Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)“Conforme a la práctica actual, no se considera necesario modificar la Ley Forestal, dado que no existe impedimento legal para que el BCBCR actúe como primer respondedor en la atención de incendios en terrenos dentro de ASP o PNE, esto se gestionara de acuerdo con la estructura del SCI y la transferencia del mando según corresponda.”
“De ahí que se rinden criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de ley, cuando son consultados por la Comisión Legislativa encargada de tramitarlos, o en relación con aspectos jurídicos que pueden considerarse cubiertos por la función de control político y que razonablemente puedan estimarse de interés general.”
English (translation)“According to current practice, it is not considered necessary to amend the Forestry Law, since there is no legal impediment for the BCBCR to act as first responder in attending fires on lands within ASP or PNE; this is managed according to the SCI structure and the transfer of command as appropriate.”
“Hence, non-binding legal opinions are issued on certain bills, when consulted by the Legislative Committee responsible for processing them, or regarding legal aspects that may be considered covered by the political control function and that may reasonably be deemed of general interest.”
Advisory opinion
Opinión Jurídica : 188 - J del 18/11/2025 18 de noviembre de 2025 PGR-OJ-188-2025 Señora Cynthia Díaz Briceño Jefa de Área Comisiones Legislativas IV Asamblea Legislativa Estimada señora: Con la aprobación del Procurador General de la República, me refiero a su oficio no. AL-CPEAMB-2862-2025 de 20 de octubre de 2025, por medio del cual se nos comunica que la Comisión Permanente Especial de Ambiente, requirió nuestro criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de ley no. 24325, denominado “MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY N° 7575, “LEY FORESTAL” Y SUS REFORMAS QUE AUTORIZA LA INTERVENCIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS.” I. CARÁCTER DE ESTE PRONUNCIAMIENTO. De conformidad con los artículos 1°, 2° y 3° inciso b) de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982) la Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico jurídico, de la Administración Pública, y, en esa condición, cumple su función rindiendo los criterios legales que le solicite la Administración Pública. Para esos efectos, la Asamblea Legislativa podrá ser considerada como Administración Pública cuando nos consulte un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así cuando requiere nuestro criterio sobre algún tema de interés para el ejercicio de la función legislativa. Pese a lo anterior, y a que no existe previsión legal al efecto, la Procuraduría ha acostumbrado atender las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus diputados, con el afán de colaborar con el ejercicio de las importantes funciones que la Constitución Política les atribuye. De ahí que se rinden criterios jurídicos no vinculantes sobre determinados proyectos de ley, cuando son consultados por la Comisión Legislativa encargada de tramitarlos, o en relación con aspectos jurídicos que pueden considerarse cubiertos por la función de control político y que razonablemente puedan estimarse de interés general. En virtud de ello, los criterios emanados de este órgano asesor en cuanto a los alcances y contenido de un proyecto de ley o de reforma constitucional, no poseen la obligatoriedad propia de aquellos referidos a asuntos surgidos del ejercicio de la función administrativa y, por esa razón, este criterio es vertido por medio de una opinión jurídica no vinculante que pretende ser un insumo en el ejercicio de la importante labor de la Asamblea Legislativa. Por otra parte, al no encontrarnos en los supuestos establecidos por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, este pronunciamiento no se encuentra sujeto al plazo de ocho días en él establecido. II. SOBRE EL PROYECTO DE LEY. La Procuraduría se refirió al texto base de este proyecto de ley mediante la opinión jurídica no. PGR-OJ-037-2025 de 7 de marzo de 2025. Y, dado que el texto dictaminado es muy similar al anterior, excepto porque se elimina la posibilidad de que se transfiera el 2% del presupuesto del SINAC al Cuerpo de Bomberos para la atención de incendios en áreas silvestres protegidas, reiteramos las consideraciones expuestas en esa oportunidad. En el texto dictaminado se propone reformar el artículo 35 de la Ley Forestal, incluyendo un párrafo que indique: “Se autoriza en casos de urgencia y prontitud al Benemérito Cuerpo de Bomberos para intervenir de forma inmediata ante el conocimiento de un incendio en cualquier Área Silvestre Protegida.” Entonces, actualmente el proyecto tiene como objetivo autorizar al Cuerpo de Bomberos para intervenir de forma inmediata para atender incendios en áreas silvestres protegidas en casos de urgencia. Como ya hemos señalado en otras oportunidades en cuanto a que “la técnica legislativa exige que se pondere adecuadamente, en el momento de su elaboración, si un determinado proyecto de Ley responde a una necesidad real o no de nuestro Ordenamiento Jurídico. De hecho, éste es el primer elemento que el denominado cuestionario alemán de técnica legislativa sugiere que se considere en la elaboración de un proyecto de Ley. (Sobre la utilización del cuestionario alemán en Costa Rica ver: MUÑOZ, HUGO ALFONSO. LA SITUACION DE LA TÉCNICA LEGISLATIVA EN COSTA RICA. EN: LA TECNICA LEGISLATIVA EN CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2001).” (OJ-111-2014 de 18 de setiembre de 2014). Con base en lo anterior, como dijimos en la opinión jurídica precedente, debe analizarse si en la práctica se presenta una inadecuada coordinación entre el Cuerpo de Bomberos y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para la atención, mitigación y extinción de los incendios que se producen dentro de las áreas silvestres protegidas. Es decir, contando con el criterio de ambos organismos, es necesario que se valore cómo se atiende en la práctica un incendio que abarque un área silvestre protegida y se determine si realmente el Cuerpo de Bomberos requiere solicitar una autorización para ingresar, y si esa autorización constituye un obstáculo para la atención expedita de ese tipo de emergencias. Contando con esa información, el legislador podrá analizar si la reforma propuesta es necesaria o no, y determinar, en caso de que no se presente una adecuada coordinación, cuáles aspectos deberían regularse para garantizar una atención articulada y eficiente de los incendios que ocurren dentro de las áreas silvestres protegidas. En concordancia con lo anterior, tómese en cuenta el criterio que consta en el expediente legislativo del Programa Nacional de Manejo Integral del Fuego, oficio no. CARTA-SINAC- SE-DE-DT-DPPC-PNMIF-0094-2025, en el cual se explica cómo funciona en la práctica la atención de incendios en áreas silvestres protegidas y patrimonio natural del Estado y la coordinación existente entre el SINAC y el Cuerpo de Bomberos; y en el que se concluye que “Conforme a la práctica actual, no se considera necesario modificar la Ley Forestal, dado que no existe impedimento legal para que el BCBCR actúe como primer respondedor en la atención de incendios en terrenos dentro de ASP o PNE, esto se gestionara de acuerdo con la estructura del SCI y la transferencia del mando según corresponda.” Si aún con la información que consta en el expediente legislativo se estima que la propuesta es pertinente y necesaria, debería tomarse en cuenta la atención de incendios forestales en terrenos que formen parte del patrimonio natural del Estado, no solo en aquellos ubicados dentro de áreas silvestres protegidas. IV. CONCLUSIÓN. Si bien es cierto la aprobación del proyecto de ley no. 24325, denominado “MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY N° 7575, “LEY FORESTAL” Y SUS REFORMAS QUE AUTORIZA LA INTERVENCIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS”, es una decisión estrictamente legislativa, se recomienda valorar las observaciones expuestas. De usted, atentamente, Elizabeth León Rodríguez Procuradora ELR/lcm Cód. 14667-2025
Legal Opinion: 188 - J of 11/18/2025 November 18, 2025 PGR-OJ-188-2025 Ms. Cynthia Díaz Briceño Area Chief Legislative Commissions IV Legislative Assembly Dear Ms. Díaz Briceño: With the approval of the Attorney General of the Republic, I refer to your official letter no. AL-CPEAMB-2862-2025 of October 20, 2025, through which we are informed that the Permanent Special Commission on the Environment requested our opinion on the text reported out of committee for bill no. 24325, entitled “MODIFICATION TO ARTICLE 35 OF LAW NO. 7575, ‘Ley Forestal’ AND ITS AMENDMENTS THAT AUTHORIZES THE INTERVENTION OF THE BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS IN PROTECTED WILD AREAS.” I. NATURE OF THIS PRONOUNCEMENT. In accordance with articles 1, 2, and 3, subsection b) of our Organic Law (no. 6815 of September 27, 1982), the Office of the Attorney General of the Republic is the superior consultative, technical-legal body of the Public Administration, and, in that capacity, fulfills its function by rendering the legal opinions requested by the Public Administration. For these purposes, the Legislative Assembly may be considered as Public Administration when it consults us on a matter in the exercise of the administrative function, but not when it requests our opinion on a topic of interest for the exercise of the legislative function. Notwithstanding the foregoing, and although there is no legal provision to that effect, the Office of the Attorney General has customarily addressed the inquiries made by the Legislative Assembly and its deputies, with the aim of collaborating with the exercise of the important functions that the Political Constitution attributes to them. Hence, non-binding legal opinions are rendered on certain bills, when consulted by the Legislative Commission responsible for processing them, or in relation to legal aspects that may be considered covered by the political oversight function and that may reasonably be deemed of general interest. By virtue of this, the opinions issued by this advisory body regarding the scope and content of a bill or constitutional amendment do not possess the binding nature of those referring to matters arising from the exercise of the administrative function and, for that reason, this opinion is rendered by means of a non-binding legal opinion intended as an input for the exercise of the important work of the Legislative Assembly. Furthermore, as we are not within the situations established by article 157 of the Regulations of the Legislative Assembly, this pronouncement is not subject to the eight-day period established therein. II. REGARDING THE BILL. This Office referred to the original text of this bill through legal opinion no. PGR-OJ-037-2025 of March 7, 2025. And, given that the text reported out of committee is very similar to the previous one, except that it eliminates the possibility of transferring 2% of the SINAC budget to the Cuerpo de Bomberos for wildfire response in protected wild areas, we reiterate the considerations set forth at that time. The text reported out of committee proposes to amend article 35 of the Ley Forestal, including a paragraph stating: “In cases of urgency and promptness, the Benemérito Cuerpo de Bomberos is authorized to intervene immediately upon becoming aware of a wildfire in any Protected Wild Area.” Therefore, the bill currently aims to authorize the Cuerpo de Bomberos to intervene immediately to respond to wildfires in protected wild areas in cases of urgency. As we have pointed out on other occasions regarding the fact that “legislative technique demands that, at the time of its drafting, it be properly weighed whether a specific bill responds to a real need of our Legal System. In fact, this is the first element that the so-called German legislative technique questionnaire suggests be considered when drafting a bill. (On the use of the German questionnaire in Costa Rica see: MUÑOZ, HUGO ALFONSO. THE SITUATION OF LEGISLATIVE TECHNIQUE IN COSTA RICA. IN: LEGISLATIVE TECHNIQUE IN CENTRAL AMERICA AND THE DOMINICAN REPUBLIC. Inter-American Institute of Human Rights, 2001).” (OJ-111-2014 of September 18, 2014). Based on the above, as we stated in the preceding legal opinion, it must be analyzed whether in practice inadequate coordination exists between the Cuerpo de Bomberos and the National System of Conservation Areas for the response, mitigation, and suppression of wildfires that occur within protected wild areas. That is, relying on the opinion of both entities, it is necessary to assess how a wildfire encompassing a protected wild area is responded to in practice and determine whether the Cuerpo de Bomberos actually needs to request authorization to enter, and whether that authorization constitutes an obstacle to the expeditious response to this type of emergency. With this information, the legislator will be able to analyze whether the proposed reform is necessary or not, and determine, if adequate coordination is not present, which aspects should be regulated to guarantee a coordinated and efficient response to wildfires occurring within protected wild areas. In accordance with the foregoing, take into account the opinion contained in the legislative file from the National Program for Integrated Fire Management, official letter no. CARTA-SINAC-SE-DE-DT-DPPC-PNMIF-0094-2025, which explains how wildfire response in protected wild areas and state natural heritage lands functions in practice and the existing coordination between SINAC and the Cuerpo de Bomberos; and which concludes that “In accordance with current practice, it is not considered necessary to modify the Ley Forestal, given that there is no legal impediment for the BCBCR to act as first responder in wildfire response on lands within ASP or PNE, this will be managed according to the ICS structure and the transfer of command as appropriate.” Even if, with the information contained in the legislative file, the proposal is deemed pertinent and necessary, the response to forest wildfires on lands that are part of the state natural heritage should be taken into account, not only on those located within protected wild areas. IV. CONCLUSION. Although it is true that the approval of bill no. 24325, entitled “MODIFICATION TO ARTICLE 35 OF LAW NO. 7575, ‘Ley Forestal’ AND ITS AMENDMENTS THAT AUTHORIZES THE INTERVENTION OF THE BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS IN PROTECTED WILD AREAS,” is a strictly legislative decision, it is recommended that the observations set forth be assessed. Respectfully, Elizabeth León Rodríguez Attorney General ELR/lcm Code: 14667-2025