OJ-076-2018 — Repeal of Article 69 of the Water Law — non-regression principleDerogatoria del Artículo 69 de la Ley de Aguas — principio de no regresión

Opinión Jurídica : 076 - J   del 01/08/2018   



01 de agosto del 2018




OJ-76-2018




 




Señora




Cinthya Díaz Briceño




Jefa de Área




Comisiones Legislativas IV




Asamblea Legislativa




 




 




Estimada señora:



 Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero al oficio
No.AMB-246-2017, donde se solicita el criterio sobre el proyecto de “DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 69 DE
LA LEY DE AGUAS" (expediente legislativo No. 19.912).



 Se recuerda la improcedencia de asumir nuestra conformidad con el proyecto en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Disciplina de la Asamblea Legislativa,
inaplicable en este caso; y se advierte que no se emitirá un criterio sobre su bondad u oportunidad
(del ámbito discrecional legislativo); y que nuestra opinión jurídica carece de efectos vinculantes.




I. OBJETO DEL PROYECTO



 Se pretende la derogatoria del artículo 69 de la Ley de Aguas, alegando razones de seguridad
jurídica y pérdida de vigencia de esa norma con la promulgación de la Ley sobre la zona marítimo
terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de 1977.  El artículo de interés dispone:



 “Artículo 69.- Por zona marítima se entiende el espacio de las costas de la República que baña el
mar en su flujo y reflujo y los terrenos inmediatos hasta la distancia de una milla, o sean mil
seiscientos setenta y dos metros, contados desde la línea que marque la marea alta.



 Esta zona marítima se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean
navegables o se hagan sensibles las mareas, con un ancho de doscientos metros desde cada orilla,
contados desde la línea que marque la marea alta.



 Se entiende por vaso de un lago, laguna o estero, el depósito de la capacidad necesaria para
contener las aguas de las mayores crecientes ordinarias. Se entiende por álveo o cauce de un río o
arroyo, el terreno que cubren sus aguas en las mayores crecidas ordinarias.”




II. OBSERVACIONES SOBRE EL PROYECTO



 A diferencia de lo indicado en la exposición de motivos del proyecto de ley, el artículo 69 de la
Ley de Aguas sigue siendo de aplicación, como lo demuestran las siguientes resoluciones judiciales:



 «III- Estas diligencias se formulan con la finalidad de inscribir finca dibujada en plano
L-1505652-2011 (f1) con naturaleza de potrero y charral, sito en Guápiles, distrito 1 Guápiles,
cantón 2 Pococí de la provincia de Limón. Colinda al norte con José Alberto Castillo Calvo, al sur
con Fernando Herrera Carvajal y Río Toro Amarillo, al este con José Antonio Barboza Ramírez y
Fernando Herrera Carvajal y al oeste con Río Toro Amarillo. Cabida de 15 hectáreas 4184 metros
cuadrados. Dicho bien no es parte de área silvestre protegida alguna, conforme se indica en la
certificación emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación aportada a folio 6 y el
oficio a folio 118. El promovente en su escrito inicial (f. 17) describe que pretende titular la
finca adquirida por compra en escritura pública del 17 de setiembre de 1989, donde se le vendió la
posesión y mejoras de un área de 6 hectáreas 5027,66 metros cuadrado y que en esa fecha "acarriló"
los restantes 89.057,34 metros cuadrados. La escritura consta a folio 2. En el sitio se elaboró un
estudio de suelos. El estudio de suelos constante en autos, (folio 11) menciona que en el inmueble
se ha ejercido un uso conforme de suelos y que contiene un sector de bosque secundario y otro de
tacotal. En las observaciones se indicó: "Bosque secundario. Tacotal compuesto por una combinación
de Caña Brava, Zaraparrillas, Kin Grass, con árboles de porte medio como Cornizuelo, Uña de Gato,
Guabas en Transición a Bosque Secundario, área fue antiguo cauce de Río Toro Amarillo. Pasto Ratana
Combinado en partes con Kin Grass y árboles dispersos. Construcción compuesta por casa de habitación
tipo mixta y Galera en un área de 84 m2". Como recomendación se menciona el mantenimiento de la
cobertura actual en las áreas de tacotal en transición a Bosque secundario que fue antiguo cauce del
Río Toro Amarillo para lograr el establecimiento de dicho bosque, mediante el proceso de
regeneración natural. Se celebró un reconocimiento judicial (f. 53) en donde se consignó por el
juzgador que lo realizó, haber llegado al fundo y observar las colindancias este, norte y sureste
marcadas con alambre de púas y postería mixta. Se explica en el acta, a partir del vértice 10 al 19
aproximadamente del plano L-1505652-2011 corresponde al área que según el escrito inicial adquirió
de forma originaria, cuando compró las primeras seis hectáreas. A partir de ese punto, menciona el
acta, se ve un desnivel que conforma una terraza con respecto al sector oeste y se encuentra el área
cubierta de materiales de tacotal, caña brava y piedras de río. Explicó en ese acto el promovente y
así se dejó constando, ese río se caracteriza por la constante existencia de playones y formación de
brazos de río por lo que ha mantenido un retiro mayor a los 15 metros desde el cauce previendo
llenas y desvíos. Se anotó, desde los vértices 11,14, 17 y 18 del plano existe otra zona de desnivel
con respecto a la planicie del río, lo que denotaba que en otras épocas el río ha ingresado hasta el
lindero, dada la existencia de arena y rocas junto a la colindancia. Se describe, la finca se dedica
a tacotal, casa de habitación de madera, árboles maderables de melina, guarumo, plantas de banano,
frutales y algunos cultivos de subsistencia. Además se presentan pastos gigantes y árboles dispersos
en el sector de bosque secundario. Se agrega, en el sector del margen del Río Toro Amarillo, se
observaron árboles y tacotal. Detalla el reconocimiento judicial, cercano al sector de la casa se
presenta una vegetación boscosa sin vestigios de tala. Este reconocimiento judicial y lo consignado
en el estudio de suelos, no fue valorado por el a quo. Nótese que el estudio de suelo indicó que esa
zona de tacotal corresponde al antiguo cauce del cuerpo de agua citado ya esta cubierto con
cobertura de tacotal y árboles. En autos también consta el informe emitido por el Instituto
Geográfico Nacional (f.125), en donde se representa el proceso de desviación natural del cauce del
Río Toro Amarillo documentada desde el año 1952. Se denota un cambio en la ubicación geográfica
hacia el suroeste, cambiando el espejo de agua a un área diversa. Observa este Tribunal lo que
indica ese informe es que el plano L- 1505652-2011 abarca áreas del cauce histórico del río Toro
Amarillo según las figuras sobre la Hoja Guápiles y fotos aéreas (f.93) y en oficio DG-IGN-
RN-2015-016 del IGN (f. 92) se citó que el plano se ubica en el abanico aluvial del río. Detalla ese
documento técnico se considera abanico aluvial porque el cuerpo de agua se ha desplazado
históricamente en ambas márgenes generando diferentes cauces y depositando gran cantidad de
materiales. Señala ese informe se observan en la dinámica fluvial tres tipos de bancos de
materiales: 1) bancos de materiales del cauce activo (internos y laterales), 2) bancos de materiales
generalmente expuestos; que pueden ser colonizados por la vegetación, y finalmente 3) bancos de
materiales producto de cauces abandonados que con el tiempo pueden ser colonizados por vegetación.
Se incluyeron en ese informe fotografías aéreas que muestran el desplazamiento del cauce del río
desde 1959. Con respecto a la grafica del 2011 se citó: En la imagen Google Earth de Enero del 2011
se determina que aproximadamente el 97 % del área de la finca estaba cubierta de vegetación natural,
observándose que parte de esa vegetación se ubica sobre los bancos de materiales y cauces del río
Toro Amarillo en el 2007. En la fotografía del año 2007 se observa que el plano se ubicaba en la
parte suroeste en una zona sombreada identificada como parte del río. Como conclusión se señala que
en los diversos años de las fotografías mostradas, una parte de la finca (en diferentes porcentajes
según el año en que fue tomada la fotografía) se ubicaba dentro de los cauces ya colonizados por
vegetación y solo un 7% de la finca lo sitúa fuera de ese cauce. Por su parte, la Sala Primera de la
Corte Suprema de Justicia en voto 000175-F-S1-2009 de las dieciséis horas siete minutos del
diecinueve de febrero de dos mil nueve, entiende el concepto de cauce como: “Son aguas del dominio
público: (…) IV.-Las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales desde
el punto en que broten las primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en el mar o lagos,
lagunas o esteros;…”. El ordinal 3 dispone, “Son igualmente de propiedad nacional: (…) III.- Los
cauces de las corrientes de dominio público;”. El Ad quem estableció de manera correcta que conforme
a esas normas, las aguas y cauces son bienes de dominio público, concretamente dijo, “La Ley de
Aguas atribuye la condición de bienes de dominio público a los ríos, en cuanto a sus aguas y cauces,
conforme lo regulan los artículos 1, inciso IV y 3, inciso III y 70…” (Folios 370-371). Además,
indicó que de acuerdo al artículo 69 de ese cuerpo legal, “…Se entiende por álveo o cauce de un río
o arroyo, el terreno que cubren sus aguas en las mayores crecidas ordinarias.” Y a partir del
peritaje consideró que la tubería “se ubica en el lecho del río, no en el sector identificado como
cauce” (folio 371). Conforme a la experticia el lecho del río es la “zona sobre la cual, el cauce
(sic) descansa, zona sujeta a la modificación de la posición del cauce de un Río”; y cauce es la
“Zona sobre la cual el agua del Río circula” (folio 346). De esas definiciones puede colegirse que
el lecho es parte del cauce, pues se refiere a la zona donde reposa el agua. En la legislación
invocada, no se encuentra referencia alguna al término lecho. Su única mención se halla en el
artículo 101 del Reglamento al Código de Minería, que impide excavar el lecho del río. Por otra
parte, el Diccionario de la Real Academia Española -vigésima segunda edición– define cauce como
“Lecho de los ríos y arroyos. 2. Conducto descubierto o acequia por donde corren las aguas para
riegos u otros usos” y lecho en su tercera acepción como “Madre de un río, o terreno por donde
corren sus aguas.” A mayor abundamiento de razones, conviene señalar que incluso en información
obtenida en Internet se confirma tal posición, pues se establece, “El lecho de un río es la parte
más excavada de los valles o las depresiones drenadas. Es el órgano elemental de circulación de las
aguas corrientes y en el distinguimos varios elementos que obtenidos del perfil transversal; en
realidad de un valle, donde se nos presentan los rasgos morfológicos y en el que se representan las
pendientes de las laderas y las secuencias de las terrazas . (…) El lecho menor es el cauce por el
que corre el agua de un río en épocas de estiaje, incluye el canal. Sus márgenes están bien
definidas, por lo que está delimitado claramente. Presenta una alternancia de zonas hundidas (surcos
y pozas) y de fondos altos (umbrales), que pueden llegar a formar islas fluviales. El lecho mayor es
el cauce del río cubierto por el agua en época de máximo caudal anual, es una zona que se inunda
todos los años. Este lecho ofrece un perfil transversal alomado, debido a los resaltes de ribera que
dominan el lecho menor, hasta el punto de que pueden aparecer contrapendientes que aíslan pequeñas
depresiones longitudinales. El lecho mayor esporádico es la zona de inundación de un río en las
grandes crecidas. No todos los años se inunda, por lo que está colonizado por la vegetación,
frecuentemente está cultivado y hasta se ha construido en él. No se distingue topográficamente de
los alrededores. (http://club.telepolis.com/ geografo/geomorfologia/rios.htm). “ El cauce de un río
es el lugar concreto por el que transcurre. Normalmente es sinónimo de lecho del río, pero el cauce
incluye las aguas subterráneas, los ríos que circulan por el interior de las cuevas, y las de
infiltración......".  De lo anterior entiende esta Sede que la parte en posesión del promovente que
correspondía al antiguo cauce del Río Toro Amarillo no es una zona por la que discurra el agua del
río en su actualidad geomorfológica, sin tener elementos técnicos para conocer si esas áreas son
susceptibles o no de titulación. Todos estos aspectos son de necesaria consideración a fin de
resolver este asunto. Sobre este tema resulta atinente citar las regulaciones de la Ley de Aguas N.
276 sobre el régimen de propiedad en el capítulo III denominado: De las playas, zonas marítimas y
otras de propiedad nacional. De las Zonas de Propiedad particular y Accesiones. Específicamente el
numeral 69 indica: "Se entiende por álveo o cauce de un río o arroyo, el terreno que cubren sus
áreas en las mayores crecidas ordinarias". El artículo 78 reza: "Los cauces de los ríos que queden
abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas, pertenecen a los dueños de los predios
respectivos en toda la longitud. Si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños, la
nueva línea divisoria correrá equidistante de unas y otras". (la negrita no es del original). En
este caso particular, para aprobar o denegar el proceso se hace necesario tener claridad absoluta de
la existencia o no de área del cauce que se encuentra abandonado. (no del cauce histórico
solamente). En virtud de las normas legales citadas, sobre las áreas de cauces abandonados en donde
no lleguen crecidas ordinarias del cuerpo de agua, existe autorización legal de titulación y eso es
un tema atinente al derecho fundamental de propiedad del promovente resguardado por el artículo 45
de la Constitución Política . En el informe emitido por la ingeniera Raquel Irias Brenes del
Subproceso de Límites Oficiales, Departamento Topográfico y de Observación del Territorio del
Instituto Geográfico Nacional y el Director de ese ente, Max Lobo Henández si bien informó y graficó
el cauce histórico del cuerpo de agua de interés, no se concluye en forma clara si en el año 2012,
cuando se inició este proceso, el cauce existente a esa fecha, determinado según los criterios
legales correspondientes, estaba o no comprendido dentro de lo que se graficó en el plano base (ver
definición legal de cauce y crecidas ordinarias según histórico pertinente, artículo 69 de la Ley de
Aguas). En otras palabras, el informe no es claro en determinar si el terreno objeto del proceso,
graficado en el plano L-1505652-2011, abarca en el 2012 el cauce del río, cuya dimensión o espacio
que efectivamente abarque en esa fecha, debe ser determinado según lo dispuesto en los numerales 69,
78 y 79 de la Ley de Aguas. Para ello lógicamente debe tomarse en cuenta el historial de crecidas
ordinarias, pero también las variaciones naturales que pueden llevar desviaciones que permitan que
espacios que antaño formaron parte del cauce, no lo fuesen al 2012, según la legislación vigente.
Considera este Tribunal que ello no fue consultado al IGN por el juzgador de instancia en forma
clara, es decir, la determinación sobre el espacio que abarca en el año 2012 el cauce Río Toro
Amarillo - excluyendo lo que se considera legalmente "cauce abandonado" por variación natural del
río- no ha sido aún contestado, a fin de determinar si el plano aportado por el promovente de esta
información posesoria abarca zonas del cauce que por ley son del dominio público. Se trata de un
tema de interés público y con normas de observancia imperativa, por lo que no pueden existir dudas
al respecto ni basarse las decisiones en información incompleta o insuficiente. Si se determinase
que el plano referido incluye áreas que efectivamente forman parte del cauce del río, deberá
prevenirse levantar un nuevo plano que excluya esa zona que forma parte del dominio público. Estima
esta sede, el a quo debe ordenar a ese Instituto, indique en forma expresa y clara lo indicado. Si
se requiere para ello una visita al campo, se le debe ordenar realizar ese apersonamiento. Por lo
que, en virtud del artículo 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria, deberá ser anulada la sentencia
apelada para qué, con debido proceso, se recabe la prueba técnica citada en forma clara, previa a
emitir un nuevo fallo. Asimismo, esta Cámara estima anticipado el fallo venido en alzada en virtud
de que no existe claridad al día de hoy si persiste el traslape del plano L-1505652-2011 en su
lindero oeste sobre el cuerpo de agua dentro del cauce que se observa en la fotografía identificada
como Figura 6 del folio 127. Con el nuevo informe que deberá rendir el IGN se deberá despejar esa
incertidumbre y de ser necesario se deberán hacer las prevenciones legales al promovente para que
ajuste su plano a los requerimientos legales. Lo anterior se dispone en función de lo dispuesto en
las normas referidas, los artículos 261, 262 del Código Civil y 11 de la Ley de Informaciones
Posesorias y 377 del Código Procesal Civil que autorizan a los jueces y juezas de la República para
solicitar los informes necesarios para una justa decisión que no afecte el dominio público. Orden
que debe ser emitida con los apercibimientos legales en caso de desobediencia del ente.



 IV- En virtud de lo expuesto, el artículo 1, 2, 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria, ordinal 11 de
la Ley de Informaciones Posesorias y artículos 69 y 78 de la Ley de Aguas, deberá anularse la
sentencia apelada. Previo a la emisión de un nuevo fallo, debe solicitarse al IGN identifique
claramente respecto al plano L- 1505652-2011, si el terreno objeto del proceso, graficado en el
plano L-1505652-2011, abarca en el 2012 el cauce del río Toro, cuya dimensión o espacio que
efectivamente abarque en esa fecha, debe ser determinado según lo dispuesto en los numerales 69, 78
y 79 de la Ley de Aguas. Para ello lógicamente debe tomarse en cuenta el historial de crecidas
ordinarias, pero también las variaciones naturales que pueden llevar desviaciones que permitan que
espacios que antaño formaron parte del cauce, no lo fuesen al 2012, según la legislación vigente. De
incluir parte del cauce deberá prevenirse levantar un nuevo plano que excluya lo que forma parte del
dominio público. Y si es necesario para ello, que los funcionarios visiten el sitio, se le debe
ordenar realizar ese apersonamiento. Por lo que que deberá ser anulada la sentencia apelada y
recabar la prueba citada en forma previa a emitir un nuevo fallo. Orden que debe ser emitida con los
apercibimientos legales en caso de desobediencia del ente.» (Tribunal Agrario, voto No. 308-F-16 de
11 horas 39 minutos del 5 de abril del 2016).




 



 «VII.- Una vez analizado el conjunto de pruebas citado por el recurrente, más la testimonial
propuesta por la demandada (folios 159 a 166) –ya que los testigos del actor no se apersonaron en la
fecha señalada (folio 148)-, la documental relacionada con la concesión de aprovechamiento de aguas
a la Isla Bonita S.A. (folios 3 y 264) y sobre todo el reconocimiento judicial –en el cual no estuvo
presente el actor-. Le queda claro a esta Sala, al igual que lo tuvo el Juzgado y el Tribunal, que
la tubería pasa por el cauce o lecho del río. Sin embargo, de manera sorpresiva, en el fallo
recurrido, en el análisis de las pruebas, el Ad quem llega a una conclusión distinta y sin
fundamento en el cuadro fáctico. Ello sin duda, comporta una indebida fundamentación originada en
una incorrecta ponderación de la prueba. En efecto, del peritaje, al margen de los aspectos ajenos a
un informe de esta naturaleza, se obtiene que la tubería de interés se encuentra en el cauce del
río, “empotrado en la pared lateral, por medio de anclajes de concreto” (folio 346). Esta
descripción coincide con lo que se logra apreciar en las fotografías y se complementa con el
reconocimiento judicial donde expresamente se indicó, “nos encontramos sobre el Río Santiaguito
propiamente a unos cuatrocientos a quinientos metros de la carretera pública hacia San Miguel de
Sarapiquí, lugar en que se encuentra una toma de agua construida con bloques de cemento sobre el
cauce del Río con un ancho de aproximadamente dos metros y medio y un largo aproximado de seis
metros, en dicha toma se observan tres tubos de PVC de aproximadamente seis pulgadas de entrada, los
cuales a dicho del representante de la demandada son propiedad de EL ANGEL S.A., mismos sobre los
cuales versa este asunto. (…) se logra determinar que éstos discurren desde la toma de captación y
hasta la carretera principal antes indicada al margen del Río Santiaguito, estando protegidos en
algunos tramos por chorreas de cemento a fin de ser protegidos de las crecidas y cualquier objeto
que pueda dañarlos. (…) No estando presente la parte actora no fue posible identificar la posición
de la tubería en relación a la propiedad del actor, misma que no puede ser identificada.” (folios
171-172) (el destacado es suplido). Finalmente y aunque aquí no se cuestiona, los testigos que
participaron en la construcción de la tubería, no dudan en afirmar que no pasa por la propiedad de
don Félix Humberto.



 VIII.- El último reparo por analizar es una violación directa. En ese sentido, expresa el
recurrente que se dio una falta de aplicación de los artículos 1 inciso IV y 3 inciso III de la Ley
de Aguas. Además, acusa quebranto de los numerales 69 de ese cuerpo legal; 50 de la Ley Orgánica del
Ambiente; 36 del Código de Minería, 4, 101, 103 del Reglamento al Código de Minería; Reglamento de
Construcciones y Reglamento de Creación de Canon Ambiental por Vertidos. Manifiesta que el yerro se
configuró al establecer el Tribunal que el lecho del río Santiaguito no es parte del dominio
público, pese a que de las normas dichas se colige lo contrario. La Ley de Aguas en el artículo 1,
en lo que interesa señala, “Son aguas del dominio público: (…) IV.- Las de los ríos y sus afluentes
directos o indirectos, arroyos o manantiales desde el punto en que broten las primeras aguas
permanentes hasta su desembocadura en el mar o lagos, lagunas o esteros; …”. El ordinal 3 dispone,
“Son igualmente de propiedad nacional: (…) III.- Los cauces de las corrientes de dominio público;”.
El Ad quem estableció de manera correcta que conforme a esas normas, las aguas y cauces son bienes
de dominio público, concretamente dijo, “La Ley de Aguas atribuye la condición de bienes de dominio
público a los ríos, en cuanto a sus aguas y cauces, conforme lo regulan los artículos 1, inciso IV y
3, inciso III y 70…” (folios 370-371). Además, indicó que de acuerdo al artículo 69 de ese cuerpo
legal, “…Se entiende por álveo o cauce de un río o arroyo, el terreno que cubren sus aguas en las
mayores crecidas ordinarias.” Y a partir del peritaje consideró que la tubería “se ubica en el lecho
del río, no en el sector identificado como cauce” (folio 371). Conforme a la experticia el lecho del
río es la “zona sobre la cual, el cause (sic) descansa, zona sujeta a la modificación de la posición
del cauce de un Río”; y cauce es la “Zona sobre la cual el agua del Río circula” (folio 346). De
esas definiciones puede colegirse que el lecho es parte del cauce, pues se refiere a la zona donde
reposa el agua. En la legislación invocada, no se encuentra referencia alguna al término lecho. Su
única mención se halla en el artículo 101 del Reglamento al Código de Minería, que impide excavar el
lecho del río. Por otra parte, el Diccionario de la Real Academia Española -vigésima segunda
edición– define cauce como “Lecho de los ríos y arroyos. 2. Conducto descubierto o acequia por donde
corren las aguas para riegos u otros usos” y lecho en su tercera acepción como “Madre de un río, o
terreno por donde corren sus aguas.” A mayor abundamiento de razones, conviene señalar que incluso
en información obtenida en Internet se confirma tal posición, pues se establece, “El lecho de un río
es la parte más excavada de los valles o las depresiones drenadas. Es el órgano elemental de
circulación de las aguas corrientes y en el distinguimos varios elementos que obtenidos del perfil
transversal; en realidad de un valle, donde se nos presentan los rasgos morfológicos y en el que se
representan las pendientes de las laderas y las secuencias de las terrazas. (…) El lecho menor es el
cauce por el que corre el agua de un río en épocas de estiaje, incluye el canal. Sus márgenes están
bien definidas, por lo que está delimitado claramente. Presenta una alternancia de zonas hundidas
(surcos y pozas) y de fondos altos (umbrales), que pueden llegar a formar islas fluviales. El lecho
mayor es el cauce del río cubierto por el agua en época de máximo caudal anual, es una zona que se
inunda todos los años. Este lecho ofrece un perfil transversal alomado, debido a los resaltes de
ribera que dominan el lecho menor, hasta el punto de que pueden aparecer contrapendientes que aíslan
pequeñas depresiones longitudinales. El lecho mayor esporádico es la zona de inundación de un río en
las grandes crecidas. No todos los años se inunda, por lo que está colonizado por la vegetación,
frecuentemente está cultivado y hasta se ha construido en él. No se distingue topográficamente de
los alrededores.” (http://club.telepolis.com/geografo/geomorfologia/rios.htm). “El cauce de un río
es el lugar concreto por el que transcurre. Normalmente es sinónimo de lecho del río, pero el cauce
incluye las aguas subterráneas, los ríos que circulan por el interior de las cuevas, y las de
infiltración. Es frecuente que bajo el lecho de un río, y en ocasiones con diferente curso, existan
corrientes de agua infiltrada con un caudal incluso mayor que el del propio río. Pero aquí
trataremos, básicamente, la parte superficial del río, es decir el lecho. En el lecho del río se
distinguen cuatro elementos: el canal, el lecho menor, el lecho mayor y el lecho mayor esporádico.”
(http://geografia.laguia2000.com/hidrografia/el-estudio-de-los-rios-el-cauce) “Cauce del río
cubierto por el agua. Se distinguen: el lecho mayor esporádico , el lecho mayor , el lecho menor y
el canal.” http://enciclopedia.us.es/index.php/Lecho_de_un_r%C3%ADo



 En atención a lo expuesto y dadas las particulares circunstancias que se dan en la especie, en
punto a la violación indirecta que se acusa, aún en la hipótesis de que la Sala mantuviera incólume
la valoración que hace en fallo que se recurre del cuadro fáctico, es evidente que el Tribunal se
equivocó al interpretar la normativa aplicable, pues consideró al lecho del río como algo ajeno al
cauce y en consecuencia le negó la condición de dominio público. En virtud de lo expuesto, deberá
acogerse el reparo y por innecesario se omite pronunciamiento sobre el resto de la normativa
acusada. » (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto No. 175-F-S1-2009 de 16 horas 7
minutos del 19 de febrero del 2009).




 



 “II.-En primer lugar, del estudio de las pruebas aportadas por el propio recurrente, en específico,
oficio número OFICIO DA-352-10-2000 del trece de octubre de este año (visible a folio 4 del
expediente) y croquis del área en mención (visible a folio 6 del expediente), se desprende que las
autoridades de la Municipalidad de Puntarenas han tenido por probado que el accionante ha venido
explotando de manera irregular un área en el vaso del Estero de Puntarenas, pues no ha contado con
la concesión respectiva y ha utilizado una franja aledaña arrendada a otro particular. Area que de
conformidad a los artículos 1, 3 y 69 de la Ley de Aguas (Ley número 276 de veintisiete de agosto de
mil novecientos cuarenta y dos) y al artículo 7 de la Ley número 4071 de veintidós de enero de mil
novecientos noventa y ocho es de dominio público, que como tal, se caracteriza por ser inalienable,
imprescriptible e inembargable, por lo que la mera ocupación -independientemente del tiempo de la
misma- no genera derechos sobre la mismo. De allí, que mediante el citado oficio se le previene al
recurrente para que en el plazo de cinco días retire sus embarcaciones de la zona aledaña arrendada
a la empresa Fortuna del Pacífico y en el caso concreto del muelle que ha venido explotando presente
la correspondiente solicitud de concesión, de conformidad al artículo 96 del Reglamento a la Ley
Sobre la Zona Marítima Terrestre, a efectos de que puede seguir explotándola con la concesión
correspondiente. Es decir, la autoridades recurridas han pretendido ajustar a derecho la situación
del recurrente ante el uso irregular de un bien de dominio público. En este contexto, el oficio que
le fue notificado y que motiva la interposición del presente recurso viene a constituirse en el acto
inicial a partir del cual surge la posibilidad del accionante de ejercer su derecho de defensa, de
manera que si resulta disconforme con la prevención de la Municipalidad de Puntarenas puede
presentar los recursos previstos por el propio ordenamiento jurídico y aportar al efecto la prueba
que estime pertinente en tutela de sus intereses, por lo que observa esta Sala que con los hechos
descritos se hayan violentado sus derechos fundamentales. Cabe indicar, que a folio 5 del expediente
corre agregada la respectiva solicitud de concesión presentada por el recurrente el veinte de
noviembre de este año, mediante la que se cumple la indicada prevención y con lo que se confirma lo
anterior, ahora bien, si el recurrente resulta disconforme con lo que se resuelva en definitiva
respecto a su gestión, ello podrá impugnarlo en la propia vía administrativa mediante los
respectivos recursos administrativos, o bien, en la vía jurisdiccional correspondiente por
agotamiento de la fase anterior, sedes idóneas para la discusión y la resolución de dicho conflicto.
Por lo anterior, el recurso debe desestimarse.” (Sala Constitucional, sentencia No. 11167-2000 de 14
horas 56 minutos del 19 de diciembre del 2000).



 Además de seguir aplicándose, esa norma no ha perdido vigencia, dada su integración con:  el
artículo 2º del Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre; los numerales 1, 3, 70 y 72,
entre otros, de la misma Ley de Aguas; los ordinales 100 y 128 de la Ley de Conservación de la Vida
Silvestre y 4 de su Reglamento; y las normas 33, 34 y 58 de la Ley Forestal; por citar algunos
ejemplos:



 “e) Estero: Terreno inmediato a la orilla de una ría por el cual se extienden las aguas de las
mareas;




f) Ría: Parte del río próxima a su entrada en el mar y hasta donde llegan las mareas;



 h) Litoral: Orilla o costa del mar, que se extiende por las rías y esteros permanentes hasta donde
éstas sean sensiblemente afectadas por las mareas y presenten características marinas definidas;”
(Decreto No. 7841 del 16 de diciembre de 1977, Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre)




“Artículo 1º.- Son aguas del dominio público:




(…)



 V.- Las de las corrientes constantes o intermitentes cuyo cauce, en toda su extensión o parte de
ella, sirva de límite al territorio nacional, debiendo sujetarse el dominio de esas corrientes a lo
que se haya establecido en tratados internacionales celebrados con los países limítrofes y, a falta
de ellos, o en cuanto a lo no previsto, a lo dispuesto por esta ley; (…)



 VIII.- Las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de
propiedad nacional y, en general, todas las que nazcan en terrenos de dominio público; (…)




Artículo 3º.- Son igualmente de propiedad nacional:




(…)




II.- Los vasos de los lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional;




III.- Los cauces de las corrientes de dominio público; (…)



 VI.- Las islas que se forman en los mares territoriales, en los vasos de los lagos, lagunas o
esteros o en cauces de las corrientes de propiedad nacional, siempre que éstas no procedan de una
bifurcación del río en terrenos de propiedad particular.



 Artículo 70.- La Nación tiene la propiedad de las aguas que se determinan en el artículo 1º de esta
ley, de los álveos o cauces de las playas y vasos indicados en el artículo 3º, así como el de las
riberas de los mismos. (…)



 Artículo 72.- Los Jueces encargados de extender títulos de propiedad sobre tierras baldías o no
tituladas, deberán hacer la reserva consiguiente en cuanto a las aguas, álveos o cauces y vasos de
las aguas que sean de dominio público, haciéndolo constar en la sentencia de adjudicación de las
tierras y debiendo el Registro Público tomar nota de esas reservas nacionales. La omisión de ese
requisito no confiere derecho alguno al denunciante o poseedor sobre esos bienes.” (Ley de Aguas,
No. 276 de 27 de agosto de 1942).



 “Artículo 100.-Será sancionado con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que no se
configure un delito de mayor gravedad, quien arroje aguas servidas, aguas negras, lodos, desechos o
cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no
permanentes, lagos, lagunas, marismas y embalses naturales o artificiales, esteros, turberas,
pantanos, humedales, aguas dulces, salobres o saladas, en sus cauces o en sus respectivas áreas de
protección.



 Artículo 128.-Prohíbese arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia
contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, lagos, marismas
y embalses naturales o artificiales, esteros, turberas, pantanos, humedales, aguas dulces, salobres
o saladas, en sus cauces o en sus respectivas áreas de protección. (…)”  (Ley de Conservación de la
vida silvestre, No. 7317 de 30 de octubre de 1992).



 “25. Estero: Terreno inmediato a la orilla del río, próxima a su entrada en el mar y hasta donde
llegan las aguas de las mareas. Incluye canales secundarios, rodeados generalmente de marismas,
vegetación natural como mangle, pastos, ciperáceas y otras plantas que crecen en zonas inundadas.
(…)”  (Reglamento a la Ley de Conservación de la vida silvestre, Decreto No. 40548 del 12 de julio
del 2017).




“ARTICULO 33.- Areas de protección




Se declaran áreas de protección las siguientes:




(…)



 b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas
horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es
plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado.



 c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses
naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se
exceptúan los lagos y embalses artificiales privados.




ARTICULO 34.- Prohibición para talar en áreas protegidas



 Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo
anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional.



 Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas áreas, serán realizados por el
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.




ARTICULO 58.- Penas




Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien:



 a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras
áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada;
independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la
Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no
tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los
terrenos invadidos.



 b) Aproveche los recursos forestales en terrenos del patrimonio natural del Estado y en las áreas
de protección para fines diferentes de los establecidos en esta ley.



 c) No respete las vedas forestales declaradas. (…)”  (Ley Forestal, No. 7575 de 13 de febrero de
1996).



 En razón de lo anterior, la derogatoria afectaría la aplicación de normas, incluso de carácter
sancionatorio, emitidas en tutela de distintos bienes ambientales, por lo que podría ser
inconstitucional en ausencia de estudios técnicos previos a la promulgación de la ley, suficientes y
completos para justificar la medida legislativa, por violación al principio de no regresión:



 «V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio
de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2
del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo
de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus
posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial
consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de
múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del
principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas
en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34
de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios
o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este
caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se
ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin
justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este
principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones
nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan
negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo
nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen
obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y
proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional
ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO
REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales.
Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a
la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por
medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de
proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho
al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente
conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de
la Sala Constitucional Nº 18702-10).» (Sala Constitucional, voto No. 13367-2012).



 “El principio de la no regresividad del derecho ambiental lo podemos expresar, entonces, como el
impedimento de que una medida establecida por las autoridades públicas sea contrario a una conquista
ambiental, como la consecución de un objetivo ambiental y, por ende, no es procedente su sacrificio
cuando no esté sustentado en los estudios técnicos y científicos.” (Sala Constitucional, voto No.
5616-2015).




 




III.  CONCLUSIÓN



 El artículo 69 de la Ley de Aguas sigue siendo de aplicación, y no ha perdido vigencia, dada su
integración con otras normas del ordenamiento.  La derogatoria afectaría la aplicación de normas,
incluso de carácter sancionatorio, emitidas en tutela de distintos bienes ambientales, por lo que
podría ser inconstitucional en ausencia de estudios técnicos previos a la promulgación de la ley,
suficientes y completos para justificar la medida legislativa, por violación al principio de no
regresión.




 




Atentamente,




 




 



                                                                       M. Sc. Susana Fallas Cubero

                                                                       Procuradora.

Legal Opinion: 076 - J of 01/08/2018

August 1, 2018

OJ-76-2018

Ms.
Cinthya Díaz Briceño
Area Chief
Legislative Commissions IV
Legislative Assembly

Dear Madam:

With the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to official letter No. AMB-246-2017, which requests our opinion on the draft bill for the "DEROGATION OF ARTICLE 69 OF THE WATER LAW" (Legislative file No. 19.912).

It is recalled that it is inappropriate to assume our agreement with the bill under the terms of article 157 of the Internal Regulations of Order, Direction and Discipline of the Legislative Assembly, which is inapplicable in this case; and it is noted that we will not issue an opinion on its merits or timeliness (which falls within the legislative discretionary sphere); and that our legal opinion is not binding.

I. PURPOSE OF THE BILL

The bill seeks to derogate Article 69 of the Water Law, alleging reasons of legal certainty and the loss of validity of that provision upon the enactment of the Law on the Maritime Terrestrial Zone, No. 6043 of March 2, 1977. The article in question provides:

"Article 69.- Maritime zone is understood as the space on the coasts of the Republic bathed by the sea in its ebb and flow and the immediate lands up to a distance of one mile, that is, one thousand six hundred seventy-two meters, counted from the line marking the high tide.

This maritime zone also extends along the banks of rivers up to the point where they become navigable or where the tides are noticeable, with a width of two hundred meters from each bank, counted from the line marking the high tide.

The basin (vaso) of a lake, lagoon, or estuary (estero) is understood as the deposit having the necessary capacity to contain the waters of the highest ordinary floods. The bed or channel (álveo o cauce) of a river or stream (arroyo) is understood as the land covered by its waters during the highest ordinary floods."

II. OBSERVATIONS ON THE BILL

Unlike what is indicated in the bill's statement of motives, Article 69 of the Water Law continues to be applicable, as demonstrated by the following judicial rulings:

"III- These proceedings are brought for the purpose of registering a property drawn on plan L-1505652-2011 (f1), with the nature of pastureland (potrero) and scrubland (charral), located in Guápiles, district 1 Guápiles, canton 2 Pococí, province of Limón. It borders on the north with José Alberto Castillo Calvo, on the south with Fernando Herrera Carvajal and the Toro Amarillo River, on the east with José Antonio Barboza Ramírez and Fernando Herrera Carvajal, and on the west with the Toro Amarillo River. Area of 15 hectares 4184 square meters. Said property is not part of any protected wilderness area, as indicated in the certification issued by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) provided on folio 6 and the official letter on folio 118. The applicant in his initial brief (f. 17) describes that he intends to title the property acquired by purchase in a public deed of September 17, 1989, by which the possession and improvements of an area of 6 hectares 5027.66 square meters were sold to him, and that on that date he bounded ("acarriló") the remaining 89,057.34 square meters. The deed is found on folio 2. A soil study was conducted on the site. The soil study in the record (folio 11) mentions that the property has been subject to compliant land use and that it contains a sector of secondary forest and another of early secondary growth (tacotal). The observations indicated: "Secondary forest. Early secondary growth composed of a combination of Caña Brava, Zaraparrillas, Kin Grass, with medium-sized trees such as Cornizuelo, Uña de Gato, Guabas in Transition to Secondary Forest, area was a former channel of the Toro Amarillo River. Ratana Grass Combined in parts with Kin Grass and scattered trees. Construction consisting of a mixed-type dwelling house and a Shed in an area of 84 m2". As a recommendation, the maintenance of the current cover in the early secondary growth areas in transition to secondary forest that was the former channel of the Toro Amarillo River is mentioned, in order to achieve the establishment of said forest through the natural regeneration process. A judicial inspection (reconocimiento judicial) was conducted (f. 53), in which the judge who conducted it recorded having arrived at the farm and observed the east, north, and southeast boundaries marked with barbed wire and mixed posts. The record explains that from approximately vertex 10 to 19 of plan L-1505652-2011 corresponds to the area that, according to the initial brief, he originally acquired when he bought the first six hectares. From that point, the record mentions, a drop-off can be seen that forms a terrace with respect to the western sector, and there is an area covered with early secondary growth material, caña brava, and river stones. The applicant explained at that proceeding, and it was so recorded, that this river is characterized by the constant existence of sandbanks (playones) and the formation of river branches, for which reason he has maintained a setback greater than 15 meters from the channel, anticipating floods and diversions. It was noted that from vertices 11, 14, 17, and 18 of the plan, there is another zone of drop-off with respect to the river's floodplain, which denoted that in other times the river had entered up to the boundary, given the existence of sand and rocks alongside the boundary. The property is described as being dedicated to early secondary growth, a wooden dwelling house, timber trees of melina, guarumo, banana plants, fruit trees, and some subsistence crops. In addition, giant grasses and scattered trees are present in the secondary forest sector. It is added that in the sector on the bank of the Toro Amarillo River, trees and early secondary growth were observed. The judicial inspection details that, near the house sector, there is woody vegetation with no vestiges of logging. This judicial inspection and what was recorded in the soil study were not assessed by the lower court (a quo). It should be noted that the soil study indicated that this zone of early secondary growth corresponds to the former channel of the cited body of water and is now covered with early secondary growth and trees. The record also contains the report issued by the National Geographic Institute (IGN) (f.125), which depicts the natural diversion process of the Toro Amarillo River channel, documented since the year 1952. A change in the geographic location towards the southwest is shown, with the water surface shifting to a different area. This Court observes what that report indicates: that plan L-1505652-2011 covers areas of the historical channel of the Toro Amarillo River according to the figures on the Guápiles Sheet and aerial photos (f.93); and in official letter DG-IGN-RN-2015-016 of the IGN (f. 92), it was cited that the plan is located on the alluvial fan of the river. That technical document details that it is considered an alluvial fan because the body of water has historically shifted on both margins, generating different channels and depositing a large quantity of materials. That report notes that three types of material banks are observed in the fluvial dynamics: 1) material banks of the active channel (internal and lateral), 2) material banks generally exposed; which can be colonized by vegetation, and finally 3) material banks resulting from abandoned channels that over time can be colonized by vegetation. Aerial photographs showing the displacement of the river channel since 1959 were included in that report. Regarding the 2011 graphic, it was cited: "In the Google Earth image of January 2011, it is determined that approximately 97% of the farm area was covered by natural vegetation, observing that part of that vegetation is located on the material banks and channels of the Toro Amarillo River in 2007. In the 2007 photograph, it is observed that the plan was located in the southwestern part in a shaded area identified as part of the river." As a conclusion, it is noted that in the various years of the photographs shown, a part of the farm (in different percentages depending on the year the photograph was taken) was located within the channels already colonized by vegetation, and only 7% of the farm is situated outside of that channel. For its part, the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice, in vote 000175-F-S1-2009 of sixteen hours seven minutes of February nineteenth, two thousand nine, understands the concept of channel (cauce) as: "The following are public domain waters: (...) IV.- Those of rivers and their direct or indirect tributaries, streams or springs from the point where the first permanent waters emerge up to their mouth in the sea or lakes, lagoons, or estuaries;…". Article 3 provides, "The following are also national property: (...) III.- The channels of public domain currents;". The Ad quem correctly established that according to those provisions, the waters and channels are public domain property; specifically, it stated, "The Water Law attributes the status of public domain property to rivers, regarding their waters and channels, as regulated by Articles 1, subsection IV and 3, subsection III and 70…" (Folios 370-371). Furthermore, it indicated that according to Article 69 of that legal body, "…The bed or channel of a river or stream is understood as the land covered by its waters during the highest ordinary floods." And based on the expert report, it considered that the pipeline "is located in the riverbed (lecho), not in the sector identified as the channel" (folio 371). According to the expert report, the riverbed is the "zone upon which the channel (sic) rests, a zone subject to the modification of the position of a River's channel"; and the channel is the "Zone upon which the River water flows" (folio 346). From these definitions, it can be inferred that the riverbed is part of the channel, as it refers to the zone where the water rests. In the legislation invoked, no reference is found to the term riverbed (lecho). Its sole mention is found in Article 101 of the Regulation to the Mining Code, which prohibits excavating the riverbed. Moreover, the Dictionary of the Royal Spanish Academy - twenty-second edition – defines channel (cauce) as "Bed (Lecho) of rivers and streams. 2. Open conduit or irrigation ditch (acequia) through which waters run for irrigation or other uses" and bed (lecho) in its third meaning as "Mother (Madre) of a river, or land through which its waters run." For an abundance of reasons, it is worth noting that even information obtained on the Internet confirms this position, as it establishes: "The riverbed is the most excavated part of valleys or drained depressions. It is the elementary organ of circulation for running waters, and in it, we distinguish several elements obtained from the transverse profile; actually, from a valley, where the morphological features are presented to us, and in which the slopes of the hillsides and the sequences of terraces are represented. (...) The minor bed (lecho menor) is the channel through which river water runs in dry seasons, it includes the canal. Its margins are well-defined, so it is clearly delimited. It presents an alternation of sunken zones (furrows and pools) and high bottoms (thresholds), which can come to form river islands. The major bed (lecho mayor) is the river channel covered by water during the period of maximum annual flow; it is a zone that is flooded every year. This bed offers a rounded transverse profile, due to the bank projections that dominate the minor bed, to the point that counter-slopes may appear that isolate small longitudinal depressions. The sporadic major bed (lecho mayor esporádico) is the flood zone of a river during large floods. It is not flooded every year, therefore it is colonized by vegetation, is frequently cultivated, and has even been built upon. It is not topographically distinguishable from the surroundings. (http://club.telepolis.com/ geografo/geomorfologia/rios.htm). " The river channel is the specific place through which it flows. It is normally synonymous with the riverbed, but the channel includes subterranean waters, rivers that flow inside caves, and infiltration waters......". From the foregoing, this Court understands that the part of the applicant's possession that corresponded to the former channel of the Toro Amarillo River is not a zone through which the river water flows in its current geomorphology, lacking the technical elements to know whether those areas are susceptible to titling or not. All these aspects must necessarily be considered to resolve this matter. On this subject, it is relevant to cite the regulations of Water Law No. 276 on the ownership regime in Chapter III called: Of the Beaches, Maritime Zones, and Others of National Property. Of the Zones of Private Property and Accretions. Specifically, numeral 69 indicates: "The bed or channel of a river or stream is understood as the land covered by its areas during the highest ordinary floods." Article 78 states: "The channels of rivers that become abandoned because the course of the waters naturally varies belong to the owners of the respective properties along the entire length. If the abandoned channel separated properties of different owners, the new dividing line will run equidistant from each." (bold not in the original). In this particular case, to approve or deny the process, it is necessary to have absolute clarity regarding the existence or not of an area of the channel that is abandoned (not just the historical channel). By virtue of the cited legal provisions, regarding the areas of abandoned channels where the ordinary floods of the body of water do not reach, there is legal authorization for titling, and that is a matter concerning the applicant's fundamental property right safeguarded by Article 45 of the Political Constitution. In the report issued by engineer Raquel Irias Brenes of the Subprocess of Official Limits, Topographic and Territory Observation Department of the National Geographic Institute and the Director of that entity, Max Lobo Henández, although it reported and graphically depicted the historical channel of the body of water of interest, it is not clearly concluded whether in 2012, when this process began, the channel existing on that date, determined according to the corresponding legal criteria, was or was not comprised within what was drawn on the base plan (see legal definition of channel and ordinary floods according to pertinent historical record, Article 69 of the Water Law). In other words, the report is not clear in determining whether the land subject to the process, drawn on plan L-1505652-2011, encompasses in 2012 the river channel, whose dimension or space effectively encompassed on that date must be determined according to the provisions of numerals 69, 78, and 79 of the Water Law. To this end, logically, the history of ordinary floods must be taken into account, but also the natural variations that may lead to diversions that allow spaces that formerly formed part of the channel not to be part of it by 2012, according to the legislation in force. This Court considers that this was not clearly consulted with the IGN by the trial judge, meaning the determination of the space that the Toro Amarillo River channel encompasses in the year 2012 – excluding what is legally considered an "abandoned channel" due to natural variation of the river – has not yet been answered, in order to determine if the plan provided by the applicant in this possessory information proceeding covers channel zones that, by law, are in the public domain. This is a matter of public interest and involves norms of mandatory observance, so there can be no doubts in this regard, nor can decisions be based on incomplete or insufficient information. If it is determined that the referenced plan includes areas that effectively form part of the river channel, the drawing of a new plan excluding that zone which forms part of the public domain must be required. This Court deems that the lower court must order said Institute to expressly and clearly indicate the foregoing. If a site visit is required for this purpose, it must be ordered to conduct such appearance. Therefore, by virtue of Article 26 of the Agrarian Jurisdiction Law, the appealed judgment must be annulled so that, with due process, the cited technical evidence is clearly gathered prior to issuing a new ruling. Furthermore, this Chamber considers the appealed ruling to be premature, given that there is no clarity as of today whether the overlap of plan L-1505652-2011 on its western boundary persists over the body of water within the channel observed in the photograph identified as Figure 6 on folio 127. The new report to be rendered by the IGN should clear up this uncertainty, and if necessary, the legal warnings must be given to the applicant to adjust his plan to the legal requirements. The foregoing is ordered pursuant to the referenced provisions, Articles 261, 262 of the Civil Code and 11 of the Possessory Information Law and 377 of the Civil Procedure Code, which authorize the judges of the Republic to request the necessary reports for a just decision that does not affect the public domain. An order that must be issued with the legal warnings in case of disobedience by the entity.

IV- By virtue of the foregoing, Article 1, 2, 26 of the Agrarian Jurisdiction Law, numeral 11 of the Possessory Information Law, and Articles 69 and 78 of the Water Law, the appealed judgment must be annulled. Prior to issuing a new ruling, the IGN must be requested to clearly identify, regarding plan L-1505652-2011, whether the land subject to the process, drawn on plan L-1505652-2011, encompasses in 2012 the channel of the Toro River, whose dimension or space effectively encompassed on that date must be determined according to the provisions of numerals 69, 78, and 79 of the Water Law. To this end, logically, the history of ordinary floods must be taken into account, but also the natural variations that may lead to diversions that allow spaces that formerly formed part of the channel not to be part of it by 2012, according to the legislation in force. If it includes part of the channel, the drawing of a new plan excluding what forms part of the public domain must be required. And if necessary for this purpose, that officials visit the site, they must be ordered to conduct such appearance. Therefore, the appealed judgment must be annulled, and the cited evidence must be gathered prior to issuing a new ruling. An order that must be issued with the legal warnings in case of disobedience by the entity." (Agrarian Tribunal, vote No. 308-F-16 of 11 hours 39 minutes of April 5, 2016).

"VII.- Once the body of evidence cited by the appellant, plus the testimonial evidence proposed by the defendant (folios 159 to 166) –as the plaintiff's witnesses did not appear on the scheduled date (folio 148)–, the documentary evidence related to the water use concession to Isla Bonita S.A. (folios 3 and 264), and especially the judicial inspection (reconocimiento judicial) –at which the plaintiff was not present– have been analyzed, it is clear to this Chamber, as it was to the Trial Court and the Tribunal, that the pipeline passes through the channel (cauce) or bed (lecho) of the river. However, surprisingly, in the appealed judgment, in the analysis of the evidence, the Ad quem reaches a different conclusion without basis in the factual matrix. This undoubtedly entails an improper substantiation originating from an incorrect weighing of the evidence. Indeed, from the expert report, aside from aspects extraneous to a report of this nature, it is obtained that the pipeline of interest is located in the river channel, "embedded in the lateral wall, by means of concrete anchors" (folio 346). This description coincides with what can be observed in the photographs and is complemented by the judicial inspection where it was expressly stated, "we find ourselves on the Santiaguito River proper, approximately four hundred to five hundred meters from the public road towards San Miguel de Sarapiquí, a place where a water intake is located, built with cement blocks on the river channel, with a width of approximately two and a half meters and an approximate length of six meters; at said intake, three PVC pipes of approximately six inches in diameter intake are observed, which, according to the defendant's representative, are the property of EL ANGEL S.A., the same ones which this matter concerns. (…) it is possible to determine that these run from the intake capture point and up to the main road indicated before, along the bank of the Santiaguito River, being protected in some sections by cement coating in order to be protected from floods and any object that could damage them. (…) As the plaintiff was not present, it was not possible to identify the position of the pipeline in relation to the plaintiff's property, which cannot be identified." (folios 171-172) (highlighting supplied). Finally, and although it is not questioned here, the witnesses who participated in the construction of the pipeline do not hesitate to affirm that it does not pass through Mr. Félix Humberto's property.

VIII.- The last objection to be analyzed is a direct violation. In this regard, the appellant states that there was a failure to apply Articles 1 subsection IV and 3 subsection III of the Water Law. Moreover, he alleges the violation of numerals 69 of that legal body; 50 of the Organic Environmental Law; 36 of the Mining Code, 4, 101, 103 of the Regulation to the Mining Code; the Construction Regulations, and the Regulation for the Creation of the Environmental Discharge Fee. He states that the error was configured when the Tribunal established that the bed of the Santiaguito River is not part of the public domain, despite the fact that the contrary is inferred from said norms. The Water Law, in Article 1, insofar as relevant, states: "The following are public domain waters: (...) IV.- Those of rivers and their direct or indirect tributaries, streams or springs from the point where the first permanent waters emerge up to their mouth in the sea or lakes, lagoons, or estuaries; …". Article 3 provides, "The following are also national property: (...) III.- The channels of public domain currents;". The Ad quem correctly established that according to those provisions, the waters and channels are public domain property; specifically, it stated, "The Water Law attributes the status of public domain property to rivers, regarding their waters and channels, as regulated by Articles 1, subsection IV and 3, subsection III and 70…" (folios 370-371). Furthermore, it indicated that according to Article 69 of that legal body, "…The bed or channel of a river or stream is understood as the land covered by its waters during the highest ordinary floods." And based on the expert report, it considered that the pipeline "is located in the riverbed (lecho), not in the sector identified as the channel (cauce)" (folio 371). According to the expert report, the riverbed is the "zone upon which the channel (cause, sic) rests, a zone subject to the modification of the position of a River's channel"; and the channel is the "Zone upon which the River water flows" (folio 346). From these definitions, it can be inferred that the riverbed is part of the channel, as it refers to the zone where the water rests. In the legislation invoked, no reference is found to the term riverbed (lecho). Its sole mention is found in Article 101 of the Regulation to the Mining Code, which prohibits excavating the riverbed. Moreover, the Dictionary of the Royal Spanish Academy - twenty-second edition – defines channel (cauce) as "Bed (Lecho) of rivers and streams. 2. Open conduit or irrigation ditch (acequia) through which waters run for irrigation or other uses" and bed (lecho) in its third meaning as "Mother (Madre) of a river, or land through which its waters run." For an abundance of reasons, it is worth noting that even information obtained on the Internet confirms this position, as it establishes: "The riverbed is the most excavated part of valleys or drained depressions. It is the elementary organ of circulation for running waters, and in it, we distinguish several elements obtained from the transverse profile; actually, from a valley, where the morphological features are presented to us, and in which the slopes of the hillsides and the sequences of terraces are represented. (...) The minor bed (lecho menor) is the channel through which river water runs in dry seasons, it includes the canal. Its margins are well-defined, so it is clearly delimited. It presents an alternation of sunken zones (furrows and pools) and high bottoms (thresholds), which can come to form river islands. The major bed (lecho mayor) is the river channel covered by water during the period of maximum annual flow; it is a zone that is flooded every year. This bed offers a rounded transverse profile, due to the bank projections that dominate the minor bed, to the point that counter-slopes may appear that isolate small longitudinal depressions. The sporadic major bed (lecho mayor esporádico) is the flood zone of a river during large floods. It is not flooded every year, therefore it is colonized by vegetation, is frequently cultivated, and has even been built upon. It is not topographically distinguishable from the surroundings." (http://club.telepolis.com/geografo/geomorfologia/rios.htm). "The river channel is the specific place through which it flows. It is normally synonymous with the riverbed, but the channel includes subterranean waters, rivers that flow inside caves, and infiltration waters. It is frequent that under the riverbed, and sometimes on a different course, there exist infiltrated water currents with a flow even greater than that of the river itself. But here we will deal, basically, with the superficial part of the river, that is, the bed. In the riverbed, four elements are distinguished: the canal, the minor bed, the major bed, and the sporadic major bed." (http://geografia.laguia2000.com/hidrografia/el-estudio-de-los-rios-el-cauce) "River channel covered by the water. The following are distinguished: the sporadic major bed, the major bed, the minor bed, and the canal." http://enciclopedia.us.es/index.php/Lecho_de_un_r%C3%ADo

In consideration of the foregoing and given the particular circumstances present in this case, with respect to the indirect violation alleged, even under the hypothesis that this Chamber were to maintain intact the assessment of the factual matrix made in the appealed judgment, it is evident that the Tribunal erred in interpreting the applicable legislation, as it considered the riverbed to be something separate from the channel and consequently denied it the status of public domain. By virtue of the foregoing, the objection must be upheld, and for reasons of necessity, a pronouncement on the rest of the legislation alleged is omitted." (First Chamber of the Supreme Court of Justice, vote No. 175-F-S1-2009 of 16 hours 7 minutes of February 19, 2009).

"II.- First, from the study of the evidence provided by the appellant himself, specifically, official letter number OFICIO DA-352-10-2000 of October thirteenth of this year (visible on folio 4 of the file) and the sketch of the area in question (visible on folio 6 of the file), it is inferred that the authorities of the Municipality of Puntarenas have found it proven that the petitioner has been irregularly exploiting an area in the basin (vaso) of the Estero of Puntarenas, since he has not had the respective concession and has used an adjacent strip leased to another individual. An area that, in accordance with Articles 1, 3, and 69 of the Water Law (Law number 276 of August twenty-seventh, nineteen hundred forty-two) and Article 7 of Law number 4071 of January twenty-second, nineteen hundred ninety-eight, is in the public domain, which as such is characterized as being inalienable, imprescriptible, and unattachable, so that mere occupation – regardless of the duration thereof – does not generate rights over it. Hence, through the cited official letter, the appellant is warned to remove his vessels within five days from the adjacent area leased to the company Fortuna del Pacífico, and in the specific case of the dock he has been exploiting, to submit the corresponding concession application, in accordance with Article 96 of the Regulation to the Law on the Maritime Terrestrial Zone, so that he may continue exploiting it with the corresponding concession. That is, the respondent authorities have sought to bring the appellant's situation into compliance with the law regarding the irregular use of a public domain property. In this context, the official letter that was notified to him and which motivates the filing of this appeal constitutes the initial act from which the petitioner's possibility arises to exercise his right of defense, such that if he disagrees with the warning from the Municipality of Puntarenas, he may file the appeals provided for by the legal system itself and provide, in support of his interests, the evidence he deems pertinent, which is why this Chamber observes that his fundamental rights have not been violated by the described facts. It is worth noting that on folio 5 of the file, the respective concession application filed by the appellant on November twentieth of this year is attached, by which the indicated warning is complied with and which confirms the foregoing; now then, if the appellant disagrees with what is definitively resolved regarding his proceeding, he may challenge it in the administrative venue itself through the respective administrative appeals, or, in the corresponding jurisdictional venue upon exhaustion of the previous phase, these being the suitable venues for the discussion and resolution of said conflict. Therefore, the appeal must be dismissed." (Constitutional Chamber, ruling No. 11167-2000 of 14 hours 56 minutes of December 19, 2000).

In addition to continuing to be applied, that provision has not lost its validity, given its integration with: Article 2 of the Regulation to the Law on the Maritime-Terrestrial Zone; numerals 1, 3, 70 and 72, among others, of the same Water Law; ordinals 100 and 128 of the Wildlife Conservation Law and 4 of its Regulation; and rules 33, 34 and 58 of the Forest Law; to cite some examples:

“e) Estero (estero): Land immediately adjacent to the shore of a ría (ría) over which the waters of the tides extend;

f) Ría (ría): Part of the river near its entrance to the sea and up to where the tides reach;

h) Litoral (litoral): Shore or coast of the sea, which extends along the rías (rías) and permanent esteros (esteros) up to where they are sensibly affected by the tides and present defined marine characteristics;”
(Decree No. 7841 of December 16, 1977, Regulation to the Law on the Maritime-Terrestrial Zone)

“Article 1.- The following are waters of the public domain:

(…)

V.- Those of constant or intermittent currents whose riverbed (cauce), in all or part of its extension, serves as a boundary to the national territory, the ownership of such currents being subject to what has been established in international treaties concluded with neighboring countries and, in the absence thereof, or regarding matters not provided for, to the provisions of this law; (…)

VIII.- Those of springs (manantiales) that emerge on the beaches, maritime zones, riverbeds (cauces), basins (vasos) or banks (riberas) of national property and, in general, all those that arise on lands of the public domain; (…)

Article 3.- The following are likewise national property:

(…)

II.- The basins (vasos) of lakes, lagoons and esteros (esteros) of national property;

III.- The riverbeds (cauces) of currents of the public domain; (…)

VI.- The islands that form in the territorial seas, in the basins (vasos) of lakes, lagoons or esteros (esteros) or in the riverbeds (cauces) of currents of national property, provided that these do not result from a bifurcation of the river on lands of private property.

Article 70.- The Nation has ownership of the waters determined in Article 1 of this law, of the beds (álveos) or riverbeds (cauces) of the beaches and basins (vasos) indicated in Article 3, as well as of their banks (riberas). (…)

Article 72.- The Judges responsible for issuing property titles over vacant or untitled lands must make the corresponding reservation regarding the waters, beds (álveos) or riverbeds (cauces) and basins (vasos) of waters that are of the public domain, recording this in the adjudication judgment for the lands, and the Public Registry must take note of these national reservations. The omission of this requirement does not confer any right over those assets to the claimant (denunciante) or possessor.” (Water Law, No. 276 of August 27, 1942).

“Article 100.- A prison sentence of one (1) to three (3) years shall be imposed, provided a more serious crime is not constituted, on anyone who discharges sewage (aguas servidas), blackwater (aguas negras), sludge, waste or any contaminating substance into springs (manantiales), rivers, quebradas (quebradas), permanent or non-permanent streams (arroyos), lakes, lagoons, marshlands (marismas) and natural or artificial reservoirs (embalses), esteros (esteros), peat bogs (turberas), swamps (pantanos), wetlands (humedales), fresh, brackish or salt waters, in their riverbeds (cauces) or in their respective protection areas.

Article 128.- It is prohibited to discharge sewage (aguas servidas), blackwater (aguas negras), waste or any contaminating substance into springs (manantiales), rivers, quebradas (quebradas), permanent or non-permanent streams (arroyos), lakes, marshlands (marismas) and natural or artificial reservoirs (embalses), esteros (esteros), peat bogs (turberas), swamps (pantanos), wetlands (humedales), fresh, brackish or salt waters, in their riverbeds (cauces) or in their respective protection areas. (…)”  (Wildlife Conservation Law, No. 7317 of October 30, 1992).

“25. Estero (estero): Land immediately adjacent to the riverbank, near its entrance to the sea and up to where the waters of the tides reach. It includes secondary channels, generally surrounded by marshlands (marismas), natural vegetation such as mangrove, grasses, sedges and other plants that grow in flooded areas. (…)”  (Regulation to the Wildlife Conservation Law, Decree No. 40548 of July 12, 2017).

“ARTICLE 33.- Protection Areas

The following are declared protection areas:

(…)

b) A strip of fifteen meters in rural zones and of ten meters in urban zones, measured horizontally on both sides, on the banks (riberas) of rivers, quebradas (quebradas) or streams (arroyos), if the land is flat, and of fifty meters horizontally, if the land is steep (quebrado).

c) A zone of fifty meters measured horizontally on the banks (riberas) of natural lakes and reservoirs (embalses) and on private artificial lakes or reservoirs (embalses) built by the State and its institutions. Private artificial lakes and reservoirs (embalses) are excepted.

ARTICLE 34.- Prohibition on logging in protected areas

The cutting or elimination of trees is prohibited in the protection areas described in the preceding article, except in projects declared by the Executive Branch as being of national convenience.

The alignments that must be processed in relation to these areas shall be carried out by the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo).

ARTICLE 58.- Penalties

A prison sentence of three months to three years shall be imposed on anyone who:

a) Invades a conservation or protection area, whatever its management category, or other forest areas or lands subject to the forestry regime, whatever the occupied area; regardless of whether these are private lands of the State or other Public Administration bodies or lands of private ownership. The authors or participants in the act shall not have the right to any compensation for any construction or work they have carried out on the invaded lands.

b) Exploits forest resources on lands of the State's natural heritage and in protection areas for purposes other than those established in this law.

c) Fails to respect declared forestry bans (vedas forestales). (…)”  (Forest Law, No. 7575 of February 13, 1996).

By reason of the foregoing, the repeal (derogatoria) would affect the application of provisions, including those of a punitive nature, issued in protection of various environmental assets, and therefore it could be unconstitutional in the absence of prior technical studies, sufficient and complete to justify the legislative measure, due to violation of the principle of non-regression (principio de no regresión):

“V. On the principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is contained in Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 1 and 26 of the American Convention on Human Rights and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to continually increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, with special consideration to those which, like the right to the environment (art. 11 of the Protocol), require multiple positive actions from the State for their protection and full enjoyment by all their holders. From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, contained in numeral 34 of the Magna Carta, derives the principle of non-regressivity or irreversibility of the benefits or protection achieved. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of rights achieved up to that point. This principle does not imply absolute irreversibility because all States experience national situations, of an economic, political, social nature or caused by nature, that negatively impact the achievements made up to then and force a downward reconsideration of the new level of protection. In those cases, Constitutional Law and the principles under examination require justifying, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, the reduction of protection levels. In this regard, the Constitutional Chamber has expressed in its jurisprudence, regarding the right to health: ‘...according to the PRINCIPLE OF NON-REGRESSIVITY, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of openness to access to medicines, it cannot -and much less through an International Treaty- reduce such access and make it more restricted, under the excuse of protecting commerce.’ (Judgment of the Constitutional Chamber No. 9469-07). In relation to the right to the environment, it stated: ‘The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment in accordance with Constitutional Law, which does not admit a regression to its detriment.’ (Judgment of the Constitutional Chamber No. 18702-10).” (Constitutional Chamber, Voto 13367-2012).

“The principle of non-regressivity of environmental law can be expressed, then, as the impediment that a measure established by public authorities be contrary to an environmental achievement, such as the attainment of an environmental objective, and, therefore, its sacrifice is not appropriate when it is not supported by technical and scientific studies.” (Constitutional Chamber, Voto 5616-2015).



III. CONCLUSION

Article 69 of the Water Law continues to be applicable, and has not lost its validity, given its integration with other norms of the legal system. The repeal (derogatoria) would affect the application of provisions, including those of a punitive nature, issued in protection of various environmental assets, and therefore it could be unconstitutional in the absence of prior, sufficient and complete technical studies to justify the legislative measure, due to violation of the principle of non-regression (principio de no regresión).



Sincerely,



 

                                                                         M. Sc. Susana Fallas Cubero

                                                                       Procuradora.