OJ-169-2022 — Wildlife crossings in infrastructure — Bill 23166Pasos de fauna en infraestructuras — Proyecto de ley 23166

Opinión Jurídica : 169 - J   del 15/11/2022   



15 de noviembre de 2022




PGR-OJ-169-2022




 




Señora




Ana Julia Araya Alfaro




Jefe de Área




Comisiones Legislativas II




Asamblea Legislativa




 




Estimada señora:




 



 Con la aprobación de la Procuradora General Adjunta de la República, me refiero a su oficio no. AL-
CE23144-1114-2022 de 3 de octubre de 2022, por medio del cual se nos comunica que la Comisión
Especial de Infraestructura, requirió nuestro criterio sobre el proyecto de ley no. 23166,
denominado “ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 31 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N° 7554 DEL 04 DE
OCTUBRE DE 1995. LEY PARA GARANTIZAR PASOS DE FAUNA EN INFRAESTRUCTURAS.”




 




I. CARÁCTER DE ESTE PRONUNCIAMIENTO.




 



 De conformidad con los artículos 1°, 2° y 3° inciso b) de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de
setiembre de 1982) la Procuraduría es el órgano superior consultivo, técnico jurídico, de la
Administración Pública, y, en esa condición, cumple su función rindiendo los criterios legales que
le solicite la Administración Pública.




 



             Para esos efectos, la Asamblea Legislativa podría ser considerada como Administración
Pública cuando nos consulte un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así cuando
requiere nuestro criterio sobre algún tema de interés para el ejercicio de la función legislativa.




 



             Pese a lo anterior, y dado que no existe previsión legal al efecto, la Procuraduría ha
acostumbrado atender las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus diputados, con el afán
de colaborar con el ejercicio de las importantes funciones que la Constitución Política les
atribuye.  De ahí que se rinden criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de
ley, cuando son consultados por la Comisión Legislativa encargada de tramitarlos, o en relación con
aspectos jurídicos que pueden considerarse cubiertos por la función de control político y que
razonablemente puedan estimarse de interés general.




 



 En virtud de ello, los criterios emanados de este órgano asesor en cuanto a los alcances y
contenido de un proyecto de ley, no poseen la obligatoriedad propia de aquellos referidos a asuntos
surgidos del ejercicio de la función administrativa y, por esa razón, este criterio es vertido por
medio de una opinión jurídica no vinculante que pretende ser un insumo en el ejercicio de la
importante labor legislativa.




 



 Por otra parte, al no encontrarnos en los supuestos establecidos por el artículo 157 del Reglamento
de la Asamblea Legislativa, este pronunciamiento no se encuentra sujeto al plazo de ocho días en él
establecido.




 




II. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LEY.




 



             El proyecto pretende adicionar un artículo 31 bis a la Ley Orgánica del Ambiente (no.
7554 de 4 de octubre de 1995) con el fin de preservar la fauna costarricense y evitar la muerte
accidental de cualquier especie, estableciendo que toda infraestructura que por su locación o
funcionamiento afecte directa o indirectamente pasos de fauna silvestre de cualquier especie y en
cualquier parte del país, deberá contar con estructuras adecuadas que faciliten el libre paso de
ésta de un lado al otro de la infraestructura.




 



             Para ello, se dispone que la Secretaría Nacional Ambiental deberá consultar al Sistema
Nacional de Áreas de Conservación, la existencia de dichos pasos de fauna previamente a otorgar
cualquier viabilidad ambiental que pueda afectar la vida silvestre, basados en los puntos calientes
donde hay evidencia de accidentes mediante el reporte al sistema de trámite de denuncias ambientales
o investigaciones que lo demuestren, y que el SINAC indicará el tipo y dimensiones de la estructura
que deberá implementarse en el lugar.




 



             Además, se dispone, en una norma transitoria, que el Sistema Nacional de Áreas de
Conservación junto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, electrificadoras, desarrolladores
y las Municipalidades del país, en el ámbito de su competencia deberán atender de manera urgente y
prioritaria los pasos de fauna ya localizados y puntos frágiles en infraestructura lineal existente
a fin de que se coloquen las estructuras requeridas para garantizar su protección y conservación.




 



             El artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente dispone que las actividades humanas que
alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos,
requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental, cuya aprobación previa será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o
proyectos; y que las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos
requerirán someterse a esa valoración.




 



             La realización de una evaluación de impacto ambiental para las actividades que alteren
o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, no
constituye solo una obligación legal, sino también, una obligación constitucional.




 



             En efecto, la Sala Constitucional ha reconocido que la obligación de realizar
evaluaciones de impacto ambiental, es uno de los principios que sirven de parámetro de
constitucionalidad y que han sido desarrollados con el fin de que el derecho fundamental a un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política,
no sea un simple postulado formal. (Voto no. 6322-2003 de las 14 horas 14 minutos de 3 de julio de
2003, 17397-2019 de las 12 horas 54 minutos de 11 de setiembre de 2019, entre otros).




 



             Adicionalmente, esa obligación de evaluar ambientalmente las actividades, obras o
proyectos, encuentra fundamento en el artículo 14 del Convenio sobre Diversidad Biológica (aprobado
mediante Ley no. 7416 de 30 de junio de 1994), en cuanto dispone que cada Estado parte “establecerá
procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos
propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a
evitar o reducir al mínimo esos efectos”; y en el principio 17 de la Declaración de Río sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, que establece que “deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental,
en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya
de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de
una autoridad nacional competente.”




 



             La evaluación de impacto ambiental es una medida acorde con el principio preventivo,
también desarrollado por la jurisprudencia constitucional, en el tanto, permite evaluar y determinar
cuáles serán los efectos negativos que una actividad, obra o proyecto causará en el ambiente de
previo a su ejecución y, además, permite establecer las acciones tendentes a mitigar o compensar
esos efectos adversos, haciendo que la actividad, obra o proyecto se ejecuten de manera controlada,
evitando la generación de daños al ambiente.




 



 El Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, (Decreto
Ejecutivo no. 31849 de 24 de mayo de 2004), dispone que la evaluación de impacto ambiental es un
concepto general que hace referencia al procedimiento administrativo técnico-científico que lleva a
cabo la SETENA para identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una actividad,
obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones (artículo 3°
inciso 39). Y dispone que impacto ambiental es el efecto que una actividad, obra o proyecto, o
alguna de sus acciones y componentes tiene sobre el ambiente o sus elementos constituyentes.




 



             Con base en todo lo anterior, resulta claro que la alteración y obstaculización de los
pasos naturales de fauna por el desarrollo de infraestructura y los accidentes y pérdida de especies
que ésta puede provocar, constituye un impacto sobre la vida silvestre, y, en consecuencia, un
impacto ambiental. De tal modo, debe ser valorado y mitigado dentro del procedimiento de evaluación
de impacto ambiental al que deban someterse los proyectos de infraestructura.




 



             Efectivamente, así lo ha entendido la Sala Constitucional en los votos nos. 1189-2021
de las 9 horas 15 minutos de 22 de enero de 2021 en el cual se señaló que “el Estado debe tomar
todas las medidas técnicas posibles para asegurarse que la actividad que aprueba no causará daños al
ambiente” y se ordenó al CONAVI construir los pasos de fauna previstos en la evaluación de impacto
ambiental del proyecto de ampliación de la ruta nacional no. 32; y en el no. 7558-2021 de las 9
horas 15 minutos de 16 de abril de 2021, en el que se dispuso que:




 



 “…consta que, mediante la resolución No 719-2017-SETENA, del 07 de abril del 2016, se le fijaron
los términos de referencia para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, en el cual se debe
determinar la necesidad de incorporar pasos o cruces de fauna silvestre como parte del diseño del
proyecto. Para lo cual debe realizar el respectivo estudio que considere una cantidad representativa
de muestreos y tiempo de observación. Los muestreos deben ser realizados para ambas temporadas (seca
y lluviosa) con un mínimo de 10 muestreos por temporada, de conformidad con la Guía Ambiental “Vías
Amigables con la Vida Silvestre” de Pomareda, E., Araya-Gamboa, D., Ríos, Y., Arévalo, e., Aguilar,
M. y R. Menacho 2014. Asimismo, en el punto 8 de los términos de referencia del EsIA, en el capítulo
de la descripción del ambiente biológico se solicita indicar la existencia de corredores biológicos,
bosques primarios y similares en el área. Presentar como figura o mapa. De igual manera, se requiere
calificar la fragilidad de ecosistemas analizados en el AP y AID, en función de su capacidad
intrínseca de recuperación y definir la necesidad de áreas de amortiguamiento de los ecosistemas.
Finalmente, se acreditó que el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto integral del
Corredor Vial San José-San Ramón, aún no se ha presentado en la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental. En el caso objeto de estudio, se logra acreditar que, al momento de interposición del
proceso de amparo, no existe un avance del proyecto para la ampliación de la Corredor Vial San José-
San Ramón y sus radiales en la cual se evidencie alguna inobservancia ante el acusado
incumplimiento. Lo anterior en el entendido de que aún no se ha presentado ante SETENA el Estudio de
Impacto Ambiental, en el cual se deberán de incluir los pasos o cruces de fauna silvestre como parte
del diseño del proyecto. Asimismo, está acreditado que en dicho estudio deberán de comprenderse los
pasos o cruces de fauna silvestre como parte del diseño del proyecto. Debe recordarse que, en la
sentencia 2021-001189 de las 09:15 hrs. del 22 de enero de 2021, este Tribunal dispuso la obligación
de la construcción de los pasos de fauna previstos para la ampliación de la ruta No. 32. Sin
embargo, en el presente asunto, aún no existe el avance del proyecto en el cual sea exigible la
construcción de los corredores biológicos, lo que no quiere decir que estos no sean requeridos para
la aprobación de las obras que se pretenden realizar.”




 



             Entonces, aunque la obstaculización y afectación del tránsito de fauna silvestre sea un
impacto ambiental que debe ser valorado en la respectiva evaluación de impacto ambiental de aquella
infraestructura que lo genere, nada impide que el legislador valore y decida la conveniencia de
establecer una disposición legal para garantizar la construcción de estructuras que permitan el paso
seguro de fauna en las obras que así lo requieran, sobre todo, si también se pretende que la
infraestructura ya construida llegue a contar con ese tipo de estructuras cuando así se requiera.




 



             Propiamente en cuanto al texto del proyecto, se sugiere modificar la redacción del
artículo 31 bis propuesto, a fin de eliminar el énfasis sobre áreas de protección, parques
nacionales, reservas forestales y bosques, pues, existen más tipos de áreas silvestres protegidas y
terrenos del patrimonio natural del Estado que no está siendo contemplados. Y, en todo caso, en
virtud de que el objetivo de la iniciativa es garantizar la existencia de estructuras para el paso
de fauna en cualquier punto del país, esas estructuras deberían garantizarse siempre que la
alteración del paso de fauna sea un impacto de la obra que deba mitigarse, en cualquier punto frágil
que se identifique como paso de fauna, sin importar su ubicación.




 



             También, se sugiere modificar la redacción de ese artículo con el fin de que se
mantenga la posibilidad de que la SETENA, como parte del trámite de evaluación de impacto ambiental
y tal y como se desprende de los votos de la Sala Constitucional antes citados, le solicite al
desarrollador de la obra respectiva la elaboración de los estudios que correspondan para determinar
la existencia de pasos de fauna y la necesidad de construir la estructura que garantice ese paso
seguro. Tal y como está redactada la norma, la exigencia de esas estructuras de paso de fauna solo
podría ser requerida cuando exista evidencia previa de accidentes o investigaciones que lo
demuestren.




 



             En el transitorio I propuesto es recomendable considerar que la competencia de
reglamentar la Ley cuente también con el criterio técnico del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.




 



             Por otra parte, el segundo objetivo de la norma, que es que se implementen estructuras
de paso de fauna en la infraestructura ya construida en todos aquellos puntos del país que se
requiera, necesitaría una regulación más detallada y rigurosa que la que se puede plasmar en una
norma transitoria.




 



 En ese sentido, es recomendable que ese aspecto se aborde de una manera más integral o que se
determine que será regulada en el reglamento de la ley, pues es necesario precisar lo dispuesto en
el transitorio con el fin de que exista claridad en cuanto al tipo de obras existentes a las que se
refiere, la forma de determinar la existencia de pasos de fauna afectados, las instituciones
competentes y las acciones que comprende la atención urgente y prioritaria que indica.




 



 Además, es recomendable valorar si resulta razonable y práctico el plazo de veinticuatro meses
dispuesto, considerando que lo que se pretende es colocar las estructuras de pasos de fauna en toda
la infraestructura existente en el país que no las contenga, sin tener certeza, con base en un
estudio o informe técnico, de la cantidad de obras que deberán ser intervenidas.




 



 De tal modo, se sugiere analizar si lo pretendido en el transitorio II puede ser abordado y
regulado de manera distinta, como un proceso gradual y planificado que requiere más especificaciones
que las allí dispuestas.




 




            III. CONCLUSIÓN.




 



 Si bien la aprobación del proyecto de ley no. 23166, denominado “ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 31BIS
A LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N° 7554 DEL 04 DE OCTUBRE DE 1995. LEY PARA GARANTIZAR PASOS DE
FAUNA EN INFRAESTRUCTURAS”, es una decisión estrictamente legislativa, con respeto se recomienda
valorar las observaciones expuestas.




 




            De usted, atentamente,




 




 




 




 




                                                                       Elizabeth León Rodríguez




                                                                       Procuradora




ELR/ysb




Cód. 9189-2022

Legal Opinion: 169 - J of 15/11/2022

November 15, 2022

PGR-OJ-169-2022

Ms.
Ana Julia Araya Alfaro
Area Head
Legislative Commissions II
Legislative Assembly

Dear Madam:

With the approval of the Deputy Attorney General of the Republic, I refer to your communication no. AL-CE23144-1114-2022 of October 3, 2022, by which we are informed that the Special Infrastructure Commission requested our criteria on bill no. 23166, entitled “ADDITION OF A NEW ARTICLE 31 BIS TO THE ORGANIC ENVIRONMENTAL LAW, NO. 7554 OF OCTOBER 4, 1995. LAW TO GUARANTEE WILDLIFE CROSSINGS IN INFRASTRUCTURES.”

I. NATURE OF THIS PRONOUNCEMENT.

Pursuant to Articles 1, 2, and 3, subsection b) of our Organic Law (no. 6815 of September 27, 1982), the Attorney General’s Office is the superior consultative, technical-legal body of the Public Administration, and, in that capacity, fulfills its function by rendering the legal criteria requested by the Public Administration.

For these purposes, the Legislative Assembly could be considered as Public Administration when it consults us on a matter in the exercise of administrative function, but not when it requires our criteria on a matter of interest for the exercise of legislative function.

Despite the foregoing, and given that there is no legal provision to that effect, the Attorney General’s Office has customarily addressed the consultations made by the Legislative Assembly and its deputies, with the aim of collaborating with the exercise of the important functions that the Political Constitution assigns to them. Hence, non-binding legal criteria are rendered on certain bills when consulted by the Legislative Commission responsible for processing them, or in relation to legal aspects that may be considered covered by the political control function and that may reasonably be deemed of general interest.

By virtue of this, the criteria issued by this advisory body regarding the scope and content of a bill do not possess the binding nature characteristic of those referring to matters arising from the exercise of administrative function, and, for that reason, this criterion is rendered through a non-binding legal opinion intended as an input in the exercise of the important legislative work.

Furthermore, since we are not in the circumstances established by Article 157 of the Regulations of the Legislative Assembly, this pronouncement is not subject to the eight-day period established therein.

II. CONSIDERATIONS ON THE BILL.

The bill aims to add an article 31 bis to the Organic Environmental Law (no. 7554 of October 4, 1995) in order to preserve Costa Rican fauna and prevent the accidental death of any species, establishing that any infrastructure that, by its location or operation, directly or indirectly affects wildlife crossings (pasos de fauna silvestre) of any species in any part of the country, must have adequate structures that facilitate their free passage from one side of the infrastructure to the other.

To this end, it is provided that the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) must consult the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) on the existence of said wildlife crossings prior to granting any environmental viability (viabilidad ambiental) that may affect wildlife, based on hot spots where there is evidence of accidents through reports to the environmental complaint processing system or investigations that demonstrate this, and that SINAC will indicate the type and dimensions of the structure to be implemented at the site.

In addition, a transitional provision stipulates that the National System of Conservation Areas, together with the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT), electrification companies, developers, and the Municipalities of the country, within their respective jurisdictions, must urgently and as a priority address the already-located wildlife crossings and fragile points in existing linear infrastructure so that the required structures are placed to guarantee their protection and conservation.

Article 17 of the Organic Environmental Law provides that human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) by the National Environmental Technical Secretariat, the prior approval of which will be an indispensable requirement to commence the activities, works, or projects; and that the laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require submission to said assessment.

Carrying out an environmental impact assessment for activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, constitutes not only a legal obligation but also a constitutional one.

Indeed, the Constitutional Chamber has recognized that the obligation to carry out environmental impact assessments is one of the principles that serve as a parameter of constitutionality and that have been developed so that the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment set forth in Article 50 of the Political Constitution is not a mere formal postulate. (Voto 6322-2003 of 14 hours 14 minutes of July 3, 2003, 17397-2019 of 12 hours 54 minutes of September 11, 2019, among others).

Additionally, this obligation to environmentally assess activities, works, or projects finds its basis in Article 14 of the Convention on Biological Diversity (approved by Law no. 7416 of June 30, 1994), insofar as it provides that each State party “shall establish appropriate procedures requiring environmental impact assessment of its proposed projects that are likely to have significant adverse effects on biological diversity with a view to avoiding or minimizing such effects”; and in Principle 17 of the Rio Declaration on Environment and Development, which states that “Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority.”

The environmental impact assessment is a measure consistent with the preventive principle, also developed by constitutional jurisprudence, insofar as it allows evaluating and determining what negative effects an activity, work, or project will cause to the environment prior to its execution and, furthermore, allows establishing actions aimed at mitigating or compensating those adverse effects, ensuring that the activity, work, or project is executed in a controlled manner, avoiding the generation of environmental damage.

The General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, (Decreto Ejecutivo 31849 of May 24, 2004), provides that the environmental impact assessment is a general concept referring to the technical-scientific administrative procedure carried out by SETENA to identify and predict which effects an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making (Article 3, subsection 39). And it provides that environmental impact is the effect that an activity, work, or project, or any of its actions and components, has on the environment or its constituent elements.

Based on all the foregoing, it is clear that the alteration and obstruction of natural wildlife crossings by infrastructure development, and the accidents and loss of species that this may cause, constitutes an impact on wildlife and, consequently, an environmental impact. Therefore, it must be assessed and mitigated within the environmental impact assessment procedure to which infrastructure projects must be submitted.

Effectively, the Constitutional Chamber has so understood it in votes 1189-2021 of 9 hours 15 minutes of January 22, 2021, in which it was pointed out that “the State must take all possible technical measures to ensure that the activity it approves will not cause damage to the environment,” and CONAVI was ordered to build the wildlife crossings provided for in the environmental impact assessment of the expansion project of national route no. 32; and in 7558-2021 of 9 hours 15 minutes of April 16, 2021, in which it was provided that:

“…it is recorded that, through Resolution No 719-2017-SETENA, of April 7, 2016, the terms of reference were set for the submission of the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA), in which the need to incorporate wildlife crossings or passages as part of the project design must be determined. For which the respective study considering a representative number of samplings and observation time must be conducted. The samplings must be conducted for both seasons (dry and rainy) with a minimum of 10 samplings per season, in accordance with the Environmental Guide “Roads Friendly to Wildlife” by Pomareda, E., Araya-Gamboa, D., Ríos, Y., Arévalo, e., Aguilar, M. and R. Menacho 2014. Likewise, in point 8 of the EsIA terms of reference, in the chapter on the description of the biological environment, it is requested to indicate the existence of biological corridors, primary forests, and similar areas in the area. Present as a figure or map. Similarly, it is required to qualify the fragility of ecosystems analyzed in the AP and AID, based on their intrinsic recovery capacity, and to define the need for buffer areas for the ecosystems. Finally, it was certified that the Environmental Impact Study (EsIA) of the comprehensive San José-San Ramón Road Corridor project has not yet been submitted to the National Environmental Technical Secretariat. In the case under study, it is certified that, at the time the amparo proceeding was filed, there was no progress on the project for the expansion of the San José-San Ramón Road Corridor and its radials showing any non-observance regarding the alleged non-compliance. This being understood that the Environmental Impact Study, which must include wildlife crossings or passages as part of the project design, has not yet been submitted to SETENA. Likewise, it is certified that said study must include wildlife crossings or passages as part of the project design. It must be remembered that in judgment 2021-001189 of 09:15 hrs. of January 22, 2021, this Court ordered the obligation to build the wildlife crossings planned for the expansion of Route No. 32. However, in the present matter, there is not yet project progress in which the construction of biological corridors is demandable, which does not mean that these are not required for the approval of the works intended to be carried out.”

Thus, although the obstruction and affectation of wildlife transit is an environmental impact that must be assessed in the respective environmental impact assessment for any infrastructure generating it, nothing prevents the legislator from evaluating and deciding on the advisability of establishing a legal provision to guarantee the construction of structures that allow the safe passage of fauna in works requiring it, especially if it is also intended that already-built infrastructure eventually have such structures where required.

Properly regarding the text of the bill, it is suggested to modify the wording of the proposed article 31 bis, in order to eliminate the emphasis on protection areas, national parks, forest reserves, and forests, since there are more types of protected wild areas and lands of the natural heritage of the State that are not being contemplated. And, in any case, by virtue of the initiative’s objective being to guarantee the existence of structures for wildlife passage at any point in the country, those structures should be guaranteed whenever the alteration of the wildlife passage is an impact of the work that must be mitigated, at any fragile point identified as a wildlife crossing, regardless of its location.

It is also suggested to modify the wording of that article so as to maintain the possibility that SETENA, as part of the environmental impact assessment process and as inferred from the previously cited votes of the Constitutional Chamber, requests the developer of the respective work to prepare the corresponding studies to determine the existence of wildlife crossings and the need to build the structure guaranteeing that safe passage. As the provision is drafted, the requirement for those wildlife crossing structures could only be made when there is prior evidence of accidents or investigations that demonstrate it.

In the proposed Transitory Provision I, it is advisable to consider that the authority responsible for regulating the Law also have the technical criteria of the Ministry of Public Works and Transport and the National Environmental Technical Secretariat.

On the other hand, the second objective of the provision, which is to implement wildlife crossing structures in already-built infrastructure at all points in the country where required, would need a more detailed and rigorous regulation than can be expressed in a transitional provision.

In that sense, it is advisable to address that aspect in a more comprehensive manner or to determine that it will be regulated in the law’s regulation, since it is necessary to specify what is provided in the transitory provision so that there is clarity regarding the type of existing works referred to, the method of determining the existence of affected wildlife crossings, the competent institutions, and the actions involved in the urgent and priority attention indicated.

Furthermore, it is advisable to assess whether the stipulated twenty-four-month period is reasonable and practical, considering that what is intended is to place wildlife crossing structures in all existing infrastructure in the country that does not have them, without having certainty, based on a technical study or report, of the number of works that must be intervened.

Thus, it is suggested to analyze whether what is intended in Transitory Provision II can be addressed and regulated differently, as a gradual and planned process that requires more specifications than those set forth therein.

III. CONCLUSION.

While the approval of bill no. 23166, entitled “ADDITION OF A NEW ARTICLE 31BIS TO THE ORGANIC ENVIRONMENTAL LAW, NO. 7554 OF OCTOBER 4, 1995. LAW TO GUARANTEE WILDLIFE CROSSINGS IN INFRASTRUCTURES,” is a strictly legislative decision, it is respectfully recommended that the observations presented be considered.

Sincerely yours,

Elizabeth León Rodríguez
Attorney General

ELR/ysb

Code 9189-2022