C-103-2018 — Maintenance and expansion of hydraulic works on State Natural Heritage landsMantenimiento y ampliación de obras hidráulicas en terrenos del Patrimonio Natural del Estado

Dictamen : 103 del 18/05/2018   



18 de mayo de 2018




C- 103-2018




 




Doctor




Carlos Manuel Rodríguez Ministro de Ambiente y Energía




S.D.




 




Estimado señor:




 



 Con la aprobación del señor Procurador General de la República, doy respuesta a su oficio
DM-136-2018 de 2 de marzo de 2018.




 



 En el memorial DM-136-2018 de 2 de marzo de 2018 se nos consulta si es legalmente procedente
autorizar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados u otros operadores de servicio
de abastecimiento de agua para consumo humano, a realizar obras de reparación, mantenimiento o
ampliación en las estructuras ya existentes dentro de propiedades con bosque que, en criterio del
consultante y por virtud del artículo 13 de la Ley Forestal habrían quedado integradas dentro del
Patrimonio Natural del Estado. Se precisa que las estructuras sobre cuyo régimen jurídico se
consulta, son aquellas destinadas a la captación, tratamiento y abastecimiento de agua potable y que
ya existen en terrenos incorporados en el Patrimonio Natural del Estado.




 



 Conforme lo exige el numeral 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ha
adjuntado el criterio de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente y Energía,
oficio DAJ-176-2018 de 1 de marzo de 2018, en el cual se indica, en primer lugar y con fundamento en
los artículos 2 y 18 de la Ley Constitutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, que este
instituto tiene la potestad de construir, ampliar y reformar las obras acueductos y alcantarillados
para llevar a cabo la captación y conducción del agua potable hacia las poblaciones. De seguido, se
indica que si en el momento de constituirse Patrimonio Natural del Estado, ya existen obras para
abastecimiento de agua potable para poblaciones, éstas no pierden su naturaleza ni administración
por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, salvo que se considere que
dichas obras deben ser incorporadas en el Patrimonio Natural del Estado. Esto porque su uso actual
se estime como incompatible con los del Patrimonio Natural




 



 Con el objeto de atender la consulta planteada, se ha estimado oportuno abordar  los siguientes
puntos: a. En relación con el régimen jurídico





 del servicio público de abastecimiento de agua potable, y b. En orden al artículo 13 de la Ley
Forestal.




 



A.     EN RELACIÓN CON EL REGIMEN JURIDICO DEL SERVICIO PUBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

 



 Es indudable que la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados,
N.° 2726 de 14 de abril de 1961 ha creado un servicio público universal de abastecimiento de agua
potable. Al respecto, conviene advertir que, en efecto, el artículo 2.a de aquella Ley N.° 2726 le
ha encargado al Instituto de Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la función de dirigir y
vigilar la prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable cuya finalidad es
proveer a los habitantes del país con un suministro de dicho recurso:




 




 



ARTICULO 2º.- Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

 



 a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un
servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos
y de aguas pluviales en las áreas urbanas;




 




 




 



 Debe indicarse que, de acuerdo con la Ley General de Agua Potable, N. ° 1634 de 18 de setiembre de
1953, la ejecución de las obras necesarias para garantizar el abastecimiento de agua potable a la
población, constituye una actividad de utilidad pública.




 



Artículo 1º.- Se declaran de utilidad pública el planeamiento, proyección y ejecución de las obras
de abastecimiento de agua potable en las poblaciones de la República.

 



 Es decir que desde la promulgación de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos
y Alcantarillados y de la Ley General de Agua Potable, se ha considerado que existe un interés
público en la prestación de un servicio de abastecimiento que garantice a la población, en general,
una provisión adecuada, en calidad y cantidad, de agua potable para consumo humano y para el
funcionamiento de los sistemas sanitarios. Lo anterior, sin perjuicio de admitir que ya la Ley de
Aguas, N.° 276 de 27 de agosto de 1942, había prescrito desde su promulgación, que la provisión de
aguas para el





 abastecimiento humano deba constituir una prioridad en orden  al ordenamiento del aprovechamiento
de las aguas de Dominio Público y, específicamente, en relación con el otorgamiento de concesiones
para el aprovechamiento especial de aguas públicas. (Artículos 30 y 34 de la Ley de Aguas) Doctrina
que se ha halla también recogida en el artículo 60.a de la Ley Orgánica del Ambiente:




 



Artículo 60.- Prevención y control de la contaminación. Para prevenir y controlar la contaminación
del ambiente, el Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, darán prioridad,
entre otros, al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la
salud ambiental, tales como:

a)                                                      El abastecimiento de agua para consumo
humano.(…)




 



 De seguido, es importante indicar que el artículo 267 de la Ley General de Salud, ha prescrito, a
su vez, que el dicho servicio público de abastecimiento de agua potable, deba prestarse
necesariamente de forma continua en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de las
personas, amén de realizarse con la presión requerida para permitir el correcto funcionamiento de
los artefactos sanitarios.




 



ARTICULO 267.- Todo sistema de abastecimiento de agua destinada al uso y consumo de la población,
deberá suministrar agua potable, en forma continua, en cantidad suficiente para satisfacer las
necesidades de las personas y con presión necesaria para permitir el correcto funcionamiento de los
artefactos sanitarios en uso.

 



 Asimismo, es menester subrayar que el denominado servicio público universal de suministro de agua
potable, se relaciona de forma inherente con la garantía del derecho fundamental al agua potable, el
cual a su vez se deriva y relaciona con la protección de otros derechos elementales de las personas,
particularmente el derecho a la vida y el derecho a la salud. Citamos el voto de la Sala
Constitucional N.° 4654-2003 de las15:44 horas del  27 de mayo de 2003, cuyo criterio ha sido
reiterado, por ejemplo en la reciente sentencia N.° 1163-2017 de las 9:40 horas del 27 de enero de
2017:




 



La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable,
derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la
alimentación  y  la  vivienda  digna,  entre  otros,  tal  como  ha  sido



 



 reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica:
así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24);
además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo
(principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta
materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San
Salvador" de 1988), el cual dispone que:



 “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”.



 Además,   recientemente,   el   Comité   de   Derechos   Económicos, Culturales y Sociales de la
ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar
una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos.




 



 Luego, debe subrayarse que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, el derecho
fundamental al acceso al agua potable constituye un elemento esencial del bienestar humano. Al
respecto, conviene citar la sentencia de la Sala Constitucional N.° 5606-2006 de las 15:21 horas del
26 de abril de 2006, criterio reiterado en el voto N.° 1676-2009 de las12:07 horas del 6 de febrero
de 2009:




 



El acceso al agua potable como derecho humano. Adicionalmente a lo señalado, y talvez el aspecto más
relevante en este tema, lo constituye la naturaleza y función del agua para la vida humana. No es
necesario detallar aquí una explicación sobre la realidad evidente y notoria de que sin agua no
puede haber vida, ni calidad de vida, y que por lo tanto, con ley o sin ley de nacionalización, por
su propia esencia, este tema, no es ni puede ser un tema territorial o local. La propia Sala en su
jurisprudencia constitucional ha dicho que el acceso al agua potable es un derecho humano
fundamental, en cuanto se configura como un integrante del contenido del derecho a  la  salud  y  a
 la  vida.  (SALA  CONSTITUCIONAL,  sentencias



números 534-96, 2728-91, 3891-93, 1108-96, 2002-06157 2002-10776; 2004-1923).




 



 Así las cosas, es claro que la prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable es
indispensable para el bienestar más elemental de la población. Al respecto, es trascendente citar lo
indicado en el mensaje presidencial de 1961 en relación con la creación del servicio público del
sistema de acueductos y alcantarillados a nivel nacional, en el cual el Presidente Echandi calificó
dicho servicio como la medida de mayor trascendencia en materia de salud pública de la primera parte
del Siglo XX. Igualmente, debe citarse lo indicado por la Sala Constitucional en la sentencia N.°
13061-2015 de las 9:20 horas del 21 de agosto de 2015:




 



Sobre el suministro de agua potable como servicio público. En primer término, debe indicarse que el
suministro de agua potable constituye un servicio público esencial y oneroso. La jurisprudencia de
la Sala, en materia de suministro de agua potable, se ha dirigido fundamentalmente a la protección
del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la posibilidad de
exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual el Estado se ve obligado a proporcionar
algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones
sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este modo,
garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de
éste, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos
fundamentales más elementales.

 



 Ahora bien, es importante, entonces, hacer referencia general a la tutela jurídica que la Ley
ofrece a las llamadas obras hidráulicas construidas para la prestación del servicio público de
abastecimiento de agua potable. Por obra hidráulica se comprende aquella obra civil destinada a la
captación, extracción, desalación, almacenamiento, regulación, conducción, control y aprovechamiento
de las aguas, así como el saneamiento, depuración, tratamiento y reutilización de las aprovechadas.
(Al respecto, ver: https://www.riego.org/glosario/obra-hidraulica/)




 



 Conviene anotar que en nuestro medio, y en virtud de lo dispuesto en el ya transcrito artículo 1 de
la Ley General de Agua Potable, las denominadas obras hidráulicas que formen parte de la
infraestructura necesaria para la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, son
obras de interés





 público. Esto en el tanto se comprende que las obras construidas para la captación, tratamiento y
abastecimiento de agua potable, son naturalmente indispensables para la prestación del servicio
público.



 En este sentido, es acertado acotar que, conforme el artículo 2 de la Ley General de Agua Potable,
la construcción, mantenimiento, ampliación o modificación de las obras hidráulicas de mayor
necesidad, es una función



 esencial de carácter público. Asimismo, el artículo 16 de la  misma Ley General de Agua Potable ha
otorgado una tutela o protección jurídica para las zonas alrededor de las obras hidráulicas de
captación, tratamiento y abastecimiento, dentro de las cuales se encuentran prohibidas las
instalaciones, edificaciones, o labores que perjudiquen en alguna forma los trabajos de operación o
distribución, o bien las condiciones físicas, químicas o bacteriológicas del agua:




 



Artículo 16.- Se prohíben las instalaciones, edificaciones, o labores comprendidas en las zonas
cercanas a fuentes de abastecimiento, plantas purificadoras, o cualquiera otra parte del sistema,
que perjudiqué en forma alguna los trabajos de operación o distribución, o bien las condiciones
físicas, químicas o bacteriológicas del agua; estas zonas serán fijadas por los Ministerios de Obras
Públicas y Salubridad.

 



 Una protección análoga se encuentra en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Aguas las cuales
otorgan también, a través de diversos institutos jurídicos, los sitios de captación o tomas
surtidoras de agua potable. (Ver dictamen C-295-2001 de 25 de octubre de 2001




 



 Así las cosas, es notorio que, conforme nuestro ordenamiento jurídico, las obras hidráulicas
necesarias para la prestación del servicio público de agua potables se encuentran tuteladas por un
régimen jurídico particular, en el tanto se comprende que dichas obras son indispensables para la
continua prestación de dicho servicio. Esta tutela tiene por finalidad asegurar que el
abastecimiento de agua potable no se interrumpa y que las fuentes de captación no sean contaminadas
o que la calidad y cantidad del agua sean deterioradas.




 



 En este orden de ideas, se impone puntualizar que la jurisprudencia constitucional ha indicado que,
en principio, la interrupción del servicio de suministro de agua potable, por causa no imputable al
abonado de dicho servicio, constituiría una violación al derecho fundamental de acceso al agua
potable. Al respecto, importa otra vez citar, por su claridad, la sentencia N.° 13061-2015:






 



Sobre el fondo. Tomando en cuenta lo establecido en los considerandos precedentes sobre el derecho
de acceso al agua potable y el derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos, y lo
informado por la autoridad recurrida dado bajo la solemnidad del juramento, con oportuno
apercibimiento de las  consecuencias previstas en el artículo 44, de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, se acredita que en la comunidad de Aguas Claras se presenta un problema con el
suministro del servicio de agua potable. Así entonces, el abastecimiento irregular de agua potable
denunciado por el recurrente, obedece a que no existe un tanque de almacenamiento propio para el
abastecimiento de la comunidad, y entonces, cuando se presentan problemas en la red de distribución,
los vecinos de dicha zona se ven afectados, en virtud de la topografía del terreno y a que se
encuentran en la final de la red de distribución. Lo anterior evidencia que efectivamente, se han
presentado una serie de deficiencias en la cantidad de agua que reciben los vecinos de la comunidad
en cuestión, sin que la autoridad recurrida haya llevado acciones concretas para buscar una solución
integral a ese problema. Por su parte, la parte accionada en su defensa, indicó que se encuentra
gestionando  un proyecto de inversión para  el diseño  y construcción de un tanque de almacenamiento
de mil metros cúbicos, en el sector de Aguas Claras y que cuando se deben de realizar reparaciones
programadas, se alerta a los vecinos mediante el sistema de perifoneo. En consonancia con lo
manifestado, se colige que durante el corte del suministro de agua, el Instituto accionado les
notifica a los afectados, para sean ellos lo que adopten las medidas de prevención necesarias,
siendo que no consta que la recurrida reparta agua potable con camiones cisterna, lo que evidencia
aún más, el dilema acusado por el recurrente. En conclusión, dado que el vecindario de Aguas Claras
ha sufrido problemas de un abastecimiento irregular de agua potable sin que la recurrida haya tomado
acciones efectivas con anterioridad a la presentación de este recurso, se procede declarar con lugar
el recurso, con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de esta sentencia. (Ver
también la sentencia N.° 12974-2015 de las 9:20 horas del 21 de agosto de 2015)

 



 Igualmente, cabe citar la sentencia también de la Sala Constitucional N.° 12592-2014 de las 9:05
del 1 de agosto de 2014:






 



De lo expuesto, se desprende que efectivamente durante las horas de mayor consumo existen problemas
de abastecimiento de agua potable, particularmente en las zonas altas del cantón, lo cual constituye
una lesión al derecho al agua potable y a los principios constitucionales que rigen el
funcionamiento de los servicios públicos del actor y sus vecinos. Por su parte, las autoridades del
Instituto Costarricense de Acueductos y A. informan que en los años 2002 y 2007 se realizaron
Estudios de Optimización y se emitieron recomendaciones, las cuales no fueron -en opinión del
Instituto- implementadas por la Municipalidad. Y si bien bajo juramento las autoridades municipales
informan de las medidas que se han adoptado para paliar dicha problemática (incluido el alquiler de
camiones cisterna para abastecer las zonas afectadas, la regulación de válvulas, la inyección de
pozos privados y la interconexión de los sistemas de distribución) para mantener equilibrada la
distribución de agua potable; lo cierto del caso es que dichas medidas no han sido suficientes ni
definitivas -sino más bien a corto plazo, tal y como indican las autoridades del Área Rectora de
Salud-. Así las cosas, y visto que los recurridos son conocedores del problema desde hace varios
años, procede estimar el recurso en los términos que se establecen en la parte dispositiva de esta
sentencia. (…) (Ver también sentencia 10906-2014 de las 09:05 horas del 04 de julio de 2014)

 




 



 Debe insistirse. El servicio público de abastecimiento de agua potable no solo debe ser continúo
sino que debe asegurarse que provea una cantidad y calidad suficiente del recurso potable, pues las
deficiencias que presente dicho suministro igual podrían, eventualmente, constituir un quebranto del
derecho fundamental al agua. Sobre este tema, es oportuno transcribir la sentencia de la Sala
Constitucional N.° 262-2009 de las 14:30 horas del 14 de enero de 2009:




 



A modo de conclusión. En el caso bajo estudio la Sala tiene por acreditado que se ha violentado el
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por violación al principio precautorio en
materia ambiental, siendo así que el ICAA planteó el desarrollo de un proyecto de infraestructura y
explotación de recursos hídricos careciendo de certeza sobre la disponibilidad de agua y la
posibilidad de explotación del Acuífero Sardinal, por lo que toda autorización de aprovechamiento
sin tal certidumbre sitúa al acuífero en una posición



 



 de vulnerabilidad, ocasionando con ello un innecesario  riesgo ambiental. En este sentido, el ICAA
deberá disponer de inmediato las actuaciones que se encuentren dentro de su ámbito de competencias
para que una vez que exista certeza sobre el recurso hídrico disponible, su posibilidad de
explotación, y la viabilidad ambiental correspondiente, elaborar un nuevo documento acorde con las
competencias que tiene el ICAA en materia de otorgamiento de servicios de agua potable. De igual
forma, deberá suspender el otorgamiento de nuevas cartas de disponibilidad, así como sujetar
momentáneamente las disponibilidades ya concedidas a lo señalado en el informe emitido por la
Escuela Centroamericana de Geología en noviembre de dos mil ocho, en el sentido que el caudal máximo
a extraer es de 63,75 litros por segundo, y, en caso de no poder ajustarse a este caudal máximo,
deberá reajustar o anular las disponibilidades existentes que sean necesarias; esto hasta tanto y
con la salvedad  que los estudios técnicos que el SENARA deberá elaborar -de conformidad con esta
sentencia- informen la certeza técnica de una explotación distinta. Debe tomar en consideración el
ICAA que del caudal máximo disponible que se puede extraer ahora y en el futuro, debe darse
prioridad a la comunidad sobre cualquier proyecto turístico o comercial. En consecuencia, deberá
igualmente establecer los canales de participación e información con las comunidades de Sardinal, El
Coco y Ocotal sobre todos los extremos de la ampliación del acueducto. (Ver también N.° 16943-2010
de las 13:14 horas del 13 de octubre de 2010)




 



 En definitiva, es evidente que existe una obligación pública de tutelar la infraestructura
necesaria para la prestación del servicio público de agua. Esto a efecto de asegurar el buen
funcionamiento de dicho servicio. Al respecto, es importante destacar que tratándose del servicio de
agua potable, la Sala Constitucional ha señalado que existe una garantía acentuada de velar por el
buen funcionamiento de dicho servicio. Ver la sentencia de la Sala Constitucional




 



IV.-

DERECHO FUNDAMENTAL AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS



 SERVICIOS PUBLICOS. Nuestra constitución política recoge, implícitamente, el Derecho Fundamental de
los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean
prestados con elevados estándares de calidad, el cual




tiene    como    correlato    necesario    la    obligación    de    las






 



 administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente.
Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales,
tales como el 140, inciso 8, el cual le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen
funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4), en cuanto
incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 en la medida que incorpora el
principio de “eficiencia de la administración”. Esa garantía individual atípica o innominada se
acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua potable.




 



 De seguido, es acertado señalar que como parte del régimen jurídico que tutela las obras
hidráulicas que forman parte del servicio público de agua potable, la Ley le ha otorgado al
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las potestades necesarias para vigilar por
el buen funcionamiento de la infraestructura, lo cual implica su mantenimiento, y para determinar la
prioridad, conveniencia y viabilidad de las nuevas construcciones que se deban hacer, así como de su
reforma, ampliación y modificación. Lo anterior implica además un poder de tutela y vigilancia sobre
la infraestructura de los acueductos operados por municipalidades o por Asociaciones administradoras
de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados. Doctrina del artículo 2.b de la Ley Constitutiva de
Acueductos y Alcantarillados.




 



 Asimismo, se impone advertir que ya mediante dictamen C-295-2001 de25 de octubre de 2001 se ha
indicado, que conforme las normas citadas, corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados, la potestad de proteger y regular el uso de los terrenos que bordean captaciones,
tomas o surtidores de agua potable. Esta competencia incluye la ejecución de las acciones
administrativas necesarias para preservar su afectación a una finalidad pública y por tanto, la
continuidad del servicio público:




 



El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es el ente público encargado de proteger
y regular el uso de los terrenos que bordean captaciones, tomas o surtidores de agua potable. Esta
competencia incluye la ejecución de las acciones administrativas necesarias para preservar su
afectación a una finalidad pública, recurriendo a la fuerza pública para practicar desalojos
administrativos, si es del caso, y preservarlos para que en ellos no sea realicen actividades
contaminantes de las fuentes de  agua.  Además,  incluye  la  competencia  para  entablar  las



acciones judiciales correspondientes cuando sea necesario, lo cual también puede hacerlo el ente
público a cuyo nombre aparezcan inscritos tales terrenos. Si en ellos hay recursos forestales,
corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía, tutelar dichos recursos y disponer acerca de los
mismos.




 




Sobre este punto, también es importante citar el dictamen C-134-2016 de 8 de junio de 2016:




 



La Ley 2726/1961, reformada por la Ley 5915/1976, confiere al Instituto Costarricense de Acueductos
y Alcantarillados (ICAA o AyA abreviado, Ley 5915, Transitorio II) competencia nacional, como ente
rector, para el suministro de agua potable. Le encarga resolver lo relacionado con éste en “todo el
territorio nacional” (artículo 1°); dirigir y vigilar lo concerniente para proveer a los habitantes
de la república de un servicio de agua potable (art. 2, inc a); “aprovechar, utilizar, gobernar o
vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido
cumplimiento de las disposiciones de esta ley (…), a cuyo efecto el Instituto se considerará el
órgano sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y municipalidades”
(art. 2, inc f); administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados del
país, los cuales irá asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos (art.
2 inc. g). Esta última norma es programática, y “pretende que de manera  progresiva el  ente público
asuma el  total del suministro del agua a nivel nacional, pero consciente de que no era posible para
el momento histórico”. (TRIBUNAL CONTENCIOSO    ADMINISTRATIVO,    SECCIÓN    IV,    sentencia

13/2012). Además, AyA está facultado a convenir con organismos locales la administración de los
sistemas de acueducto, excepto los del Área  Metropolitana o en los que  haya responsabilidad
financiera del Instituto, y para administrarlos a través de juntas administradoras de integración
mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere a la mejor
prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos (art. 2° inc. g).




 



 (Con relación al AyA como autoridad rectora en materia de suministro de agua potable, vid Decreto
32529/2005,  art.  2°. SALA CONSTITUCIONAL, las sentencias 12957/2001, 1431/2003,





 7779/2004,  3442/2005,  4000/2005,  1254/2006,     4466/2007,5645/2007,  11430/2007,  10076/2008,
 2662/2009  4902/2009,17498/2009, 1359/2010 y 8640/2010. TRIBUNAL CONTENCIOSOADMINISTRATIVO, SECCIÓN
II, sentencia 304/2006. Acerca de su competencia nacional: SALA CONSTITUCIONAL, sentencias
1380/2003,   3442/2005,   5606/2006,   entre   otras.   TRIBUNALCONTENCIOSO    ADMINISTRATIVO,  
 SECCION    II,    sentencia128/2009. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION IV,     
 sentencia       13/2012.       TRIBUNAL       CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN III, sentencia:
00219/2011).




 



 El Instituto es “el primer llamado a controlar, fiscalizar y resolver todos los problemas relativos
al suministro de agua potable para usos domiciliarios”, donde le compete hacerlo, y a asegurar su
abastecimiento oportuno. (SALA CONSTITUCIONAL, sentencias 9051/2000,  1449/2003,  12903/2003,
 18633/2007,  10069/2008,




8045/2009, 14709/2009 y 7973/2011).




 



 La competencia de A y A “para planear, diseñar, construir, operar y mantener obras de
abastecimiento de agua a una población (…) nunca ha conllevado la de conferir concesiones para la
explotación de aguas del dominio público, aun cuando éstas sean destinadas (…) a proveer de agua
potable a una población definida”. (TRIBUNAL   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO,   SECCIÓN 
 IV,sentencia 29/2013).




 



 De otro extremo, y no obstante lo anterior, se denota que la Ley no se ha circunscrito a proteger
la infraestructura del servicio público de agua potable, sino que ha establecido un deber de
conservar y proteger  la cobertura boscosa que exista en los terrenos que bordean las captaciones,
tomas o surtidores de agua potable. Esto por supuesto asegura la preservación de fuente captada para
el servicio público.




 




Al respecto, se hace pertinente puntualizar que conforme el numeral



 31.bde la Ley de Aguas, la zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos donde
en que produzca la infiltración de aguas potables constituye, de por si, una reserva de dominio
público destinado a proteger la cobertura boscosa:




 




 



Artículo 31.- Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación:



 



 b) La zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se produce la
infiltración de aguas potables, así como el de los que dan asiento a cuencas hidrográficas y
márgenes de depósito, fuentes surtidoras o curso permanente de las mismas aguas




 




 



 Sobre el sentido del artículo 31.b de la Ley de Aguas, conviene citar otra vez el dictamen
C-295-2001 de 25 de octubre de 2001:




 



Lo anterior, por cuanto, los sitios de captación y las tomas surtidoras de agua potable están
comprendidas dentro de lo que establece el numeral 7 de la Ley de Tierras y Colonización cuando hace
referencia a las fuentes ubicadas en cuencas u hoyas hidrográficas, o que se originan o parten de
cualquier curso de agua que surta a alguna población. El artículo 31 de la Ley de Aguas, simplemente
hace referencia a las fuentes de agua captadas o tomadas para consumo humano. El 7 de la Ley de
Tierras y Colonización se refiera a esas mismas fuentes, aunque no hayan sido captadas o tomadas
para tal fin.

 



 Como puede notarse, ambas normas regulan situaciones similares aunque no idénticas. La similitud
radica en que las dos incorporan al dominio público los terrenos que bordean las fuentes de agua y
la diferencia es que la Ley de Aguas lo hace únicamente cuando dichas fuentes han sido captadas.
Esta diferencia puede dar lugar a casos no comprendidos en la hipótesis de hecho contemplada por el
artículo 7, inciso c) de la Ley de Tierras y Colonización, consistente en captaciones o tomas de
agua potable que no estén en manantiales o en los orígenes o cabeceras de aquellos cursos de agua de
donde se surtan poblaciones. En tales casos, sólo es de aplicación lo dispuesto por el artículo 31
de la citada Ley de Aguas que, en todo caso, también incorpora al dominio público los terrenos que
bordean tales sitios de captación o toma. Pero lo importante es que, en lo que tienen de similar
dichas disposiciones, no son contradictorias, esto es, que no estamos frente a una antinomia.




 



 Corolario de lo anterior, y tal y como lo indicado expresamente el dictamen C-295-2001, se debe
puntualizar que sin perjuicio de las competencias del Instituto Costarricense de Acueductos que si
en los terrenos que bordean las tomas de captación de aguas existen recursos forestales, corresponde
al Ministerio del Ambiente y Energía, tutelar dichos recursos y





 disponer acerca de los mismos. Esto siempre con la finalidad no solo de preservar la cobertura
boscosa, sino de proteger el recurso hídrico que provee la toma de captación utilizada por el
servicio público de abastecimiento de agua potable.




 




 




 



B.   EN ORDEN AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FORESTAL

 



 En otro orden de cosas, es conocido que en virtud del artículo 13 de la Ley Forestal, N.° 7575 de
13 de febrero de 1996, la Ley ha dispuesto que se tengan por incorporados dentro del Patrimonio
Natural del Estado, a todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las
áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a
municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública.




 



     ARTICULO 13.- Constitución y administración

El  patrimonio  natural  del  Estado  estará  constituido  por  los bosques y terrenos forestales de
las reservas nacionales, de las áreas




declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las



 pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración
Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e




ingresen a formar parte de su patrimonio.




 



 El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando  proceda,  por  medio  de
 la  Procuraduría  General  de  la República,  inscribirá  los  terrenos  en  el  Registro  Público
 de  la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado. Las organizaciones no
gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con  bosque  o  de  aptitud  forestal,  con  fondos
 provenientes  de



 donaciones o del erario, que se hayan obtenido a nombre del Estado,deberán traspasarlos a nombre de
este.




 



 Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha entendido el Patrimonio Natural del Estado como
un bien de dominio público integrado por dos componentes: a) Las Áreas Silvestres Protegidas,
cualquiera sea su categoría de manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo: reservas forestales,
zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre,
humedales y monumentos naturales, b) Los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal
del Estado e instituciones públicas. Al





 respecto, baste citar la sentencia de la Sala Constitucional N.° 16362-2015 de las 9:30 horas del
21 de octubre de 2015:




 



“el Patrimonio Natural del Estado es un bien de dominio público cuya su conservación y
administración están encomendadas, por la ley, al Ministerio del Ambiente y Energía, mediante el
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2°, y 14; Ley
Orgánica del Ambiente, artículo 32, pfo. 2°). Lo integran dos importantes componentes: a) Las Áreas
Silvestres Protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, declaradas por Ley o Decreto
Ejecutivo: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios
nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales (Ley  Forestal  7575,  arts.  1°,
 pfo.  2°,  3°  inciso  i;  Ley  Orgánica  del Ambiente 7554, artículo 32; Ley de Biodiversidad N°
7788, arts. 22 y sigts. y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, artículo 3° incs. d y
f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE N° 7152 y su Reglamento;

Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, artículo 82, inciso a). b)



 Los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas
(artículo 13 de la Ley Forestal), que tienen una afectación legal inmediata. Para la zona marítimo
terrestre, la misma Ley 6043 (artículo 73) excluye de su ámbito las Áreas Silvestres Protegidas y
las sujeta a su propia legislación. El resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de los
litorales, están también bajo la administración del Ministerio  del  Ambiente  y  se  rigen  por  su
 normativa  específica  (Ley Forestal, artículo 13 y concordantes)”




 



 En la sede contenciosa administrativa, se ha comprendido, a su vez, que por virtud de lo
establecido en el artículo 13 de la Ley Forestal, las zonas boscosas y los terrenos con aptitud
forestal en propiedades de las instituciones públicas, los manglares y los humedales comprendidos
dentro de las áreas inalienables, así como los bosques y terrenos forestales de la zona marítimo
terrestre, quedan afectadas de forma inmediata a este Patrimonio Natural del Estado. Citamos la
sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia N.° 350-2012 de las 9:45 horas del 14
de marzo de 2012:




 



En suma, en este caso concreto, la participación de la Procuraduría resulta esencial, dado que es
necesario determinar con certeza plena, si existe una  afectación legal inmediata al patrimonio
natural del Estado en los términos del canon 15 de la Ley Forestal. No lleva razón el Tribunal, en
cuanto a que no era necesaria la participación de la PGR por el simple hecho de que el



 



 IDA adquirió el terreno de un privado para adjudicarlo a terceros, ya que el Patrimonio Natural del
Estado no requiere de una declaratoria expresa para su constitución, conforme a lo establecido en
los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal. Las zonas boscosas, los terrenos con aptitud forestal,
los manglares y los humedales comprendidos dentro de las áreas inalienables, así como la zona
marítimo terrestre, quedan afectadas de forma inmediata a este Patrimonio, sin concurrencia de  la
Administración, por lo cual el juez agrario, incluso de oficio, así debió determinarlo.




 



 Por consecuencia, al amparo del artículo 14 de la misma Ley Forestal, y como regla general, se debe
entender que los bosques y terrenos forestales en propiedades del Estado, quedan incorporados de
pleno Derecho en el Patrimonio Natural del Estado, y protegidos por un régimen de dominio público
que, como es de suyo, impide su enajenación y que obsta para que los particulares puedan adquirir,
de ninguna forma, derechos de propiedad o posesión sobre los inmuebles que lo integran:




 



ARTICULO  14.-  Condición  inembargable  e  inalienable  del patrimonio natural

Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural  del  Estado,  detallados
 en  el  artículo  anterior,  serán




inembargables e inalienables; su posesión por los particulares



 no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del   Estado   por   estos 
 terrenos   es   imprescriptible.   En




consecuencia,  no  pueden  inscribirse  en  el  Registro  Público



 mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada
conforme a lo dispuesto en esta Ley.




 



 Así las cosas, es claro que el régimen jurídico creado por los artículo 13 y 14 de la Ley Forestal
tiene, indudablemente, una finalidad protectora, pues, de acuerdo con el texto de dicha norma, su
objetivo es dar una protección demanial a los terrenos propiedad del Estado con bosque o terrenos
forestales, los cuales quedarían bajo administración del Ministerio de Ambiente y Energía.




 



 Luego, debe reiterarse que conforme el numeral 31.b de la Ley de Aguas, los terrenos boscosos que
rodean las áreas de infiltración de las tomas de captación de agua son reservas de dominio público,
por lo que,






 



 conforme el artículo 13 de la Ley Forestal, debe entenderse que han sido incorporados, a su vez,
dentro del Patrimonio Natural del Estado.



 Igualmente, debe constatarse que actualmente existen una serie de zonas de tomas de agua destinadas
al consumo humano dentro de áreas silvestres protegidas que también forman parte del Patrimonio
Natural del Estado. (Ver Análisis de vulnerabilidad al cambio climático de las áreas silvestres    
protegidas              terrestres.         SINAC,           2013,        
disponible                       en http://canjeporbosques.org/wp-content/uploads/2017/07/Informe-
final- 1.pdf.  Los  datos  relativos  a  las  tomas  de  agua  en  Áreas  Silvestres Protegidas
provienen de DIRECCIÓN DE AGUAS - MINAET (MINISTERIO DE AMBIENTE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES - CR),
2012. Registro




Nacional de Concesiones de Agua y Cauces.)




 



 Debe reiterarse, sin embargo, que conforme lo expuesto anteriormente, el servicio público universal
de abastecimiento de agua potable está vinculado con la protección y satisfacción del derecho
fundamental al acceso al agua, el cual, a su vez, está vinculado con la tutela de otros derechos
esenciales como lo son la vida y la salud.




 



 De seguido, es claro, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Forestal y de acuerdo con lo
también dictaminado en el criterio C-134- 2016 ya citado, lo cierto es que no es procedente otorgar
al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ningún título que le habilite para
aprovechar el recurso hídrico dentro de las áreas silvestres protegidas, de dominio público estatal,
para abastecimiento poblacional.




 



 No obstante lo cierto es que tampoco sería procedente impedir que el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados pueda ejercer sus funciones en materia de mantenimiento y reparación de
las obras hidráulicas, incluyendo las obras de captación de aguas, que ya existan en terrenos
incorporados al patrimonio Natural del Estado.




 



 En este sentido, debe insistirse en que las potestades de tutela que el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados tiene en materia de mantenimiento y reparación de las tomas de
captación y demás elementos de los sistemas de abastecimiento, son esenciales para garantizar la
continuidad del servicio público de suministro de agua potable de la población, y por tanto para la
protección y tutela del derecho fundamental del acceso al agua.






 



 Así las  cosas, aunque  es evidente  que,  actualmente  y bajo el imperio del numeral 18 de la Ley
Forestal, no es procedente que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados pueda
construir nuevas tomas de captación dentro del Patrimonio Natural del Estado, lo cierto es que por
aplicación del principio de primacía en la protección de los derechos fundamentales, específicamente
el derecho de acceso al agua, no puede impedirse que el Instituto pueda realizar las obras de
reparación y mantenimiento que sea necesario hacer en las obras de captación que ya existen en
terrenos del patrimonio natural del Estado y que son indispensables para garantizar la continuidad
del servicio público del agua, así como para asegurar que sea suministrada en calidad y cantidad
suficientes para cumplir dicho derecho fundamental.




 



 En este sentido, debe apuntarse que, de acuerdo con el numeral 11 de la Ley General de la
Administración Pública, el principio de legalidad obliga y vincula a la administración a someter su
actuación no solo a la Ley ordinaria sino a conformar su actividad al régimen de derechos
fundamentales. Así se debe comprender que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
se encuentra autorizado para reparar y dar mantenimiento a las obras de captación. Esto con la
finalidad de no interrumpir el servicio público de agua potable.




 



 Por supuesto, es menester acotar que, conforme el numeral 18 de la Ley Forestal, a efectos de
realizar las obras de mantenimiento y reparación que sean necesarias, el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados debe cumplir y someterse a los estudios y  criterios técnicos del
Ministerio de Ambiente y Energía.




 



 Finalmente, debe advertirse que en el tanto la ampliación de las obras de captación sean
indispensables para garantizar la continuidad del servicio público de abastecimiento de agua potable
para la población, dichas ampliaciones pueden ser también autorizadas por el Ministerio de Ambiente
y Energía.




 



 Al respecto, es indispensable señalar que para autorizar dichas ampliaciones, el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, debe realizar y aportar al Ministerio de Ambiente y
Energía, los estudios previstos en el artículo 2.b de su Ley Constitutiva y que demuestren la
prioridad, conveniencia y viabilidad de dichas ampliaciones. Asimismo, el Instituto deberá ajustar
sus ampliaciones, a lo que el Ministerio establezca en sus criterios y estudios técnicos.






 




 



C.    CONCLUSION:

 




Con fundamento en lo expuesto, se concluye:



 -      Que aunque es evidente que, actualmente y bajo el imperio del numeral 18 de la Ley Forestal,
no es procedente que el Instituto Costarricense  de  Acueductos  y  Alcantarillados  pueda
 construir



 nuevas tomas de captación dentro del Patrimonio Natural del Estado, lo cierto es que por aplicación
del principio de primacía en la protección de los derechos fundamentales, específicamente el derecho
de acceso al agua, no puede impedirse que el Instituto pueda realizar las obras de reparación y
mantenimiento que sea necesario hacer en las obras de captación que ya existen en terrenos del
patrimonio natural del Estado y que son indispensables para garantizar la continuidad del servicio
público del agua, así como para asegurar que sea suministrada en calidad y cantidad suficientes para
cumplir dicho derecho fundamental.



 -      Que, conforme el numeral 18 de la Ley Forestal, a efectos de realizar las obras de
mantenimiento y reparación que sean necesarias, el Instituto Costarricense  de  Acueductos  y
Alcantarillados debe cumplir y someterse a los estudios y criterios técnicos del Ministerio de
Ambiente y Energía.



 -      Que para autorizar ampliaciones en obras  de  captación  de patrimonio natural del Estado,
el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, debe realizar y aportar al Ministerio de
Ambiente y Energía, los estudios previstos en el artículo 2.b de su Ley Constitutiva y que
demuestren la prioridad, conveniencia y viabilidad de dichas ampliaciones. Asimismo, el Instituto
deberá ajustar sus ampliaciones, a lo que el Ministerio establezca en sus criterios y estudios
técnicos.




 




 




 




 




Sin otro particular,         




Jorge Oviedo Álvarez




Procurador Adjunto

Opinion: 103 of 05/18/2018

May 18, 2018

C-103-2018

Doctor
Carlos Manuel Rodríguez, Minister of Environment and Energy
S.D.

Dear Sir:

With the approval of the Attorney General of the Republic, I am responding to your official communication DM-136-2018 of March 2, 2018.

In the memorandum DM-136-2018 of March 2, 2018, we are consulted as to whether it is legally permissible to authorize the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) or other operators of the water supply service for human consumption to perform repair, maintenance, or expansion works on existing structures within properties with forest that, in the opinion of the consulting party and by virtue of Article 13 of the Ley Forestal, would have become integrated into the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). It is specified that the structures whose legal regime is being consulted are those intended for the catchment (captación), treatment, and supply of potable water and which already exist on lands incorporated into the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado).

As required by section 4 of the Organic Law of the Attorney General's Office of the Republic, the opinion of the Legal Advisory Directorate of the Ministry of Environment and Energy, official communication DAJ-176-2018 of March 1, 2018, has been attached. This communication indicates, first, and on the basis of Articles 2 and 18 of the Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, that this institute has the power to construct, expand, and reform water and sewer works to carry out the catchment (captación) and conveyance of potable water to populations. It goes on to indicate that if, at the time of constituting the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), works for supplying potable water to populations already exist, these do not lose their nature or their administration by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, unless it is considered that such works must be incorporated into the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado). This would be because their current use is deemed incompatible with those of the Natural Heritage (Patrimonio Natural).

In order to address the consultation raised, it has been deemed appropriate to address the following points: a. Regarding the legal regime of the public water supply service, and b. Regarding Article 13 of the Ley Forestal.

A. REGARDING THE LEGAL REGIME OF THE PUBLIC WATER SUPPLY SERVICE.

It is indisputable that the Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, No. 2726 of April 14, 1961, has created a universal public service for potable water supply. In this regard, it is worth noting that, indeed, Article 2.a of that Law No. 2726 has charged the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados with the function of directing and overseeing the provision of the public water supply service, the purpose of which is to provide the country's inhabitants with a supply of said resource:

ARTICLE 2.- The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is responsible for:
a) Directing and overseeing everything related to providing the inhabitants of the republic with a potable water service, collection and evacuation of black water and liquid industrial waste, and rainwater in urban areas;

It should be noted that, according to the General Potable Water Law, No. 1634 of September 18, 1953, the execution of works necessary to guarantee the potable water supply to the population constitutes an activity of public utility.

Article 1.- The planning, design, and execution of potable water supply works in the populations of the Republic are declared of public utility.

That is to say, since the enactment of the Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the General Potable Water Law, it has been considered that there is a public interest in the provision of a supply service that guarantees the population, in general, an adequate provision, in quality and quantity, of potable water for human consumption and for the functioning of sanitary systems. This is without prejudice to admitting that the Water Law, No. 276 of August 27, 1942, had already prescribed since its enactment that the provision of water for human supply must constitute a priority in the ordering of the use of Public Domain waters and, specifically, in relation to the granting of concessions for the special use of public waters. (Articles 30 and 34 of the Water Law) This doctrine is also found embodied in Article 60.a of the Organic Environmental Law:

Article 60.- Prevention and control of contamination. To prevent and control environmental contamination, the State, the municipalities, and other public institutions shall give priority, among others, to the establishment and operation of adequate services in fundamental areas for environmental health, such as:
a) The supply of water for human consumption. (…)

Next, it is important to indicate that Article 267 of the General Health Law has, in turn, prescribed that said public potable water supply service must necessarily be provided continuously in sufficient quantity to satisfy the needs of persons, and must be provided with the pressure required to permit the correct functioning of sanitary fixtures.

ARTICLE 267.- Every water supply system destined for the use and consumption of the population must supply potable water continuously, in sufficient quantity to satisfy the needs of persons, and with the necessary pressure to permit the correct functioning of sanitary fixtures in use.

Likewise, it is necessary to emphasize that the so-called universal public potable water supply service is inherently related to the guarantee of the fundamental right to potable water, which in turn is derived from and related to the protection of other elementary rights of persons, particularly the right to life and the right to health. We cite the ruling of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) No. 4654-2003 of 3:44 p.m. on May 27, 2003, whose criterion has been reiterated, for example, in the recent judgment No. 1163-2017 of 9:40 a.m. on January 27, 2017:

The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has been recognized also in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); furthermore, it is enunciated in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and it is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. Within our Inter-American Human Rights System, the country is particularly obliged in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ("Protocol of San Salvador" of 1988), which provides that:
"Article 11. Right to a Healthy Environment
1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services."
Furthermore, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights recently reiterated that having water is a human right that, besides being essential for leading a healthy life, is a prerequisite for the realization of all other human rights.

Subsequently, it must be emphasized that, according to the jurisprudence of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), the fundamental right of access to potable water constitutes an essential element of human well-being. In this regard, it is appropriate to cite the judgment of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) No. 5606-2006 of 3:21 p.m. on April 26, 2006, a criterion reiterated in ruling No. 1676-2009 of 12:07 p.m. on February 6, 2009:

Access to potable water as a human right. In addition to what has been indicated, and perhaps the most relevant aspect of this issue, is the nature and function of water for human life. It is not necessary to detail here an explanation of the evident and notorious reality that without water there can be no life, nor quality of life, and that therefore, with or without a nationalization law, by its very essence, this issue is not and cannot be a territorial or local issue. The Chamber itself, in its constitutional jurisprudence, has stated that access to potable water is a fundamental human right, insofar as it is configured as an integral part of the content of the right to health and the right to life. (SALA CONSTITUCIONAL, judgments numbers 534-96, 2728-91, 3891-93, 1108-96, 2002-06157 2002-10776; 2004-1923).

Thus, it is clear that the provision of the public potable water supply service is indispensable for the most basic well-being of the population. In this regard, it is significant to cite what was stated in the 1961 presidential message regarding the creation of the national public water and sewer system service, in which President Echandi described said service as the measure of greatest significance in public health in the first part of the 20th Century. Likewise, what was indicated by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in judgment No. 13061-2015 of 9:20 a.m. on August 21, 2015 should be cited:

Regarding the supply of potable water as a public service. Firstly, it must be indicated that the supply of potable water constitutes an essential and costly public service. The Chamber's jurisprudence on the matter of potable water supply has been fundamentally directed at protecting the right to life and health of natural persons. These rights imply the possibility of demanding certain provisions from the State, an area in which the State is obliged to provide some public services, especially those essential for maintaining sanitary conditions favorable to the preservation of the life and health of persons. In this way, guaranteeing the purity of the liquid for human consumption, as well as the continuity of its supply, forms part of a due and efficient service to the subscriber, and in turn guarantees their most basic fundamental rights.

Now then, it is important to make a general reference to the legal protection that the Law offers to the so-called hydraulic works (obras hidráulicas) constructed for the provision of the public potable water supply service. A hydraulic work (obra hidráulica) is understood to be that civil work intended for the catchment (captación), extraction, desalination, storage, regulation, conveyance, control, and use of waters, as well as the sanitation, purification, treatment, and reuse of the used waters. (In this regard, see: https://www.riego.org/glosario/obra-hidraulica/)

It is worth noting that in our context, and by virtue of the provisions of the already transcribed Article 1 of the General Potable Water Law, the so-called hydraulic works (obras hidráulicas) that form part of the infrastructure necessary for the provision of the public potable water supply service are works of public interest. This is insofar as it is understood that the works constructed for the catchment (captación), treatment, and supply of potable water are naturally indispensable for the provision of the public service.

In this sense, it is correct to state that, according to Article 2 of the General Potable Water Law, the construction, maintenance, expansion, or modification of the most necessary hydraulic works (obras hidráulicas) is an essential function of a public nature. Likewise, Article 16 of the same General Potable Water Law has granted legal protection or guardianship for the areas surrounding the hydraulic works (obras hidráulicas) for catchment (captación), treatment, and supply, within which installations, buildings, or activities that in any way harm the operation or distribution work, or the physical, chemical, or bacteriological conditions of the water are prohibited:

Article 16.- Installations, buildings, or activities within the areas near supply sources, purification plants, or any other part of the system that in any way harm the operation or distribution work, or the physical, chemical, or bacteriological conditions of the water are prohibited; these zones shall be determined by the Ministries of Public Works and Public Health.

Analogous protection is found in Articles 31, 32, and 33 of the Water Law, which also grant, through various legal mechanisms, protection to the catchment (captación) sites or supply sources of potable water. (See opinion C-295-2001 of October 25, 2001).

Thus, it is notable that, according to our legal system, the hydraulic works (obras hidráulicas) necessary for the provision of the public potable water service are protected by a particular legal regime, insofar as it is understood that these works are indispensable for the continuous provision of said service. This protection is intended to ensure that the potable water supply is not interrupted and that the catchment (captación) sources are not contaminated or that the quality and quantity of the water are not deteriorated.

In this order of ideas, it is necessary to specify that constitutional jurisprudence has indicated that, in principle, the interruption of the potable water supply service, for reasons not attributable to the subscriber of said service, would constitute a violation of the fundamental right of access to potable water. In this regard, it is important to cite again, for its clarity, judgment No. 13061-2015:

On the merits. Taking into account what was established in the preceding recitals (considerandos) regarding the right of access to potable water and the right to the proper functioning of public services, and what was reported by the respondent authority given under the solemnity of the oath, with timely warning of the consequences provided for in Article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law, it is proven that in the community of Aguas Claras there is a problem with the supply of the potable water service. Thus, the irregular supply of potable water reported by the petitioner is due to the fact that there is no dedicated storage tank for the supply of the community, and so, when problems arise in the distribution network, the residents of said area are affected, due to the topography of the land and because they are at the end of the distribution network. The foregoing shows that, indeed, a series of deficiencies in the quantity of water received by the residents of the community in question have occurred, without the respondent authority having taken concrete actions to seek a comprehensive solution to this problem. For its part, the respondent party in its defense indicated that it is managing an investment project for the design and construction of a storage tank of one thousand cubic meters in the Aguas Claras sector, and that when scheduled repairs must be carried out, the residents are alerted via a public address system. In accordance with what was stated, it follows that during the cutoff of the water supply, the respondent Institute notifies the affected parties so that they may adopt the necessary prevention measures, as there is no record that the respondent distributes potable water with tanker trucks, which further highlights the dilemma alleged by the petitioner. In conclusion, given that the neighborhood of Aguas Claras has suffered problems of irregular potable water supply without the respondent having taken effective actions prior to the filing of this appeal, the appeal is hereby granted, with the consequences detailed in the operative part (Por tanto) of this judgment. (See also judgment No. 12974-2015 of 9:20 a.m. on August 21, 2015)

Likewise, it is worth citing the judgment, also from the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), No. 12592-2014 of 9:05 a.m. on August 1, 2014:

From the foregoing, it follows that indeed during peak consumption hours there are potable water supply problems, particularly in the higher areas of the canton, which constitutes an injury to the right to potable water and to the constitutional principles governing the functioning of public services for the plaintiff and their neighbors. For their part, the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) report that Optimization Studies were carried out in 2002 and 2007 and recommendations were issued, which were not—in the Institute's opinion—implemented by the Municipality. And although under oath the municipal authorities report on the measures that have been adopted to alleviate this problem (including the rental of tanker trucks to supply the affected areas, the regulation of valves, the injection of private wells, and the interconnection of distribution systems) to maintain balanced potable water distribution; the truth of the matter is that these measures have not been sufficient or definitive—but rather short-term, as indicated by the authorities of the Governing Health Area (Área Rectora de Salud). Thus, and seeing that the respondents have been aware of the problem for several years, it is appropriate to grant the appeal in the terms established in the operative part (Por tanto) of this judgment. (…) (See also judgment 10906-2014 of 09:05 a.m. on July 4, 2014)

It must be insisted upon. The public potable water supply service must not only be continuous but must also ensure that it provides a sufficient quantity and quality of the potable resource, since deficiencies in said supply could also, eventually, constitute a violation of the fundamental right to water. On this subject, it is opportune to transcribe the judgment of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) No. 262-2009 of 2:30 p.m. on January 14, 2009:

By way of conclusion. In the case under study, the Chamber finds it proven that the right to a healthy and ecologically balanced environment has been violated, due to violation of the precautionary principle in environmental matters, as the ICAA planned the development of an infrastructure and water resource exploitation project lacking certainty about the availability of water and the possibility of exploiting the Sardinal Aquifer, so any authorization for use without such certainty places the aquifer in a position of vulnerability, thereby causing an unnecessary environmental risk. In this sense, the ICAA must immediately arrange for actions within its scope of competencies so that, once certainty exists regarding the available water resource, its exploitation potential, and the corresponding environmental feasibility, a new document is prepared in accordance with the competencies that the ICAA has regarding the provision of potable water services. Similarly, it must suspend the granting of new availability letters, as well as temporarily subject the availabilities already granted to what is indicated in the report issued by the Central American School of Geology in November two thousand eight, in the sense that the maximum flow to be extracted is 63.75 liters per second, and, if it is not possible to adjust to this maximum flow, it must readjust or annul the existing availabilities as necessary; this until such time and with the exception that the technical studies that SENARA must prepare—in accordance with this judgment—report the technical certainty of a different exploitation. The ICAA must take into consideration that from the maximum available flow that can be extracted now and in the future, priority must be given to the community over any tourist or commercial project. Consequently, it must equally establish channels for participation and information with the communities of Sardinal, El Coco, and Ocotal regarding all aspects of the aqueduct expansion. (See also No. 16943-2010 of 1:14 p.m. on October 13, 2010)

Ultimately, it is evident that there is a public obligation to protect the infrastructure necessary for the provision of the public water service. This is to ensure the proper functioning of said service. In this regard, it is important to highlight that in the case of the potable water service, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has indicated that there is an accentuated guarantee to ensure the proper functioning of said service. See the judgment of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional)

IV.-
FUNDAMENTAL RIGHT TO THE PROPER FUNCTIONING OF PUBLIC SERVICES. Our political constitution implicitly incorporates the Fundamental Right of administered persons to the proper and efficient functioning of public services, that is, that they are provided with high standards of quality, which has as its necessary corollary the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, swiftly, effectively, and efficiently. This last obligation follows from the systematic relationship of several constitutional precepts, such as Article 140, subsection 8, which imposes on the Executive Branch the duty to "Monitor the proper functioning of services and administrative dependencies," Article 139, subsection 4), insofar as it incorporates the concept of "good governance," and Article 191 to the extent that it incorporates the principle of "administrative efficiency." This atypical or unnamed individual guarantee is accentuated in the case of essential public services such as the potable water supply.

Next, it is correct to point out that as part of the legal regime that protects the hydraulic works (obras hidráulicas) that form part of the public potable water service, the Law has granted the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados the necessary powers to oversee the proper functioning of the infrastructure, which implies its maintenance, and to determine the priority, convenience, and feasibility of new constructions to be made, as well as their reform, expansion, and modification. The foregoing also implies a power of guardianship and oversight over the infrastructure of aqueducts operated by municipalities or by Associations administering the Aqueduct and Sewer Systems (Asociaciones administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados). Doctrine of Article 2.b of the Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Likewise, it must be noted that already through opinion C-295-2001 of October 25, 2001, it has been indicated that, according to the cited norms, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has the power to protect and regulate the use of the lands bordering catchment (captación) areas, intakes, or supplies of potable water. This competence includes the execution of the necessary administrative actions to preserve their dedication to a public purpose and, therefore, the continuity of the public service:

The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is the public entity charged with protecting and regulating the use of the lands bordering catchment (captación) areas, intakes, or supplies of potable water. This competence includes the execution of the necessary administrative actions to preserve their dedication to a public purpose, resorting to public force to carry out administrative evictions, if necessary, and to preserve them so that no contaminating activities of the water sources are carried out on them. Furthermore, it includes the competence to file corresponding judicial actions when necessary, which may also be done by the public entity in whose name such lands are registered. If there are forest resources on them, it is the responsibility of the Ministry of Environment and Energy to protect said resources and decide regarding them.

On this point, it is also important to cite opinion C-134-2016 of June 8, 2016:

Law 2726/1961, amended by Law 5915/1976, grants the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA or AyA abbreviated, Law 5915, Transitory Provision II) national competence, as the governing entity, for the supply of potable water. It charges it with resolving everything related to this in "the entire national territory" (Article 1°); directing and overseeing everything related to providing the inhabitants of the republic with a potable water service (Art. 2, subsection a); "take advantage of, use, control, or supervise, as the case may be, all public domain waters indispensable for the due fulfillment of the provisions of this law (…), for which purpose the Institute shall be considered the substitute body for the powers attributed in that law to the State, ministries, and municipalities" (Art. 2, subsection f); directly administer and operate the country's aqueduct and sewer systems, which it shall gradually assume, taking into account convenience and availability of resources (Art. 2, subsection g). This last norm is programmatic, and "intends that progressively the public entity assumes the totality of the water supply at the national level, but aware that it was not possible for the historical moment." (TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN IV, judgment 13/2012). In addition, AyA is empowered to agree with local bodies on the administration of aqueduct systems, except those in the Metropolitan Area or those where there is financial responsibility of the Institute, and to administer them through administrative boards (juntas administradoras) of mixed composition between the Institute and the respective communities, provided that this suits the better provision of services and in accordance with the respective regulations (Art. 2°, subsection g).

(In relation to AyA as the governing authority in matters of potable water supply, see Decreto 32529/2005, Art. 2°. SALA CONSTITUCIONAL, judgments 12957/2001, 1431/2003, 7779/2004, 3442/2005, 4000/2005, 1254/2006, 4466/2007, 5645/2007, 11430/2007, 10076/2008, 2662/2009 4902/2009, 17498/2009, 1359/2010 and 8640/2010. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN II, judgment 304/2006. Regarding its national competence: SALA CONSTITUCIONAL, judgments 1380/2003, 3442/2005, 5606/2006, among others. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION II, judgment 128/2009. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION IV, judgment 13/2012. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN III, judgment: 00219/2011).

The Institute is "the first called to control, inspect, and resolve all problems related to the supply of potable water for domiciliary uses," where it is responsible for doing so, and to ensure its timely supply. (SALA CONSTITUCIONAL, judgments 9051/2000, 1449/2003, 12903/2003, 18633/2007, 10069/2008, 8045/2009, 14709/2009 and 7973/2011).

The competence of AyA "to plan, design, construct, operate, and maintain water supply works for a population (…) has never entailed that of granting concessions for the exploitation of public domain waters, even if these are intended (…) to provide potable water to a defined population." (TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN IV, judgment 29/2013).

On another note, and notwithstanding the above, it is denoted that the Law has not been limited to protecting the infrastructure of the public potable water service, but has established a duty to conserve and protect the forest cover (cobertura boscosa) that exists on the lands bordering the catchment (captación) areas, intakes, or supplies of potable water. This, of course, ensures the preservation of the source captured for the public service.

In this regard, it is pertinent to specify that, according to section 31.b of the Water Law, the forest zone that protects or should protect the group of lands where the infiltration of potable waters occurs constitutes, in itself, a public domain reserve destined to protect the forest cover (cobertura boscosa):

Article 31.- The following are declared as a domain reserve in favor of the Nation:
b) The forest zone that protects or should protect the group of lands where the infiltration of potable waters occurs, as well as that of those that provide the base for hydrographic basins and reservoir margins, supply sources, or permanent course of the same waters.

Regarding the meaning of Article 31.b of the Water Law, it is worth citing again opinion C-295-2001 of October 25, 2001:

The foregoing, because the catchment (captación) sites and supply sources of potable water are included within what is established in section 7 of the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) when it refers to sources located in hydrographic basins or watersheds, or that originate from or are part of any water course that supplies a population. Article 31 of the Water Law simply refers to the water sources captured or taken for human consumption. Section 7 of the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) refers to those same sources, even if they have not been captured or taken for such purpose.

As can be noted, both provisions regulate similar, though not identical, situations. The similarity lies in the fact that both incorporate into the public domain the lands bordering water sources, and the difference is that the Ley de Aguas does so only when such sources have been tapped. This difference may give rise to cases not covered by the factual hypothesis contemplated by Article 7, subsection c) of the Ley de Tierras y Colonización, consisting of intakes or taps of drinking water that are not in springs (manantiales) or at the origins or headwaters of those watercourses from which populations are supplied. In such cases, only the provisions of Article 31 of the aforementioned Ley de Aguas apply, which, in any case, also incorporates into the public domain the lands bordering such intake or tap sites. But the important thing is that, in what these provisions have in common, they are not contradictory, meaning we are not facing an antinomy.


Corollary to the foregoing, and as expressly indicated in opinion C-295-2001, it must be pointed out that, without prejudice to the powers of the Instituto Costarricense de Acueductos, if forest resources exist on the lands bordering the water intake taps, the Ministerio del Ambiente y Energía is responsible for protecting those resources and

 making determinations regarding them. This is always for the purpose not only of preserving the forest cover (cobertura boscosa), but also of protecting the water resource provided by the intake tap used by the public drinking-water supply service.


B. IN REGARD TO ARTICLE 13 OF THE LEY FORESTAL

In another vein, it is known that by virtue of Article 13 of the Ley Forestal, No. 7575 of February 13, 1996, the Law has provided that all forests and forest lands of the national reserves, of areas declared inalienable, of properties registered in its name, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration shall be deemed incorporated into the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado).


ARTICLE 13.- Constitution and administration

The Natural Heritage of the State shall be constituted by the forests and forest lands of the national reserves, of the areas

declared inalienable, of the properties registered in its name, and of those

belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, except for immovable properties guaranteeing credit operations with the National Banking System and that

become part of its assets.

The Ministerio del Ambiente y Energía shall administer the heritage. When applicable, through the Procuraduría General de la República, it shall register the lands in the Public Property Registry (Registro Público de la Propiedad) as individualized properties owned by the State. Non-governmental organizations that acquire immovable properties with forest or of forest aptitude (aptitud forestal), with funds

from donations or the public treasury, obtained in the name of the State, must transfer them to the name of the State.

Thus, constitutional jurisprudence has understood the Natural Heritage of the State as a public domain asset composed of two components: a) Protected Wilderness Areas (Áreas Silvestres Protegidas), regardless of their management category, declared by Law or Executive Decree: forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments; b) The other forests and forest lands or lands of forest aptitude of the State and public institutions. In this

regard, it suffices to cite the judgment of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) No. 16362-2015 of 9:30 a.m. on October 21, 2015:

“the Natural Heritage of the State is a public domain asset whose conservation and administration are entrusted, by law, to the Ministerio del Ambiente y Energía, through the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) (Ley Forestal, arts. 6 subsec. a and 13 para. 2, and 14; Ley Orgánica del Ambiente, Article 32, para. 2). It is composed of two important components: a) Protected Wilderness Areas, regardless of their management category, declared by Law or Executive Decree: forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, national wildlife refuges, wetlands, and natural monuments (Ley Forestal 7575, arts. 1, para. 2, 3 subsection i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, Article 32; Ley de Biodiversidad No. 7788, arts. 22 et seq. and 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales No. 6084, Article 3 subsections d and f, in relation to the Ley Orgánica del MINAE No. 7152 and its Regulations;

Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317, Article 82, subsection a). b)

 The other forests and forest lands or lands of forest aptitude of the State and public institutions (Article 13 of the Ley Forestal), which are subject to an immediate legal affectation (afectación legal). For the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre), the same Law 6043 (Article 73) excludes Protected Wilderness Areas from its scope and subjects them to their own legislation. The rest of the forested areas and lands of forest aptitude along the coasts are also under the administration of the Ministerio del Ambiente y Energía and are governed by its specific regulations (Ley Forestal, Article 13 and concordant provisions)”

In the contentious-administrative venue, it has been understood, in turn, that by virtue of the provisions of Article 13 of the Ley Forestal, the forested areas and lands with forest aptitude on properties of public institutions, the mangroves, and the wetlands included within the inalienable areas, as well as the forests and forest lands of the maritime terrestrial zone, are immediately affected to this Natural Heritage of the State. We cite the judgment of the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice (Corte Suprema de Justicia) No. 350-2012 of 9:45 a.m. on March 14, 2012:

In summary, in this specific case, the participation of the Procuraduría is essential, given that it is necessary to determine with full certainty whether there is an immediate legal affectation to the Natural Heritage of the State under the terms of canon 15 of the Ley Forestal. The Court is mistaken in stating that the participation of the PGR was unnecessary simply because the

IDA acquired the land from a private party to adjudicate it to third parties, since the Natural Heritage of the State does not require an express declaration for its constitution, in accordance with Articles 13, 14, and 15 of the Ley Forestal. The forested areas, the lands with forest aptitude, the mangroves, and the wetlands included within the inalienable areas, as well as the maritime terrestrial zone, are immediately affected to this Heritage, without the concurrence of the Administration, and therefore the agrarian judge, even ex officio, should have so determined.

Consequently, under Article 14 of the same Ley Forestal, and as a general rule, it must be understood that forests and forest lands on State properties are incorporated by operation of law into the Natural Heritage of the State, and are protected by a public domain regime which, as is inherent, prevents their alienation and bars private parties from acquiring, in any manner, property or possession rights over the immovable properties that comprise it:

ARTICLE 14.- Unseizable and inalienable condition of the natural heritage

The forest lands and forests that constitute the Natural Heritage of the State, detailed in the preceding article, shall be

unseizable and inalienable; their possession by private parties

 shall not create any right in their favor, and the State's action for the recovery of these lands is imprescriptible. In

consequence, they cannot be registered in the Public Registry

 through possessory information proceedings, and both the invasion and occupation of them shall be sanctioned in accordance with the provisions of this Law.

Thus, it is clear that the legal regime created by Articles 13 and 14 of the Ley Forestal undoubtedly has a protective purpose, since, according to the text of said provision, its objective is to give public domain protection to State-owned lands containing forest or forest lands, which shall be under the administration of the Ministerio de Ambiente y Energía.

Next, it must be reiterated that, pursuant to provision 31.b of the Ley de Aguas, the forested lands surrounding the infiltration areas of the water intake taps are public domain reserves, and therefore,

pursuant to Article 13 of the Ley Forestal, they must be understood to have been incorporated, in turn, into the Natural Heritage of the State.

Likewise, it must be verified that there currently exist a series of water intake areas destined for human consumption within protected wilderness areas that also form part of the Natural Heritage of the State. (See Análisis de vulnerabilidad al cambio climático de las áreas silvestres protegidas terrestres. SINAC, 2013, available at http://canjeporbosques.org/wp-content/uploads/2017/07/Informe-final-1.pdf. The data regarding water intakes in Protected Wilderness Areas come from DIRECCIÓN DE AGUAS - MINAET (MINISTERIO DE AMBIENTE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES - CR), 2012. Registro

Nacional de Concesiones de Agua y Cauces.)

However, it must be reiterated that, as set forth above, the universal public service of drinking water supply is linked to the protection and satisfaction of the fundamental right to access water, which, in turn, is linked to the safeguarding of other essential rights such as life and health.

Consequently, it is clear, in accordance with Article 18 of the Ley Forestal and in agreement with what was also opined in criterion C-134-2016 already cited, that it is not appropriate to grant the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados any title enabling it to exploit the water resource within the protected wilderness areas, which are state public domain, for population supply.

Nonetheless, it would also not be appropriate to prevent the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados from exercising its functions regarding the maintenance and repair of hydraulic works, including water intake works, that already exist on lands incorporated into the Natural Heritage of the State.

In this sense, it must be emphasized that the protective powers that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados holds regarding the maintenance and repair of intake taps and other elements of the supply systems are essential to guarantee the continuity of the public service of drinking water supply for the population, and therefore for the protection and safeguarding of the fundamental right of access to water.

Thus, although it is evident that, currently and under the rule of provision 18 of the Ley Forestal, it is not appropriate for the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to build new intake taps within the Natural Heritage of the State, by application of the principle of primacy in the protection of fundamental rights, specifically the right of access to water, the Institute cannot be prevented from carrying out the repair and maintenance works necessary on the intake works that already exist on lands of the Natural Heritage of the State and that are indispensable to guarantee the continuity of the public water service, as well as to ensure that it is supplied in sufficient quality and quantity to fulfill said fundamental right.

In this sense, it must be noted that, in accordance with provision 11 of the Ley General de la Administración Pública, the principle of legality obligates and binds the administration to submit its actions not only to ordinary Law but to conform its activity to the regime of fundamental rights. Thus, it must be understood that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is authorized to repair and maintain the intake works. This is for the purpose of not interrupting the public drinking water service.

Of course, it is necessary to add that, pursuant to provision 18 of the Ley Forestal, for the purposes of carrying out the necessary maintenance and repair works, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must comply with and submit to the studies and technical criteria of the Ministerio de Ambiente y Energía.

Finally, it must be warned that insofar as the expansion of the intake works are indispensable to guarantee the continuity of the public service of drinking water supply for the population, such expansions may also be authorized by the Ministerio de Ambiente y Energía.

In this regard, it is essential to point out that to authorize such expansions, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must carry out and submit to the Ministerio de Ambiente y Energía the studies provided for in Article 2.b of its Constitutive Law, demonstrating the priority, advisability, and feasibility of such expansions. Likewise, the Institute must adjust its expansions to what the Ministerio establishes in its technical criteria and studies.

C. CONCLUSION:

Based on the foregoing, it is concluded:

- That although it is evident that, currently and under the rule of provision 18 of the Ley Forestal, it is not appropriate for the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to build

 new intake taps within the Natural Heritage of the State, by application of the principle of primacy in the protection of fundamental rights, specifically the right of access to water, the Institute cannot be prevented from carrying out the repair and maintenance works necessary on the intake works that already exist on lands of the Natural Heritage of the State and that are indispensable to guarantee the continuity of the public water service, as well as to ensure that it is supplied in sufficient quality and quantity to fulfill said fundamental right.

- That, pursuant to provision 18 of the Ley Forestal, for the purposes of carrying out the necessary maintenance and repair works, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must comply with and submit to the studies and technical criteria of the Ministerio de Ambiente y Energía.

- That to authorize expansions in intake works on the Natural Heritage of the State, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must carry out and submit to the Ministerio de Ambiente y Energía the studies provided for in Article 2.b of its Constitutive Law, demonstrating the priority, advisability, and feasibility of such expansions. Likewise, the Institute must adjust its expansions to what the Ministerio establishes in its technical criteria and studies.

Without further particular,

Jorge Oviedo Álvarez

Deputy Procurador