OJ-055-2016 — National moratorium on the release and cultivation of genetically modified organismsMoratoria nacional a la liberación y cultivo de organismos vivos modificados (transgénicos)

Opinión Jurídica : 055 - J   del 20/04/2016   



20 de abril de 2016




OJ-055-2016




 




Sra. Hannia M. Durán Barquero




Jefa de Área




Comisión Permanente Especial de Ambiente




Asamblea Legislativa




 




Estimada señora:




 



             Con aprobación de la señora Procuradora General de la República, nos referimos al
oficio AGRO-131-2014, donde se consulta el proyecto “Ley de moratoria nacional a la liberación y
cultivo de organismos vivos modificados (transgénicos)”, expediente 18941 (La Gaceta 98 de 23 de
mayo de 2014).




 



 La iniciativa pretende declarar una moratoria sobre la liberación y cultivo de organismos vivos
modificados hasta que haya certeza y consenso científico sobre sus riesgos. Faculta a toda persona
para ser parte del proceso de verificación, suministrar sus observaciones y documentos, y solicitar
la revocatoria o revisión de cualquier decisión. La Asamblea Legislativa definirá el procedimiento y
revisará el estado de la certeza y consenso científico, previa consulta a la sociedad civil e
instituciones académicas y científicas (artículo 1). Se exceptúan los permisos vigentes, pero no
podrá ampliarse el área de siembra autorizada ni extender su aplicación a otros organismos o
realizar actividades distintas (Transitorio I). Los trámites pendientes se archivarían (Transitorio
II), y se prohíbe renovar o prorrogar los permisos (Transitorio III).




 



 Además, define organismo vivo modificado, biotecnología moderna, agroecología y sus principios
(artículo 2), y permite la investigación con organismos vivos modificados en ambientes confinados
controlados, prohibiendo los ensayos en campo y liberar los productos. Designa a la Comisión
Nacional Técnica de Bioseguridad, para supervisar y aplicar el artículo 42 de la Ley 7664, ante
incumplimientos o riesgos para el ambiente o la salud, y dispone sobre el dictado de normativa
reglamentaria por parte del Poder Ejecutivo en 3 meses (artículo 3). Sanciona la liberación o el
cultivo de estos organismos sin autorización según lo dispuesto en el numeral 99 de la Ley de
Conservación de la Vida Silvestre, salvo que se configure un delito de mayor gravedad (artículo 5);
y, declara de interés público el fomento de prácticas agroecológicas (artículo 4).




 



 Sin efectos vinculantes emitimos una opinión jurídica para colaborar en la importante función de
promulgar las leyes.  Recordamos que no procede asumir nuestra conformidad con el proyecto en los
términos del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, pues este Despacho no está
comprendido entre los órganos y entidades en él previstos.  Dentro de esta óptica, hacemos las
siguientes observaciones.




 




           




I. Concepto de organismos genéticamente modificados (OGMs)




 



 El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, adoptado el 29 de enero de 2000,
ratificado por Ley 8537 de 23 de agosto de 2006 (La Gaceta No. 227 de 27 de noviembre de 2006),
define a los organismos genéticamente modificados como “cualquier organismo vivo que posea una
combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la
biotecnología moderna” (artículo 3 inciso g), entendiendo está última como: “la aplicación de: a.
Técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la
inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos, o b. La fusión de células más allá de la
familia taxonómica, que superan las barreras fisiológicas naturales de la reproducción o de la
recombinación y que no son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicional” (artículo
3 inciso i).




 



             El artículo 2 del proyecto cita el Protocolo de Cartagena para definir “organismo vivo
modificado”.  Por su parte, la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de 1998 (La Gaceta No.
101 de 27 de mayo de 1998), define a los organismos genéticamente modificados como “cualquier
organismo alterado mediante la inserción deliberada, la delección, el rearreglo u otra manipulación
de ácido desoxirribonucleico, por medio de técnicas de ingeniería genética” (artículo 7 inciso 24).
Y, entiende por biotecnología “cualquier aplicación tecnológica que use sistemas biológicos,
organismos vivos o derivados de ellos para hacer o modificar productos o procesos de un uso
específico” (artículo 7 inciso 4), y por manipulación genética el “uso de la ingeniería genética
para producir organismos genéticamente modificados” (artículo 7 inciso 22).




 



             Y, el Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria, Decreto 26921 de 20 de marzo de
1998 (La Gaceta No. 98 de 22 de mayo de 1998), artículo 2, define como organismo transgénico:
“Cualquier organismo modificado resultante de la inserción, selección, rearreglo, manipulación del
ADN o ARN, por medio de técnicas de ingeniería genética.”




 




II. Normativa sobre investigación, desarrollo y liberación organismos genéticamente modificados




 



 El Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado por la Ley 7416 de 30 de junio de 1994 (La
Gaceta No. 143 de 28 de julio de 1994), así como el citado Protocolo de Cartagena, establecen
estándares mínimos para la investigación, el desarrollo y liberación de los organismos genéticamente
modificados, y postulan procesos con la finalidad de garantizar la seguridad, la sostenibilidad
ambiental y el acceso en condiciones justas y equitativas a los beneficios de las biotecnologías
basadas en recursos genéticos. Al respecto, dispone la sentencia constitucional 15017-2014,
considerando VI:




 



 “…Esto se enlaza claramente con el bienestar que produce la tecnología, especialmente la que puede
obtenerse de la biotecnología moderna, como una de las formas de satisfacer necesidades
fundamentales de la humanidad, como la alimentación, la agricultura sostenible y la salud humana.
Entonces, no solo se debe centrar la discusión en que existen ciertos cultivos que se hacen más
resistentes a herbicidas o el problema de la contaminación genética, sino también, en los beneficios
que incorporan ciertos nutrientes necesarios para el ser humano en los cultivos de arroz, maíz,
soya, entre otros, incluso producir plantaciones más resistentes a las sequías, entre otras
ventajas, que abre paso a la discusión con el cambio climático. El cómo se hace es también un asunto
asumido en el tratado, cuando exige las medidas legislativas, administrativas o de política, para
establecer un clima de desarrollo para la investigación o producción. De esta manera, debe proveerse
de un instrumento jurídico que produce un balance adecuado entre ambos intereses, tanto la
protección del ambiente, salud y sanidad vegetal y animal, como también el desarrollo como bienes
sociales y económicos de los pueblos (compatible con los artículos 45, 46, 47 y 50
constitucionales). De ahí que el artículo 19.3 del Convenio sobre la Diversidad Biológica hace
énfasis en un protocolo que discutiría, negociaría y limitaría la permanencia de la biotecnología,
como también para garantizar la seguridad de su uso, así como el desarrollo sustentable. Claro está,
como se explicará más adelante, no es un uso de la tecnología a la libre, por el contrario la
normativa internacional dispone de los mecanismos para materializar el principio precautorio, lo que
tiene consecuencias jurídicas de conformidad con el principio de jerarquía normativa, contenida en
el artículo 7 de la Constitución Política...”




 



             La citada sentencia 15017-2014 indica que el Protocolo de Cartagena contiene un
procedimiento de bioseguridad suficientemente completo y riguroso para la Evaluación del Riesgo de
los organismos nuevos (artículos 8, 9, 10, 12, 15 y Anexo III), y que puede complementarse con
estudios científicos diversos, lo cual no excluye las Evaluaciones de Impacto Ambiental, e incluso
otras más exigentes científicamente (Convenio sobre Diversidad Biológica, artículo 14.1.a).



 La Ley 7788, Capítulo III, regula el uso, introducción, liberación y producción de organismos
genéticamente modificados, y prevé la reglamentación de los procedimientos para el acceso a los
elementos de la biodiversidad con fines de investigación, desarrollo, producción, aplicación,
liberación o introducción de organismos modificados genéticamente o exóticos (artículo 44 ibídem).




 



 Para importar, investigar, exportar, experimentar, movilizar, liberar al ambiente, multiplicar y
comercializar vegetales transgénicos, organismos modificados genéticamente o sus productos, agentes
de control biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola, está prevista la autorización
previa del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), precedida del dictamen vinculante de la Comisión
Técnica Nacional de Bioseguridad  con las medidas para evaluar y manejar el riesgo (Ley 7664,
artículos 4, 5 inciso q), 40-42; Ley 7788, artículos 41 y 46; Decreto 26921, artículos 111-131,
133-134).




 




Sobre las funciones de esa Comisión, la sentencia constitucional 15017-2014 señala:




 



 “…la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad cumple un rol esencial en todo esto, porque el
abordaje es multidisciplinario del sector público que vela por el interés público y de la sociedad
civil que coadyuva en la observancia de ese interés. Así sus miembros son aquellos llamados a
contrarrestar los sesgos que se podría considerar provienen de los patentados o de sus detractores,
al analizar los datos de las autoridades nacionales del exportador, así como otras evidencias
científicas que respaldan la certificación del producto transgénico, todo mediante la aplicación del
procedimiento de acuerdo fundamentado previo. Este conocimiento científico reduce el grado de
opiniones personales o la libertad de criterio en una determinada materia, para llegar a resultados
más exactos en la actuación del Estado, regla que puede aparejarse al artículo 16.1 de la Ley
General de la Administración Pública cuando establece que “En ningún caso podrán dictarse actos
contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica…”




 



 A la Unidad de Organismos Genéticamente Modificados del SFE le corresponde  presidir la Comisión
Técnica Nacional de Bioseguridad en los procesos de análisis del riesgo, resolver los recursos
administrativos, modificaciones o revocatorias de autorizaciones otorgadas, según criterios
técnicos, científicos o de bioseguridad; y, las solicitudes del traslado, investigación,
experimentación, liberación al ambiente, multiplicación y comercialización de materiales
transgénicos y otros OGMs para uso agrícola o sus productos, con el fin de proteger la agricultura,
el ambiente y la salud, entre otras (Decreto 36801 de 20 de setiembre de 2011, artículos 37-38).




 




 




III.- Sobre el articulado propuesto




 



 El artículo 1 párrafos 1 y 3 del proyecto plantea declarar una moratoria sobre la liberación y
cultivo de organismos vivos modificados, hasta que haya certeza y consenso científico sobre sus
riesgos, cuyo procedimiento y revisión estaría a cargo de la Asamblea Legislativa, previa consulta a
la sociedad civil e instituciones académicas y científicas.




 



 Sin embargo, la revisión del estado de certeza y consenso científico sobre los riesgos de la
actividad, son labores técnicas de la función administrativa (artículos 9, 105 y 121
Constitucionales), y el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Protocolo de Cartagena, las Leyes
7554, 7664, 7788 y 8591, y los Decretos 26921, 36801 y 35242, contienen procedimientos para alcanzar
esos principios y objetivos.




 



 Respecto a la vigencia de las moratorias, reseñamos algunos precedentes constitucionales. Así por
ejemplo, ante un acuerdo municipal que imponía una moratoria para el otorgamiento de disponibilidad
de agua y permisos de construcción mientras se actualizaba y ponía en ejecución el plan regulador,
la sentencia constitucional 10176-2011 consideró que la frase “por el tiempo necesario” violenta los
principios de razonabilidad, propiedad y seguridad jurídica, y ordenó fijar un plazo de vigencia:




 



 “IV.-… Una primera conclusión del análisis de la norma a la luz del principio de razonabilidad es
que ella resulta inconstitucional por el solo hecho de no haberse previsto un lapso concreto… el que
se optara por no definir una frontera temporal específica, sí conlleva una restricción a los
derechos fundamentales enunciados, pero, con especial consideración al derecho a la propiedad… la
flexibilidad de no contar con un plazo fijo (aunque prorrogable) descompensa una relación entre la
Municipalidad y sus munícipes, cuando no hay acciones concretas que permitan fiscalizar conceptos
jurídicos indeterminados incluidos en el transitorio, tales como “el tiempo necesario” para
actualizar y poner en ejecución el nuevo plan regulador... Ciertamente, un lapso indefinido impone
una carga de sumo excesiva respecto del propietario de un bien inmueble, dado que la Municipalidad
no tiene que cumplir con un plazo auto-impuesto, que le permita concretar la finalización del
respectivo Plan Regulador…



 VII.-… Así, la disposición se convierte en una moratoria sin límites cuando por el contrario tienen
una naturaleza temporal, obstruye el derecho de modificar una situación jurídica relacionada con el
derecho a la propiedad privada, para mantenerla indefinidamente creando una situación de
inseguridad. En este extremo, observa la Sala que la barrera impuesta es imprecisa y muy
permisiva... Todas aquellas peticiones presentadas con posterioridad a la fecha indicada, serían
denegadas con fundamento en la norma. La ausencia de un plazo acarrea un problema de
constitucionalidad que debe resolverse primando el principio de seguridad jurídica como principio
general del derecho que asegura el respeto de los derechos fundamentales.



 VIII.- Conclusión.- Por todo lo expuesto, la acción de inconstitucionalidad debe declararse
parcialmente con lugar, por no haberse aún actualizado ni promulgado el nuevo plan regulador del
cantón de Belén y mantenerse suspendido el otorgamiento de las autorizaciones que provisionalmente
se paralizaron. En conclusión, la norma debe declararse inconstitucional por irrazonable, por
quebrantar el derecho a la propiedad y a la seguridad jurídica, y debe anularse la frase “por el
tiempo necesario”, lo que no implica un desconocimiento de la potestad del Concejo de regular las
actividades urbanísticas, sin embargo, deberá la Municipalidad de Belén fijar un plazo razonable
para promulgar el nuevo Plan Regular y regularizar el otorgamiento de disponibilidad de agua y
licencias de construcción.”




 



 La sentencia constitucional 13939-2013, al resolver un recurso de amparo interpuesto contra un
acuerdo municipal relativo a una moratoria al cultivo de la piña, dispuso:




 



 “IX.-La libertad de empresa y de comercio como derecho fundamental, íntimamente ligado, por su
naturaleza, con el derecho al trabajo y de propiedad privada, es susceptible de ser restringido por
una disposición del parámetro de convencionalidad o de constitucionalidad y, eventualmente, por la
ley, en el tanto y en el cuanto el límite respectivo sea necesario, razonable y proporcionado. En el
presente asunto, la restricción o limitación para ejercer la actividad empresarial agro-industrial
de la siembra y expansión, exportación, distribución y comercialización de la piña en el cantón de
Pococí, fue impuesta por un acuerdo del Concejo Municipal, lo que infringe directa y palmariamente
el principio constitucional de la reserva de ley en materia de restricción a los derechos
fundamentales y, por ende, quebranta la libertad de empresa y comercio. Lo anterior no obsta para
que el poder legislativo, con sustento en los estudios técnicos y científicos disponga una
restricción similar, caso en el cual se respetarían los principios constitucionales de reserva de
ley en materia de restricciones a los derechos fundamentales, interdicción de la arbitrariedad,
razonabilidad y proporcionalidad y, por ende, las libertades de empresa y comercio.” (Se agrega el
subrayado).




 



             En la misma sentencia 13939-2013, se consignaron razones separadas por parte de uno de
los magistrados indicando:




 



 “Por lo demás, aun cuando dicha libertad de empresa pueda ser válidamente limitada mediante una
moratoria si se demuestra un daño relevante a la salud o al ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, no menos cierto es que tal medida debe estar sujeta a un plazo determinado y periódicas
revisiones, toda vez que las circunstancias que en un determinado momento la justificaron, pueden
variar al hallarse soluciones a la problemática acaecida, de manera que de ninguna forma se
justifica la imposición de moratorias indefinidas.”



 En la acción de inconstitucionalidad 14-13283-0007-CO, contra el Decreto Ejecutivo 38500, el
gestionante alegó que “no fijar una data para la moratoria, convierte a este Decreto Ejecutivo en
uno de aquellos actos propios del abuso de poder por parte de la administración, violentándose el
principio de legalidad en una de sus más claras formar, en el tanto la moratoria no disponga de un
plazo concreto, esta se desnaturaliza”.  El voto 6059-2015 declaró sin lugar la acción.




 



 El artículo 1 párrafo 2  señala que cualquier persona podrá ser parte del proceso de verificación,
suministrar sus observaciones y documentos, y solicitar la revocatoria o revisión de cualquier
decisión.  Ello es acorde con el principio de participación ciudadana  previsto en la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Principio 10; Ley 7554, artículos 2 inciso a) y 6; Ley
7788, artículo 10 incisos 2 y 9.  Y, la Ley de Biodiversidad prevé la participación de cualquier
persona durante la tramitación del certificado fitosanitario de liberación al medio, así como su
posterior revisión:




 




“ARTÍCULO 47.  Oposición fundada



 Cualquier persona podrá ser parte del proceso de tramitación del permiso y suministrar por escrito
sus observaciones y documentos.



 Asimismo, podrá solicitar la revocatoria o revisión de cualquier permiso otorgado. La Oficina
Técnica de la Comisión rechazará cualquier gestión manifiestamente infundada. En el reglamento de
esta ley se definirán el plazo y procedimiento correspondientes.”  (En similar sentido, Decreto
35242, artículo 55).




 



 Asimismo, el certificado fitosanitario de liberación al medio puede ser cancelado si no se cumplen
las condiciones establecidas, en cuyo caso se ordenarán las medidas de mitigación correspondientes,
notificando al interesado las razones de la cancelación (Decreto 26921, artículo 130).




 



 La Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, No. 8591 de 28 de
junio de 2007 (La Gaceta No. 155 de 14 de agosto de 2007), exige la evidencia técnica para minimizar
el riesgo de efectos adversos:




 



 “ARTÍCULO 22.- Protección de la producción orgánica ante el riesgo de contaminación con organismos
genéticamente modificados



 Sin perjuicio de los controles establecidos en la Ley de protección fitosanitaria, Nº 7664, de 8 de
abril de 1997, los permisos para sembrar, reproducir, intercambiar o multiplicar organismos
genéticamente modificados, serán concedidos por el MAG, mediante la instancia competente.  Para
otorgar dichos permisos y en los casos en que exista una duda razonable, fundamentada en criterios
técnicos y científicos, sobre los efectos adversos que pueda tener el material transgénico en la
solicitud sobre los cultivos orgánicos presentes en la zona, el Estado le solicitará, al productor
que ha pedido permiso para sembrar transgénicos, la evidencia técnica correspondiente para minimizar
el riesgo de dichos efectos; dicha evidencia será valorada técnicamente para el otorgamiento del
permiso.  Como insumo para establecer los criterios técnicos necesarios, el procedimiento para
otorgar el permiso deberá cumplir una consulta, no vinculante, por parte de las autoridades que
deben resolver a las personas y organizaciones de personas productoras orgánicas registradas ante el
MAG que tengan presencia en la zona.



 Cuando las fincas de producción orgánica o las que se encuentran en transición a la producción
orgánica, estén expuestas a una amenaza de contaminación con organismos transgénicos, el MAG deberá
definir las medidas de protección, tales como barreras físicas adecuadas, áreas de contención y
planes de manejo, que protejan y garanticen la integridad del área; igualmente, fiscalizará la
aplicación de tales medidas.  En todos los casos, si se produce una contaminación, deberá ser
documentada en los registros de la finca y el productor orgánico se comunicará en forma inmediata
con la agencia certificadora.  Los productos que se encuentren en tal situación deberán ser
identificados y separados del resto.



 Si se comprueba la producción no autorizada de transgénicos en áreas aledañas o cercanas a las de
producción orgánica, de inmediato los funcionarios del MAG, deberán tomar las medidas necesarias
para evitar la contaminación de los cultivos orgánicos y del ambiente.  Para esto, dentro del marco
del debido proceso, deberán recabar el material probatorio para los eventuales procesos judiciales. 
Para estos efectos, el MAG contará con las potestades establecidas en el artículo 42 de la Ley de
protección fitosanitaria, N.º 7664, de 8 de abril de 1997.  En tales casos, el MAG deberá realizar
los estudios correspondientes, para los efectos de descartar o determinar los daños y perjuicios
ocasionados a la producción orgánica.”




 



 Además, el artículo 21 de la Ley 8591 y el Decreto 35242 de 18 de noviembre de 2008 (La Gaceta No.
107 de 4 de junio de 2009), Capítulo X, relativo al Acceso y protección de las semillas criollas y
protección ante los organismos genéticamente modificados, contienen medidas para prevenir la
contaminación en la actividad agropecuaria orgánica, tales como: el registro público, permanente y
actualizado de áreas de producción de OGMs y orgánicas, y su separación física mediante distancias
de seguridad (artículo 54); la consulta no vinculante a productores orgánicos registrados; la
exigencia de evidencia científica para minimizar el riesgo de efectos negativos sobre la producción
orgánica, que contemple los impactos potenciales a la salud y biodiversidad, los del paquete
tecnológico asociado a la introducción de OGMs, y los conocimientos, innovaciones y prácticas de las
comunidades locales e indígenas, conforme a la Convención de Diversidad Biológica (artículo 55); la
eliminación de cultivos transgénicos no autorizados en áreas cercanas a los orgánicos, y la
correspondiente valoración de los daños (artículo 57).




 



 El artículo 3 párrafo 1 del proyecto permite únicamente la investigación con organismos vivos
modificados en ambientes confinados controlados, y prohíbe los ensayos en campo y liberar los
productos.



 No obstante, cabe considerar que la normativa citada contempla medidas preventivas, procedimientos
para la investigación, el desarrollo y liberación de los organismos genéticamente modificados, así
como el régimen sancionatorio, y sólo en caso de alcanzar el grado de bioseguridad requerido es
factible autorizar las etapas de ensayo en campo, desarrollo y liberación de los productos. 




 



 Asimismo, la sentencia constitucional 15017-2014 dispone que el tratamiento generalizado de los
organismos genéticamente modificados no es acorde con el Protocolo de Cartagena:




 



 “…Un tratamiento generalizado en el trato de los OGM u OVM no es compatible con los principios y la
doctrina que emana del Protocolo de Cartagena. En este sentido, esas protecciones deben ser
racionales, balanceadas, consecuentes y no pueden contradecir las existentes, acordadas por los
Estados miembros de los mencionados tratados internacionales; los pueden ampliar teniendo como
referente la ciencia, nunca disminuir.”




 



 Sobre las diversas posturas para prohibir o no las prácticas relacionadas con los organismos
genéticamente modificados, el citado voto 15017-2014 añade:




 



 “En un extremo, algunos apuntan a problemas apocalípticos de la tecnología por daños irreparables a
los ecosistemas, como a la salud humana; en el otro, a la panacea de la agricultura: a la seguridad
que tienen y la forma de alimentar a los millones de seres humanos que la tierra tiene
insuficientemente nutridos. En el centro del debate abundan los análisis, evaluaciones e
investigaciones científicas que les son instrumentales, que se atribuyen la autoridad para sustentar
cualquiera de los dos extremos señalados o para descalificarlos. Contrastado todo lo anterior, tanto
en nuestro país como en otros países del mundo se practican las agriculturas tradicionales, y las
nuevas tecnologías, como es lógico desde un punto de vista económico y de eficiencia, se producen en
menor escala productos orgánicos frente a los procesos más industrializados, con las limitaciones
propias de cada una de las técnicas, especialmente para la salud humana, donde los primeros
normalmente se cotizan con valores más elevados por sus cuidados más intensos, como también por su
limitada oferta; mientras que los otros de producción en masa, son más abundantes, pero requieren de
mayores cuidados al ingerirlos. Incluso, en ciertos lugares del orbe, una gran mayoría de los
productos destinados a la alimentación de la población y de los productos que se destinan a la
manufactura de medicinas, provienen de los procesos de industrialización que combinan variedades
mejoradas, mezcladas con el uso de irrigación, de plaguicidas y fertilizantes para el control de las
malezas, plagas, o suplir nutrientes para mejorar sus condiciones de desarrollo y sus cosechas. El
sentido común nos aconseja conducimos de una determinada manera frente a actividades que contienen
riesgos, donde el quid del asunto está en determinar si los mismos son probables, evaluables v
controlables. De ahí que ciertamente el asunto nos lleva a la forma en que son aprobados los
respectivos procesos de evaluación del riesgo de los productos más nuevos de la tecnología. Todo lo
anterior, sin olvidar, antes de todo ello, que solo Argentina, Brasil, Canadá, y los Estados Unidos
de América, destinan una décima parte de sus áreas cultivables a los productos de la biotecnología,
en la que, a su vez, concentran el 90% de la producción de los productos GMO del mundo. Al día de
hoy no se ha demostrado, dentro de una población como la norteamericana, con una tradición
institucional sostenida y con una sociedad civil altamente organizada y litigiosa, una consecuencia
causante de enfermedades por el consumo de este tipo de productos. Las organizaciones que evalúan
los productos para el consumo humano o incluso los instrumentos legales en el orden internacional,
no prohíben los productos transgénicos de forma generalizada, sino caso por caso con base en un
sistema complejo de evaluación, que establece las limitaciones en respuesta a los riesgos en el ser
humano o en el medio ambiente, por producto, y sin descartar, su prohibición cuando lo amerite; por
el contrario, los productos circulan libremente porque quedan autorizados por las instituciones
nacionales encargadas de velar por la salud y el ambiente, incluidos los del orden internacional
público. Por otra parte, la Asociación Americana para el Mejoramiento de la Ciencia, la Organización
Mundial de la Salud y la Unión Europea, una vez analizados los organismos genéticamente modificados
mantienen niveles de seguridad que no ameritan prohibirse. Aunque en honor a la verdad, hay varios
países de la Unión Europea que los han prohibido, tal es el caso más reciente de Francia v Polonia.
Lo cierto es que otros organismos nacionales e internacionales no lo sostienen así, de modo que esta
debe ser la base de la discusión. Incluso, puede afirmarse que mucha de la discusión actual reside
en las simples preferencias personales, que no deben ser impuestas por un sector a otro, sin que en
efecto exista prueba científica que respalde cualquier tipo de prohibición, teniendo como guía que
vivimos en una sociedad compleja pero articulada que requiere balancear la libertad con la
autoridad. En este sentido, se reitera que no se ha llegado a recomendar la eliminación de la
técnica, como tampoco se prevé tal medida. La propia Procuraduría General de la República admite que
no existe evidencia científica que apunte necesariamente a la necesidad de proscribir este tipo de
alimentos. Recientemente la FAO ha venido introduciendo conceptos de Desarrollo Verde denominados en
Inglés “Sustainable Production Intensification” (SPI) y “Climate Smart Agricultura” (CSA), es decir,
por su orden “Intensificación Sustentable de la Producción” (ISP) y “Agricultura Climáticamente
Inteligente”. Más aún, en los países de la región asiática y del pacífico, la FAO mantiene el
criterio de que se necesita incrementar la capacidad de producción de las tierras arables en un 60%
para satisfacer las necesidades alimentarias del futuro de esos pueblos del mundo (estimado para el
2050). Pero los datos que ofrece ese estudio son aún más difíciles para los países en desarrollo
porque el incremento deberá ser de un 77% si la población se incrementara en un 98%, según las
estimaciones. Por ello, la FAO llama a unir esfuerzos para alcanzar una “segunda revolución verde”,
lo que indudablemente conlleva a la paradoja del uso de nuevas tecnologías, como la biotecnología.”




 



 El artículo 3 párrafo 2 designa a la Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad para supervisar las
actividades y aplicar el artículo 42 de la Ley 7664. Actualmente esas funciones están atribuidas a
la Unidad de Organismos Genéticamente Modificados del Servicio Fitosanitario del Estado.




 



 Respecto al artículo 3 párrafo 3, valga anotar que el Decreto 26921 regula el trámite para la
obtención de las autorizaciones y establece que toda persona física o jurídica que pretenda liberar
al medio o importar transgénicos o sus productos requiere el certificado fitosanitario de liberación
al medio (artículos 2, 117 y 118).  Al efecto, la citada sentencia constitucional 15017-2014,
considerando VI, estimó:




 




 



 “…no sería procedente considerar la inconstitucionalidad de la normativa, cuando visto el tema
desde esta arista, la investigación, el desarrollo y la liberación dentro de nuestras fronteras de
los OGM u OVM, podría materializarse siempre y cuando los productos transgénicos importados, o
aquellos creados en el país, indistintamente, reciban el respectivo certificado fitosanitario
otorgado con base en la legislación actualmente existente.”




 




 



 En cuanto al artículo 4, el numeral 4 de la Ley 8591 declaró de interés público la actividad
agropecuaria orgánica, y, el ordinal 3 de la Ley 7779 contiene esa declaratoria para el manejo,
conservación y recuperación de suelos.




 



 El artículo 5 del proyecto propone que la liberación o el cultivo de estos organismos sin
autorización sea sancionada según el artículo 99 de la Ley 7317, salvo delito de mayor gravedad. 




 



 Ante ello, cabe tomar en cuenta que además de la cancelación de permisos y eliminación de cultivos,
el artículo 73 de la Ley de Protección Fitosanitaria sanciona con prisión de 3 a 10 años a quien con
intención de causar daños a la agricultura, el ambiente o la salud, importe, libere o comercialice
vegetales transgénicos u otros organismos modificados genéticamente o sus productos, agentes de
control biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola.




 



 Es conveniente consultar el criterio técnico y especializado de las autoridades administrativas
competentes, para que el tema se aborde con el fundamento técnico que amerita (opinión jurídica
OJ-166-2006), tomando en cuenta las atribuciones del Servicio Fitosanitario del Estado y la Comisión
Técnica Nacional de Bioseguridad.




 




 




 




Conclusión




 



 En razón de lo anterior, la aprobación o no del proyecto se enmarca dentro del ámbito de la
política legislativa, donde ha de observarse el Derecho de la Constitución, la razonabilidad y
proporcionalidad de la medida.




 




Cordialmente,




 




 




 



                                                                                   Silvia Quesada
Casares




                                                                                         Procuradora




 




SQC/hmu

Legal Opinion: 055-J of 04/20/2016

April 20, 2016

OJ-055-2016

Ms. Hannia M. Durán Barquero
Area Head
Special Permanent Environmental Commission
Legislative Assembly

Dear Ms. Durán:

With the approval of the Attorney General of the Republic, we refer to official communication AGRO-131-2014, which consults on the bill "Ley de moratoria nacional a la liberación y cultivo de organismos vivos modificados (transgénicos)", expediente 18941 (La Gaceta 98 of May 23, 2014).

The initiative seeks to declare a moratorium on the release and cultivation of modified living organisms until there is scientific certainty and consensus regarding their risks. It empowers any person to be a party to the verification process, provide their observations and documents, and request the revocation or review of any decision. The Legislative Assembly shall define the procedure and review the state of scientific certainty and consensus, after prior consultation with civil society and academic and scientific institutions (article 1). Existing permits are exempted, but the authorized planting area may not be expanded, nor may their application be extended to other organisms or different activities undertaken (Transitory Provision I). Pending proceedings would be archived (Transitory Provision II), and the renewal or extension of permits is prohibited (Transitory Provision III).

Furthermore, it defines modified living organism, modern biotechnology, agroecology, and its principles (article 2), and permits research with modified living organisms in controlled confined environments, prohibiting field trials and releasing the products. It designates the Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad to supervise and apply article 42 of Ley 7664 in the event of non-compliance or risks to the environment or health, and provides for the issuance of regulatory provisions by the Executive Branch within 3 months (article 3). It penalizes the unauthorized release or cultivation of these organisms according to the provisions of numeral 99 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, unless a more serious crime is constituted (article 5); and declares the promotion of agroecological practices to be in the public interest (article 4).

Without binding effect, we issue a legal opinion to collaborate in the important function of enacting laws. We recall that it is not appropriate to assume our conformity with the bill under the terms of article 157 of the Reglamento de la Asamblea Legislativa, since this Office is not included among the bodies and entities contemplated therein. From this perspective, we make the following observations.

I. Concept of genetically modified organisms (GMOs)

The Cartagena Protocol on Biosafety, adopted on January 29, 2000, ratified by Ley 8537 of August 23, 2006 (La Gaceta No. 227 of November 27, 2006), defines genetically modified organisms as "any living organism that possesses a novel combination of genetic material obtained through the use of modern biotechnology" (article 3, subsection g), the latter being understood as: "the application of: a. In vitro nucleic acid techniques, including recombinant deoxyribonucleic acid (DNA) and direct injection of nucleic acid into cells or organelles, or b. Fusion of cells beyond the taxonomic family, that overcome natural physiological reproductive or recombination barriers and that are not techniques used in traditional breeding and selection" (article 3, subsection i).

Article 2 of the bill cites the Cartagena Protocol to define "modified living organism." For its part, the Ley de Biodiversidad, No. 7788 of April 30, 1998 (La Gaceta No. 101 of May 27, 1998), defines genetically modified organisms as "any organism altered through the deliberate insertion, deletion, rearrangement, or other manipulation of deoxyribonucleic acid, by means of genetic engineering techniques" (article 7, subsection 24). And it understands biotechnology to mean "any technological application that uses biological systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or modify products or processes for specific use" (article 7, subsection 4), and genetic manipulation as the "use of genetic engineering to produce genetically modified organisms" (article 7, subsection 22).

And, the Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria, Decreto 26921 of March 20, 1998 (La Gaceta No. 98 of May 22, 1998), article 2, defines a transgenic organism as: "Any modified organism resulting from the insertion, selection, rearrangement, manipulation of DNA or RNA, by means of genetic engineering techniques."

II. Regulations on the research, development, and release of genetically modified organisms

The Convention on Biological Diversity, ratified by Ley 7416 of June 30, 1994 (La Gaceta No. 143 of July 28, 1994), as well as the aforementioned Cartagena Protocol, establish minimum standards for the research, development, and release of genetically modified organisms, and postulate processes aimed at guaranteeing safety, environmental sustainability, and access under fair and equitable conditions to the benefits of biotechnologies based on genetic resources. In this regard, constitutional judgment 15017-2014, Considerando VI, states:

"…This is clearly linked to the well-being produced by technology, especially that which can be obtained from modern biotechnology, as one of the ways to satisfy fundamental needs of humanity, such as food, sustainable agriculture, and human health. Therefore, the discussion should not only focus on the existence of certain crops that are made more resistant to herbicides or the problem of genetic contamination, but also on the benefits that incorporate certain nutrients necessary for human beings in rice, corn, and soy crops, among others, even producing plantations more resistant to droughts, among other advantages, which opens the way for discussion regarding climate change. How this is done is also a matter addressed in the treaty, when it requires legislative, administrative, or policy measures to establish a climate for development of research or production. In this way, a legal instrument must be provided that produces an adequate balance between both interests: environmental protection and plant and animal health and safety, as well as development as social and economic goods of peoples (compatible with constitutional articles 45, 46, 47, and 50). Hence, article 19.3 of the Convention on Biological Diversity emphasizes a protocol that would discuss, negotiate, and limit the permanence of biotechnology, as well as guarantee the safety of its use and sustainable development. Of course, as will be explained later, this is not a free use of technology; on the contrary, international regulations provide mechanisms to materialize the precautionary principle, which has legal consequences in accordance with the principle of normative hierarchy, contained in article 7 of the Constitución Política..."

The cited judgment 15017-2014 indicates that the Cartagena Protocol contains a sufficiently complete and rigorous biosafety procedure for the Risk Assessment of new organisms (articles 8, 9, 10, 12, 15, and Annex III), and that it can be supplemented with diverse scientific studies, which does not exclude environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental), and even others that are more scientifically demanding (Convention on Biological Diversity, article 14.1.a).

Ley 7788, Chapter III, regulates the use, introduction, release, and production of genetically modified organisms, and provides for the regulation of procedures for access to elements of biodiversity for research, development, production, application, release, or introduction of genetically modified or exotic organisms (article 44 ibidem).

To import, research, export, experiment, mobilize, release into the environment, multiply, and commercialize transgenic plants, genetically modified organisms or their products, biological control agents, and other types of organisms for agricultural use, prior authorization from the Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) is required, preceded by the binding opinion of the Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad with measures to assess and manage risk (Ley 7664, articles 4, 5 subsection q), 40-42; Ley 7788, articles 41 and 46; Decreto 26921, articles 111-131, 133-134).

Regarding the functions of this Commission, constitutional judgment 15017-2014 states:

"…the Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad plays an essential role in all of this because the approach is multidisciplinary, involving the public sector, which safeguards the public interest, and civil society, which assists in observing that interest. Thus, its members are those called upon to counteract the biases that could be considered to come from patent holders or their detractors, when analyzing data from the exporter's national authorities, as well as other scientific evidence supporting the certification of the transgenic product, all through the application of the advance informed agreement procedure. This scientific knowledge reduces the degree of personal opinions or freedom of criteria in a specific matter, to arrive at more accurate results in the actions of the State, a rule that can be paired with article 16.1 of the Ley General de la Administración Pública when it establishes that 'In no case may acts contrary to the unequivocal rules of science or technique be dictated…'"

The Unidad de Organismos Genéticamente Modificados of the SFE is responsible for presiding over the Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad in risk analysis processes, resolving administrative appeals, modifications, or revocations of granted authorizations, according to technical, scientific, or biosafety criteria; and requests for the transfer, research, experimentation, release into the environment, multiplication, and commercialization of transgenic materials and other GMOs for agricultural use or their products, in order to protect agriculture, the environment, and health, among others (Decreto 36801 of September 20, 2011, articles 37-38).

III.- Regarding the proposed articles

Article 1, paragraphs 1 and 3, of the bill proposes declaring a moratorium on the release and cultivation of modified living organisms until there is scientific certainty and consensus regarding their risks, the procedure and review of which would be the responsibility of the Legislative Assembly, after prior consultation with civil society and academic and scientific institutions.

However, the review of the state of scientific certainty and consensus regarding the risks of the activity are technical tasks of the administrative function (Constitutional articles 9, 105, and 121), and the Convention on Biological Diversity, the Cartagena Protocol, Laws 7554, 7664, 7788, and 8591, and Decrees 26921, 36801, and 35242 contain procedures to achieve those principles and objectives.

Regarding the validity of moratoriums, we review some constitutional precedents. For example, regarding a municipal agreement imposing a moratorium on granting water availability and construction permits while the regulatory plan was being updated and implemented, constitutional judgment 10176-2011 considered that the phrase "for the time necessary" violates the principles of reasonableness, property, and legal certainty, and ordered a validity period to be set:

"IV.-… A first conclusion from the analysis of the norm in light of the principle of reasonableness is that it is unconstitutional by the mere fact of not having provided for a specific period… opting not to define a specific time boundary does entail a restriction on the stated fundamental rights, but, with special consideration to the right to property… the flexibility of not having a fixed term (though extendable) unbalances a relationship between the Municipality and its residents, when there are no concrete actions allowing for oversight of indeterminate legal concepts included in the transitory provision, such as 'the time necessary' to update and implement the new regulatory plan... Certainly, an indefinite period imposes an excessively burdensome requirement on a property owner, given that the Municipality does not have to comply with a self-imposed deadline allowing it to complete the respective Plan Regulador…

VII.-… Thus, the provision becomes an unlimited moratorium when, on the contrary, they have a temporary nature; it obstructs the right to modify a legal situation related to the right to private property, maintaining it indefinitely and creating a situation of insecurity. In this regard, the Chamber observes that the imposed barrier is imprecise and very permissive... All petitions submitted after the indicated date would be denied based on the norm. The absence of a deadline causes a constitutional problem that must be resolved by prioritizing the principle of legal certainty as a general principle of law that ensures respect for fundamental rights.

VIII.- Conclusion.- For all the foregoing, the unconstitutionality action must be partially granted, because the new regulatory plan for the canton of Belén has not yet been updated or promulgated, and the granting of authorizations that were provisionally suspended remains halted. In conclusion, the norm must be declared unconstitutional for being unreasonable, for violating the right to property and legal certainty, and the phrase 'for the time necessary' must be annulled, which does not imply a disregard for the Council's power to regulate urban activities; however, the Municipality of Belén must set a reasonable deadline to promulgate the new Regular Plan and regularize the granting of water availability and construction licenses."

Constitutional judgment 13939-2013, when resolving an amparo appeal filed against a municipal agreement regarding a moratorium on pineapple cultivation, ordered:

"IX.- The freedom of enterprise and commerce as a fundamental right, intimately linked, by its nature, with the right to work and private property, is susceptible to being restricted by a provision of conventionality or constitutionality parameters and, eventually, by law, insofar as the respective limitation is necessary, reasonable, and proportional. In the present matter, the restriction or limitation on exercising the agro-industrial business activity of planting and expanding, exporting, distributing, and commercializing pineapple in the canton of Pococí was imposed by a Municipal Council agreement, which directly and clearly infringes the constitutional principle of legal reserve in matters of restricting fundamental rights and, therefore, violates the freedom of enterprise and commerce. The foregoing does not prevent the legislative branch, based on technical and scientific studies, from ordering a similar restriction, in which case the constitutional principles of legal reserve in matters of restricting fundamental rights, prohibition of arbitrariness, reasonableness, and proportionality, and, therefore, the freedoms of enterprise and commerce, would be respected." (Underlining added).

In the same judgment 13939-2013, separate reasons were recorded by one of the justices, indicating:

"Moreover, even though said freedom of enterprise can be validly limited by means of a moratorium if significant damage to health or to a healthy and ecologically balanced environment is demonstrated, it is no less true that such a measure must be subject to a specific term and periodic reviews, since the circumstances that justified it at a particular time may change upon finding solutions to the problems that occurred, such that the imposition of indefinite moratoriums is in no way justified."

In unconstitutionality action 14-13283-0007-CO, against Decreto Ejecutivo 38500, the petitioner alleged that "not setting a date for the moratorium turns this Decreto Ejecutivo into one of those acts characteristic of abuse of power by the administration, violating the principle of legality in one of its clearest forms, insofar as the moratorium does not provide a specific term, it becomes distorted." Voto 6059-2015 dismissed the action.

Article 1, paragraph 2, states that any person may be a party to the verification process, provide their observations and documents, and request the revocation or review of any decision. This is consistent with the principle of citizen participation provided for in the Rio Declaration on Environment and Development, Principle 10; Ley 7554, articles 2, subsection a) and 6; Ley 7788, article 10, subsections 2 and 9. And, the Ley de Biodiversidad provides for the participation of any person during the processing of the phytosanitary certificate for release into the environment, as well as its subsequent review:

"ARTICLE 47. Founded Opposition

Any person may be a party to the permit processing procedure and provide their observations and documents in writing.

Likewise, they may request the revocation or review of any granted permit. The Technical Office of the Commission shall reject any manifestly unfounded motion. The regulations of this law shall define the corresponding term and procedure." (In a similar sense, Decreto 35242, article 55).

Likewise, the phytosanitary certificate for release into the environment may be canceled if the established conditions are not met, in which case the corresponding mitigation measures shall be ordered, notifying the interested party of the reasons for the cancellation (Decreto 26921, article 130).

The Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, No. 8591 of June 28, 2007 (La Gaceta No. 155 of August 14, 2007), requires technical evidence to minimize the risk of adverse effects:

"ARTICLE 22.- Protection of organic production against the risk of contamination by genetically modified organisms

Without prejudice to the controls established in the Ley de protección fitosanitaria, No. 7664, of April 8, 1997, permits to plant, reproduce, exchange, or multiply genetically modified organisms shall be granted by the MAG, through the competent body. To grant said permits, and in cases where there is reasonable doubt, based on technical and scientific criteria, regarding the adverse effects that the transgenic material in the application may have on organic crops present in the area, the State shall request the producer who has requested permission to plant transgenic crops to provide the corresponding technical evidence to minimize the risk of such effects; said evidence shall be technically assessed for the granting of the permit. As input for establishing the necessary technical criteria, the procedure for granting the permit must include a non-binding consultation by the deciding authorities with the persons and organizations of organic producers registered with the MAG that have a presence in the area.

When organic production farms or those in transition to organic production are exposed to a threat of contamination by transgenic organisms, the MAG must define protection measures, such as adequate physical barriers, containment areas, and management plans, that protect and guarantee the integrity of the area; likewise, it shall supervise the application of such measures. In all cases, if contamination occurs, it must be documented in the farm records, and the organic producer shall immediately contact the certifying agency. Products in such a situation must be identified and separated from the rest.

If unauthorized production of transgenic crops is proven in areas surrounding or near organic production areas, MAG officials must immediately take the necessary measures to prevent contamination of organic crops and the environment. For this purpose, within the framework of due process, they must collect evidentiary material for any eventual judicial proceedings. For these effects, the MAG shall have the powers established in article 42 of the Ley de protección fitosanitaria, No. 7664, of April 8, 1997. In such cases, the MAG must conduct the corresponding studies to rule out or determine the damages caused to organic production."

Furthermore, article 21 of Ley 8591 and Decreto 35242 of November 18, 2008 (La Gaceta No. 107 of June 4, 2009), Chapter X, regarding Access and protection of native seeds and protection against genetically modified organisms, contain measures to prevent contamination in organic agricultural activity, such as: the public, permanent, and updated registry of GMO and organic production areas, and their physical separation through safety distances (article 54); the non-binding consultation with registered organic producers; the requirement for scientific evidence to minimize the risk of negative effects on organic production, which contemplates the potential impacts on health and biodiversity, those of the technological package associated with the introduction of GMOs, and the knowledge, innovations, and practices of local and indigenous communities, in accordance with the Convention on Biological Diversity (article 55); the elimination of unauthorized transgenic crops in areas near organic ones, and the corresponding assessment of damages (article 57).

Article 3, paragraph 1, of the bill only permits research with modified living organisms in controlled confined environments and prohibits field trials and releasing the products.

However, it should be considered that the cited regulations contemplate preventive measures, procedures for research, development, and release of genetically modified organisms, as well as the sanctioning regime, and only if the required degree of biosafety is achieved is it feasible to authorize the stages of field testing, development, and release of the products.

Likewise, constitutional judgment 15017-2014 orders that generalized treatment of genetically modified organisms is not consistent with the Cartagena Protocol:

"…A generalized treatment of GMOs or LMOs is not compatible with the principles and doctrine emanating from the Cartagena Protocol. In this sense, those protections must be rational, balanced, consistent, and cannot contradict the existing ones agreed upon by the member States of the mentioned international treaties; they can expand upon them using science as a reference, but never diminish them."

Regarding the various positions on whether or not to prohibit practices related to genetically modified organisms, the cited voto 15017-2014 adds:

"At one extreme, some point to apocalyptic problems of technology causing irreparable damage to ecosystems and human health; at the other, to the panacea of agriculture: the safety they possess and the way to feed the millions of undernourished human beings on earth. At the center of the debate, abundant analyses, evaluations, and scientific investigations serve as instruments, claiming authority to support either of the two extremes mentioned or to disqualify them. Contrasting all of the above, both in our country and in other countries of the world, traditional agricultures are practiced, and new technologies, as is logical from an economic and efficiency standpoint, produce organic products on a smaller scale compared to more industrialized processes, with the limitations inherent to each technique, especially for human health, where the former are normally priced higher due to their more intensive care, as well as their limited supply; while mass-produced ones are more abundant but require greater care when ingested. Even in certain parts of the world, a large majority of products destined for the population's food supply and products used in medicine manufacturing come from industrialization processes combining improved varieties mixed with the use of irrigation, pesticides, and fertilizers for weed and pest control, or to supply nutrients to improve their development conditions and harvests. Common sense advises us to behave in a certain way when facing activities containing risks, where the crux of the matter lies in determining whether those risks are probable, assessable, and controllable. Hence, the matter certainly leads us to the way the respective risk assessment processes for the newest technology products are approved. All of the above, without forgetting, before all else, that only Argentina, Brazil, Canada, and the United States of America dedicate a tenth of their arable land to biotechnology products, where, in turn, they concentrate 90% of the world's production of GMO products. To date, no disease-causing consequence from the consumption of this type of product has been demonstrated within a population like the North American one, with a sustained institutional tradition and a highly organized and litigious civil society. The organizations that evaluate products for human consumption, or even the legal instruments at the international level, do not prohibit transgenic products in a generalized manner, but rather on a case-by-case basis based on a complex evaluation system that establishes limitations in response to risks to humans or the environment, per product, and without ruling out their prohibition when warranted; on the contrary, products circulate freely because they are authorized by the national institutions responsible for safeguarding health and the environment, including those of the international public order. On the other hand, the American Association for the Advancement of Science, the World Health Organization, and the European Union, having analyzed genetically modified organisms, maintain safety levels that do not warrant prohibition. Although, in all fairness, several countries of the European Union have prohibited them, as is the most recent case of France and Poland. The truth is that other national and international organizations do not hold that view, so this must be the basis for discussion. It can even be stated that much of the current discussion lies in simple personal preferences, which should not be imposed by one sector upon another without actual scientific proof supporting any type of prohibition, guided by the fact that we live in a complex but articulated society that requires balancing freedom with authority. In this sense, it is reiterated that the recommendation to eliminate the technique has not been reached, nor is such a measure envisioned. The Procuraduría General de la República itself admits that there is no scientific evidence necessarily pointing to the need to proscribe this type of food. Recently, the FAO has been introducing Green Development concepts called in English 'Sustainable Production Intensification' (SPI) and 'Climate Smart Agriculture' (CSA). Furthermore, in the countries of the Asian and Pacific region, the FAO maintains the criterion that the production capacity of arable lands needs to increase by 60% to meet the future food needs of those peoples of the world (estimated for 2050). But the data offered by that study are even more difficult for developing countries because the increase would need to be 77% if the population increases by 98%, according to estimates. For this reason, the FAO calls for uniting efforts to achieve a 'second green revolution,' which undoubtedly leads to the paradox of using new technologies, such as biotechnology."

Article 3, paragraph 2, designates the Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad to supervise activities and apply article 42 of Ley 7664. Currently, these functions are assigned to the Unidad de Organismos Genéticamente Modificados of the Servicio Fitosanitario del Estado.

Regarding Article 3, paragraph 3, it is worth noting that Decree 26921 regulates the procedure for obtaining authorizations and establishes that any natural or legal person that intends to release into the environment or import genetically modified organisms (transgénicos) or their products requires the phytosanitary certificate of release into the environment (certificado fitosanitario de liberación al medio) (Articles 2, 117, and 118). In this regard, the cited constitutional judgment 15017-2014, considering VI, held:


“...it would not be appropriate to consider the unconstitutionality of the regulations, when, viewed from this angle, the research, development, and release within our borders of GMOs or LMOs could materialize as long as the imported transgenic products, or those created in the country, regardless, receive the respective phytosanitary certificate (certificado fitosanitario) granted based on currently existing legislation.”


With respect to Article 4, section 4 of Law 8591 declared organic agricultural activity (actividad agropecuaria orgánica) to be of public interest, and section 3 of Law 7779 contains that declaration for the management, conservation, and recovery of soils (suelos).


Article 5 of the bill proposes that the release or cultivation of these organisms without authorization be sanctioned according to Article 99 of Law 7317, except in the case of a more serious crime.


In light of this, it should be taken into account that, in addition to the cancellation of permits and elimination of crops, Article 73 of the Phytosanitary Protection Law (Ley de Protección Fitosanitaria) punishes with imprisonment of 3 to 10 years anyone who, with intent to cause damage to agriculture, the environment, or health, imports, releases, or commercializes transgenic plants (vegetales transgénicos) or other genetically modified organisms or their products, biological control agents (agentes de control biológico), and other types of organisms for agricultural use.


It is advisable to consult the technical and specialized opinion of the competent administrative authorities, so that the matter is addressed with the technical foundation it merits (legal opinion OJ-166-2006), taking into account the powers of the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado) and the National Technical Biosafety Commission (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad).




Conclusion


In light of the foregoing, the approval or rejection of the bill falls within the scope of legislative policy, in which the Law of the Constitution, reasonableness, and proportionality of the measure must be observed.


Sincerely,




Silvia Quesada Casares
Procuradora


SQC/hmu