OJ-092-2016 — Constitutionality of Ecuador Cooperation Agreement on Cultural Property ProtectionAdecuación constitucional del Convenio con Ecuador sobre protección de bienes culturales

Opinión Jurídica : 092 - J   del 12/08/2016   



OJ-092-2016




12 de agosto del 2016                                       




 




 




Licenciada




Flor Sánchez Rodríguez




Jefa de Área




Comisión Permanente de Relaciones Internacionales




Asamblea Legislativa




 




Estimada Licenciada:




 



 Con la aprobación de la señora Procuradora General Adjunta de La República, nos referimos a su
oficio número CRI-234-2015 de fecha 5 de octubre del 2015, en el cual solicita emitir criterio en
relación con el proyecto de ley denominado, “Aprobación del Convenio de Cooperación entre el
Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Ecuador, para la
protección, conservación, recuperación y restitución de bienes del patrimonio cultural, que hayan
sido materia de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico y/o comercialización ilícitos”, tramitado
bajo expediente 19.615.



 Antes de referirnos al proyecto que se nos consulta, debemos indicar el alcance de este
pronunciamiento, ya que según la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República no es
posible emitir dictámenes con carácter vinculante cuando lo que se consulta es un proyecto de ley.



 El artículo 4 de nuestra Ley Orgánica, le otorga a la Procuraduría una competencia asesora en
relación con los órganos de la Administración Pública, quienes “por medio de los jerarcas de los
diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la
Procuraduría”.  Criterios que resultan vinculantes para las dependencias administrativas
consultantes, según lo señalado en el artículo 2.



 La jurisprudencia administrativa de este Órgano Asesor, reconoce la posibilidad de que la Asamblea
Legislativa pueda consultar aspectos relacionados con la labor administrativa que desempeña de
manera excepcional a su actividad principal, en cuyo caso los dictámenes emitidos serán
vinculantes.  Sin embargo, tratándose de consultas relacionadas con la labor legislativa que el
Órgano desarrolla, nos encontramos imposibilitados de emitir criterios vinculantes, en el tanto
dicha competencia escapa a lo señalado en la normativa que nos rige, a pesar de ello y con el fin de
colaborar, se emitirá criterio sobre el proyecto de ley bajo análisis, no sin antes advertir que por
lo anteriormente señalado éste pronunciamiento es una opinión jurídica sin efectos vinculantes.



 Por otra parte, y en razón de que en la nota de solicitud se nos requirió este criterio en el plazo
de ocho días hábiles a partir del recibido de dicha nota, en virtud de de lo que establece el
artículo 157 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, no omito manifestar que ése numeral
se refiere a las consultas que deben ser formuladas obligatoriamente a ciertas instituciones del
Estado, por lo que ha sido criterio de esta Procuraduría que no resulta de aplicación en el presente
asunto.




Aclarado lo anterior, procederemos a analizar el proyecto de ley consultado.




 




A)                Sobre el Proyecto de Ley.



             El proyecto de ley sometido a consideración de la Procuraduría General de la República,
en su artículo único propone aprobar en forma absoluta el Convenio de Cooperación entre el Gobierno
de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Ecuador, para la protección,
conservación, recuperación y restitución de bienes del patrimonio cultural, que hayan sido materia
de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico y/o comercialización ilícitos, - en adelante el Convenio
- el cual a su vez, está conformado por catorce artículos.



 En su numeral primero, el Convenio presenta como su objetivo establecer las bases y procedimientos
sobre los cuales ambos Estados cooperarán en materia de protección, conservación, recuperación y
restitución de bienes arqueológicos, artísticos, históricos y culturales que hayan sido objeto de
robo, hurto, transporte, tráfico y comercialización en cada país, así como regular la reciprocidad
en materia de asistencia judicial para el desarrollo del proceso judicial en contra de las personas
vinculadas con delitos de esta naturaleza.



 Lo anterior, de conformidad con la definición de bienes de patrimonio cultural según la normativa
interna de cada país (artículo segundo).



 Según lo dispuesto en el artículo tercero, Costa Rica designará como Autoridad Central, al
Ministerio de Cultura y Juventud.



 Mediante los ordinales cuarto, quinto, sexto y octavo, se plasman los compromisos y procedimiento,
que debe asumir el país en dirección a; combatir el ingreso ilegal, comercialización, robo, hurto,
entre otros, de bienes que conformen el patrimonio cultural objeto de protección, tomar medidas
preventivas, de fortalecimiento, de investigación, correctivas, coercitivas, legislativas,
administrativas y judiciales, para desarrollar el estudio, investigación, protección, divulgación e
intercambio de conocimientos de la materia, así como para combatir y penalizar la afectación del
patrimonio cultural de mérito. Igualmente, con el propósito de intercambiar información referente a
normativa interna, registros y bases de datos de bienes que conforman el patrimonio cultural,
emisión de licencias, permisos de exportación, información sobre patrimonio cultural robado,
hurtado, saqueado, traficado y comercializado, entre otros, y se regula el procedimiento para la
recuperación y devolución de bienes culturales.   



 Por su parte, el artículo séptimo regula los gastos y recuperación y restitución de los bienes, sin
que contenga mayor elemento por resaltar.



 Los restantes artículos del noveno al décimo cuarto, hacen referencia a temas de exención de
impuestos durante el proceso de recuperación y devolución, de prescripción de la acción de
restitución, de solución de controversias, sobre modificaciones al convenio, acciones de seguimiento
y vigencia del instrumento, respecto de los cuales no se observa problema jurídico alguno.



 Resulta evidente, que el bien jurídico protegido lo es el patrimonio cultural, tema que ha sido
objeto de desarrollo por nuestra Sala Constitucional, la cual, al conocer en consulta el proyecto de
ley denominado “Aprobación del Acuerdo de Cooperación en Materia Cultural entre el Gobierno de la
República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Catar”, correspondiente en su momento al
expediente legislativo No. 19.192,  indicó:



 “Así, en la Sentencia No. 3656-2003 de las 14:53 horas. de 7 de mayo de 2003, dicho tema fue
desarrollado ampliamente, bajo los siguientes términos:



 “(…) XX.- CONCEPTUALIZACIÓN DE LA TUTELA AL PATRIMONIO CULTURAL COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL. El
proceso de desarrollo cultural de la sociedad y el intercambio de bienes y expresiones culturales,
motivan el surgimiento de un contexto de derechos y obligaciones ligados a situaciones sociales,
políticas y económicas del mundo, tales como las crecientes necesidades socioculturales de la
población, la importancia cada vez mayor de la cultura como elemento esencial de la nacionalidad
(identidad nacional), los problemas de la supervivencia de las culturas tradicionales, artesanales y
folklóricas, y la importancia de los valores y expresiones del patrimonio cultural como factor
fundamental de integración nacional, lo cual evidencia la necesidad de una adecuada regulación que
involucre los intereses en juego.



 Bajo este contexto surge la tutela o protección del patrimonio cultural a cargo del Estado, toda
vez que se enmarca dentro de la configuración del Estado Social de Derecho, con todas sus
implicaciones, en virtud de lo cual se le conceptualiza como un verdadero derecho fundamental, que
deriva del derecho a la cultura; y por lo tanto es exigible frente a las autoridades públicas
responsables de esta tutela, lo cual se traduce en la exigibilidad de actuaciones efectivas y
concretas de la Administración que tutelen el patrimonio cultural. Este derecho tiene su sustento en
la dignidad esencial de la persona humana, y en la necesidad de integrar este elemento con el
desarrollo de la comunidad; de manera que comprende, no sólo el derecho de la persona a su auto
realización personal, sino también el derecho de la colectividad -población- a conformar su
identidad cultural, toda vez que se constituye en un elemento esencial que coadyuva en esta
importante tarea, por lo que también tiene implicaciones en la soberanía cultural de los Estados,
concretamente en lo que respecta al resguardo de la personalidad cultural del país y a la exigencia
de la cooperación internacional que al respecto pueda y deba darse. Es un derecho de la tercera
generación, que se sustenta en el principio de solidaridad), por lo que se clasifica en la categoría
de los derechos sociales, el cual tiene evidente trascendencia en tanto repercute en la vida en
sociedad, por cuanto en virtud de éste se configura un derecho de todo individuo -como exigencia de
su dignidad esencial-, a participar en el patrimonio y en la actividad cultural de la comunidad a
que pertenece; y genera el deber -responsabilidad- para las autoridades públicas de propiciar los
medios adecuados de participación efectiva para garantizar el acceso y ejercicio de este derecho, en
la medida en que los recursos de que disponga lo permitan. De este modo, la cultura se constituye en
el elemento de conciencia más significativo para la salvaguardia del patrimonio esencial que define
la identidad nacional en diversos niveles, y que comprende la protección del folklore, el estímulo
de intelectuales y artísticas, el fomento del intercambio internacional, la protección del
patrimonio cultural, el fomento del desarrollo de las artes, la educación artística y el fomento del
libro. Es así como todo hombre tiene derecho a la cultura, del mismo modo que a la educación, al
trabajo y la libertad de expresión, derechos fundamentales con los que guarda directa relación. En
este sentido, son innumerables las resoluciones y declaraciones de orden internacional que reconocen
formalmente el derecho a la cultura. Así en la resolución IX aprobada por la Conferencia
Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz (realizada en México del veintiuno de febrero
al ocho de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco), en cuyo apartado 13 los Estados de América
reconocen expresamente:



 "Entre los derechos del hombre figura, en primer término, la igualdad de oportunidades para
disfrutar de todos los bienes espirituales y materiales que ofrece nuestra civilización, mediante el
ejercicio lícito de su actividad, industria y su ingenio."



 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (aprobada en la Novena Conferencia
Internacional Americana, el cinco de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, en Bogotá, Colombia)
reconoce el derecho a los beneficios de la cultura:



 "Toda persona tiene derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y
disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los
descubrimientos científicos.



 Tiene, asimismo, derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden
por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor."



 Resultan interesantes las consideraciones del Preámbulo de esta Declaración, en tanto contiene
ciertos enunciados vinculados a la cultura, y que permite una mejor interpretación de esa
disposición:



 "Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por
naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros" (párrafo
primero);



 "Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos porque el espíritu es la
finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría" (cuarto párrafo);



 "Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance la cultura,
porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del espíritu" (párrafo quinto).



 La libertad de la cultura, como condición esencial para su desarrollo, fue también consagrada en el
artículo 4 de esta Declaración Americana:



 "Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión
del pensamiento por cualquier medio".



 En conexión con este derecho, se relaciona el reconocido que en el artículo 15, se hace del derecho
al descanso y a su aprovechamiento. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos
(aprobada el diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho) reconoce el derecho a la cultura
en su artículo 27.1, que tiene el mismo contenido del 13 de la Declaración Americana -antes
transcrito-. Este derecho debe ser comprendido dentro del complejo marco de derechos humanos que se
reconocen en esta Declaración internacional. Es importante resaltar que como presupuesto
indispensable para garantizar el derecho a la cultura, se ubica el derecho a la educación. Los
derechos culturales motivaron la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, por Naciones Unidas en mil novecientos sesenta y seis -ratificado por Ley número 4229,
de once de diciembre de mil novecientos sesenta y seis-. Además del reconocimiento del derecho a la
educación -en el artículo 13-, reconoce el derecho individual a la cultura en el artículo 15:




"1.-Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:




a) participar en la vida cultural;




b) gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;



 c) beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por
razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.



 2.-Entre las medidas que los Estados partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el
pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la
difusión de la ciencia y de la cultura.



 3.-Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para
la investigación científica y para la actividad creadora.



 4.-Los Estados partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y
desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y
culturales."



 La Carta Constitutiva de la Organización de los Estados Americanos (OEA) -de mil novecientos
sesenta y siete-, en su artículo 48 ratifica los anteriores principios:



 "Los Estados miembros [...] asegurarán el goce de los bienes de la cultura a la totalidad de la
población, y promoverán el empleo de todos los medios de difusión para el cumplimiento de estos
propósitos."



 A esta norma hace referencia el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
ratificada por Ley número 4543, de veintitrés de febrero de mil novecientos setenta, en cuanto
dispone:




"Desarrollo Progresivo



 Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la
cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente plena
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación,
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa y
otros medios apropiados."



 Estos instrumentos internacionales han centrado sus esfuerzos en tres aspectos fundamentales: el
desarrollo e incentivo a la cultura, la cooperación cultural internacional y el derecho a la
cultura, los cuales adquieren plena coercitividad al derivar de tratados de derechos humanos
debidamente ratificados por nuestro país.



 XXI.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DE PROTECCIÓN: EL "BIEN CULTURAL" COMO BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. La
denominación y concepción de los objetos que tutela el patrimonio histórico ha evolucionado en la
ciencia jurídica, de manera que ahora se hace extensiva a diversas categorías de bienes, sea: los
inmuebles de interés cultural -entre los que se incluyen, los monumentos, las bellezas naturales,
los sitios-; los muebles no incorporados ni afectados por decreto ejecutivo al patrimonio cultural
de la Nación, pero que tienen una singular relevancia, sobre todo a partir de las regulaciones
internacionales que se analizarán a continuación, los arqueológicos -que son de dominio público-; el
patrimonio etnográfico, el científico, el técnico, el industrial antropológico, y el bibliográfico;
con lo cual, la protección abarca también las costumbres, el folklore, los ritos, las creencias,
fiestas y la gastronomía. Todos estos bienes han sido agrupados en la denominación de "bien
cultural". Esta nueva concepción, mucho más amplia de la realidad protegida por el ordenamiento
jurídico, nace en Italia, y se sustenta en la razón última que motiva la protección y tutela del
bien, sea el valor cultural inmanente en estos bienes, es decir, en la medida en que nos aproxima a
la histórica de la civilización, a los diversos modo de vivir, al pensamiento y sentir de los
hombres en el tiempo y en el espacio. El valor cultural puede tener muchas manifestaciones, tales
como la referencia histórica, artística, científica, arqueológica, paleontológica, etnográfica o
técnica que se hacen presentes en bienes de diversa clase. Se requiere de un interés digno de
conservación en su individualidad o en conexión con otros bienes, que es el caso de la protección de
los conjuntos urbanos, macro conjuntos o conjuntos itinerantes. La esencia de la protección lo
constituye el interés o valor intrínseco del bien, en tanto es representativo de la historia, el
arte, la ciencia o la industria de un pueblo, y que por ello coadyuva a la identidad de la nación
(…)”. (La negrita no forma parte del original).  Sentencia 9739-2015 del 30 de junio del 2015.




 



 Además de lo indicado, resulta pertinente hacer otra referencia a su adecuación constitucional, así
como a otras normas e instrumentos internacionales suscritos y reconocidos por Costa Rica.




 




B)                Adecuación del Proyecto de Ley al Orden Jurídico costarricense. 



             El proyecto de ley en estudio, se adecúa al contenido constitucional expresado en el
artículo 89 de la Carta Magna, el cual indica: “Artículo 89.- Entre los fines culturales de la
República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y
artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico.”.



             Sobre el particular, la Sala Constitucional mediante resolución 16972-2008 del 12 de
noviembre del 2008, ha indicado:




 



 “C.      De La Tutela Constitucional Al Patrimonio Cultural. Artículos 50 Y 89 De La Constitución
Política.



 XVI.- DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y SUSTENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. La importancia de
la protección del patrimonio cultural, a nivel nacional, regional e internacional no tiene
discusión, precisamente por la trascendencia que este acervo representa para el necesario
mantenimiento y fortalecimiento de la identidad de los pueblos (población y/o nación), sea, en los
ámbitos histórico, social, geográfico y cultural. De todos es sabido que la comprensión del pasado
-vinculación con las raíces- implica la del tiempo presente y establece las posibilidades del futuro
desarrollo material y psico-social de los individuos y grupos humanos. Se trata del reconocimiento
de un valor, entendido como la incorporación de un potencial económico, o valor que se realiza en
función a un fin trascendente (valor espiritual, cultural o artístico). Es por lo anterior que el
concepto de patrimonio histórico-arquitectónico ha evolucionado y con él los criterios para su
protección, de manera que ya no se justifica en un ideal "romántico", sino como una condición de
identidad de los pueblos, como parte integrante de su historia y su cultura, atendiendo a razones de
desarrollo social- económico y urbanístico-ambiental o urbanístico-ecológico, y que tiene un
sustento más humano. Es así como se hace necesaria la protección por los Estados, que permita una
acción eficaz y eficiente, sobre la base de una construcción científica coherente con la realidad,
tanto en el ámbito de las teorías territoriales y arquitectónicas, como en el legal, en tanto
interactúa con otras disciplinas y saberes, como la Historia, la Antropología, la Arquitectura, y la
Teoría de la Restauración, y el Derecho, entre otras; y que tome en consideración las circunstancias
propias del país, como lo son el grado de subdesarrollo y la dependencia económica. Es así como la
protección de este patrimonio debe integrarse de manera activa a los recursos sociales y económicos
del país, para que no constituya una carga para el Estado, ni tampoco para la población
(propietarios, poseedores o titulares de algún derecho real sobre los bienes incorporados a este
régimen especial de tutela), de manera tal que se configure como otro recurso más que genere
bienestar social.



 XVII.- La protección del patrimonio cultural se enmarca dentro del Derecho Urbanístico, que
últimamente ha venido a ser comprendido dentro del marco más amplio del Derecho Ambiental, el cual
encuentra su sustento jurídico-constitucional en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política,
en tanto disponen textualmente:



 "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando
la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.



 Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está
legitimado para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño
causado.



 El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades
y las sanciones correspondientes" (artículo 50); y



 "Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y
desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa privada para el
progreso científico y artístico" (artículo 89).



 Esta última norma da directrices para que las autoridades públicas impulsen la protección del medio
ambiente, entendido esto de una manera integral, sea, no entendido en su sentido tradicional que se
ha limitado al ámbito del recurso natural, lo que comúnmente se conoce como "lo verde", en tanto se
ha entendido que comprende los recursos naturales (bosques, agua, aire, minerales, flora y fauna,
etc.), sino también en lo relativo al entorno en que se vive, que comprende, no sólo a las bellezas
escénicas de la naturaleza, como el paisaje, sino también todo lo relativo a las ciudades y
conglomerados urbanos y rurales, es decir, al concepto de lo urbano. Bien puede afirmarse que se
trata de dos aspectos complementarios de una realidad, como las dos caras de una misma moneda: el
ambiente natural y el ambiente urbano. Es así como se pretende un ambiente más humano, es decir, un
ambiente que no sólo sea sano y ecológicamente equilibrado, sino también como un referente simbólico
y dador de identidad nacional, regional o local. Así, el derecho fundamental a tener un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado -desarrollado ampliamente por la jurisprudencia constitucional-
comprenderá, tanto sus partes naturales, como sus partes artificiales, entendiéndose por tales, el
hábitat humano, lo construido por el hombre, sea, lo urbano, de manera que se mantengan libres de
toda contaminación, tanto por los efectos y repercusiones que puede tener en la salud de las
personas y demás seres vivientes, como por el valor intrínseco del ambiente. […]



 Es así, como la protección del patrimonio cultural, y en específico, el histórico-arquitectónico,
se constituye en un precepto necesario cuando se pretende una mejor calidad de vida -elemento
determinante en la concepción del medio ambiente-, y su tutela efectiva; de donde, su regulación se
circunscribe dentro del Derecho Ambiental.



 XVIII.- Es a partir de los artículos 50 y 89 constitucionales que se genera una obligación para el
Estado de proteger el entorno en el que se desarrolla la vida de la población de la nación, y que
abarca estos dos ámbitos: lo natural y lo urbano; de manera que la tutela del patrimonio cultural, y
más específico, del patrimonio histórico-arquitectónico, se ubica dentro de las regulaciones de
orden urbanístico. Es en atención a las anteriores consideraciones que bien puede afirmarse que la
conservación del patrimonio cultural contribuye a mantener el equilibrio ambiental necesario en el
desarrollo urbano, al requerir, para su efectiva tutela, el respeto de la escala, la estructura y el
dimensionamiento urbanos, regula la capacidad de cargas físicas, cuestiona las funciones y servicios
urbanos, lo cual da como resultado, una mejor calidad ambiental; además de que contribuye a mantener
la imagen propia o concurrencia perceptiva de la ciudad, lo que le da identidad o cohesión formal.




XIX.- […]



 XX.- CONCEPTUALIZACIÓN DE LA TUTELA AL PATRIMONIO CULTURAL COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL. El proceso
de desarrollo cultural de la sociedad y el intercambio de bienes y expresiones culturales, motivan
el surgimiento de un contexto de derechos y obligaciones ligados a situaciones sociales, políticas y
económicas del mundo, tales como las crecientes necesidades socioculturales de la población, la
importancia cada vez mayor de la cultura como elemento esencial de la nacionalidad (identidad
nacional), los problemas de la supervivencia de las culturas tradicionales, artesanales y
folklóricas, y la importancia de los valores y expresiones del patrimonio cultural como factor
fundamental de integración nacional, lo cual evidencia la necesidad de una adecuada regulación que
involucre los intereses en juego. Bajo este contexto surge la tutela o protección del patrimonio
cultural a cargo del Estado, toda vez que se enmarca dentro de la configuración del Estado Social de
Derecho, con todas sus implicaciones, en virtud de lo cual se le conceptualiza como un verdadero
derecho fundamental, que deriva del derecho a la cultura; y por lo tanto es exigible frente a las
autoridades públicas responsables de esta tutela, lo cual se traduce en la exigibilidad de
actuaciones efectivas y concretas de la Administración que tutelen el patrimonio cultural. Este
derecho tiene su sustento en la dignidad esencial de la persona humana, y en la necesidad de
integrar este elemento con el desarrollo de la comunidad; de manera que comprende, no sólo el
derecho de la persona a su auto realización personal, sino también el derecho de la colectividad
-población- a conformar su identidad cultural, toda vez que se constituye en un elemento esencial
que coadyuva en esta importante tarea, por lo que también tiene implicaciones en la soberanía
cultural de los Estados, concretamente en lo que respecta al resguardo de la personalidad cultural
del país y a la exigencia de la cooperación internacional que al respecto pueda y deba darse. Es un
derecho de la tercera generación, que se sustenta en el principio de solidaridad), por lo que se
clasifica en la categoría de los derechos sociales, el cual tiene evidente trascendencia en tanto
repercute en la vida en sociedad, por cuanto en virtud de éste se configura un derecho de todo
individuo - como exigencia de su dignidad esencial-, a participar en el patrimonio y en la actividad
cultural de la comunidad a que pertenece; y genera el deber - responsabilidad- para las autoridades
públicas de propiciar los medios adecuados de participación efectiva para garantizar el acceso y
ejercicio de este derecho, en la medida en que los recursos de que disponga lo permitan. De este
modo, la cultura se constituye en el elemento de conciencia más significativo para la salvaguardia
del patrimonio esencial que define la identidad nacional en diversos niveles, y que comprende la
protección del folklore, el estímulo de intelectuales y artísticas, el fomento del intercambio
internacional, la protección del patrimonio cultural, el fomento del desarrollo de las artes, la
educación artística y el fomento del libro. Es así como todo hombre tiene derecho a la cultura, del
mismo modo que a la educación, al trabajo y la libertad de expresión, derechos fundamentales con los
que guarda directa relación. En este sentido, son innumerables las resoluciones y declaraciones de
orden internacional que reconocen formalmente el derecho a la cultura. […]



 Estos instrumentos internacionales han centrado sus esfuerzos en tres aspectos fundamentales: el
desarrollo e incentivo a la cultura, la cooperación cultural internacional y el derecho a la
cultura, los cuales adquieren plena coercitividad (sic) al derivar de tratados de derechos humanos
debidamente ratificados por nuestro país.



 XXI.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DE PROTECCIÓN: EL "BIEN CULTURAL" COMO BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. La
denominación y concepción de los objetos que tutela el patrimonio histórico ha evolucionado en la
ciencia jurídica, de manera que ahora se hace extensiva a diversas categorías de bienes, sea: los
inmuebles de interés cultural -entre los que se incluyen, los monumentos, las bellezas naturales,
los sitios-; los muebles no incorporados ni afectados por decreto ejecutivo al patrimonio cultural
de la Nación, pero que tienen una singular relevancia, sobre todo a partir de las regulaciones
internacionales que se analizarán a continuación, los arqueológicos -que son de dominio público-; el
patrimonio etnográfico, el científico, el técnico, el industrial antropológico, y el bibliográfico;
con lo cual, la protección abarca también las costumbres, el folklore, los ritos, las creencias,
fiestas y la gastronomía. Todos estos bienes han sido agrupados en la denominación de "bien
cultural". Esta nueva concepción, mucho más amplia de la realidad protegida por el ordenamiento
jurídico, nace en Italia, y se sustenta en la razón última que motiva la protección y tutela del
bien, sea el valor cultural inmanente en estos bienes, es decir, en la medida en que nos aproxima a
la histórica de la civilización, a los diversos modo de vivir, al pensamiento y sentir de los
hombres en el tiempo y en el espacio. El valor cultural puede tener muchas manifestaciones, tales
como la referencia histórica, artística, científica, arqueológica, paleontológica, etnográfica o
técnica que se hacen presentes en bienes de diversa clase. Se requiere de un interés digno de
conservación en su individualidad o en conexión con otros bienes, que es el caso de la protección de
los conjuntos urbanos, macro conjuntos o conjuntos itinerantes. La esencia de la protección lo
constituye el interés o valor intrínseco del bien, en tanto es representativo de la historia, el
arte, la ciencia o la industria de un pueblo, y que por ello coadyuva a la identidad de la nación.




XXII. - […]




XXIII. - […]



 XXIV.- DEFINICIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- ARQUITECTÓNICO. Al tenor de las anteriores
consideraciones, el patrimonio histórico-arquitectónico se enmarca dentro de la clasificación de
bien cultural, y por ello se configura como un tipo especial de propiedad, caracterizado por un
régimen específico de intervención estatal dirigido a la conservación del objeto. Ese carácter viene
dado por la propia naturaleza y circunstancias objetivas del bien. Comprende el conjunto de bienes
culturales de carácter arquitectónico, sean edificaciones aisladas o conjuntos de ellas, parajes
naturales u obras de infraestructura, urbanas o rurales, de propiedad privada o estatal, que vienen
del pasado, o son producto de técnicas novedosas, por lo cual son el resultado de la experiencia
colectiva de una determinada sociedad, comunidad o etnia; y por ello, dadores de identidad grupal,
popular o nacional. Su determinación está asociada a coyunturas históricas o culturales relevantes,
o con patrones socio-culturales de importancia de la comunidad, región o el país. Asimismo,
presentan un aporte en el desarrollo técnico, constructivo y/o funcional en la arquitectura, y por
ello, poseen un valor arquitectónico, histórico o artístico de significación. También pueden
presentar características formales de carácter tipológico, estilístico y urbanístico que contribuyen
al carácter tradicional distintivo del ambiente inmediato. Por ello, la determinación del patrimonio
histórico-arquitectónico -como tal- es un concepto indeterminado para la ciencia jurídica, e implica
la conjunción de los diversos intereses en juego, sea, la necesidad de un juicio valorativo basado
en la aportación de disciplinas no jurídicas y que son de índole técnico, tales como la arqueología,
la arquitectura, la ciencia, la tecnología, la historia o el arte-, a fin de determinar el valor
cultural (artístico, científico, etc. propio de ese bien). De esta suerte, la Administración no
actúa en forma discrecional, sino que implica un proceso valorativo-objetivo. Es importante resaltar
que la determinación del bien histórico- arquitectónico comprende, tanto la delimitación del bien,
como la del entorno que resulte necesario para su debida protección y puesta en valor de aquél, y
que justifican, precisamente su protección; así como también comprende la del área geográfica a que
pertenece, sea, la del paraje natural que conforma su entorno (concepción integral del ambiente).”.




 



 En esencia, el presente Convenio pretende fortalecer, regular y mejorar la cooperación
internacional bilateral mediante la instauración de regulaciones recíprocas entre Costa Rica y el
Ecuador dirigidas a lograr, desarrollar y optimizar las medidas de protección, desarrollo,
recuperación y restitución de todas las categorías de bienes que conforman el patrimonio cultural de
ambos países, lo cual se ajusta al parámetro constitucional referido.



 Asimismo, existen otros instrumentos internacionales relacionados con el tema del Patrimonio
Cultural, que están orientados hacia su protección y que guardan relación con el proyecto de ley
objeto de opinión:




 



 ·         Convención sobre las Medidas a Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación,
Exportación y Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, Ley 7526 del 10 de julio de
1995;




 




En su artículo segundo, establece:




 



 “1.- Los Estados Partes en la presente Convención reconocen que la importación, la exportación y la
transferencia de propiedad ilícitas de los bienes culturales constituyen una de las causas
principales del empobrecimiento del patrimonio cultural de los países de origen de dichos bienes, y
que una colaboración internacional constituye uno de los medios más eficaces para proteger sus
bienes culturales respectivos contra todos los peligros que entrañan aquellos actos. 2.- Con este
objeto, los Estados Partes se comprometen a combatir esas prácticas con los medios de que dispongan,
sobre todo suprimiendo sus causas, deteniendo su curso y ayudando a efectuar las reparaciones que se
impongan.”.




 



 ·         Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, Ley 5980 del 16
de noviembre de 1976;




 



 Esta Convención, se orienta hacia la protección del Patrimonio Cultural y Natural de los Estados,
debido a su importancia para la Humanidad. Así, en sus artículos 4 y 7, indica:



 “Artículo 4º.-Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que la obligación
de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el
patrimonio cultural natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente. Procurará actuar
con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga, y llegado
el caso, mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre
todo en los aspectos financieros, artístico, científico y técnico.



 “Artículo 7. Para los fines de la presente Convención, se entenderá por protección internacional
del patrimonio mundial cultural y natural el establecimiento de un sistema de cooperación y
asistencia internacional destinado a secundar a los Estados Partes en la Convención en los esfuerzos
que desplieguen para conservar e identificar ese patrimonio.”.




 



 ·         La Convención de San Salvador sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y
Artístico de las Naciones Americanas, Ley 6360 del 5 de septiembre de 1979;




 




La citada convención, establece su objeto en su numeral primero y establece:



 “Artículo  1. La presente Convención tiene como objeto la identificación, registro, protección y
vigilancia de los bienes que integran el patrimonio cultural de las naciones americanas, para: a)
impedir la exportación o importación ilícita de bienes culturales, y b) promover la cooperación
entre los Estados Americanos para el mutuo conocimiento y apreciación de sus bienes culturales.”



Recomendación sobre la Conservación de los Bienes Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o
Privadas pueda poner en Peligro, suscrita en París el 22 de noviembre de 1968, Ley 4711 del 1 de
enero de 1971;

Por medio de esta Ley, se indica qué son considerados bienes culturales, y se establecen principios
referentes a su conservación, inventario, registro, protección, entre otros, lo cual encuentra
complemento con el orden jurídico existente y con el proyecto de ley de mérito. Así, por ejemplo
indica:




“1. Definición:



 Para los efectos de la presente recomendación, la expresión "bienes culturales" se aplicará a: a.
Inmuebles, como los sitios arqueológicos, históricos o científicos, los edificios u otras
construcciones de valor histórico, científico, artístico o arquitectónico, religiosos o seculares,
incluso los conjuntos de edificios tradicionales los barrios históricos de zonas urbanas y rurales
urbanizadas y los vestigios de culturas pretéritas que tengan valor etnológico. Se aplicará tanto a
los inmuebles del mismo carácter que constituyan ruinas sobre el nivel del suelo como a los
vestigios arqueológicos o históricos que se encuentren bajo la superficie de la tierra. El término
"bienes culturales" también incluye el marco circundante de dichos bienes. b. Los bienes muebles de
importancia cultural, incluso los que se encuentran dentro de bienes inmuebles o se hayan recobrado
de ellos, y los que están enterrados y que puedan hallarse en lugares de interés, arqueológico o
histórico o en otras partes.”




 



 ·         Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, Ley 8560 del 16 de
noviembre del 2006;




 



 La presente convención establece como finalidad la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y
hace referencia a la importancia de la cooperación internacional:




“Artículo 1º-Finalidades de la Convención. La presente Convención tiene las siguientes finalidades:




a) la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial;



        b)    el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos
de que se trate;



       c)     la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del
patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco;




     d)      la cooperación y asistencia internacionales.




 




Artículo 19.-Cooperación.



 1          A los efectos de la presente Convención, la cooperación internacional comprende en
particular el intercambio de información y de experiencias, iniciativas comunes, y la creación de un
mecanismo para ayudar a los Estados Partes en sus esfuerzos encaminados a salvaguardar el patrimonio
cultural inmaterial.



 2          Sin perjuicio de lo dispuesto en su legislación nacional ni de sus derechos y usos
consuetudinarios, los Estados Partes reconocen que la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial es una cuestión de interés general para la humanidad y se comprometen, con tal objetivo,
a cooperar en el plano bilateral, subregional, regional e internacional.”.




 



 Acerca del patrimonio cultural inmaterial, resulta interesante lo dispuesto por la Sala
Constitucional mediante resolución 15263 del 18 de octubre del 2006, al indicar:




 



 “VII.- De lo expuesto hasta el momento, se desprende que la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial resulta sustancialmente conforme con los preceptos, valores y
principios fundamentales del Derecho de la Constitución. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 89 de la Carta Fundamental, entre los fines culturales de la República está la
protección de las bellezas naturales y la conservación y desarrollo del patrimonio histórico y
artístico de la Nación, así como el incentivo privado para el progreso científico y artístico. Una
correcta interpretación de esa norma, permite concluir que dentro del patrimonio histórico y
artístico se encuentra inmerso el patrimonio cultural inmaterial, cuyas manifestaciones son diversas
y abarcan entre otras, las tradiciones y expresiones orales, la música tradicional, la danza y el
teatro, los usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo, las técnicas artesanales tradicionales. Desde esta perspectiva, la
protección del patrimonio inmaterial cultural deviene ineludible para el Estado costarricense y
necesaria, en términos de la conservación de la memoria histórica y colectiva de los pueblos, más
aún en tiempos de globalización en los que se desdibujan las identidades particulares de los
diferentes grupos humanos. En este nuevo contexto, un Estado democrático y respetuoso de los
derechos fundamentales, debe procurar la conservación de los elementos que conforman el patrimonio
cultural inmaterial, en el tanto, éste permite la existencia y permanencia de la identidad de las
distintas comunidades, grupos e individuos. Además, debe garantizar el respeto y la tolerancia a
estas diversidades culturales y sus manifestaciones, en la medida que ellas sean compatibles con los
instrumentos internacionales de derechos humanos existentes. De igual modo, el texto consultado
resulta congruente con lo dispuesto en el artículo 76 constitucional que obliga al Estado a velar
por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas. Así, el idioma y en ese orden, las lenguas
autóctonas son manifestaciones en sí mismas, del patrimonio cultural inmaterial y por ello, debe
buscarse su preservación y lograr la conservación de la tradición oral indígena.”,




 



             En la misma línea de referencia, el Convenio en estudio guarda coherencia y encuentra
complemento con la Ley 9214 del 4 de marzo del 2014, en la cual se aprueba el Convenio Marco de
Cooperación Bilateral con la República del Ecuador, y en lo de interés, dispone:




 




“Artículo primero. Objetivos.




 



 El objetivo fundamental del presente Convenio es la promoción de la cooperación técnica, económica,
científica y cultural entre los dos países, a través de la estructuración y ejecución de programas y
proyectos específicos en áreas de interés común, conforme a las prioridades establecidas en sus
estrategias y políticas nacionales de desarrollo, fomentando la transferencia de las Mejores
Prácticas en cada parte. Las Partes prestarán facilidades a organismos y entidades del sector
público y privado, cuando se requiera, en la ejecución correcta de programas y proyectos de
cooperación.



 Asimismo, otorgan importancia a la ejecución de proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico que
vinculen centros de investigación con entidades industriales de los dos países.



 Las Partes podrán celebrar con base al presente Convenio, acuerdos complementarios de cooperación
en áreas específicas de interés común, los que formarán parte integrante del presente Acuerdo.



 Asimismo, para la ejecución de dicho Acuerdo, así como de los Acuerdos Complementarios que emanen
de éste, las Partes podrán involucrar la participación de instancias regionales, multilaterales o de
terceros países en caso que ambas así lo consideren necesario.




 




Artículo segundo.-.Los Campos de Cooperación.




 



 Las Partes desarrollarán, de común acuerdo, proyectos de cooperación de conformidad con la
política, planes y programas de sus respectivos Gobiernos y según sus posibilidades científicas,
técnicas y financieras, en los campos que consideren de mayor interés, en especial, en los sectores
de educación, cultura, salud, turismo, agricultura y ganadería, ambiente, ciencia y tecnología,
capacitación profesional, cooperación académica en la formación del Servicio Exterior y otros que se
acordaren. “




 



 En orden a la coherencia normativa del Convenio en estudio, debe indicarse que nuestro país ha
suscrito convenios bilaterales relacionados con el patrimonio cultural. Así, mediante Ley 9308 del
25 de agosto del 2015, se aprobó el Convenio sobre Protección y Restitución de Bienes Culturales con
la República del Perú, cuyo objetivo está dirigido a lograr la protección y restitución de bienes
culturales, y en relación con el cual, la Sala Constitucional expresó:




 




“SEGUNDO:.-DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO O PATRIMONIO CULTURAL.



 Los bienes culturales, son producto y testimonio de las diferentes tradiciones y realizaciones
espirituales de lo pasado y constituye el elemento fundamental de la personalidad de los pueblos,
por lo que es indispensable conservarlos y esta es una tarea fundamental del Estado. Lo anterior
hace que el patrimonio histórico y artístico sea diferente al de los bienes patrimoniales de
carácter económico, porque no se trata de bienes de producción, sino, del patrimonio arqueológico
cuyo régimen jurídico obedece a otro orden de ideas y propósitos y a una diferente categoría de
valores que, por lo tanto, no pueden examinarse con un criterio de política económica, porque no le
es aplicable ninguna doctrina de ese género. La noción de "patrimonio", cierta­mente, comprende
cualesquiera bienes que tengan un valor en dinero, como lo señala el Código Civil, patrimonio es el
total conjunto de los bienes y derechos de una persona o, también, que todos los bienes que
constituyen el patrimonio de una persona, responden al pago de sus deudas. Es obvio, que los bienes
arqueológicos o culturales también tienen valor apreciable en dinero, ya sea por el material de que
están hechos, por su fina artesanía o belleza o por el testimonio histórico que evidencian, ya sean
de barro, piedra o metal. Algunos de esos objetos pueden ser de escaso valor físico o de poca
signifi­cación como obra artística, pero aun así son valiosos por su origen y como elementos de
estudio para investigar la cultura de los pueblos de otras épocas, de sus creencias y costumbres o
de la naturaleza del medio en que vivieron, según sean las huellas o representaciones que allí
logren encon­trarse. Pero, esos bienes, antes y ahora, constituyen un patrimo­nio común que las
generaciones pasadas legaron a las presentes y a éstas corresponde hacerlo para las futuras como
muestra de conocimiento de los hechos humanos que identifican o caracterizan un pasado nuestro. Por
todo eso, valen los objetos arqueológicos provenientes de las razas aborígenes que poblaron el
continente en la época pre-colombina, anterior o contemporánea al estableci­miento de la cultura
hispánica y por ese valor es que muchas personas buscan y adquieren esas piezas. Por eso mismo, el
interés individual que cada uno pueda tener en la posesión o propiedad de esos objetos, no está
sobre el interés público, tanto por su valor histórico, como porque, dentro de la cultura de los
pueblos, está el estudio de lo que hicieron los grupos humanos que habitaron el mismo territorio,
estudio que se facilita haciendo posible que el mayor número de personas tenga acceso a esas fuentes
de conocimiento y nada más consecuente con ese interés público, que los bienes arqueológicos
permanezcan en territorio nacional, en poder de los museos y bajo la perte­nencia del Estado o de
sus instituciones. Debe entonces subra­yarse, que lo más importante no es el valor material de los
referidos objetos, sino, su valor histórico, científico y cultural. Ese interés, no es más que un
querer mayoritario orientado a la obtención de los valores pretendidos; esto es, de la mayoría de
los intereses individuales coinciden­tes. Es interés, porque se orienta al logro de un valor,
provecho o utilidad resultante de aquello sobre lo que recae tal coincidencia mayoritaria. Es
público, porque se asigna a toda la comunidad, como resultado de esa mayoría coincidente, porque es
o pertene­ce al pueblo, a la comunidad en general. De modo que, es interés público, porque no es
exclusivo o propio de unas pocas personas, sino en cuanto participan o coinciden en el mismo un
número tal de personas, componentes de una comunidad determinada, que puede llegar a identificársela
como de todo el grupo, inclusive, respecto de aquellos que, individualmente, puedan o no
compartirlo. Es decir, los valores de carácter histórico y cultural, como portadores de un mensaje,
contribuyen a identifi­car un momento histórico determinado, testimonio real y tangible de la
evolución y transformación experimentada por la sociedad y su medio natural a través del tiempo, que
constituyen antes, hoy y para el futuro, patrimonio común como expresión de la mayoría de los
intereses individuales coinciden­tes, es decir, de un interés público.”(Sentencia No. 1997-4350).”
Resolución 7175 del 19 de mayo del 2015.




 



 Finalmente, la normativa nacional es conteste con el objeto de la Convención en análisis. Por
ejemplo, la Ley Sobre el Patrimonio Nacional Arqueológico, N° 6703, la Ley sobre el Patrimonio
Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, N° 7555; la Ley que regula la Propiedad, Explotación y
Comercio de Reliquias Arqueológicas, N° 7, así como la Ley Orgánica del Museo Nacional, N° 5 y la
Ley de Donaciones al Museo Nacional de Costa Rica N° 7429,  regulan temas referentes al control,
dirección, conservación, preservación, recuperación, protección, y regulaciones de sanción, en
referencia al bien jurídico patrimonio cultural.   



 De esta forma, se encuentra concordia en el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la
República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Ecuador, para la protección, conservación,
recuperación y restitución de bienes del patrimonio cultural, que hayan sido materia de robo, hurto,
saqueo, transporte, tráfico y/o comercialización ilícitos se ajusta a la previsión normativa
contenida en el Convenio y el orden jurídico costarricense, sin que, en este momento, se observen
problemas de constitucionalidad.



 Finalmente, es importante resaltar que mantener y rescatar el Patrimonio Cultural, resulta
elemental para permitirnos conocer, reconocer, desarrollar, fortalecer y mantener, la sabiduría que
otorga el conocimiento de entender quiénes hemos sido y cómo hemos sido, y así comprender cómo somos
para gozar del beneficio de nuestra historia en orden de avanzar en dirección a un mejor futuro.



 En lo restante, no encontramos mayor inconveniente, ni comentario que agregar a la presente opinión
jurídica.




D-                  Cuestiones finales:



 De esta manera, se da respuesta a la consulta formulada. Por lo demás, las eventuales
modificaciones, así como su aprobación o no, es un asunto de política legislativa que le compete en
forma exclusiva a ese Poder de la República.




 




 




 




Cordialmente,




 




 




 




Federico Quesada Soto                                        




Procurador                                                           




 




FQS/sac

Legal Opinion: 092 - J of 08/12/2016

OJ-092-2016

August 12, 2016

Licenciada
Flor Sánchez Rodríguez
Area Chief
Permanent Commission on International Relations
Legislative Assembly

Dear Licenciada:

With the approval of the Deputy Attorney General of the Republic, we refer to your official communication number CRI-234-2015 dated October 5, 2015, in which you request that we issue a criterion regarding the bill entitled, “Approval of the Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of the Republic of Ecuador, for the protection, conservation, recovery and restitution of cultural heritage property (bienes del patrimonio cultural) that has been the subject of theft, larceny, looting, transport, trafficking and/or illicit commercialization,” processed under expediente 19.615.

Before addressing the bill that is being consulted, we must indicate the scope of this pronouncement, since according to the Organic Law of the Office of the Attorney General of the Republic it is not possible to issue binding opinions (dictámenes con carácter vinculante) when what is being consulted is a bill.

Article 4 of our Organic Law grants the Attorney General's Office an advisory competence in relation to the organs of the Public Administration, which “through the heads of the different administrative levels, may consult the technical-legal criterion of the Attorney General's Office.” Criteria that are binding for the consulting administrative dependencies, as indicated in Article 2.

The administrative case law of this Advisory Body recognizes the possibility that the Legislative Assembly may consult aspects related to the administrative work it performs on an exceptional basis to its principal activity, in which case the opinions (dictámenes) issued will be binding. However, in the case of consultations related to the legislative work that the Body carries out, we are unable to issue binding criteria, insofar as said competence escapes what is indicated in the regulations that govern us; despite this and in order to collaborate, a criterion will be issued on the bill under analysis, not without first warning that for the reasons previously indicated this pronouncement is a legal opinion without binding effects.

On the other hand, and because in the request note we were required to provide this criterion within a period of eight business days from receipt of said note, by virtue of what is established in Article 157 of the Internal Regulations of the Legislative Assembly, I do not omit to state that this numeral refers to consultations that must be formulated obligatorily to certain State institutions, which is why it has been the criterion of this Attorney General's Office that it is not applicable in the present matter.

Having clarified the foregoing, we will proceed to analyze the consulted bill.

A) Regarding the Bill.

The bill submitted for consideration by the Office of the Attorney General of the Republic, in its sole article, proposes to absolutely approve the Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of the Republic of Ecuador, for the protection, conservation, recovery and restitution of cultural heritage property that has been the subject of theft, larceny, looting, transport, trafficking and/or illicit commercialization – hereinafter the Agreement – which in turn is composed of fourteen articles.

In its first numeral, the Agreement presents as its objective establishing the bases and procedures on which both States will cooperate in matters of protection, conservation, recovery and restitution of archaeological, artistic, historical and cultural property that have been the object of theft, larceny, transport, trafficking and commercialization in each country, as well as regulating reciprocity in matters of mutual legal assistance (asistencia judicial) for the development of the judicial process against persons linked to crimes of this nature.

The foregoing, in accordance with the definition of cultural heritage property according to the domestic regulations of each country (Article Two).

According to the provisions of Article Three, Costa Rica will designate as Central Authority, the Ministry of Culture and Youth.

Through clauses four, five, six and eight, the commitments and procedure that the country must assume are set forth, directed toward combating the illegal entry, commercialization, theft, larceny, among others, of property forming the cultural heritage subject to protection; taking preventive, strengthening, investigative, corrective, coercive, legislative, administrative and judicial measures to develop the study, investigation, protection, dissemination and exchange of knowledge on the subject, as well as to combat and penalize the affecting of the cultural heritage of merit. Likewise, with the purpose of exchanging information regarding domestic regulations, registries and databases of property forming the cultural heritage, issuance of licenses, export permits, information on stolen, looted, trafficked and commercialized cultural heritage property, among others, and the procedure for the recovery and return of cultural property (bienes culturales) is regulated.

For its part, Article Seven regulates the expenses and recovery and restitution of the property, without containing any major element to highlight.

The remaining articles from the ninth to the fourteenth refer to matters of tax exemption during the recovery and return process, statute of limitations (prescripción) of the restitution action, dispute resolution, modifications to the agreement, follow-up actions and validity of the instrument, regarding which no legal problem whatsoever is observed.

It is evident that the legally protected interest is the cultural heritage, a topic that has been the subject of development by our Constitutional Chamber (Sala Constitucional), which, when hearing in consultation the bill entitled “Approval of the Cooperation Agreement on Cultural Matters between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of the State of Qatar,” corresponding in its time to legislative file No. 19.192, indicated:

“Thus, in Judgment No. 3656-2003 of 14:53 hours on May 7, 2003, said topic was extensively developed, under the following terms:

“(…) XX.- CONCEPTUALIZATION OF THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE AS A FUNDAMENTAL RIGHT. The process of cultural development of society and the exchange of cultural goods and expressions motivate the emergence of a context of rights and obligations linked to social, political and economic situations in the world, such as the growing sociocultural needs of the population, the ever-greater importance of culture as an essential element of nationality (national identity), the problems of survival of traditional, artisanal and folk cultures, and the importance of the values and expressions of cultural heritage as a fundamental factor of national integration, which evidences the need for adequate regulation that involves the interests at stake.

Under this context arises the protection of cultural heritage (tutela del patrimonio cultural) by the State, given that it is framed within the configuration of the Social State of Law, with all its implications, by virtue of which it is conceptualized as a true fundamental right, which derives from the right to culture; and therefore it is demandable against the public authorities responsible for this protection, which translates into the enforceability of effective and concrete actions by the Administration that protect the cultural heritage. This right has its sustenance in the essential dignity of the human person, and in the need to integrate this element with the development of the community; so that it comprises not only the right of the person to their personal self-realization, but also the right of the collectivity – the population – to shape its cultural identity, given that it constitutes an essential element that assists in this important task, for which reason it also has implications for the cultural sovereignty of the States, specifically with respect to the safeguarding of the cultural personality of the country and the demand for international cooperation that may and should be given in this regard. It is a third-generation right, which is based on the principle of solidarity, for which reason it is classified in the category of social rights, which has evident transcendence insofar as it impacts life in society, because by virtue of it a right is configured for every individual – as a requirement of their essential dignity – to participate in the heritage and in the cultural activity of the community to which they belong; and it generates the duty – responsibility – for public authorities to provide adequate means of effective participation to guarantee access and exercise of this right, to the extent that the resources available allow it. In this way, culture constitutes the most significant element of awareness for the safeguarding of the essential heritage that defines national identity at various levels, and which includes the protection of folklore, the stimulation of intellectuals and artists, the promotion of international exchange, the protection of cultural heritage, the promotion of the development of the arts, artistic education and the promotion of the book. Thus every man has the right to culture, in the same way as to education, work and freedom of expression, fundamental rights with which it is directly related. In this sense, there are countless resolutions and declarations of an international nature that formally recognize the right to culture. Thus, in resolution IX approved by the Inter-American Conference on Problems of War and Peace (held in Mexico from February twenty-first to March eighth, nineteen hundred forty-five), in section 13 of which the States of America expressly recognize:

'Among the rights of man is, in the first place, equality of opportunity to enjoy all the spiritual and material goods that our civilization offers, through the lawful exercise of their activity, industry and ingenuity.'

The American Declaration of the Rights and Duties of Man (approved at the Ninth International American Conference, on May fifth, nineteen hundred forty-eight, in Bogotá, Colombia) recognizes the right to the benefits of culture:

'Every person has the right to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to benefit from the results of intellectual progress and especially from scientific discoveries.

Likewise, they have the right to the protection of the moral and material interests that correspond to them by reason of the inventions, literary, scientific and artistic works of which they are the author.'

The considerations of the Preamble of this Declaration are interesting, insofar as it contains certain statements linked to culture, and which allows for a better interpretation of that provision:

'All men are born free and equal in dignity and rights and, endowed as they are by nature with reason and conscience, must conduct themselves fraternally with one another' (paragraph one);

'It is the duty of man to serve the spirit with all his powers and resources because the spirit is the supreme purpose of human existence and its highest category' (paragraph four);

'It is the duty of man to exercise, maintain and stimulate by all means within his reach culture, because culture is the highest social and historical expression of the spirit' (paragraph five).

The freedom of culture, as an essential condition for its development, was also enshrined in Article 4 of this American Declaration:

'Every person has the right to freedom of investigation, opinion, expression and dissemination of thought by any means.'

In connection with this right, the one recognized in Article 15, the right to rest and its use, is related. For its part, the Universal Declaration of Human Rights (approved on December tenth, nineteen hundred forty-eight) recognizes the right to culture in its Article 27.1, which has the same content as Article 13 of the American Declaration – transcribed above. This right must be understood within the complex framework of human rights recognized in this international Declaration. It is important to highlight that the right to education is positioned as an indispensable prerequisite to guarantee the right to culture. Cultural rights motivated the approval of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, by the United Nations in nineteen hundred sixty-six – ratified by Law number 4229, of December eleventh, nineteen hundred sixty-six. In addition to the recognition of the right to education – in Article 13 – it recognizes the individual right to culture in Article 15:

'1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone:
a) To take part in cultural life;
b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications;
c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for the conservation, the development and the diffusion of science and culture.

3. The States Parties to the present Covenant undertake to respect the freedom indispensable for scientific research and creative activity.

4. The States Parties to the present Covenant recognize the benefits to be derived from the encouragement and development of international cooperation and relations in scientific and cultural fields.'

The Charter of the Organization of American States (OAS) – of nineteen hundred sixty-seven –, in its Article 48 ratifies the previous principles:

'The Member States [...] shall ensure the enjoyment of cultural goods by the entire population, and shall promote the use of all means of dissemination for the fulfillment of these purposes.'

Article 26 of the American Convention on Human Rights, ratified by Law number 4543, of February twenty-third, nineteen hundred seventy, refers to this norm, as it provides:

'Progressive Development

The States Parties undertake to adopt measures, both domestically and through international cooperation, especially economic and technical, to achieve progressively the full realization of the rights derived from the economic, social and educational, scientific and cultural norms contained in the Charter of the Organization of American States, as amended by the Protocol of Buenos Aires, to the extent of available resources, by legislative means and other appropriate means.'

These international instruments have focused their efforts on three fundamental aspects: the development and encouragement of culture, international cultural cooperation and the right to culture, which acquire full coercive force (coercitividad) as they derive from human rights treaties duly ratified by our country.

XXI.- DEFINITION OF THE OBJECT OF PROTECTION: THE 'CULTURAL GOOD' (BIEN CULTURAL) AS A PROTECTED LEGAL INTEREST. The denomination and conception of the objects protected by the historical heritage has evolved in legal science, so that it is now extended to various categories of goods, namely: immovable property of cultural interest – which includes monuments, natural beauty spots, sites; movable property not incorporated into or affected by executive decree (decreto ejecutivo) to the cultural heritage of the Nation, but which have singular relevance, especially based on the international regulations that will be analyzed below; archaeological property – which is public domain; ethnographic heritage, scientific heritage, technical heritage, industrial anthropological heritage, and bibliographic heritage; with which, the protection also covers customs, folklore, rites, beliefs, festivals and gastronomy. All these goods have been grouped under the denomination of 'cultural good' (bien cultural). This new conception, much broader than the reality protected by the legal system, was born in Italy, and is based on the ultimate reason that motivates the protection of the good, namely the cultural value inherent in these goods, that is, insofar as it brings us closer to the history of civilization, to the various ways of living, to the thought and feeling of men in time and space. Cultural value can have many manifestations, such as the historical, artistic, scientific, archaeological, paleontological, ethnographic or technical reference that is present in goods of diverse kinds. It requires an interest worthy of conservation in its individuality or in connection with other goods, which is the case of the protection of urban ensembles, macro ensembles or itinerant ensembles. The essence of the protection is constituted by the intrinsic interest or value of the good, insofar as it is representative of the history, art, science or industry of a people, and that therefore contributes to the nation's identity (…)”. (The bold is not part of the original). Judgment 9739-2015 of June 30, 2015.

In addition to the foregoing, it is pertinent to make another reference to its constitutional adequacy, as well as to other norms and international instruments subscribed to and recognized by Costa Rica.

B) Adequacy of the Bill to the Costa Rican Legal Order.

The bill under study conforms to the constitutional content expressed in Article 89 of the Magna Carta, which indicates: “Article 89.- Among the cultural aims of the Republic are: to protect natural beauty spots, to conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation, and to support private initiative for scientific and artistic progress.”

On the matter, the Constitutional Chamber, through resolution 16972-2008 of November 12, 2008, has indicated:

“C. On the Constitutional Protection of Cultural Heritage. Articles 50 And 89 Of The Political Constitution.

XVI.- DELIMITATION OF THE SCOPE OF APPLICATION AND LEGAL-CONSTITUTIONAL SUPPORT. The importance of protecting cultural heritage, at the national, regional and international levels, is without question, precisely because of the transcendence that this heritage represents for the necessary maintenance and strengthening of the identity of peoples (population and/or nation), that is, in the historical, social, geographic and cultural spheres. Everyone knows that understanding the past – connection with roots – implies understanding the present time and establishes the possibilities for future material and psycho-social development of individuals and human groups. This is about the recognition of a value, understood as the incorporation of an economic potential, or value that is realized in function of a transcendent end (spiritual, cultural or artistic value). It is for this reason that the concept of historical-architectural heritage has evolved and with it the criteria for its protection, so that it is no longer justified by a 'romantic' ideal, but rather as a condition of the identity of peoples, as an integral part of their history and their culture, attending to reasons of social-economic and urban-environmental or urban-ecological development, and which has a more human underpinning. Thus, protection by States becomes necessary, allowing for effective and efficient action, on the basis of a scientific construction coherent with reality, both in the field of territorial and architectural theories, and in the legal field, insofar as it interacts with other disciplines and knowledge, such as History, Anthropology, Architecture, and the Theory of Restoration, and Law, among others; and which takes into consideration the country's own circumstances, such as the degree of underdevelopment and economic dependence. Hence, the protection of this heritage must be actively integrated into the country's social and economic resources, so that it does not constitute a burden for the State, nor for the population (owners, possessors or holders of any right in rem over the property incorporated into this special protection regime), in such a way that it is configured as another resource that generates social well-being.

XVII.- The protection of cultural heritage is framed within Urban Planning Law, which lately has come to be understood within the broader framework of Environmental Law, which finds its legal-constitutional support in Articles 50 and 89 of the Political Constitution, as they textually provide:

'The State shall procure the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth.

Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are legitimated to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused.

The State shall guarantee, defend and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions' (Article 50); and

'Among the cultural aims of the Republic are: to protect natural beauty spots, to conserve and develop the historical and artistic heritage of the Nation and to support private initiative for scientific and artistic progress' (Article 89).

This last norm gives guidelines for public authorities to promote environmental protection, understood in an integral manner, that is, not understood in its traditional sense that has been limited to the sphere of natural resources, what is commonly known as 'the green,' insofar as it has been understood to comprise natural resources (forests, water, air, minerals, flora and fauna, etc.), but also in relation to the environ in which one lives, which comprises not only the scenic beauty of nature, like the landscape, but also everything related to cities and urban and rural conglomerates, that is, the concept of the urban. It can well be affirmed that these are two complementary aspects of one reality, like two sides of the same coin: the natural environment and the urban environment. In this way, a more human environment is sought, that is, an environment that is not only healthy and ecologically balanced, but also a symbolic reference and giver of national, regional or local identity. Thus, the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment – extensively developed by constitutional case law – will comprise both its natural parts and its artificial parts, understood as such to be the human habitat, that built by man, that is, the urban, so that they are kept free from all contamination, both due to the effects and repercussions it may have on the health of people and other living beings, and due to the intrinsic value of the environment. [...]

In this way, the protection of cultural heritage, and specifically, the historical-architectural one, becomes a necessary precept when seeking a better quality of life – a determining element in the conception of the environment – and its effective protection; hence, its regulation is circumscribed within Environmental Law.

XVIII.- It is from constitutional Articles 50 and 89 that an obligation is generated for the State to protect the environment in which the life of the nation's population develops, and which covers these two spheres: the natural and the urban; so that the protection of cultural heritage, and more specifically, of historical-architectural heritage, is located within urban planning regulations. It is in attention to the foregoing considerations that it can well be affirmed that the conservation of cultural heritage contributes to maintaining the environmental balance necessary in urban development, by requiring, for its effective protection, respect for urban scale, structure and dimensioning, regulating the capacity of physical loads, questioning urban functions and services, which results in a better environmental quality; in addition to contributing to maintaining the proper image or perceptive concurrence of the city, which gives it identity or formal cohesion.

XIX.- [...]

XX.- CONCEPTUALIZATION OF THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE AS A FUNDAMENTAL RIGHT. The process of cultural development of society and the exchange of cultural goods and expressions motivate the emergence of a context of rights and obligations linked to social, political and economic situations in the world, such as the growing sociocultural needs of the population, the ever-greater importance of culture as an essential element of nationality (national identity), the problems of survival of traditional, artisanal and folk cultures, and the importance of the values and expressions of cultural heritage as a fundamental factor of national integration, which evidences the need for adequate regulation that involves the interests at stake. Under this context arises the protection of cultural heritage by the State, given that it is framed within the configuration of the Social State of Law, with all its implications, by virtue of which it is conceptualized as a true fundamental right, which derives from the right to culture; and therefore it is demandable against the public authorities responsible for this protection, which translates into the enforceability of effective and concrete actions by the Administration that protect the cultural heritage. This right has its sustenance in the essential dignity of the human person, and in the need to integrate this element with the development of the community; so that it comprises not only the right of the person to their personal self-realization, but also the right of the collectivity – the population – to shape its cultural identity, given that it constitutes an essential element that assists in this important task, for which reason it also has implications for the cultural sovereignty of the States, specifically with respect to the safeguarding of the cultural personality of the country and the demand for international cooperation that may and should be given in this regard. It is a third-generation right, which is based on the principle of solidarity, for which reason it is classified in the category of social rights, which has evident transcendence insofar as it impacts life in society, because by virtue of it a right is configured for every individual – as a requirement of their essential dignity – to participate in the heritage and in the cultural activity of the community to which they belong; and it generates the duty – responsibility – for public authorities to provide adequate means of effective participation to guarantee access and exercise of this right, to the extent that the resources available allow it. In this way, culture constitutes the most significant element of awareness for the safeguarding of the essential heritage that defines national identity at various levels, and which includes the protection of folklore, the stimulation of intellectuals and artists, the promotion of international exchange, the protection of cultural heritage, the promotion of the development of the arts, artistic education and the promotion of the book. Thus every man has the right to culture, in the same way as to education, work and freedom of expression, fundamental rights with which it is directly related. In this sense, there are countless resolutions and declarations of an international nature that formally recognize the right to culture. [...]

These international instruments have focused their efforts on three fundamental aspects: the development and encouragement of culture, international cultural cooperation and the right to culture, which acquire full coercive force (sic) as they derive from human rights treaties duly ratified by our country.

XXI.- DEFINITION OF THE OBJECT OF PROTECTION: THE "CULTURAL PROPERTY (BIEN CULTURAL)" AS A PROTECTED LEGAL INTEREST. The name and conception of the objects that historical heritage protects has evolved in legal science, so that it now extends to diverse categories of goods, whether: immovable property of cultural interest—including monuments, natural beauty spots (bellezas naturales), and sites—; movable property not incorporated into or affected by executive decree (decreto ejecutivo) as part of the Nation's cultural heritage, but which has singular relevance, especially based on the international regulations that will be analyzed below; archaeological objects—which are public domain—; ethnographic heritage, scientific, technical, industrial anthropological, and bibliographic heritage; with which, protection also covers customs, folklore, rites, beliefs, festivals, and gastronomy. All these goods have been grouped under the name of "cultural property". This new, much broader conception of the reality protected by the legal system was born in Italy, and is based on the ultimate reason that motivates the protection and guardianship of the good, that is, the cultural value inherent in these goods, in other words, to the extent that it brings us closer to the history of civilization, to the diverse ways of living, to the thought and feeling of men in time and space. Cultural value can have many manifestations, such as the historical, artistic, scientific, archaeological, paleontological, ethnographic, or technical reference that are present in goods of various kinds. An interest worthy of conservation in its individuality or in connection with other goods is required, which is the case of the protection of urban ensembles (conjuntos urbanos), macro-ensembles, or itinerant ensembles. The essence of protection is constituted by the intrinsic interest or value of the good, insofar as it is representative of the history, art, science, or industry of a people, and because of this it contributes to the identity of the nation.


XXII. – [...]


XXIII. – [...]


XXIV.- DEFINITION OF HISTORICAL-ARCHITECTURAL HERITAGE. In light of the foregoing considerations, historical-architectural heritage is framed within the classification of cultural property, and is therefore configured as a special type of property, characterized by a specific regime of state intervention directed at the conservation of the object. This character comes from the very nature and objective circumstances of the good. It comprises the set of cultural property of an architectural character, whether isolated buildings or ensembles thereof, natural sites or infrastructure works, urban or rural, privately or state-owned, that come from the past, or are the product of innovative techniques, for which they are the result of the collective experience of a specific society, community, or ethnic group; and therefore, givers of group, popular, or national identity. Its determination is associated with relevant historical or cultural junctures, or with socio-cultural patterns of importance to the community, region, or country. Likewise, they present a contribution to technical, constructive, and/or functional development in architecture, and therefore, possess significant architectural, historical, or artistic value. They may also present formal characteristics of a typological, stylistic, and urbanistic nature that contribute to the distinctive traditional character of the immediate environment. Therefore, the determination of historical-architectural heritage—as such—is an indeterminate concept for legal science, and implies the conjunction of the diverse interests at play, that is, the need for a value judgment based on the contribution of non-legal disciplines of a technical nature, such as archaeology, architecture, science, technology, history, or art—in order to determine the cultural value (artistic, scientific, etc. specific to that good). In this way, the Administration does not act in a discretionary manner, but rather implies an objective-evaluative process. It is important to highlight that the determination of the historical-architectural property comprises both the delimitation of the property and the surrounding area (entorno) necessary for its proper protection and enhancement, which precisely justify its protection; as well as the geographical area to which it belongs, that is, the natural site that forms its surroundings (integral conception of the environment)."


In essence, this Agreement aims to strengthen, regulate, and improve bilateral international cooperation through the establishment of reciprocal regulations between Costa Rica and Ecuador directed at achieving, developing, and optimizing the protection, development, recovery, and restitution measures for all categories of goods that make up the cultural heritage of both countries, which conforms to the constitutional parameter referenced.

Likewise, there are other international instruments related to the subject of Cultural Heritage that are oriented toward its protection and that relate to the bill under consideration:


· Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, Law 7526 of July 10, 1995;


In its second article, it establishes:


"1. The States Parties to this Convention recognize that the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property is one of the main causes of the impoverishment of the cultural heritage of the countries of origin of such property, and that international co-operation constitutes one of the most efficient means of protecting each country's cultural property against all the dangers entailed by those acts. 2. To this end, the States Parties undertake to oppose such practices with the means at their disposal, and particularly by removing their causes, putting a stop to current practices, and by helping to make the necessary reparations."


· Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Law 5980 of November 16, 1976;


This Convention is oriented toward the protection of the Cultural and Natural Heritage of States, due to its importance for Humanity. Thus, in its articles 4 and 7, it indicates:

"Article 4. Each State Party to this Convention recognizes that the duty of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and natural heritage situated on its territory, belongs primarily to that State. It will do all it can to this end, to the utmost of its own resources and, where appropriate, with any international assistance and co-operation, in particular, financial, artistic, scientific and technical, which it may be able to obtain.

"Article 7. For the purpose of this Convention, international protection of the world cultural and natural heritage shall be understood to mean the establishment of a system of international co-operation and assistance designed to support States Parties to the Convention in their efforts to conserve and identify that heritage."


· The Convention of San Salvador on the Defense of the Archaeological, Historical, and Artistic Heritage of the American Nations, Law 6360 of September 5, 1979;


The cited convention establishes its objective in its first provision and states:

"Article 1. The purpose of this Convention is the identification, registration, protection, and safeguarding of the property that makes up the cultural heritage of the American nations, in order to: a) prevent the illicit export or import of cultural property, and b) promote cooperation among the American States for the mutual knowledge and appreciation of their cultural property."

Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private works, signed in Paris on November 22, 1968, Law 4711 of January 1, 1971;

Through this Law, it is indicated what is considered cultural property, and principles are established regarding its conservation, inventory, registration, protection, among others, which finds complement with the existing legal order and with the bill of merit. Thus, for example, it indicates:

"1. Definition:

For the purposes of this recommendation, the term 'cultural property' shall apply to: a. Immovables, such as archaeological, historical or scientific sites, buildings or other constructions of historic, scientific, artistic or architectural value, whether religious or secular, including groups of traditional buildings, historic quarters in urban or rural built-up areas and the ethnological vestiges of previous cultures. It shall apply to immovables of the same character constituting ruins existing above the earth as well as to archaeological or historic remains found beneath the surface of the earth. The term 'cultural property' also includes the setting of such property. b. Movable property of cultural importance, including that existing in or recovered from immovable property, and that concealed in the earth, which may be found in archaeological or historical sites or elsewhere."


· Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Law 8560 of November 16, 2006;


This convention establishes as its purpose the safeguarding of intangible cultural heritage and refers to the importance of international cooperation:

"Article 1 – Purposes of the Convention. This Convention has the following purposes:

a) to safeguard the intangible cultural heritage;
b) to ensure respect for the intangible cultural heritage of the communities, groups and individuals concerned;
c) to raise awareness at the local, national and international levels of the importance of the intangible cultural heritage, and of ensuring mutual appreciation thereof;
d) to provide for international cooperation and assistance.


Article 19 – Cooperation.

1. For the purposes of this Convention, international cooperation includes, inter alia, the exchange of information and experience, common initiatives, and the establishment of a mechanism of assistance to States Parties in their efforts to safeguard the intangible cultural heritage.
2. Without prejudice to the provisions of their national legislation and customary law and practices, the States Parties recognize that the safeguarding of intangible cultural heritage is of general interest to humanity, and to that end undertake to cooperate at the bilateral, subregional, regional and international levels."


Regarding intangible cultural heritage, it is interesting what is provided by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) through resolution 15263 of October 18, 2006, as it indicates:


"VII.- From what has been set forth so far, it is inferred that the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage is substantially consistent with the precepts, values and fundamental principles of Constitutional Law. Indeed, in accordance with the provisions of Article 89 of the Constitution (Carta Fundamental), among the cultural goals of the Republic are the protection of natural beauty spots and the conservation and development of the historical and artistic heritage of the Nation, as well as private incentive for scientific and artistic progress. A correct interpretation of that norm allows the conclusion that within the historical and artistic heritage is immersed the intangible cultural heritage, whose manifestations are diverse and encompass, among others, oral traditions and expressions, traditional music, dance and theatre, social practices, rituals and festive events, knowledge and practices concerning nature and the universe, traditional craftsmanship techniques. From this perspective, the protection of intangible cultural heritage becomes unavoidable for the Costa Rican State and necessary, in terms of the conservation of the historical and collective memory of peoples, even more so in times of globalization where the particular identities of different human groups are blurred. In this new context, a democratic State respectful of fundamental rights must seek the conservation of the elements that make up intangible cultural heritage, insofar as it allows the existence and permanence of the identity of the different communities, groups and individuals. Furthermore, it must guarantee respect and tolerance for these cultural diversities and their manifestations, to the extent that they are compatible with existing international human rights instruments. Likewise, the consulted text is congruent with the provisions of Article 76 of the Constitution which obliges the State to ensure the maintenance and cultivation of indigenous languages. Thus, language, and in that order, autochthonous languages, are manifestations in themselves of intangible cultural heritage and therefore, their preservation must be sought and the conservation of the indigenous oral tradition must be achieved.",


In the same line of reference, the Convention under study is consistent with and finds complement in Law 9214 of March 4, 2014, which approves the Framework Agreement for Bilateral Cooperation with the Republic of Ecuador, and in what is of interest, provides:


"Article one. Objectives.

The fundamental objective of this Agreement is the promotion of technical, economic, scientific and cultural cooperation between the two countries, through the structuring and execution of specific programs and projects in areas of common interest, in accordance with the priorities established in their national development strategies and policies, fostering the transfer of Best Practices in each party. The Parties shall provide facilities to public and private sector organizations and entities, when required, in the proper execution of cooperation programs and projects.

Likewise, they attach importance to the execution of joint technological development projects that link research centers with industrial entities from both countries.

The Parties may conclude, based on this Agreement, complementary cooperation agreements in specific areas of common interest, which shall form an integral part of this Agreement.

Likewise, for the execution of said Agreement, as well as the Complementary Agreements emanating from it, the Parties may involve the participation of regional, multilateral bodies or third countries, in the event that both deem it necessary.


Article two.- Fields of Cooperation.

The Parties shall develop, by mutual agreement, cooperation projects in accordance with the policy, plans and programs of their respective Governments and according to their scientific, technical and financial possibilities, in the fields they consider of greatest interest, especially in the sectors of education, culture, health, tourism, agriculture and livestock, environment, science and technology, professional training, academic cooperation in the training of the Foreign Service and others that may be agreed upon."


In order of the normative coherence of the Convention under study, it should be noted that our country has signed bilateral agreements related to cultural heritage. Thus, through Law 9308 of August 25, 2015, the Agreement on the Protection and Restitution of Cultural Property with the Republic of Peru was approved, whose objective is aimed at achieving the protection and restitution of cultural property, and in relation to which, the Constitutional Chamber expressed:


"SECOND:.- OF THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE OR CULTURAL HERITAGE.

Cultural property is the product and testimony of the different traditions and spiritual achievements of the past and constitutes the fundamental element of the personality of peoples, for which it is essential to conserve them and this is a fundamental task of the State. The foregoing means that historical and artistic heritage is different from that of property of an economic nature, because it does not concern production goods, but rather, archaeological heritage, whose legal regime obeys another order of ideas and purposes and a different category of values that, therefore, cannot be examined with a criterion of economic policy, because no doctrine of that kind is applicable to it. The notion of 'heritage', certainly, comprises any property having a monetary value, as the Civil Code indicates, heritage is the total set of a person's property and rights or, also, that all the property that constitutes a person's heritage is liable for the payment of their debts. It is obvious that archaeological or cultural property also has an appreciable value in money, whether due to the material it is made of, its fine craftsmanship or beauty, or the historical testimony it evidences, whether made of clay, stone, or metal. Some of these objects may be of little physical value or of little significance as a work of art, but even so they are valuable for their origin and as elements of study to investigate the culture of peoples of other times, their beliefs and customs, or the nature of the environment in which they lived, depending on the traces or representations that may be found there. But, these goods, before and now, constitute a common heritage that past generations bequeathed to the present ones and it is up to the latter to do so for future ones as a sample of knowledge of the human events that identify or characterize our past. For all of this, archaeological objects from the aboriginal races that populated the continent in the pre-Columbian era, prior to or contemporary with the establishment of Hispanic culture, are valuable, and it is because of that value that many people seek and acquire these pieces. For that very reason, the individual interest that each one may have in the possession or property of these objects is not above the public interest, both because of their historical value, and because, within the culture of peoples, is the study of what the human groups that inhabited the same territory did, a study that is facilitated by making it possible for the greatest number of people to have access to these sources of knowledge, and nothing is more consistent with that public interest than archaeological property remaining in national territory, in the possession of museums, and under the ownership of the State or its institutions. It must therefore be emphasized that the most important thing is not the material value of the referred objects, but rather their historical, scientific, and cultural value. That interest is none other than a majority will aimed at obtaining the intended values; that is, of the majority of coinciding individual interests. It is an interest, because it is oriented toward the achievement of a value, benefit, or utility resulting from that upon which such majority coincidence falls. It is public, because it is assigned to the entire community, as a result of that coinciding majority, because it is or belongs to the people, to the community in general. So, it is a public interest, because it is not exclusive or inherent to a few persons, but insofar as such a number of persons, components of a given community, participate or coincide in it, that it can come to be identified as that of the whole group, including with respect to those who, individually, may or may not share it. That is to say, values of a historical and cultural nature, as carriers of a message, contribute to identifying a specific historical moment, a real and tangible testimony of the evolution and transformation experienced by society and its natural environment over time, which constitute, before, today and for the future, common heritage as an expression of the majority of coinciding individual interests, that is, of a public interest."(Judgment No. 1997-4350)."
Resolution 7175 of May 19, 2015.


Finally, national legislation is consistent with the object of the Convention under analysis. For example, the Law on National Archaeological Heritage, No. 6703, the Law on the Historical-Architectural Heritage of Costa Rica, No. 7555; the Law regulating the Property, Exploitation and Commerce of Archaeological Relics, No. 7, as well as the Organic Law of the National Museum, No. 5 and the Law on Donations to the National Museum of Costa Rica No. 7429, regulate issues concerning the control, direction, conservation, preservation, recovery, protection, and sanction regulations, in reference to the legal interest of cultural heritage.

In this way, concordance is found in the Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Costa Rica and the Government of the Republic of Ecuador, for the protection, conservation, recovery and restitution of cultural heritage property, that have been the subject of illicit theft, larceny (hurto), looting, transport, trafficking and/or commercialization conforms to the normative provision contained in the Convention and the Costa Rican legal order, without, at this time, observing any problems of constitutionality.

Finally, it is important to highlight that maintaining and rescuing Cultural Heritage is essential to allow us to know, recognize, develop, strengthen, and maintain the wisdom granted by the knowledge of understanding who we have been and how we have been, and thus to understand how we are in order to enjoy the benefit of our history in order to advance in the direction of a better future.

In the remaining aspects, we find no major inconvenience, nor any comment to add to this legal opinion.


D- Final Issues:

In this manner, a response is given to the query formulated. For the rest, any eventual modifications, as well as their approval or not, is a matter of legislative policy that falls exclusively to that Branch of the Republic.


Best regards,


Federico Quesada Soto
Attorney General (Procurador)


FQS/sac