment for any violation of the environment or the regulations that protect it cannot be overlooked. That article provides:

“ARTICLE 99.- Administrative sanctions

Before the violation of environmental protection regulations or conduct harmful to the environment clearly established in this law, the Public Administration shall apply the following protective measures and sanctions:

a) Warning through notification that a claim exists.
b) Admonishment in accordance with the seriousness of the violating acts and once proven.
c) Execution of the compliance guarantee, granted in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental).
d) Partial or total restrictions, or order of immediate stoppage of the acts originating the complaint.
e) Total or partial, temporary or definitive closure, of the acts or facts that provoke the complaint.
f) Partial, total, permanent, or temporary cancellation, of the permits, licenses, premises, or businesses that provoke the complaint, the polluting or destructive act or fact.
g) Imposition of compensatory or stabilizing obligations for the environment or biological diversity.
h) Modification or demolition of constructions or works that damage the environment.
i) Alternatives of compensation of the sanction, such as receiving official educational courses on environmental matters; also, working on community works in the area of the environment.

These sanctions may be imposed on individuals or public officials, for actions or omissions violating the norms of this law, other provisions of environmental protection or biological diversity.”

Consequently, SETENA will have the possibility of applying the indicated sanctions, according to the characteristics of the case and the stage of intervention it is in. This also applies to the case of agricultural subdivisions (fraccionamientos agrícolas) that are subsequently used for housing developments, in detriment to the environment. The foregoing, without prejudice to any eventual criminal liability that may exist, for which SETENA may report to the competent authorities.

IV. CONCLUSIONS

In view of the foregoing considerations, this office reaches the following conclusions:

a) The National Environmental Technical Secretariat (SETENA) is empowered to request the additional studies and documents it deems pertinent, to determine the environmental feasibility (viabilidad ambiental) of an activity, work, or project, to the extent that they are necessary to fulfill the public purpose entrusted to it, which is the protection of the environment. The foregoing applies to the case of agricultural subdivisions (fraccionamientos agrícolas) that are later used as housing developments, by denaturing the conservationist sense of the former;

b) The elimination of excesses in administrative procedures could not, under any circumstance, generate the lack of protection of the environment as a superior legal interest;

c) The imposition of new requirements finds its limit in parameters of reasonableness and proportionality, according to the technical criterion issued in protection of the environment, for which, in accordance with the provisions of Article 19 of the Organic Law of the Environment, it is mandatory that the resolutions issued by SETENA be substantiated and reasoned. Likewise, that decision is susceptible to challenge through administrative and jurisdictional channels.

d) In the event of any violation or threat to the environment, SETENA may apply the penalties set forth in paragraphs 94, 95, and 105 of the General Regulations on Procedures for Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA), Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, as well as those provided in Article 99 of the Organic Law of the Environment, according to the characteristics of the case and the stage of intervention at hand. The foregoing is without prejudice to any potential criminal liability that may exist.

Sincerely,

Silvia Patiño Cruz
Procuradora

SPC/gcga