C-220-2022 — Municipal authority to record springs on land-use certificatesCompetencia municipal para consignar nacientes en certificados de uso de suelo

Dictamen : 220 del 06/10/2022   



6 de octubre de 2022




PGR-C-220-2022




 




Señora




Iris Arroyo Herrera




Alcaldesa




Municipalidad de Puriscal




 




Estimada señora:




 



             Con la aprobación de la señora Procuradora General Adjunta de la República, doy
respuesta a su oficio no. MP-AM-0574-2022 de 11 de julio de 2022, mediante el cual requiere nuestro
criterio sobre lo siguiente:




 



 “¿Se pueden negar usos de suelo amparados en una naciente que no ha sido dictaminada por la
Dirección de Aguas siendo que solo existen a nivel Municipal?



 ¿Se puede depurar la base de datos y dejar solo las nacientes que sí poseen criterio de la
Dirección de Aguas y proceder a realizar la solicitud de las que se encuentran pendientes?”




 




            A la consulta se adjuntó el criterio de la asesoría legal, en el cual se concluye que:




 



 “…como proyecto de mejora y en relación al principio de coordinación interinstitucional debe el
departamento de Gestión Ambiental procurar tener criterio de las nacientes ya existentes en nuestra
base de datos en su totalidad para darle a los administrados seguridad jurídica de sus terrenos a la
hora de la emisión de un uso del suelo y de un posible cuidado y tratamiento de la misma para su
conservación, por lo que es nuestra obligación tenerlas bien categorizadas y con sus debidos
criterios a la hora de indicarlo en un uso del suelo; por lo que la depuración de la base de datos
dejando solo las nacientes ya registradas indudablemente dejaría en indefensión a la naturaleza, al
medio ambiente y demás, pero lo que si debe de procurar nuestra municipalidad es buscar que las
mismas tengan el criterio de la dirección de Aguas del MINAE y actualizar aquellos que este muy
obsoletos a fin de darle seguridad jurídica como hemos venido diciendo de manera reiterada a los
administrados que pretendan un uso del suelo comercial o bien constructivo, sin afectarles sus
derechos.”




 




 




            I. SOBRE LO CONSULTADO.




 



             Con base en lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 58 de la Ley de Planificación Urbana
(no. 4240 de 15 de noviembre de 1968), hemos señalado que el certificado de uso de suelo “es un acto
jurídico concreto por medio del cual la Municipalidad acredita cuál es el uso permitido para un
determinado terreno según los requerimientos de la zonificación local (si la municipalidad de que se
trate ha dictado un plan regulador) o regional como es el caso de la gran área metropolitana (GAM).”
(Dictamen no. C-427-2007 de 30 de noviembre de 2007).




 



             Con respecto a la normativa que debe tomarse en cuenta para la emisión de esos
certificados, hemos expuesto:




             



 “El citado numeral 28 establece que el certificado municipal de uso del suelo debe acreditar,
´...la conformidad de uso a los requerimientos de la zonificación.´ Lo cual quiere decir que la
municipalidad respectiva, por medio del certificado de uso, acredita cuál es el uso permitido para
un determinado terreno según los requerimientos de la zonificación.



 En principio, tal zonificación es la que se establece en el plan local y su reglamento de
zonificación. El artículo 28 supone la existencia de un plan local, pues sistemáticamente está
ubicado en la sección segunda de la Ley de Planificación Urbana dedicada a la planificación local,
que es la que corresponde llevar a cabo a los gobiernos municipales, según lo establece el artículo
15 de ese mismo cuerpo normativo. Pero, y de conformidad con lo que señala el transitorio II de esa
ley, si no hay plan local vigente, la zonificación es la que establece el Plan Regional, su
reglamento de zonificación y demás normativa reglamentaria relacionada con la zonificación dentro de
la GAM, para las municipalidades que forman parte de aquella. Pero lo importante es que, aún en
estos casos y aunque se certifique en relación con el Plan Regional, el acto de certificar sigue
siendo competencia de las municipalidades respectivas, como lo es aún en el caso de no estar dentro
de la GAM.



 Los certificados de uso del suelo se han de emitir tomando en cuenta, en primer lugar, lo que al
respecto disponen las leyes y sus reglamentos sobre la materia. Particularmente, lo que dispone la
Ley de Construcciones y su reglamento, el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y
Urbanizaciones, y el Reglamento sobre el Régimen de Propiedad Horizontal, Decreto Ejecutivo número
26.259-MIVAH-MP. Esta es la normativa básica a aplicar por las municipalidades que no cuentan con
plan regulador local ni regional al momento de certificar el uso del suelo permitido en relación con
un determinado terreno… Las municipalidades que tienen un plan regulador local deben certificar el
uso del suelo de conformidad con lo que establece dicho plan y su respectivo reglamento de
zonificación, estén o no dentro de la GAM.



 En cualquiera de los casos analizados, la municipalidad respectiva debe certificar lo que establece
la normativa en relación con el uso permitido. Como se dijo líneas arriba, no hay discrecionalidad
en este ámbito. Ahora bien, en el caso de las municipalidades de la GAM que no tienen plan local, si
bien ejercen esa competencia en razón de la autonomía garantizada constitucionalmente ....-artículo
170 de la Constitución Política- ...deben certificar el uso del suelo de conformidad con lo que
establece el Plan Regional y la reglamentación de zonificación respectiva, acatando las
recomendaciones que para ello establezca la Dirección de Urbanismo del INVU, de conformidad con lo
que establece el inciso 4) del artículo 7, inciso 1) del artículo 21 y el Transitorio II, todos de
la Ley de Planificación Urbana.” (Dictamen no. C-273-2006 de 5 de julio de 2006).




 




            Sobre el mismo tema, en el dictamen no. C-177-2008 de 29 de mayo de 2008, señalamos:




 



 “En efecto, tal como concluimos en dicha ocasión, es competencia de las municipalidades otorgar el
certificado de uso de suelo, pero por su intermedio no se puede autorizar un uso no permitido por la
normativa respectiva, sea un plan regulador local con su reglamento de zonificación, o en su
ausencia un plan regional y los respectivos reglamentos de zonificación, la legislación nacional
aplicable y las directrices y recomendaciones de la dirección de urbanismo del INVU.



 En otras palabras, a falta de reglamento de zonificación y plan regulador local, la determinación
de los usos del suelo y la posterior certificación de los mismos ha de realizarse sobre una base
casuística o de caso concreto, de modo que cada una de las solicitudes presentadas ante la
municipalidad sean valoradas individualmente respecto del resto del ordenamiento urbanístico y así
establecer la legalidad del uso pretendido, lo cual refleja en el fondo la naturaleza reglada de
esta actividad administrativa. (Dictamen no. C-177-2008 de 29 de mayo de 2008. Se añade la negrita).




 




            En ese sentido, la Sala Constitucional ha expuesto:




 



 “VII. Sobre los certificados de uso de suelo. En cuanto a este aspecto, este Tribunal ha definido
que los certificados de uso de suelo son un acto administrativo que nace del ejercicio de la
potestad normativa del ente corporativo, que afecta directamente la esfera jurídica del administrado
—favorable y desfavorablemente a la vez—; y que genera efectos jurídicos independientes. Ello por
cuanto su contenido beneficia al administrado y a la vez le establece limitaciones, es decir, le
otorga el derecho a destinar el bien conforme al uso de suelo establecido en la reglamentación una
vez obtenidos los respectivos permisos y a la vez limita el ejercicio de los atributos del derecho
propiedad, en aplicación de las regulaciones urbanísticas y el régimen ambiental vigente. Al ser
actos favorables, se encuentran cubiertos por el principio de intangibilidad de los actos propios,
por lo que su anulación o revisión implica la observación de los requisitos formales y sustanciales
establecidos al efecto en el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública (véanse,
entre otros los Votos 2016-015501, 2006-005832, 2010-12815, y 2010-4161).



 No obstante, lo anterior, cuando hay un hecho sobreviniente donde técnicamente se demuestre que
pueda existir una afectación al recurso hídrico, en este supuesto deberá dársele primacía a la
protección a éste recurso y, por consiguiente, la autorización de uso de suelo deberá ajustarse a
ese hecho, sin necesidad de que la Administración deba recurrir a lo dispuesto en el numeral 173 de
la Ley General de la Administración Pública.” (Voto no. 9565-2017 de las 9 horas 45 minutos de 23 de
junio de 2017. Reiterado en los votos nos. 10962-2019 de las 9 horas 20 minutos de 14 de junio de
2019, 20271-2021 de las 9 horas 15 minutos de 10 de setiembre de 2021 y 11922-2022 de las 10 horas 5
minutos de 27 de mayo de 2022. Se añade la negrita).




 



             Entonces, con base en lo anterior, además de las limitaciones al ejercicio de
actividades lucrativas o al levantamiento de construcciones que se derivan de la zonificación
dispuesta en un instrumento de planificación territorial, existen limitaciones al derecho de
propiedad fijadas en otras disposiciones legales que pueden ser señaladas en el certificado de uso
de suelo, pues ciertamente condicionan o definen el uso al cual se puede destinar determinado
inmueble.




 



             Tal es el caso de las limitaciones que suponen las áreas de protección fijadas en el
artículo 33 de la Ley Forestal (no. 7575 de 13 de febrero de 1996).




 



             Sobre las áreas de protección hemos señalado que éstas constituyen limitaciones
legítimas al derecho de propiedad privada y que tienen como finalidad proteger el recurso hídrico y
preservar o regenerar la cobertura forestal aledaña a los cuerpos de agua. (Véanse nuestros
pronunciamientos nos. C-148-2012, C-132-2013, C-063-2017, C-161-2017 y C-318-2017).




 



          El artículo 33 de la Ley Forestal define la medida de esas áreas de protección para cada
tipo de cuerpo de agua, y, el artículo 34 prohíbe la corta o eliminación de árboles en esas áreas
salvo cuando se trate de proyectos declarados de conveniencia nacional.




 



             Ahora bien, las restricciones al derecho de propiedad referidas a las áreas de
protección no se han limitado a la corta de árboles, pues, en aplicación del artículo 58 de esa
misma ley, la pena de prisión de tres meses a tres años allí establecida para quien invada un área
de conservación o protección, ha sido aplicada jurisprudencialmente a la corta de árboles y a las
construcciones y demás obras se lleven a cabo en las áreas de protección. (Al respecto véanse
nuestros pronunciamientos nos. C-148-2012 de 12 de junio de 2012 y OJ-091-2017 de  21 de julio de
2017, sentencia no. 751-2002 de las 10 horas 45 minutos de 19 de setiembre de 2002 y 1158 de las 9
horas 25 minutos de 14 de noviembre de 2008 del Tribunal de Casación Penal, el voto de la Sala
Primera no. 199-2010 de las 15 horas 30 minutos de 4 de febrero de 2010, el voto del Tribunal
Contencioso Administrativo, Sección VI, no. 48-2014 de las 10 horas de 7 de abril de 2014 y el voto
de la Sala Constitucional no. 74-2010 de las 15 horas de 6 de enero de 2010).




 



             De la anterior prohibición, quedan a salvo las obras y construcciones que sean
autorizadas conforme con lo dispuesto en los artículos 33 bis y 33 ter, incorporados mediante la Ley
no. 10210 de 5 de mayo de 2022.




           



             En el caso de las nacientes, existen algunas cuya área circundante es de dominio
público por tratarse de tomas surtidoras de agua potable o porque convenga reservarlos para tal fin,
según el criterio del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 7 inciso c) de la Ley de Tierras y Colonización y 31 inciso a) de la Ley
de Aguas. (En ese sentido, véanse nuestros dictámenes nos. C-173-2010 del 16 de agosto de 2010,
C-318-2017 de 19 de diciembre de 2017, C-159-2018 de 29 de junio de 2018, C-083-2020 de 13 de marzo
de 2020, entre otros).




 



             A aquellas nacientes permanentes que no surten de agua a alguna población ni se han
reservado para ese fin, les resulta aplicable el área de protección de 100 metros dispuesta en el
artículo 33 inciso a) de la Ley Forestal. Mientras que, para el caso de las nacientes intermitentes
el artículo 149 de la Ley de Aguas dispone un radio prohibitivo de 60 metros en los manantiales que
nacen en cerros y de 50 metros para los de terrenos planos. (Dictámenes no. C-318-2017 de 19 de
diciembre de 2017 y C-159-2018 de 29 de junio de 2018; voto de la Sala Primera no. 858-F-S1-2012).




 



             Resulta importante señalar que la determinación de la existencia de una naciente y de
su carácter permanente o intermitente no es una competencia municipal. Esa es una competencia que
corresponde a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, según los artículos 176 y
177 de la Ley de Aguas y el artículo 41 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente y Energía
(Decreto Ejecutivo no. 35669 de 4 de diciembre de 2009).




 



             Además, según el artículo 34 de la Ley Forestal, los alineamientos que deban tramitarse
en relación con las áreas de protección de los cuerpos de agua deben ser realizados por el Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo.




 



             Entonces, si bien en los certificados de uso de suelo las Municipalidades deben
consignar la existencia de cuerpos de agua y de nacientes cuyas áreas de protección deban
respetarse, no pueden determinar el tipo de naciente, ni la medida del área de protección que
corresponda, si no cuentan con el criterio técnico de la Dirección de Aguas del MINAE.




 



             En esos casos, la Municipalidad podría postergar el otorgamiento del certificado de uso
de suelo hasta que se cuente con el criterio técnico correspondiente, o expedir el certificado
consignando la existencia del cuerpo de agua, advirtiendo que deberá respetarse el área de
protección que corresponda según el informe técnico que emita la Dirección de Aguas con respecto a
la existencia de la naciente y su naturaleza permanente o intermitente. 




 



             La forma en la que la Municipalidad aborde cada solicitud concreta y maneje el proceso
de depuración de la base de datos de nacientes que se indica tener, es una decisión administrativa
que debe ser valorada y adoptada por el Gobierno Local, bajo el marco normativo antes expuesto.




 




            II. CONCLUSIONES.




 




            Con base en todo lo expuesto, la Procuraduría concluye que:




 



             1. Si bien en los certificados de uso de suelo las Municipalidades deben consignar la
existencia de cuerpos de agua y de nacientes cuyas áreas de protección deban respetarse, no pueden
determinar el tipo de naciente, ni la medida del área de protección que corresponda, si no cuentan
con el criterio técnico de la Dirección de Aguas del MINAE.




 



             2. En esos casos, la Municipalidad podría postergar el otorgamiento del certificado de
uso de suelo hasta que se cuente con el criterio técnico correspondiente, o expedir el certificado
consignando la existencia del cuerpo de agua, advirtiendo que deberá respetarse el área de
protección que corresponda según el informe técnico que emita la Dirección de Aguas con respecto a
la existencia de la naciente y su naturaleza permanente o intermitente. 




 



             3. La forma en la que la Municipalidad aborde cada solicitud concreta y maneje el
proceso de depuración de la base de datos de nacientes que se indica tener, es una decisión
administrativa que debe ser valorada y adoptada por el Gobierno Local, bajo el marco normativo antes
expuesto.




 




            De usted, atentamente,




 




 




 




                                                                       Elizabeth León Rodríguez




                                                                       Procuradora




 




ELR/ysb




Cód. 6345-2022

Legal Opinion: 220 of 06/10/2022



October 6, 2022


PGR-C-220-2022


Ms. Iris Arroyo Herrera
Mayor
Municipality of Puriscal


Dear Madam:

With the approval of the Deputy Attorney General of the Republic, I respond to your official communication no. MP-AM-0574-2022 of July 11, 2022, by which you request our opinion on the following:

“Can land uses be denied based on a spring (naciente) that has not been officially determined by the Water Directorate, given that they only exist at the Municipal level?

Can the database be purged and only the springs (nacientes) that do have a determination from the Water Directorate be kept, and proceed to request those that are pending?”

The consultation was accompanied by the legal advisory opinion, which concludes that:

“…as an improvement project and in relation to the principle of inter-institutional coordination, the Environmental Management department must endeavor to have determinations for all the springs (nacientes) currently in our database, in order to provide legal certainty to the administered parties regarding their lands at the time of issuing a land use and for the potential care and treatment of the same for its conservation; therefore, it is our obligation to have them well categorized and with their proper determinations when indicating it in a land use; so purging the database, leaving only the already registered springs (nacientes), would undoubtedly leave nature, the environment, and others defenseless, but what our municipality must endeavor to do is to ensure that they have the determination from the Water Directorate of MINAE and update those that are very outdated, in order to provide legal certainty, as we have repeatedly stated, to the administered parties seeking a commercial or constructive land use, without affecting their rights.”

I. ON THE MATTER CONSULTED.

Based on the provisions of Articles 28, 29, and 58 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) (No. 4240 of November 15, 1968), we have indicated that the land-use certificate (certificado de uso de suelo) “is a specific legal act by which the Municipality certifies what the permitted use is for a specific piece of land according to the requirements of local zoning (if the municipality in question has enacted a regulatory plan) or regional zoning, as is the case of the Greater Metropolitan Area (GAM).” (Legal Opinion No. C-427-2007 of November 30, 2007).

Regarding the regulations that must be considered for the issuance of these certificates, we have stated:

“The aforementioned numeral 28 establishes that the municipal land-use certificate (certificado de uso de suelo) must certify, ‘...the conformity of the use to the zoning requirements.’ This means that the respective municipality, through the use certificate, certifies what the permitted use is for a specific piece of land according to the zoning requirements.

In principle, such zoning is that established in the local plan and its zoning regulation. Article 28 presupposes the existence of a local plan, as it is systematically located in the second section of the Urban Planning Law dedicated to local planning, which is the responsibility of municipal governments, according to the provisions of Article 15 of that same regulatory body. However, and in accordance with what Transitory Provision II of that law indicates, if there is no valid local plan, the zoning is that established by the Regional Plan, its zoning regulation, and other regulatory provisions related to zoning within the GAM, for the municipalities that form part of it. But the important point is that, even in these cases and even if it is certified in relation to the Regional Plan, the act of certifying remains the responsibility of the respective municipalities, as it is even in the case of not being within the GAM.

The land-use certificates must be issued taking into account, first, what the laws and their regulations on the matter provide. Particularly, what the Construction Law and its regulation, the Regulation for the National Control of Subdivisions and Urbanizations (Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones), and the Regulation on the Condominium Property Regime, Executive Decree Number 26.259-MIVAH-MP, provide. This is the basic regulatory framework to be applied by municipalities that do not have a local or regional regulatory plan when certifying the permitted land use in relation to a specific piece of land… Municipalities that have a local regulatory plan must certify the land use in accordance with what that plan and its respective zoning regulation establish, whether or not they are within the GAM.

In any of the cases analyzed, the respective municipality must certify what the regulations establish in relation to the permitted use. As mentioned above, there is no discretion in this area. Now, in the case of municipalities within the GAM that do not have a local plan, although they exercise this competence by reason of the constitutionally guaranteed autonomy —Article 170 of the Political Constitution— they must certify the land use in accordance with what the Regional Plan and the respective zoning regulation establish, complying with the recommendations established for this purpose by the Urban Planning Directorate of INVU, in accordance with the provisions of subsection 4) of Article 7, subsection 1) of Article 21, and Transitory Provision II, all of the Urban Planning Law.” (Legal Opinion No. C-273-2006 of July 5, 2006).

On the same subject, in Legal Opinion No. C-177-2008 of May 29, 2008, we stated:

“Indeed, as we concluded on that occasion, it is the competence of the municipalities to grant the land-use certificate, but through it, a use not permitted by the respective regulations cannot be authorized, be it a local regulatory plan with its zoning regulation, or in its absence a regional plan and the respective zoning regulations, the applicable national legislation, and the guidelines and recommendations of the urban planning directorate of INVU.

In other words, in the absence of a zoning regulation and a local regulatory plan, the determination of land uses and their subsequent certification must be carried out on a casuistic or case-by-case basis, so that each of the applications submitted to the municipality is individually assessed against the rest of the urban planning framework and thus establish the legality of the intended use, which ultimately reflects the regulated nature of this administrative activity. (Legal Opinion No. C-177-2008 of May 29, 2008. Emphasis added).

In that sense, the Constitutional Chamber has stated:

“VII. On land-use certificates. Regarding this aspect, this Court has defined that land-use certificates are an administrative act arising from the exercise of the normative power of the corporate entity, which directly affects the legal sphere of the administered party —favorably and unfavorably at the same time—; and which generates independent legal effects. This is because its content benefits the administered party while simultaneously establishing limitations, i.e., it grants the right to use the property according to the land use established in the regulations once the respective permits are obtained, while limiting the exercise of the attributes of property rights, in application of urban planning regulations and the current environmental regime. Being favorable acts, they are covered by the principle of intangibility of one's own acts, so their annulment or review implies the observation of the formal and substantial requirements established for that purpose in section 173 of the General Law of Public Administration (see, among others, Rulings 2016-015501, 2006-005832, 2010-12815, and 2010-4161).

Notwithstanding the foregoing, when there is a supervening event where it is technically demonstrated that there may be an impact on the water resource, in this case, primacy must be given to the protection of this resource and, consequently, the land-use authorization must be adjusted to that event, without the Administration needing to resort to the provisions of section 173 of the General Law of Public Administration.” (Ruling No. 9565-2017 of 9 hours 45 minutes of June 23, 2017. Reiterated in Rulings Nos. 10962-2019 of 9 hours 20 minutes of June 14, 2019, 20271-2021 of 9 hours 15 minutes of September 10, 2021, and 11922-2022 of 10 hours 5 minutes of May 27, 2022. Emphasis added).

Therefore, based on the foregoing, in addition to the limitations on the exercise of lucrative activities or the erection of constructions derived from the zoning established in a territorial planning instrument, there are limitations on property rights established in other legal provisions that may be indicated in the land-use certificate, as they certainly condition or define the use for which a specific property may be destined.

Such is the case of the limitations implied by the protection areas established in Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) (No. 7575 of February 13, 1996).

Regarding protection areas, we have indicated that these constitute legitimate limitations on private property rights and that their purpose is to protect water resources and preserve or regenerate the forest cover (cobertura forestal) surrounding bodies of water. (See our pronouncements Nos. C-148-2012, C-132-2013, C-063-2017, C-161-2017, and C-318-2017).

Article 33 of the Forestry Law defines the extent of these protection areas for each type of body of water, and Article 34 prohibits the cutting or removal of trees in these areas except when it involves projects declared of national convenience.

Now, the restrictions on property rights referring to protection areas have not been limited to tree cutting, since, in application of Article 58 of that same law, the prison sentence of three months to three years established therein for anyone who invades a conservation or protection area has been jurisprudentially applied to tree cutting and to constructions and other works carried out in protection areas. (See our pronouncements Nos. C-148-2012 of June 12, 2012, and OJ-091-2017 of July 21, 2017, Judgment No. 751-2002 of 10 hours 45 minutes of September 19, 2002, and 1158 of 9 hours 25 minutes of November 14, 2008, of the Criminal Cassation Court, Ruling of the First Chamber No. 199-2010 of 15 hours 30 minutes of February 4, 2010, Ruling of the Contentious Administrative Court, Section VI, No. 48-2014 of 10 hours of April 7, 2014, and Ruling of the Constitutional Chamber No. 74-2010 of 15 hours of January 6, 2010).

From the aforementioned prohibition, works and constructions that are authorized in accordance with the provisions of Articles 33 bis and 33 ter, incorporated by Law No. 10210 of May 5, 2022, are exempted.

In the case of springs (nacientes), there are some whose surrounding area is public domain because they are supplying sources of potable water or because it is convenient to reserve them for such purpose, according to the criteria of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), by virtue of the provisions of Article 7, subsection c) of the Land and Colonization Law, and Article 31, subsection a) of the Water Law. (In that sense, see our Legal Opinions Nos. C-173-2010 of August 16, 2010, C-318-2017 of December 19, 2017, C-159-2018 of June 29, 2018, C-083-2020 of March 13, 2020, among others).

For those permanent springs (nacientes) that do not supply water to any population nor have been reserved for that purpose, the protection area of 100 meters established in Article 33, subsection a) of the Forestry Law applies. Whereas, for intermittent springs (nacientes), Article 149 of the Water Law provides a prohibitive radius of 60 meters for springs that emerge in hills and 50 meters for those on flat land. (Legal Opinions No. C-318-2017 of December 19, 2017, and C-159-2018 of June 29, 2018; Ruling of the First Chamber No. 858-F-S1-2012).

It is important to point out that the determination of the existence of a spring (naciente) and its permanent or intermittent character is not a municipal competence. This competence belongs to the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, according to Articles 176 and 177 of the Water Law and Article 41 of the Organic Regulation of the Ministry of Environment and Energy (Executive Decree No. 35669 of December 4, 2009).

Furthermore, according to Article 34 of the Forestry Law, the alignments that must be processed in relation to the protection areas of bodies of water must be carried out by the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo).

Therefore, while municipalities must record the existence of bodies of water and springs (nacientes) whose protection areas must be respected in land-use certificates, they cannot determine the type of spring, nor the extent of the corresponding protection area, if they do not have the technical determination from the Water Directorate of MINAE.

In such cases, the Municipality could postpone the granting of the land-use certificate until the corresponding technical determination is available, or issue the certificate recording the existence of the body of water, warning that the applicable protection area must be respected according to the technical report issued by the Water Directorate regarding the existence of the spring (naciente) and its permanent or intermittent nature.

The manner in which the Municipality addresses each specific application and manages the process of purging the database of springs (nacientes) it indicates it has, is an administrative decision that must be assessed and adopted by the Local Government, under the regulatory framework set forth above.

II. CONCLUSIONS.

Based on all the foregoing, the Attorney General's Office concludes that:

1. While municipalities must record the existence of bodies of water and springs (nacientes) whose protection areas must be respected in land-use certificates, they cannot determine the type of spring, nor the extent of the corresponding protection area, if they do not have the technical determination from the Water Directorate of MINAE.

2. In such cases, the Municipality could postpone the granting of the land-use certificate until the corresponding technical determination is available, or issue the certificate recording the existence of the body of water, warning that the applicable protection area must be respected according to the technical report issued by the Water Directorate regarding the existence of the spring (naciente) and its permanent or intermittent nature.

3. The manner in which the Municipality addresses each specific application and manages the process of purging the database of springs (nacientes) it indicates it has, is an administrative decision that must be assessed and adopted by the Local Government, under the regulatory framework set forth above.

Sincerely yours,

Elizabeth León Rodríguez
Attorney

ELR/ysb
Code. 6345-2022