Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Considera este órgano asesor que el proyecto consultado no presenta vicios de constitucionalidad, por el contrario corresponde a un desarrollo normativo muy importante con respecto a la temática de acceso a los recursos genéticos y la promoción y salvaguarda de la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos en conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio sobre la Diversidad Biológica y nuestra Ley de Biodiversidad.
English (translation)This advisory body considers that the consulted bill has no constitutional flaws; on the contrary, it represents a very important regulatory development regarding the issue of access to genetic resources and the promotion and safeguarding of fair and equitable sharing in the benefits arising from the utilization of genetic resources, in accordance with the relevant provisions of the Convention on Biological Diversity and our Biodiversity Law.
Interpretive opinion
Opinión Jurídica : 012 - J del 30/01/2014 30 de enero de 2014 OJ-12-2014 Señora Hannia M. Durán Jefa de Área Comisión Permanente Especial de Ambiente Asamblea Legislativa Estimada señora: Con aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero a su oficio número AMB-85-2012 del 07 de agosto de 2012, recibido en esta Procuraduría el 08 de agosto de 2012, donde se consulta nuestro criterio sobre el proyecto denominado: “Aprobación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización al convenio sobre diversidad biológica”, Expediente legislativo número 18372. Es necesario indicar que nuestro criterio sobre los alcances o contenido de un “proyecto de ley”, conforme a lo dispuesto en nuestra Ley Orgánica número 6815 de 27 de setiembre de 1982, no constituye un dictamen vinculante, sino más bien una “opinión jurídica”, que se da como colaboración institucional con la delicada función de promulgar las leyes. Asimismo, “… al no estarse en los supuestos que prevé el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una institución autónoma), a la solicitud que nos ocupa no le es aplicable el plazo de ocho días hábiles que dicho artículo dispone” (OJ-097-2001 de 18 de julio de 2001). I. El proyecto de ley. El proyecto de ley consultado corresponde a la ratificación por parte de nuestro país del Convenio internacional denominado: Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización al convenio sobre diversidad biológica. Como su nombre lo indica, es un nuevo tratado internacional que se basa en el Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado por Costa Rica el 30 de junio de 1994, Ley número 7416. Este instrumento jurídico desarrolla lo relacionado con la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Para lo anterior, el Protocolo de Nagoya dispone de 27 cláusulas del preámbulo, 36 artículos con disposiciones operativas, y un anexo que contiene una lista de los beneficios monetarios y no monetarios con respecto al acceso a los recursos genéticos y la utilización de sus derivados; todo planteado desde una perspectiva que busca utilizar de manera sostenible los componentes de la diversidad biológica. El Protocolo se basa, al igual que el Convenio sobre Diversidad Biológica, en los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales y reconoce la importancia de la contribución de la transferencia de tecnología y la cooperación entre Estados para crear capacidad de investigación e innovación que contribuya al desarrollo sostenible. El artículo 1 dispone como objetivo del Protocolo de Nagoya la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, como el acceso adecuado a los recursos genéticos, la transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes y la financiación adecuada. El ámbito de aplicación se encuentra en el Artículo 3 del Protocolo, y dispone que corresponde a los recursos genéticos comprendidos en el ámbito del artículo 15 del Convenio sobre Diversidad Biológica. En el artículo 4 del Protocolo denominado: Relación con acuerdos o instrumentos internacionales, se aclara que las disposiciones del Protocolo no afectarán los derechos y obligaciones derivados de los acuerdos internacionales existentes, excepto que con ello se pueda causar daño a la biodiversidad. Además, señala que aunque el protocolo es el instrumento para la aplicación de las disposiciones sobre acceso y participación en los beneficios a que se refiere el Convenio, se pueden aplicar instrumentos especializados sobre la materia que no se opongan con los objetivos del Convenio. De ahí que las partes pueden implementar otros acuerdos especializados de acceso y participación en los beneficios de recursos genéticos en el futuro; y tales acuerdos especializados prevalecen si se encuentran en línea con el objetivo del Protocolo de Nagoya. El artículo 5 del Protocolo retoma el objetivo principal de participación justa y equitativa en los beneficios, de conformidad con el artículo 15. Se establece el compromiso estatal de adoptar las medidas legislativas, administrativas o de política, para asegurar que los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos que están en posesión de comunidades indígenas y locales, de conformidad con las leyes nacionales respecto a los derechos establecidos de dichas comunidades indígenas y locales sobre estos recursos genéticos, se compartan de manera justa y equitativa. Este artículo 5 también establece que los beneficios pueden ser monetarios y no monetarios, y refiere al Anexo del Protocolo, que incluye una lista de los posibles beneficios a ser compartidos. Un elemento clave del Protocolo que se encuentra en total coherencia con el Convenio sobre Diversidad Biológica, corresponde al derecho soberano de los Estados sobre sus recursos naturales. Esto se recoge en el artículo 6 del protocolo. Este artículo también regula las situaciones en las que las comunidades indígenas y locales son titulares de derechos sobre los recursos genéticos. El protocolo plantea la obligación estatal de adoptar medidas, de acuerdo con la legislación nacional para garantizar que el consentimiento fundamentado previo sea obtenido en total respeto de estas comunidades. El artículo 10 establece la base legal para la consideración de un posible mecanismo global multilateral de participación en los beneficios, siendo una cláusula abierta y opcional a las Partes que se comprometen a no restringir, en la medida de lo posible, el uso e intercambio consuetudinario de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados dentro de las comunidades indígenas y locales. El protocolo de Nagoya dispone en su artículo 11 que las partes se comprometan a colaborar a con la participación de las comunidades indígenas y locales, en aquellos casos en que los mismos recursos genéticos se encuentren in situ dentro del territorio de más de una Parte o sean compartidos por una o más comunidades indígenas y locales en varias partes. Vinculado al artículo anterior, el numeral 12 del Protocolo dispone que las partes deberán tomar en consideración las leyes consuetudinarias, protocolos y procedimientos comunitarios, con respecto a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos; así como establecer los mecanismos necesarios para informar a los posibles usuarios de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos acerca de sus obligaciones. Lo anterior, con la participación efectiva de las comunidades indígenas y locales pertinentes. El conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos constituye uno de los ejes centrales de este Protocolo. En el contexto del acceso y participación en los beneficios, el conocimiento tradicional se refiere al conocimiento, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales relacionadas con los recursos genéticos. Estos conocimientos tradicionales son una fuente vital de información para identificar los usos de los recursos genéticos de los cuales la humanidad puede beneficiarse en su conjunto. En el Artículo 8 del Convenio sobre Diversidad Biológica se establece la necesidad de que los gobiernos respeten, preserven, mantengan y promuevan una mayor aplicación de los conocimientos tradicionales con la aprobación y la participación de las comunidades indígenas y locales, por lo que este protocolo constituye un avance significativo en la regulación del acceso y distribución de beneficios de este tipo de conocimiento. El artículo 13 dispone la obligación de las partes de designar un punto focal nacional para acceso y participación en los beneficios. El punto focal nacional dará a conocer la información sobre los procedimientos para obtener el consentimiento fundamentado previo y establecer condiciones mutuamente acordadas, incluida la participación en los beneficios, la información sobre los procedimientos para obtener el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación, según proceda, de las comunidades indígenas y locales, y establecer condiciones mutuamente acordadas, incluida la participación en los beneficios y la información sobre autoridades nacionales competentes, comunidades indígenas y locales pertinentes e interesados pertinentes. En nuestro país existe la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), como autoridad competente encargada de tramitar, aprobar y fiscalizar los permisos de acceso a recursos genéticos, de conformidad con el artículo 14 y siguientes de la Ley de Biodiversidad, número 7788 del 30 de abril de 1998, por lo que ya existe legislación y un marco institucional coincidente con lo que se denomina en el Protocolo como punto focal nacional. El artículo 14 establece un centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios como parte del mecanismo de facilitación al que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 18 del Convenio. Será un medio para compartir información relacionada con el acceso y la participación en los beneficios. Los Artículos 19 y 20 incluyen las obligaciones de las Partes a fomentar el desarrollo, la actualización y la utilización de cláusulas modelo sectoriales e intersectoriales contractuales, así como los códigos de conducta voluntarios, directrices y mejores prácticas y/o estándares en relación con el acceso a los recursos. Si se aplican adecuadamente por las Partes, estos instrumentos crearán un ambiente de apoyo para proveedores y usuarios para negociar con éxito, así como para desarrollar y ejecutar acuerdos para la participación justa y equitativa en los beneficios. EL artículo 23 se enfoca en dos tipos específicos de beneficios con carácter no monetario: la colaboración y cooperación en materia de investigación científica y técnica y los programas de desarrollo, así como el acceso y la transferencia de tecnología. El artículo 33 del Protocolo dispone que no se podrán formular reservas por lo que en el ratificarse por nuestro país debe ser aprobado en la totalidad del mismo. II. El protocolo y lo dispuesto en nuestra Constitución Política. El artículo 50 constitucional garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y establece el principio de la obligada tutela estatal del ambiente. La jurisprudencia constitucional establece que un elemento central de lo que ha de entenderse como ambiente lo constituye la biodiversidad. En este sentido, hay que tener presente que la Sala Constitucional en la sentencia número 2485-94 de 27 de mayo de 1994, evacuó favorablemente la consulta legislativa de la ley que aprobó el Convenio sobre Biodiversidad. La biodiversidad es parte integrante del ambiente, es decir, forma parte del objeto del derecho que garantiza el artículo 50 constitucional, así como del principio que obliga al estado proteger y tutelar el ambiente. La legislación nacional desarrolla la regulación sobre la biodiversidad y, específicamente, lo que tiene que ver con el acceso a los elementos genéticos y bioquímicos (artículos 62 a 85 de la Ley de Biodiversidad número 7788 de 30 de abril de 1998). El protocolo cuya aprobación se pretende que con el proyecto de ley 18.372 viene a complementar el desarrollo normativo de la biodiversidad, regulando específicamente lo relacionado con el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización. Es importante hacer ver que el protocolo insta a una utilización sostenible de los recursos genéticos y a la conservación de la biodiversidad (artículo 8 del protocolo). Esto tiene relevancia de cara a lo dispuesto en el artículo 50 constitucional y la profusa jurisprudencia constitucional sobre el desarrollo sostenible y la utilización racional de los recursos naturales como principios constitucionales. Recientemente, la Sala Constitucional ha planteado una nueva faceta del principio de desarrollo sostenible que viene a dar respaldo al objetivo propuesto en el protocolo cuya aprobación se somete a la Asamblea Legislativa. Se trata del principio de desarrollo sostenible democrático, principio que agrega a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales –entre los que encuentran los elementos genéticos y bioquímicos de los seres vivos- una distribución equitativa de los beneficios derivados de su utilización. La Sala Constitucional planteo este tema en la sentencia número 2013-10540 de 7 de agosto de 2013, en la cual resolvió la acción de inconstitucional interpuesta contra la normativa que permitía la pesca de arrastre. En dicha sentencia señaló: “La unión del primero y del tercer principio, es lo que esta Sala denomina principio del desarrollo sostenible democrático, a partir cual no solo se trata de garantizar el aprovechamiento de los recursos existentes por las presentes generaciones, y de asegurar la subsistencia de las futuras, sino que para lograrlo, también se debe asegurar que el acceso a esos recursos y a la riqueza generada por las actividades económicas relacionadas con la pesca y acuicultura se distribuya equitativamente en la Sociedad, de modo que alcance al mayor número posible de personas y permita el progreso solidario de las familias que componen ese sector social y productivo.” Desde el momento que la Sala formula las anteriores apreciaciones como un principio, son perfectamente generalizables a otras hipótesis distintas al caso de los recursos pesqueros. Es decir, que el principio de desarrollo sostenible democrático es aplicable a la materia que regula el Protocolo de Nagoya. Desde este punto de vista, es opinión de esta Procuraduría que dicho instrumento internacional satisface los requerimientos planteados por el principio mencionado. III. Conclusión. Considera este órgano asesor que el proyecto consultado no presenta vicios de constitucionalidad, por el contrario corresponde a un desarrollo normativo muy importante con respecto a la temática de acceso a los recursos genéticos y la promoción y salvaguarda de la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos en conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio sobre la Diversidad Biológica y nuestra Ley de Biodiversidad. Atentamente, Julio Jurado Fernández Procurador JJF/ hhc
Legal Opinion: 012 - J of 01/30/2014 January 30, 2014 OJ-12-2014 Mrs. Hannia M. Durán Area Chief Special Permanent Environmental Commission Legislative Assembly Dear Mrs. Durán: With the approval of the Deputy Attorney General of the Republic, I refer to your official letter number AMB-85-2012 of August 7, 2012, received in this Attorney General's Office on August 8, 2012, in which you consult our opinion on the draft legislation entitled: "Aprobación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización al convenio sobre diversidad biológica", legislative file number 18372. It is necessary to indicate that our opinion on the scope or content of a "draft law," in accordance with the provisions of our Organic Law number 6815 of September 27, 1982, does not constitute a binding opinion, but rather a "legal opinion," given as institutional collaboration with the delicate function of enacting laws. Likewise, "... since it is not within the circumstances provided for in Article 157 of the Regulations of the Legislative Assembly (consultation with the Supreme Electoral Tribunal, the University of Costa Rica, the Judicial Branch, or an autonomous institution), the eight-business-day deadline established in said article does not apply to the request before us" (OJ-097-2001 of July 18, 2001). I. The Draft Law. The draft law consulted corresponds to the ratification by our country of the international agreement called: Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización al convenio sobre diversidad biológica. As its name indicates, it is a new international treaty based on the Convention on Biological Diversity, ratified by Costa Rica on June 30, 1994, Law number 7416. This legal instrument develops that which relates to the fair and equitable sharing (participación justa y equitativa) of benefits arising from the utilization of genetic resources (recursos genéticos). For this purpose, the Nagoya Protocol has 27 preamble clauses, 36 articles with operative provisions, and an annex containing a list of monetary and non-monetary benefits related to access to genetic resources and the utilization of their derivatives; all presented from a perspective that seeks to sustainably use the components of biological diversity. The Protocol is based, like the Convention on Biological Diversity, on the sovereign rights of States over their natural resources and recognizes the importance of the contribution of technology transfer and cooperation between States to create research and innovation capacity that contributes to sustainable development. Article 1 establishes the objective of the Nagoya Protocol as the fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources, including appropriate access to genetic resources, the appropriate transfer of relevant technologies, and adequate funding. The scope of application is found in Article 3 of the Protocol, and it establishes that it covers genetic resources within the scope of Article 15 of the Convention on Biological Diversity. In Article 4 of the Protocol, entitled: Relationship with International Agreements and Instruments, it is clarified that the provisions of the Protocol shall not affect the rights and obligations derived from existing international agreements, except where this could cause serious damage to biodiversity. Furthermore, it indicates that although the protocol is the instrument for the implementation of the provisions on access and benefit-sharing referred to in the Convention, specialized instruments on the matter that are not inconsistent with the objectives of the Convention may be applied. Hence, the Parties may implement other specialized international agreements on access and benefit-sharing of genetic resources in the future; and such specialized agreements shall prevail if they are in line with the objective of the Nagoya Protocol. Article 5 of the Protocol takes up the main objective of fair and equitable sharing of benefits, in accordance with Article 15. It establishes the State commitment to take legislative, administrative or policy measures, to ensure that the benefits arising from the utilization of genetic resources held by indigenous and local communities, in accordance with domestic laws regarding the established rights of said indigenous and local communities over these genetic resources, are shared in a fair and equitable manner. This Article 5 also establishes that benefits may be monetary and non-monetary, and refers to the Annex of the Protocol, which includes a list of potential benefits to be shared. A key element of the Protocol, which is fully consistent with the Convention on Biological Diversity, corresponds to the sovereign right of States over their natural resources. This is contained in Article 6 of the protocol. This article also regulates situations where indigenous and local communities hold rights over genetic resources. The protocol establishes the State obligation to take measures, in accordance with domestic legislation, to ensure that prior informed consent (consentimiento fundamentado previo) is obtained in full respect of these communities. Article 10 establishes the legal basis for the consideration of a possible global multilateral benefit-sharing mechanism, being an open and optional clause for Parties committing not to restrict, as far as possible, the customary use and exchange of genetic resources and associated traditional knowledge (conocimientos tradicionales) within and among indigenous and local communities. The Nagoya Protocol provides in its Article 11 that Parties undertake to cooperate with the involvement of indigenous and local communities, in those cases where the same genetic resources are found in situ within the territory of more than one Party or are shared by one or more indigenous and local communities in several Parties. Linked to the previous article, Article 12 of the Protocol establishes that the Parties shall take into consideration customary laws (leyes consuetudinarias), community protocols and procedures, with respect to traditional knowledge associated with genetic resources; as well as establish the necessary mechanisms to inform potential users of traditional knowledge associated with genetic resources about their obligations. The foregoing shall be done with the effective participation of the relevant indigenous and local communities. Traditional knowledge associated with genetic resources constitutes one of the central axes of this Protocol. In the context of access and benefit-sharing, traditional knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities related to genetic resources. This traditional knowledge is a vital source of information for identifying uses of genetic resources from which humanity as a whole can benefit. Article 8 of the Convention on Biological Diversity establishes the need for governments to respect, preserve, maintain and promote wider application of traditional knowledge with the approval and involvement of indigenous and local communities, so this protocol represents significant progress in regulating the access to and distribution of benefits from this type of knowledge. Article 13 establishes the obligation of the Parties to designate a national focal point (punto focal nacional) for access and benefit-sharing. The national focal point shall make available information on procedures for obtaining prior informed consent and establishing mutually agreed terms (condiciones mutuamente acordadas), including benefit-sharing; information on procedures for obtaining prior informed consent or approval and involvement, as appropriate, of indigenous and local communities, and establishing mutually agreed terms, including benefit-sharing; and information on competent national authorities, relevant indigenous and local communities, and relevant stakeholders. In our country, the Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) exists as the competent authority responsible for processing, approving, and overseeing access permits for genetic resources, in accordance with Article 14 and following of the Biodiversity Law, number 7788 of April 30, 1998. Thus, legislation and an institutional framework already exist that coincide with what the Protocol designates as the national focal point. Article 14 establishes an Access and Benefit-Sharing Clearing-House as part of the clearing-house mechanism referred to in paragraph 3 of Article 18 of the Convention. It shall be a means for sharing information related to access and benefit-sharing. Articles 19 and 20 include the obligations of the Parties to encourage the development, updating and use of sectoral and cross-sectoral model contractual clauses, as well as voluntary codes of conduct, guidelines and best practices and/or standards in relation to access to resources. If properly applied by the Parties, these instruments will create a supportive environment for providers and users to successfully negotiate, as well as to develop and execute agreements for the fair and equitable benefit-sharing. Article 23 focuses on two specific types of benefits of a non-monetary nature: collaboration and cooperation in scientific and technical research and development programs, as well as access to and transfer of technology. Article 33 of the Protocol provides that no reservations may be made, so upon ratification by our country, it must be approved in its entirety. II. The Protocol and the Provisions of Our Political Constitution. Article 50 of the Constitution guarantees the right to a healthy and ecologically balanced environment and establishes the principle of mandatory State stewardship (tutela) of the environment. Constitutional jurisprudence establishes that a central element of what must be understood as environment is biodiversity. In this sense, it must be kept in mind that the Constitutional Chamber, in ruling number 2485-94 of May 27, 1994, favorably resolved the legislative consultation on the law that approved the Convention on Biodiversity. Biodiversity is an integral part of the environment, that is, it forms part of the object of the right guaranteed by Article 50 of the Constitution, as well as the principle that obligates the State to protect and steward the environment. National legislation develops the regulation of biodiversity and, specifically, that which relates to access to genetic and biochemical elements (Articles 62 to 85 of the Biodiversity Law number 7788 of April 30, 1998). The protocol whose approval is sought through draft law 18.372 complements the normative development of biodiversity, specifically regulating matters related to access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization. It is important to note that the protocol calls for the sustainable use of genetic resources and the conservation of biodiversity (Article 8 of the protocol). This is relevant in light of the provisions of Article 50 of the Constitution and the extensive constitutional jurisprudence on sustainable development and the rational use of natural resources as constitutional principles. Recently, the Constitutional Chamber has raised a new facet of the principle of sustainable development that supports the objective proposed in the protocol whose approval is submitted to the Legislative Assembly. This is the principle of democratic sustainable development, a principle that adds to the rational and sustainable use of natural resources – among which are found the genetic and biochemical elements of living beings – an equitable distribution of the benefits derived from their utilization. The Constitutional Chamber raised this issue in ruling number 2013-10540 of August 7, 2013, in which it resolved the unconstitutionality action filed against the regulations that permitted trawling. In said ruling it stated: "The union of the first and third principles is what this Chamber calls the principle of democratic sustainable development, based on which it is not only a matter of guaranteeing the use of existing resources by present generations, and of ensuring the subsistence of future ones, but to achieve this, it must also be ensured that access to those resources and to the wealth generated by economic activities related to fishing and aquaculture is distributed equitably in Society, so that it reaches the greatest possible number of people and allows the supportive progress of the families that make up that social and productive sector." From the moment the Chamber formulates the above considerations as a principle, they are perfectly generalizable to other hypotheses distinct from the case of fishery resources. That is to say, the principle of democratic sustainable development is applicable to the matter regulated by the Nagoya Protocol. From this point of view, it is the opinion of this Attorney General's Office that said international instrument satisfies the requirements raised by the mentioned principle. III. Conclusion. This advisory body considers that the consulted draft law does not present flaws of constitutionality; on the contrary, it corresponds to a very important normative development regarding the issue of access to genetic resources and the promotion and safeguarding of the fair and equitable sharing in the benefits derived from the utilization of genetic resources in accordance with the relevant provisions of the Convention on Biological Diversity and our Biodiversity Law. Sincerely, Julio Jurado Fernández Attorney General JJF/hhc