C-281-2018 — SETENA's environmental oversight of pre-existing mining concessions and suspension of feesControl ambiental de SETENA sobre concesiones mineras previas y suspensión del canon

Dictamen : 281 del 12/11/2018   



12 de noviembre de 2018




C-281-2018




 




Señor




Alexander Moya Carrillo




Auditor Interno




Ministerio de Ambiente y Energía




 




Estimado señor:




 



 Con la aprobación del Procurador General de la República, doy respuesta a su oficio No. AI-100-2018
de 16 de agosto de 2018 en el cual requiere nuestro criterio sobre lo siguiente:




 



 “La DGGM otorgó en el año 1989 una concesión de explotación en cauce de dominio público por un
período de 5 años (en esa época no existía la Secretaría Técnica Nacional Ambiental ni su normativa
técnica emitida en el año 1995 con la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554); no
obstante, en su momento, la empresa concesionada presentó un Estudio de Impacto Ambiental, el cual
fue aprobado por la Comisión Gubernamental de control sobre los Estudios de Impacto Ambiental; con
lo que, el MINAE le otorgó la concesión por recomendación de la DGGM. Luego, en el año 2015 la
Empresa solicitó a la DGGM una prórroga a la concesión. Con base a esos hechos señalados, ¿debió la
DGGM con base a la normativa emitida posterior al año 1995 haberle exigido o no al concesionario que
realizara un nuevo Estudio de Impacto Ambiental y acatara el cumplimiento de los nuevos requisitos
para obtener la Viabilidad Ambiental que otorga la SETENA en acato a la normativa vigente, para que
posteriormente pudiera plantear ante la DGGM una prórroga de la concesión? En caso afirmativo, ¿cuál
es la norma que lo regula?




 



 2. Si una concesión se encuentra suspendida ¿debe o no la DGGM cobrar el canon al concesionario
dada esa característica? ¿Cuál es el fundamento jurídico que faculta al no cobro del canon bajo esas
condiciones?




 



 De previo a contestar las interrogantes planteadas, es de advertir que, de conformidad con lo
dispuesto en nuestra Ley Orgánica y los dictámenes reiterados acerca de los requisitos de
admisibilidad de las consultas, la Procuraduría únicamente puede rendir su criterio sobre
cuestionamientos jurídicos generales, sin referirse a casos concretos, pues ello escapa a su función
asesora e implicaría sustituir a la administración activa en la toma de decisiones. (Al respecto,
véanse los dictámenes Nos. C-142-2017 de 23 de junio de 2017, C-064-2018 de 4 de abril de 2018 y
C-168-2018 de 19 de julio de 2018).




 



 Pese a que en su nota no se menciona el nombre la empresa concesionaria, es evidente que el objeto
de la consulta es resolver un asunto concreto. Por ello, de conformidad con lo indicado
anteriormente, debe aclararse que este dictamen se emite como un criterio jurídico general sobre los
temas consultados, haciendo abstracción de cualquier caso concreto que deba ser resuelto por la
administración.




 




I. Sobre el primer cuestionamiento.




 



 Efectivamente, tal y como se indica en la consulta, en el año 1989 no existía la Secretaría Técnica
Nacional Ambiental. En ese momento, los estudios de impacto ambiental que exige el artículo 3° del
Código de Minería (Ley No. 6797 de 4 de octubre de 1982) debían ser evaluados por la Comisión
Gubernamental de Control y Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental para Actividad Minera
(regulada en el Decreto Ejecutivo No. 15441 de 16 de abril de 1984), que sustituyó a la anterior
Comisión Nacional para la Evaluación de las Declaraciones de Impacto Ambiental (creada mediante
Decreto Ejecutivo No. 15289 de 30 de enero de 1984).




 



 Esa Comisión, evaluaba y aprobaba los estudios de impacto ambiental de conformidad con los
procedimientos y normas que ella misma establecía, según lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto
15441 citado.




 



 En los Decretos Ejecutivos posteriores que modificaron esa Comisión y los procedimientos de
evaluación de impacto ambiental (Decretos Ejecutivos Nos. 19775 de 28 de mayo de 1990, 21597 de 14
de agosto de 1992, 23783 de 28 de octubre de 1994 y 25705 de 8 de octubre de 1996), no se estableció
que los estudios de impacto ambiental aprobados anteriormente debían modificarse o ajustarse a las
nuevas disposiciones.




 



 La Secretaría Técnica Nacional (en adelante, SETENA) fue creada mediante la Ley Orgánica del
Ambiente (No. 7554 de 4 de octubre de 1994), que en su artículo 82 dispuso que la Comisión de
control y evaluación de estudios de impacto ambiental existente en ese momento pasaba a ser la
Secretaría Técnica Nacional Ambiental.




 



 La Ley Orgánica del Ambiente, el Decreto Ejecutivo No. 25705 de 8 de octubre de 1996 que reguló los
procedimientos de evaluación de impacto ambiental después de constituida la SETENA y el actual
Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo
No. 31849 de 24 de mayo de 2004), no establecieron ninguna disposición en cuanto a que los estudios
de impacto ambiental aprobados con anterioridad debían someterse a las nuevas regulaciones,
ajustarse a los nuevos requisitos, ni ser aprobados nuevamente por la SETENA.




 



 Pese a ello, según el transitorio III de la Ley Orgánica del Ambiente, la SETENA asumió las
competencias de la Comisión interinstitucional de control y evaluación de estudios de impacto
ambiental, a la que, según el Decreto No. 23783, le correspondía velar por el cumplimiento de las
obligaciones a que se comprometen los administrados con la aprobación del estudio de impacto
ambiental. Función que fue reafirmada mediante el Decreto No. 25705, que dispuso que a la SETENA le
correspondía supervisar y dar seguimiento a las actividades evaluadas y aprobadas.




 



 Y además, debe tenerse en cuenta que la Ley Orgánica del Ambiente dispuso en su artículo 17 que
todas las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos,
materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la
SETENA, y por ello, en el artículo 84 dispuso que ese organismo es competente para analizar y
aprobar las evaluaciones de impacto ambiental, recomendar las acciones necesarias para minimizar el
impacto sobre el medio y para recuperarlo, y realizar labores de monitoreo y velar por la ejecución
de las resoluciones.




 



 Siguiendo lo anterior, el actual Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de
Impacto Ambiental, establece en su artículo 46 inciso 2) que “las actividades, obras o proyectos que
se encuentren en operación o cuenten con EIA aprobado estarán sujetos, conforme a lo que establece
la Ley Orgánica del Ambiente y el presente reglamento, a un proceso de control y seguimiento
ambiental en los términos establecidos en el presente reglamento.”




 



 En el Capítulo IV, esa norma establece varios instrumentos de control y seguimiento ambiental, como
el nombramiento de un responsable ambiental por un plazo determinado, el registro del proceso de
gestión ambiental en una bitácora ambiental, la elaboración y presentación de informes ambientales
con cierta periodicidad, inspecciones ambientales de seguimiento y control a las actividades, y
auditorías ambientales.




 



  Lo anterior, permite a la SETENA verificar el desarrollo y estado de las actividades y si es del
caso, se encuentra facultada para ordenar la implementación de las medidas necesarias para recuperar
la condición de equilibrio ambiental dentro de un plazo razonable, e incluso, para ordenar algunas
de las medidas dispuestas en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, como ordenar la
paralización parcial o total de la actividad, según lo establece el artículo 50 del Reglamento
citado.




 



 Lo expuesto permite indicar que la SETENA debe evaluar y monitorear todas las actividades que
alteren o destruyan elementos del ambiente o que generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos,
y eso incluye a los proyectos y actividades cuyo estudio de impacto ambiental hubiese sido aprobado
por cualquiera de los organismos que, antes de la creación de SETENA, tuvieron esa función.




 



 Es decir, el hecho de que una actividad o proyecto hubiese sido evaluado y aprobado ambientalmente
antes de la creación de SETENA, no implica que escape a las potestades de monitoreo y control que la
legislación vigente establece.




 



 Consecuentemente, de existir alguna concesión minera vigente cuyo estudio de impacto ambiental
hubiese sido aprobado con la normativa anterior, ésta debe, de igual forma, sujetarse al control y
seguimiento ambiental de SETENA.




 



 Nótese que el propio artículo 133 del Código de Minería establece una sanción para el titular de un
permiso o concesión que incumpla las medidas de mitigación de impacto ambiental impuestas por el
órgano administrativo competente.




 



 Y ello implica que SETENA debe evaluar las solicitudes de prórroga de esas concesiones, con el fin
de que se determine la necesidad de actualizar, ampliar o mejorar el estudio de impacto ambiental
aprobado con anterioridad, o, incluso, de elaborar nuevos estudios, lo cual ha sido avalado por la
Sala Constitucional, por ejemplo, en el voto No. 16310-2009 de las 8 horas 30 minutos de 23 de
octubre de 2009.




 



 Tómese en cuenta que la evaluación de impacto ambiental responde al principio preventivo recogido
en el artículo 15 de la Convención de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y 11 de la Ley de
Biodiversidad (No. 7788 de 30 de abril de 1998), que exige la adopción, por parte de los poderes
públicos, de aquellas medidas destinadas a evitar, mitigar o corregir los efectos adversos para el
ambiente que generan las actividades o acciones humanas, y evitar la generación de daños de difícil
reparación. (Al respecto, véase el voto de la Sala Constitucional No. 15760-2008 de las 14 horas 30
minutos de 22 de octubre de 2008).




 



 Entonces, la prórroga de una concesión minera no debe escapar a ese análisis preventivo de la
SETENA, y ella puede otorgarse siempre que el concesionario demuestre fehacientemente que se
encuentra al día con todas las obligaciones que le impone la ley, tal y como lo establecen los
artículos 21, 42 y 43 del Reglamento al Código de Minería (Decreto Ejecutivo No. 29300 de 8 de
febrero de 2001).




 




II. Sobre el segundo cuestionamiento.




 



 Como se desprende de los artículos 34, 55 y 85 del Código de Minería, todo titular de una concesión
de explotación debe pagar un derecho anual de superficie por concepto de la actividad desplegada.
Ese pago debe hacerse por anualidades adelantadas en el mes de diciembre de cada año y constituye un
requisito esencial para la eficacia de la concesión, pues, su falta de pago puede implicar la
cancelación de la concesión.




 



 Tratándose del pago de un monto que debe pagarse por el derecho a disfrutar de una concesión de
explotación de bienes de dominio público, es evidente que nos encontramos frente a un canon, tal y
como lo ha conceptualizado la Sala Constitucional:




 



 “…cuando de lo que se trata es del cobro de un canon, la relación entre el administrado y la
Administración se da en virtud de un contrato, recibiendo aquél la concesión o el permiso de
utilizar y/o explotar un bien de dominio público a cambio de una contraprestación en dinero
denominada canon. Esa obligación pecuniaria es cobrada por la Administración no sólo en virtud de
que se está aprovechando un bien público sino en virtud de los gastos en que debe incurrir ésta para
velar por el buen uso de ese bien. De esta forma, las concesiones y permisos otorgados por la
Administración a los administrados viene aparejada a la obligación de éstos de pagar una determinada
suma pecuniaria, obligación que la doctrina le llama canon... La relación jurídica que se establece
cuando media una concesión o un permiso es más una relación bilateral, es una la Administración
Concedente y uno el Concesionario o Permisionario, por ello generalmente se firma un contrato o se
dicta un acto administrativo particular.” (Voto No. 9170-2006, de las 16 horas 36 minutos de 28 de
junio de 2006).




 



             En esa misma línea, el Tribunal Contencioso Administrativo ha dispuesto que el cobro de
un canon se fundamenta en el hecho de que el concesionario recibe un beneficio por su condición,
pues se le permite “generar un enriquecimiento a partir de un bien destinado a la colectividad, de
manera que el pago permite compensar los intereses y evitar un lucro sin cancelar en algo a la
colectividad.” (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II, voto No. 001-2016 de las 8 horas de
12 de enero de 2016).




 



             Entonces, teniendo claro que el canon es una contraprestación a cargo del
concesionario, a cambio de la explotación de un bien de dominio público permitida por el Estado,
éste puede suspenderse cuando, por alguna razón legal, la concesión se encuentre suspendida y no se
esté llevando a cabo la explotación permitida. Es decir, si la contraprestación del Estado de
permitir la explotación está suspendida por algún motivo legítimo, el pago a cargo del concesionario
debe suspenderse, pues no se estaría beneficiando del aprovechamiento del bien demanial.




 



             En el caso de las concesiones mineras, debe observarse que se prevén algunos supuestos
en los que la concesión puede suspenderse, como aquellos en los que la Dirección de Geología y Minas
puede paralizar las labores (artículo 120 del Código de Minería), y aquellos en los que el propio
interesado puede solicitar la suspensión de la concesión (artículo 66 del Reglamento al Código de
Minería).




 



             Además, debe considerarse que la suspensión de labores sin ninguna justificación es una
de las causales que el artículo 67 del Código de Minería enlista como motivos de cancelación de la
concesión, y por ello, la suspensión de la explotación en esos términos, no podría implicar la
suspensión del pago del canon, porque además, la falta de ese pago puede acarrear, también, la
cancelación de la concesión.




 



             Por último, también debe tomarse en cuenta que según el artículo 55 del Código de
Minería, el canon se paga por anualidades adelantadas, y por tanto, en caso de darse una suspensión
legítima de la concesión, la suspensión del canon aplicaría para la siguiente anualidad, dependiendo
del plazo que dure la suspensión.




 




III. Conclusión.




 



             Con base en todo lo expuesto, la Procuraduría considera que de existir alguna concesión
minera vigente cuyo estudio de impacto ambiental hubiese sido aprobado con la normativa anterior,
ésta debe, de igual forma, sujetarse al control y seguimiento ambiental de SETENA. Esa función de
control y seguimiento ambiental engloba la evaluación ambiental de las solicitudes de prórroga de
esas concesiones, con el fin de determinar la necesidad de actualizar, ampliar o mejorar el estudio
de impacto ambiental aprobado con anterioridad, o, incluso, de elaborar nuevos estudios.




 



 En cuanto al pago del canon, éste puede suspenderse cuando, por alguna razón legal, la concesión se
encuentre suspendida y no se esté llevando a cabo la explotación permitida, en los términos
expuestos.





            De Usted, atentamente,




 




 




 




                       




Elizabeth León Rodríguez




Procuradora




 




 




HELLENGA




C:

Opinion : 281 of 12/11/2018



November 12, 2018


C-281-2018




Mr.


Alexander Moya Carrillo


Internal Auditor


Ministry of Environment and Energy




Dear Sir:



With the approval of the Attorney General of the Republic, I respond to your official letter No. AI-100-2018 of August 16, 2018, in which you request our opinion on the following:



"The DGGM granted in 1989 a mining concession (concesión de explotación) in a public domain watercourse (cauce de dominio público) for a period of 5 years (at that time the National Environmental Technical Secretariat did not exist, nor its technical regulations issued in 1995 with the enactment of the Organic Environmental Law No. 7554); however, at the time, the concessionaire company submitted an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental), which was approved by the Governmental Control Commission on Environmental Impact Studies; with which, the MINAE granted the concession upon recommendation of the DGGM. Then, in 2015, the Company requested a concession extension (prórroga) from the DGGM. Based on those stated facts, should the DGGM, based on the regulations issued after 1995, have required or not required the concessionaire to conduct a new Environmental Impact Study and comply with the new requirements to obtain the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) granted by SETENA in compliance with current regulations, so that it could subsequently submit a concession extension to the DGGM? If affirmative, what is the regulation that governs it?"



2. If a concession is suspended, should the DGGM charge the fee (canon) to the concessionaire given this characteristic? What is the legal basis that authorizes the non-collection of the fee under these conditions?



Before answering the questions posed, it should be noted that, in accordance with the provisions of our Organic Law and the repeated opinions regarding the admissibility requirements for consultations, the Attorney General's Office can only render its opinion on general legal questions, without referring to specific cases, as this falls outside its advisory function and would imply substituting the active administration in decision-making. (In this regard, see opinions Nos. C-142-2017 of June 23, 2017, C-064-2018 of April 4, 2018, and C-168-2018 of July 19, 2018).



Although your note does not mention the name of the concessionaire company, it is evident that the purpose of the consultation is to resolve a specific matter. Therefore, in accordance with the foregoing, it must be clarified that this opinion is issued as a general legal criterion on the subjects consulted, abstracting from any specific case that must be resolved by the administration.




I. Regarding the first question.



Indeed, as indicated in the consultation, in 1989 the National Environmental Technical Secretariat did not exist. At that time, the environmental impact studies required by Article 3 of the Mining Code (Ley No. 6797 of October 4, 1982) had to be evaluated by the Governmental Commission for the Control and Evaluation of Environmental Impact Studies for Mining Activity (regulated in Decreto Ejecutivo No. 15441 of April 16, 1984), which replaced the previous National Commission for the Evaluation of Environmental Impact Statements (created by Decreto Ejecutivo No. 15289 of January 30, 1984).



That Commission evaluated and approved environmental impact studies in accordance with the procedures and rules it established itself, as provided by Article 3 of the cited Decreto 15441.



The subsequent Decretos Ejecutivos that modified that Commission and the environmental impact assessment procedures (Decretos Ejecutivos Nos. 19775 of May 28, 1990, 21597 of August 14, 1992, 23783 of October 28, 1994, and 25705 of October 8, 1996) did not establish that previously approved environmental impact studies had to be modified or adjusted to the new provisions.



The National Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional, hereinafter SETENA) was created by the Organic Environmental Law (No. 7554 of October 4, 1994), which in its Article 82 provided that the Commission for the control and evaluation of environmental impact studies existing at that time became the National Environmental Technical Secretariat.



The Organic Environmental Law, the Decreto Ejecutivo No. 25705 of October 8, 1996, which regulated the environmental impact assessment procedures after SETENA was constituted, and the current General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Decreto Ejecutivo No. 31849 of May 24, 2004), did not establish any provision that environmental impact studies approved previously had to be submitted to the new regulations, adjusted to the new requirements, or approved again by SETENA.



Despite this, according to Transitional Provision III of the Organic Environmental Law, SETENA assumed the competencies of the Inter-institutional Commission for control and evaluation of environmental impact studies, which, according to Decreto No. 23783, was responsible for ensuring compliance with the obligations to which the regulated parties committed themselves upon the approval of the environmental impact study. This function was reaffirmed by Decreto No. 25705, which provided that SETENA was responsible for supervising and monitoring the evaluated and approved activities.



And furthermore, it must be taken into account that the Organic Environmental Law provided in its Article 17 that all human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, will require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by SETENA, and therefore, Article 84 provided that this body is competent to analyze and approve environmental impact assessments, recommend the necessary actions to minimize the impact on the environment and to recover it, and carry out monitoring tasks and ensure the execution of the resolutions.



Following the above, the current General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures establishes in its Article 46, subsection 2) that "activities, works, or projects that are in operation or have an approved EIA will be subject, in accordance with what is established by the Organic Environmental Law and this regulation, to a process of environmental control and monitoring (control y seguimiento ambiental) under the terms established in this regulation."



In Chapter IV, this regulation establishes several instruments for environmental control and monitoring, such as the appointment of an environmental manager (responsable ambiental) for a determined period, the recording of the environmental management process in an environmental logbook (bitácora ambiental), the preparation and submission of environmental reports with a certain periodicity, environmental follow-up and control inspections of activities, and environmental audits.



The foregoing allows SETENA to verify the development and status of activities, and if applicable, it is empowered to order the implementation of the necessary measures to recover the condition of environmental balance within a reasonable timeframe, and even to order some of the measures provided in Article 99 of the Organic Environmental Law, such as ordering the partial or total stoppage of the activity, as established by Article 50 of the cited Regulation.



The foregoing allows us to indicate that SETENA must assess and monitor all activities that alter or destroy elements of the environment or that generate waste, toxic or hazardous materials, and this includes projects and activities whose environmental impact study was approved by any of the bodies that, before the creation of SETENA, had that function.



That is, the fact that an activity or project was environmentally assessed and approved before the creation of SETENA does not imply that it escapes the monitoring and control powers that current legislation establishes.



Consequently, if there is any valid mining concession whose environmental impact study was approved under the previous regulations, it must, likewise, subject itself to the environmental control and monitoring of SETENA.



It should be noted that Article 133 of the Mining Code itself establishes a sanction for the holder of a permit or concession who fails to comply with the environmental impact mitigation measures imposed by the competent administrative body.



And this implies that SETENA must assess requests for concession extensions (solicitudes de prórroga), in order to determine the need to update, expand, or improve the previously approved environmental impact study, or, even, to prepare new studies, which has been endorsed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), for example, in ruling No. 16310-2009 of 8:30 a.m. on October 23, 2009.



It must be taken into account that the environmental impact assessment responds to the preventive principle enshrined in Article 15 of the Rio Convention on Environment and Development and Article 11 of the Biodiversity Law (No. 7788 of April 30, 1998), which requires the adoption, by public authorities, of those measures intended to avoid, mitigate, or correct the adverse effects on the environment generated by human activities or actions, and to avoid the generation of damages that are difficult to repair. (In this regard, see Constitutional Chamber ruling No. 15760-2008 of 2:30 p.m. on October 22, 2008).



Therefore, the extension of a mining concession must not escape this preventive analysis by SETENA, and it can be granted provided that the concessionaire reliably demonstrates that it is up to date with all the obligations imposed by law, as established by Articles 21, 42, and 43 of the Regulation to the Mining Code (Decreto Ejecutivo No. 29300 of February 8, 2001).




II. Regarding the second question.



As can be deduced from Articles 34, 55, and 85 of the Mining Code, every holder of a mining concession must pay an annual surface fee (derecho anual de superficie) for the activity carried out. This payment must be made in advance annual installments in the month of December of each year and constitutes an essential requirement for the effectiveness of the concession, since its non-payment can lead to the cancellation of the concession.



In the case of the payment of an amount that must be paid for the right to enjoy a concession for the exploitation of public domain assets, it is evident that we are faced with a fee (canon), as conceptualized by the Constitutional Chamber:



"...when it comes to the charging of a fee, the relationship between the regulated party and the Administration occurs by virtue of a contract, with the former receiving the concession or the permit to use and/or exploit a public domain asset in exchange for a monetary consideration called a fee. This pecuniary obligation is collected by the Administration not only by virtue of the fact that a public asset is being utilized but by virtue of the expenses it must incur to ensure the proper use of that asset. In this way, the concessions and permits granted by the Administration to the regulated parties come with the obligation of the latter to pay a determined sum of money, an obligation that doctrine calls a fee... The legal relationship established when a concession or a permit is involved is more of a bilateral relationship, with the Granting Administration on one side and the Concessionaire or Permittee on the other, which is why a contract is generally signed or a specific administrative act is issued." (Ruling No. 9170-2006, of 4:36 p.m. on June 28, 2006).



Along the same lines, the Administrative Appeals Court (Tribunal Contencioso Administrativo) has ruled that the charging of a fee is based on the fact that the concessionaire receives a benefit from its condition, as it is allowed to "generate enrichment from an asset intended for the community, so that the payment allows compensating the interests and avoiding a profit without paying something to the community." (Administrative Appeals Court, Section II, ruling No. 001-2016 of 8:00 a.m. on January 12, 2016).



Therefore, having it clear that the fee is a consideration payable by the concessionaire, in exchange for the exploitation of a public domain asset permitted by the State, it can be suspended when, for some legal reason, the concession is suspended and the permitted exploitation is not being carried out. That is, if the State's consideration of permitting exploitation is suspended for some legitimate reason, the payment payable by the concessionaire must be suspended, as it would not be benefiting from the use of the public domain asset (bien demanial).



In the case of mining concessions, it must be observed that certain scenarios are foreseen in which the concession may be suspended, such as those in which the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) can stop the works (Article 120 of the Mining Code), and those in which the interested party itself can request the suspension of the concession (Article 66 of the Regulation to the Mining Code).



Furthermore, it must be considered that the suspension of works without any justification is one of the grounds that Article 67 of the Mining Code lists as reasons for the cancellation of the concession, and therefore, the suspension of exploitation in those terms could not imply the suspension of the fee payment, because additionally, the lack of that payment can also lead to the cancellation of the concession.



Finally, it must also be taken into account that according to Article 55 of the Mining Code, the fee is paid in advance annual installments, and therefore, in the event of a legitimate suspension of the concession, the suspension of the fee would apply to the following annual installment, depending on the duration of the suspension.




III. Conclusion.



Based on all the foregoing, the Attorney General's Office considers that if there is any valid mining concession whose environmental impact study was approved under the previous regulations, it must, likewise, subject itself to the environmental control and monitoring of SETENA. That function of environmental control and monitoring encompasses the environmental assessment of requests for extension of those concessions, in order to determine the need to update, expand, or improve the previously approved environmental impact study, or, even, to prepare new studies.



Regarding the payment of the fee, it can be suspended when, for some legal reason, the concession is suspended and the permitted exploitation is not being carried out, under the terms set forth.





Sincerely yours,








Elizabeth León Rodríguez


Attorney General






HELLENGA