OJ-017-2016 — Review of the comprehensive reform draft of the Maritime-Terrestrial Zone Law RegulationRevisión del proyecto de reforma integral al Reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre

Opinión Jurídica : 017 - J   del 04/03/2016   



04 de marzo de 2016




OJ-17-2016




 




Lic. Sergio Iván Alfaro Salas




Ministro de la Presidencia




S. D.




 




Estimado señor Ministro




 



 Con aprobación de la señora Procuradora General de la República, damos respuesta a su Oficio
DM-1618-2015,  en el cual consulta la propuesta integral de Reglamento a la Ley de la Zona Marítimo
Terrestre, que, según afirma, elaboró el Instituto Costarricense de Turismo, en un proceso “de casi
tres años” y “estuvo en consulta pública durante tres meses”.




 




I.- ALCANCE DE ESTE PRONUNCIAMIENTO




 



 Por ser el dictado, reforma o derogatoria de un reglamento de ejecución de las leyes, actos de
ejercicio de una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, Presidente de la República y Ministro
(s), e insustituible por la Procuraduría a través de un dictamen de acatamiento obligatorio, el
criterio acerca del proyecto que se consulta lo es como opinión jurídica, no vinculante, en afán de
colaborar con el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones.




 




 




II.- PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL AL REGLAMENTO DE LA LEY 6043.




 




 



 En el encabezado, se sugiere incluir al MINAE, por ser la zona marítimo terrestre un bien
medioambiental, según jurisprudencia constitucional y administrativa (ver comentario al artículo 12
infra), y lo dispuesto en los arts 4, 5, 9, 61, párrafo 2°.  El de Turismo es un Ministro sin
Cartera, que conforme ha sostenido la Procuraduría, no integra el Poder Ejecutivo a los efectos del
artículo 140 constitucional y no está autorizado para firmar decretos ejecutivos, conjuntamente con
el Presidente de la República. (Ley 6227, arts. 23, ptos 1 y 2, y 28.2 inc b. Dictámenes C-95-1994,
C-212-1994, C-210-2002, y Opiniones Jurídicas O. J.-145-2002 y O. J.-216-2003).




 



 En la parte considerativa, punto 6, se aclara que el dictamen de la Procuraduría C-30-2014 no
indicó, como se da a entender, que debía modificarse el Reglamento a la Ley de Zona Marítimo
Terrestre. Lo que hizo fue confirmar el criterio de que la Ley 9032, de transformación del IDA en
Inder, en su artículo 82, eliminó las competencias atribuidas a ese Instituto en la Ley 6043 (arts.
42, 43, 45, 50, 51 y 53) con relación a la zona marítimo terrestre, sin que haya norma que traslade
al ICT u otro ente la función de aprobar o improbar las concesiones en zonas declaradas no
turísticas (considerando 5 del Proyecto). Lo que produce un vacío en la regulación de las funciones
que desempeñaba el IDA, hoy Inder, ente especializado en desarrollo rural territorial, y crea una
situación desigual con las zonas declaradas de aptitud turística, que sí requieren el trámite de
aprobación de la concesión, prórroga y autorización de otros actos o contratos.




 




 




II.1) ARTICULADO




 




Se hacen las siguientes recomendaciones puntuales al articulado propuesto:




 




Artículo 2°: 




 




En los incisos f y g no se respeta el orden alfabético de los anteriores.




 




Artículo 3°: 




 



 Inciso a: Después de “competente”, agregar “de un derecho real administrativo”, y después de
“dominio público”, añadir: “previo cumplimiento de requisitos legales y que devenga el pago de un
canon como contraprestación, a favor de la Municipalidad del lugar”.




 



 (Sobre la concesión de una parcela de la zona marítimo terrestre como derecho real administrativo
de uso y disfrute, que permite su goce privativo, vid: Decreto 25439/1996, art. 2°, inc. g, para el
Proyecto Turístico Papagayo. SALA CONSTITUCIONAL, sentencias 5210/1997 y 8596/2013. SALA PRIMERA DE
LA CORTE, sentencia 00495/2010, cons IV. Jesús GONZÁLEZ PÉREZ: Los derechos reales administrativos.
Edit. Civitas S. A. Madrid. 1984, ptos. II, III y IV.2, entre otros).




            



 Inciso d:  Uniformar el concepto de estero con el dado por el Decreto Ejecutivo 36786/2011, Manual
para la clasificación de tierras dedicadas a la conservación de los recursos naturales dentro de la
Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica, aparte IV, inciso h:



 “Estero: son los canales o redes de canales influenciados por el flujo mareal hasta donde la
concentración salina alcance al menos 0.5 ups, a partir del mar o de un curso de agua, que pueden
formar parte de manglares o constituir ramales o extensiones de lagunas costeras (…)”.



 Más que un terreno, el estero constituye un depósito de agua, que requiere, de ordinario, flujo
mareal. No depende necesariamente de la ría.




 



 Inciso f: De acuerdo con la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, art. 10.1 (Ley
5031/1972) y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, art. 121.1 (Ley 7291/1992),
normas de rango superior, se sugiere sustituir el concepto de isla por “extensión natural de tierra,
rodeada de agua, que se encuentra sobre el nivel de ésta en pleamar”. No es necesario que esté
rodeada permanente de agua (TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SEXTA,
sentencia N° 20/2008, cons. IV).




 



 Inciso l: En cuanto al término de obra pública, no se aprecia la norma a la cual se vincula el
concepto, que es escueto (sólo considera el aspecto teleológico) y prescinde de los debates
doctrinarios en torno al mismo. Se sugiere suprimirlo y, de mantenerse, eliminar la frase “de manera
irrestricta”. Motivos de seguridad, salubridad u orden público, razonabilidad en el uso,
conservación, preservación del fin de utilidad pública, necesidad horaria, etc, dependiendo del bien
de que se  trate, pueden justificar ciertas regulaciones.




 




Inciso q: Después de “productos turísticos”, se recomienda agregar “respetuosos del medio ambiente”.




 



 “La protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo económico no son desafíos
independientes. El desarrollo no puede subsistir en un ambiente de deterioro de la base de recursos
y no se puede proteger cuando los planes de crecimiento constantemente hacen caso omiso de ello. Es
preciso optar por el desarrollo sostenible, el cual satisface las necesidades del presente sin
comprometer nuestra capacidad para hacer frente a las del futuro”. (SALA CONSTITUCIONAL, sentencias
1304/1993, 3705/1993, 4423/1993, 2231/1996, 2231/1996,  2232/1996, 2237/1996 y 2238/1996, entre
otras).




 




Artículo 4°:




 



 En el primer párrafo se sugiere excluir lo relativo a la explotación o corta de árboles y
extracción de productos forestales en  bosque,  terrenos de aptitud forestal y áreas silvestres
protegidas de la zona marítimo terrestre, que son parte del Patrimonio Natural del Estado, no
administrado por las Municipalidades, dentro del que sólo están permitidas, con las debidas
autorizaciones, las actividades de investigación, capacitación y ecoturismo. (Ley 7575, arts. 1° in
fine, 13 y 18. Ley 7554/1995, art. 32. Ley 6084/1977, art. 8, inc. 1°.  Ley 7788/1998, art. 58).




 



 Es importante aclarar las competencias que tiene el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura,
INCOPESCA y MINAE, según corresponda, para autorizar el desarrollo de actividades acuícolas y de
pesca. (Ley 8436, arts. 1° y 2, inc. 10; 9,  82, inc b, 84 y 104; Ley 7317/1992, art. 1°, penúltimo
pfo., y Decreto 39411/2015).




 



             La fauna silvestre se declaró de dominio público, parte del patrimonio nacional, y está
bajo competencia del MINAE, Sistema Nacional de Áreas de conservación (Ley 7317/1992 y sus reformas,
arts. 3°, 6° y 7°). La caza, colecta y extracción de la vida silvestre están prohibidas, con las
salvedades legales (art. 14 ibid). En terrenos públicos sólo podrá ejercerse la caza de control si
así lo faculta la ley, mediante estudio técnico-científico de que la especie de vida silvestre está
causando daños al ecosistema. (arts. 28, 29 y 32 ibid).




 




Párrafo 2°:




 



 Ha de tenerse en cuenta que el procedimiento establecido en el Decreto 36550, para el trámite
electrónico simplificado de revisión de los planos de construcción, es optativo (ver artículo 1° y
Transitorio III).




 



 Omite incluir el Decreto 29307/2001 (arts. 1° a 8), Reglamento para el Trámite de Visado de Planos
para la Construcción de Edificaciones en la Zona Marítimo Terrestre, modificado por el Decreto 38441
(arts. 2 y 3°).




 



 Asimismo es importante anotar que la Procuraduría, en el dictamen C-219-2013, indicó que por el
principio de jerarquía normativa, el Decreto Ejecutivo número 36550-MP-MIVAH-S no puede modificar lo
establecido en la ley.  Por ello,  a pesar de lo dispuesto en éste, “es legalmente obligatoria la
aprobación del INVU, el ICAA, el Ministerio de Salud y el Cuerpo de Bomberos de los planos de
urbanizaciones, fraccionamientos con fines de urbanización y condominios, mediante el otorgamiento
del respectivo visado”.




 




Tercer párrafo:




 




Después de “concesión”, agregar: “a la que deberá ajustarse”. 




 




Cuarto párrafo:




 



 Sustituir “autorización” por “concesión”. (Ley 6797/1982, modificada por Ley 8246/2002, arts. 1°,
3°, 12 a 15).




 



 El Proyecto suprime la prohibición del texto actual (art. 4°, Decreto 7841) de “autorizar
actividades mineras o extractivas en zonas turísticas”, prohibición que está en armonía con los
artículos 57, inciso d, de la Ley 6043 y 72, párrafo primero del Proyecto: en ningún caso podrán
darse en concesión parcelas que no sean para industrias relacionadas con la explotación turística.
Se sugiere valorar la conveniencia y legalidad de esa supresión.



 La remisión que se hace al artículo 70 de la Ley de Aguas es innecesaria, por cuanto todos los
casos de la explotación de sustancias minerales (metálicas o no metálicas: arena, piedra, grava u
otros materiales) se rigen por el Código de Minería y su Reglamento (Ley 6797, art. 2°).




Artículo 5°:                                       




 




Se  recomienda:




 



 Prever el caso de que no halla vegetación a la orilla de los esteros, para el inicio de la zona
restringida.




 



 Después de Ley 7554, sustituir la expresión “disposiciones ambientales correspondientes”, por
“disposiciones que los rigen”, que es una expresión más amplia. Si bien la Ley Orgánica del Ambiente
contiene preceptos sobre humedales (Capítulo VIII, arts. 32 inc f, 39 sigtes., etc.), no es la
única; hay otros en diversa normativa que también los regulan: Ley de Biodiversidad, Ley de
Conservación de la Vida Silvestre, Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional
o Convención Ramsar, Ley Forestal, la Ley de Pesca y Acuicultura,  el Decreto 35803/2010, etc.




 



 La Ley 6043, art. 11, en relación con el 61, califica como zona pública a “los manglares” de los
litorales continentales e insulares.  La frase “o bosques salados” es redundante. No la emplea esa
Ley, ni el Decreto 22550.




 




Artículo 7°:




 



 Se sugiere agregar: después de ICT, “además de otras funciones” (arts. 2°, 17, 18, 22, 25, 26, 28,
29, 31, 33, 37, 42, 50, 53, etc., de la Ley 6043); y que las declaratorias de zona de aptitud
turística o no turística deben publicarse en el Diario Oficial (art. 27 ibid).




 




Artículo 9°:




 



 Sustituir Ministerio de Agricultura y Ganadería por Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura,
INCOPESCA y MINAE, según corresponda (Leyes 7384/1994 y 8436/2005; Decreto 36782/2011 y Decreto
39411/2011. (Antes la Dirección de Recursos Pesqueros y Vida Silvestre del MAG se ocupaba de la
materia).




 




Artículo 12:




                                           



 En el primer párrafo, después de “estatales”, agregar “de notoria conveniencia para el país”, que
forma parte del contenido de la norma de rango superior que se desarrolla.




 



 En el párrafo final, a fin de que se haga la respectiva corrección, se recuerda que la zona
marítimo terrestre es un bien de dominio público de naturaleza ambiental (SALA CONSTITUCIONAL,
sentencia 3113/2009, entre otras), en la que no es procedente la figura del silencio administrativo
positivo. Vid., entre otros, de la SALA PRIMERA DE LA CORTE la sentencia 771-F-S1-2008. Opinión
Jurídica O. J.-84-2015 de la Procuraduría, que cita de la SECCION TERCERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO el voto 321/2003 y de la SALA CONSTITUCIONAL las resoluciones números  6836-1993;
1730, 1731, 2954 y 5506, las cuatro de 1994; 820-1995;  5745-1999;  5245-2002 y 6322-2003. En la
citada sentencia, la SALA PRIMERA expresó: “la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia ha sido clara y constante en el sentido de denegar la posibilidad de que se
configure el silencio positivo en relación con la materia ambiental y con los bienes de dominio
público (al respecto, pueden consultarse, entre muchos otros, los votos de ese órgano jurisdiccional
números 1886 de las 9 horas 12 minutos de 7 de abril de 1995 y  2063 de las 14 horas 45 minutos del
14 de febrero del 2007)”. También el Decreto 36550, reformado por el 38441, arts. 10 y 14, exceptúa
la aplicación del silencio positivo en la revisión, aprobación o visados de planos para proyectos
ubicados en zona marítimo terrestre).




 



             Además, el texto propuesto extiende a sesenta días el plazo de un mes del art. 331.1 de
la Ley 6227, inaplicable al caso, se reitera.




 




Artículo 13:




 



 Antes de “El MOPT” agregar “La municipalidad”, que se incluye en los artículos 18, 21 y 22 de la
Ley 6043.




 



 Aclarar que en esos casos, además de las autorizaciones para usar la zona pública, la construcción
de obras adheridas al suelo o instalaciones no desmontables por particulares requiere concesión,
como se especifica en el numeral siguiente relativo al artículo 21 de la Ley 6043 (dictámenes de la
Procuraduría C-100-1995, C-254-1995, C-255-1995, C-053-1999, C-026-2001, C-263-2011, C-365-2014;
Opiniones Jurídicas O. J.-122-2000, O. J.-123-2000, O. J.-253-2003. Para obras estatales, ver
dictamen C-024-2016).




 



 Los permisos de uso u ocupaciones en precario “son solo autorizaciones para realizar actos
sencillos cuyos efectos no incidan de manera significativa en el bien utilizado, por lo que solo
deben consentirse obras menores cuyas condiciones permitan su fácil y rápida remoción, no se
permiten construcciones con carácter de adherencia permanente al terreno, por cuanto dichas
instalaciones vendrían a obstaculizar la implementación efectiva del ordenamiento planificado”.
(TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION II, sentencia 277/2008. En el mismo sentido, dictamen
C-100-1995 de la Procuraduría).  Las autorizaciones demaniales pueden otorgarse en los supuestos que
faculte la Ley, "reservadas para instalaciones de poca envergadura, removibles y transitorias;
precariedad que acarrea su eventual revocación por motivos de oportunidad o conveniencia. Artículo
154 de la Ley General de la Administración Pública.  (Opiniones Jurídicas O. J.-122-2000 y O.
J.-123-2000).




 




Artículo 15:




 



 Aclarar que el “cambio topográfico” es “por causas naturales”, factor determinante (Ley 6043, art.
24); y dónde se publicarán los estudios técnicos.




 



 El citado artículo 24 no hace depender la situación que regula de un amojonamiento anterior de la
Zona Pública, como el Proyecto, el cual no aclara los casos en que no haya amojonamiento previo. Se
recomienda armonizar esta norma con el Decreto 36642/2011, que admite el acto de reamojonar sólo “en
caso de discordancia entre líneas por su ejecución distante en el tiempo y por el mismo dinamismo de
la costa, con consecuente cambio de pleamar ordinaria, corresponde realizar un nuevo levantamiento
de la pleamar para establecer la nueva delimitación de la Zona Pública” (artículo 1°), por lo que se
entendería una variación de condiciones originales (art. 24; Ley 6043).




 




Artículo 16:




 



 El párrafo segundo permite la permanencia de construcciones que cuenten sólo con permiso municipal,
y se adecúen al plan regulador de la zona y a las disposiciones del artículo 69 del Proyecto (áreas
y retiros). Se sugiere suprimir este párrafo porque implica legitimar, por esta vía, una actuación
municipal irregular a quienes construyeron sin concesión, lo que crea una disparidad de trato,
injustificada, con las personas que se han ajustado a la normativa vigente.




 



 De acuerdo con Reglamento actual (art. 15), que es acorde con la Ley 6043, la autorización o
licencia para el levantamiento lícito de obras de construcción, reconstrucción o remodelación, ha de
estar amparada y ajustarse a los términos de una concesión inscrita, previo cumplimiento de
requisitos legales (declaratoria de aptitud turística o no turística, aprobación y publicación de
plan regulador, etc). En el mismo sentido dispone el Proyecto: “El permiso de construcción será
extendido por la municipalidad correspondiente, una vez que sea obtenida la concesión respectiva”
(art. 4°. Ver también art. 3, inc e, 16, 20, 21, 60, inc. h, etc).




 



 También supedita las autorizaciones administrativas para iniciar la construcción de edificaciones
en la zona marítimo terrestre al requisito del previo contrato de concesión inscrito en el Registro
Nacional, el Decreto 29307, Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción de
Edificaciones en la Zona Marítimo Terrestre, considerando 4° y sus artículos 3° y 7, inciso a, y el
Decreto 36550, Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción, arts. 4,
7, 12 y 18.  




 



 Tampoco podría una norma reglamentaria extender en ese punto, de manera indirecta, el plazo de
moratoria de la Ley 9073 (art. 1°), que venció el 25 de octubre del 2014.




 



 Acerca de la licencia de construcción como acto declaratorio de derechos y su anulación o
revocatoria, cumpliendo los trámites, plazos y debido proceso, ver dictamen C-128-1999, punto
III.1.3.1).




 




Artículo 17: 




 




Se reitera el comentario hecho en el artículo 4°, párrafo segundo, supra.




 




Artículo 18: 




 



 La aprobación supone un acto previo de otro órgano u ente. Revisar el uso del término, toda vez que
es el mismo ente el que formula el Plan y lo adopta.




 



 Se recomienda revisar las siguientes supresiones que se hacen del texto actual (art. 17, Decreto
7841): 




 



 a) El artículo 26 de la Ley 6043 prevé que la elaboración del plan general de uso de la tierra en
la zona marítimo terrestre la hará el Instituto Costarricense de Turismo en colaboración con otros
organismos oficiales competentes, lo que elimina el Proyecto. Por el principio de jerarquía
normativa, el Reglamento de ejecución no puede desaplicar, en todo o en  parte, la ley que
desarrolla.




 



 b) La remisión a la la Ley de Planificación Urbana, en lo conducente, como hace el artículo 17 del
Decreto 7841 y lo han resuelto los Tribunales. (Vid, entre otras resoluciones, del TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN III, las resoluciones 713, 3522, 3523, 4516 y 4520, las cinco
del 2010;  270/2011, 54/2012, 8596/2013.  Del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION VI, la
2642/2010).




 



 El Decreto 29307, artículo 1°, inciso b, para el visado de planos  de construcción en la Zona
Marítimo Terrestre, remite a la Ley de Planificación Urbana, entre otras, en la que también se
fundamenta el Decreto 36550 (ver encabezado).



 El Manual para la Gestión de Planes Reguladores Costeros, que el Proyecto, punto 7, cita como base
legal del plan regulador costero la Ley de Planificación Urbana (arts. 7, 10, 13 y 17) además de la
Ley 6043 y el Código Municipal (art. 13, inc. p). Asimismo se supedita a ésta el Manual para la
Elaboración de Planes Reguladores Costeros, en el punto 12.3.




 



 c) Que los Planes Reguladores que comprendan la zona marítimo terrestre deberán observar los
lineamientos y recomendaciones del Plan General de Uso de la Tierra, lo que el INVU ha de tomar en
cuenta al elaborar o aprobar dichos planes, con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Planificación
Urbana.




 



 El Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre define
el Plan General de Uso de la Tierra en la ZMT como el “establecimiento de la estrategia regional”
para su gestión.  Entre las funciones del Plan Regulador indica la de “aplicar las estrategias del
Plan General de Uso del Suelo según lo dispuesto por la Ley 6043” (pto. 2.5.1). Y en el
Procedimiento para la Elaboración de Planes Reguladores, señala que la información general del
sector costero incluye “los datos de información general del sector costero bajo planificación, así
como su relación con el Plan General de Uso del Suelo de la correspondiente Unidad de Planeamiento
Turístico” (pto. 4.1).




 



 ch) Que la aprobación, revisión o actualización de los Planes Reguladores de las secciones de la
zona marítimo terrestre aledañas a las Áreas Marinas de Uso Múltiple deberán consultarse al Sistema
Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación del lugar.




 




Artículo 19:




 



 La Ley 6043, art. 15, faculta a los dueños de propiedades colindantes con la zona marítimo
terrestre solicitar que sus inmuebles sean incorporados en la planificación de ésta, cubriendo por
su cuenta la parte proporcional del costo respectivo y cediendo gratuitamente al Estado las áreas
necesarias para usos públicos. (Lo anterior posibilita la continuidad en la planificación y
protección de los bienes y recursos del demanio costero en esa área de influencia).  El Proyecto de
Reglamento suprime tal facultad y restringe la planificación costera exclusivamente a la zona
marítimo terrestre, lo que se sugiere revisar.




 



 El Decreto 7841, art. 18, respeta el contenido del artículo 14, Ley 6043, sobre la planificación de
las áreas aledañas a la zona marítimo terrestre. Lo mismo el Manual para la Elaboración de Planes
Reguladores Costeros, pto. 2.1: el plan Regulador Costero es una herramienta de planificación de “la
Zona Marítimo Terrestre y áreas adyacentes”. Igual el Manual para la Gestión de Planes Reguladores
Costeros, que en la definición de Plan Regulador Costero incluye “la ZMT y áreas adyacentes” (pto
7).




 




Artículo 21:




 



 No se recomienda supeditar el diseño de los desarrollos de la zona planificada sólo al Plan
Regulador vigente, excluyendo su ajuste a “la legislación que rige la materia”, comprendida la
urbanística cuando fuere aplicable, de la que la Administración no puede prescindir, por estar
sujeta en su actuar al principio de legalidad.  Al final del primer párrafo, después de “concesión”
agregar “hasta el vencimiento del plazo inicial”.




 



 Si las regulaciones técnicas del Plan Regulador se modifican, lo propio es que en el caso de
“prórroga”, la concesión se adecúe a las regulaciones vigentes, y no dejar el punto al arbitrio de
la Municipalidad, máxime que en el artículo 60, inciso h, se abre la posibilidad de que con la
prórroga se amplíen las obras existentes y se realicen nuevas construcciones. Es importante que se
valore este aspecto.




 




Acerca de la prórroga de la concesión ver comentario al artículo 60 infra.




            Artículo 22:



 Después de “zona marítimo terrestre”, agregar “y de sus recursos naturales”. (Ley 6043, arts. 1° y
34).




 




Artículo 23:




 



 Después de “responsabilidad alguna” se alude a “la autoridad”, a la que no ha hecho mención antes.
Agregar al inicio, después de “municipalidades”: y “las autoridades administrativas competentes”. En
el párrafo siguiente, sustituir  “serán pagados” por “se cobrarán al…”, (como señala la Ley 6043,
art. 13), que pone el énfasis en la potestad de exigir su cumplimiento forzoso por la
Administración.




 



 Tomar en cuenta lo dispuesto por la SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 447/1991 (reiterada en los votos
6192/1995, 5756/1996, 9740/2004 y 2062/2007, entre otros) sobre la observancia del debido proceso:



 “En cuanto al deber de levantar la información previa que allí se establece, la Sala encuentra que
siempre será necesaria por manera que la frase "si se estima necesaria" como excepción a la regla,
solamente puede entenderse en casos en que el posible infractor acepte expresamente su condición de
tal y se avenga a la actuación municipal, o de la autoridad respectiva, lo que deberá constar de
modo fehaciente. Esto se interpreta así, a fin de resguardar el debido proceso consagrado en el
artículo 39 de la Constitución Política, pues no es posible aceptar en forma pura y simple el texto
citado, por otorgar una amplísima y peligrosa discrecionalidad a la Administración, al no brindar el
legislador algún parámetro para saber cuando es necesaria la información previa, que lleva a la
inseguridad del administrado. Además, la misma ley ha reconocido la existencia de propiedad privada
en la zona marítimo terrestre y como también establece dos regímenes jurídicos para ella, en cuanto
a que es sólo en la zona pública en la que está vedado cualquier uso para los particulares (aún con
excepciones heredadas del pasado), mientras que en la "zona restringida" si es admisible la posesión
privada, se hace más evidente la necesidad de la información previa”.




 



 Sustituir “previa información levantada al efecto, si lo consideran conveniente”, por “previa
observancia del debido proceso”.




 



             “…. el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 6043, no tiene por objeto
suprimir o denegar derechos subjetivos, o causar una lesión grave a los derechos o intereses
legítimos del investigado –si los tuviera-, presupuestos para aplicar el artículo 308 y siguientes
de la Ley General de la Administración Pública; sino constatar si previamente a levantar una
edificación o instalación en la zona restringida –en este caso-, el interesado contaba o no con la
debida autorización de la Municipalidad, ello por cuanto, las solicitudes de concesión no otorgan
ningún derecho real administrativo, ni facultan a ocupar o edificar en la zona marítimo terrestre.
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN III, voto 402/2013)




 




Artículo 24:




 



 Agregar al final: “Lo anterior sin perjuicio de que la Municipalidad y el Instituto Costarricense
de Turismo soliciten al Registro  Inmobiliario la adopción de medidas cautelares, por
inconsistencias de los asientos, y anulatorias en vía judicial”. (Ley 6043, artículo 4°, párrafo
final. Código Civil, art. 837 y jurisprudencia que lo informa).




 




 




Artículo 25:




 




La primera frase del segundo párrafo está inconclusa, lo que la hace ininteligible.




 




Artículo 26:




 



 Como el artículo transcribe el 47 de la Ley 6043, se sugiere no cercenar su párrafo final: “Las
entidades que tuvieren concesiones no podrán ceder o traspasar cuotas o acciones, ni tampoco sus
socios, a extranjeros.  En todo caso, los traspasos que se hicieren en contravención a lo dispuesto
aquí, carecerán de toda validez”.




 




Artículo 27:




 



 Eliminar “la presentación de”, término que no aplica para algunos requisitos. Después de
“requisitos” agregar “de la Ley 6043 y este Reglamento, artículos….”, en vez de la frase del
Proyecto. También el artículo 30 de éste indica que la solicitud de concesión debe llenar “los
requisitos establecidos en la Ley N° 6043 y su reglamento”.




 




A las normas que cita nos referiremos luego, en cada caso.




 



 Al final se extiende a los pobladores el trato preferente de los ocupantes, en contra de lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 6043, que autoriza esa situación jurídica de ventaja en el
otorgamiento de concesiones sólo para estos últimos. Ajustar ese párrafo a la Ley: “en igualdad de
condiciones se  ha de preferir al ocupante del terreno que lo haya poseído quieta, pública y
pacíficamente, en forma continua”. La figura del poblador se regula en el artículo 70 de la Ley
6043. (Sobre el distingo de unos y otros, cfr.: de la SALA PRIMERA DE LA CORTE sentencias 317-2008
y    834/2011, criterio seguido por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN III, votos
4163/2010, 54/2012, 00200/2013, 265/2013, 00447/2013, entre otros).   




 



 El propio artículo 28 del Proyecto prevé que “Las concesiones se otorgarán directamente a los
solicitantes de acuerdo a lo dispuesto por la Ley en su artículo 44”, el cual no incluye los
pobladores. El trato de favor que puede darse a estos es en cuanto al canon a pagar (Ley 6043, art.
48).




 




 




Artículo 28:




 



 Para la correspondiente rectificación, se hace ver que la Ley 7494/1995, de Contratación
Administrativa, no prevé la licitación privada. 




 




Artículo 29:




 




En el inciso b, tener en cuenta el comentario que se hace en el artículo 67 infra.




 




En el inciso c, intercalar  “31” entre “artículos”  y “38”.




 




Artículo 33:




 



 Inciso a: después de “lugar exacto”, agregar “fax o medio electrónico para recibir…” (Igual se
prevé en el inciso b del mismo artículo, para las personas jurídicas, y en el artículo 34). En la
Ley 8687, el correo electrónico y el fax son dos medios distintos de notificación; cfr.: arts. 34,
39 sigtes y 47 sigts.




 



 Inciso b: después de “cédula jurídica”, agregar “certificación de su inscripción en el Registro
respectivo”. La frase “distribución de capital social” no identifica el capital de titulares
extranjeros (art. 47; Ley 6043). Sustituirla por “distribución del capital social, indicando el
perteneciente a extranjeros, con vista del Libro de Registro de Accionistas y las acciones”. Lo
anterior a fin de evitar discordancias con la titularidad real e infracción a la ley. Es sabido que
en el país no hay un Registro de Accionistas en el Registro Mercantil y que en este último sólo se
consigna el nombre de los socios constituyentes de la sociedad, dueños del capital inicial, lo que
puede modificarse posteriormente en el Libro de Accionistas.




 




Inciso c: Después de “terreno”, agregar “su ubicación exacta”.




 



 Inciso e: incluir el Perfil del proyecto de acuerdo con los lineamientos establecidos al efecto por
el ICT o la descripción general de las obras a ejecutar por el concesionario, incluyendo el área de
estas, con un cronograma de ejecución, su costo total aproximado, final y por etapas (arts.  48 inc
j, 50 inc j y 62 infra). Añadir el plazo por el que solicita la concesión (Ley 6043, art. 48).




 



 Los dos últimos párrafos establecen una diferencia de trato, al parecer injustificada, dependiendo
del error de la Administración municipal: no aceptar la solicitud si faltare alguno de los
requisitos, y si por equivocación se hubiere recibido, la municipalidad conferirá un plazo de
treinta días calendario, lo que parece excesivo, a fin de que el interesado subsane las omisiones. 
Lo correcto es uniformar ambas situaciones, por ejemplo con la posibilidad común de corregir o
completar requisitos dentro de un plazo menor al propuesto. La Ley 6227, artículo 287, permite la
corrección de defectos de la petición o aportar documentos necesarios que falten dentro de un plazo
no mayor de diez días.




 



 En el párrafo final,  habría que sustituir “se tendrá por anulada” por “se declarará inadmisible la
solicitud y se ordenará su archivo”. (Cfr. doctrina similar para lo judicial en al  CPCA, artículo
61.1).




 




Artículo 34:




 




Después de “reformas”, sustituir “Se tiene” por “Se tendrá”.




 



 En el primer párrafo, después de “dirección”, insertar: “, por fax”. En la Ley 8687, el correo
electrónico y el fax; cfr.: arts. 34, 39 sigtes y 47 sigts.




 



 Es importante aclarar que cuando se señale un correo electrónico o fax para recibir notificaciones,
la persona queda notificada al día siguiente hábil de la transmisión, así como lo relativo a la
notificación automática. (Ley 8687, arts. 11, pfo. 2°, 38 y 50).




 



 Después de “Ley de Notificaciones Judiciales, Ley N° 8687 del 4 de diciembre del 2008” agregar “de
aplicación supletoria”.  Es aplicable “a los procedimientos del Estado y sus instituciones,
regulados por la Ley General del Administración Pública”, siempre que no haya norma especial en
contrario (art. 1°, último párrafo). La Ley General de la Administración Pública “tiene por objeto
regular y uniformar la actividad administrativa y en particular, el procedimiento administrativo”,
incluido lo referente a notificaciones. (Dictamen C-342-2004 y Opinión Jurídica O. J.-056-2008).




 




             Artículo 36:




 



 Valorar lo relativo al órgano que dispone el archivo. Si bien la decisión de archivar el expediente
le pone término al trámite, la Procuraduría, en el dictamen C-180-2010, indicó que en el caso se
trata de una consecuencia automática de la inactividad del solicitante, acto de mero trámite o
simple revisión, que puede ser ordenada por el Alcalde Municipal o por el Intendente en los Concejos
Municipales de Distrito.




 




Artículo 45:




 



 En el primer párrafo, después de “no habiéndose”, sustituir “realizado” por “formulado”. Después de
“concesión” eliminar “total o parcial”. El presunto otorgamiento parcial conlleva un incumplimiento
de requisitos, lo que obligaría, de previo, a readecuarlos; por ejemplo, elaborando un nuevo plano,
etc.




 




Después de “si se otorga la concesión”, agregar “y los términos en que recomienda el otorgamiento”.




 




Artículo 46:




 




Después de “copia” agregar “certificada, en los términos que indica el artículo 50, párrafo final”.




 




Artículo 47: 




 



 Sustituir “aprobadas” por “otorgadas” (Ley 6043, arts. 39 y 40), como, en forma correcta, le
denomina el Proyecto en los artículos 3°, inciso a, 48, inciso h, y artículo 50, inciso h:
“Transcripción literal del acuerdo municipal mediante el cual se otorga la concesión…”.




 



 La aprobación de la concesión la hace el ICT o la Asamblea Legislativa, según el caso. Lo que la
Municipalidad aprueba es la solicitud de concesión y otorga el derecho real administrativo.




 



 La aprobación es posterior al acto perfeccionado, al que se supedita su eficacia (Ley 6227, art.
145.4. SALA PRIMERA DE LA CORTE, sentencia 771/2008, cons. XII, que cita de la SALA CONSTITUCIONAL
la sentencia 454/2006. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN IX, voto 12/2009, cons. VIII.
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN III, voto 00250/2008.  Dictamen C-279-2015).




 



 Por el principio de congruencia, seguridad y transparencia, el acuerdo municipal debe precisar
todos los términos en que hace el otorgamiento de la concesión. Con lo que ha de contener toda la
información que se consignará luego en el contrato (artículo 48), la cual no puede ser suplida por
el Alcalde o Intendente, sin previo conocimiento y anuencia del Concejo Municipal o Concejo
Municipal de Distrito. 




 




Artículo 48:




 



 Inciso c: agregar que el sitio cuenta con amojonamiento o delimitación de la Zona Pública y
clasificación y certificación  del Patrimonio Natural del Estado, por el SINAC-MINAE.




 




Inciso d: Al final agregar “y plano que la describe”.




 




Inciso e: sustituir “aprobada” por “otorgada”.




 




Inciso g: Al final agregar “y forma de pago”.




 



 Inciso i: sustituir “Identificación del avalúo” por “Monto del avalúo, con identificación del
Oficio donde consta”; reemplazar “la propiedad” por “la parcela” o “el terreno”.




 




Inciso j: después de “final”, agregar “y por etapas” (para los efectos del artículo 62).




 



 Inciso l: ver comentario sobre el cuestionamiento al plazo de veinticuatro meses para el inicio de
las obras que se hace en el artículo 62 infra.




 




Artículo 49:




 



 Después de “copia”, eliminar la coma y agregar “certificada, en los términos del artículo 50,
párrafo final”.




 



 Contra la celeridad en el trámite, el Proyecto aumenta el plazo que tiene el ICT para pronunciarse
acerca de la solicitud de prórroga, de treinta días naturales (plazo actual, Decreto 7841, art. 46),
a cuarenta y cinco días, sin aclarar si son naturales o hábiles. No guarda relación con los treinta
días hábiles con que cuenta el Alcalde para preparar el proyecto de resolución sobre la solicitud de
concesión (inc f). Se sugiere revisar este aspecto.




 



 Valorar el plazo de doce meses para “realizar” los trámites de inscripción en el Registro General
de Concesiones, el que parece excesivo.




 




Artículo 50:




 




Inciso d): Tener presentes las observaciones que se hacen en los artículos 55 y 56.




 



 Inciso k): Después de “ante”, agregar “la municipalidad y”. Sustituir “demasía” por “superficie” o
área.




 



 En el párrafo final, aclarar a qué órgano o ente se remitirá el expediente y con qué fin.  En lugar
de “estos expedientes” y “los expedientes administrativos mencionados” utilizar la forma singular.




 




Artículo 52:




 



 Después de “concesiones”, agregar “y permisos de uso”. Después de “artículo 28 de la Ley” agregar,
con ajuste a su literalidad, “cuando la municipalidad forme parte importante de los proyectos”.




 




Artículo 53:  




 



 La Ley 6043, artículo 48, encomienda a su Reglamento establecer “el canon a pagar en cada zona de
acuerdo con sus circunstancias…”.  En desarrollo de ese precepto, el Decreto 7841, artículo 49,
versión original, determinó los cánones de las concesiones, aplicada a los respectivos avalúos, en
porcentajes fijos sobre estos: 2% uso agropecuario, 3% uso habitacional, 4% uso hotelero, turístico
o recreativo, y 5% uso comercial, industrial, minero o extractivo. (En concordancia, ver para el
Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, Decreto 25439, artículo 14: uso residencial turístico 3%, uso
hotelero 4%, uso comercial 5%).




 



 El Proyecto, en cambio, encarga a la municipalidad la fijación de esos cánones, “mediante
reglamento técnicamente fundamentado que formará parte integral del Plan Regulador costero”; sólo
mantiene los porcentajes, como tope máximo: “hasta un” 2%, 3%, 4% y 5%, en cada caso, y señala que
el tope mínimo no podrá ser menor a un 0.25%, del monto del avalúo. Lo que no se recomienda porque:




 




1) La fijación de esos cánones la delega la Ley al Poder Ejecutivo; no a las municipalidades.




 



 (El propio legislador sienta pautas para determinar el canon: “de acuerdo con el uso y con el
avalúo actual” (Ley 6043, Transitorio VII).




 



 2) En el Proyecto los porcentajes fijos son un tope máximo. Autoriza a que sean menores, hasta un
0.25%, del monto del avalúo, sin justificación que lo respalde. Lo que es regresivo, en perjuicio de
la rentabilidad percibida con esos bienes del patrimonio nacional, su eficiente administración, y de
las finanzas municipales.




 



 3) Al quedar al arbitrio de cada Municipalidad la fijación de cánones, da lugar a asimetrías en las
distintas jurisdicciones costeras para un mismo uso, con quebranto de la uniformidad que debe haber
en las contraprestaciones que han de cubrir por su uso y disfrute de ese bien público e igualdad
entre los administrados.




 



 4) La inclusión de cánones es ajena al Plan Regulador, como instrumento legal y técnico de
ordenamiento del territorio costero. Amén de que supondría que no puede autorizarse ningún uso antes
de su implementación, así como la modificación del Plan en cada ajuste quinquenal del canon.




 




Artículo 54: 




 



 Se recomienda revisar este artículo y los tres siguientes, armonizarlos con el artículo 67, pto. E,
apte i. 1), del Decreto Ejecutivo N° 35688-H/2009, reformado por el Decreto 37477/2012, que atribuye
a la Dirección de Valoraciones Administrativas del Ministerio de Hacienda la función de “Realizar
avalúos” de “terrenos en concesión en la zona marítimo terrestre”. En este sentido, según su
Artículo 56: Corresponde a la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias: “j) Brindar
apoyo técnico en valoraciones administrativas a solicitud de entes públicos costarricenses para: (…)
concesiones en Zona Marítimo Terrestre…”.




 




Igual prevé la Ley 6043, norma de rango superior:




 



 “Transitorio VII.- Las municipalidades con jurisdicción en la zona marítimo terrestre cobrarán el
canon que establece esta ley para los ocupantes de la misma.  




 



 El cobro se hará de acuerdo con el uso y con el avalúo actual de la  Dirección General de la
Tributación Directa. (…)”



 Por estimar ser el órgano competente para elaborar los avalúos que sirven de base para fijar el
canon en la zona marítimo terrestre, la Dirección de Valoraciones Administrativas del Ministerio de
Hacienda se ha mostrado en desacuerdo con el traslado de esa función a las municipalidades. (Oficio
DIVAL-078-2012, con copia a la Procuraduría, reiterado en los Oficios DIVAL-066-2012 y 131-2012).




 




Artículo 55:  




 




A más de las observaciones hechas en el artículo 54, se añade:




 




Omite el Concejo Municipal de Distrito.




 



 Los profesionales deben actuar conforme a su preparación académica y uso del terreno. No se debe
“recurrir a personal externo” privado para el avalúo de bienes públicos. 




 




En el tercer párrafo ha de aclararse cuál es el “reglamento vigente” que se menciona.




 



 A fin de que se pondere, la Dirección de Valoraciones Administrativas del Ministerio de Hacienda ha
reiterado que las plataformas de valores de terrenos por zonas homogéneas, elaboradas por el Órgano
de Normalización Técnica “se han diseñado para su utilización en valoraciones con fines fiscales,
específicamente para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles..”; los valores que se obtienen a partir de
las mismas “y de la aplicación de los métodos autorizados para su uso con fines tributarios,
resultan muy inferiores al valor de mercado de los bienes”. Por lo que no son “referencias de valor
apropiadas para establecer la base para fijar el canon por derecho de uso de terrenos en la zona
marítimo terrestre” (…). “Un canon establecido sobre la base de un valor inferior al valor de
mercado implica que al concesionario se le permitirá lucrar indebidamente de un bien demanial”. Sea
que pagará un canon bajo, pero disfrutará de los beneficios de los terrenos a precios de mercado.
(Oficios DIVAL-066-2012, DIVAL-078-2012 y DIVAL-131-2012).  A más de que en los terrenos ubicados en
la zona marítimo terrestre “con mucha frecuencia surgen elementos de comparación que no están
contemplados en la metodología del ONT, como el paisaje, la belleza escénica”, facilidades de acceso
a la playa, etc. (Idem. Directriz VA-03-2010, “Procedimientos de Ajuste para Bienes Inmuebles en el
Enfoque de las Ventas Comparables, sección 3.1).




 




Artículo 56:




 




A  lo dicho en el artículo 54 se añade: 




 




En el segundo párrafo:




 



 Después de “determinar” agregar “el monto del canon” y suprimir lo escrito hasta antes de “el
perito”. 




 



 La “base imponible” es un elemento de cuantificación del tributo, y el canon no lo es.  La
jurisprudencia constitucional y de lo contencioso administrativo, con reiteración, ha sostenido que
el canon de la zona marítimo terrestre es un precio público; no un tributo, ni se rige por sus
principios. (Véanse, a  manera de ejemplos las sentencias de la SALA CONSTITUCIONAL números
6869/1996, 9170/2006, 6400/2011, 7813/2011 y 8596/2013; de la SALA PRIMERA DE LA CORTE la  número
406-F-S1-2014; del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, la 54/2011 y del TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEXTA, la número 262/2011, entre otras).  En este sentido: el
Manual para la Gestión de Planes Reguladores Costeros (ICT, 2009, págs. 73 y 89): “El canon es el
precio público que paga anualmente la persona concesionaria por el disfrute y aprovechamiento que
realiza de la ZMT. Es una prestación que no se impone en forma coactiva como el caso de los
tributos, sino que depende de una solicitud voluntaria de la persona interesada, unida a un
compromiso contractual de cubrirla (Procuraduría General de la República O. J. 017-2001)”.  También
el Decreto 25439, artículo 2°, incisos o y p:




 



  “o)      Canon: Precio público de la Concesión y de eventuales modificaciones de ésta que debe
pagar el Concesionario al ICT conforme a los procedimientos dispuestos para ello”.  (El pago debe
hacerse a la Municipalidad del lugar; no al ICT, lo que ha de corregirse, con modificación de la
norma. Ley 6043, art. 74, pfo. 2°).




 



  “p: “Canon municipal: Precio público que debe pagar el Concesionario a  la Municipalidad
competente conforme a  la Ley sobre  la Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, respecto del área
de la zona restringida que tuviere incluida dentro de su Concesión”. 




 



 Acerca del concepto de Valor de Mercado, la Dirección de Valoraciones Administrativas del
Ministerio de Hacienda ha expresado que su definición debe hacerse siguiendo las Normas
Internacionales de Valoración: “Valor de Mercado: es la cantidad estimada por la cual una propiedad
puede intercambiarse a la fecha de la valuación, en una transacción entre un comprador motivado y un
vendedor también motivado, después de un período de exposición apropiado, en la cual cada una de las
partes ha actuado con conocimiento y prudencia y sin compulsión”. Ello bajo la idea de que el canon
se establezca sobre una base de equilibrio entre las partes. Asimismo objetó el hecho de indicarse
que: ´se entenderá por valor de mercado el precio que se pagaría por el mismo en una hipotética
venta´, y por otro lado, que de no ser posible esto, ´se determinará el valor de mercado del terreno
caracterizado por las siguientes condiciones….”. Esto por cuanto todas las opiniones de valor,
incluidas las de valor de mercado, “se establecen sobre el supuesto de una hipotética venta, y es
casualmente esta condición la que diferencia un valor de un precio, pues estos últimos (los precios)
son hechos históricos y no opiniones”. Con lo que  “erróneamente se establecen dos definiciones para
el concepto de valor de mercado, siendo que ambas son complementarias y no excluyentes”. La
redacción confunde los conceptos de valor y precio. (Oficios citados en comentario al artículo 55
supra).




 



 En estricto rigor, por estar fuera del comercio de los hombres o tráfico jurídico, el concepto de
“valor de mercado” es impropio para un bien de dominio público y deberían ser otros los criterios a
seguir para la valoración del canon.



  Luego del inciso e), después de “no pueden ser objeto de utilización (especial) por los” se emplea
el término “titulares”, cuando lo correcto es “particulares”.




 



 Los avalúos para concesiones no deben comprender humedales y esteros, ni la excepción del artículo
22 de la Ley 6043, referido a obras de infraestructura y construcción de “uso público” e
“instalaciones turísticas estatales de notoria conveniencia para el país”. (Dictamen C-024-2016).




 




Artículo 57:




 



 En el primer párrafo, después de “Municipalidad”, se omitió el Concejo Municipal de Distrito. El
término  “concesionario” ha de sustituirse por “solicitante”. La calidad de concesionario no se
adquiere antes de que la concesión se haya aprobado en firme. El otorgamiento por parte de la
Municipalidad constituye el acto concesional, que requiere de la aprobación, cuando proceda, para
ser eficaz y ejecutarse. (Ley 6227, art. 145. SALA PRIMERA DE LA CORTE, sentencia 771-F-S1-2008.
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN TERCERA, voto 196/2010).




 



 No se recomienda sujetar la comunicación del avalúo y fijación de canon al interesado con arreglo
al artículo 147 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y mediante los procedimientos
establecidos sólo en la Ley de Notificaciones Judiciales, N° 8687/2008, de carácter supletorio
respecto a la Ley General de la Administración Pública. (Ley 8687, art. 1° in fine). El numeral 147
del Código Tributario está referido a los requisitos que debe llenar la resolución administrativa
sobre tributos: determinación de los montos exigibles por estos, período fiscal, etc. Lo propio es
que la comunicación se realice en primer término conforme a lo dispuesto en la Ley 6227. Por no
tener naturaleza tributaria o impositiva el canon de zona marítimo terrestre, tampoco se aconseja
someter los recursos contra lo resuelto sobre el avalúo a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
artículo 19. La sujeción a ésta y al Código Tributario introduce confusión acerca de la naturaleza
jurídica del canon.




 



 Tampoco se recomienda autorizar, como lo hace el último párrafo, mientras no haya una determinación
definitiva del canon, que el interesado, “de común acuerdo con la Municipalidad”, cual si se tratara
de un bien y contrato privados, regidos por la libre autonomía de las partes, convenga en hacer
depósitos en la cuenta del Municipio; especie de canon provisional por uso y aprovechamiento del
dominio público. A más de que podría interpretarse como una indebida legitimación de uso y
aprovechamiento no autorizados. No es procedente el cobro y pago de cánones a partir de la  mera
presentación de una solicitud de concesión. (Dictamen C-131-2009, entre otros).




 




Al final, después de “Municipalidad” se omitió Concejo Municipal de Distrito.




 




Artículo 58:                                                                  




 



 Se sugiere valorar la supresión de la frase: el canon, “cuando se trate de la primera determinación
regirá de inmediato, salvo que exista oposición del concesionario o permisionario”, a través de la
que, al parecer, se legitimaría, como contrapartida del pago, una prematura ocupación del inmueble,
sin que haya resolución de fondo favorable.




 



 Una simple solicitud de concesión, no resuelta por el fondo, “no confiere derecho alguno a ocupar
de inmediato el inmueble y si se ha hecho eso precisamente, se ha violado la ley que regula la
materia”. (SALA CONSTITUCIONAL, voto 2658/1993. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
SEGUNDA, resolución 307/1998, cons II.  TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA,
sentencia 241/2011, CONS. VI, entre otros). En tales condiciones, los pagos de ”cánones” que hagan
los administrados al Municipio no les otorga derecho a ocupar la zona marítimo terrestre, ni sanean
una ocupación ilegal de ésta. (SALA CONSTITUCIONAL, voto 17020/2007, cons. VI.  SALA PRIMERA DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia 550-F-S-2012, cons. III, entre otros. Dictamen de la
Procuraduría C-63-2007, entre muchos).




 



 En el dictamen C-279-2015 se indicó que el contrato de concesión debe fijar  el canon definitivo,
que “será eficaz a partir de la aprobación de la concesión”, cuando ésta sea necesaria.  Caso
contrario, en zonas declaradas no turísticas, regirá desde el otorgamiento y la firma del contrato,
para ejecutar su cobro.




 



 El artículo 73 del Código Municipal se refiere a la prescripción de tributos municipales.  Se
reitera el carácter no tributario del canon en zona marítimo terrestre.




 




Artículo 59:




 



 La Ley 6043, artículo 48, se dijo, señala que su reglamento establecerá el canon a pagar “de
acuerdo con sus circunstancias y, en forma especial, con la diferente situación de los pobladores o
habitantes y quienes no lo sean”. La SALA PRIMERA DE LA CORTE, como intérprete supremo en la sede
contencioso administrativo, sentencias 317/2008 y 834/2011, expresó que “al indicar dicha
disposición: ‘…y quienes no lo sean …´ alude a los ocupantes”.   Ese voto aclara que “La
interpretación válida es la de considerar ´ocupante´ a todas aquellas personas que, asentadas en la
zona restringida, no contaban con una concesión al momento de promulgarse la Ley 6043”. Se trata de
“un régimen especial”, como la figura del poblador, instituidos por Ley.




 



 La vocal “o” entre “pobladores o habitantes”, que emplea el artículo 48 de la Ley 6043, es
inclusiva. Lo reafirma el artículo 70 ibid: “Los pobladores de la zona marítimo terrestre,
costarricense por nacimiento, con más de diez años de residencia en ella…”.




 



 El Proyecto, art. 59, se aparta de los lineamientos anteriores, e introduce una nueva categoría, al
utilizar una expresión amplia “personas de escasos recursos que residan permanentemente en la
zona…”. Se aconseja sustituirla por “ocupantes y pobladores de escasos recursos”, que es el “régimen
especial o de excepción” instituido por ley.




 




Artículo 60:




 



 Inciso a: Se aconseja indicar en primer término la notificación directa; “…la norma legal que
regula este trámite (art. 50; Ley 6043) admite, además de la notificación directa, el aviso mediante
publicación en el Diario Oficial”. (SALA PRIMERA DE LA CORTE, sentencia 495/2010, cons. IV.). 
Aclarar al final del inciso que la falta de aviso por parte de la Municipalidad no exime al
interesado de su obligación de peticionar la prórroga antes de la fecha que pone término a su título
de concesión. (Misma sentencia y doctrina del artículo 52, inciso a, Ley 6043).  De no solicitarse
la prórroga en el plazo oportuno, la concesión se extingue.




 



 Inciso b: En virtud de lo que se dispone en la segunda oración, la primera carece de utilidad. En
el inciso se suprime lo relativo al uso del formulario para hacer la solicitud de prórroga. El
artículo 30 del Proyecto faculta a los interesados a peticionar la concesión “en el formulario
respectivo o mediante una solicitud que llene los requisitos establecidos….”. Lo correcto es
equiparar ambas normas.




 



 Inciso c: En el caso de personas jurídicas, en cuanto a la certificación de “distribución de
capital social”, agregar:   “indicando el perteneciente a extranjeros, con vista del Libro de
Registro de Accionistas y”.




 



 Especificar la información o documentación exigida y demás requisitos que deben cumplirse con la
solicitud de prórroga, en concordancia con los incisos d, e y h del mismo artículo.




 



 Inciso d: Precisar el trámite que se le dará a la solicitud, incluida la actualización del avalúo
para la fijación del canon.




 



 Inciso f: Después de “pronunciará”, agregar “en forma razonada”, y  aclarar si para ello ha de
evacuar el criterio de la Oficina de Zona Marítimo Terrestre, si la hubiere.




 



 Inciso g: Incluir los datos y condiciones que debe contener el acuerdo que aprueba la solicitud de
prórroga.




 




Inciso i: Indicar los requisitos que debe contener el expediente de prórroga.




 



 Contra el principio de celeridad en el trámite, el Proyecto aumenta el plazo que tiene el ICT para
pronunciarse acerca de la solicitud de prórroga, de treinta días naturales (plazo actual, Decreto
7841, art. 53 inc. d), a cuarenta y cinco días, sin aclarar si son naturales o hábiles. No guarda
relación con los treinta días hábiles con que cuenta el Alcalde para preparar el proyecto de
resolución sobre la solicitud de prórroga (inc. f). Se sugiere revisar este aspecto.




 




Inciso h: Indicar el órgano o funcionario que elaborará el contrato de prórroga.




 



 En puridad, lo que autoriza la Ley 6043, art. 50, es la prórroga de la concesión, circunscrita al
elemento temporal, con el efecto de extender el plazo de vigencia por un nuevo período, manteniendo
sus condiciones. No apareja la modificación del contrato para ampliar las obras existentes o
realizar nuevas obras o construcciones, las que están sujetas al cumplimiento de otros requisitos.
Y, por lo mismo, no es correcto entremezclar ambos trámites. Lo apropiado es deslindarlos.




 



 El inciso h: alude a la aprobación de la solicitud de prórroga por el Concejo Municipal, y el
inciso j a la aprobación de prórroga por la Municipalidad en momentos secuenciales distintos, lo que
ha de aclararse o refundirse.




 




Regular lo relativo a la firma del nuevo contrato y trámite de inscripción. (Ley 6043, art. 30).




 




Artículo 61:




 




Mismas observaciones hechas al artículo 4°, pfo. 2°:




 



 Ha de tenerse presente que el Decreto 36550 establece un procedimiento opcional para el trámite
electrónico simplificado de revisión de planos de construcción (art. 1° y Transitorio 3°), y que no
podría dejar sin efecto el cumplimiento de requisitos que sean procedentes según normas de rango
legal (Dictamen C-219-2013).



 Omite incluir el Decreto 29307/2001 (arts. 1° a 8), Reglamento para el Trámite de Visado de Planos
para la Construcción de Edificaciones en la Zona Marítimo Terrestre, modificado por el Decreto 38441
(arts. 2 y 3°).




 



  (Sobre la introducción de la variable ambiental en el plan regulador, vid. también Manual para la
Elaboración de Planes Reguladores Costeros, ptos. 4.5 y 12.2).




 




Artículo 62:




 



 No se recomienda que el monto de la garantía de ejecución que debe rendirse oscile dentro de la
escala de un 1° hasta un 5%, a discreción de cada Municipalidad, sin parámetros orientadores a
seguir.  Lo anterior por los criterios dispares que pueden darse entre una Municipalidad y otra, e
incluso dentro de un Ayuntamiento en las diversas concesiones. Lo que sería contrario al principio
de igualdad que ha de regir a los concesionarios para el uso y aprovechamiento del mismo bien
público. Lo aconsejable es un porcentaje fijo, como lo hace la Ley 6758, reguladora de ejecución del
Proyecto Turístico de Papagayo, que establece la garantía de cumplimiento para  la ejecución de sus
proyectos  en un cinco por ciento del valor estimado (art. 16).




 




Después de “debiendo”, parece que la frase correcta es  “calcularse sobre….”, en vez de lo escrito.




 



 El artículo 33 de la Ley 6043 prevé que la garantía de ejecución de los proyectos de explotaciones
turísticas debe ser “previamente aprobada por el Instituto Costarricense de Turismo”. El Proyecto lo
omite. Este se refiere al plazo máximo de veinticuatro meses para el inicio de la construcción de
las obras, a partir de “la fecha de la resolución aprobada por el ICT”, lo que resulta ambiguo.
Aclarar a cuál resolución aprobatoria se refiere. Valorar el plazo de veinticuatro meses para el
inicio de las obras. Parece excesivo. No se prevé la consecuencia de no iniciar las obras dentro de
ese plazo.  En el caso de cesión de la concesión, la pena para el cesionario, ante ese
incumplimiento es el inicio del procedimiento de cancelación de la concesión (art. 64 infra). Lo
lógico es que haya uniformidad en ambas situaciones.




 



 Se sugiere que la resolución sobre la garantía de ejecución la dicte la Junta Directiva del ICT,
jerarca supremo que dirige la institución; no el Gerente, quien tiene las funciones de administrador
general y jefe superior administrativo del Instituto (art. 32; Ley 1917).  En el penúltimo párrafo,
después de “obras” agregar “y autorización de éste”.




 




Artículo 63:                                                 




 



 Se sugiere mantener el texto del artículo 58 del Decreto 7841, en el sentido de que la autorización
para el cambio de uso o destino de la parcela, o de sus edificaciones e instalaciones, sólo podrá
extenderse en atención a criterios de mayor conveniencia pública.  El cambio no podría ir en
perjuicio de ésta.




 




Aclarar los casos en que “corresponde” el ajuste del canon, a fin de no generar incertidumbre.




 




Artículo 64:




 



 Suprimir la frase “las características de la obra que se compromete a ejecutar”, o aclarar que
éstas son las estipuladas en el contrato original de concesión. Esto por cuanto la cesión no
conlleva, per se, la autorización para ampliar las obras  de la concesión o realizar nuevas obras o
construcciones, para lo que deberán seguirse los trámites correspondientes y ajustarse al Plan
Regulador.




 



 Sobre el plazo de veinticuatro meses para el inicio de la obra, se remite al comentario hecho al
artículo 62, y con relación al avalúo, a los que se hicieron en los artículos 54 a 57.




 



 Agregar al final: En los cesionarios no deben concurrir impedimentos legales para ser
concesionarios.




 



 Se hace ver que la Ley 6043, artículo 45, faculta a “traspasar” y “comprometer”, con las debidas
autorizaciones administrativas, los derechos de concesión, que están en el tráfico jurídico; no así
el terreno de dominio público. En el mismo sentido: Decreto 7841, art. 59. Valorar su inclusión.




 




Artículo 65:




 



 Al final del primer párrafo, agregar que “Cuando el cesionario sea una persona física extranjera,
se deberá aportar copia de cédula de residencia y certificación de entradas y salidas del país que
demuestren que ha residido en el país de manera legal por lo menos cinco años”; y si se tratare de
personas jurídicas, se sugiere sustituir la certificación “de  capital social” por “la certificación
de “del capital social, indicando el perteneciente a extranjeros, con vista del Libro de Registro de
Accionistas y las acciones”. (Igual que en el art. 33). Además que “el (la) cesionario (a) deberá
señalar un lugar o medio electrónico para recibir notificaciones”. 




 




Artículo 66:




 



 Es contradictorio indicar que en caso de fallecimiento del concesionario, “sus herederos lo
sucederán en todos sus derechos y obligaciones” y, a continuación, que la municipalidad o Concejo
Municipal de Distrito podrán reservarse el lote para destinarlo al interés público, pagando a los
herederos sólo las mejoras, sin el derecho de concesión.  La reserva demanial requiere fundamento en
una ley ordinaria (Opinión Jurídica O. J.- 17-2001). La Ley 6043 no la contempla. Tampoco prevé esa
reserva como causal que extinga la concesión (art. 52).




 




Artículo 67:




 




A fin de que se hagan las respectivas modificaciones, ha de tenerse en cuenta:




 



 a) Las metodologías para delimitar la Zona Pública conforme al Decreto 36642/2011, Reglamento de
Especificaciones para la Delimitación de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre (cons. XV y
arts.  2°, 7°, 16, 17, 19, 20, 21 y 23).




 



 (Sobre el amojonamiento físico o digital de la Zona Pública, vid. Manual para la Elaboración de
Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre, 2013, pto. 13.5.3).




 




b) El concepto establecido en el artículo 3, inciso m, del Proyecto.




 



 c) Suprimir la frase “en que se contemple la construcción de obras o edificaciones”. Es requisito
esencial para el otorgamiento de  cualquier concesión en zona marítimo terrestre, que esté
delimitada la Zona Pública. La Dirección General de Catastro no registrará ningún plano para
concesión en la zona marítimo terrestre que no lleve el visto bueno del Instituto Geográfico
Nacional en lo referente a la delimitación de la zona pública (art. 68 in fine).




 



 El Decreto 37773/2013 creó el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), bajo la dirección
y administración del Registro Nacional, a través del Instituto Geográfico Nacional, que publica “en
forma integral la información territorial temática debidamente georreferenciada, estandarizada y
compatibilizada a la base constituida por la cartografía catastral y topográfica oficiales, que
administren los entes y órganos públicos”.




 




Artículo 69:  




 



 Para las zonas declaradas de aptitud turística, el artículo fija el área mínima (200 metros
cuadrados) y máxima (4000 metros cuadrados) de los lotes o parcelas destinadas a uso habitacional
unifamiliar, limitaciones que se aplicarán a las parcelas que se den en concesión con fines de
esparcimiento, descanso y vacaciones, “de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57, inciso c) de
la Ley". ”Las dimensiones de los lotes para todos los otros usos serán las establecidas en el Plan
Regulador Costero de la zona”.




 



 Aparte de que el área mínima de 200 metros cuadrados parece muy reducida y no se justifica en
criterios técnicos (el aumento de densidad en el desarrollo urbanístico puede impactar negativamente
el ambiente), y que la remisión al artículo 57, inciso c, de la Ley no corresponde, se aprecia un
tratamiento desigual en fijar áreas mínimas y máximas para unos usos, y dejar otros al Plan
Regulador Costero de la zona, reconociendo la potestad de planificación territorial de las
municipalidades, lo que se aconseja uniformar.




 



 Debe tomarse en cuenta que acorde con la Ley 6043, artículo 57, inciso a, los lotes o parcelas
destinados a edificar en ellos residencias o quintas de recreo para uso del concesionario y sus
allegados, se concederán “de acuerdo con el plan de desarrollo de la zona”. Estos planes han de
procurar, como principio orientador, “una distribución y uso racional de la tierra de acuerdo con
las técnicas urbanísticas”; “determinarán la localización, el tamaño y el destino de los lotes, sin
permitir cabidas menores a las establecidas por las normas sanitarias”.  Y según su inciso b “Las
parcelas destinadas a establecimientos de centros de recreo, instalaciones hoteleras, restaurantes y
similares, residencias o quintas para alquilar, negocios comerciales, u otra clase de actividades
fuera de las indicadas, podrán otorgarse por el área máxima que sea técnicamente necesaria de
conformidad con los respectivos proyectos, de acuerdo con la planificación de la zona, previa
aprobación del Instituto Costarricense de Turismo”.




 



 De dejarse la fijación de las dimensiones de los lotes al Plan Regulador, después de “Plan
Regulador Costero de la zona” se sugiere agregar: “el cual procurará una distribución y uso racional
de la tierra”.




 



 El Manual para la elaboración de planes reguladores costeros (Gaceta del 2 de abril del 2013),
define el retiro, en forma ambigua, como “espacio abierto no edificado comprendido entre una
estructura y los linderos del respectivo predio, medidos de manera perpendicular del borde externo
de una edificación respecto al límite del predio” (ver Definiciones). 




 




Artículo 70:




 




En el último párrafo, aclarar la “periodicidad” de las publicaciones.




 




Artículo 71: 




 



 No se recomienda suprimir el párrafo segundo del artículo 67 del Decreto 7841, que contiene una
disposición conveniente: “Estas entidades sólo podrán hacer uso de la preferencia que les otorga
esta disposición una vez, sin perjuicio de que puedan solicitar concesiones en el resto de la zona
marítimo terrestre en igualdad de condiciones con los demás interesados”.




 



 Tampoco se aconseja suprimir el tercer párrafo del mismo artículo, en el sentido de que el ICT
“deberá velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones anteriores”. Es una importante
función contralora, como superior vigilante de la zona marítimo terrestre, lo que “supone el
ejercicio de competencias compartidas entre el ICT y las municipalidades”, con las que ha de
coordinar, sin sustituirlas en el ejercicio de las competencias autónomas que ostentan (dictamen
C-461-2007). Por lo demás, el ICT debe velar por “el mejor aprovechamiento de las zonas declaradas
de aptitud turística” (Ley 6043, art. 29).




 




Artículo 72:




 



 Valorar, de cara al principio de igualdad, la supresión del último párrafo, que a diferencia del
resto de concesionarios, supedita la instalación de artesanías e industrias a una previa
declaratoria por el Ministerio de Salud como actividades “inofensivas o con molestias confiables”
(¿confinables?), y a  que “no presenten riesgos para la salud y la seguridad de los vecinos”, sin
fijar criterios de valoración del último aspecto y la autoridad que la hará.




Artículo 73:




 



 El Reglamento actual, Decreto 7841, art. 69, define las dimensiones máximas de longitud en la línea
paralela al litoral y área máxima de los terrenos a concesionar en las zonas de aptitud no
turística. El Proyecto, art. 73, acerca de las dimensiones máximas en las “concesiones de terrenos
para fines agropecuarios” remite a las normas que defina el ICT en el Manual para la Elaboración de
Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre.




 



 En los sectores con declaratoria de aptitud no turística (Proyecto, art. 3° inc r) el trámite y
otorgamiento de concesiones también están sujetos a la previa aprobación y publicación del Plan
Regulador Costero (Proyecto, arts. 20, 21, 29, inc. c, y 30).




 




Conforme al Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros:




 



  “Los planes reguladores se podrán elaborar para todos aquellos sectores de los litorales que estén
afectados por la Ley 6043 de la ZMT, tanto para sectores declarados de aptitud turística como de
aptitud no turística”, con exclusión de las áreas del Patrimonio Natural del Estado y las demás que
excepciona la Ley 6043 (ptos. 3.2 y 3.3).




 



 “1.18. En cualquiera de los dos casos, sea para zonas de aptitud turística como de aptitud no
turística, la elaboración de planes reguladores costeros reviste gran importancia dado que, al ser
el último nivel de planificación, es donde específicamente se establecen las directrices, normas y
reglamentos generales para el desarrollo de la ZMT, en procura de un desarrollo económico, social y
ambiental equilibrado a partir de actividades turísticas como en otras actividades productivas”.




 



 “3.4. Aun cuando los sectores costeros tengan una declaratoria de aptitud “turística” o “no
turística”, la elaboración y aprobación de un plan regulador solo ocurrirá cuando se determine que
la zona no está afectada por ninguna de las excepciones señaladas en el punto 3.3”.




 



 El citado Manual, en el punto 8, regula la Propuesta de Zonificación con Declaratoria de Aptitud No
Turística; y en el pto 9 el Reglamento de Uso para el Plan Regulador de Aptitud No Turística.




 



 Habida cuenta de que las concesiones en las zonas con declaratoria de aptitud no turística, entre
éstas los terrenos para fines agropecuarios, han de ajustarse al Plan Regulador Costero, se hace
aquí la misma sugerencia de uniformar el criterio en cuanto a las dimensiones máximas y mínimas de
los terrenos a concesionar, como se expresó para las zonas de aptitud turística (art. 69).  El
Decreto podría, por ejemplo, fijar pautas generales (áreas máximas y mínimas) para las zonas no
turísticas y, dentro de éstas, dejar al Plan Regulador la fijación de las dimensiones de los lotes. 




 



 Es cuestionable la competencia del ICT para dictar lineamientos de planificación a las
Municipalidades en las concesiones de terrenos con fines agropecuarios (áreas para la agricultura,
ganadería, zona de producción agroindustrial, pesca artesanal y actividades afines; Manual para la
Elaboración de Planes Reguladores Costeros, ptos 8 y 9), por las atribuciones que aquellas tienen en
materia de planificación territorial, la especialidad de la materia y los fines del Instituto. La
declaratoria de aptitud turística o no turística de un sector costero establece “una diferencia en
cuanto al uso y visión de desarrollo que en cada caso debe prevalecer” (pto. 1.14; Manual de cita).




 




Artículo 75:




 



 El Proyecto no contiene una disposición similar para las concesiones en zonas con declaratoria de
aptitud turística (principio de igualdad). Se recomienda equiparar ambas situaciones (Ley 6043, art.
53, inc. d).




 



 Valorar la procedencia de la frase: “el concesionario no tendrá derecho a indemnización alguna….”
por el trazado de la vía pública, en razón de lo siguiente:




 



 1) Si bien el suelo de la zona marítimo terrestre es de titularidad pública estatal, el
concesionario es titular de un derecho real administrativo, oponible a la propia Administración,
para el uso y disfrute del bien en su totalidad, y la realización del proyecto para el cual se le
concesionó, lo que perjudicaría el trazado de la vía.




 



 2) El principio de responsabilidad objetiva de la Administración, por su gestión pública. La
Administración responde por los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o
anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. (Ley 6227, art. 190.1. SALA
CONSTITUCIONAL, sentencias 5981/1995, 3446/1996 y 5207/2004, entre otras).



  3) La vialidad y el acceso a la zona pública debe preverse en la planificación territorial o Plan
Regulador, con anterioridad al otorgamiento de la concesión. (Dictamen C-228-98 y Opiniones
Jurídicas O. J.-074-2003 y O. J.-128-2005).




 




Con relación al avalúo, se reitera el comentario al artículo 54.




 




Artículo 76:




 




A fin de que se valore, con miras a su corrección,  se hacen las siguientes observaciones:




 



 La norma que desarrolla este artículo es el 58 de la Ley 6043, para las concesiones con fines
agropecuarios, alude a la “construcción de vías de acceso a la zona pública”; no a la zona marítimo
terrestre, como indica el Proyecto.




 



 En lo que hace al derecho de vía pública, el artículo 4°, en relación con el 1°, de la Ley General
de Caminos Públicos, N° 5060/1972, no atribuye la competencia al INVU, ni al ICT, sino al MOPT
(Departamento de Trabajo y Previsión Vial, Dirección de Ingeniería) y a la municipalidad, para fijar
su ancho en las carreteras nacionales y caminos vecinales, sin que pueda ser menor (ancho mínimo) de
veinte metro para las primeras y de catorce metros para los segundos. El ancho de las calles será el
que determine el Plan Regulador, debidamente aprobado y publicado, el cual deberá “responder a la
satisfacción del interés general; ajustarse a parámetros de razonabilidad; y apegarse a las reglas
de la ciencia y de la técnica, y a principios elementales de la lógica y conveniencia (artículos 16
y 160 de la Ley General de la Administración Pública”. (Dictamen C-070-2011). En defecto de Planes
Reguladores locales, será aplicable lo dispuesto en el Reglamento para el Control Nacional de
Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU; Ley de Planificación Urbana, Transitorio II y III.2.6 de
ese Reglamento (Idem).




 



 El término “vías secundarias”, pfo 2°, art. 76 del Proyecto puede inducir a error, por la
nomenclatura similar que utiliza la Ley 5060/1972, General de Caminos Públicos, en el artículo 1°,
inciso b, de Carreteras secundarias, como integrantes de la Red Vial Nacional, bajo administración
del MOPT (arts 1°, 2° y 4 ibid, en relación con la Ley 9329/2015); no de la Municipalidad, la que no
podría fijar su ancho en el Plan Regulador.




 




 




Artículo 77:




 



 El artículo se refiere a los contratos de “arrendamiento” (concesión), “otorgados legalmente” sobre
lotes situados, total o parcialmente, en la zona pública, “que estaban vigentes al 16 de marzo de
1977”, fecha de publicación de la Ley 6043.




 



 Téngase en cuenta que con la Ley 4558 lo que hoy se denomina Zona Pública no podía darse en
arrendamiento (concesión):




 



 "Artículo 6º.- Los cincuenta metros de la zona marítimo terrestre a partir de la pleamar ordinaria,
serán inalienables y en ningún caso puede ser objeto de arrendamiento o venta. Por lo tanto, nadie
puede alegar derecho alguno sobre dicha franja, que estará dedicada a uso público para fines de
esparcimiento, recreo o libre circulación. Las construcciones o instalaciones actualmente ubicadas
en esa zona, no podrán ser remodeladas y en caso de destrucción de las mismas, las nuevas
construcciones deberán respetar esa zona inalienable”.




 




Artículo 78:




 



 Sobre la utilidad de la norma, se remite a lo dicho en el artículo anterior en cuanto al plazo
máximo de vigencia de los “arrendamientos” en los ciento cincuenta metros de lo que hoy se denomina
Zona Restringida (Ley 4558, art. 7°).




 




Artículo 79:




 



 Por Ley 6043, artículo 70, la comprobación de los diez años de residencia en la zona marítimo
terrestre, debe hacerse “según información de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o
certificación del Registro Electoral sobre el domicilio del solicitante”. El Proyecto, en desajuste
con esa norma, cambia la información policial por “la información de los censos nacionales”. Lo que
se sugiere revisar, amén de que no es objetivo del censo constatar la antigüedad y continuidad de la
residencia de una persona en un sitio.




 



 La Guardia de Asistencia Rural es un cuerpo integrante de las fuerzas de policía. (Ley 7410/1994,
arts. 6°, 21 y 22). Aunque por tener a cargo la vigilancia general y seguridad ciudadana, en su
ámbito territorial, sea discutible el acomodo dentro de esas funciones la encomendada por la Ley
6043, art. 70, la Ley 7410 asigna a las fuerzas de policía, entre sus atribuciones generales, “las
señaladas en la Constitución Política, los tratados internacionales, las leyes y sus reglamentos”
(art. 8°, inciso o).




 



 También se ha criticado que la “Carta de vecindad” o documento a emitir por la autoridad de la
Guardia de Asistencia Rural local se produce sin que exista ningún registro policial en materia de
residencia de los habitantes del cantón o distrito de que se trata, y que en la práctica corresponde
más bien “a la acreditación escrita del conocimiento privado de los oficiales de policía del lugar”
o a “la acreditación de la información suministrada a la autoridad de policía por los propios
interesados a partir de pruebas testimoniales o documentales, todo esto, sin ningún respaldo o
regulación jurídica”. En cuanto a la Certificación del Registro Electoral se ha expresado que el
requerimiento desconoce la realidad que viven muchas personas en zonas alejadas de la capital o de
los demás centros de población del país, con limitaciones de acceso a las instituciones públicas, y
que es reciente el progresivo proceso de regionalización del Registro Civil, que no del Registro
Electoral. (TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN III, votos 189 y 1617, ambos del 2013).




 



 Sin embargo, mientras mantenga vigencia el texto del artículo 70 de la Ley 6043, el Reglamento de
ejecución no debe apartarse de su enunciado, desconocerlo o modificarlo.




 



 La SALA TERCERA DE LA CORTE ha resumido los indicados requisitos como “un informe de la Fuerza
Pública o una certificación del Registro Civil” (sentencia 1617/2014).




 



 Sin perjuicio de lo anterior, en el primer párrafo: después de “siempre que”, sustituir “fuere su
única propiedad” por “no fuere propietario de otros inmuebles”. (Dictamen C-157-1995). Los
pobladores no tienen propiedad sobre la zona marítimo terrestre.




 



 Valorar la frase “…teniendo la prioridad de ser reubicados”, que transforma en obligatorio lo que
la Ley 6043, art. 70, prevé como facultativo: “…podrán ser reubicados…”. Se recomienda mantener el
texto en los términos de la Ley. En ese sentido se han pronunciado los Tribunales: Cuando se
produzca la planificación de la zona, los  pobladores “pueden ser reubicados…” (SALA PRIMERA DE LA
CORTE, sentencia 00834/2011. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN II, voto 00277/2008, entre
otros).  




 



 Segundo párrafo: si el interesado tenía un período de residencia en la zona marítimo terrestre
inferior a diez años antes de la promulgación de la Ley 6043, no era poblador. Luego, el término
está mal empleado.



 Cuarto párrafo: Por permitir el uso indebido del dominio público, con construcciones y sin pago
alguno (Ley 6043, arts. 12 y 13), se sugiere suprimir el último párrafo, en tanto autoriza a quienes
sin ser pobladores, hayan construido ilegalmente en la zona restringida y se les otorgó concesión en
ésta, a no cobrársele por el uso y disfrute durante el tiempo que usufructuaron las mejoras. En el
dictamen C-230-97, dirigido al Gerente del ICT,  se concluyó, punto 2, que “Las solicitudes de
concesión de quienes hayan construido sin autorización administrativa en los terrenos de la zona
marítimo terrestre cuya concesión gestionan, deben resolverse una vez que se haya cumplido el
procedimiento preceptuado por el numeral 13 de la Ley 6043 de obligatorio acatamiento”.



 En lo que hace a los “ocupantes” de la zona marítimo terrestre (último párrafo, en relación con el
penúltimo), al parecer, atribuye esa condición a los “poseedores” ilegales, cuando la SALA PRIMERA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en sentencias 317-F-2008, considerando XXI, y 834/2011,
considerando IX, aclaró que “los ocupantes” de la zona marítimo terrestre no son las “personas
introducidas en dicha zona de manera ilícita, por estar expresamente prohibido por el artículo 12,
según se apuntó”. 



             Aclarar, al final del artículo, que la condición de poblador requiere una solicitud,
oportuna y expresa, en ese sentido (de ahí el término solicitante empleado en el artículo 70 de la
Ley 6043 y en el Proyecto) y de un acto administrativo que la reconozca (TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCION III, voto 321/2003, cons. III; Opiniones Jurídicas     O. J. 72-2003, O.
J.-39-2007 y  O. J.-88-2008 y), así como que no puede ser objeto de cesión o traspaso (SALA PRIMERA
DE LA CORTE, sentencias 317-F-2008 y 834-F-2011. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION III,
resoluciones 4163/2010 y  54/2012, entre otras). 




Artículo 80:




 



 En cuanto a la aplicación del artículo 60 de la Ley 6043, que remite a los numerales 93 a 95 de la
Ley 5901, se reitera el comentario hecho al artículo 28 de este Proyecto.




 




 




Artículo 82:




 



 Como a la Contraloría General de la República se le asigna en el próximo numeral la función de
velar por la debida utilización de los ingresos que las municipalidades obtengan con las concesiones
en la zona marítimo terrestre, se recomienda consultarle los cambios propuestos. Lo anterior, por la
competencia prevalente y exclusiva que tiene ese órgano de control y fiscalización de la Hacienda
Pública para pronunciarse sobre la legalidad en el manejo de los fondos públicos y, en concreto, la
utilización y destino de los recursos que la Ley 6043 le otorga a las municipalidades
administradoras de la zona marítimo terrestre. (Ley 7428/1994, Orgánica de la Contraloría General de
la República, arts. 1, 4, 8, 11 y 12. Dictámenes C-23-2003 y C-112-2003. Opinión Jurídica O.
J-198-2003).




 



 Sin perjuicio de lo dicho, para valoración de ese Ministerio, se sugiere revisar los siguientes
aspectos:




 



 La Ley 6043, artículo 59, fija la forma en que deberán distribuirse los ingresos que obtengan las
municipalidades en concepto de concesiones: un veinte por ciento se destinará a formar un fondo para
pago de mejoras, según lo previsto (inc. a); un cuarenta por ciento se invertirá en obras de
mejoramiento de las zonas turísticas (inc. b); y el cuarenta por ciento restante se invertirá en
obras de mejoramiento del cantón (inc. c). 




 



 El nuevo texto no parece conciliarse con esa voluntad del legislador, al asignar un sesenta por
ciento para mejoramiento de las zonas turísticas cuando se requiera la compra o expropiación de
terrenos privados que se ubiquen en la zona marítimo terrestre, además de las obras de
infraestructura y cualquiera otra necesaria. En tanto el citado artículo 59 distingue entre mejoras
(inc. a) y obras de mejoramiento (inc. b), el Proyecto las refunde en el término “mejoramiento”, y
destina, se repite, el 60% de lo percibido en cánones a  las zonas turísticas, prescindiendo de las
no turísticas. Para la SALA PRIMERA DE LA CORTE, las mejoras constituyen “aumentos, reparaciones o
cambios favorables en bienes preexistentes” (sentencia 417/2000, cons. VII, y 30/2001, cons. V. Vid
también de la misma SALA PRIMERA, las sentencias 13/1993, 65/1994, 37/1996, 4/1998, 68/1998,
104/1998, 481/2000, 878/2001, 418/2003, 233/2005, entre otras. ALBALADEJO GARCÍA, MANUEL. La mejora.
Edit. Servicio de Estudios del Colegio de Registradores.  Madrid. 2003).




 



 Tampoco parece ajustarse a los conceptos de mejoras y obras de mejoramiento la compra y
expropiación de terrenos privados, a los que no se refiere expresamente la Ley 6043 en el artículo
59, la que diferencia los terrenos de las mejoras en los artículos 8 y 16.




 



 Lo que posibilita el aludido numeral 59 es que si los fondos destinados a pago de mejoras (20%) y
mejoramiento en las zonas turísticas (40 %) no fueren, total o parcialmente, necesarios para el
desarrollo de éstas, a juicio del INVU e ICT, el remanente podrá destinarse a otras necesidades del
respectivo cantón. El Proyecto, a más de modificar los porcentajes, suprime ese criterio del INVU e
ICT, y omite lo relativo al cuarenta por ciento restante que ha de invertirse en obras de
mejoramiento del cantón (inc. c ibid).




 




Artículo 84:




 




Primer párrafo: sustituir “informa” por  “informar”.




 




Segundo párrafo: suprimir “además”.




 



 El artículo 128 y siguientes de la LGAP regulan la validez y elementos del acto administrativo.
Como deben concurrir en todos los actos o conductas administrativas, no se comprende la referencia
que aquí se hace.  Cabe recordar que si el acto final suprime un derecho subjetivo al administrado,
ha de seguirse el procedimiento administrativo ordinario, dispuesto en artículo 308 y siguientes
ibídem. El debido proceso comprende la adecuada comunicación del acto al interesado.




 



 La parte final del segundo párrafo sugiere redactarlo así: “La Municipalidad hará la debida
comunicación al interesado de la resolución emitida, enviará copia de la misma al ICT y la
comunicará al Registro General de Concesiones, mediante certificación extendida por la Secretaria
Municipal, para que proceda a dejar sin efecto la inscripción correspondiente”.  (La Secretaria
Municipal no dicta la resolución considerada).




 




En secuencia temporal, el tercer párrafo ha de anteceder el segundo.




 




Suprimir el último párrafo, que es reiterativo.




 




Artículo 86:




 



 Siguiendo lo indicado en la Ley 5695/1975, artículo 2°, inciso a, se aconseja sustituir la
redacción por la siguiente:



 El Registro de Concesiones de la Zona Marítimo Terrestre forma parte del Registro Inmobiliario,
adscrito al Registro Nacional.




 




Artículo 87:




 




Después de “que se constituyan”, agregar “sobre el derecho de concesión”.




 




Artículo 88:




 



 En el primer párrafo, sustituir “remitir” por “presentar” al Registro de Concesiones. Entre “la
Resolución” y “emitida por el ICT” intercalar “de aprobación”.



 En el segundo párrafo, valorar si en vez de “La inscripción” es “La presentación para la
inscripción”. En el artículo 49, último párrafo, una vez aprobada la concesión, el plazo de doce
meses (que parece excesivo, se dijo), para realizar los trámites de inscripción ante el Registro de
Concesiones corren para “el interesado” (el concesionario). Con la redacción  este artículo 88 el
plazo para “La inscripción” le correría al Registro y sería inútil (lo neutraliza el “salvo”) en los
“casos no imputables al administrado”; sea, imputables al Registro.  Y para el Registro la
inscripción no podría correr desde la fecha de aprobación de la concesión por el ICT, porque la
desconoce y está sujeto al principio de rogación. El Proyecto no aclara lo que ocurriría cuando el
ICT no aprueba la concesión (por tratarse de islas o islotes marítimos o terrenos en zonas no
turísticas).




 



 Agregar que el ICT deberá comunicar a la Municipalidad la aprobación de la concesión, a efecto de
que controle el depósito del importe correspondiente a la primera anualidad del canon, que a su
favor deberá hacer el concesionario (Artículo 49). Este aspecto, con otra redacción, sí prevé la
parte final del artículo 84 del Decreto 7841.




 




Artículo 89:




 



 Como las concesiones se inscriben en el Registro de Concesiones de la Zona Marítimo Terrestre, y no
“en las zonas turísticas”, se sugiere trasladar esta última expresión al inicio del párrafo.




 



 Artículo 90: Sustituir “de este Registro” por “del Registro de Concesiones de la Zona Marítimo
Terrestre”.




 




 




Artículo 93:




 



  En el sector de Desarrollo Integral de Bahía Culebra, desde Punta Cabuyal hasta Punta Cacique,
según las coordenadas que fija la Ley 6043, artículo 74, “las áreas afectadas” están “bajo la
administración directa del Instituto Costarricense de Turismo”.




 



 El Proyecto, art. 93, reitera ese enunciado y precisa que dicho Instituto otorgará las concesiones
“en el área afectada, entendida esta como la planificada en el Plan Maestro del Polo Turístico Golfo
de Papagayo”. Al parecer, el espacio planificado en el Plan Maestro abarca la zona marítimo
terrestre original, de dominio público, así como los terrenos expropiados y de titularidad pública
del ICT dentro de la delimitación legal. 




 



 Se sugiere suprimir la última oración del segundo párrafo, que prevé: “Las áreas no planificadas en
el Plan Maestro se regirán en todo por lo establecido en la Ley 6043”. Esta regula lo concerniente a
la zona marítimo terrestre demanial, y la de “Bahía Culebra” está afectada, por ley, al desarrollo
del Polo Turístico Golfo de Papagayo, con una normativa especial. No podría una disposición
reglamentaria, de rango inferior, dejar sin efecto esa afectación, para supeditar la franja costera,
que ha de planificarse en el Plan Maestro del Proyecto Turístico Papagayo, sólo a lo establecido en
la Ley 6043. Y si por áreas no planificadas en el Plan Maestro se entienden los terrenos de
propiedad privada, no expropiados, en el área de influencia del Proyecto, tampoco podrían someterse
al régimen de dominio público de la Ley 6043 sin previa adquisición conforme a derecho.




 



 La norma de comentario elimina aspectos importantes del Reglamento actual (Decreto 7841, art. 93),
los cuales se recomienda mantener:




 



 1) Que en lo no previsto por la legislación especial (Decreto 25439, Ley 6758, etc.) regirán en esa
zona las disposiciones de la Ley 6043 y su reglamento. Es una conveniente “pervivencia parcial a la
Ley 6043 y su Reglamento dentro del Proyecto Turístico Papagayo, en cuanto se compaginen con sus
normas: demanialidad de los  terrenos, atribuida en general, a la zona marítimo terrestre; concepto
y destino de la zona pública, etc.”  (Dictamen C-365-2014).




 



 La Procuraduría  ha expresado en varios pronunciamientos (dictámenes C-210-2002, C-421-2008 y
C-365-2014; Opinión Jurídica O. J-216-2003) que, como útil mecanismo para llenar vacíos legales, la
 Ley 6043 y su Reglamento han de regir, de manera supletoria, dentro del demanio marítimo terrestre
de ese Proyecto Turístico, excepto áreas del Patrimonio Natural del Estado u otros bienes de dominio
público sujetos a una ley especial (aguas y áreas contiguas a manantiales que surtan o puedan surtir
de agua a una población, patrimonio arqueológico nacional, recursos minerales, etc.).




 



 2) Que el ICT otorgará las concesiones cuando se ajusten al Plan de Desarrollo Integral o Plan
Maestro. Si bien en el área destinada al Proyecto Turístico Golfo de Papagayo sólo deberán llevarse
a cabo las obras previstas en el Plan Maestro o acorde con sus regulaciones (Ley 6758, arts. 2° y
17), y los concesionarios están obligados a cumplir lo dispuesto en el  mismo (art. 14, Decreto
25439), lo apropiado es indicar aquí, en forma expresa, el deber del ICT de ajustarse a ese Plan en
el otorgamiento de las concesiones.




 



 3) Otro párrafo que el Proyecto suprime del artículo 93, Decreto 7841, es: “Una vez otorgada una
concesión, el Instituto lo pondrá en conocimiento de la municipalidad respectiva para que ésta cobre
el canon que corresponda”.  Lo idóneo es mantenerlo para mayor claridad y unificación normativa, aun
cuando el Decreto 25439 contiene una previsión al respecto, como responsabilidad del Director
Ejecutivo: “Comunicar a  la Municipalidad respectiva, una vez adjudicada en firme una concesión o
autorizada una cesión total o parcial de una concesión, el concesionario responsable del pago del
canon municipal” (art. 3°, inciso m).




 




            Artículo 94:




Ha de tenerse presente y hacer las enmiendas respectivas:




 



 1) La desafectación respecto de los terrenos de JAPDEVA hecha por la Ley 9205/2013 (art. 3°, en
relación con el 2°  y Transitorio III°), contra la que hay en trámite una acción de
inconstitucionalidad (expediente 14-004297-0007-CO).




 



 2) El mantenimiento de la condición de bienes de dominio público que indica el artículo 8 de esa
Ley 9205, con la desafectación parcial y reducciones de franja que el mismo señala, en el párrafo
final, para las comunidades ahí mencionadas. 




 



 3) La excepción de las disposiciones de la Ley 6043 relativa a las construcciones que hubieren en
la zona pública de las comunidades que señala el artículo 9° de la Ley 9205, a su entrada en
vigencia.




 



 4) Las áreas del Patrimonio Natural del Estado, en sus dos componentes: bosques y terrenos
forestales, a que alude el artículo 13 de la Ley Forestal, y áreas silvestres protegidas (Ley 9205,
arts. 8° y Transitorio III).




 



 5) Los terrenos traspasados al ICT por la Ley 2906/1961, artículo 1°, con exclusión de los que
integran el Patrimonio Natural del Estado. (Dictamen C-351-2006).




 



 6) El último párrafo reproduce el párrafo segundo del artículo 94 del Decreto 7841, pero cambia el
artículo 75 de la Ley 6043, por “el artículo 25” sin aclarar de cuál Ley, lo ha que de revisarse.




 




Artículo 95:




 




Han de tenerse en cuenta estos aspectos:




 



 1) El Estero de Puntarenas fue declarado Humedal, bajo administración del MINAE, en los términos
del Decreto 29277/2001, modificado por los Decretos 32349/2005 y 33327/2006.




 



 2) La Ley 6043 y su Reglamento no son aplicables a la zona urbana de la ciudad de Puntarenas, por
la reforma que hizo el numeral 25 de la Ley 9221. (Dictamen C-162-2015 de la Procuraduría).




 



 3) La condición de autoridad portuaria otorgada al INCOP “en el Litoral Pacífico como administrador
directo de los servicios portuarios y servicios conexos, accesorios o indirectos sobre los muelles
de  Puntarenas (…), y cualquier otro que se establezca en el litoral pacífico del país (Ley
Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa del Pacífico, No. 8461 de 20 de octubre de 2005;
sentencia constitucional 6854-2005; opinión jurídica OJ-80-2010)”. “Ante ello, la Municipalidad de
Puntarenas carece de atribuciones de administración sobre los muelles del Estero de Puntarenas o que
se construyan en el futuro (…) sin desmérito de la competencia municipal en materia de licencias
constructivas”.   (Dictamen C-162-2015).




 




Artículo 96:




 




A las consideraciones hechas al artículo anterior, se añade:




 




1) La improcedencia de rellenar el Estero de Puntarenas y las áreas marinas (accesión artificial).




 



 La Ley Orgánica del Ambiente, artículo 45, prohíbe las actividades orientadas a interrumpir los
ciclos naturales de los ecosistemas de humedal orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los
ecosistemas de humedal, drenajes, desecamiento, rellenos o cualquier otra alteración de ciclos
naturales o que provoque deterioro y la eliminación de los ecosistemas de humedal. El relleno atenta
contra la integridad física o material del Estero y espacios marinos, que son parte del ambiente
(SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 2063/2007, entre otras), y contravendría los principios
constitucionales de uso racional de ese recurso y del desarrollo sostenible, artículos 50 y 69 de la
Constitución. (Ley 7554, arts. 2, inc. c, 3°, inc. c, y 4°, inc. b. SALA CONSTITUCIONAL, votos
2233-93, 1000-97, 6322-03; 9193, 3774 y 6938, los tres del 2000; 3840-2001, 9229-2002, 4818 y 6322,
ambos del 2003, 14288-2009, entre otros. Dictamen de la Procuraduría C-162-2015).




 



 2) Con relación a obras constructivas “dentro de la zona de amortiguamiento, que corresponde a la
franja entre el límite sur del Área Silvestre Protegida Humedal Estero Puntarenas y Manglares
Asociados y la línea de costa de la ciudad de Puntarenas…”, ha de estarse a lo previsto en el
artículo 3° del Decreto 33327, en relación con Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa
del Pacífico, No. 8461/2005.




 




CONCLUSION




 



 El Proyecto de reforma integral al Reglamento de la Ley 6043 mantiene parte del Decreto 7841 en
vigor e introduce algunas enmiendas que si bien precisan, actualizan o regulan en forma diversa
ciertos aspectos, conviene tomar nota de las sugerencias hechas para su mejora.




 




De usted, atentamente,




 




 




 




José J. Barahona Vargas                                Yamileth Monestel Vargas




Procurador Asesor                                        Abogada de la Procuraduría

Legal Opinion: 017 - J of 03/04/2016

March 4, 2016

OJ-17-2016

Lic. Sergio Iván Alfaro Salas

Minister of the Presidency

S. D.

Dear Mr. Minister

With the approval of the Attorney General of the Republic, we respond to your Official Letter DM-1618-2015, in which you consult the comprehensive proposal for Regulations to the Law of the Maritime-Terrestrial Zone, which, you state, was prepared by the Costa Rican Tourism Institute, in a process "of almost three years" and "was under public consultation for three months."

I.- SCOPE OF THIS PRONOUNCEMENT

Since the issuance, amendment, or repeal of executive regulations for laws are acts exercising an exclusive competence of the Executive Branch, the President of the Republic and the Minister(s), and cannot be substituted by the Attorney General's Office through a binding ruling, the opinion regarding the consulted project is provided as a non-binding legal opinion, in an effort to collaborate with the Executive Branch in the performance of its duties.

II.- COMPREHENSIVE REFORM PROJECT TO THE REGULATIONS OF LAW 6043.

In the heading, it is suggested to include MINAE, given that the maritime-terrestrial zone is an environmental asset, according to constitutional and administrative case law (see comment on article 12 infra), and the provisions of arts. 4, 5, 9, 61, 2nd paragraph. The Minister of Tourism is a Minister without Portfolio, who, as the Attorney General's Office has held, does not form part of the Executive Branch for the purposes of article 140 of the Constitution and is not authorized to sign executive decrees jointly with the President of the Republic. (Law 6227, arts. 23, points 1 and 2, and 28.2 inc b. Rulings C-95-1994, C-212-1994, C-210-2002, and Legal Opinions O. J.-145-2002 and O. J.-216-2003).

In the recitals section, point 6, it is clarified that the Attorney General's Office ruling C-30-2014 did not indicate, as it seems to imply, that the Regulations to the Law of the Maritime-Terrestrial Zone should be modified. What it did was confirm the criterion that Law 9032, transforming the IDA into Inder, in its article 82, eliminated the competencies attributed to that Institute in Law 6043 (arts. 42, 43, 45, 50, 51, and 53) in relation to the maritime-terrestrial zone, without any provision transferring the function of approving or disapproving concessions in areas declared non-touristic to the ICT or another entity (recital 5 of the Project). This creates a gap in the regulation of the functions that the IDA, now Inder, an entity specialized in territorial rural development, performed, and creates an unequal situation with areas declared to have tourism suitability (aptitud turística), which do require the concession approval, renewal, and authorization process for other acts or contracts.

II.1) ARTICLES

The following specific recommendations are made to the proposed articles:

Article 2:

In subsections f and g, the alphabetical order of the preceding ones is not respected.

Article 3:

Subsection a: After "competent," add "of an administrative real right (derecho real administrativo)," and after "public domain (dominio público)," add: "prior fulfillment of legal requirements and which accrues the payment of a fee (canon) as consideration, in favor of the Municipality of the place."

(Regarding the concession of a parcel of the maritime-terrestrial zone as an administrative real right of use and enjoyment, which allows its exclusive enjoyment, vid: Decree 25439/1996, art. 2, subs. g, for the Papagayo Tourism Project. CONSTITUTIONAL CHAMBER, rulings 5210/1997 and 8596/2013. FIRST CHAMBER OF THE COURT, ruling 00495/2010, cons IV. Jesús GONZÁLEZ PÉREZ: Los derechos reales administrativos. Edit. Civitas S. A. Madrid. 1984, points II, III, and IV.2, among others).

Subsection d: Standardize the concept of estuary (estero) with that given by Executive Decree 36786/2011, Manual for the classification of lands dedicated to the conservation of natural resources within the Maritime-Terrestrial Zone in Costa Rica, section IV, subsection h:

"Estuary (Estero): are the channels or networks of channels influenced by tidal flow up to where the saline concentration reaches at least 0.5 psu, from the sea or a watercourse, which may form part of mangroves or constitute branches or extensions of coastal lagoons (…)".

More than a piece of land, an estuary constitutes a body of water, which ordinarily requires tidal flow. It does not necessarily depend on the ria (ría).

Subsection f: In accordance with the Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, art. 10.1 (Law 5031/1972) and the United Nations Convention on the Law of the Sea, art. 121.1 (Law 7291/1992), norms of higher rank, it is suggested to replace the concept of island with "a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide." It is not necessary for it to be permanently surrounded by water (CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT, SIXTH SECTION, ruling No. 20/2008, cons. IV).

Subsection l: Regarding the term public works (obra pública), the norm to which the concept is linked is not apparent; it is concise (only considers the teleological aspect) and disregards the doctrinal debates surrounding it. It is suggested to suppress it, and if kept, eliminate the phrase "in an unrestricted manner (de manera irrestricta)." Reasons of security, public health or public order, reasonableness in use, conservation, preservation of the public utility purpose, time necessity, etc., depending on the asset in question, may justify certain regulations.

Subsection q: After "tourist products," it is recommended to add "respectful of the environment."

"Protection of the environment and the promotion of economic development are not independent challenges. Development cannot subsist in an environment of deterioration of the resource base, and it cannot be protected when growth plans constantly ignore it. It is necessary to choose sustainable development, which meets the needs of the present without compromising our capacity to meet those of the future." (CONSTITUTIONAL CHAMBER, rulings 1304/1993, 3705/1993, 4423/1993, 2231/1996, 2231/1996, 2232/1996, 2237/1996 and 2238/1996, among others).

Article 4:

In the first paragraph, it is suggested to exclude matters related to the exploitation or cutting of trees and extraction of forest products in forests, lands suitable for forestry (terrenos de aptitud forestal) and protected wilderness areas of the maritime-terrestrial zone, which are part of the State's Natural Heritage, not managed by the Municipalities, within which only research, training, and ecotourism activities are permitted, with the proper authorizations. (Law 7575, arts. 1 in fine, 13 and 18. Law 7554/1995, art. 32. Law 6084/1977, art. 8, subs. 1. Law 7788/1998, art. 58).

It is important to clarify the competencies held by the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, INCOPESCA and MINAE, as appropriate, to authorize the development of aquaculture and fishing activities. (Law 8436, arts. 1 and 2, subs. 10; 9, 82, inc b, 84 and 104; Law 7317/1992, art. 1, penultimate paragraph, and Decree 39411/2015).

Wildlife (fauna silvestre) was declared public domain, part of the national heritage, and is under the competence of MINAE, National System of Conservation Areas (Law 7317/1992 and its amendments, arts. 3, 6 and 7). Hunting, collection, and extraction of wildlife are prohibited, with legal exceptions (art. 14 ibid). On public lands, control hunting may only be practiced if authorized by law, based on a technical-scientific study indicating that the wildlife species is causing damage to the ecosystem. (arts. 28, 29 and 32 ibid).

Paragraph 2:

It must be taken into account that the procedure established in Decree 36550, for the simplified electronic review process for construction plans, is optional (see article 1 and Transitory III).

It omits to include Decree 29307/2001 (arts. 1 to 8), Regulations for the Plan Approval (Visado) Process for the Construction of Buildings in the Maritime-Terrestrial Zone, amended by Decree 38441 (arts. 2 and 3).

It is also important to note that the Attorney General's Office, in ruling C-219-2013, indicated that due to the principle of normative hierarchy, Executive Decree number 36550-MP-MIVAH-S cannot modify what is established in the law. Therefore, despite what is provided therein, "the approval of the INVU, the ICAA, the Ministry of Health, and the Fire Department for plans for developments (urbanizaciones), subdivisions (fraccionamientos) for development purposes and condominiums is legally mandatory, through the granting of the respective approval (visado)."

Third paragraph:

After "concession (concesión)," add: "to which it must conform (a la que deberá ajustarse)."

Fourth paragraph:

Replace "authorization (autorización)" with "concession (concesión)." (Law 6797/1982, amended by Law 8246/2002, arts. 1, 3, 12 to 15).

The Project suppresses the prohibition in the current text (art. 4, Decree 7841) of "authorizing mining or extractive activities in tourist zones," a prohibition that is in harmony with articles 57, subsection d, of Law 6043 and 72, first paragraph of the Project: in no case may parcels that are not for industries related to tourist exploitation be given in concession. It is suggested to assess the advisability and legality of this suppression.

The referral made to article 70 of the Water Law is unnecessary, since all cases of exploitation of mineral substances (metallic or non-metallic: sand, stone, gravel, or other materials) are governed by the Mining Code and its Regulations (Law 6797, art. 2).

Article 5:

It is recommended:

To foresee the case where there is no vegetation on the banks of the estuaries (esteros), for the start of the restricted zone.

After Law 7554, replace the expression "corresponding environmental provisions" with "provisions that govern them," which is a broader expression. Although the Organic Law of the Environment contains precepts on wetlands (Chapter VIII, arts. 32 subs f, 39 et seq., etc.), it is not the only one; there are others in diverse regulations that also regulate them: Biodiversity Law, Wildlife Conservation Law, Convention on Wetlands of International Importance or Ramsar Convention, Forestry Law, the Fisheries and Aquaculture Law, Decree 35803/2010, etc.

Law 6043, art. 11, in relation to 61, classifies "mangroves" of the continental and insular coastlines as a public zone (zona pública). The phrase "or salt forests (bosques salados)" is redundant. That Law does not use it, nor does Decree 22550.

Article 7:

It is suggested to add: after ICT, "in addition to other functions" (arts. 2, 17, 18, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 37, 42, 50, 53, etc., of Law 6043); and that the declarations of tourism suitability (aptitud turística) or non-tourism suitability zone must be published in the Official Gazette (Diario Oficial) (art. 27 ibid).

Article 9:

Replace Ministry of Agriculture and Livestock with Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, INCOPESCA and MINAE, as appropriate (Laws 7384/1994 and 8436/2005; Decree 36782/2011 and Decree 39411/2011. (Previously, the Directorate of Fishery Resources and Wildlife of the MAG handled the matter).

Article 12:

In the first paragraph, after "state," add "of notorious convenience for the country (de notoria conveniencia para el país)," which is part of the content of the higher-ranking norm being developed.

In the final paragraph, for the purpose of making the respective correction, it is recalled that the maritime-terrestrial zone is a public domain asset of an environmental nature (CONSTITUTIONAL CHAMBER, ruling 3113/2009, among others), in which the figure of positive administrative silence (silencio administrativo positivo) is not applicable. Vid, among others, of the FIRST CHAMBER OF THE COURT ruling 771-F-S1-2008. Legal Opinion O. J.-84-2015 of the Attorney General's Office, which cites from the THIRD SECTION OF THE CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE COURT vote 321/2003 and from the CONSTITUTIONAL CHAMBER resolutions numbers 6836-1993; 1730, 1731, 2954, and 5506, the four of 1994; 820-1995; 5745-1999; 5245-2002 and 6322-2003. In the cited ruling, the FIRST CHAMBER stated: "the case law of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice has been clear and constant in denying the possibility of positive silence (silencio positivo) being configured in relation to environmental matters and with public domain assets (in this regard, among many others, see votes of that jurisdictional body numbers 1886 of 9 hours 12 minutes of April 7, 1995, and 2063 of 14 hours 45 minutes of February 14, 2007)." Decree 36550, amended by 38441, arts. 10 and 14, also excepts the application of positive silence in the review, approval, or approval (visados) of plans for projects located in the maritime-terrestrial zone).

Furthermore, the proposed text extends to sixty days the one-month deadline of art. 331.1 of Law 6227, inapplicable to the case, it is reiterated.

Article 13:

Before "The MOPT" add "The municipality," which is included in articles 18, 21, and 22 of Law 6043.

Clarify that in those cases, in addition to the authorizations to use the public zone (zona pública), the construction of works fixed to the ground or non-dismantlable installations by private individuals requires a concession (concesión), as specified in the following numeral relating to article 21 of Law 6043 (rulings of the Attorney General's Office C-100-1995, C-254-1995, C-255-1995, C-053-1999, C-026-2001, C-263-2011, C-365-2014; Legal Opinions O. J.-122-2000, O. J.-123-2000, O. J.-253-2003. For state works, see ruling C-024-2016).

Permits for use or precarious occupations (ocupaciones en precario) "are only authorizations to carry out simple acts whose effects do not significantly impact the asset used, so only minor works whose conditions allow their easy and quick removal should be permitted; constructions with the character of permanent adherence to the land are not allowed, because such installations would hinder the effective implementation of planned land-use planning (ordenamiento)." (CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE COURT, SECTION II, ruling 277/2008. In the same sense, ruling C-100-1995 of the Attorney General's Office). Demanial authorizations (autorizaciones demaniales) may be granted in the cases authorized by Law, "reserved for installations of small scale, removable and transitory; precariousness that entails their eventual revocation for reasons of opportunity or convenience. Article 154 of the General Law of Public Administration. (Legal Opinions O. J.-122-2000 and O. J.-123-2000).

Article 15:

Clarify that the "topographic change" is "due to natural causes," a determining factor (Law 6043, art. 24); and where the technical studies will be published.

The cited article 24 does not make the situation it regulates dependent on a prior demarcation (amojonamiento) of the Public Zone (Zona Pública), as the Project does, which does not clarify cases where there is no prior demarcation. It is recommended to harmonize this norm with Decree 36642/2011, which admits the act of re-demarcation (reamojonar) only "in case of discordance between lines due to their execution at distant times in the past and due to the same dynamism of the coast, with consequent change of ordinary high tide (pleamar ordinaria), it is necessary to carry out a new survey of the high tide to establish the new delimitation of the Public Zone (Zona Pública)" (article 1), so a variation of original conditions would be understood (art. 24; Law 6043).

Article 16:

The second paragraph allows the permanence of constructions that only have a municipal permit, and that conform to the regulatory plan (plan regulador) of the zone and the provisions of article 69 of the Project (areas and setbacks). It is suggested to suppress this paragraph because it implies legitimizing, through this means, an irregular municipal action for those who built without a concession (concesión), which creates an unjustified disparity of treatment with persons who have complied with current regulations.

According to the current Regulations (art. 15), which is in accordance with Law 6043, the authorization or license for the lawful erection of construction, reconstruction, or remodeling works must be protected by and conform to the terms of a registered concession, prior fulfillment of legal requirements (declaration of tourism suitability (aptitud turística) or non-tourism suitability, approval and publication of regulatory plan (plan regulador), etc.). The Project provides in the same sense: "The construction permit shall be issued by the corresponding municipality, once the respective concession is obtained" (art. 4. See also art. 3, subs e, 16, 20, 21, 60, subs. h, etc.).

Decree 29307, Regulations for the Plan Approval (Visado) Process for the Construction of Buildings in the Maritime-Terrestrial Zone, recital 4 and its articles 3 and 7, subsection a, and Decree 36550, Regulations for the Review Process for Construction Plans, arts. 4, 7, 12 and 18, also make the administrative authorizations to begin construction of buildings in the maritime-terrestrial zone conditional on the requirement of a prior concession contract (contrato de concesión) registered in the National Registry.

Nor could a regulatory norm indirectly extend, on this point, the moratorium period of Law 9073 (art. 1), which expired on October 25, 2014.

Regarding the construction permit as an act declaratory of rights and its annulment or revocation, complying with the procedures, deadlines, and due process, see ruling C-128-1999, point III.1.3.1).

Article 17:

The comment made in article 4, second paragraph, supra, is reiterated.

Article 18:

Approval presupposes a prior act of another organ or entity. Review the use of the term, since the same entity formulates the Plan and adopts it.

It is recommended to review the following suppressions made from the current text (art. 17, Decree 7841):

a) Article 26 of Law 6043 provides that the preparation of the general land-use plan (plan general de uso de la tierra) in the maritime-terrestrial zone shall be done by the Costa Rican Tourism Institute in collaboration with other competent official organisms, which the Project eliminates. By the principle of normative hierarchy, the Executive Regulations cannot disapply, in whole or in part, the law it develops.

b) The referral to the Urban Planning Law, where applicable, as article 17 of Decree 7841 does and as the Courts have resolved. (Vid, among other resolutions, of the CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE COURT, SECTION III, resolutions 713, 3522, 3523, 4516 and 4520, all five of 2010; 270/2011, 54/2012, 8596/2013. Of the CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE COURT, SECTION VI, 2642/2010).

Decree 29307, article 1, subsection b, for the approval (visado) of construction plans in the Maritime-Terrestrial Zone, refers to the Urban Planning Law, among others, on which Decree 36550 is also based (see heading).

The Manual for the Management of Coastal Regulatory Plans (Planes Reguladores Costeros), which the Project, point 7, cites, bases the coastal regulatory plan on the Urban Planning Law (arts. 7, 10, 13 and 17) in addition to Law 6043 and the Municipal Code (art. 13, subs. p). Likewise, the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans is subject to it, in point 12.3.

c) That the Regulatory Plans (Planes Reguladores) covering the maritime-terrestrial zone must observe the guidelines and recommendations of the General Land-Use Plan, which the INVU must take into account when preparing or approving such plans, subject to the provisions of the Urban Planning Law.

The Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the Maritime-Terrestrial Zone defines the General Land-Use Plan in the ZMT as the "establishment of the regional strategy" for its management. Among the functions of the Regulatory Plan, it indicates that of "applying the strategies of the General Land-Use Plan as provided by Law 6043" (point 2.5.1). And in the Procedure for the Preparation of Regulatory Plans, it indicates that the general information of the coastal sector includes "the general information data of the coastal sector under planning, as well as its relationship with the General Land-Use Plan of the corresponding Tourism Planning Unit" (point 4.1).

ch) That the approval, review, or update of the Regulatory Plans of the sections of the maritime-terrestrial zone adjacent to the Marine Areas of Multiple Use must be consulted with the National System of Conservation Areas, Conservation Area of the place.

Article 19:

Law 6043, art. 15, empowers owners of properties adjoining the maritime-terrestrial zone to request that their properties be incorporated into its planning, covering their proportional part of the respective cost and ceding to the State, free of charge, the areas necessary for public uses. (The foregoing enables continuity in the planning and protection of the assets and resources of the coastal public domain (demanio costero) in that area of influence). The Regulation Project suppresses this power and restricts coastal planning exclusively to the maritime-terrestrial zone, which is suggested to be reviewed.

Decree 7841, art. 18, respects the content of article 14, Law 6043, on the planning of areas adjacent to the maritime-terrestrial zone. The same applies to the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans, point 2.1: the Coastal Regulatory Plan is a planning tool for "the Maritime-Terrestrial Zone and adjacent areas." Likewise, the Manual for the Management of Coastal Regulatory Plans, which in the definition of Coastal Regulatory Plan includes "the ZMT and adjacent areas" (point 7).

Article 21:

It is not recommended to subordinate the design of developments in the planned zone only to the current Regulatory Plan (Plan Regulador), excluding its adjustment to "the legislation governing the matter," including urban planning legislation when applicable, which the Administration cannot disregard, as it is subject to the principle of legality in its actions. At the end of the first paragraph, after "concession (concesión)" add "until the expiration of the initial term."

If the technical regulations of the Regulatory Plan are modified, it is proper that in the case of "renewal (prórroga)," the concession conforms to the current regulations, and not leave the point to the discretion of the Municipality, especially since article 60, subsection h, opens the possibility for existing works to be expanded and new constructions carried out with the renewal. It is important that this aspect be evaluated.

Regarding the renewal of the concession (prórroga de la concesión), see comment on article 60 infra.

Article 22:
After "maritime-terrestrial zone," add "and its natural resources." (Law 6043, arts. 1 and 34).

Article 23:

After "any responsibility," reference is made to "the authority," which has not been mentioned before. Add at the beginning, after "municipalities": and "the competent administrative authorities." In the following paragraph, replace "will be paid" with "will be charged to the…", (as indicated by Law 6043, art. 13), which emphasizes the power of the Administration to demand its compulsory compliance.

Take into account the provisions of the CONSTITUTIONAL CHAMBER, ruling 447/1991 (reiterated in votes 6192/1995, 5756/1996, 9740/2004 and 2062/2007, among others) on observance of due process:

"Regarding the duty to gather the prior information established therein, the Chamber finds that it will always be necessary, so the phrase 'if deemed necessary' as an exception to the rule, can only be understood in cases where the possible offender expressly accepts his condition as such and acquiesces to municipal action, or that of the respective authority, which must be reliably recorded. This is interpreted in this way, in order to safeguard due process enshrined in article 39 of the Political Constitution, since it is not possible to accept the cited text in a pure and simple form, as it grants a very broad and dangerous discretion to the Administration, by not providing the legislator with some parameter to know when prior information is necessary, which leads to the insecurity of the administered party. Furthermore, the same law has recognized the existence of private property in the maritime-terrestrial zone and as it also establishes two legal regimes for it, in that it is only in the public zone (zona pública) that any use for private individuals is prohibited (even with exceptions inherited from the past), while in the 'restricted zone (zona restringida)' private possession is admissible, the need for prior information becomes more evident."

Replace "prior information gathered for this purpose, if they deem it convenient," with "prior observance of due process."

".... the procedure provided in article 13 of Law 6043, does not have the purpose of suppressing or denying subjective rights, or causing serious injury to the legitimate rights or interests of the investigated party – if they have them -, prerequisites for applying article 308 and following of the General Law of Public Administration; but rather to verify if, prior to erecting a building or installation in the restricted zone (zona restringida) – in this case - , the interested party had or did not have the proper authorization from the Municipality, this because concession (concesión) applications do not grant any administrative real right (derecho real administrativo), nor do they authorize occupying or building in the maritime-terrestrial zone. CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE COURT, SECTION III, vote 402/2013)

Article 24:

Add at the end: "The foregoing without prejudice to the Municipality and the Costa Rican Tourism Institute requesting the Real Estate Registry to adopt precautionary measures, due to inconsistencies in the entries, and annulment measures in court." (Law 6043, article 4, final paragraph. Civil Code, art. 837 and the case law that informs it).

Article 25:

The first sentence of the second paragraph is incomplete, making it unintelligible.

Article 26:

As the article transcribes article 47 of Law 6043, it is suggested not to cut its final paragraph: "Entities that have concessions (concesiones) may not assign or transfer quotas or shares, nor may their partners, to foreigners. In any case, transfers made in contravention of the provisions herein shall be completely void."

Article 27:

Delete "the presentation of," a term that does not apply to some requirements. After "requirements" add "of Law 6043 and these Regulations, articles…." instead of the phrase of the Project. Article 30 of the latter also indicates that the concession application must meet "the requirements established in Law No. 6043 and its regulations."

We will refer to the norms it cites later, in each case.

At the end, the preferential treatment of occupants (ocupantes) is extended to residents (pobladores), contrary to the provisions of article 44 of Law 6043, which authorizes this advantageous legal situation in the granting of concessions only for the latter. Adjust that paragraph to the Law: "under equal conditions, preference shall be given to the occupant of the land who has possessed it quietly, publicly, and peacefully, continuously." The figure of the resident (poblador) is regulated in article 70 of Law 6043. (On the distinction between one and the other, cfr.: of the FIRST CHAMBER OF THE COURT rulings 317-2008 and 834/2011, criterion followed by the CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE COURT, SECTION III, votes 4163/2010, 54/2012, 00200/2013, 265/2013, 00447/2013, among others).

Article 28 of the Project itself provides that "Concessions (Concesiones) shall be granted directly to applicants in accordance with the provisions of the Law in its article 44," which does not include residents (pobladores). The favorable treatment that may be given to these is regarding the fee (canon) to be paid (Law 6043, art. 48).

Article 28:

For the corresponding rectification, it is noted that Law 7494/1995, on Administrative Contracting, does not provide for a private tender (licitación privada).

Article 29:

In subsection b, take into account the comment made in article 67 infra.

In subsection c, insert "31" between "articles" and "38".

Article 33:

Subsection a: after "exact place," add "fax or electronic means to receive…" (The same is provided in subsection b of the same article, for legal entities, and in article 34). In Law 8687, email and fax are two different means of notification; cfr.: arts. 34, 39 et seq and 47 et seq.

Subsection b: after "corporate identification number (cédula jurídica)," add "certification of its registration in the respective Registry." The phrase "distribution of social capital" does not identify the capital of foreign holders (art. 47; Law 6043). Replace it with "distribution of social capital, indicating that belonging to foreigners, in view of the Shareholders' Registry Book (Libro de Registro de Accionistas) and the shares." The foregoing in order to avoid discrepancies with the real ownership and infringement of the law. It is known that in the country there is no Shareholders' Registry in the Mercantile Registry and that in the latter only the name of the founding partners of the company, owners of the initial capital, is recorded, which can be modified subsequently in the Shareholders' Book.

Subsection c: After "land," add "its exact location."

Subsection e: include the Project Profile in accordance with the guidelines established for this purpose by the ICT or the general description of the works to be executed by the concessionaire (concesionario), including their area, with an execution schedule, their total approximate cost, final and by stages (arts. 48 subs j, 50 subs j and 62 infra). Add the term for which the concession is requested (Law 6043, art. 48).

The last two paragraphs establish a difference in treatment, apparently unjustified, depending on the error of the municipal Administration: not accepting the application if any of the requirements is missing, and if by mistake it has been received, the municipality will grant a period of thirty calendar days, which seems excessive, for the interested party to correct the omissions. 
The correct approach is to standardize both situations, for example with the common possibility of correcting or completing requirements within a shorter period than proposed. Law 6227, article 287, allows the correction of defects in the petition or providing necessary missing documents within a period not exceeding ten days.


 

 In the final paragraph, “se tendrá por anulada” should be replaced with “se declarará inadmisible la solicitud y se ordenará su archivo”. (Cf. similar doctrine for judicial matters in the CPCA, article 61.1).


 


Article 34:


 

After “reforms”, replace “Se tiene” with “Se tendrá”.


 

 In the first paragraph, after “address”, insert: “, by fax”. In Law 8687, electronic mail and fax; cf.: arts. 34, 39 et seq. and 47 et seq.


 

 It is important to clarify that when an electronic mail or fax address is indicated for receiving notifications, the person is deemed notified on the next business day following transmission, as well as matters relating to automatic notification. (Law 8687, arts. 11, para. 2, 38 and 50).


 

 After “Ley de Notificaciones Judiciales, Ley N° 8687 de 4 de diciembre del 2008” add “of supplementary application”. It is applicable “to proceedings of the State and its institutions, regulated by the Ley General de la Administración Pública”, provided there is no special rule to the contrary (art. 1, last paragraph). The Ley General de la Administración Pública “has the purpose of regulating and standardizing administrative activity and, in particular, the administrative procedure”, including matters concerning notifications. (Dictamen C-342-2004 and Opinión Jurídica O. J.-056-2008).


 


            Article 36:


 

 Assess the matter concerning the body that orders the archiving. Although the decision to archive the file concludes the proceeding, the Procuraduría, in Dictamen C-180-2010, indicated that in this case it involves an automatic consequence of the applicant's inactivity, a procedural step or simple review, which can be ordered by the Alcalde Municipal or by the Intendente in the Concejos Municipales de Distrito.


 


Article 45:


 

 In the first paragraph, after “no habiéndose”, replace “realizado” with “formulado”. After “concesión” delete “total o parcial”. The presumed partial granting entails non-compliance with requirements, which would require, beforehand, readjusting them; for example, preparing a new plan, etc.


 


After “si se otorga la concesión”, add “y los términos en que recomienda el otorgamiento”.


 


Article 46:


 

After “copy” add “certified, in the terms indicated in article 50, final paragraph”.


 


Article 47: 


 

 Replace “aprobadas” with “otorgadas” (Law 6043, arts. 39 and 40), as the Proyecto correctly denominates them in articles 3, subsection a, 48, subsection h, and article 50, subsection h: “Transcript literal del acuerdo municipal mediante el cual se otorga la concesión…”.


 

 The approval of the concession is carried out by the ICT or the Asamblea Legislativa, as the case may be. What the Municipality approves is the concession application and grants the administrative real right.


 

 The approval occurs after the perfected act, upon which its effectiveness depends (Law 6227, art. 145.4. SALA PRIMERA DE LA CORTE, judgment 771/2008, cons. XII, which cites from the SALA CONSTITUCIONAL the judgment 454/2006. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN IX, voto 12/2009, cons. VIII. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN III, voto 00250/2008.  Dictamen C-279-2015).


 

 By the principle of consistency, legal certainty, and transparency, the municipal agreement must specify all the terms under which it grants the concession. Therefore, it must contain all the information to be subsequently recorded in the contract (article 48), which cannot be supplemented by the Alcalde or Intendente, without prior knowledge and consent of the Concejo Municipal or Concejo Municipal de Distrito. 


 


Article 48:


 

 Subsection c: add that the site has demarcation (amojonamiento) or delimitation of the Zona Pública and classification and certification of the Patrimonio Natural del Estado, by SINAC-MINAE.


 


Subsection d: At the end add “and plan describing it”.


 


Subsection e: replace “aprobada” with “otorgada”.


 


Subsection g: At the end add “and method of payment”.


 

 Subsection i: Replace “Identificación del avalúo” with “Monto del avalúo, con identificación del Oficio where it is recorded”; replace “la propiedad” with “la parcela” or “el terreno”.


 


Subsection j: after “final”, add “and by stages” (for the purposes of article 62).


 

 Subsection l: see comment on the objection to the twenty-four month period for the start of works made in article 62 below.


 


Article 49:


 

 After “copia”, remove the comma and add “certified, in the terms of article 50, final paragraph”.


 

 Against procedural speed, the Proyecto increases the period available to the ICT to pronounce on the extension application, from thirty calendar days (current period, Decreto 7841, art. 46), to forty-five days, without clarifying whether these are calendar or business days. It does not relate to the thirty business days available to the Alcalde to prepare the draft resolution on the concession application (subsection f). It is suggested to review this aspect.


 

 Assess the twelve-month period to “realizar” the registration procedures in the Registro General de Concesiones, which seems excessive.


 


Article 50:


 


Subsection d): Keep in mind the observations made in articles 55 and 56.


 

 Subsection k): After “ante”, add “la municipalidad y”. Replace “demasía” with “superficie” or area.


 

 In the final paragraph, clarify to which body or entity the file will be sent and for what purpose. Instead of “estos expedientes” and “los expedientes administrativos mencionados”, use the singular form.


 


Article 52:


 

 After “concesiones”, add “y permisos de uso”. After “artículo 28 de la Ley” add, adjusting to its literal wording, “cuando la municipalidad forme parte importante de los proyectos”.


 


Article 53:  


 

 Law 6043, article 48, entrusts its Reglamento to establish “el canon a pagar en cada zona de acuerdo con sus circunstancias…”. In development of that precept, Decreto 7841, article 49, original version, determined the concession canons, applied to the respective appraisals (avalúos), in fixed percentages thereof: 2% agricultural use, 3% residential use, 4% hotel, tourism, or recreational use, and 5% commercial, industrial, mining, or extractive use. (In concordance, see for the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, Decreto 25439, article 14: tourism residential use 3%, hotel use 4%, commercial use 5%).


 

 The Proyecto, instead, entrusts the municipality with the setting of these canons, “through technically grounded regulations (reglamento) that will form an integral part of the Plan Regulador costero”; it only maintains the percentages, as a maximum ceiling: “up to a” 2%, 3%, 4%, and 5%, in each case, and indicates that the minimum ceiling cannot be less than 0.25% of the appraisal amount. This is not recommended because:


 


1) The setting of these canons is delegated by the Law to the Poder Ejecutivo; not to the municipalities.


 

 (The legislator himself sets guidelines to determine the canon: “de acuerdo con el uso y con el avalúo actual” (Law 6043, Transitorio VII).


 

 2) In the Proyecto, the fixed percentages are a maximum ceiling. It authorizes them to be lower, down to 0.25% of the appraisal amount, without justification to support it. This is regressive, to the detriment of the profitability received from these national heritage assets, their efficient administration, and municipal finances.


 

 3) Leaving the fixing of canons to the discretion of each Municipality gives rise to asymmetries in the different coastal jurisdictions for the same use, undermining the uniformity that should exist in the consideration to be paid for the use and enjoyment of that public asset and equality among administered parties.


 

 4) The inclusion of canons is foreign to the Plan Regulador, as a legal and technical instrument for coastal territory planning. Besides the fact that it would mean no use could be authorized before its implementation, as well as the modification of the Plan with each five-year adjustment of the canon.


 


Article 54: 


 

 It is recommended to review this article and the following three, harmonizing them with article 67, point E, subsection i. 1), of Decreto Ejecutivo N° 35688-H/2009, amended by Decreto 37477/2012, which assigns to the Dirección de Valoraciones Administrativas del Ministerio de Hacienda the function of “Realizar avalúos” of “terrenos en concesión en la zona marítimo terrestre”. In this sense, according to its Article 56: It corresponds to the Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias to: “j) Brindar apoyo técnico en valoraciones administrativas a solicitud de entes públicos costarricenses for: (…) concesiones en Zona Marítimo Terrestre…”.


 


The same is provided by Law 6043, a higher-ranking norm:


 

 “Transitorio VII.- Las municipalidades con jurisdicción en la zona marítimo terrestre cobrarán el canon que establece esta ley para los ocupantes de la misma.   


 

 El cobro se hará de acuerdo con el uso y con el avalúo actual de la Dirección General de la Tributación Directa. (…)”

 Because it considers itself the competent body to prepare the appraisals that serve as the basis for setting the canon in the zona marítimo terrestre, the Dirección de Valoraciones Administrativas del Ministerio de Hacienda has expressed its disagreement with transferring that function to the municipalities. (Oficio DIVAL-078-2012, with copy to the Procuraduría, reiterated in Oficios DIVAL-066-2012 and 131-2012).


 


Article 55:   


 


In addition to the observations made in article 54, the following is added:


 


It omits the Concejo Municipal de Distrito.


 

 Professionals must act according to their academic training and use of the land. One should not “recurrir a personal externo” private for the appraisal of public assets. 


 


In the third paragraph, it must be clarified which “reglamento vigente” is mentioned.


 

 For consideration, the Dirección de Valoraciones Administrativas del Ministerio de Hacienda has reiterated that the land value platforms by homogeneous zones, prepared by the Órgano de Normalización Técnica “have been designed for use in valuations for fiscal purposes, specifically for the Impuesto sobre Bienes Inmuebles..”; the values obtained from them “and from the application of methods authorized for their use for tax purposes, are much lower than the market value of the assets”. Therefore, they are not “appropriate value references to establish the basis for setting the canon for the right of use of land in the zona marítimo terrestre” (…). “A canon established on the basis of a value lower than market value implies that the concessionaire will be allowed to unduly profit from a public domain asset”. That is, they will pay a low canon, but enjoy the benefits of the land at market prices. (Oficios DIVAL-066-2012, DIVAL-078-2012 and DIVAL-131-2012).  Furthermore, on land located in the zona marítimo terrestre “comparison elements very frequently arise that are not contemplated in the ONT methodology, such as landscape, scenic beauty”, ease of access to the beach, etc. (Idem. Directriz VA-03-2010, “Procedimientos de Ajuste para Bienes Inmuebles en el Enfoque de las Ventas Comparables, section 3.1).


 


Article 56:


 


To what is said in article 54, the following is added: 


 


In the second paragraph:


 

 After “determinar” add “el monto del canon” and delete the text written until before “el perito”. 


 

 The “base imponible” is an element of quantification of the tax, and the canon is not a tax.  Constitutional and administrative litigation case law has repeatedly held that the zona marítimo terrestre canon is a public price; not a tax, nor is it governed by its principles. (See, by way of example, the judgments of the SALA CONSTITUCIONAL numbers 6869/1996, 9170/2006, 6400/2011, 7813/2011 and 8596/2013; from the SALA PRIMERA DE LA CORTE number 406-F-S1-2014; from the TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, 54/2011 and from the TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEXTA, number 262/2011, among others).  In this sense: the Manual para la Gestión de Planes Reguladores Costeros (ICT, 2009, pp. 73 and 89): “El canon es el precio público que paga anualmente la persona concesionaria por el disfrute y aprovechamiento que realiza de la ZMT. It is a consideration not imposed coercively like taxes, but depends on a voluntary application by the interested person, together with a contractual commitment to cover it (Procuraduría General de la República O. J. 017-2001)”.  Also Decreto 25439, article 2, subsections o and p:


 

  “o)      Canon: Precio público de la Concesión y de eventuales modificaciones de ésta que debe pagar el Concesionario al ICT conforme a los procedimientos dispuestos para ello”.  (Payment must be made to the Municipality of the place; not to the ICT, which must be corrected, with modification of the norm. Law 6043, art. 74, para. 2).


 

  “p: “Canon municipal: Precio público que debe pagar el Concesionario a la Municipalidad competente conforme a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, respecto del área de la zona restringida que tuviere incluida dentro de su Concesión”. 


 

 Regarding the concept of Market Value (Valor de Mercado), the Dirección de Valoraciones Administrativas del Ministerio de Hacienda has expressed that its definition must be made following the Normas Internacionales de Valoración: “Market Value: is the estimated amount for which a property could exchange at the valuation date, in a transaction between a motivated buyer and a motivated seller, after an appropriate exposure period, in which each of the parties has acted knowledgeably and prudently and without compulsion”. This under the idea that the canon be established on a basis of balance between the parties. It also objected to the statement that: ´market value shall be understood as the price that would be paid for it in a hypothetical sale´, and on the other hand, that if this is not possible, ´the market value of the land shall be determined characterized by the following conditions….” This because all value opinions, including market value opinions, “are established on the assumption of a hypothetical sale, and it is precisely this condition that differentiates a value from a price, as the latter (prices) are historical facts and not opinions”. Therefore, “two definitions for the concept of market value are erroneously established, being that both are complementary and not mutually exclusive”. The wording confuses the concepts of value and price. (Oficios cited in the comment to article 55 above).


 

 Strictly speaking, because it is outside commerce among individuals or legal transactions, the concept of “market value” is improper for a public domain asset, and other criteria should be followed for valuing the canon.

 Following subsection e), after “no pueden ser objeto de utilización (especial) por los” the term “titulares” is used, when the correct term is “particulares”.


 

 Appraisals for concessions must not include wetlands (humedales) and estuaries (esteros), nor the exception in article 22 of Law 6043, referring to infrastructure works and construction of “uso público” and “instalaciones turísticas estatales de notoria conveniencia para el país”. (Dictamen C-024-2016).


 


Article 57:


 

 In the first paragraph, after “Municipalidad”, the Concejo Municipal de Distrito was omitted. The term “concesionario” must be replaced with “solicitante”. The status of concessionaire is not acquired before the concession has been definitively approved. The granting by the Municipality constitutes the concessionary act, which requires approval, when applicable, to be effective and executable. (Law 6227, art. 145. SALA PRIMERA DE LA CORTE, judgment 771-F-S1-2008. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN TERCERA, voto 196/2010).


 

 It is not recommended to subject the communication of the appraisal and setting of the canon to the interested party according to article 147 of the Código de Normas y Procedimientos Tributarios and through the procedures established only in the Ley de Notificaciones Judiciales, N° 8687/2008, of a supplementary nature with respect to the Ley General de la Administración Pública. (Law 8687, art. 1 in fine). Article 147 of the Código Tributario refers to the requirements that the administrative resolution on taxes must meet: determination of the amounts payable for them, fiscal period, etc. It is proper that communication be carried out primarily pursuant to the provisions of Law 6227. Because the zona marítimo terrestre canon does not have a tax nature, it is also not advisable to subject appeals against the decision on the appraisal to the Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, article 19. Subjection to it and to the Código Tributario introduces confusion about the legal nature of the canon.


 

 Nor is it recommended to authorize, as the last paragraph does, while there is no definitive determination of the canon, that the interested party, “de común acuerdo con la Municipalidad”, as if dealing with a private asset and contract, governed by the free autonomy of the parties, agree to make deposits into the Municipality's account; a sort of provisional canon for the use and enjoyment of public domain. In addition, it could be interpreted as an improper legitimization of unauthorized use and enjoyment. The collection and payment of canons is not appropriate from the mere submission of a concession application. (Dictamen C-131-2009, among others).


 


At the end, after “Municipalidad” the Concejo Municipal de Distrito was omitted.


 


Article 58:                                                                  


 

 It is suggested to assess the suppression of the phrase: the canon, “cuando se trate de la primera determinación regirá de inmediato, salvo que exista oposición del concesionario o permisionario”, through which, apparently, a premature occupation of the property would be legitimized, as consideration for payment, without a favorable decision on the merits.


 

 A simple concession application, not resolved on the merits, “does not confer any right to immediately occupy the property and if precisely that has been done, the law regulating the matter has been violated”. (SALA CONSTITUCIONAL, voto 2658/1993. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION SEGUNDA, resolution 307/1998, cons II.  TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, judgment 241/2011, CONS. VI, among others). Under such conditions, payments of “canons” made by administered parties to the Municipality do not grant them the right to occupy the zona marítimo terrestre, nor do they remedy an illegal occupation thereof. (SALA CONSTITUCIONAL, voto 17020/2007, cons. VI.  SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, judgment 550-F-S-2012, cons. III, among others. Dictamen de la Procuraduría C-63-2007, among many).


 

 In Dictamen C-279-2015, it was indicated that the concession contract must set the definitive canon, which “will be effective from the approval of the concession”, when such approval is necessary.  Otherwise, in areas declared non-touristic, it will be effective from the granting and signing of the contract, to execute its collection.


 

 Article 73 of the Código Municipal refers to the statute of limitations for municipal taxes.  The non-tax nature of the canon in the zona marítimo terrestre is reiterated.


 


Article 59:


 

 Law 6043, article 48, it was said, indicates that its regulations shall establish the canon to be paid “de acuerdo con sus circunstancias y, en forma especial, con la diferente situación de los pobladores o habitantes y quienes no lo sean”. The SALA PRIMERA DE LA CORTE, as the supreme interpreter in the administrative litigation venue, judgments 317/2008 and 834/2011, expressed that “by saying said provision: ‘…y quienes no lo sean …´ it refers to the occupants (ocupantes).”   That voto clarifies that “The valid interpretation is to consider an ´occupant (ocupante)´ all those persons who, settled in the restricted zone, did not have a concession at the time Law 6043 was enacted”. This concerns “a special regime”, like the figure of the dweller (poblador), instituted by Law.


 

 The vowel “o” between “pobladores o habitantes”, which article 48 of Law 6043 uses, is inclusive. This is reaffirmed by article 70 ibid: “Los pobladores de la zona marítimo terrestre, costarricense por nacimiento, con más de diez años de residencia en ella…”.


 

 The Proyecto, art. 59, deviates from the previous guidelines, and introduces a new category, by using a broad expression “personas de escasos recursos que residan permanentemente en la zona…”. It is advised to replace it with “ocupantes y pobladores de escasos recursos”, which is the “special or exceptional regime” instituted by law.


 


Article 60:


 

 Subsection a: It is advised to indicate direct notification first; “…the legal norm regulating this procedure (art. 50; Law 6043) allows, in addition to direct notification, notice by publication in the Diario Oficial”. (SALA PRIMERA DE LA CORTE, judgment 495/2010, cons. IV.).  Clarify at the end of the subsection that the lack of notice by the Municipality does not exempt the interested party from the obligation to petition for the extension before the date that ends their concession title. (Same judgment and doctrine of article 52, subsection a, Law 6043).  If the extension is not requested within the timely period, the concession expires.


 

 Subsection b: By virtue of what is provided in the second sentence, the first sentence lacks utility. In the subsection, suppress what concerns the use of the form to make the extension application. Article 30 of the Proyecto empowers interested parties to petition the concession “en el formulario respectivo o mediante una solicitud que llene los requisitos establecidos….”. The correct approach is to make both norms equivalent.


 

 Subsection c: In the case of legal entities, regarding the certification of “distribución de capital social”, add:   “indicando el perteneciente a extranjeros, con vista del Libro de Registro de Accionistas y”.


 

 Specify the information or documentation required and other requirements that must be met with the extension application, in accordance with subsections d, e, and h of the same article.


 

 Subsection d: Specify the procedure to be followed for the application, including the updating of the appraisal for setting the canon.


 

 Subsection f: After “pronunciará”, add “en forma razonada”, and clarify whether for this, the opinion of the Oficina de Zona Marítimo Terrestre must be gathered, if one exists.


 

 Subsection g: Include the data and conditions that the agreement approving the extension application must contain.


 


Subsection i: Indicate the requirements that the extension file must contain.


 

 Against the principle of procedural speed, the Proyecto increases the period available to the ICT to pronounce on the extension application, from thirty calendar days (current period, Decreto 7841, art. 53 subs. d), to forty-five days, without clarifying whether these are calendar or business days. It does not relate to the thirty business days available to the Alcalde to prepare the draft resolution on the extension application (subs. f). It is suggested to review this aspect.


 


Subsection h: Indicate the body or official that will prepare the extension contract.


 

 Strictly speaking, what Law 6043, art. 50, authorizes is the extension of the concession, circumscribed to the temporal element, with the effect of extending the validity period for a new term, maintaining its conditions. It does not entail the modification of the contract to expand existing works or carry out new works or constructions, which are subject to compliance with other requirements. And, for the same reason, it is not correct to intermingle both procedures. It is appropriate to separate them.


 

 Subsection h: refers to the approval of the extension application by the Concejo Municipal, and subsection j to the approval of the extension by the Municipality at distinct sequential moments, which must be clarified or merged.


 


Regulate matters relating to the signing of the new contract and the registration procedure. (Law 6043, art. 30).


 


Article 61:


 


Same observations made to article 4, para. 2:


 

 It must be kept in mind that Decreto 36550 establishes an optional procedure for the simplified electronic processing of review of construction plans (art. 1 and Transitorio 3), and that it could not supersede the fulfillment of requirements that are applicable according to legal-rank norms (Dictamen C-219-2013).

 It omits including Decreto 29307/2001 (arts. 1 to 8), Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción de Edificaciones en la Zona Marítimo Terrestre, amended by Decreto 38441 (arts. 2 and 3).


 

  (On the introduction of the environmental variable in the regulatory plan, vid. also Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros, points 4.5 and 12.2).


 


Article 62:


 

 It is not recommended that the amount of the performance bond (garantía de ejecución) to be provided fluctuate within a scale from 1% up to 5%, at the discretion of each Municipality, without guiding parameters to follow.  The foregoing, due to the disparate criteria that may arise between one Municipality and another, and even within a single Town Hall for various concessions. This would be contrary to the principle of equality that must govern the concessionaires for the use and enjoyment of the same public asset. What is advisable is a fixed percentage, as done by Law 6758, regulating the execution of the Proyecto Turístico de Papagayo, which establishes the guarantee of compliance for the execution of its projects at five percent of the estimated value (art. 16).


 


After “debiendo”, it seems the correct phrase is “calcularse sobre….”, instead of what is written.


 

 Article 33 of Law 6043 provides that the performance bond for the execution of tourism development projects must be “previamente aprobada por el Instituto Costarricense de Turismo”. The Proyecto omits this. It refers to the maximum period of twenty-four months for the start of the construction of the works, from “la fecha de la resolución aprobada por el ICT”, which is ambiguous. Clarify which approval resolution it refers to. Assess the twenty-four-month period for the start of works. It seems excessive. The consequence of not starting the works within that period is not provided for.  In the case of assignment (cesión) of the concession, the penalty for the assignee, upon such non-compliance, is the initiation of the procedure to cancel the concession (art. 64 below). It is logical that there be uniformity in both situations.


 

 It is suggested that the resolution on the performance bond be issued by the Junta Directiva del ICT, the supreme head that directs the institution; not the Gerente, who has the functions of general administrator and chief administrative superior of the Institute (art. 32; Law 1917).  In the penultimate paragraph, after “obras” add “y autorización de éste”.


 


Article 63:                                                  


 

 It is suggested to maintain the text of article 58 of Decreto 7841, in the sense that the authorization for the change of use or destination of the plot, or its buildings and installations, may only be granted based on criteria of greater public convenience.  The change could not be detrimental to the latter.


 


Clarify the cases in which adjustment of the canon “corresponde”, so as not to generate uncertainty.


 


Article 64:


 

 Delete the phrase “las características de la obra que se compromete a ejecutar”, or clarify that these are those stipulated in the original concession contract. This because the assignment (cesión) does not entail, per se, the authorization to expand the concession works or carry out new works or constructions, for which the corresponding procedures must be followed and compliance with the Plan Regulador must be ensured.


 

 Regarding the twenty-four-month period for the start of works, refer to the comment made to article 62, and in relation to the appraisal, to those made in articles 54 to 57.


 

 Add at the end: Legal impediments to being a concessionaire must not exist in the assignees (cesionarios).


 

 It is noted that Law 6043, article 45, empowers to “traspasar” and “comprometer”, with the due administrative authorizations, the concession rights, which are in legal commerce; but not the public domain land. In the same sense: Decreto 7841, art. 59. Assess its inclusion.


 


Article 65:


 

At the end of the first paragraph, add that "When the assignee is a foreign natural person, a copy of the residency card and a certification of entries and exits from the country must be provided, demonstrating that they have resided legally in the country for at least five years"; and if it concerns legal entities, it is suggested to replace the certification "of corporate capital" with "the certification of 'of the corporate capital, indicating that belonging to foreigners, in view of the Shareholder Registry Book and the shares'." (Same as in art. 33). Furthermore, "the assignee must indicate a physical place or electronic means for receiving notifications."


Article 66:


It is contradictory to indicate that in the event of the death of the concessionaire, "their heirs shall succeed them in all their rights and obligations" and, subsequently, that the municipality or District Municipal Council may reserve the lot to use it for public interest, paying the heirs only for the improvements, without the concession right. The public domain reservation requires a basis in an ordinary law (Legal Opinion O. J.- 17-2001). Law 6043 does not contemplate it. Nor does it provide for that reservation as a cause that extinguishes the concession (art. 52).


Article 67:


In order for the respective modifications to be made, the following must be taken into account:


a) The methodologies for delimiting the Public Zone (Zona Pública) in accordance with Decree 36642/2011, Regulation of Specifications for the Delimitation of the Public Zone of the Maritime Terrestrial Zone (Reglamento de Especificaciones para la Delimitación de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre) (recital XV and arts. 2, 7, 16, 17, 19, 20, 21 and 23).


(Regarding the physical or digital demarcation of the Public Zone, see Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the Maritime Terrestrial Zone (Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre), 2013, point 13.5.3).


b) The concept established in article 3, subsection m, of the Draft.


c) Delete the phrase "in which the construction of works or buildings is contemplated". It is an essential requirement for the granting of any concession in the maritime terrestrial zone that the Public Zone be delimited. The Dirección General de Catastro shall not register any plan for a concession in the maritime terrestrial zone that does not bear the approval of the Instituto Geográfico Nacional (IGN) regarding the delimitation of the public zone (art. 68 in fine).


Decree 37773/2013 created the National Territorial Information System (Sistema Nacional de Información Territorial, SNIT), under the direction and administration of the Registro Nacional, through the Instituto Geográfico Nacional, which publishes "in an integrated manner the thematic territorial information duly georeferenced, standardized, and compatibilized to the base constituted by the official cadastral and topographic cartography, administered by public entities and bodies."


Article 69:


For areas declared as having tourism suitability, the article sets the minimum (200 square meters) and maximum (4000 square meters) area of the lots or parcels intended for single-family residential use, limitations that shall apply to parcels granted in concession for recreation, rest, and vacation purposes, "in accordance with the provisions of article 57, subsection c) of the Law." "The dimensions of the lots for all other uses shall be those established in the Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero) of the area."


Apart from the fact that the minimum area of 200 square meters seems very small and is not justified by technical criteria (the increase in density in urban development can negatively impact the environment), and that the reference to article 57, subsection c, of the Law is incorrect, unequal treatment is observed in setting minimum and maximum areas for some uses, while leaving others to the Coastal Regulatory Plan of the area, recognizing the territorial planning authority of the municipalities, which it is advisable to standardize.


It must be taken into account that according to Law 6043, article 57, subsection a, the lots or parcels intended for building residences or recreational country houses for the use of the concessionaire and their close associates shall be granted "in accordance with the development plan for the area." These plans must seek, as a guiding principle, "a rational distribution and use of the land in accordance with urban planning techniques"; "they shall determine the location, size, and destination of the lots, without allowing sizes smaller than those established by sanitary regulations." And according to its subsection b, "The parcels intended for establishments such as recreational centers, hotel facilities, restaurants, and similar, residences or country houses for rent, commercial businesses, or other kinds of activities other than those indicated, may be granted for the maximum area that is technically necessary in accordance with the respective projects, according to the planning of the area, upon prior approval of the Instituto Costarricense de Turismo."


If the setting of lot dimensions is left to the Regulatory Plan (Plan Regulador), after "Coastal Regulatory Plan of the area," it is suggested to add: "which shall seek a rational distribution and use of the land."


The Manual for the preparation of coastal regulatory plans (Manual para la elaboración de planes reguladores costeros) (Gaceta of April 2, 2013), defines the setback, ambiguously, as "unbuilt open space between a structure and the boundaries of the respective property, measured perpendicularly from the outer edge of a building with respect to the property boundary" (see Definitions).


Article 70:


In the last paragraph, clarify the "periodicity" of the publications.


Article 71:


It is not recommended to delete the second paragraph of article 67 of Decree 7841, which contains a convenient provision: "These entities may only use the preference granted to them by this provision once, without prejudice to being able to request concessions in the rest of the maritime terrestrial zone under equal conditions with other interested parties."


Nor is it advisable to delete the third paragraph of the same article, to the effect that the ICT "must ensure strict compliance with the preceding provisions." It is an important oversight function, as superior guardian of the maritime terrestrial zone, which "implies the exercise of shared competencies between the ICT and the municipalities," with which it must coordinate, without replacing them in the exercise of the autonomous competencies they hold (opinion C-461-2007). Moreover, the ICT must ensure "the best use of the areas declared as having tourism suitability" (Law 6043, art. 29).


Article 72:


Assess, in light of the principle of equality, the deletion of the last paragraph, which, unlike the rest of the concessionaires, makes the installation of crafts and industries contingent upon a prior declaration by the Ministry of Health as "inoffensive activities or those with confinable nuisances" (¿confinable?), and upon "not presenting risks to the health and safety of the neighbors," without setting criteria for assessing the latter aspect and the authority that shall do so.


Article 73:


The current Regulation, Decree 7841, art. 69, defines the maximum length dimensions along the line parallel to the shoreline and the maximum area of the lands to be granted in concession in areas of non-tourism suitability. The Draft, art. 73, regarding the maximum dimensions in "concessions of lands for agricultural and livestock purposes" refers to the rules defined by the ICT in the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the Maritime Terrestrial Zone (Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre).


In sectors declared as having non-tourism suitability (Draft, art. 3, subsection r), the processing and granting of concessions are also subject to the prior approval and publication of the Coastal Regulatory Plan (Draft, arts. 20, 21, 29, subsection c, and 30).


According to the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans:


"Regulatory plans may be prepared for all those sectors of the littorals that are affected by Law 6043 of the ZMT, both for sectors declared as having tourism suitability and those with non-tourism suitability," excluding the areas of the Natural Heritage of the State and others excepted by Law 6043 (pts. 3.2 and 3.3).


"1.18. In either of the two cases, whether for zones of tourism suitability or non-tourism suitability, the preparation of coastal regulatory plans is of great importance given that, being the last level of planning, it is where the guidelines, norms, and general regulations for the development of the ZMT are specifically established, seeking a balanced economic, social, and environmental development from tourism activities as well as from other productive activities."


"3.4. Even when coastal sectors have a declaration of 'tourism' or 'non-tourism' suitability, the preparation and approval of a regulatory plan will only occur when it is determined that the area is not affected by any of the exceptions indicated in point 3.3."


The cited Manual, in point 8, regulates the Zoning Proposal with a Declaration of Non-Tourism Suitability; and in point 9, the Use Regulation for the Regulatory Plan for Non-Tourism Suitability.


Given that concessions in areas declared as having non-tourism suitability, including lands for agricultural and livestock purposes, must conform to the Coastal Regulatory Plan, the same suggestion is made here to standardize the criterion regarding the maximum and minimum dimensions of the lands to be granted in concession, as expressed for zones of tourism suitability (art. 69). The Decree could, for example, set general guidelines (maximum and minimum areas) for non-tourism zones and, within these, leave the setting of lot dimensions to the Regulatory Plan.


The competence of the ICT to issue planning guidelines to the Municipalities in concessions of lands for agricultural and livestock purposes (areas for agriculture, livestock, agro-industrial production zones, artisanal fishing, and related activities; Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans, pts. 8 and 9) is questionable, due to the attributions those entities have in territorial planning matters, the specialty of the subject matter, and the purposes of the Institute. The declaration of tourism or non-tourism suitability of a coastal sector establishes "a difference regarding the use and development vision that must prevail in each case" (pt. 1.14; cited Manual).


Article 75:


The Draft does not contain a similar provision for concessions in areas with a declaration of tourism suitability (principle of equality). It is recommended to equate both situations (Law 6043, art. 53, subsection d).


Evaluate the appropriateness of the phrase: "the concessionaire shall not be entitled to any compensation…." for the layout of the public road, based on the following:


1) Although the land in the maritime terrestrial zone is state-owned public property, the concessionaire holds a real administrative right, enforceable against the Administration itself, for the use and enjoyment of the property in its entirety, and the realization of the project for which it was granted, which would be harmed by the road layout.


2) The principle of objective liability of the Administration for its public management. The Administration is liable for damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal operation, except for force majeure, fault of the victim, or an act of a third party. (Law 6227, art. 190.1. SALA CONSTITUCIONAL, judgments 5981/1995, 3446/1996, and 5207/2004, among others).

3) Roads and access to the public zone must be provided for in the territorial planning or Regulatory Plan, prior to the granting of the concession. (Opinion C-228-98 and Legal Opinions O. J.-074-2003 and O. J.-128-2005).


Regarding the appraisal, the comment on article 54 is reiterated.


Article 76:


In order that it may be evaluated, with a view to its correction, the following observations are made:


The norm developed by this article is article 58 of Law 6043; for concessions for agricultural and livestock purposes, it refers to the "construction of access roads to the public zone"; not to the maritime terrestrial zone, as indicated by the Draft.


Regarding the right-of-way for public roads, article 4, in relation to article 1, of the General Law on Public Roads, No. 5060/1972, does not assign the competence to INVU, nor to the ICT, but to the MOPT (Department of Labor and Road Planning, Dirección de Ingeniería) and to the municipality, to set its width on national highways and local roads, which cannot be less (minimum width) than twenty meters for the former and fourteen meters for the latter. The width of the streets shall be that determined by the Regulatory Plan, duly approved and published, which must "respond to the satisfaction of the general interest; conform to parameters of reasonableness; and adhere to the rules of science and technique, and to elementary principles of logic and convenience (articles 16 and 160 of the Ley General de la Administración Pública)." (Opinion C-070-2011). In the absence of local Regulatory Plans, the provisions set forth in the Regulation for the National Control of Subdivisions and Urbanizations (Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones) of INVU; Urban Planning Law, Transitory II and III.2.6 of that Regulation shall apply (Idem).


The term "secondary roads," paragraph 2, art. 76 of the Draft may lead to error, due to the similar nomenclature used by Law 5060/1972, General Law on Public Roads, in article 1, subsection b, for Secondary highways, as part of the Red Vial Nacional, under the administration of the MOPT (arts. 1, 2, and 4 ibid, in relation to Law 9329/2015); not of the Municipality, which could not set their width in the Regulatory Plan.


Article 77:


The article refers to the "lease" (concession) contracts, "legally granted" on lots located, totally or partially, in the public zone, "that were in effect on March 16, 1977," the publication date of Law 6043.


Bear in mind that under Law 4558, what is now called the Public Zone could not be given in lease (concession):


"Article 6.- The fifty meters of the maritime terrestrial zone from the ordinary high tide line shall be inalienable and in no case may be the object of lease or sale. Therefore, no one may claim any right over said strip, which shall be dedicated to public use for recreational, leisure, or free circulation purposes. The constructions or installations currently located in that zone may not be remodeled, and in case of their destruction, new constructions must respect that inalienable zone."


Article 78:


Regarding the usefulness of the norm, reference is made to what was stated in the previous article concerning the maximum term of validity of the "leases" in the one hundred fifty meters of what is now called the Restricted Zone (Zona Restringida) (Law 4558, art. 7).


Article 79:


By Law 6043, article 70, the verification of ten years of residence in the maritime terrestrial zone must be made "according to information from the authority of the local Guardia de Asistencia Rural or a certification from the Registro Electoral regarding the applicant's domicile." The Draft, misaligned with that law, changes the police information to "information from the national censuses." This is suggested for review, besides the fact that the census's objective is not to verify the antiquity and continuity of a person's residence in a place.


The Guardia de Asistencia Rural is a body that is part of the police forces. (Law 7410/1994, arts. 6, 21, and 22). Although, as it is in charge of general surveillance and citizen security within its territorial scope, the task entrusted by Law 6043, art. 70, may be debatable within those functions, Law 7410 assigns the police forces, among their general attributions, "those indicated in the Political Constitution, international treaties, laws, and their regulations" (art. 8, subsection o).


It has also been criticized that the "Neighborhood Letter" (Carta de vecindad) or document to be issued by the authority of the local Guardia de Asistencia Rural is produced without there being any police record regarding the residence of the inhabitants of the canton or district in question, and that in practice it corresponds rather "to the written accreditation of the private knowledge of the local police officers" or "to the accreditation of information supplied to the police authority by the interested parties themselves based on testimonial or documentary evidence, all without any legal backing or regulation." Regarding the Certification from the Registro Electoral, it has been expressed that the requirement ignores the reality lived by many people in areas far from the capital or other population centers of the country, with limitations in access to public institutions, and that the progressive regionalization process of the Registro Civil, though not of the Registro Electoral, is recent. (TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN III, votes 189 and 1617, both from 2013).


However, while the text of article 70 of Law 6043 remains in effect, the implementing Regulation must not depart from its statement, ignore it, or modify it.


The SALA TERCERA DE LA CORTE has summarized the indicated requirements as "a report from the Fuerza Pública or a certification from the Registro Civil" (judgment 1617/2014).


Without prejudice to the foregoing, in the first paragraph: after "provided that," replace "is their only property" with "is not the owner of other real estate." (Opinion C-157-1995). The inhabitants do not have ownership over the maritime terrestrial zone.


Evaluate the phrase "…having the priority of being relocated," which transforms into mandatory what Law 6043, art. 70, provides as optional: "…may be relocated…". It is recommended to maintain the text in the terms of the Law. The Tribunals have pronounced in this regard: When the planning of an area occurs, the inhabitants "may be relocated…" (SALA PRIMERA DE LA CORTE, judgment 00834/2011. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN II, vote 00277/2008, among others).


Second paragraph: if the interested party had a residence period in the maritime terrestrial zone of less than ten years before the enactment of Law 6043, they were not an inhabitant (poblador). Therefore, the term is misused.


Fourth paragraph: Because it allows the improper use of public domain land, with constructions and without any payment (Law 6043, arts. 12 and 13), it is suggested to delete the last paragraph, as it authorizes those who, without being inhabitants, have built illegally in the restricted zone and were granted a concession there, to not be charged for the use and enjoyment during the time they usufructed the improvements. In opinion C-230-97, addressed to the Manager of the ICT, it was concluded, point 2, that "The concession requests of those who have built without administrative authorization on the lands of the maritime terrestrial zone whose concession they are processing must be resolved once the procedure mandated by numeral 13 of Law 6043, which is of mandatory compliance, has been completed."


Regarding the "occupants" of the maritime terrestrial zone (last paragraph, in relation to the penultimate one), it seemingly attributes that condition to illegal "possessors," when the SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, in judgments 317-F-2008, recital XXI, and 834/2011, recital IX, clarified that "the occupants" of the maritime terrestrial zone are not the "persons introduced into said zone illicitly, as this is expressly prohibited by article 12, as was noted."


Clarify, at the end of the article, that the status of inhabitant (poblador) requires a timely and express request in that regard (hence the term applicant used in article 70 of Law 6043 and in the Draft) and an administrative act that recognizes it (TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION III, vote 321/2003, rec. III; Legal Opinions O. J. 72-2003, O. J.-39-2007, and O. J.-88-2008), as well as that it cannot be the object of assignment or transfer (SALA PRIMERA DE LA CORTE, judgments 317-F-2008 and 834-F-2011. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION III, resolutions 4163/2010 and 54/2012, among others).


Article 80:


Regarding the application of article 60 of Law 6043, which refers to numerals 93 to 95 of Law 5901, the comment made on article 28 of this Draft is reiterated.


Article 82:


As the Contraloría General de la República is assigned, in the next numeral, the function of ensuring the proper use of the income that the municipalities obtain from concessions in the maritime terrestrial zone, it is recommended to consult them on the proposed changes. The foregoing is due to the prevailing and exclusive competence that this control and oversight body of the Hacienda Pública has to rule on the legality in the management of public funds and, specifically, the use and destination of the resources that Law 6043 grants to the municipalities administering the maritime terrestrial zone. (Law 7428/1994, Organic Law of the Contraloría General de la República, arts. 1, 4, 8, 11, and 12. Opinions C-23-2003 and C-112-2003. Legal Opinion O. J-198-2003).


Without prejudice to the foregoing, for this Ministry's evaluation, it is suggested to review the following aspects:


Law 6043, article 59, establishes how the income obtained by the municipalities from concessions shall be distributed: twenty percent shall be allocated to form a fund for the payment of improvements, as provided (subsection a); forty percent shall be invested in improvement works for the tourism zones (subsection b); and the remaining forty percent shall be invested in improvement works for the canton (subsection c).


The new text does not seem to reconcile with that legislative intent, by assigning sixty percent for the improvement of tourism zones when the purchase or expropriation of private lands located within the maritime terrestrial zone is required, in addition to infrastructure works and any other necessary ones. While the cited article 59 distinguishes between improvements (subsection a) and improvement works (subsection b), the Draft merges them under the term "improvement," and allocates, it is repeated, 60% of the fees received to the tourism zones, disregarding the non-tourism ones. For the SALA PRIMERA DE LA CORTE, improvements constitute "increases, repairs, or favorable changes in pre-existing assets" (judgment 417/2000, rec. VII, and 30/2001, rec. V. See also from the same SALA PRIMERA, judgments 13/1993, 65/1994, 37/1996, 4/1998, 68/1998, 104/1998, 481/2000, 878/2001, 418/2003, 233/2005, among others. ALBALADEJO GARCÍA, MANUEL. La mejora. Edit. Servicio de Estudios del Colegio de Registradores. Madrid. 2003).


Nor does the purchase and expropriation of private lands seem to fit the concepts of improvements and improvement works, to which Law 6043 does not expressly refer in article 59, which differentiates lands from improvements in articles 8 and 16.


What the aforementioned numeral 59 allows is that if the funds allocated for payment of improvements (20%) and improvement in tourism zones (40%) are not, totally or partially, necessary for their development, at the discretion of INVU and ICT, the remainder may be allocated to other needs of the respective canton. The Draft, in addition to modifying the percentages, deletes that criterion of INVU and ICT, and omits what relates to the remaining forty percent that must be invested in improvement works for the canton (subsection c ibid).


Article 84:


First paragraph: replace "informs" (informa) with "to inform" (informar).


Second paragraph: delete "in addition" (además).


Article 128 and following of the LGAP regulate the validity and elements of the administrative act. As they must be present in all administrative acts or conducts, the reference made here is not understood. It should be recalled that if the final act suppresses a subjective right of the administered, the ordinary administrative procedure, set forth in article 308 and following ibid., must be followed. Due process includes the adequate communication of the act to the interested party.


The final part of the second paragraph suggests drafting it as follows: "The Municipality shall make due communication of the issued resolution to the interested party, shall send a copy thereof to the ICT, and shall communicate it to the General Registry of Concessions (Registro General de Concesiones), by means of a certification issued by the Municipal Secretary, so that it proceeds to nullify the corresponding registration." (The Municipal Secretary does not issue the resolution in question).


In temporal sequence, the third paragraph must precede the second.


Delete the last paragraph, as it is repetitive.


Article 86:


Following what is indicated in Law 5695/1975, article 2, subsection a, it is advisable to replace the wording with the following:

The Registry of Concessions of the Maritime Terrestrial Zone (Registro de Concesiones de la Zona Marítimo Terrestre) is part of the Registro Inmobiliario, attached to the Registro Nacional.


Article 87:


After "that are constituted," add "over the concession right."


Article 88:


In the first paragraph, replace "to refer" (remitir) with "to present" (presentar) to the Registry of Concessions. Between "the Resolution" and "issued by the ICT," insert "of approval."

In the second paragraph, assess whether instead of "The registration" (La inscripción) it is "The presentation for registration" (La presentación para la inscripción). In article 49, last paragraph, once the concession is approved, the twelve-month period (which seems excessive, as was noted) to carry out the registration procedures before the Registry of Concessions runs for "the interested party" (the concessionaire). With the wording of this article 88, the period for "The registration" would run for the Registry and would be useless (neutralized by the "except for") in "cases not attributable to the administered"; that is, attributable to the Registry. And for the Registry, the registration could not run from the date of approval of the concession by the ICT, because it is unaware of it and is subject to the principle of petition. The Draft does not clarify what would happen when the ICT does not approve the concession (for being maritime islands or islets or lands in non-tourism zones).


Add that the ICT must notify the Municipality of the approval of the concession, so that it controls the deposit of the amount corresponding to the first annual payment of the fee, which the concessionaire must make in its favor (Article 49). This aspect, with different wording, is provided for in the final part of article 84 of Decree 7841.


Article 89:


As the concessions are registered in the Registry of Concessions of the Maritime Terrestrial Zone, and not "in the tourism zones," it is suggested to move this last expression to the beginning of the paragraph.


Article 90: Replace "of this Registry" with "of the Registry of Concessions of the Maritime Terrestrial Zone."


Article 93:


In the Integral Development sector of Bahía Culebra, from Punta Cabuyal to Punta Cacique, according to the coordinates set by Law 6043, article 74, "the affected areas" are "under the direct administration of the Instituto Costarricense de Turismo."


The Draft, art. 93, reiterates that statement and specifies that said Institute shall grant the concessions "in the affected area, understood as that planned in the Master Plan of the Golfo de Papagayo Tourism Pole (Plan Maestro del Polo Turístico Golfo de Papagayo)." It seems the space planned in the Master Plan encompasses the original maritime terrestrial zone, of public domain, as well as the expropriated lands under the public ownership of the ICT within the legal delimitation.


It is suggested to delete the last sentence of the second paragraph, which provides: "The areas not planned in the Master Plan shall be governed in everything by what is established in Law 6043." This law regulates matters concerning the public domain maritime terrestrial zone, and the "Bahía Culebra" one is affected, by law, to the development of the Golfo de Papagayo Tourism Pole, with special regulations. A regulatory provision, of lower rank, could not nullify that designation, to subject the coastal strip, which must be planned in the Master Plan of the Proyecto Turístico Papagayo, only to what is established in Law 6043. And if areas not planned in the Master Plan are understood to be privately owned lands, not expropriated, within the area of influence of the Project, they could not be subjected to the public domain regime of Law 6043 without prior acquisition according to the law.


The provision under comment eliminates important aspects of the current Regulation (Decree 7841, art. 93), which it is recommended to maintain:


1) That in matters not provided for by the special legislation (Decree 25439, Law 6758, etc.), the provisions of Law 6043 and its regulations shall apply in that zone. It is a convenient "partial survival of Law 6043 and its Regulations within the Proyecto Turístico Papagayo, insofar as they are compatible with its norms: public domain status of the lands, generally attributed to the maritime terrestrial zone; concept and purpose of the public zone, etc." (Opinion C-365-2014).


The Procuraduría has expressed in several pronouncements (opinions C-210-2002, C-421-2008, and C-365-2014; Legal Opinion O. J-216-2003) that, as a useful mechanism to fill legal gaps, Law 6043 and its Regulations must govern, in a supplementary manner, within the maritime terrestrial public domain of that Tourism Project, except for areas of the Natural Heritage of the State or other public domain assets subject to a special law (waters and areas contiguous to springs that supply or could supply water to a population, national archaeological heritage, mineral resources, etc.).

2) That the ICT shall grant concessions when they conform to the Comprehensive Development Plan or Master Plan. While in the area designated for the Golfo de Papagayo Tourism Project only the works provided for in the Master Plan or in accordance with its regulations shall be carried out (Law 6758, arts. 2 and 17), and the concessionaires are obligated to comply with the provisions thereof (art. 14, Decree 25439), it is appropriate to state here expressly the duty of the ICT to conform to that Plan in granting concessions.

3) Another paragraph that the Draft suppresses from Article 93, Decree 7841, is: “Once a concession is granted, the Institute shall notify the respective municipality so that it may collect the corresponding fee.” It is best to keep it for greater clarity and regulatory unification, even though Decree 25439 contains a provision in this regard, as a responsibility of the Executive Director: “Notify the respective Municipality, once a concession has been firmly awarded or a total or partial transfer of a concession has been authorized, of the concessionaire responsible for payment of the municipal fee” (art. 3, subsection m).

Article 94:

The following must be kept in mind and the respective amendments made:

1) The release (desafectación) regarding the lands of JAPDEVA effected by Law 9205/2013 (art. 3, in relation to art. 2 and Transitory Provision III), against which a constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) is pending (expediente 14-004297-0007-CO).

2) The maintenance of the condition of public domain property (bienes de dominio público) indicated by Article 8 of that Law 9205, with the partial release and reductions of strip that it itself specifies, in the final paragraph, for the communities mentioned therein.

3) The exception to the provisions of Law 6043 regarding constructions existing in the public zone (zona pública) of the communities indicated by Article 9 of Law 9205, upon its entry into force.

4) The areas of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), in its two components: forests and forest lands, referred to in Article 13 of the Forestry Law (Ley Forestal), and protected wildlife areas (áreas silvestres protegidas) (Law 9205, arts. 8 and Transitory Provision III).

5) The lands transferred to the ICT by Law 2906/1961, Article 1, excluding those that form part of the State Natural Heritage. (Legal Opinion C-351-2006).

6) The last paragraph reproduces the second paragraph of Article 94 of Decree 7841, but changes Article 75 of Law 6043 to “Article 25” without clarifying of which Law, which must be reviewed.

Article 95:

The following aspects must be taken into account:

1) The Estero de Puntarenas was declared a Wetland (Humedal), under the administration of MINAE, under the terms of Decree 29277/2001, amended by Decrees 32349/2005 and 33327/2006.

2) Law 6043 and its Regulation are not applicable to the urban zone of the city of Puntarenas, due to the amendment made by numeral 25 of Law 9221. (Legal Opinion C-162-2015 of the Office of the Attorney General).

3) The condition of port authority granted to INCOP “on the Pacific Coast as direct administrator of port services and related, accessory, or indirect services on the docks of Puntarenas (…), and any other established on the Pacific coast of the country (Law Regulating Port Activity on the Pacific Coast, No. 8461 of October 20, 2005; constitutional judgment 6854-2005; legal opinion OJ-80-2010)”. “Given this, the Municipality of Puntarenas lacks administrative authority over the docks of the Estero de Puntarenas or those built in the future (…) without prejudice to municipal competence in matters of construction licenses (licencias constructivas).” (Legal Opinion C-162-2015).

Article 96:

To the considerations made regarding the previous article, the following is added:

1) The inadmissibility of filling in the Estero de Puntarenas and the marine areas (artificial accretion (accesión artificial)).

The Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), Article 45, prohibits activities aimed at interrupting the natural cycles of wetland ecosystems, drainage, drying out, fill (rellenos), or any other alteration of natural cycles or that causes deterioration and elimination of wetland ecosystems. Fill threatens the physical or material integrity of the Estero and marine spaces, which are part of the environment (CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgment 2063/2007, among others), and would contravene the constitutional principles of rational use of that resource and sustainable development, Articles 50 and 69 of the Constitution. (Law 7554, arts. 2, subs. c, 3, subs. c, and 4, subs. b. CONSTITUTIONAL CHAMBER, votes 2233-93, 1000-97, 6322-03; 9193, 3774, and 6938, all three from 2000; 3840-2001, 9229-2002, 4818 and 6322, both from 2003, 14288-2009, among others. Legal Opinion of the Office of the Attorney General C-162-2015).

2) In relation to construction works “within the buffer zone (zona de amortiguamiento), which corresponds to the strip between the southern limit of the Protected Wildlife Area Humedal Estero Puntarenas and Associated Mangroves and the coastline of the city of Puntarenas…”, the provisions of Article 3 of Decree 33327 must be observed, in relation to the Law Regulating Port Activity on the Pacific Coast, No. 8461/2005.

CONCLUSION

The Draft comprehensive amendment to the Regulation of Law 6043 keeps part of Decree 7841 in force and introduces some amendments that, while specifying, updating, or regulating certain aspects in a different manner, it is advisable to take note of the suggestions made for its improvement.

Sincerely,

José J. Barahona Vargas Yamileth Monestel Vargas
Advisory Attorney General Attorney of the Office of the Attorney General