Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Así las cosas, lo procedente es aclarar y adicionar el dictamen PGR-C-42-2022 en el sentido de que aun en los casos en que medie un peligro inminente o situaciones imprevisibles, la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, no puede revocar las autorizaciones que haya otorgado el Servicio Fitosanitario para la importación, investigación, exportación, experimentación, movilización y liberación al ambiente de organismos modificados genéticamente para uso agrícola.
Con fundamento en lo expuesto, se inadmite, por extemporánea, la gestión de aclaración y adición formulada a través del oficio OT-258-2022 de 15 de junio de 2022.
Se aclara y adiciona, de oficio, el dictamen PGR-C42-2022 de 25 de febrero de 2022 en el sentido de que aun en los casos en que medie un peligro inminente o situaciones imprevisibles, la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, no puede revocar las autorizaciones que haya otorgado el Servicio Fitosanitario para la importación, investigación, exportación, experimentación, movilización y liberación al ambiente de organismos modificados genéticamente para uso agrícola.
English (translation)Thus, it is appropriate to clarify and supplement Opinion PGR-C-42-2022 to the effect that even in cases involving imminent danger or unforeseeable situations, the Technical Office of the National Commission for Biodiversity Management may not revoke authorizations granted by the Phytosanitary Service for the import, research, export, experimentation, movement, and release into the environment of genetically modified organisms for agricultural use.
Based on the foregoing, the request for clarification and supplementation submitted through official letter OT-258-2022 of June 15, 2022, is rejected as untimely.
Opinion PGR-C42-2022 of February 25, 2022, is clarified and supplemented on its own motion to the effect that even in cases involving imminent danger or unforeseeable situations, the Technical Office of the National Commission for Biodiversity Management may not revoke authorizations granted by the Phytosanitary Service for the import, research, export, experimentation, movement, and release into the environment of genetically modified organisms for agricultural use.
Inadmissible (clarification ex officio)
Dictamen : 183 del 26/08/2022 ( ACLARA ) PGR-C-183-2022 26 de agosto de 2022 Señora Ángela González Grau Oficina Técnica CONAGEBIO Directora Ejecutiva Estimada señora Con la aprobación del Procurador General adjunto por ministerio de Ley, doy respuesta a su oficio OT-258-2022 de 15 de junio de 2022, recibido el 21 de junio. Mediante oficio OT-258-2022 se pide aclaración y adición del dictamen PGR-C-42-2022 de 25 de febrero de 2022 para que se indique si, a pesar de lo dictaminado; y ante los casos de peligro inminente, situaciones imprevisibles o incumplimiento de disposiciones oficiales, y de conformidad con el art. 46 y 48 de la Ley de Biodiversidad; la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad retiene la posibilidad de revocar los permisos otorgados por el Servicio Fitosanitario del Estado para la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados. Para atender la gestión formulada, se ha estimado oportuno hacer las siguientes consideraciones: A. LA GESTIÓN DE ACLARACIÓN Y ADICIÓN ES INADMISIBLE. SE ACLARA Y ADICIONA DE OFICIO. Es ya jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República que la Ley no ha previsto la posibilidad de que se pueda pedir aclaración, tampoco adición, de los dictámenes de este Órgano Superior Consultivo. En este sentido, se ha advertido que el dictamen de la Procuraduría General es un acto que se emite en ejercicio de la función consultiva que su Ley Orgánica le atribuye a este órgano. Concretamente, es un acto preparatorio que tiene por finalidad facilitar a la Administración Activa competente de elementos de juicio que sirvan de base para la correcta formación de los actos decisorios y ejecutivos que ésta debe tomar. Ahora, por su finalidad, que es colaborar con la Administración Pública en la observancia del Derecho en la actuación administrativa, la Ley no ha previsto que se puedan presentar gestiones de aclaración y adición a los dictámenes de la Procuraduría General. Luego, se comprende, sin embargo, que es el acto administrativo dictado por la Administración Activa, que se base e informe en un dictamen de la Procuraduría Genera, el que, de acuerdo con la Ley, podría aclarado o adicionado a gestión de parte o de oficio tratándose de errores materiales o aritméticos. Importa insistir, en todo caso, que Ley Orgánica de la Procuraduría General, en efecto, no contempla la posibilidad de que los órganos de la Administración Pública puedan gestionar la "adición y aclaración" de los dictámenes emitidos en ejercicio de la función consultiva de esta institución. El artículo 6 de dicha Ley se circunscribe a establecer la facultad para que el órgano consultante solicite la reconsideración de un dictamen, siempre y cuando la gestión sea realizada dentro de los ocho días siguientes al recibo del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que la Procuraduría General puede reconsiderar, de oficio, sus propios dictámenes y pronunciamientos No obstante lo anterior, conviene precisar que, se ha reconocido que a pesar de que Ley Orgánica de la Procuraduría no haya previsto el recurso de aclaración y adición en relación con sus dictámenes, lo cierto es que vista la función de asesoría que debe cumplir el Órgano Superior Consultivo se ha dicho que es procedente que éste aclare o adicione sus dictámenes cuando los mismos sean oscuros u omisos en el tratamiento del tema o temas que debió desarrollar. Empero, cabe acotar que la jurisprudencia administrativa ha delimitado la procedencia de la gestión de aclaración y adición a aquel supuesto en que sea la propia institución quien la pide y siempre que la gestión tenga por objeto, en el sentido más estricto, que se aclaren, en efecto, defectos de omisión y/o obscuridad en el contenido o conclusiones del dictamen. Por contener una síntesis de la jurisprudencia de la Procuraduría General en materia de adición y aclaración de sus dictámenes, se transcribe el dictamen C-223-2019 de 9 de agosto de 2019: “A. LA GESTIÓN DE ACLARACION Y ADICION ES INADMISIBLE. Recientemente, específicamente en el dictamen C-103-2019 de 5 de abril de 2019, este Órgano Superior Consultivo tuvo la oportunidad de referirse otra vez a la posibilidad de pedir la aclaración y adición de los dictámenes de la Procuraduría General. En este sentido, en dicho criterio, se indicó que el dictamen de la Procuraduría General es un acto que se emite en ejercicio de la función consultiva que su Ley Orgánica le atribuye a este órgano. La finalidad del dictamen de la Procuraduría es, pues, facilitar a la Administración Activa competente de elementos de juicio que sirvan de base para la correcta formación de los actos decisorios y ejecutivos que ésta debe tomar. El dictamen es esencialmente un acto preparatorio. Al respecto, cabe citar el dictamen C-264-2012 de 14 de noviembre de 2012: “En este sentido, la función consultiva de la Procuraduría se manifiesta a través de sus dictámenes, informes, pronunciamientos y asesoramiento. Criterios jurídicos todos que tienen el carácter de los informes expertos que prevé el artículo 302 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). El objetivo último de la función consultiva de la Procuraduría General es colaborar con la Administración Pública en la observancia del Derecho en la actuación administrativa. Razón por la cual debe ser indudablemente catalogada como una función de garantía. (Sobre la función consultiva como un trámite de garantía, puede verse GARCIA ALVAREZ, GERARDO. FUNCION CONSULTIVA Y PROCEDIMIENTO. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1997, P. 35) No obstante lo anterior, debe advertirse que ha sido criterio reiterado en la jurisprudencia administrativa que en el ejercicio de su función consultiva, la Procuraduría General no sustituye a la Administración Pública activa en sus responsabilidades o competencias. Por su carácter técnico jurídico, la función consultiva de la Procuraduría General excluye la posibilidad de que a través de sus criterios jurídicos, pueda reemplazar a la Administración Activa en la ponderación en los aspectos de oportunidad y conveniencia que sus decisiones impliquen. Esto ni siquiera en el caso de los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General, los cuales son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública consultante. Al respecto, conviene citar lo señalado en el dictamen C-247-2012: “Es criterio reiterado de este Órgano Superior Consultivo que dichas consultas deben ser planteadas en forma general y abstracta, pues la función consultiva no puede implicar un ejercicio de la función de Administración activa. La función consultiva no debe conllevar, de ningún modo, una sustitución de las competencias de la administración activa consultante. La Procuraduría desconocería su propia competencia si entrara a sustituir a la Administración, resolviendo los casos concretos. (Un buen recuento de este criterio jurisprudencial se encuentra en el dictamen C-290-2011 de 28 de noviembre de 2011)” Debe insistirse en este punto. Ya la más añeja doctrina del Derecho Administrativo ha distinguido la función consultiva respecto de la Administración Activa y ha entendido que el ejercicio de aquella no releva de sus competencias a ésta. (Ver TRILLO FIGUEROSA MOLINUEVO, MARIA JOSE. LA FUNCION CONSULTIVA: SU SENTIDO Y ALCANCE. EN: www.asambleamadrid.es/.../R.18.%20Maria%20Jose%20Trillo%20Fi...) Por el contrario, debe subrayarse que la labor que se realiza a través de la función consultiva tiene un carácter esencialmente preparatorio que se circunscribe a facilitar a la Administración Activa competente de elementos de juicio que sirvan de base para la correcta formación del acto decisorio y ejecutivo que ésta debe tomar. Esta tesis ha sido sostenida por nuestra jurisprudencia administrativa El objetivo último de la función consultiva de la Procuraduría General es colaborar con la Administración Pública en la observancia del Derecho en la actuación administrativa. Razón por la cual debe ser indudablemente catalogada como una función de garantía. (Ver también el dictamen C-261-2011 de 24 de octubre de 2011) Luego, debe indicarse que, debido a su naturaleza de acto preparatorio, el dictamen de la Procuraduría General no admite, en principio, gestión de aclaración o adición. Al respecto, conviene citar lo dicho por la Doctrina en el sentido de que el dictamen jurídico de los órganos permanentes de consulta integra el contenido del acto administrativo decisor de tal forma que es éste el que, eventualmente si la Ley lo permite, podría ser aclarado o adicionado a gestión de parte o de oficio tratándose de errores materiales o aritméticos. (Ver: CASSAGNE, EZEQUIEL. El dictamen de los servicios jurídicos de la Administración. Publicado en la revista La Ley de 5 de agosto de 2012, disponible en: http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/El_dictamen_de_los_servicios_juridicos_de_la _Administracion_-.pdf) De seguido, importa advertir que Ley Orgánica de la Procuraduría General, en efecto, no contempla la posibilidad de que los órganos de la Administración Pública puedan gestionar la "adición y aclaración" de los dictámenes emitidos en ejercicio de la función consultiva de esta institución. El artículo 6 de dicha Ley se circunscribe a establecer la facultad para que el órgano consultante solicite la reconsideración de un dictamen, siempre y cuando la gestión sea realizada dentro de los ocho días siguientes al recibo del mismo. Lo anterior sin perjuicio de que la Procuraduría General puede reconsiderar, de oficio, sus propios dictámenes y pronunciamientos. Al respecto, conviene citar el dictamen C-174-1994 del 7 de noviembre de 1994 – criterio reiterado por los dictámenes C-428-2007 de 28 de agosto de 2007 y C-360-2014 de 29 de octubre de 2014-: “I. Sobre la "adición y aclaración" de dictámenes de la Procuraduría General de la República. En primer término, cabe dejar sentado que nuestra Ley Orgánica (Ley Nº 6815 de 27 de setiembre de 1982) no contempla la posibilidad de que los órganos de la Administración Pública puedan gestionar a esta Procuraduría General recursos de "adición y aclaración" de los dictámenes emitidos en ejercicio de nuestra función consultiva. Sí existe, de conformidad con el numeral 6º de la Ley de referencia, la posibilidad para que el órgano consultante solicite la reconsideración de un dictamen, siempre y cuando la gestión sea realizada dentro de los ocho días siguientes al recibo del mismo. Por otra parte, de conformidad con el inciso b) in fine del artículo 3º ibidem, la Procuraduría General puede reconsiderar, de oficio, sus propios dictámenes y pronunciamientos.” No obstante lo anterior, se ha reconocido que a pesar de que Ley Orgánica de la Procuraduría no haya previsto el recurso de aclaración y adición en relación con sus dictámenes, lo cierto es que vista la función de asesoría que debe cumplir el Órgano Superior Consultivo se ha dicho que es procedente que éste aclare o adicione sus dictámenes cuando los mismos sean oscuros u omisos en el tratamiento del tema o temas que debió desarrollar. Empero, cabe acotar que la jurisprudencia administrativa ha delimitado la procedencia de la gestión de aclaración y adición a aquel supuesto en que sea la propia institución quien la pide y siempre que la gestión tenga por objeto, en el sentido más estricto, que se aclaren, en efecto, defectos de omisión y/o obscuridad en el contenido o conclusiones del dictamen. Se transcribe otra vez, el dictamen C-174-1994: “Con fundamento en lo anterior, es claro que la labor que puede acarrear la contestación de un "recurso de adición y aclaración" debe enmarcarse dentro de una concepción estrictamente de cumplimiento de nuestras competencias consultivas. En otras palabras, a pesar de que no esté contemplada tal acción procedimental, para el mejor cumplimiento de sus fines, nada impide a que la Procuraduría General aclare o adicione dictámenes cuando los mismos sean oscuros u omisos en el tratamiento del tema o temas que debió desarrollar. Por el contrario, la reconsideración de un dictamen no sólo supone que el órgano consultante esté en desacuerdo con nuestra posición, sino que, además, debe contener un criterio jurídico que lo sustente. Y, en lo que respecta a la reconsideración de oficio, igualmente supondría que esta Procuraduría, previo estudio del aspecto de fondo, llegue a determinar que hay motivo suficiente para modificar lo ya dictaminado. Las anteriores aclaraciones son de recibo toda vez que, para el caso que nos ocupa, la adición y aclaración solicitadas deben enmarcarse dentro de un análisis del texto que supuestamente contiene defectos de omisión y/o obscuridad en su contenido o conclusiones. De lo contrario, por la vía de la respuesta a estas gestiones, se estaría elaborando un pronunciamiento nuevo e independiente de aquel que se pretende subsanar, sin que para ese nuevo criterio se hayan satisfecho los requisitos que nuestra Ley Orgánica exige al efecto (vid. artículos 3, inciso b), 4, 5 ibidem). En este último supuesto, devendría necesario que la consulta sea formulada en cumplimiento de los referidos requisitos.” Cabe insistir, entonces, en que la posibilidad de aclarar y adicionar un dictamen no sólo supone que el órgano consultante esté en desacuerdo con nuestra posición, pues por la vía de la aclaración y adición solamente se puede atender aquellas gestiones que se fundamenten en un análisis del texto advirtiendo eventuales defectos de omisión y/o obscuridad en su contenido o conclusiones del respectivo dictamen – para lo cual se debe fundamentarse en un criterio jurídico que lo sustente - , sin que sea procedente que por dicha vía se pretenda que la Procuraduría General emita un pronunciamiento nuevo e independiente de aquel que se pretende subsanar, sin que para ese nuevo criterio se hayan satisfecho los requisitos que nuestra Ley Orgánica exige al efecto (vid. artículos 3, inciso b), 4, 5 ibidem). En este último supuesto, devendría necesario que la consulta sea formulada en cumplimiento de los referidos requisitos.” En el mismo sentido, puede consultarse el dictamen C-454-2020 de 18 de noviembre de 2020. Debe acotarse que la gestión de aclaración y adición está sometida a plazo, sin perjuicio de la posibilidad de aclarar o adicionar de oficio el respectivo dictamen. Así se señaló en el dictamen C-98-2009 de 3 de abril de 2009. El plazo para adición y aclaración es de 3 días. Aplicación analógica de los artículos 58.3 y 63 del Código Procesal Civil. Ahora bien, debe advertirse que la gestión de aclaración y adición OT-258-2022 de 15 de junio de 2022 es extemporánea pues se ha presentado cuando ya ha vencido de sobra el plazo de 3 días. Tómese nota de que el dictamen PGR-C-42-2022 es de 25 de febrero de 2022. Empero, en orden a cumplir la función de asesoría que le corresponde a la Procuraduría General y para un mejor ejercicio de las competencias de la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, se procede, de oficio, a aclarar y adicionar el dictamen PGR-C-42-2022. En este sentido, según se indica en el oficio OT-258-2022, a pesar de que el dictamen PGR-C-42-2022 trató una cuestión referente a la posible derogación de los artículos 5 inciso q) y 42 de la Ley de Protección Fitosanitaria, la Oficina Técnica considera que, para el adecuado ejercicio de competencias, es necesario que se pueda aclarar las conclusiones de dicho dictamen. Señala que la aclaración es relevante por el efecto práctico que puede tener sobre el funcionamiento de la Oficina Técnica. Concretamente, la Oficina consultante, que es órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía, indica que si bien, del criterio PGR-C-42-2022 se extrae que el ámbito competencial de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, en materia de revocación de permisos, se limita a los que hayan sido otorgados por ese Órgano, persiste duda, sin embargo, sobre la forma en que la Comisión debe proceder ante los casos de peligro inminente, situaciones imprevisibles o incumplimiento de disposiciones oficiales. La aclaración de gestión y adición versa sobre la conclusión cuarta del dictamen PGR-C-42-2022 en la cual se indicó:” Con base en el análisis de los antecedentes legislativos de la Ley de Biodiversidad y la interpretación de la normativa dentro del reparto competencial expuesto, se entiende que la facultad de revocar o modificar otorgada a la Oficina Técnica de CONAGEBIO en el artículo 48 de la Ley de Biodiversidad debe ser ejercida únicamente con respecto a los permisos que habilitan actividades de manipulación genética o de acceso a la biodiversidad. Por tanto, lo dispuesto en ese artículo no desvirtúa ni elimina la competencia otorgada por el artículo 42 de la Ley de Protección Fitosanitaria al SFE para modificar o revocar los permisos que otorgue en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 de esa misma Ley.” B. DOS COMPETENCIAS DISTINTAMENTE DIFERENCIADAS La Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad consulta para que se determine, en dictamen, si ante los casos de peligro inminente, situaciones imprevisibles o incumplimiento de disposiciones oficiales, y de conformidad con el art. 46 y 48 de la Ley de Biodiversidad, tiene la Oficina Técnica de esa Comisión tiene la posibilidad de revocar los permisos otorgados por el Servicio Fitosanitario del Estado para la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados. La consulta OT-258-20222 se plantea porque a la Comisión, luego de recibir el dictamen PGR-C-42-2022, le queda, sin embargo, la duda de si su Oficina Técnica tiene la posibilidad de revocar los permisos otorgados por el Servicio Fitosanitario del Estado para la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados. El dictamen PGR-C-42-2022 ha establecido, empero, que las competencias que tanto la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y el Servicio Fitosanitario del Estado tiene en materia de uso y gestión de la biodiversidad, están distintamente diferenciadas. En este sentido, el dictamen PGR-C-42-2022 indicó: “En materia de uso y gestión de la biodiversidad, las competencias de CONAGEBIO están dirigidas al ámbito de la conservación, el uso ecológicamente sostenible y la restauración de la biodiversidad y el acceso a los elementos bioquímicos y genéticos, bioprosección y manipulación genética. La Ley de Protección Fitosanitaria y la Ley de Biodiversidad marcan un reparto de competencias diferenciado entre el SFE y CONAGEBIO y su Oficina Técnica, pues las autorizaciones que otorga el SFE están referidas a distintas actividades relacionadas con el uso de organismos genéticamente modificados ya creados u organismos ya producidos con fines agrícolas, mientras que, los permisos de acceso que corresponde otorgar a la Oficina Técnica de CONAGEBIO son los que se requieren para llevar a cabo actividades de acceso a los elementos bioquímicos y genéticos, bioprospección y manipulación genética.” En el dictamen PGR-C-42-2022 se ha señalado que de “lo dispuesto en la Ley de Biodiversidad, puede notarse que las competencias de CONAGEBIO están dirigidas al ámbito de la conservación, el uso ecológicamente sostenible y la restauración de la biodiversidad, el acceso a los elementos bioquímicos y genéticos, bioprosección y manipulación genética.” De acuerdo con el dictamen en comentario, las competencias del Servicio Fitosanitario del Estado en la materia de biodiversidad, están referidas a actividades relacionadas con el uso de organismos genéticamente modificados ya creados u organismos ya producidos con fines agrícolas. La Ley de Biodiversidad ha creado la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad. De acuerdo con el artículo 13, la Comisión es uno de los órganos del Ministerio de Ambiente y Energía creados para el manejo y conservación de la biodiversidad. El otro órgano es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. La Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad es un órgano formulador de políticas públicas en la materia. El artículo 14 le da competencias en la formulación de las políticas nacionales referentes a la conservación, el uso ecológicamente sostenible y la restauración de la biodiversidad, acceso a elementos genéticos y protección del conocimiento asociado y educación y conciencia pública. Además, tiene atribuciones para la formulación de la estrategia nacional de biodiversidad y darle seguimiento. La Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad es un colegio representativo integrado por representantes de altos jerarcas de despachos ministeriales, representantes del sector institucional descentralizado, representantes del sector de las universidades públicas y finalmente, de la sociedad civil. En el dictamen PGR-C-42-2022 se hizo relación de las competencias de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad: En ese sentido, nótese, por ejemplo, que el artículo 14 inciso 1 establece que le corresponde formular las políticas nacionales referentes a la conservación, el uso ecológicamente sostenible y la restauración de la biodiversidad, sujetándose a la convención sobre la biodiversidad biológica y otros convenios y tratados internacionales correspondientes (inciso 1); y que en el inciso 2) de ese mismo artículo se dispone que debe formular las políticas y responsabilidades establecidas en los capítulos IV, V y VI de la ley, que están referidos a conservación y uso sostenible de ecosistemas y especies, acceso a los elementos genéticos y bioquímicos y protección del conocimiento asociado y educación y conciencia pública, investigación y transferencia de tecnología, respectivamente. En el inciso 3 de ese artículo se establece como una de sus competencias, formular y coordinar las políticas para el acceso de los elementos de la biodiversidad y el conocimiento asociado que asegure la adecuada transferencia científico-técnica y la distribución justa de los beneficios. Por su carácter representativo, la Ley le ha otorgado a la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, una competencia para dictar políticas públicas. La integración de jerarcas institucionales, tanto del Poder Ejecutivo como del sector descentralizado, a la par de representantes de sectores relevantes, permite que, a través del procedimiento deliberativo, propio de los órganos colegiados, se elaboren políticas públicas efectivas en materia de gestión y conservación de la biodiversidad. El artículo 14 también le otorga a la Comisión funciones de asesoría, coordinación y además administrativas. La Comisión es el superior jerárquico de la Oficina Técnica. El numeral 16 de la Ley de Biodiversidad establece que la Comisión ejecuta sus acuerdos y resoluciones e instruye sus procedimientos por medio del Director Ejecutivo de la Oficina Técnica. En asuntos de resolución compleja o que requieran de conocimientos especializados, la Comisión puede nombrar comités de expertos ad hoc con funciones de asesores. La Oficina Técnica es un órgano de apoyo a la Comisión. Es un órgano ejecutivo. Está integrada por un Director Ejecutivo y el personal indicado en el reglamento de esta ley. Así lo dispone el numeral 17 de la Ley de Biodiversidad. Una de las funciones esenciales de la Oficina Técnica consiste en la tramitación, aprobación, rechazo y fiscalización de las solicitudes de acceso a los recursos de la biodiversidad. Así lo establece también el artículo 17 de la Ley de Biodiversidad. El artículo 7.1 señala que el acceso a los recursos de la biodiversidad es la acción de obtener muestras de los elementos de la biodiversidad silvestre o domesticada existentes, en condiciones ex situ o in situ y obtención del conocimiento asociado, con fines de investigación básica, bioprospección o aprovechamiento económico. De acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Biodiversidad, corresponde a la Comisión proponer las políticas de acceso sobre los elementos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad ex situ e in situ. Las disposiciones que sobre esta materia acuerde constituirán las normas generales para el acceso a los elementos genéticos y bioquímicos y para la protección de los derechos intelectuales sobre la biodiversidad, a las que deberán someterse la administración y los particulares interesados. Para ser eficaces frente a terceros deben ser publicadas previamente en La Gaceta. El artículo 64, que completa lo prescrito en el artículo 17, establece que la Oficina Técnica de la Comisión debe tramitar todas las gestiones de acceso a los elementos de biodiversidad. Cuando el acto final del procedimiento pueda otorgar a particulares derechos sobre elementos de la biodiversidad bajo dominio público o pueda causar perjuicio grave a particulares, sea imponiéndoles obligaciones, suprimiéndoles o denegándoles derechos subjetivos o por cualquier otra forma que lesione grave y directamente derechos legítimos, el asunto debe tramitarse mediante el procedimiento ordinario establecido por la Ley General de la Administración Pública, salvo en lo relativo a los recursos, en lo que se aplicará lo dispuesto en el inciso f) del artículo 14 de esta ley. De igual forma se debe proceder cuando durante la instrucción, surja contradicción o concurso de interesados frente a la Administración. Para todos los demás casos, la Oficina Técnica seguirá un procedimiento sumario. El numeral 67 de la Ley de Biodiversidad establece que la Oficina Técnica debe administrar un Registro de derechos de acceso a elementos genéticos y bioquímicos. El Director de la Oficina Técnica de la Comisión es, a su vez, Director del Registro y funcionario responsable de la custodia y autenticidad de la información registrada. La información registrada será de carácter público, excepto los secretos industriales, que deberán ser protegidos por el Registro, salvo que razones de bioseguridad obliguen a darles publicidad. El artículo 14.7 establece que la Comisión puede revocar las resoluciones de la Oficina Técnica en materia de las solicitudes de acceso a los elementos de la biodiversidad, la Comisión agota la vía administrativa. Esta es una de las funciones administrativas de la Comisión, pero el artículo 47 establece que, con base en criterios técnicos, científicos y de seguridad, la Oficina Técnica de la Comisión puede modificar o revocar cualquier permiso de acceso a los elementos genéticos y bioquímicos de la Biodiversidad que ella misma haya otorgado. El artículo 41 de la Ley de Protección Fitosanitaria ha establecido, sin embargo, que las personas físicas o jurídicas que importen, investiguen, exporten, experimenten, movilicen, liberen al ambiente, multipliquen y comercialicen vegetales transgénicos, organismos modificados genéticamente o sus productos, agentes de control biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola, producidos dentro o fuera del país; deben obtener autorización previa del Servicio Fitosanitario del Estado. La competencia que el artículo 41 de la Ley de Protección Fitosanitaria le otorga al Servicio Fitosanitario es especial en relación con las competencias generales de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad. El artículo 46 de la Ley de Biodiversidad, que reafirma lo dispuesto en el numeral 41 de la Ley de Protección Fitosanitaria, ha previsto que cualquier persona física o jurídica que se proponga importar, exportar, experimentar, movilizar, liberar al ambiente, multiplicar, comercializar y usar para investigación organismos genéticamente modificados en materia agropecuaria, creados dentro o fuera de Costa Rica; debe obtener el permiso previo del Servicio Fitosanitario del Estado. La competencia del Servicio Fitosanitario del Estado en materia de biodiversidad se relaciona específicamente con la importación, investigación, exportación, experimentación, movilización y liberación al ambiente de organismos modificados genéticamente para uso agrícola. Estas son actividades que requiere una autorización previa del Servicio Fitosanitario del Estado. Así se indicó en el dictamen PGR-C-42-2022: “(…) las autorizaciones que otorga el SFE están referidas a distintas actividades relacionadas con el uso de organismos genéticamente modificados ya creados u organismos ya producidos con fines agrícolas, mientras que, los permisos de acceso que corresponde otorgar a la Oficina Técnica de CONAGEBIO son los que se requieren para llevar a cabo actividades de acceso a los elementos bioquímicos y genéticos, bioprospección y manipulación genética” En el ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 41 de la Ley de Protección Fitosanitaria y 46 de la Ley de Biodiversidad; el Servicio Fitosanitario del Estado debe, sin embargo, entregar, cada tres meses, un informe a la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad. De acuerdo con el artículo 46 de la Ley de Biodiversidad, para otorgar un permiso de uso de organismos genéticamente modificados con fines agrícola, se debe contar, de previo, con un dictamen técnico vinculante de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, órgano asesor del Servicio Fitosanitario del Estado, que determine las medidas necesarias para la evaluación del riesgo y su manejo. Este dictamen vincula el contenido técnico del acto del Servicio Fitosanitario que otorgue la respectiva autorización. El artículo 42 de la Ley de Protección Fitosanitaria habilita al Servicio Fitosanitario del Estado, con base en criterios técnicos, científicos y de seguridad, a modificar o revocar cualquier autorización para el uso de organismos genéticamente modificados con fines agrícolas. La misma norma autoriza al Servicio Fitosanitario del Estado; ante sospecha o evidencia de peligro, situaciones imprevisibles o incumplimiento de disposiciones oficiales; a retener, decomisar, destruir o reexpedir los vegetales transgénicos, los organismos genéticamente modificados o sus productos y los agentes de control biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola. Además, puede prohibir el traslado, la investigación, experimentación, liberación al ambiente, multiplicación y comercialización de estos, con el fin de proteger la agricultura, el ambiente y la salud tanto humana como animal. En el dictamen PGR-C-42-2022 se concluyó que la facultad de revocar o modificar otorgada a la Oficina Técnica de Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, prevista en el artículo 48 de la Ley de Biodiversidad, debe ser ejercida únicamente con respecto a los permisos que habilitan actividades de manipulación genética o de acceso a la biodiversidad. La Oficina Técnica no puede revocar las autorizaciones que haya otorgado el Servicio Fitosanitario para la importación, investigación, exportación, experimentación, movilización y liberación al ambiente de organismos modificados genéticamente para uso agrícola. Esta competencia es del Servicio Fitosanitario del Estado aun en los casos en medie un peligro inminente o situaciones imprevisibles. La Oficina Técnica excedería su competencia material. Así las cosas, lo procedente es aclarar y adicionar el dictamen PGR-C-42-2022 en el sentido de que aun en los casos en que medie un peligro inminente o situaciones imprevisibles, la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, no puede revocar las autorizaciones que haya otorgado el Servicio Fitosanitario para la importación, investigación, exportación, experimentación, movilización y liberación al ambiente de organismos modificados genéticamente para uso agrícola. C. CONCLUSIÓN: Con fundamento en lo expuesto, se inadmite, por extemporánea, la gestión de aclaración y adición formulada a través del oficio OT-258-2022 de 15 de junio de 2022. Se aclara y adiciona, de oficio, el dictamen PGR-C42-2022 de 25 de febrero de 2022 en el sentido de que aun en los casos en que medie un peligro inminente o situaciones imprevisibles, la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, no puede revocar las autorizaciones que haya otorgado el Servicio Fitosanitario para la importación, investigación, exportación, experimentación, movilización y liberación al ambiente de organismos modificados genéticamente para uso agrícola. Atentamente, Jorge Oviedo Álvarez Procurador Director Derecho Público JOA/bba
Dictamen: 183 of 08/26/2022 (CLARIFIES) PGR-C-183-2022 August 26, 2022 Ms. Ángela González Grau Technical Office CONAGEBIO Executive Director Dear Ms. González Grau, With the approval of the Deputy Attorney General by operation of Law, I am responding to your communication OT-258-2022 of June 15, 2022, received on June 21. By means of communication OT-258-2022, clarification and addition of dictamen PGR-C-42-2022 of February 25, 2022 is requested, so that it may be indicated whether, despite what was ruled; and in cases of imminent danger, unforeseeable situations, or non-compliance with official provisions, and in accordance with Articles 46 and 48 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad); the Technical Office (Oficina Técnica) of the National Commission for Biodiversity Management (Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad) retains the possibility of revoking the permits granted by the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado) for the release into the environment of genetically modified organisms. To address the request made, it has been deemed appropriate to make the following considerations: A. THE REQUEST FOR CLARIFICATION AND ADDITION IS INADMISSIBLE. IT IS CLARIFIED AND ADDED ON THE OFFICE'S OWN MOTION. It is already administrative jurisprudence of the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) that the Law has not provided for the possibility of requesting clarification, nor addition, of the dictámenes of this Higher Consultative Body. In this regard, it has been noted that the dictamen of the Office of the Attorney General is an act issued in the exercise of the consultative function that its Organic Law (Ley Orgánica) assigns to this body. Specifically, it is a preparatory act whose purpose is to provide the competent Active Administration (Administración Activa) with elements of judgment that serve as a basis for the correct formation of the decisional and executive acts that it must take. Now, due to its purpose, which is to collaborate with the Public Administration in the observance of the Law in administrative action, the Law has not provided for the possibility of filing requests for clarification and addition to the dictámenes of the Office of the Attorney General. It is understood, however, that it is the administrative act issued by the Active Administration, which is based on and informed by a dictamen of the Office of the Attorney General, that, in accordance with the Law, could be clarified or added to at the request of a party or on the office's own motion in the case of material or arithmetic errors. It is important to insist, in any case, that the Organic Law of the Office of the Attorney General indeed does not contemplate the possibility that Public Administration bodies may request the "addition and clarification" of the dictámenes issued in the exercise of the consultative function of this institution. Article 6 of said Law is limited to establishing the power for the consulting body to request the reconsideration of a dictamen, provided that the request is made within eight days following receipt of the same. The foregoing is without prejudice to the fact that the Office of the Attorney General may reconsider, on its own motion, its own dictámenes and pronouncements. Notwithstanding the foregoing, it is worth clarifying that it has been recognized that despite the fact that the Organic Law of the Office of the Attorney General has not provided for the remedy of clarification and addition in relation to its dictámenes, the truth is that, given the advisory function that the Higher Consultative Body must fulfill, it has been held that it is appropriate for it to clarify or add to its dictámenes when they are obscure or incomplete in the treatment of the subject matter or matters that it should have addressed. However, it is worth noting that administrative jurisprudence has delimited the admissibility of the request for clarification and addition to that case in which it is the institution itself that requests it, and always provided that the request is aimed, in the strictest sense, at clarifying, indeed, defects of omission and/or obscurity in the content or conclusions of the dictamen. Because it contains a synthesis of the jurisprudence of the Office of the Attorney General on the matter of addition and clarification of its dictámenes, dictamen C-223-2019 of August 9, 2019, is transcribed: "A. THE REQUEST FOR CLARIFICATION AND ADDITION IS INADMISSIBLE. Recently, specifically in dictamen C-103-2019 of April 5, 2019, this Higher Consultative Body had the opportunity to refer once again to the possibility of requesting the clarification and addition of the dictámenes of the Office of the Attorney General. In this sense, in said opinion, it was indicated that the dictamen of the Office of the Attorney General is an act issued in the exercise of the consultative function that its Organic Law assigns to this body. The purpose of the dictamen of the Office of the Attorney General is, therefore, to provide the competent Active Administration with elements of judgment that serve as a basis for the correct formation of the decisional and executive acts that it must take. The dictamen is essentially a preparatory act. In this regard, it is worth citing dictamen C-264-2012 of November 14, 2012: 'In this sense, the consultative function of the Office of the Attorney General is manifested through its dictámenes, reports, pronouncements, and advice. All of these legal opinions have the nature of the expert reports provided for in Article 302 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, LGAP). The ultimate objective of the consultative function of the Office of the Attorney General is to collaborate with the Public Administration in the observance of the Law in administrative action. This is why it must undoubtedly be classified as a guarantee function. (On the consultative function as a guarantee procedure, see GARCIA ALVAREZ, GERARDO. FUNCION CONSULTIVA Y PROCEDIMIENTO. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1997, P. 35) Notwithstanding the foregoing, it must be noted that it has been a reiterated criterion in administrative jurisprudence that, in the exercise of its consultative function, the Office of the Attorney General does not substitute the active Public Administration in its responsibilities or competences. Due to its technical-legal nature, the consultative function of the Office of the Attorney General excludes the possibility that, through its legal opinions, it could replace the Active Administration in weighing the aspects of opportunity and convenience that its decisions entail. This is not even in the case of the dictámenes and pronouncements of the Office of the Attorney General, which are of mandatory observance for the consulting Public Administration. In this regard, it is worth citing what was stated in dictamen C-247-2012: "It is a reiterated criterion of this Higher Consultative Body that such consultations must be posed in a general and abstract manner, since the consultative function cannot imply an exercise of the active Administration function. The consultative function must not, in any way, entail a substitution of the competences of the consulting active administration. The Office of the Attorney General would disregard its own competence if it were to substitute the Administration by resolving specific cases. (A good recount of this jurisprudential criterion is found in dictamen C-290-2011 of November 28, 2011)" It must be insisted upon at this point. The oldest doctrine of Administrative Law has already distinguished the consultative function from the Active Administration and has understood that the exercise of the former does not relieve the latter of its competences. (See TRILLO FIGUEROSA MOLINUEVO, MARIA JOSE. LA FUNCION CONSULTIVA: SU SENTIDO Y ALCANCE. EN: www.asambleamadrid.es/.../R.18.%20Maria%20Jose%20Trillo%20Fi...) On the contrary, it must be emphasized that the work carried out through the consultative function has an essentially preparatory nature, which is limited to providing the competent Active Administration with elements of judgment that serve as a basis for the correct formation of the decisional and executive act that it must take. This thesis has been sustained by our administrative jurisprudence. The ultimate objective of the consultative function of the Office of the Attorney General is to collaborate with the Public Administration in the observance of the Law in administrative action. This is why it must undoubtedly be classified as a guarantee function. (See also dictamen C-261-2011 of October 24, 2011) Then, it must be indicated that, due to its nature as a preparatory act, the dictamen of the Office of the Attorney General does not admit, in principle, a request for clarification or addition. In this regard, it is worth citing what has been said by Doctrine, in the sense that the legal dictamen of the permanent consultative bodies integrates the content of the decisional administrative act in such a way that it is the latter that, eventually if the Law allows it, could be clarified or added to at the request of a party or on the office's own motion in the case of material or arithmetic errors. (See: CASSAGNE, EZEQUIEL. El dictamen de los servicios jurídicos de la Administración. Published in La Ley magazine of August 5, 2012, available at: http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/El_dictamen_de_los_servicios_juridicos_de_la _Administracion_-.pdf) Next, it is important to note that the Organic Law of the Office of the Attorney General indeed does not contemplate the possibility that Public Administration bodies may request the "addition and clarification" of the dictámenes issued in the exercise of the consultative function of this institution. Article 6 of said Law is limited to establishing the power for the consulting body to request the reconsideration of a dictamen, provided that the request is made within eight days following receipt of the same. The foregoing is without prejudice to the fact that the Office of the Attorney General may reconsider, on its own motion, its own dictámenes and pronouncements. In this regard, it is worth citing dictamen C-174-1994 of November 7, 1994 – a criterion reiterated by dictámenes C-428-2007 of August 28, 2007, and C-360-2014 of October 29, 2014 -: "I. On the 'addition and clarification' of dictámenes of the Office of the Attorney General of the Republic. In the first place, it must be established that our Organic Law (Law No. 6815 of September 27, 1982) does not contemplate the possibility that Public Administration bodies may file with this Office of the Attorney General remedies of 'addition and clarification' of the dictámenes issued in the exercise of our consultative function. There does exist, in accordance with numeral 6 of the referenced Law, the possibility for the consulting body to request the reconsideration of a dictamen, provided that the request is made within eight days following receipt of the same. Furthermore, in accordance with subsection b) in fine of Article 3 ibidem, the Office of the Attorney General may reconsider, on its own motion, its own dictámenes and pronouncements." Notwithstanding the foregoing, it has been recognized that despite the fact that the Organic Law of the Office of the Attorney General has not provided for the remedy of clarification and addition in relation to its dictámenes, the truth is that, given the advisory function that the Higher Consultative Body must fulfill, it has been held that it is appropriate for it to clarify or add to its dictámenes when they are obscure or incomplete in the treatment of the subject matter or matters that it should have addressed. However, it is worth noting that administrative jurisprudence has delimited the admissibility of the request for clarification and addition to that case in which it is the institution itself that requests it, and always provided that the request is aimed, in the strictest sense, at clarifying, indeed, defects of omission and/or obscurity in the content or conclusions of the dictamen. Dictamen C-174-1994 is transcribed once again: "Based on the foregoing, it is clear that the work that may entail responding to a 'remedy of addition and clarification' must be framed within a conception strictly of fulfilling our consultative competences. In other words, despite the fact that such procedural action is not contemplated, for the better fulfillment of its purposes, nothing prevents the Office of the Attorney General from clarifying or adding to dictámenes when they are obscure or incomplete in the treatment of the subject matter or matters that it should have addressed. On the contrary, the reconsideration of a dictamen not only implies that the consulting body disagrees with our position, but also that it must contain a legal criterion to support it. And, with regard to reconsideration on the office's own motion, it would likewise imply that this Office of the Attorney General, after studying the substantive aspect, concludes that there is sufficient reason to modify what has already been ruled." The previous clarifications are welcome since, for the case at hand, the requested addition and clarification must be framed within an analysis of the text that supposedly contains defects of omission and/or obscurity in its content or conclusions. Otherwise, by way of the response to these requests, a new and independent pronouncement would be issued, separate from the one intended to be corrected, without the requirements that our Organic Law requires for that new opinion having been satisfied (see Articles 3, subsection b), 4, 5 ibidem). In this latter case, it would become necessary for the consultation to be made in compliance with the referenced requirements." It must be insisted, then, that the possibility of clarifying and adding to a dictamen not only implies that the consulting body disagrees with our position, since by means of clarification and addition, only those requests can be addressed that are based on an analysis of the text, noting eventual defects of omission and/or obscurity in its content or conclusions of the respective dictamen – for which it must be based on a legal criterion that supports it –, without it being admissible that, by this means, the Office of the Attorney General is expected to issue a new and independent pronouncement separate from the one intended to be corrected, without the requirements that our Organic Law requires for that new opinion having been satisfied (see Articles 3, subsection b), 4, 5 ibidem). In this latter case, it would become necessary for the consultation to be made in compliance with the referenced requirements." In the same vein, dictamen C-454-2020 of November 18, 2020, may be consulted. It must be noted that the request for clarification and addition is subject to a deadline, without prejudice to the possibility of clarifying or adding to the respective dictamen on the office's own motion. This was stated in dictamen C-98-2009 of April 3, 2009. The deadline for addition and clarification is 3 days. Analogous application of Articles 58.3 and 63 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil). Now then, it must be noted that the request for clarification and addition OT-258-2022 of June 15, 2022, is untimely, as it has been filed when the 3-day deadline has long since expired. Note that dictamen PGR-C-42-2022 is dated February 25, 2022. However, in order to fulfill the advisory function that corresponds to the Office of the Attorney General, and for a better exercise of the competences of the Technical Office of the National Commission for Biodiversity Management, we proceed, on our own motion, to clarify and add to dictamen PGR-C-42-2022. In this sense, as indicated in communication OT-258-2022, despite the fact that dictamen PGR-C-42-2022 addressed a question regarding the possible derogation of Articles 5 subsection q) and 42 of the Phytosanitary Protection Law (Ley de Protección Fitosanitaria), the Technical Office considers that, for the adequate exercise of competences, it is necessary to be able to clarify the conclusions of said dictamen. It points out that the clarification is relevant due to the practical effect it may have on the functioning of the Technical Office. Specifically, the consulting Office, which is a deconcentrated body of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), indicates that although, from opinion PGR-C-42-2022, it is extracted that the scope of competence of the National Commission for Biodiversity Management, in matters of revocation of permits, is limited to those that may have been granted by said Body, doubt persists, however, about the manner in which the Commission should proceed in cases of imminent danger, unforeseeable situations, or non-compliance with official provisions. The request for clarification and addition concerns the fourth conclusion of dictamen PGR-C-42-2022, in which it was stated: "Based on the analysis of the legislative background of the Biodiversity Law and the interpretation of the regulations within the described distribution of competences, it is understood that the power to revoke or modify granted to the Technical Office of CONAGEBIO in Article 48 of the Biodiversity Law must be exercised solely with respect to the permits that enable activities of genetic manipulation (manipulación genética) or access to biodiversity (acceso a la biodiversidad). Therefore, the provisions of that article do not distort or eliminate the competence granted by Article 42 of the Phytosanitary Protection Law to the SFE to modify or revoke the permits it grants in application of the provisions of Article 41 of that same Law." B. TWO DISTINCTLY DIFFERENTIATED COMPETENCES The National Commission for Biodiversity Management consults so that it may be determined, in a dictamen, whether in cases of imminent danger, unforeseeable situations, or non-compliance with official provisions, and in accordance with Articles 46 and 48 of the Biodiversity Law, the Technical Office of that Commission has the possibility of revoking the permits granted by the State Phytosanitary Service for the release into the environment of genetically modified organisms. Consultation OT-258-2022 is raised because the Commission, after receiving dictamen PGR-C-42-2022, nevertheless has a doubt as to whether its Technical Office has the possibility of revoking the permits granted by the State Phytosanitary Service for the release into the environment of genetically modified organisms. Dictamen PGR-C-42-2022 has established, however, that the competences that both the National Commission for Biodiversity Management and the State Phytosanitary Service have in matters of use and management of biodiversity are distinctly differentiated. In this sense, dictamen PGR-C-42-2022 indicated: "In matters of use and management of biodiversity, the competences of CONAGEBIO are directed to the field of conservation, ecologically sustainable use (uso ecológicamente sostenible), and restoration of biodiversity, and access to biochemical and genetic elements, bioprospecting (bioprosección), and genetic manipulation. The Phytosanitary Protection Law and the Biodiversity Law establish a differentiated distribution of competences between the SFE and CONAGEBIO and its Technical Office, since the authorizations granted by the SFE refer to different activities related to the use of already-created genetically modified organisms or organisms already produced for agricultural purposes, while the access permits that the Technical Office of CONAGEBIO is responsible for granting are those required to carry out activities of access to biochemical and genetic elements, bioprospecting, and genetic manipulation." Dictamen PGR-C-42-2022 has pointed out that from "the provisions of the Biodiversity Law, it can be noted that the competences of CONAGEBIO are directed to the field of conservation, ecologically sustainable use, and restoration of biodiversity, access to biochemical and genetic elements, bioprospecting, and genetic manipulation." According to the dictamen under comment, the competences of the State Phytosanitary Service in the matter of biodiversity refer to activities related to the use of already-created genetically modified organisms or organisms already produced for agricultural purposes. The Biodiversity Law created the National Commission for Biodiversity Management. According to Article 13, the Commission is one of the bodies of the Ministry of Environment and Energy created for the management and conservation of biodiversity. The other body is the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC). The National Commission for Biodiversity Management is a body that formulates public policies on the matter. Article 14 gives it competences in the formulation of national policies concerning conservation, ecologically sustainable use, and restoration of biodiversity, access to genetic elements and protection of associated knowledge, and public education and awareness. In addition, it has powers for the formulation of the national biodiversity strategy and for monitoring it. The National Commission for Biodiversity Management is a representative collegiate body made up of representatives of high-ranking officials of ministerial offices, representatives of the decentralized institutional sector, representatives of the public universities sector, and finally, of civil society. Dictamen PGR-C-42-2022 enumerated the competences of the National Commission for Biodiversity Management: In that sense, note, for example, that Article 14 subsection 1 establishes that it is responsible for formulating national policies concerning conservation, ecologically sustainable use, and restoration of biodiversity, adhering to the Convention on Biological Diversity and other corresponding international agreements and treaties (subsection 1); and that subsection 2) of that same article provides that it must formulate the policies and responsibilities established in Chapters IV, V, and VI of the law, which refer to conservation and sustainable use of ecosystems and species, access to genetic and biochemical elements and protection of associated knowledge, and public education and awareness, research, and technology transfer, respectively. Subsection 3 of that article establishes as one of its competences to formulate and coordinate policies for access to the elements of biodiversity and associated knowledge that ensure adequate scientific-technical transfer and the fair distribution of benefits. Due to its representative nature, the Law has granted the National Commission for Biodiversity Management a competence to issue public policies. The integration of institutional heads, both from the Executive Branch and the decentralized sector, alongside representatives of relevant sectors, allows for the elaboration, through the deliberative procedure characteristic of collegiate bodies, of effective public policies on biodiversity management and conservation. Article 14 also grants the Commission advisory, coordination, and also administrative functions. The Commission is the hierarchical superior of the Technical Office. Numeral 16 of the Biodiversity Law establishes that the Commission executes its agreements and resolutions and instructs its procedures through the Executive Director of the Technical Office. In matters of complex resolution or that require specialized knowledge, the Commission may appoint ad hoc committees of experts with advisory functions. The Technical Office is a support body for the Commission. It is an executive body. It is made up of an Executive Director and the personnel indicated in the regulations of this law. This is provided by numeral 17 of the Biodiversity Law. One of the essential functions of the Technical Office consists of the processing, approval, rejection, and oversight of applications for access to biodiversity resources (recursos de la biodiversidad). This is also established by Article 17 of the Biodiversity Law. Article 7.1 states that access to biodiversity resources is the action of obtaining samples of the elements of existing wild or domesticated biodiversity, in ex situ or in situ conditions, and obtaining associated knowledge, for purposes of basic research, bioprospecting, or economic exploitation. According to Article 62 of the Biodiversity Law, it is the Commission's responsibility to propose access policies on the genetic and biochemical elements of ex situ and in situ biodiversity. The provisions agreed upon on this matter will constitute the general rules for access to genetic and biochemical elements and for the protection of intellectual property rights over biodiversity, to which the administration and interested private parties must submit. To be effective against third parties, they must be previously published in La Gaceta. Article 64, which completes what is prescribed in Article 17, establishes that the Technical Office of the Commission must process all requests for access to biodiversity elements. When the final act of the procedure may grant private parties rights over elements of biodiversity under public domain, or may cause serious harm to private parties, whether by imposing obligations, suppressing or denying subjective rights, or in any other way that seriously and directly injures legitimate rights, the matter must be processed through the ordinary procedure established by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), except regarding remedies, for which the provisions of subsection f) of Article 14 of this law shall apply. The same procedure must be followed when, during the investigation, a contradiction or competition of interested parties arises before the Administration. For all other cases, the Technical Office shall follow a summary procedure. Numeral 67 of the Biodiversity Law establishes that the Technical Office must administer a Registry of access rights to genetic and biochemical elements (Registro de derechos de acceso a elementos genéticos y bioquímicos). The Director of the Technical Office of the Commission is, in turn, the Director of the Registry and the official responsible for the custody and authenticity of the registered information. The registered information shall be of a public nature, except for industrial secrets, which must be protected by the Registry, unless biosafety reasons require them to be made public. Article 14.7 establishes that the Commission may revoke the resolutions of the Technical Office in matters of applications for access to biodiversity elements; the Commission exhausts the administrative remedies. This is one of the administrative functions of the Commission, but Article 47 establishes that, based on technical, scientific, and safety criteria, the Technical Office of the Commission may modify or revoke any access permit to the genetic and biochemical elements of Biodiversity that it itself has granted. Article 41 of the Phytosanitary Protection Law has established, however, that natural or legal persons who import, research, export, experiment with, mobilize, release into the environment, multiply, and commercialize transgenic plants, genetically modified organisms or their products, biological control agents, and other types of organisms for agricultural use, produced within or outside the country; must obtain prior authorization from the State Phytosanitary Service. The competence that Article 41 of the Phytosanitary Protection Law grants to the Phytosanitary Service is special in relation to the general competences of the National Commission for Biodiversity Management. Article 46 of the Biodiversity Law, which reaffirms the provisions of numeral 41 of the Phytosanitary Protection Law, has provided that any natural or legal person that intends to import, export, experiment with, mobilize, release into the environment, multiply, commercialize, and use for research genetically modified organisms in agricultural matters, created within or outside Costa Rica; must obtain prior permission from the State Phytosanitary Service. The competence of the State Phytosanitary Service in biodiversity matters is specifically related to the import, research, export, experimentation, mobilization, and release into the environment of genetically modified organisms for agricultural use. These are activities that require prior authorization from the State Phytosanitary Service. This was indicated in dictamen PGR-C-42-2022: "(…) the authorizations granted by the SFE refer to different activities related to the use of already-created genetically modified organisms or organisms already produced for agricultural purposes, while the access permits that the Technical Office of CONAGEBIO is responsible for granting are those required to carry out activities of access to biochemical and genetic elements, bioprospecting, and genetic manipulation" In the exercise of the competence granted by Articles 41 of the Phytosanitary Protection Law and 46 of the Biodiversity Law; the State Phytosanitary Service must, however, submit a report every three months to the National Commission for Biodiversity Management. According to Article 46 of the Biodiversity Law, to grant a permit for the use of genetically modified organisms for agricultural purposes, a prior binding technical assessment (dictamen técnico vinculante) from the National Technical Biosafety Commission (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad), an advisory body to the State Phytosanitary Service, is required, which determines the necessary measures for risk assessment and its management. This assessment binds the technical content of the act of the Phytosanitary Service that grants the respective authorization. Article 42 of the Ley de Protección Fitosanitaria empowers the State Phytosanitary Service (Servicio Fitosanitario del Estado), based on technical, scientific, and safety criteria, to modify or revoke any authorization for the use of genetically modified organisms for agricultural purposes. The same provision authorizes the State Phytosanitary Service, in the event of suspicion or evidence of danger, unforeseeable situations, or non-compliance with official provisions, to detain, seize, destroy, or re-export transgenic plants, genetically modified organisms or their products, and biological control agents and other types of organisms for agricultural use. Furthermore, it may prohibit the transport, research, experimentation, release into the environment, multiplication, and commercialization of these, in order to protect agriculture, the environment, and both human and animal health. Legal opinion PGR-C-42-2022 concluded that the power to revoke or modify granted to the Technical Office of the National Commission for Biodiversity Management (Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad), set forth in Article 48 of the Ley de Biodiversidad, must be exercised solely with respect to permits authorizing genetic manipulation activities or access to biodiversity. The Technical Office may not revoke authorizations granted by the State Phytosanitary Service for the import, research, export, experimentation, movement, and release into the environment of genetically modified organisms for agricultural use. This authority belongs to the State Phytosanitary Service even in cases involving imminent danger or unforeseeable situations. The Technical Office would exceed its substantive competence. Thus, the appropriate course is to clarify and supplement legal opinion PGR-C-42-2022 to the effect that even in cases involving imminent danger or unforeseeable situations, the Technical Office of the National Commission for Biodiversity Management may not revoke authorizations granted by the State Phytosanitary Service for the import, research, export, experimentation, movement, and release into the environment of genetically modified organisms for agricultural use. C. CONCLUSION: Based on the foregoing, the petition for clarification and supplementation submitted through official communication OT-258-2022 of June 15, 2022, is dismissed as untimely. On the Court's own motion, legal opinion PGR-C42-2022 of February 25, 2022, is clarified and supplemented to the effect that even in cases involving imminent danger or unforeseeable situations, the Technical Office of the National Commission for Biodiversity Management may not revoke authorizations granted by the State Phytosanitary Service for the import, research, export, experimentation, movement, and release into the environment of genetically modified organisms for agricultural use. Sincerely, Jorge Oviedo Álvarez Procurador Director Derecho Público JOA/bba