OJ-135-2016 — Reform of Articles 3 and 4 of Law 9242 on constructions in the maritime-terrestrial zoneReforma a artículos 3 y 4 de la Ley 9242 sobre construcciones en zona marítimo terrestre

Opinión Jurídica : 135 - J   del 03/11/2016   



03 de noviembre de 2016




OJ-135-2016




 




Licda. Ana Julia Araya Alfaro




Jefa de Área




Comisión Permanente de Asuntos Sociales




Asamblea Legislativa




 




Estimada señora:




 



 Con la aprobación de la señora Procuradora General  Adjunta, damos respuesta a su oficio
CAS-1120-2016, en que esa Comisión consulta el Proyecto denominado “Reforma a los artículos 3 y 4 de
la Ley N° 9242 para la regulación de las construcciones existentes en la zona restringida de la zona
Marítimo Terrestre”, expediente N° 19.582.




 



             Se aclara que la asesoría jurídica de la Procuraduría a los miembros de la Asamblea
Legislativa lo es con carácter de opinión jurídica no vinculante, por tratarse de otro Poder de la
República, cuyas funciones son insustituibles a través de un dictamen.




 



             Se reitera la improcedencia de asumir nuestra conformidad con el Proyecto ante una
falta de respuesta en el plazo de ocho días, por no estar la Procuraduría General de la República
comprendida dentro de los órganos y entidades a que alude el artículo 157 del Reglamento de la
Asamblea Legislativa.




 




 




I.- MOTIVACIÓN DEL PROYECTO




 




 



 Conforme a la Exposición de Motivos del Proyecto, la Ley 9242, para la Regularización de las
Construcciones Existentes en el Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre, procuró resolver la
problemática de las construcciones en terrenos no concesionados de ésta, ante la amenaza de
desalojos y demoliciones. Sin embargo, con su promulgación surgieron situaciones que es necesario
atender con las reformas propuestas, como la carencia financiera de las municipalidades para
elaborar los planes reguladores, la forma de obtener recursos a esos efectos y el hecho de que los
interesados contaban con seis meses para hacer las solicitudes a fin de regularizar su situación, lo
que provocó que no pudieran accionar debidamente. 




 



  El Proyecto concede a los municipios un plazo adicional para cumplir y proteger a los ocupantes, e
impone al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) el deber de colaborar con previsiones
financieras en el proceso de generación de planes reguladores litorales, a más de darles orientación
y asesoría técnica. Asimismo prevé la intervención de la Defensoría de los Habitantes, para que vele
por la transparencia de los procesos, y del Instituto Nacional de Estadística y Censos, para censar
las edificaciones dentro de lo previsto por la Ley 9242, con la colaboración del IFAM y de la
respectiva municipalidad.




 




II.-POSICION ACERCA DEL PROYECTO LEGISLATIVO QUE ORIGINÓ LA LEY 9242




 




 



             De previo a referirnos al Proyecto, cabe recordar que en torno al Proyecto que dio
origen a la Ley 9242 la Procuraduría General de la República hizo varias observaciones, que fueron
desatendidas. Se resumen  a continuación:




 



 En la Opinión Jurídica OJ-24-2013, la Procuraduría expresó que el Proyecto 18.533 (hoy la Ley 9242)
presentaba eventuales roces con los artículos 50, 11 y 33 de la Constitución.  El 50 porque hay una
desmejora sustancial en la tutela efectiva de la franja costera (bien medioambiental) respecto de la
Ley 6043, que tiene entre los objetivos su debida planificación y protección, a través de las reglas
de la policía demanial; el hecho de limitar la determinación de la existencia de daño ambiental o
amenaza de éste sólo a las construcciones en sectores sin plan regulador, y excluir las
construcciones ilegales en áreas con plan regulador implementado, que podrían lesionar el ambiente o
ser contrarias a ese plan, así como las construcciones ilegales levantadas dentro del Patrimonio
Natural del Estado, a más de que al final del proceso podía aprobarse un plan regulador poco
objetivo y complaciente para evitar demoliciones. El 11, por la posibilidad de otorgar concesiones
en zona marítimo terrestre sobre terrenos con construcciones levantadas sin cumplir el trámite
administrativo y sin contar con viabilidad ambiental, cuando se requiera, ya que sólo obliga a que
se ajusten al plan regulador.  El 33 (derecho de igualdad), por cuanto no prohíbe el otorgamiento de
más de una concesión a la misma persona, si tiene varias construcciones levantadas en zona marítimo
terrestre, con lo que se discriminaría a quienes soliciten una concesión en la franja litoral regida
por la Ley 6043, artículo 57, inciso e, que sólo pueden acceder a una.




 



 En dicha Opinión Jurídica se hicieron objeciones al articulado en orden a la amplitud del término
construcción, la falta de parámetros para determinar el tiempo de ésta, su existencia como criterio
de prioridad para otorgar concesiones, por encima de la figura del ocupante de la Ley 6043 (art.
44),  el tamaño de los lotes a concesionar, la situación en que quedan los procesos judiciales
pendientes donde se discute el levantamiento ilegítimo de construcciones, la necesidad de cumplir la
normativa ambiental para otorgar una concesión, la procedencia de ésta cuando las construcciones
existentes impiden el uso público y libre acceso a la zona pública, y si las normas se aplicarán a
las construcciones ubicadas en las zonas urbanas litorales (proyecto N° 18.592, hoy Ley 9221), etc .




 



 Del artículo 4° se señaló que si las municipalidades no habían podido concretar la puesta en
vigencia de planes reguladores costeros durante más de treinta años, desde que se emitió la Ley
6043/1977, era poco factible que lo lograran en dos años, y no se definía cuál sería el régimen
aplicable en ese hipotético escenario.




 




 




III.-MARCO LEGAL DE LAS REFORMAS PROPUESTAS 




 




 



 La Ley 9242/2014 tiene por objeto regularizar las construcciones existentes en la zona restringida
de la zona marítimo terrestre, que define el artículo 10 de la Ley 6043, y legalizar su
aprovechamiento mediante concesiones (art. 1°).  (Regularizar es “legalizar, adecuar a derecho una
situación de hecho o irregular”; diccionario de la Real Academia). Para ello, contempla dos
situaciones: que se cuente con plan regulador costero vigente, en cuyo caso las municipalidades
competentes podrán conservar las construcciones, siempre que se adecuaran al mismo y a la normativa
ambiental. De ajustarse al mencionado plan regulador, sin necesidad de realizar ninguna
modificación, el interesado debía gestionar la concesión dentro de los seis meses siguientes a la
fecha en que entró a regir la ley. Si las construcciones requerían modificaciones para ajustarse al
plan regulador costero, la municipalidad debía prevenir al interesado hacerlas dentro del plazo
improrrogable de seis meses. Vencido éste y cumplida la prevención, el interesado debía gestionar la
concesión dentro del plazo máximo de seis meses (art. 3°). En caso de que las municipalidades no
contaran con plan regulador costero vigente, disponían  de veinticuatro meses (dos años), desde que
la ley entró en vigor, para concretar su aprobación, plazo durante el cual se les facultó a
conservar las construcciones, en tanto la autoridad administrativa o judicial competente no
acreditara daño o amenaza de daño ambiental, las que podían utilizarse, a título precario, con pago
de canon, sin generar derecho alguno (art. 4°).




 




IV.-CONSIDERACIONES SOBRE LAS REFORMAS




 




IV.1) AL ARTICULO 3° DE LA LEY 9242




 




A ese numeral se plantean varias reformas:




                               



 1) Se sustituye la expresión “plan regulador costero vigente” por “plan regulador aprobado” (2°
pfo.) y “plan regulador costero” (3° pfo.), lo que no se aconseja. Introduce confusión con la
terminología correcta utilizada en el primer párrafo, que se mantiene incólume: “plan regulador
costero vigente”. Este es el que ha llenado todos requisitos legales, incluidos la publicación en La
Gaceta y la evaluación ambiental estratégica (Decreto 31849, art. 67), y tiene fuerza normativa
vinculante. 




 



 Plan regulador –costero en el caso- vigente es la expresión usada por los tribunales. (Véanse, como
ejemplos, de la SALA CONSTITUCIONAL, las resoluciones 5303/1993, 2666/2005, 7314/2015 y 4019/2016; y
del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION I la 49/2016; SECCION II la 41/2006; SECCION III la
89/2006, 172/2006, 75/2015, 117/2016, 397/2016; SECCION VI la 58/2014 y 34/2016; SECCION IX la
495/2013, etc.).




 



 Los términos “plan regulador aprobado” y “plan regulador costero”, sin el aditamento de vigente,
son imprecisos. El primero no identifica la planificación costera, y puede confundirse con el plan
regulador cantonal. El que un plan regulador esté aprobado por el municipio, sin la publicación
oficial, no basta para ponerlo en vigencia.  Además, al control o fiscalización que ejerce el ICT e
INVU en el trámite de elaboración de los planes reguladores costeros, por medio de un visto bueno,
se le denomina “aprobación”, lo que refuerza la inexactitud de la terminología empleada en la
propuesta. (Vid. Ley de Planificación Urbana, art. 10, inc. 1°. Manual para la elaboración de Planes
Reguladores Costeros, aprobado por el ICT, pto. 11. Del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
VI, la resolución 63/2009.  Dictamen C-170-2013). 




 



 2) Extiende de seis meses a dos años, “contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley” (la
9242) el plazo para gestionar –o actualizar, agrega el Proyecto- la concesión, si las construcciones
existentes se ajustan al plan regulador costero vigente o, si no ajustándose, el interesado procede
con las modificaciones requeridas en el plazo que se le confiere. Por otra parte, elimina el último
párrafo del artículo 3° ibídem, según el cual si se incumple la prevención de realizar las
modificaciones en el plazo otorgado, se procederá al desalojo y demolición de las obras, con base en
lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 6043.




 




Los cambios propuestos no se recomiendan, por las razones que se anotan a continuación:




 



 Vencimiento de plazos. La Ley 9242 rige desde que se publicó en La Gaceta 109 del 9 de junio del
2014. El plazo de seis meses, contado a partir de esa fecha (artículo 3° ibid),  para gestionar la
concesión y hacer las modificaciones de ajuste de las construcciones existentes al plan regulador
costero vigente, está extinguido. No podría alargarse su duración en forma continuada. De aprobarse
la propuesta con la redacción del texto actual, al que se incorporarían, los “dos años, contados a
partir de la entrada en vigencia de esta ley”, sea de la 9242, que se reforma, también estaría
vencido.




 



 Pluralidad de normas diversas sobre el mismo punto. La Ley 9373/2016, que reprodujo el contenido de
la Ley 9073/2012, suspendió por el plazo de veinticuatro meses el desalojo de personas y “la
demolición de obras, actividades y proyectos en la zona marítimo terrestre”, entre otros bienes
públicos. En el particular, la propuesta carece de interés actual, máxime que en la corriente
legislativa se tramita el expediente 19.885, con el objeto de ampliar el plazo de moratoria para que
las municipalidades concreten la aprobación del plan regulador costero, cuando no cuenten con éste,
y el ajuste de las construcciones existentes a dicha planificación, por lo que, de aprobarse ambos
Proyectos, habría una pluralidad de normas regulando el mismo punto, de manera diversa.




 



 Actualización de la concesión. Cuando las construcciones se ajusten al plan regulador costero
vigente, sin necesidad de realizar modificaciones, al plazo en que el interesado debe gestionar la
concesión, se le agrega “o actualizar” ésta, término que es ajeno a la normativa a reformar y se
sugiere suprimir. La Ley 9242 “tiene por objeto regularizar las construcciones existentes en la zona
restringida de la zona marítimo terrestre, definida en el artículo 10 de la Ley N.º 6043, sobre la
Zona Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y sus reformas, y legalizar su aprovechamiento,
mediante el otorgamiento de concesiones al amparo de dicha ley” (art. 1°). Regularizar, se dijo, es
“adecuar a derecho una situación de hecho o irregular”.  En la Exposición de Motivos se afirma que
esa Ley se dictó para resolver la problemática existente en la zona marítimo terrestre de
“construcciones en terrenos no concesionados” (…), “ante la amenaza de desalojos y demoliciones”.
Luego es contradictorio y está fuera de contexto incluir la “actualización” de la concesión entre
los fines perseguidos por la Ley 9242, pues si ya hay una concesión legalmente otorgada, al amparo
de la Ley 6043 y su Reglamento, lo propio es que al sobrevenir su vencimiento, se solicite la
“actualización” o prórroga siguiendo sus preceptos y con apego al plan regulador que hubo de
precederle.




 



 Supresión de la autotutela demanial. Si bien la aprobación o no de un proyecto de ley es un asunto
de política legislativa, consideramos que el que es objeto de consulta presenta problemas de
constitucionalidad y de técnica, en tanto hace inoperante y desnaturaliza la potestad de autotutela
de los bienes de dominio público marítimo terrestre, consustancial a estos, los que desprotege, amén
del menoscabo que genera en la efectividad de la Ley 6043, reguladora del régimen común de uso,
aprovechamiento y defensa del demanio costero, sobre las ocupaciones y construcciones realizadas sin
cumplir los requisitos legales. Igual, en la Opinión Jurídica OJ-118-2004, la Procuraduría se
pronunció en contra de la propuesta legislativa de prorrogar por dos años más la vigencia de la Ley
9073, por los motivos ahí expresados, criterio que se reiteró en las Opiniones Jurídicas OJ-135-2014
y OJ-002-2016.




 



 El deber del Estado de velar por la conservación y protección del dominio público “es inexcusable”,
en virtud de que todas las normas que rigen la Administración Pública en lo relativo al mismo “están
establecidas en interés público”, al que aquel debe servir en forma permanente. (SALA
CONSTITUCIONAL, sentencias 3145/1996, 6053/2002, 5305/2005, 4329/2011 y  8718/2011). Sobre el
“derecho-deber de tutela o protección del dominio público”, vid.: SALA CONSTITUCIONAL, sentencias
3145/1996, 6999/1996, 1542/1998, 2081/1998, 12783/2010 y 7933/2011, entre otras). Concerniente a la
autotutela demanial, cfr.: SALA CONSTITUCIONAL sentencias 13655/2008, 4380/2009, 13072/2009,
13073/2009, 14453/2010. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION III, resolución  869/2001.
TRIBUNAL AGRARIO, sentencia 1188/2013.




 



 El poder de policía demanial (autotutela) tiende a la protección material de los bienes de dominio
público y a hacer cesar cualquier uso indebido que de ellos realicen los particulares. (SALA
CONSTITUCIONAL, sentencias 3145/1996, 6999/1996, 1542/1998, 2081/1998 y 16629/2012. CLAUDE KLEIN: La
police du domaine public. Librarie Générale du Droit et Jurisprudence. Paris. 1966). Es una
competencia que permanece indefinida en el tiempo mientras el bien esté afecto al demanio. (TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: SECCION II, resolución 351/2005; SECCION III, votos 128/2001 y 616/2001;
SECCION V, resolución 119/2015). El instituto de autotutela demanial consiste en una vigilancia
continua que debe ejercer la Administración sobre la dominialidad pública, para preservarla de
deterioros, distorsiones o desvíos. (FERNANDEZ VAZQUEZ, Emilio. Diccionario de Derecho Público.
Edit. Astrea. Buenos Aires. 1981, pg. 68, que cita a José Cretella Junior, Prof. de la Universidad
de Sao Paolo).




 



 En ejercicio de sus potestades de autotutela demanial y acción directa (interdictum propium) la
Administración a cargo de los bienes demaniales puede, y debe, ejercer la recuperación de oficio, en
cualquier tiempo, contra los ocupantes de hecho. (SALA CONSTITUCIONAL, sentencias 23/1999,
1191/1999, 8107/2001, 2020/2002, 2029/2002, 5543/2004, 2407/2005, 13603/2006, 14275/2006,
14771/2007, 17682/2007, 2897/2008, 3067/2008, 11254/2009, 4646/2010, 21674/2010, 6030/2016, entre
varias). “El régimen jurídico del dominio público comporta la potestad de autotutela posesoria”.
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION III, resoluciones 128/2001 y 616/2001).  La
Administración Pública “está obligada a proteger, defender y recuperar el dominio público
administrativamente de oficio, incluso con el auxilio de la fuerza pública…”. (TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN IX, resolución 55/2010).




 



 La satisfacción de los fines públicos que los bienes demaniales persiguen no puede demorarse o
verse obstruida por actitudes reticentes o ilegítimas de los administrados. "Es necesario que la
Administración pueda, sin trabas, sin intervención de otras autoridades, impedir toda empresa
perjudicial para el dominio público o contraria al destino de éste...Pero su acción defensiva debe
ser tan rápida y enérgica como sea posible". (BARCKAUSEN, H., cit. por Marienhoff, M.: Tratado del
dominio público, Tipográfica Editora Argentina. Buenos Aires.  1960, pg 272. En sentido concordante,
CASSESE, SABINO: I beni pubblici: circolazione e tutela. Edit. A. Giuffré. Milano. 1969, pg. 313).
De ahí que el privilegio de autotutela demanial sea un mecanismo imprescindible para llevar a cabo
una actuación administrativa eficaz, en cuanto realiza, de forma ágil, el interés público, sin la
dilación de los procesos judiciales”. (Dictamen C-0004-1998).




 



 La mera ocupación del demanio, “independiente del tiempo de la misma, no genera derechos”. (SALA
CONSTITUCIONAL, sentencias 12638/2003, 4233/2006, 4816/2006, 12417/2008 y 2882/2016, entre muchas).
La demanialidad “…hace que por el transcurso del tiempo no se adquiera ningún derecho sobre este
tipo de bienes, ni de propiedad ni siquiera la mera posesión.” (SALA CONSTITUCIONAL, sentencias
12129/2005, cons. IV y X; 10097/2006, cons. III y 5520/2012, cons. IV, entre varias).




 



 La zona marítimo terrestre es un bien medioambiental (SALA CONSTITUCIONAL, sentencias 3113/2009 y
8596/2013, entre varias). El Proyecto podría también quebrantar el principio de no regresión, o en
sentido contrario, el de progresividad en materia ambiental, que inhibe derogar o modificar la
normativa vigente si con ello se  produce una disminución en los niveles de protección alcanzados,
por intereses contrarios que no demuestren ser jurídicamente superiores al interés público
ambiental. “Conforme al Derecho de la Constitución, la tutela del ambiente no admite una regresión
en su perjuicio”.  Lo anterior, en comparación con los artículos 12 y 13 de la Ley 6043. (SALA
CONSTITUCIONAL, sentencias 1056/2009, 13367/2012 y 12887/2014.  Ver de esa Sala las sentencias
18702/2010, 1963/2012, 11088/2013, 11461/2013, 11462/2013, 12022/2013, 14078/2013, 14417/2013,
15294/2013, 5963/2014, 7788/2014, 11652/2014, 18836/2014 y 09841/2015).  




 



 Principio de no regresión. La zona marítimo terrestre es un bien medioambiental (SALA
CONSTITUCIONAL, sentencias 3113/2009 y 8596/2013, entre varias). El Proyecto podría quebrantar el
principio de no regresión o, en sentido opuesto, el de progresividad en materia ambiental, que
inhibe derogar o modificar la normativa vigente si con ello se  produce una disminución en los
niveles de protección alcanzados, por intereses contrarios que no demuestren ser jurídicamente
superiores al interés público ambiental. “Conforme al Derecho de la Constitución, la tutela del
ambiente no admite una regresión en su perjuicio”.  Lo anterior, en comparación con los artículos 12
y 13 de la Ley 6043, que es de orden público; art. 82 ibid. (SALA CONSTITUCIONAL, sentencias
1056/2009, 13367/2012 y 12887/2014.  Ver de esa Sala las sentencias 18702/2010, 1963/2012,
11088/2013, 11461/2013, 11462/2013, 12022/2013, 14078/2013, 14417/2013, 15294/2013, 5963/2014,
7788/2014, 11652/2014, 18836/2014 y 09841/2015).  




 



 Inutilización del poder de policía edilicia. Las municipalidades son las encargadas de garantizar
las condiciones de seguridad y salubridad de las construcciones que en su jurisdicción se levanten,
sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en esas materias a otros órganos o entes
administrativos, con deber de vigilancia y fiscalización sobre las edificaciones construidas
omitiendo el trámite y requisitos legales. Al impedírseles controlar esos aspectos durante la
moratoria con relación a las construcciones levantadas sin permiso, se inutiliza el ejercicio del
poder de policía edilicia que, como función administrativa, el ordenamiento jurídico les otorga al
efecto. (Ley de Construcciones, art. 1°, 74 y 87. SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 1582/1993. TRIBUNAL
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, resoluciones 363/2012, 47/2013,  entre otras).




 



 Sobre el poder de policía de las municipalidades en materia de construcciones y control
urbanístico, vid.  del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: SECCION I las resoluciones 4/2014 y
60/2015; SECCIÓN III la 363/2011, 389/2012, 390/2012, 391/2012, 409/2012, 417/2012, 422/2012,
431/2012, 432/2012, 505/2012, 27/2013, 120/2013,  145/2013, 408/2013,  430/2013, 460/2013, 474/2013,
52/2014 y 56/2014; SECCIÓN VI la 172/2015, entre muchas.




 




IV.2) AL ARTICULO  4° DE LA LEY 9242




 




Las reformas al artículo 4° de la Ley 9242 son:




 



 1) Indefinición del plazo para aprobar planes reguladores y financiamiento del IFAM. Elimina el
plazo de veinticuatro meses, a partir de la vigencia de la Ley 9242, para que las municipalidades
administradoras de la zona marítimo terrestre, que no cuenten con plan regulador costero vigente, lo
concreten. En su lugar, dispone que esas corporaciones locales deberán tomar las acciones inmediatas
que conduzcan a la aprobación de dicho plan, bajo la orientación y asesoría técnica del Instituto de
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el cual destinará el tres por ciento de su presupuesto, durante
los próximos cuatro años, a apoyar los procesos de elaboración, consulta y aprobación en las
municipalidades.




 



 La reforma no se aconseja porque, a contrario de los fines de la moratoria, como medida temporal y
de excepción para regularizar situaciones que están al margen de la ley en la zona restringida de la
zona marítimo terrestre, deja sin sujeción a plazo, por tiempo indefinido, la implementación de los
planes reguladores costeros en los sectores donde no se cuenta con ellos y, por ende, la
legalización de las construcciones y ocupaciones irregulares que debe hacerse con ajuste a los
mismos y a las concesión que se otorgue.




 



 En lo atinente a la toma de acciones inmediatas por los municipios que conduzcan a la aprobación
del plan regulador,  es un deber que ya tienen per se con la legislación vigente.




 



 El otro aspecto a valorar es el concerniente al aporte del tres por ciento del presupuesto que
deberá hacer el IFAM (“entidad autónoma con personería jurídica y patrimonio propios, conforme al
artículo 188 de la Constitución Política”; Ley 4716/1971, art.2°), en los próximos cuatro años, para
apoyar la elaboración, consulta y aprobación de los planes reguladores costeros en las
municipalidades. Ese Instituto, al evacuar la consulta legislativa expresó su oposición y estimó la
propuesta “inviable financieramente”, por no tener recursos financieros excedentes, aparte de los
necesarios para atender sus obligaciones ordinarias. Con certificación emitida por la Jefatura de su
Sección de Contabilidad y Finanzas, acreditó que el impacto financiero que tendría sobre el IFAM el
proyecto consultado en los siguientes cuatro años ascendería a la suma de 1.392.1 millones de
colones, lo que considera le "ocasionaría un grave perjuicio económico”.




 



 2) Conservación de construcciones con peligro o amenaza de daño ambiental. Al amparo del artículo
4° de la Ley 9242, durante  el plazo de veinticuatro meses, computados desde su entrada en vigencia,
para concretar la aprobación del plan regulador, “las municipalidades podrán conservar las
construcciones existentes, en tanto la autoridad administrativa o judicial competente no acredite la
comisión de daño ambiental o peligro o amenaza de daño al medio ambiente”.




 



 La reforma indica que durante “el plazo de aprobación”,  frase imprecisa, pues no aclara a qué
aprobación se refiere, “las municipalidades conservarán las construcciones existentes, en tanto la
autoridad administrativa o judicial competente no acredite la comisión de daño ambiental”.  Lo que
hace imperativa la conservación de las construcciones existentes y excluye la previsión actual de
que éstas puedan producir un peligro o amenaza de daño al ambiente. Con lo que la  iniciativa es más
desprotectora del ambiente y, por ahí, podría infringir los principios constitucionales de no
regresión,  preventivo o precautorio.




 



 “...en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, es decir,
si la degradación y el deterioro deben ser minimizados, es necesario que la precaución y la
prevención sean los principios dominantes ... No se debe perder de vista el hecho de que estamos en
un terreno del derecho, en el que las normas más importantes son las que puedan prevenir todo tipo
de daño al medio ambiente, porque no hay norma alguna que repare, a posteriori, el daño ya hecho”
(SALA CONSTITUCIONAL, votos números 5893/1995, 2988/1999, 5048/2001, 2515/2002, 6322/2003,
1923/2004, 13289/2009, 13354/2009, 14180/2010, 15347/2013, 4239/2014, 18836/2014,  entre otros).



  “La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección,
conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención
se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o
contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas.” (SALA CONSTITUCIONAL
sentencias 1250/1999, reiterado en los votos 2219/1999, 9773/2000, 1711/2001, 6322/2003 y 1923/2004.
En el mismo sentido, la sentencia 1645/2002 y 12716/2012).



  “(...) en esta materia los daños son muchas veces irreparables, por lo que la fiscalización
preventiva de la administración y la celeridad de las medidas que adopte incide directamente en la
magnitud de la lesión al medio ambiente.” (SALA CONSTITUCIONAL sentencias 1645/2002 y 12716/2012).



  “(…) en aplicación del principio precautorio en materia ambiental, las actividades económicas con
impacto ambiental deben ser autorizadas cuando exista certeza científica de que ese impacto no
implique un riesgo o amenaza de daño permanente e irreversible al ambiente”. (…) La desatención e
inobservancia de estos aspectos definidos normativa y jurisprudencialmente, deviene en la
vulneración del referido derecho a un ambiente sano, por lo que las actuaciones administrativas así
dispuestas resultan igualmente violatorias de este derecho fundamental”. (SALA CONSTITUCIONAL
sentencia 18896 /2014, que cita de esa Sala la 8892/2012 y las números 6322/2003, 13414/2004,
1923/2004, 7994/2006 y 6922/2010).




 



 3) Precariedad del uso y utilización de construcciones sin pago de canon.  La propuesta suprime el
párrafo tercero del artículo 4°, Ley 9242, que permite utilizar las construcciones existentes, “a
título precario siempre que medie el pago de un canon…”, el cual “no generará derecho alguno”. No se
recomienda esa eliminación. El artículo 1° ibídem deja claro que esa ley no dispensa el pago de
cánones o precios públicos, etc. a favor de las municipalidades. La utilización a título gratuito,
por tiempo indeterminado, de terrenos demaniales y construcciones que se levantaron en estos al
margen de la ley, desvirtúa el régimen jurídico de esos bienes costeros, de alta valía, afectados al
interés público, y los pone al servicio de intereses privados, lo que es improcedente.  El uso ha de
ser a título precario y sin generar ningún derecho, toda vez que no hay concesión previa, la única
que crearía un derecho real administrativo (cfr. Jesús GONZALEZ PÉREZ: Los derechos reales
administrativos. Edit. Civitas S. A. Madrid. 1984, Cuadernos Civitas, pg 58 ss. SALA CONSTITUCIONAL,
sentencias 3918/1993, 5789/1994, 5403/1995, 467/1997, 5210/1997, 1055/2001, 18483/2007, 15595/2008,
15596/2008, 17345/2008, 8596/2013. SALA PRIMERA DE LA CORTE sentencias 317/2008, 616/2010 y
286/2015. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: SECCIÓN II, resolución 13/2016; SECCION III la
152/2015; SECCION IV la 65/2015 y 73/2015; SECCION V la 241/2011; SECCION VIII la 38/2015, entre
varias).




   



 Los permisos de uso que la Administración otorgue sobre el dominio público serán siempre con
carácter precario. La precariedad es inherente a dicha figura. Esos bienes, se sabe, tienen un
régimen diverso a los de naturaleza privada y no son susceptibles de dominio o posesión por los
particulares. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones números 4692/2016, 6295/2016, 8846/2016, 9813/2016,
11689/2016, 12393/2016, 13160/2016, 13980/2016, 14586/2916, y del TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN VI, la número 100/2016, entre otras).



  Nótese que no se trata de la zona pública, de uso común, libre y gratuito, sino de la zona
restringida de la zona marítimo terrestre. El uso gratuito de ésta crearía una desigualdad que no
parece razonable, ni debidamente fundamentada, -contraria al principio de igualdad que deriva del
artículo 33 constitucional-, con relación a los demás concesionarios de la zona marítimo terrestre
sujetos a la Ley 6043 y su Reglamento, quienes deben pagar un canon, como contrapartida del uso y
disfrute privativos de los bienes.




 



 4) Ampliación del plazo para ajustar las construcciones a la planificación. Con arreglo a la Ley
9242, artículo 4°, a partir de la entrada en vigencia del plan regulador costero, las construcciones
que se conserven dentro de la zona restringida de la zona marítimo terrestre deberán ajustarse al
mismo,   para lo que ha de atenderse el procedimiento del artículo 3° ibid, que prevé un plazo de
seis meses a fin de realizar las modificaciones requeridas.




 



 El Proyecto plantea que el ajuste a esa planificación se hará dentro de los dos años siguientes,
plazo que parece excesivo, “para lo cual se tramitarán las respectivas  concesiones, las cuales
tendrán prioridad”, sin aclarar sobre qué, y “no se admitirán solicitudes hasta que el respectivo
plan esté aprobado”. En orden a la prelación, la Procuraduría, en la Opinión Jurídica OJ-024-2013,
al pronunciarse acerca del proyecto de ley 18.593, que generó la Ley 9242, indicó que la existencia
de construcciones –ilegales- en la zona marítimo terrestre se estaría fijando como el criterio de
prioridad para el otorgamiento de concesiones, por encima del ocupante que norma la Ley 6043,
artículo 44, “provocando una disparidad de trato, no justificada. Entonces, ante un caso donde una
persona construya ilegalmente sobre un terreno ocupado de forma no autorizada por otra (…), tendría
prioridad en el trámite de la concesión la primera, y no la segunda aunque ésta tenga décadas de
estar ocupando” (En punto al art. 44 de la Ley 6043, ver de la SALA PRIMERA DE LA CORTE la sentencia
317/2008).



 5) Intervención de la Defensoría. En cuanto a la intervención de la Defensoría de los Habitantes,
elemento novedoso, no se especifica la forma en que velará por la transparencia, siendo que, según
la Exposición de Motivos, será un refuerzo en la defensa de los ocupantes.



 6) Censo de edificaciones por el INEC. Acorde con la propuesta, el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC) procederá a censar, con la colaboración del IFAM y la municipalidad
respectiva, las edificaciones que están dentro de lo previsto en esta ley (9242). Con relación a la
importancia de los censos en situaciones similares, la Procuraduría se pronunció en las Opiniones
Jurídicas OJ-25-2013 y OJ-156-2014, al contestar las audiencias sobre los proyectos de ley números
18.592 y 18.939, señalando  su necesidad para acreditar la situación real  y actual de la tenencia
de la tierra, ya que, en principio, los interesados no podrán ser objeto de desalojo por mucho
tiempo antes de que se les pueda otorgar la concesión. “Si no se hace así, probablemente muchas
personas procederán a invadir áreas de la zona marítimo terrestre y alegarán ocupación conforme a
los términos de la nueva ley para no ser desalojados de los terrenos”. Lo correcto era preverlo al
momento de emitir la  Ley 9242, a efecto de evitar los abusos de ocupación que puedan darse hasta la
puesta a derecho de las construcciones.



 No obstante, la frase “censar cuáles edificaciones se encuentran dentro de lo previsto en esta ley”
es ambigua y queda sujeta a interpretaciones jurídicas ajenas a la experticia del INEC, y no aclara
el modo de constatación. Tampoco concreta el modo de constatación, el plazo para realizar los
censos, a fin de que sea útil, ni quién asumirá los costos de su elaboración.



 7) Territorios insulares. La reforma  agrega un último párrafo al artículo 4° de la Ley 9242: “En
los territorios insulares corresponderá a la municipalidad o la persona jurídica pública encargada
de la administración de la respectiva isla, el otorgamiento de las concesiones en la zona
restringida de la zona marítimo terrestre en las condiciones anteriormente fijadas”.




 




Se hacen aquí varios comentarios:




 



 7.1) No aclara cuál es la persona jurídica pública, distinta de la municipalidad, encargada de la
administración y otorgamiento de concesiones en la zona restringida de los territorios insulares.




 



 7.2) La reforma omite el trámite de aprobación legislativa, lo que podría tener un vicio de
inconstitucionalidad.




 



 La SALA CONSTITUCIONAL (sentencias 454/2006 y 10158/2013) ha establecido que las concesiones en
islas e islotes marítimos de naturaleza turística o que tengan por objeto su explotación, requieren
aprobación de la Asamblea Legislativa, con sustento en el artículo 140, inciso 19, de la
Constitución, en virtud de que tiene por objeto la explotación de “recursos o riquezas naturales” de
un “bien de la Nación”, de fundamental importancia, ubicado en el mar territorial (artículo 6°
ibid). Esa exigencia de aprobación legislativa, estimó el mismo Tribunal, actúa a modo de control
político, es conveniente y necesaria, a fin de que los diputados, “con un amplio debate en el
Plenario” valoren “el mérito, oportunidad, utilidad y legalidad del acto sometido a su
conocimiento”, como condicionante de eficacia en este tipo de contratos. Criterio seguido por la
SALA PRIMERA DE LA CORTE, en la sentencia 771/2008, donde acotó que no obstante relacionarse el
artículo 140 constitucional, inciso 19, en su literalidad, a los contratos firmados por el Poder
Ejecutivo, es aplicable a los suscritos por otros órganos o entes menores, por ejemplo las
municipalidades, si su objeto es alguno de los ahí que ahí se señalan, como los “recursos o riquezas
naturales del Estado”, por el interés nacional que involucran.



 En armonía con lo anterior, el artículo 42 de la Ley 6043 dispone: “Si la concesión se refiere a
una isla o islote marítimo, o parte de las mismas, será necesaria la aprobación legislativa”. (Ver
concordancia con los arts. 9° y 10 ibid).



 7.3) Las islas declaradas áreas silvestres protegidas o cubiertas de bosque y los terrenos de
aptitud forestal integran el Patrimonio Natural del Estado (PNE), y están bajo administración del
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación,
(SINAC), órgano con personalidad jurídica instrumental. De acuerdo con la Ley Forestal, los únicas
actividades permitidas dentro de ese Patrimonio son la investigación, capacitación y ecoturismo,
aprobadas por el Ministro del Ambiente y Energía. (Ley 7575, arts. 13 y 18; Ley 7788, art. 22; SALA
CONSTITUCIONAL, sentencias 16975/2008, 12716/2012, 2752/2014,  19776/2014, y otras que se citan en
el dictamen C-134-2016). La Ley 6043, artículo 73, excluye de su aplicación las áreas silvestres
protegidas.



 7.4) Si se pretendiere trasladar a las municipalidades la administración de las islas del
Patrimonio Natural del Estado, para concesionarlas a particulares, sería un aspecto extraño sin
coherencia con la materia de la reforma, ni justificación en los motivos del Proyecto, y tendría
visos de inconstitucionalidad, por lesión al artículo 50 constitucional, habida cuenta de que las
corporaciones locales no son entes especializados en la administración de esos bienes y ecosistemas,
la que conlleva su conservación, protección, manejo, planificación y control. Ello aparte de que
produciría una mutación de destino del demanio público, con eventual quebranto del principio de no
regresión. (SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 16975/2008). El plan regulador costero es un instrumento
propio de la planificación de la zona marítimo terrestre administrada por las municipalidades, y
requisito esencial para que éstas puedan otorgar concesiones; no aplicable a las áreas del
Patrimonio Natural del Estado, que tienen otra figura de planificación y manejo, cuya administración
y protección le corresponde al MINAE, a través del SINAC. (SALA CONSTITUCIONAL, sentencias
16975/2008 y 13073/2009)



 La Ley 6043, art. 9°, exceptúa de la zona marítimo terrestre, la Isla del Coco, la que pone bajo el
dominio y posesión directos del Estado, y aquellas cuyo dominio o administración se determine en esa
ley (ej.: la Isla de San Lucas, art. 78 ibid) o en leyes especiales.



 La Isla del Coco y sus islotes son Parque Nacional (Constitución, art. 5°, pfo. 2°; Decreto
8748/1978 y Ley 6794/1982), también declarada Patrimonio Natural de la Humanidad, por la Unesco, y
Humedal de Importancia Internacional (sitio Ramsar). Las Islas Guayabo, Negritos y Pájaros son
Reservas Biológicas (Decreto 2858/1973 y 5963/1976, ratificados por Ley 6794/1982).  La Isla del
Caño es Reserva Biológica (Ley 6215/1978). La Isla San Lucas es Refugio Nacional de Vida Silvestre
(Decreto 29277/2001), etc.




7.5) No se aclara que las islas reguladas son marítimas; no las fluviales.



 Acerca del concepto de isla marítima, vid. Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua
(Ley 5031/1972), artículo 10,  y el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
firmada en Montego Bay, del 10 de diciembre de 1982, art. 121, pfo. 1°:



 "[...] una extensión natural de tierra, rodeada de agua, que se encuentre sobre ésta en pleamar."
(TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN SEXTA, sentencia 20/2008).




 




V.- CONCLUSIÓN




 




 



             Si bien la aprobación o no de este proyecto de ley es un asunto de política
legislativa, el que es objeto de consulta, por las razones expuestas se recomienda no adoptarlo.



 Se hace ver que la Ley 9373/2016 declaró una moratoria que, en lo que interesa, suspende el
desalojo de personas y la demolición de obras en la zona marítimo terrestre, por el plazo de
veinticuatro meses, salvo las ordenadas mediante resolución judicial o administrativa en firme,
fundamentándose en la comisión de daño ambiental o cuando exista peligro o amenaza de daño al medio
ambiente,  y que en la corriente legislativa se tramita el expediente 19.885, con el objeto de
ampliar los plazos de los artículos 3° y 4° de la Ley 9242, por lo que de aprobarse ambos Proyectos,
habría una pluralidad de normas, regulando el mismo punto, de manera diversa.




 




            De usted, atentamente,




 




       José J. Barahona Vargas                    Yamileth Monestel Vargas




            Procurador Asesor                         Abogada de Procuraduría




 




 




 




 




 




 




 




JBV/YMV

Legal Opinion: 135 - J of 11/03/2016

November 3, 2016

OJ-135-2016

Licda. Ana Julia Araya Alfaro
Area Chief
Permanent Committee on Social Affairs
Legislative Assembly

Dear Madam:

With the approval of the Deputy Attorney General, we respond to your official letter CAS-1120-2016, in which that Committee consults on the Bill called “Reform of Articles 3 and 4 of Law No. 9242 for the regulation of existing constructions in the restricted zone of the Maritime Terrestrial Zone,” file No. 19.582.

It is clarified that the legal advice of the Attorney General's Office to the members of the Legislative Assembly is in the nature of a non-binding legal opinion, as it concerns another Branch of the Republic, whose functions cannot be substituted through a ruling.

It is reiterated that it is inappropriate to assume our conformity with the Bill in the event of a lack of response within the eight-day period, as the Attorney General's Office of the Republic is not included among the organs and entities referred to in Article 157 of the Regulations of the Legislative Assembly.

I.- MOTIVATION FOR THE BILL

According to the Statement of Motives for the Bill, Law 9242, for the Regularization of Existing Constructions in the Restricted Zone of the Maritime Terrestrial Zone, sought to resolve the problem of constructions on non-concessioned lands within this zone, given the threat of evictions and demolitions. However, with its enactment, situations arose that need to be addressed with the proposed reforms, such as the financial lack of municipalities to develop regulatory plans (planes reguladores), the way to obtain resources for those purposes, and the fact that interested parties had six months to submit applications in order to regularize their situation, which meant they could not take proper action.

The Bill grants the municipalities an additional period to comply and protect the occupants, and imposes on the Institute of Municipal Development and Advisory (IFAM) the duty to collaborate with financial provisions in the process of generating coastal regulatory plans (planes reguladores litorales), in addition to providing them with guidance and technical advice. It also provides for the intervention of the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), to ensure the transparency of the processes, and the National Institute of Statistics and Censuses, to census the buildings within the provisions of Law 9242, with the collaboration of IFAM and the respective municipality.

II.- POSITION ON THE LEGISLATIVE BILL THAT GAVE RISE TO LAW 9242

Before referring to the Bill, it is worth recalling that regarding the Bill that gave rise to Law 9242, the Attorney General's Office of the Republic made several observations, which were disregarded. They are summarized below:

In Legal Opinion OJ-24-2013, the Attorney General's Office stated that Bill 18.533 (now Law 9242) presented potential conflicts with Articles 50, 11, and 33 of the Constitution. Article 50 because there is a substantial deterioration in the effective protection of the coastal strip (an environmental asset) compared to Law 6043, which has among its objectives its proper planning and protection, through the rules of the public domain police (policía demanial); the fact of limiting the determination of the existence of environmental damage or threat thereof only to constructions in sectors without a regulatory plan (plan regulador), and excluding illegal constructions in areas with an implemented regulatory plan, which could harm the environment or be contrary to that plan, as well as illegal constructions built within the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), in addition to the possibility that, at the end of the process, a lax and accommodating regulatory plan could be approved to avoid demolitions. Article 11, due to the possibility of granting concessions in the maritime terrestrial zone on land with constructions built without completing the administrative procedure and without having environmental viability (viabilidad ambiental), when required, since it only obliges them to conform to the regulatory plan (plan regulador). Article 33 (right to equality), inasmuch as it does not prohibit the granting of more than one concession to the same person, if they have several constructions built in the maritime terrestrial zone, which would discriminate against those who request a concession in the coastal strip governed by Law 6043, Article 57, subsection e, who can only access one.

In that Legal Opinion, objections were made to the articles regarding the breadth of the term construction, the lack of parameters to determine its age, its existence as a priority criterion for granting concessions, above the figure of the occupant from Law 6043 (art. 44), the size of the lots to be concessioned, the situation of pending judicial processes where the illegitimate erection of constructions is discussed, the need to comply with environmental regulations to grant a concession, the appropriateness of this when existing constructions impede public use and free access to the public zone (zona pública), and whether the rules will apply to constructions located in coastal urban zones (urban zones litorales) (Bill No. 18.592, now Law 9221), etc.

Regarding Article 4, it was noted that if the municipalities had not been able to achieve the entry into force of coastal regulatory plans (planes reguladores costeros) for more than thirty years, since Law 6043/1977 was issued, it was hardly feasible that they would achieve it in two years, and the applicable regime in that hypothetical scenario was not defined.

III.- LEGAL FRAMEWORK OF THE PROPOSED REFORMS

Law 9242/2014 has the purpose of regularizing existing constructions in the restricted zone (zona restringida) of the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre), defined by Article 10 of Law 6043, and legalizing their use through concessions (art. 1). (Regularize is "to legalize, to bring a de facto or irregular situation into compliance with the law"; dictionary of the Royal Academy). To this end, it contemplates two situations: that there is a valid coastal regulatory plan (plan regulador costero vigente), in which case the competent municipalities may conserve the constructions, provided they conform to it and to environmental regulations. If they conform to the mentioned regulatory plan without needing any modification, the interested party had to process the concession within six months following the date the law entered into force. If the constructions required modifications to conform to the coastal regulatory plan (plan regulador costero), the municipality had to order the interested party to make them within a non-extendable period of six months. Once this period expired and the order complied with, the interested party had to process the concession within a maximum period of six months (art. 3). In the event that the municipalities did not have a valid coastal regulatory plan (plan regulador costero vigente), they had twenty-four months (two years) from the law's entry into force to finalize its approval, a period during which they were empowered to conserve the constructions, as long as the competent administrative or judicial authority did not certify environmental damage or threat thereof, and which could be used, on a precarious basis (a título precario), with payment of a fee (canon), without generating any right (art. 4).

IV.- CONSIDERATIONS ON THE REFORMS

IV.1) TO ARTICLE 3 OF LAW 9242

Several reforms are proposed for this numeral:

1) The expression "valid coastal regulatory plan (plan regulador costero vigente)" is replaced by "approved regulatory plan (plan regulador aprobado)" (2nd para.) and "coastal regulatory plan (plan regulador costero)" (3rd para.), which is not advisable. It introduces confusion with the correct terminology used in the first paragraph, which remains unchanged: "valid coastal regulatory plan (plan regulador costero vigente)." This is the one that has met all legal requirements, including publication in La Gaceta and the strategic environmental assessment (evaluación ambiental estratégica) (Decree 31849, art. 67), and has binding normative force.

Valid regulatory plan (plan regulador) – coastal in this case – is the expression used by the courts. (See, for examples, from the CONSTITUTIONAL CHAMBER, resolutions 5303/1993, 2666/2005, 7314/2015 and 4019/2016; and from the CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, SECTION I, 49/2016; SECTION II, 41/2006; SECTION III, 89/2006, 172/2006, 75/2015, 117/2016, 397/2016; SECTION VI, 58/2014 and 34/2016; SECTION IX, 495/2013, etc.).

The terms "approved regulatory plan (plan regulador aprobado)" and "coastal regulatory plan (plan regulador costero)," without the addition of valid, are imprecise. The first does not identify coastal planning and can be confused with the cantonal regulatory plan (plan regulador cantonal). The fact that a regulatory plan is approved by the municipality, without official publication, is not enough to put it into effect. Furthermore, the control or oversight exercised by the ICT and INVU in the process of developing coastal regulatory plans (planes reguladores costeros), through an approval (visto bueno), is called "approval," which reinforces the inaccuracy of the terminology used in the proposal. (Vid. Urban Planning Law, art. 10, inc. 1. Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans, approved by the ICT, point 11. From the CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, SECTION VI, resolution 63/2009. Opinion C-170-2013).

2) It extends from six months to two years, "counted from the entry into force of this law" (9242), the period to process – or update, the Bill adds – the concession, if the existing constructions conform to the valid coastal regulatory plan (plan regulador costero vigente) or, if not conforming, the interested party proceeds with the required modifications within the period granted. Furthermore, it eliminates the last paragraph of Article 3 ibidem, according to which if the order to make the modifications within the granted period is not fulfilled, the eviction and demolition of the works will proceed, based on the provisions of Article 13 of Law 6043.

The proposed changes are not recommended, for the reasons noted below:

Expiration of deadlines. Law 9242 has been in effect since it was published in La Gaceta 109 of June 9, 2014. The six-month period, counted from that date (Article 3 ibid), to process the concession and make the adjustments to the existing constructions to the valid coastal regulatory plan (plan regulador costero vigente), is extinguished. Its duration could not be extended continuously. If the proposal were approved with the wording of the current text, into which would be incorporated, the "two years, counted from the entry into force of this law," that is, of Law 9242, which is being reformed, this period would also have expired.

Multiplicity of diverse norms on the same point. Law 9373/2016, which reproduced the content of Law 9073/2012, suspended for a period of twenty-four months the eviction of persons and "the demolition of works, activities, and projects in the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre)," among other public assets. In particular, the proposal lacks current interest, especially since legislative file 19.885 is being processed in the current legislative session, with the purpose of extending the moratorium period for municipalities to finalize the approval of the coastal regulatory plan (plan regulador costero), when they do not have one, and the adjustment of existing constructions to said planning, so that, if both Bills were approved, there would be a multiplicity of norms regulating the same point, in diverse ways.

Update of the concession. When the constructions conform to the valid coastal regulatory plan (plan regulador costero vigente), without needing modifications, the period in which the interested party must process the concession has added to it "or update" it, a term that is alien to the regulation being reformed and is suggested for removal. Law 9242 "has the purpose of regularizing existing constructions in the restricted zone (zona restringida) of the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre), defined in Article 10 of Law No. 6043, on the Maritime Terrestrial Zone, of March 2, 1977, and its reforms, and legalizing their use, through the granting of concessions under the protection of said law" (art. 1). Regularize, it was said, is "to bring a de facto or irregular situation into compliance with the law." The Statement of Motives states that this Law was enacted to resolve the existing problem in the maritime terrestrial zone of "constructions on non-concessioned lands" (...), "given the threat of evictions and demolitions." It is therefore contradictory and out of context to include the "update" of the concession among the purposes pursued by Law 9242, because if there is already a legally granted concession, under the protection of Law 6043 and its Regulations, the proper course is that upon its expiration, the "update" or extension is requested following its precepts and in compliance with the regulatory plan (plan regulador) that must have preceded it.

Suppression of the public domain self-protection (autotutela demanial). Although the approval or not of a bill is a matter of legislative policy, we consider that the one being consulted presents problems of constitutionality and technique, insofar as it renders inoperative and distorts the power of self-protection of maritime-terrestrial public domain assets, which is inherent to them, leaving them unprotected, in addition to the impairment it generates in the effectiveness of Law 6043, regulator of the common regime of use, exploitation, and defense of the coastal public domain (demanio costero), regarding occupations and constructions carried out without complying with legal requirements. Similarly, in Legal Opinion OJ-118-2004, the Attorney General's Office pronounced against the legislative proposal to extend the validity of Law 9073 for two more years, for the reasons expressed therein, a criterion reiterated in Legal Opinions OJ-135-2014 and OJ-002-2016.

The State's duty to ensure the conservation and protection of the public domain (dominio público) "is inexcusable," by virtue of the fact that all the rules governing the Public Administration in relation to it "are established in the public interest," to which the former must serve permanently. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgments 3145/1996, 6053/2002, 5305/2005, 4329/2011, and 8718/2011). On the "right-duty of guardianship or protection of the public domain (dominio público)", vid.: CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgments 3145/1996, 6999/1996, 1542/1998, 2081/1998, 12783/2010 and 7933/2011, among others). Concerning public domain self-protection (autotutela demanial), cfr.: CONSTITUTIONAL CHAMBER judgments 13655/2008, 4380/2009, 13072/2009, 13073/2009, 14453/2010. CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, SECTION III, resolution 869/2001. AGRARIAN TRIBUNAL, judgment 1188/2013.

The power of public domain police (policía demanial) (self-protection) tends toward the material protection of public domain assets and to cease any improper use of them by private individuals. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgments 3145/1996, 6999/1996, 1542/1998, 2081/1998 and 16629/2012. CLAUDE KLEIN: La police du domaine public. Librarie Générale du Droit et Jurisprudence. Paris. 1966). It is a power that remains indefinite in time as long as the asset is assigned to the public domain (demanio). (CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE TRIBUNAL: SECTION II, resolution 351/2005; SECTION III, votes 128/2001 and 616/2001; SECTION V, resolution 119/2015). The institute of public domain self-protection (autotutela demanial) consists of continuous vigilance that the Administration must exercise over public dominiality, to preserve it from deterioration, distortions, or deviations. (FERNANDEZ VAZQUEZ, Emilio. Diccionario de Derecho Público. Edit. Astrea. Buenos Aires. 1981, pg. 68, citing José Cretella Junior, Prof. of the University of Sao Paolo).

In the exercise of its powers of public domain self-protection (autotutela demanial) and direct action (interdictum propium), the Administration in charge of the public domain assets can, and must, exercise recovery ex officio, at any time, against de facto occupants. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgments 23/1999, 1191/1999, 8107/2001, 2020/2002, 2029/2002, 5543/2004, 2407/2005, 13603/2006, 14275/2006, 14771/2007, 17682/2007, 2897/2008, 3067/2008, 11254/2009, 4646/2010, 21674/2010, 6030/2016, among several). "The legal regime of the public domain (dominio público) entails the power of possessory self-protection." CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, SECTION III, resolutions 128/2001 and 616/2001). The Public Administration "is obliged to protect, defend, and recover the public domain (dominio público) administratively and ex officio, even with the assistance of public force...". (CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, SECTION IX, resolution 55/2010).

The satisfaction of the public purposes that public domain assets pursue cannot be delayed or obstructed by reticent or illegitimate attitudes of the administered parties. "It is necessary that the Administration can, without hindrance, without intervention of other authorities, prevent any enterprise harmful to the public domain or contrary to its purpose...But its defensive action must be as rapid and energetic as possible." (BARCKAUSEN, H., cited by Marienhoff, M.: Tratado del dominio público, Tipográfica Editora Argentina. Buenos Aires. 1960, pg 272. In concordant sense, CASSESE, SABINO: I beni pubblici: circolazione e tutela. Edit. A. Giuffré. Milano. 1969, pg. 313). Hence, the privilege of public domain self-protection (autotutela demanial) is an essential mechanism for carrying out effective administrative action, insofar as it realizes, in an agile manner, the public interest, without the delay of judicial processes." (Opinion C-0004-1998).

The mere occupation of the public domain (demanio), "regardless of its duration, does not generate rights." (CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgments 12638/2003, 4233/2006, 4816/2006, 12417/2008 and 2882/2016, among many). The public domain nature (demanialidad) "...means that through the passage of time, no right is acquired over this type of asset, neither ownership nor even mere possession." (CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgments 12129/2005, cons. IV and X; 10097/2006, cons. III and 5520/2012, cons. IV, among several).

The maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre) is an environmental asset (CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgments 3113/2009 and 8596/2013, among several). The Bill could also violate the principle of non-regression, or conversely, the principle of progressivity in environmental matters, which inhibits the repeal or modification of current regulations if this produces a decrease in the levels of protection achieved, for contrary interests that do not prove to be legally superior to the environmental public interest. "According to Constitutional Law, the protection of the environment does not admit regression to its detriment." The foregoing, in comparison with Articles 12 and 13 of Law 6043. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgments 1056/2009, 13367/2012 and 12887/2014. See from that Chamber judgments 18702/2010, 1963/2012, 11088/2013, 11461/2013, 11462/2013, 12022/2013, 14078/2013, 14417/2013, 15294/2013, 5963/2014, 7788/2014, 11652/2014, 18836/2014 and 09841/2015).

Principle of non-regression. The maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre) is an environmental asset (CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgments 3113/2009 and 8596/2013, among several). The Bill could violate the principle of non-regression or, in the opposite sense, that of progressivity in environmental matters, which inhibits the repeal or modification of current regulations if this produces a decrease in the levels of protection achieved, for contrary interests that do not prove to be legally superior to the environmental public interest. "According to Constitutional Law, the protection of the environment does not admit regression to its detriment." The foregoing, in comparison with Articles 12 and 13 of Law 6043, which is of public order; art. 82 ibid. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgments 1056/2009, 13367/2012 and 12887/2014. See from that Chamber judgments 18702/2010, 1963/2012, 11088/2013, 11461/2013, 11462/2013, 12022/2013, 14078/2013, 14417/2013, 15294/2013, 5963/2014, 7788/2014, 11652/2014, 18836/2014 and 09841/2015).

Inutilization of the building police power (poder de policía edilicia). The municipalities are responsible for guaranteeing the safety and health conditions of the constructions erected in their jurisdiction, without prejudice to the powers that the laws grant in these matters to other administrative organs or entities, with a duty of vigilance and oversight over buildings constructed omitting the legal procedure and requirements. By being prevented from controlling these aspects during the moratorium in relation to constructions erected without a permit, the exercise of the building police power (poder de policía edilicia) is rendered useless, a power which, as an administrative function, the legal system grants them for that purpose. (Construction Law, arts. 1, 74 and 87. CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgment 1582/1993. TRIBUNAL OF CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE, THIRD SECTION, resolutions 363/2012, 47/2013, among others).

On the police power of municipalities regarding constructions and urban planning control, vid. from the CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE TRIBUNAL: SECTION I resolutions 4/2014 and 60/2015; SECTION III 363/2011, 389/2012, 390/2012, 391/2012, 409/2012, 417/2012, 422/2012, 431/2012, 432/2012, 505/2012, 27/2013, 120/2013, 145/2013, 408/2013, 430/2013, 460/2013, 474/2013, 52/2014 and 56/2014; SECTION VI 172/2015, among many.

IV.2) TO ARTICLE 4 OF LAW 9242

The reforms to Article 4 of Law 9242 are:

1) Indefiniteness of the period to approve regulatory plans (planes reguladores) and IFAM financing. It eliminates the twenty-four-month period, from the effective date of Law 9242, for the municipalities that administer the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre) and do not have a valid coastal regulatory plan (plan regulador costero vigente) to finalize it. In its place, it provides that these local corporations must take immediate actions leading to the approval of said plan, under the guidance and technical advice of the Institute of Municipal Development and Advisory (IFAM), which will allocate three percent of its budget, during the next four years, to support the processes of development, consultation, and approval in the municipalities.

The reform is not advisable because, contrary to the purposes of the moratorium, as a temporary and exceptional measure to regularize situations that are outside the law in the restricted zone (zona restringida) of the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre), it leaves the implementation of coastal regulatory plans (planes reguladores costeros) in sectors where they do not exist, and therefore the legalization of irregular constructions and occupations that must be done in accordance with them and the concession granted, without any time limit, for an indefinite time.

Regarding the taking of immediate actions by the municipalities that lead to the approval of the regulatory plan (plan regulador), it is a duty they already have per se under current legislation.

The other aspect to assess is concerning the contribution of three percent of the budget that IFAM must make ("autonomous entity with its own legal personality and assets, in accordance with Article 188 of the Political Constitution"; Law 4716/1971, art. 2), in the next four years, to support the development, consultation, and approval of coastal regulatory plans (planes reguladores costeros) in the municipalities. That Institute, when responding to the legislative consultation, expressed its opposition and deemed the proposal "financially unviable," as it does not have surplus financial resources, apart from those necessary to meet its ordinary obligations. With a certification issued by the Head of its Accounting and Finance Section, it accredited that the financial impact the consulted project would have on IFAM in the following four years would amount to the sum of 1,392.1 million colones, which it considers "would cause serious economic harm."

2) Conservation of constructions with danger or threat of environmental damage. Under Article 4 of Law 9242, during the twenty-four-month period, computed from its entry into force, to finalize the approval of the regulatory plan (plan regulador), "the municipalities may conserve the existing constructions, as long as the competent administrative or judicial authority does not certify the commission of environmental damage or danger or threat of damage to the environment."

The reform indicates that during "the approval period," an imprecise phrase, as it does not clarify which approval it refers to, "the municipalities will conserve the existing constructions, as long as the competent administrative or judicial authority does not certify the commission of environmental damage." This makes the conservation of existing constructions imperative and excludes the current provision that these could produce a danger or threat of damage to the environment. Thus, the initiative is less protective of the environment and, thereby, could infringe upon the constitutional principles of non-regression, prevention, or precaution.

"...in the protection of our natural resources, a preventive attitude must exist, that is, if degradation and deterioration must be minimized, it is necessary that precaution and prevention be the dominant principles ... One must not lose sight of the fact that we are in a terrain of law, in which the most important rules are those that can prevent all types of damage to the environment, because there is no rule that can repair, a posteriori, the damage already done" (CONSTITUTIONAL CHAMBER, vote numbers 5893/1995, 2988/1999, 5048/2001, 2515/2002, 6322/2003, 1923/2004, 13289/2009, 13354/2009, 14180/2010, 15347/2013, 4239/2014, 18836/2014, among others).

"Prevention seeks to anticipate negative effects, and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or the health of people." (CONSTITUTIONAL CHAMBER judgments 1250/1999, reiterated in votes 2219/1999, 9773/2000, 1711/2001, 6322/2003 and 1923/2004. In the same sense, judgment 1645/2002 and 12716/2012).

"(...) in this matter, damages are often irreparable, so the preventive oversight of the administration and the speed of the measures it adopts directly affect the magnitude of the injury to the environment." (CONSTITUTIONAL CHAMBER judgments 1645/2002 and 12716/2012).

"(…) in application of the precautionary principle in environmental matters, economic activities with environmental impact must be authorized when there is scientific certainty that this impact does not imply a risk or threat of permanent and irreversible damage to the environment". (…) The disregard and non-observance of these normatively and jurisprudentially defined aspects, results in the violation of the aforementioned right to a healthy environment, so the administrative actions thus arranged are equally violative of this fundamental right." (CONSTITUTIONAL CHAMBER judgment 18896 /2014, which cites from that Chamber 8892/2012 and numbers 6322/2003, 13414/2004, 1923/2004, 7994/2006 and 6922/2010).

3) Precariousness of use and utilization of constructions without payment of a fee (canon). The proposal suppresses the third paragraph of Article 4, Law 9242, which allows the use of existing constructions, "on a precarious basis (a título precario) provided that there is the payment of a fee (canon)...," which "will not generate any right." This elimination is not recommended. Article 1 ibidem makes it clear that this law does not waive the payment of fees or public prices, etc. in favor of the municipalities. The free use, for an indeterminate time, of public domain lands and constructions that were erected on them outside the law, distorts the legal regime of these highly valuable coastal assets, assigned to the public interest, and places them at the service of private interests, which is improper. The use must be on a precarious basis (a título precario) and without generating any right, since there is no prior concession, the only thing that would create an administrative real right (cfr. Jesús GONZALEZ PÉREZ: Los derechos reales administrativos. Edit. Civitas S. A. Madrid. 1984, Cuadernos Civitas, pg 58 et seq. CONSTITUTIONAL CHAMBER, judgments 3918/1993, 5789/1994, 5403/1995, 467/1997, 5210/1997, 1055/2001, 18483/2007, 15595/2008, 15596/2008, 17345/2008, 8596/2013. FIRST CHAMBER OF THE COURT judgments 317/2008, 616/2010 and 286/2015. CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE TRIBUNAL: SECTION II, resolution 13/2016; SECTION III 152/2015; SECTION IV 65/2015 and 73/2015; SECTION V 241/2011; SECTION VIII 38/2015, among several).

The use permits that the Administration grants over the public domain (dominio público) will always be on a precarious basis (con carácter precario). Precariousness is inherent to said figure. Those assets, as is known, have a regime different from those of a private nature and are not susceptible to ownership or possession by private individuals. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, resolutions numbers 4692/2016, 6295/2016, 8846/2016, 9813/2016, 11689/2016, 12393/2016, 13160/2016, 13980/2016, 14586/2916, and from the CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, SECTION VI, number 100/2016, among others).

Note that this does not concern the public zone (zona pública), for common, free, and gratuitous use, but rather the restricted zone (zona restringida) of the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre). The gratuitous use of this would create an inequality that does not seem reasonable, nor duly substantiated — contrary to the principle of equality derived from Article 33 of the Constitution — in relation to the other concessionaires of the maritime terrestrial zone subject to Law 6043 and its Regulations, who must pay a fee (canon), as a counterpart for the private use and enjoyment of the assets.

4) Extension of the period to adjust constructions to the planning. According to Law 9242, Article 4, after the entry into force of the coastal regulatory plan (plan regulador costero), the constructions conserved within the restricted zone (zona restringida) of the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre) must adjust to it, for which the procedure of Article 3 ibid must be followed, which provides for a period of six months to make the required modifications.

The Project proposes that the adjustment to that planning will be made within the following two years, a period that seems excessive, “for which the respective concessions will be processed, which shall have priority,” without clarifying over what, and “applications will not be accepted until the respective plan is approved.” With regard to precedence, the Office of the Attorney General (Procuraduría), in Legal Opinion OJ-024-2013, when addressing bill 18.593, which gave rise to Law 9242, indicated that the existence of illegal constructions in the maritime-terrestrial zone would be established as the priority criterion for granting concessions, above the occupant defined by Law 6043, Article 44, “causing an unjustified disparity in treatment. Thus, in a case where a person builds illegally on land occupied without authorization by another (…), the former would have priority in the concession process, and not the latter, even if the latter has occupied the land for decades” (Regarding Article 44 of Law 6043, see judgment 317/2008 of the FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT (SALA PRIMERA DE LA CORTE)).

5) Intervention of the Office of the Ombudsperson (Defensoría). Regarding the intervention of the Office of the Ombudsperson of the Inhabitants (Defensoría de los Habitantes), a novel element, the manner in which it will ensure transparency is not specified, given that, according to the Statement of Motives, it will reinforce the defense of occupants.

6) Census of buildings by INEC. According to the proposal, the National Institute of Statistics and Censuses (Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC) will proceed to census, with the collaboration of IFAM and the respective municipality, the buildings that fall under the provisions of this law (9242). Regarding the importance of censuses in similar situations, the Office of the Attorney General (Procuraduría) opined in Legal Opinions OJ-25-2013 and OJ-156-2014, when responding to hearings on bills 18.592 and 18.939, noting their necessity to verify the actual and current situation of land tenure, since, in principle, the interested parties cannot be subject to eviction for a long time before a concession can be granted to them. “If this is not done, many people will likely proceed to invade areas of the maritime-terrestrial zone and claim occupation under the terms of the new law to avoid being evicted from the land.” The correct approach was to provide for this at the time of issuing Law 9242, to prevent the occupation abuses that may occur until the buildings are brought into legal compliance.

However, the phrase “census which buildings fall under the provisions of this law” is ambiguous and subject to legal interpretations beyond the expertise of INEC, and it does not clarify the method of verification. It also fails to specify the method of verification, the deadline for conducting the censuses so that they are useful, or who will bear the costs of their preparation.

7) Insular territories. The reform adds a final paragraph to Article 4 of Law 9242: “In insular territories, the granting of concessions in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone under the conditions previously established shall be the responsibility of the municipality or the public legal entity in charge of the administration of the respective island.”

Several comments are made here:

7.1) It does not clarify which public legal entity, other than the municipality, is in charge of the administration and granting of concessions in the restricted zone of insular territories.

7.2) The reform omits the legislative approval procedure, which could have a defect of unconstitutionality.

The CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) (judgments 454/2006 and 10158/2013) has established that concessions on maritime islands and islets of a touristic nature or intended for their exploitation require the approval of the Legislative Assembly, based on Article 140, subsection 19, of the Constitution, given that they involve the exploitation of “natural resources or wealth” of a “Nation’s asset,” of fundamental importance, located in the territorial sea (Article 6 ibid.). This requirement of legislative approval, the same Court considered, acts as a form of political control, is convenient and necessary, so that the deputies, “with broad debate in the Plenary,” assess “the merit, timeliness, usefulness, and legality of the act submitted for their consideration,” as a condition of effectiveness for this type of contract. A criterion followed by the FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT (SALA PRIMERA DE LA CORTE), in judgment 771/2008, where it noted that although Article 140, subsection 19, of the Constitution, in its literal wording, refers to contracts signed by the Executive Branch, it is applicable to those signed by other bodies or minor entities, for example, the municipalities, if their purpose is one of those indicated therein, such as the “natural resources or wealth of the State,” due to the national interest they involve.

In harmony with the above, Article 42 of Law 6043 provides: “If the concession refers to a maritime island or islet, or part thereof, legislative approval shall be necessary.” (See concordance with Articles 9 and 10 ibid.).

7.3) Islands declared protected wild areas or covered with forest, and lands of forestry suitability, form part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE), and are under the administration of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE), through the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), a body with instrumental legal personality. In accordance with the Forest Law (Ley Forestal), the only activities permitted within that Heritage are research, training, and ecotourism, approved by the Minister of Environment and Energy. (Law 7575, Arts. 13 and 18; Law 7788, Art. 22; CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL), judgments 16975/2008, 12716/2012, 2752/2014, 19776/2014, and others cited in opinion C-134-2016). Law 6043, Article 73, excludes protected wild areas from its application.

7.4) If the intention is to transfer the administration of the islands of the State Natural Heritage to the municipalities, in order to concession them to individuals, this would be an extraneous aspect lacking coherence with the subject matter of the reform, and without justification in the motives of the Project, and would show signs of unconstitutionality due to violation of Article 50 of the Constitution, given that local corporations are not entities specialized in the administration of these assets and ecosystems, which entails their conservation, protection, management, planning, and control. This aside from the fact that it would produce a change in the purpose of the public domain, with a potential breach of the principle of non-regression. (CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL), judgment 16975/2008). The coastal regulatory plan is an instrument specific to the planning of the maritime-terrestrial zone administered by the municipalities, and an essential requirement for them to grant concessions; it is not applicable to areas of the State Natural Heritage, which have another planning and management framework, whose administration and protection corresponds to MINAE, through SINAC. (CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL), judgments 16975/2008 and 13073/2009)

Law 6043, Art. 9, excepts from the maritime-terrestrial zone, Cocos Island (Isla del Coco), which it places under the direct dominion and possession of the State, and those whose dominion or administration is determined in that law (e.g.: San Lucas Island (Isla de San Lucas), Art. 78 ibid.) or in special laws.

Cocos Island (Isla del Coco) and its islets are a National Park (Constitution, Art. 5, paragraph 2; Decree 8748/1978 and Law 6794/1982), also declared a World Natural Heritage Site by UNESCO, and a Wetland of International Importance (Ramsar site). Guayabo, Negritos, and Pájaros Islands (Islas Guayabo, Negritos y Pájaros) are Biological Reserves (Decree 2858/1973 and 5963/1976, ratified by Law 6794/1982). Caño Island (Isla del Caño) is a Biological Reserve (Law 6215/1978). San Lucas Island (Isla San Lucas) is a National Wildlife Refuge (Decree 29277/2001), etc.

7.5) It is not clarified that the regulated islands are maritime islands, not fluvial ones.

Regarding the concept of a maritime island, see the Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone (Law 5031/1972), Article 10, and the United Nations Convention on the Law of the Sea, signed in Montego Bay, of December 10, 1982, Art. 121, paragraph 1:

"[...] a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide." (CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL FINANCE TRIBUNAL (TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA), SIXTH SECTION, judgment 20/2008).

V.- CONCLUSION

Although the approval or rejection of this bill is a matter of legislative policy, the one being consulted, for the reasons set forth, it is recommended not to adopt it.

It is noted that Law 9373/2016 declared a moratorium that, as relevant, suspends the eviction of persons and the demolition of works in the maritime-terrestrial zone, for a period of twenty-four months, except for those ordered by final judicial or administrative resolution, based on the commission of environmental damage or when there is danger or threat of damage to the environment, and that file 19.885 is being processed in the legislative stream, with the purpose of extending the deadlines of Articles 3 and 4 of Law 9242, so that if both Projects are approved, there would be a plurality of norms regulating the same point in diverse ways.

Sincerely yours,

José J. Barahona Vargas                     Yamileth Monestel Vargas

Advisory Attorney (Procurador Asesor)               Attorney of the Office of the Attorney General (Abogada de Procuraduría)

JBV/YMV